Para el Congreso de los Estados Unidos:
A medida que ensamble para el desempeño de las funciones que ha asumido como representantes de un pueblo libre y generoso, su reunión está marcada por un incidente interesante e impresionante. Con la expiración del actual período de sesiones del Congreso se completará el primer siglo de nuestra existencia constitucional como nación.
Nuestra supervivencia durante cien años no es suficiente para asegurar que ya no tenemos que temer peligros en el mantenimiento, con todas sus bendiciones prometidas, de un gobierno redondeado a la libertad de las personas. El tiempo en vez nos exhorta a investigar con seriedad ya sea en el pasado siempre hemos mantenido estrechamente en el curso de la seguridad, y si tenemos ante nosotros un camino llano y claro lo que conduce a la felicidad y la perpetuidad.
Cuando se llevó a cabo el experimento de nuestro Gobierno, el gráfico adoptado para nuestra guía era la Constitución. Salida de las líneas allí mencionadas es el fracaso. Es sólo por un estricto apego a la dirección que indican y por la moderación dentro de las limitaciones que fijan que podemos aportar la prueba al mundo de la aptitud del pueblo estadounidense para el autogobierno.
La justicia igual y exacta de lo que nos jactamos como el principio subyacente de nuestras instituciones no debe limitarse a las relaciones de los ciudadanos entre sí. El propio Gobierno se encuentra bajo fianza para el pueblo estadounidense que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones que se ocupará con el cuerpo de los ciudadanos de una manera escrupulosamente honesto y justo y absolutamente justo. Se ha acordado que la ciudadanía estadounidense será la única credencial necesaria para justificar la afirmación de la igualdad ante la ley, y que ninguna condición en la vida, dará lugar a la discriminación en el tratamiento de las personas por su Gobierno.
El ciudadano de nuestra República en sus primeros días insistió rígidamente al pleno cumplimiento de la carta de este vínculo, y vio que se extendía ante él un campo libre para el esfuerzo individual. Su homenaje al apoyo de su Gobierno se mide por el costo de su mantenimiento económico, y él estaba seguro en el disfrute de la recompensa que queda de su esfuerzo constante y contento. En aquellos días, la frugalidad de la gente fue estampada en su Gobierno, y fue ejecutada por el sufragio libre, reflexiva e inteligente del ciudadano. Combinaciones, monopolios y acumulaciones de capital se evitan o se severamente regulados y restringidos. La pompa y el brillo de los gobiernos ofrecen menos libre ninguna tentación y presentaron ninguna ilusión a la gente de civil que, al lado del otro, en una competencia amistosa, forjado para el ennoblecimiento y la dignidad del hombre, para la solución del problema del gobierno libre, y para el logro de la gran destino en espera de la tierra que Dios les había dado.
Ha pasado un siglo. Nuestras ciudades son los lugares respetuosos de la riqueza y el lujo; nuestras fábricas producen fortunas nunca soñadas por los padres de la República; nuestros hombres de negocios están luchando locamente en la carrera por la riqueza, e inmensas acumulaciones de capital más aprisa que la imaginación en la magnitud de sus empresas.
Vemos con orgullo y satisfacción esta imagen brillante de crecimiento y la prosperidad de nuestro país, mientras que sólo un examen más detenido desarrolla un sombreado sombrío. Tras una inspección más cuidadosa nos encontramos con la riqueza y el lujo de nuestras ciudades se mezclaban con la pobreza y la miseria y el trabajo remunerativo. Una población urbana llena de gente y cada vez mayor sugiere que el empobrecimiento de los sectores rurales y el descontento con actividades agrícolas. El hijo del granjero, no satisfecho con la vida sencilla y laboriosa de su padre, se une a la persecución ávidos de riqueza fácil adquisición.
Descubrimos que las fortunas realizadas por nuestros fabricantes ya no son únicamente la recompensa de la industria robusta y previsión iluminado, pero que resultan de la exigente favor del Gobierno y se construyen en gran medida de las exacciones indebidas de las masas de nuestro pueblo. El abismo entre los empleadores y los empleados se amplía constantemente, y las clases se están formando rápidamente, uno compuesto por los muy ricos y poderosos, mientras que en otro se encuentran los pobres trabajando duro.
Como vemos los logros del capital agregado, descubrimos la existencia de fideicomisos, combinaciones y los monopolios, mientras que el ciudadano está luchando ahora en la parte trasera o es pisoteado a la muerte debajo de un talón de hierro. Las corporaciones, que deben ser las criaturas cuidadosamente restringidas de la ley y los servidores del pueblo, se están convirtiendo en maestros de la gente.
Aún nosotros mismos felicitando a la riqueza y la prosperidad de nuestro país y con complacencia contemplando todos los incidentes de cambio inseparable de estas condiciones, es nuestro deber como ciudadanos patrióticos para preguntar en la etapa actual de nuestro progreso cómo el vínculo del Gobierno hizo con el pueblo tiene ha mantenido y realizado.
En lugar de limitar el tributo extraído de nuestros ciudadanos a las necesidades de su administración económica, el Gobierno persiste en exigentes desde el fondo de las personas a millones que, sin aplicar e inútil, dormitan en su Tesoro. Esta injusticia flagrante y esta violación de la fe y la obligación se suman a la extorsión del peligro de asistir a la desviación de la moneda del país de los canales legítimos de negocios.
En las mismas leyes por las que estos resultados se producen los permisos gubernamentales muchos millones más que se añaden al coste de la vida de nuestro pueblo y que se tomarán de nuestros consumidores, que injustificadamente se hinchan los beneficios de una pequeña pero poderosa minoría.
Las personas todavía tienen que ser gravados por el apoyo del Gobierno en el marco del funcionamiento de las leyes arancelarias. Pero en la medida en que la masa de nuestros ciudadanos están excesivamente cargado más allá de cualquier propósito público útil y para el beneficio de unos pocos favorecidos, el Gobierno, con el pretexto de un ejercicio de su potestad tributaria, entra gratuitamente en asociación con estos favoritos, a su ventaja y con la lesión de una gran mayoría de nuestro pueblo.
Esta no es la igualdad ante la ley.
La situación actual es perjudicial para la salud de todo nuestro cuerpo político. Se ahoga en aquellos en cuyo beneficio se permite todo amor patriótico del país, y sustituye en su lugar la codicia egoísta y agarrar la avaricia. La devoción a la ciudadanía estadounidense para su propio bien y por lo que se debe lograr como un motivo para el avance de nuestra nación y la felicidad de toda nuestra gente es desplazada por la suposición de que el Gobierno, en lugar de ser la encarnación de la igualdad, no es más que un instrumento a través qué ventajas especiales e individuales han de ser ganado.
La arrogancia de esta suposición es inocultable. Aparece en la sórdida desprecio de todos, pero los intereses personales, en la negativa a disminuir para el beneficio de los demás ni un ápice de ventaja egoísta, y en combinaciones de perpetuar tales ventajas a través de los esfuerzos para controlar la legislación e indebidamente influir en los sufragios de las personas.
Las quejas de los no incluidos en el círculo de estos beneficiarios, cuando se realiza plenamente, seguramente despertará la irritación y el descontento. Nuestros agricultores, mucho sufrimiento y paciente, que luchan en la carrera de la vida con el esfuerzo más duro y sin tregua, no dejarán de ver, a pesar de las tergiversaciones y falacias engañosas, que están obligados a aceptar estos precios por sus productos como son fijos en los mercados extranjeros en los que compiten con los agricultores del mundo; que sus tierras están disminuyendo en valor, mientras que su aumento de las deudas, y que sin compensar a favor de que se ven obligados por la acción del Gobierno para pagar el beneficio de los demás precios tan mejoradas para las cosas que necesitan que los escasos rendimientos de su trabajo no logran aportar su apoyo o no dejar margen para la acumulación.
Nuestros obreros, emancipados de toda ilusión y ya no asustados por el grito que sus salarios se encuentran en peligro por una revisión justa de nuestras leyes arancelarias, exigirán razonablemente a través de dicha revisión el empleo estable, medio más barato de vivir en sus hogares, la libertad para ellos y sus niños de la condenación de la servidumbre perpetua, y una puerta abierta a su avance más allá de los límites de una clase trabajadora. Otros de nuestros ciudadanos, cuyas comodidades y gastos se miden por salarios moderados y los ingresos fijos, se insistirá en la equidad y la justicia de abaratar el costo de cosas necesarias para ellos y sus familias.
Cuando el egoísmo de los beneficiarios de la discriminación injusta bajo nuestras leyes no se añade el descontento de los que sufren de este tipo de discriminación, nos daremos cuenta de que los efectos benéficos de nuestro Gobierno, que dependen del patriotismo y la alegría de nuestro pueblo, están en peligro de extinción.
El comunismo es una cosa odiosa y una amenaza a la paz y un gobierno organizado; pero el comunismo de la riqueza combinada y el capital, la consecuencia de la codicia desmedida y el egoísmo, que socava insidiosamente la justicia y la integridad de las instituciones libres, no es menos peligrosa que el comunismo de la pobreza y el trabajo oprimidos, que, exasperado por la injusticia y el descontento, los ataques con trastorno salvaje la ciudadela de regla.
Se burla de la gente que propone que el Gobierno debe proteger a los ricos y que a su vez va a cuidar a los trabajadores pobres. Cualquier intermediario entre el pueblo y su Gobierno o la menor delegación de la atención y la protección que el Gobierno le debe al ciudadano más humilde en la tierra hace que el alarde de las instituciones libres una ilusión que brilla y la bendición que se pretende con la ciudadanía estadounidense una imposición descarada.
Una revisión justa y sensata de nuestras leyes arancelarias debe hacerse para el alivio de los de nuestros compatriotas que sufren en las condiciones actuales. Dicha revisión debe recibir el apoyo de todos los que aman la justicia y la igualdad, debido a la ciudadanía estadounidense; de todos los que se dan cuenta de que en esta justicia y la igualdad de nuestro Gobierno encuentra su fuerza y su poder para proteger a los ciudadanos y sus bienes; de todos los que creen que la competencia contento y comodidad de muchas acuerdo mejor con el espíritu de nuestras instituciones que fortunas colosales injustamente se reunieron en las manos de unos pocos; de todos los que aprecian que la tolerancia y la fraternidad entre nuestros pueblos, que reconocen el valor de todos los intereses de América, son la garantía más segura de nuestro progreso nacional, y de todos los que quieren ver los productos de la habilidad y el ingenio de América en todos los mercados de la mundo, con una restauración que resulte del comercio americano.
La necesidad de la reducción de nuestros ingresos es tan evidente como para ser generalmente reconocido, pero los medios por los cuales se puede lograr este fin y la suma de los beneficios directos que conllevará a nuestros ciudadanos presentar una controversia de la mayor importancia. No debe haber ningún esquema aceptado como satisfactorio por lo que las cargas de la gente está sólo aparentemente removidos. Créditos extravagantes de dinero público, con todas sus consecuencias desmoralizantes, no deben ser tolerados, ya sea como medio de aliviar el Tesoro de su superávit presente o como mobiliario pretexto para resistir una reducción adecuada de los tipos arancelarios. Males existentes y la injusticia deben ser sinceramente reconocidos, se reunió con audacia, y remediar eficazmente. No debe haber ningún cese de la lucha hasta que se perfeccionó un plan, justo y conservadora hacia las industrias existentes, sino que reducirá el costo para los consumidores de las necesidades de la vida, mientras que proporciona a nuestros fabricantes de la ventaja de las materias primas más libres y no permite lesión a los intereses de los trabajadores de Estados Unidos.
La causa por la que se libra la batalla está comprendida dentro de las líneas definidas con claridad y distinción. Nunca debe ser comprometida. Es la causa del pueblo.
No se puede negar que los intereses egoístas y privadas que están tan persistentemente escucharon cuando se hacen esfuerzos para hacer frente de una manera justa y global con nuestras leyes arancelarias están relacionados con, si no son responsables de, el sentimiento que prevalece en gran parte entre la gente que el Gobierno General es la fuente de la ayuda individual y privada; que se puede esperar para aliviar con cuidado paternal el malestar de los ciudadanos y las comunidades, y que a partir de la plenitud de su Tesoro procede, en el menor pretexto posible de promover el bien general, aplicar los fondos públicos en beneficio de las localidades y los individuos. Tampoco puede negarse que hay una suposición de crecimiento que, como contra el Gobierno ya favor de los créditos privados y los intereses, las reglas habituales y las limitaciones de los principios de negocio y sólo se ocupan deberían establecerse excepciones.
Estas ideas han sido desgraciadamente mucho alentado por la aquiescencia legislativa. El alivio de los contratos celebrados con el Gobierno se concede demasiada facilidad a favor del ciudadano; la falta de apoyo a las reclamaciones contra el Gobierno por la prueba suele suministrar hay mejor consideración de la riqueza del Gobierno y la pobreza de la demandante; gratificaciones en forma de pensiones se otorgan a ningún otro fundamento real que la condición de los necesitados del solicitante, o por razones menos válidas; y grandes sumas de dinero se gastan en los edificios públicos y otras mejoras en representaciones apenas afirmaron estar relacionado con las necesidades públicas y necesidades.
La medida en que el examen de estos asuntos subordinado y posponer la acción sobre temas de gran importancia pública, pero que no implica el interés privado o partidista especial, debe detener a la atención y dar lugar a la reforma.
Algunas de las numerosas ilustraciones de esta condición pueden estar motivadas.
La condición concurrida del calendario de la Corte Suprema, y la demora a los pretendientes y denegación de justicia resultante de la misma, se ha instado enérgicamente a la atención del Congreso, con un plan para el alivio de la situación aprobado por los que son bien capaces de juzgar de sus méritos. Si bien este tema se mantiene sin consideración efectiva, se han aprobado muchas leyes que prevé la celebración de términos de los tribunales inferiores en los lugares para satisfacer la conveniencia de las localidades, o para sentar las bases de una solicitud para la construcción de un nuevo edificio público.
Reiteradas recomendaciones se han presentado para la modificación y el cambio de las leyes relativas a nuestras tierras públicas para que se pueden prevenir su expolio y el desvío a otros usos que como viviendas para colonos honestos. Si bien una medida para cumplir con esta necesidad encajado de las reformas sigue a la espera de la acción del Congreso, muchas reclamaciones sobre las tierras públicas y aplicaciones para su donación, a favor de los Estados y los individuos, se les ha permitido.
Un plan de ayuda de la administración india, recomendado por los bien informados que contiene valiosas funciones en cumplimiento de la solución del problema indígena, ha fracasado hasta ahora de la sanción legislativa, mientras que las subvenciones de dudosa conveniencia a corporaciones ferroviarias, permitiendo que pasen a través de la India reservas, se han multiplicado enormemente.
El decoro y la necesidad de la construcción de una o más cárceles para el confinamiento de los Estados Unidos convictos, y un edificio de la oficina de correos en la capital del país, no están en disputa. Pero estas necesidades aún siguen siendo respondidas, mientras que las puntuaciones de los edificios públicos se han erigido en los que su necesidad para fines públicos no es aparente.
Una revisión de nuestras leyes de pensiones podría hacer fácilmente que descansar sobre principios justos y garantizar a todo solicitante digna. Pero mientras nuestras leyes generales de pensiones permanecen confundidos e imperfectos, cientos de leyes de pensiones privados se pasan anualmente, que son las fuentes de discriminación injusta y la desmoralización popular.
Facturas de Créditos para el apoyo del Gobierno quedará fuera de uso por artículos y disposiciones para cumplir con un propósito personal, y se afirma libremente por las partes responsables y experimentados que un proyecto de ley que asigna el dinero para la mejora interna pública deje de cumplir con favor a menos que contenía elementos más para ventaja local y privado que para el beneficio público.
Estas declaraciones pueden ser mucho más enfatizados por una determinación de la proporción de la legislación federal, que no lleva sobre su cara su carácter privado o que después de un examen desarrolla una potencia tal motivo.
Y sin embargo, las personas esperan y esperan de sus representantes elegidos tal acción patriótico como avanzará el bienestar de todo el país; y esta esperanza sólo puede ser contestada por el desempeño de la función pública con finalidad altruista. Nuestra misión entre las naciones de la tierra y nuestro éxito en el cumplimiento de la obra que Dios ha dado al pueblo estadounidense al no requerir de aquellos confiado con la decisión y ejecución de nuestras leyes perfecta devoción, por encima de todas las otras cosas, para el bien público.
Esta devoción nos llevará a resistir firmemente toda la impaciencia de las limitaciones constitucionales del poder federal y persistentemente comprobar la creciente tendencia a extender el alcance de la legislación federal en el dominio del Estado y de la jurisdicción local en la súplica de que inervan el bienestar público. La preservación de las particiones entre sujetos del Federal y cuidados locales y la regulación es de tal importancia en la Constitución, que es la ley de nuestra propia existencia, que ninguna consideración de la conveniencia o sentimiento nos debe tentar a entrar en un terreno dudoso. Nos hemos comprometido a descubrir y proclamar las más ricas bendiciones de un gobierno libre, con la Constitución como nuestra guía. Sigamos el camino que señala; que no nos va a engañar. Y les aseguro que nadie que haya tomado sobre sí la obligación solemne de apoyar y preservar la Constitución puede encontrar justificación o consuelo para la deslealtad en la excusa de que él vagó y desobedeció en busca de una mejor manera de llegar al bienestar público de las ofertas Constitución.
Lo que se ha dicho se considera no apropiado en momentos en que, desde la altura de un siglo, vemos el camino ya andado por el pueblo estadounidense y tratar de descubrir su trayectoria futura.
El séptimo Presidente de los Estados Unidos - el soldado y estadista, y en todo momento el amigo firme y valiente de la gente - en vindicación de su curso como el protector de los derechos populares y el campeón de la verdadera ciudadanía estadounidense, declaró: La ambición lo que me lleva a un deseo ansioso y una firme determinación para restaurar al pueblo iRREPROCHABLE la sagrada confianza que han confiado a mi cargo; a, curar las heridas de la Constitución y para preservarla de mayor violación; para persuadir a mis compatriotas, en lo que se me permite, que no se encuentra en una espléndida gobierno apoyado por poderosos monopolios y establecimientos aristocráticos que encontrarán la felicidad o la protección de las libertades, pero en un sistema sencillo, desprovisto de pompa, la protección de todos y la concesión de favorece a ninguno, dispensar sus bendiciones como el rocío del cielo, invisible e imperceptible, salvo en la frescura y la belleza que contribuyen a producir. Es un gobierno de tal manera que el genio de nuestros pueblos requiere - al tal únicamente bajo las cuales nuestros Estados puede permanecer por siglos futuros unida, próspera y libre. En cumplimiento de una disposición constitucional que obliga al Presidente de vez en cuando para dar al Congreso informes sobre el estado de la Unión, tengo la satisfacción de anunciar que el cierre del año se encuentra los Estados Unidos en el disfrute de la tranquilidad doméstica y en paz con todas las naciones.
Desde mi último mensaje anual nuestras relaciones exteriores se han reforzado y mejorado el rendimiento de los buenos oficios internacionales y en los tratados de nuevos y renovados de amistad, comercio y la extradición recíproca de delincuentes.
Estas cuestiones internacionales que aún esperan solución son razonablemente dentro del dominio de la negociación amistosa, y no hay ningún objeto existente de controversia entre los Estados Unidos y cualquier potencia extranjera que no es susceptible de una solución satisfactoria por el tratamiento diplomático franco.
Las preguntas entre Gran Bretaña y los Estados Unidos relativas a los derechos de los pescadores estadounidenses, bajo tratado y la cortesía internacional, en las aguas territoriales de Canadá y de Terranova, lamento decirlo, no están aún satisfactoriamente ajustado.
Estos asuntos fueron tratados completamente en mi mensaje al Senado de 20 de febrero de 1888, junto con la que una convención, concluyeron bajo mi autoridad con el Gobierno de Su Majestad el 15 de febrero pasado, para la eliminación de todas las causas de la incomprensión, fue presentado por mí para la aprobación del Senado.
Este tratado de haber sido rechazado por el Senado, que transmite un mensaje al Congreso el 23 de agosto pasado la revisión de las transacciones y la presentó para consideración ciertas recomendaciones para la legislación relativa a las cuestiones importantes en juego.
Posteriormente, el 12 de septiembre, en respuesta a una resolución del Senado, me comuniqué de nuevo plenamente toda la información en mi poder como a la acción del gobierno de Canadá que afectan a las relaciones comerciales entre el Dominio y los Estados Unidos, incluyendo el tratamiento de los buques pesqueros estadounidenses en los puertos y aguas de América del Norte británica.
Estas comunicaciones han sido publicados, y por lo tanto abierto al conocimiento de ambas Cámaras del Congreso, aunque dos se dirigieron al Senado solo.
Comentar o repetición de su contenido sería superflua, y no soy consciente de que nada tiene ya ocurrido que hay que añadir a los hechos en ella se indica. Por tanto, yo sólo repito, en su caso hasta el presente, la declaración que se encuentra en mi mensaje al Senado del 12 de septiembre pasado, que - desde marzo 3, 1887, ningún caso ha sido reportado al Departamento de Estado en el que denuncia estaba hecha de tratamiento hostil o ilegal de los buques pesqueros de América por parte de las autoridades canadienses en el que la reparación no fue pronta y satisfactoria obtenerse a través de la cónsul general de Estados Unidos en Halifax. Después de haber ensayado en el cumplimiento de mi deber de procurar mediante negociaciones la solución de una causa de larga data de la disputa y para eliminar una amenaza constante para las buenas relaciones de los dos países, y continuar siendo de la opinión de que el tratado de febrero pasado, que no haya recibido la aprobación del Senado, hizo la oferta "un arreglo satisfactorio, práctico, y última, sobre una base honorable y justo para ambas partes, de la cuestión difícil y controvertida a la que se refería," y tener posteriormente y inútilmente recomendado otra legislación al Congreso que esperaba sería suficiente para satisfacer la exigencia creada por el rechazo del tratado, que ahora de nuevo invocar la atención seria e inmediata del Congreso a la condición de esta importante cuestión, ya que ahora está ante ellos y el país, y para la solución de la que estoy profundamente solícito.
Cerca del cierre del mes de octubre últimos acontecimientos de carácter profundamente lamentable fueron traídos a mi conocimiento, lo que hizo que mi deber doloroso, pero imprescindible para obtener con la menor demora posible, un nuevo canal personal de las relaciones diplomáticas en este país con el Gobierno de Gran Bretaña.
La correspondencia en relación con este incidente en su momento se puso delante de vosotros, y os lo hará la conducta imperdonable del funcionario mencionado en su intervención por el asesoramiento y consejo de los sufragios de los ciudadanos estadounidenses en la crisis misma de la elección presidencial luego cerca en parte, y también en sus posteriores declaraciones públicas para justificar su acción, superadding impugnación del Ejecutivo y el Senado de los Estados Unidos en relación con cuestiones importantes ahora pendiente en la controversia entre los dos Gobiernos.
El delito cometido por lo tanto era más profunda, que implica posibilidades desastrosas para las buenas relaciones de Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que constituye una grave violación de inmunidad diplomática y una invasión de los asuntos puramente nacionales y la soberanía esencial del Gobierno para que el enviado fue acreditada .
Haber cumplido primero las justas exigencias de la cortesía internacional concediéndoles plena oportunidad para el Gobierno de Su Majestad para actuar en el alivio de la situación, consideré prolongación de discusión para ser injustificada, y acto seguido negué a reconocer aún más el carácter diplomático de la persona cuya permanencia en tales función destruiría la confianza mutua que es esencial para el buen entendimiento de los dos gobiernos y era incompatible con el bienestar y la autoestima del Gobierno de los Estados Unidos.
El intercambio habitual de comunicación ha continuado desde legación a través de Su Majestad en esta ciudad.
Mis esfuerzos para establecer medidas de cooperación internacional para la prevención de la exterminación de los lobos marinos en el Mar de Bering no se han relajado, y tengo la esperanza de ser habilitado en breve para presentar un projet convencional eficaz y satisfactoria con las potencias marítimas para la aprobación de la Senado.
La frontera costera entre nuestras posesiones de Alaska y Columbia Británica, lamento decirlo, no ha recibido la atención que exige su importancia, y que en varias ocasiones hasta ahora he tenido el honor de recomendar al Congreso.
La impracticabilidad admitido, si no imposibilidad, de hacer un estudio preciso y exacto y la demarcación de la línea fronteriza, ya que se recita en el tratado con Rusia en las que Alaska fue cedida a los Estados Unidos hace que sea absolutamente necesario para la prevención de complicaciones jurisdiccionales internacionales que la apropiación adecuada para un reconnoissance y encuesta para obtener el conocimiento adecuado de la localidad y las características geográficas de la frontera debe ser autorizado por el Congreso con la menor demora posible.
El conocimiento que se obtenga sólo así es un requisito previo esencial para la negociación para la determinación de una frontera común, o como preliminar a cualquier otro modo de solucionarla.
Es mucho más que desear que algún tipo de acuerdo debe ser alcanzado con el Gobierno de Su Majestad por el cual los daños a la vida y la propiedad de los Grandes Lagos pueden ser aliviados mediante la eliminación o humanamente regular los obstáculos a la asistencia recíproca a naufragar o buques varados.
El acto del 19 de junio de 1878, que ofrece a los barcos canadienses libre acceso a nuestras aguas interiores en ayuda de los barcos naufragados o con discapacidad, aún no se ha hecho efectiva a través de una acción concurrente por Canadá.
La debida protección de nuestros ciudadanos de origen francés o el descenso de demanda de servicio militar en el caso de su regreso o de visita en Francia ha provocado la correspondencia que estaba echado antes en la última sesión.
En ausencia de un acuerdo convencional como a la naturalización, que es mucho que desear, este Gobierno no ve ningún motivo para alejarse de la posición del sonido se ha mantenido no sólo en lo que respecta a Francia, pero como a todos los países con los que Estados Unidos no tiene concluido tratados especiales.
Dos veces en el último año ha la casa imperial de Alemania sido visitado por la muerte; y me he apresurado a expresar el dolor de este pueblo, y su apreciación del carácter noble de finales del envejecido emperador Guillermo, y su simpatía con el heroísmo en el sufrimiento de su hijo difunto emperador Federico.
Renuevo mi recomendación de hace dos años para el paso de un proyecto de ley para la devolución de ciertas líneas navieras alemanas de los intereses sobre las cuotas de tonelaje exigido ilegalmente.
El día 12 [2d] de abril último que presente a la Cámara de Representantes de información completa respetando nuestros intereses en Samoa; y en la posterior correspondencia sobre el mismo tema, que se puso antes de su debido tiempo, se encontrará la historia de los acontecimientos en esas islas.
En un mensaje que acompaña mi aprobación, el día 1 de octubre del año pasado, de un proyecto de ley para la exclusión de los trabajadores chinos, me puse ante el Congreso una información completa y toda la correspondencia tocar la negociación del tratado con China a la conclusión en esta capital a los 12 días de marzo de 1888, y que, de haber sido confirmado por el Senado con algunas modificaciones, fue rechazada por el Gobierno chino. Este mensaje contenía una recomendación de que una suma de dinero se apropió como compensación a los súbditos chinos que habían sufrido lesiones a manos de hombres sin ley dentro de nuestra jurisdicción. Tal apropiación de haber sido debidamente realizada, el fondo espera la recepción por el Gobierno chino.
Se espera sinceramente que por el cese de la afluencia de esta clase de temas chinos, de acuerdo con el deseo expresado por los dos gobiernos, una causa de la sensación desagradable se ha eliminado de forma permanente.
El 9 de agosto de 1887, la notificación fue dada por el ministro japonés en esta capital de la clausura de la conferencia para la revisión de los tratados de Japón con las potencias extranjeras, debido a la oposición de su Gobierno a la disposición en el proyecto jurisdiccional convención que requiere la presentación del código penal del Imperio de los poderes antes de que se convierta en operativa. Esta notificación fue, sin embargo, acompañada de una garantía de la intención de Japón de continuar el trabajo de revisión.
A pesar de esta interrupción temporal de las negociaciones, se espera que las mejoras pronto pueden ser asegurados en el sistema jurisdiccional que respeta los extranjeros en Japón, y el alivio de otorgarse a ese país a partir de la presente indebida y control extranjero opresor en materia de comercio.
Recomiendo encarecidamente que se proporcione alivio para las lesiones causadas por accidente de sujetos japoneses en la isla Ikisima por las prácticas de tiro de uno de nuestros barcos.
Una misión diplomática de Corea se ha recibido, y la relación sexual formal entre los dos países contemplados por el tratado de 1882 está ahora establecido.
Disposición legislativa queda recomienda organizar y equipar a los tribunales consulares en Corea.
Persia ha establecido representaciones diplomáticas en esta capital, y ha evidenciado un gran interés en la empresa y los logros de nuestros ciudadanos. Por tanto, estoy esperanzado de que las relaciones comerciales beneficiosas entre los dos países pueden ser provocados.
Yo anuncio con sincero pesar de que Haití ha vuelto a ser el escenario de la insurrección, el desorden y el derramamiento de sangre. El gobierno del presidente titular Saloman ha sido derrocado por la fuerza y expulsado del país a Francia, donde ha muerto desde entonces.
La tenencia del poder ha sido tan inestable en medio de la guerra de facciones que ha surgido desde la expulsión del presidente Saloman que ningún gobierno constituido por la voluntad del pueblo Haitiano ha sido reconocido como administrar responsablemente los asuntos de ese país. Nuestro representante ha recibido instrucciones de abstenerse de interferencia entre las facciones en guerra, y un buque de nuestra Armada ha sido enviado a las aguas Haitiano para sostener nuestro ministro y para la protección de las personas y bienes de los ciudadanos estadounidenses.
Se han tomado las precauciones debidas para hacer cumplir nuestras leyes de neutralidad y evitar que nuestro territorio se convierta en la base de suministros militares para cualquiera de las facciones en guerra.
Bajo color de un bloqueo, de los cuales no se ha dado aviso razonable, y que no parece que se han mantenido de manera eficiente, se ha informado de un ataque de los buques bajo la bandera de Estados Unidos, y en consecuencia las medidas para prevenir y corregir cualquier abuso de nuestra mercantes inocentes han sido adoptadas.
Proclamación fue debidamente presentada el día 9 de noviembre de 1887, de las extensiones convencionales del tratado de 3 de junio de 1875, con Hawaii, en las que se han creado relaciones de tales relaciones especiales y benéfico.
En el vasto campo del comercio oriental ahora desarrollado desde nuestras fronteras Pacífico ninguna característica presenta recomendaciones más fuertes para la acción del Congreso que el establecimiento de la comunicación por telégrafo submarino con Honolulu.
La posición geográfica del archipiélago hawaiano en relación con nuestros Estados del Pacífico crea una interdependencia natural y comunidad de intereses que pretendían nuestros tratados actuales para fomentar, y que hacen una estrecha comunicación una necesidad lógica y comercial.
La sabiduría de concluir un tratado de reciprocidad comercial con México se ha dicho hasta ahora en mis mensajes al Congreso, y el paso del tiempo y el crecimiento del comercio con el vecino y la hermana República confirmar la sentencia de manera expresa.
La reubicación precisa de nuestra línea fronteriza es necesaria, y la apropiación adecuada se recomienda actualmente.
Es con profunda satisfacción que estoy capacitado para anuncio al espíritu de buena vecindad y cooperación amistosa y de conciliación que ha marcado la correspondencia y la acción de las autoridades mexicanas en su parte de la tarea de mantener la ley y el orden sobre la línea de nuestro común límite.
La larga espera de disputa fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua se refirió a mi arbitraje, y por un laudo dictado en el 22 de marzo último la pregunta ha sido finalmente resuelto a satisfacción expresada por ambas partes interesadas.
El Imperio del Brasil, en la abolición de los últimos vestigios de la esclavitud de las naciones cristianas, provocó las felicitaciones sinceras de este Gobierno en la expresión de la simpatía cordial de nuestra gente.
Las reclamaciones de casi todos los otros países en contra de Chile que crecen fuera de su difunto guerra con Bolivia y Perú han sido eliminados, ya sea por medio de arbitraje o por un acuerdo global. Reclamaciones similares de nuestros ciudadanos seguirán siendo instado al Gobierno de Chile, y se espera que no estará sujeto a nuevos retrasos.
Un tratado general de amistad y comercio con Perú fue proclamada el 7 de noviembre pasado, y se espera que bajo su operación la prosperidad mutua y la buena comprensión será promovido.
En cumplimiento de la política de arbitraje, un tratado para resolver la reclamación de Santos, un ciudadano estadounidense, contra Ecuador se ha celebrado bajo mi autoridad, y será debidamente sometida a la aprobación del Senado.
Probablemente se hizo igual disposición de la reclamación de Carlos Butterfield contra Dinamarca y de Van Bokkelen contra Haití, y confío en el principio de este tipo de asentamientos puede extenderse en la práctica en virtud de la aprobación del Senado.
A través de causas imprevistas, ajeno a la voluntad de ambos gobiernos, la ratificación de la convención de 5 de diciembre de 1885, con Venezuela, para la audiencia de las reclamaciones de los ciudadanos de los Estados Unidos en virtud del tratado de 1866, fracasó de intercambio dentro del plazo previsto , y una convención suplementaria, que se extiende aún más el tiempo para el intercambio de las ratificaciones y explicativa de una disposición ambigua de la convención anterior, ahora espera el consejo y consentimiento del Senado.
Aunque este asunto, en la fase mencionada, se refiere únicamente a los concurrentes para celebrar tratados poder de una de las ramas del Congreso, yo anuncio al que en vista del interés demostrado en repetidas ocasiones y visible por usted en su capacidad legislativa a favor de una pronta y equitativa ajuste de las preguntas que surgen de los juicios desacreditados de la comisión mixta previa de Caracas. Con todo deseo de hacer justicia a las representaciones de Venezuela en este sentido, el tiempo parece haber llegado a su fin este asunto, y yo confío en la pronta confirmación por ambas partes de la acción complementaria contemplada será evitar la necesidad de una acción legislativa o de otra para evitar la retención más largo de este tipo de derechos de los demandantes reales como puede ser demostrado que existen.
Como autorizado por el Congreso, los pasos preliminares se han tomado para el ensamblaje en esta capital durante el próximo año de los representantes del Sur y los Estados centroamericanos, junto con las de México, Haití y Santo Domingo, para discutir sin excepción importante comercial y monetaria temas.
Excepto en aquellos casos en que, a partir de motivos de la contigüidad del territorio y la existencia de una línea de frontera común incapaz de ser vigilado, los tratados comerciales recíprocos pueden encontrar conveniente, se cree que las políticas comerciales que inducen intercambio más libre de los productos se pueden organizar más ventajosa por una legislación independiente pero cooperativa.
En el modo de último mencionó el control de nuestra fiscalidad de ingresos se mantuvo siempre en nuestras propias manos no restringidos por acuerdos convencionales con otros gobiernos.
De conformidad también con la autoridad del Congreso, las potencias marítimas han sido invitados a conferir en Washington en abril próximo en la viabilidad de la elaboración de normas y medidas uniformes para la mayor seguridad de vidas y bienes en el mar. A disposición de aceptar por parte de varios de los poderes ya se ha manifestado, y si ha de ser asegurado la cooperación de las naciones principalmente interesadas importantes resultados puede ser esperado con confianza.
El acto del 26 de junio de 1884, y las leyes que la enmiendan, en relación con los derechos de tonelaje, han dado lugar a la correspondencia prolongada con las naciones extranjeras con las cuales tenemos tratados vigentes de la navegación y el comercio, y han causado amplia y divergencia lamentable de opinión en relación con la imposición de los derechos a que se refiere. Estas preguntas son importantes, y voy a hacer que el objeto de una comunicación especial y más detallada en la presente reunión.
Con el rápido aumento de la inmigración en nuestras costas y las instalaciones de los viajes modernos, los abusos de los generosos privilegios que ofrece nuestras leyes de naturalización llaman por su cuidadosa revisión.
La manera fácil y sin vigilancia en el que los certificados de ciudadanía estadounidense ahora se pueden obtener ha inducido a una clase, por desgracia grande, a hacer uso de la oportunidad de ser absuelto de la lealtad a su tierra natal, y sin embargo, por una residencia en el extranjero para escapar de cualquier deber sólo y la contribución de los servicios al país de su adopción propuesta. Así, mientras que evadir los deberes de la ciudadanía a los Estados Unidos, podrán hacer reclamación inmediata para su protección nacional y exigir su intervención en nombre de ellos. Complicaciones internacionales de carácter grave surgen, y la correspondencia del Departamento de Estado da a conocer el gran número y la complejidad de las cuestiones que se han planteado.
Nuestras leyes que regulan la emisión de pasaportes deben ser cuidadosamente revisados, y la institución de una oficina central de registro en la capital es de nuevo muy recomendable. Por este medio, una información completa sobre cada caso de la naturalización en los Estados Unidos serían garantizados y adecuadamente indexados y grabado, y por lo tanto muchos de los casos de ciudadanía falsa serían detectados y responsabilidades injustas se evitarían.
La reorganización del servicio consular es un motivo de gran importancia para nuestros intereses nacionales. Se cree que el número de oficinas consulares principales existentes a ser mayor de lo que es en absoluto necesario para la conducción de los asuntos públicos. No tiene que ser nuestra política de mantener más de un número moderado de las oficinas principales, cada uno apoyado por un salario suficiente para que el titular de vivir con comodidad, y distribuidas de tal modo que se garantice la supervisión conveniente, a través de agencias subordinadas, de los asuntos a través de una distrito considerable.
Repito las recomendaciones hechas por mí hasta ahora que los créditos para el mantenimiento de nuestro servicio diplomático y consular proceder a una refundición; que los llamados derechos notariales o no oficiales, que nuestros representantes en el exterior están autorizadas a tratar como prebendas personales, debe prohibirse; que un sistema de inspección consular debe ser instituido, y que un número limitado de secretarios de legación en general debe ser autorizada.
Los preparativos para la celebración del centenario, el 30 de abril de 1889, de la inauguración de George Washington como presidente de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, han sido realizadas por una organización voluntaria de los ciudadanos de esa localidad, y la creencia de que un oportunidad deberá otorgarse para la expresión de los intereses sentir en todo el país en este evento, respetuosamente recomiendo acción apropiado y cooperativa por el Congreso en nombre del pueblo de los Estados Unidos.
El informe del Secretario del Tesoro de los objetos expuestos en detalle las condiciones de nuestras finanzas nacionales y las operaciones de las varias ramas del Gobierno relacionadas con su Departamento.
Los ingresos ordinarios totales del Gobierno para el año fiscal terminado en junio 30 de 1888, ascendieron a $ 379,266,074.76, de los cuales se recibieron $ 219,091,173.63 de derechos de aduana y de $ 124,296,871.98 de los impuestos de rentas internas.
Los ingresos totales de todas las fuentes fueron superiores a las del año fiscal terminado en junio 30 de 1887, por $ 7,862,797.10.
Los gastos ordinarios del Gobierno para el año fiscal que termina en junio 30 de 1888, fueron de $ 259,653,958.67, dejando un superávit de $ 119,612,116.09.
La disminución de estos gastos en comparación con el año fiscal terminado en junio 30 de 1887, fue de $ 8,278,221.30, sin perjuicio del pago de más de $ 5.000.000 para las pensiones por encima de lo que se pagó a tal efecto en el año-este último mencionado.
Los ingresos del Gobierno para el año termina en junio 30 de 1889, determinaron para el trimestre terminado en septiembre 30 de 1888, y estima que para el resto del tiempo, la cantidad de $ 377 millones, y el actual y estiman los gastos ordinarios para el mismo año son $ 273 millones , dejando un superávit estimado de $ 104.000.000.
Los recibos estimados para el año que terminó el 30 de junio 1890, son $ 377 millones, y los gastos ordinarios estimados para el mismo tiempo son de $ 275,767,488.34, mostrando un superávit de $ 101,232,511.66.
Las declaraciones anteriores del excedente no toman en cuenta la suma necesaria para ser gastados para satisfacer los requerimientos de la ley del fondo de amortización, que ascienden a más de $ 47 millones al año.
El coste de la recogida de los ingresos aduaneros para el último año fiscal fue de 2,44 por ciento; para el año 1885 fue de 3,77 por ciento.
El exceso de los impuestos de rentas internas recogidos durante el último año fiscal a los recogidos por el año terminado en junio 30 de 1887, fue de $ 5,489,174.26, y el coste de la recogida de estos ingresos se redujo de 3,4 por ciento en 1887 a menos del 3,2 por ciento para el el año pasado. El impuesto recaudado en oleomargarina fue de $ 723,948.04 para el año termina en junio 30 de 1887, y de $ 864,139.88 para el año siguiente.
Los requerimientos de la ley del fondo de amortización se han cumplido para el año terminado en junio 30 de 1888, y para el presente año también, por la compra de bonos. Luego de cumplir con esta ley como positiva requiere, y los bonos suficientes para tal fin se habían comprado en un premio, no se consideró prudente gastar aún más el superávit en tales compras hasta que la autoridad para hacerlo debería ser más explícito. Una resolución, sin embargo, después de haber sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso la eliminación de todas las dudas sobre el poder ejecutivo, las compras diarias de bonos se iniciaron el día 23 quinquies de abril de 1888, y han continuado hasta la actualidad. Por este plan de bonos del Gobierno no vencidos han sido comprados hasta e incluyendo el día 30 de noviembre de 1888, por un importe de $ 94700400, la prima pagada sobre el mismo que asciende a $ 17,508,613.08.
La prima agregado al principal de estos bonos ha supuesto una inversión cediendo cerca del 2 por ciento de interés por el tiempo que todavía tenían que correr, y el ahorro para el Gobierno representado por la diferencia entre la cantidad de interés en el 2 por ciento de la suma pagada en concepto de capital y prima de y lo que habría pagado por intereses al tipo especificado en los bonos si se les habían acabado con su madurez es de aproximadamente 27.165 millones dólar.
A primera vista esto parece ser una operación rentable y sensata por parte del Gobierno, pero, según lo sugerido por el Secretario del Tesoro, el superávit por tanto gastado en la compra de bonos fue el dinero extraído de las personas por encima de cualquier necesidad real del Gobierno y fue así que gasta en lugar de permitir que permanezca inactivo en el Tesoro. Si este excedente, bajo la operación de leyes justas y equitativas, había quedado en manos de la gente, hubiera valido la pena en su negocio por lo menos 6 por ciento anual. Deduciendo del monto de los intereses sobre el capital y la prima de estos bonos para el momento en que tuvieron que correr a un ritmo de 6 por ciento del ahorro del 2 por ciento hecho por la gente por la compra de dichos bonos, la pérdida aparecerá al ser $ 55,76 millones.
Este cálculo parece demostrar que si los impuestos excesivos e innecesarios se continúa y el Gobierno se ve obligado a seguir esta política de compra de sus propios bonos en las primas de las que será necesario para pagar, la pérdida para el pueblo será cientos de millones de dólares.
Desde que se realizó la compra de bonos como se mencionó casi todo lo que se les ha ofrecido fueron finalmente aceptadas. Se ha hecho bastante evidente que el Gobierno estaba en peligro de ser sometida a combinaciones de elevar su precio, como parece por el ejemplo citado por el Secretario de la oferta de bonos de valor nominal de sólo 326.000 dólares con tanta frecuencia que el agregado de la sumas exigidas para su compra ascendió a más de $ 19.7 millones.
A pesar de las grandes cantidades pagadas en la compra de bonos, el excedente en el Tesoro el día 30 de noviembre de 1888, fue de $ 52,234,610.01, después de deducir aproximadamente $ 20.000.000 solo sacado para el pago de las pensiones.
Al cierre del año fiscal terminado en junio 30 de 1887, no se había acuñado en la acuñación de monedas de plata acto obligatorio 266.988.280 dólares en dólares de plata, $ 55,504,310 de los cuales estaban en manos de la gente.
En el día 30 de junio de 1888, no se habían acuñado $ 299708790; y de esta $ 55829303 fue en circulación en moneda, y $ 200.387.376 en los certificados de plata, para la redención de los cuales los dólares de plata a esa cantidad se llevaron a cabo por el Gobierno.
En el día 30 de noviembre de 1888, $ 312,57099 millones habían sido acuñado, $ 60.970.990 de los dólares de plata eran en realidad en la circulación, y $ 237,418,346 en certificados.
El Secretario recomienda la suspensión de la mayor acuñación de plata, y de tal recomendación que sinceramente concurren.
Para más información valiosa y recomendaciones oportunas que pido la esmerada atención del Congreso el informe del Secretario.
El Secretario de Guerra informa que el Ejército en la fecha de las últimas declaraciones consolidadas constaba de 2.189 oficiales y 24.549 hombres alistados.
Los gastos reales del Departamento de Guerra para el año fiscal terminado en junio 30 de 1888, ascendieron a $ 41,165,107.07, de los cuales la suma de $ 9,158,516.63 se gastaron en obras públicas, incluyendo mejoras al río y al puerto.
"El Consejo de Artillería y Fortificaciones" previsto en la ley aprobada el 22 pasado se celebró 30 de octubre 1888 septiembre, y los planes y especificaciones para la adquisición de piezas forjadas para 8, 10, y 12 armas pulgadas, según las disposiciones de la sección 4, y también para la adquisición de los morteros de retrocarga de 12 pulgadas, hierro, fundido con aros de acero, bajo las disposiciones del artículo 5 de dicho acto, se presentaron a la Secretaría de Guerra para la referencia a la junta, por el Departamento de Artillería, en la misma fecha.
Estos planes y especificaciones de haber sido aprobados con prontitud por la junta y el Secretario de la Guerra, la autoridad necesaria para publicar anuncios invitando propuestas en los periódicos de todo el país fue otorgada por el Secretario el 12 de noviembre y el 13 de noviembre se enviaron los anuncios de los diferentes periódicos designados. Las ofertas por las piezas forjadas de acero se abrirán el 20 de diciembre de 1888, y para los morteros de 15 de diciembre 1888.
Una junta de oficiales de artillería fue convocada a Watervliet Arsenal el 4 de octubre de 1888, para preparar los planos y las especificaciones necesarias para el establecimiento de una fábrica de armas del ejército en ese punto. El informe preliminar de esta junta, con estimaciones para edificios de talleres y habitaciones de los oficiales, fue aprobado por el Consejo de Artillería y Fortificaciones 06 de noviembre y 8 de las especificaciones y forma de anuncio y las instrucciones a los licitantes han preparado, y los anuncios que invitan propuestas para las excavaciones para la creación de tiendas y para levantar los dos conjuntos de habitaciones de los oficiales se han publicado. Los dibujos detallados y especificaciones para la construcción de armas de fábrica están bien en la mano, y se terminarán dentro de los tres o cuatro meses, cuando se licita la construcción del edificio. La lista de máquinas, etc, está hecho, y se espera que los planes de los grandes tornos, etc, se completarán dentro de unos cuatro meses, y después de la aprobación por el Consejo de la artillería y fortificaciones ofertas para el suministro de la misma serán invitados. Las máquinas y otras instalaciones se completará tan pronto como la tienda está en disposición a recibirlos, probablemente alrededor de julio de 1890.
En virtud de las disposiciones del proyecto de ley del Ejército para la adquisición de armas de dinamita neumáticas, ahora están siendo preparados con las especificaciones necesarias, y los anuncios de propuestas se emitirá a principios de diciembre. Las pistolas probablemente serán de 15 pulgadas calibre y disparar un proyectil que tendrá un cargo de cada una de unos 500 kilos de gelatina explosiva con proyectiles calibre completo. Las armas probablemente se entregan en entre seis y diez meses a partir de la fecha del contrato, de modo que todas las armas de esta clase que pueden ser adquiridos bajo las disposiciones de la ley serán adquiridos durante el año 1889.
Pido sinceramente que las recomendaciones contenidas en el informe del Secretario, todos los cuales son, en mi opinión, calculada para aumentar la utilidad y la disciplina del Ejército, pueden recibir la consideración del Congreso. Entre ellas la propuesta de que debería disponerse de un plan para el examen de los oficiales para probar su aptitud para el ascenso es de suma importancia. Esta reforma ha sido antes recomendado en los informes del Secretario, y su conveniencia está tan plenamente demostrado por el argumento que presenta a su favor que su adopción ya no debe ser descuidado.
La muerte del general Sheridan en agosto pasado fue una aflicción nacional. El Ejército perdió entonces la más grande de sus jefes. El país perdió un soldado valiente y experimentado, un consejero sabio y discreto, y un hombre modesto y sensato. Los que de alguna manera vino dentro del rango de su asociación personal nunca dejará de rendir homenaje merecido y dispuesto a su grandeza y la gloria de su carrera, pero se aprecian con más tierna sensibilidad la memoria cariñosa de su sencillo, generoso, y naturaleza considerado.
Los indios apaches, cuya retirada de su reserva en Arizona seguido la captura de aquellos de sus miembros que participan en una redada sangrienta y asesina durante una parte de los años 1885 y 1886, ahora se mantienen como prisioneros de guerra en el Monte Vernon Barracks, en el Estado de Alabama. Su número en el día 31 de octubre, fecha del último informe, 83 hombres, 170 mujeres, 70 niños y 59 niñas; En total, 382 personas. Los estados oficial al mando que se encuentren en buen estado de salud y contento, y que se mantienen empleados tan completamente como es posible en las circunstancias. Los niños, a medida que llegan a una edad adecuada, se envían a las escuelas de la India en Carlisle y Hampton.
El verano pasado, algunas personas caritativas y amables pidieron permiso para enviar a dos maestros para estos indios con el fin de instruir a los adultos, así como esos niños que habían de ser encontrado allí. Dicho permiso fue concedido fácilmente, los alojamientos se proporcionan para los maestros, y algunas partes de los edificios de los cuarteles se pusieron a disposición para fines escolares. La buena labor señalada se ha iniciado, y los profesores que participan son pagados por las damas con las que se originó el plan.
No estoy en absoluto en solidaridad con aquellas personas benevolentes pero imprudentes que están constantemente insistiendo en que estos indios debían ser devueltos a su reserva. Su eliminación era una necesidad absoluta si las vidas y bienes de los ciudadanos sobre la frontera se deben en absoluto considerado por el Gobierno. La continuación de su restricción a una distancia de la escena de sus repetidas y crueles asesinatos y atropellos sigue siendo necesaria. Se trata de una filantropía equivoco, todas las maneras perjudiciales, que impulsa el deseo de ver a estos salvajes volvieron a sus viejos refugios. Ellos están en su ubicación actual como el resultado de la mejor criterio de los que tienen la responsabilidad oficial en la materia, y que no son en absoluto carentes de amable consideración para los indios. Un número de estos presos han perdido sus vidas a la ley ultrajada y la humanidad. La experiencia ha demostrado que son peligrosos y no se puede confiar. Esto es cierto no sólo de los que en pie de guerra han sido hasta ahora realmente culpable de asesinato atroz, sino también de sus amigos y afines, que, mientras ellos permanecían en su reserva, ayuda amueblado y comodidad a los ausentes con la intención sangrienta.
Estos presos deben ser tratados amablemente y se mantienen en la moderación lejos de la localidad de su anterior reserva; que deben ser sometidos a esfuerzos calculados para conducir a su mejora y el ablandamiento de sus instintos salvajes y crueles, pero el regreso a su domicilio de origen deben ser resistidos persistentemente.
El Secretario en su informe da una historia gráfica de estos indios, y recita con intensidad dolorosa sus hechos sangrientos y el fracaso infeliz del Gobierno para su gestión por medios pacíficos. Será increíble si una lectura de esta historia va a permitir la supervivencia de un deseo para el regreso de los prisioneros a su reserva al sentimentales o cualquier otro motivo.
El informe del Secretario de la Marina demuestra gestión muy inteligente en ese importante Departamento, y revela el progreso más satisfactorio en el trabajo de reconstrucción de la Armada realizado durante el último año. De los barcos en curso de construcción de cinco, a saber, el Charleston, Baltimore, Yorktown, el Vesubio, y el Petrel, tienen en ese momento se puso en marcha y se acerca rápidamente a su terminación; y además de lo anterior, el Philadelphia, el San Francisco, el de Newark, el Bennington, la concordia, y el torpedero Herreshoff están bajo contrato para la entrega al Departamento durante el próximo año. Los avances ya realizados y que se hizo da buena tierra para la expectativa de que estos once buques serán incorporados como parte de la Marina estadounidense en los próximos doce meses.
El informe muestra que a pesar de los grandes gastos para la nueva construcción y la mano de obra adicional que suponen los gastos totales ordinarios o corrientes del Departamento para los tres años termina en junio 30 de 1888, son menos en más del 20 por ciento de esos gastos para los tres año que termina 30 de junio 1884.
Las diversas medidas que se han adoptado para mejorar los métodos de negocio del Departamento son revisadas por el Secretario. La compra de suministros se ha consolidado y puesto bajo un jefe del buró responsable. Esto ha resultado en la reducción de las compras abiertas, que en los años 1884 y 1885 ascendió a más del 50 por ciento de todas las compras del Departamento, a menos de 11 por ciento; de modo que en la actualidad alrededor del 90 por ciento de las compras totales de los departamentos se hacen por contrato y después de la competencia. Como los gastos en esta cuenta exceden un promedio de 2.000.000 de dólares al año, es evidente que una mejora importante en el sistema se ha inaugurado y economías sustanciales introducidas.
El informe del Director General de Correos muestra un marcado aumento de los negocios en todas las ramas del servicio postal.
El número de oficinas de correos el 1 de julio de 1888, fue 57,376, un aumento de 6.124 en tres años y de 2.219 para el último año fiscal. El incremento-este último mencionado se clasifica de la siguiente manera:
Estados de Nueva Inglaterra -
Middle States - 181
Estados del Sur y el Territorio Indio (41) - 1406
Los Estados y Territorios de la Costa del Pacifico - 190
Los diez Estados y Territorios del Noroeste y Oeste - 435
Distrito de Columbia - 2 -
Original
As you assemble for the discharge of the duties you have assumed as the representatives of a free and generous people, your meeting is marked by an interesting and impressive incident. With the expiration of the present session of the Congress the first century of our constitutional existence as a nation will be completed.
Our survival for one hundred years is not sufficient to assure us that we no longer have dangers to fear in the maintenance, with all its promised blessings, of a government rounded upon the freedom of the people. The time rather admonishes us to soberly inquire whether in the past we have always closely kept in the course of safety, and whether we have before us a way plain and clear which leads to happiness and perpetuity.
When the experiment of our Government was undertaken, the chart adopted for our guidance was the Constitution. Departure from the lines there laid down is failure. It is only by a strict adherence to the direction they indicate and by restraint within the limitations they fix that we can furnish proof to the world of the fitness of the American people for self-government.
The equal and exact justice of which we boast as the underlying principle of our institutions should not be confined to the relations of our citizens to each other. The Government itself is under bond to the American people that in the exercise of its functions and powers it will deal with the body of our citizens in a manner scrupulously honest and fair and absolutely just. It has agreed that American citizenship shall be the only credential necessary to justify the claim of equality before the law, and that no condition in life shall give rise to discrimination in the treatment of the people by their Government.
The citizen of our Republic in its early days rigidly insisted upon full compliance with the letter of this bond, and saw stretching out before him a clear field for individual endeavor. His tribute to the support of his Government was measured by the cost of its economical maintenance, and he was secure in the enjoyment of the remaining recompense of his steady and contented toil. In those days the frugality of the people was stamped upon their Government, and was enforced by the free, thoughtful, and intelligent suffrage of the citizen. Combinations, monopolies, and aggregations of capital were either avoided or sternly regulated and restrained. The pomp and glitter of governments less free offered no temptation and presented no delusion to the plain people who, side by side, in friendly competition, wrought for the ennoblement and dignity of man, for the solution of the problem of free government, and for the achievement of the grand destiny awaiting the land which God had given them.
A century has passed. Our cities are the abiding places of wealth and luxury; our manufactories yield fortunes never dreamed of by the fathers of the Republic; our business men are madly striving in the race for riches, and immense aggregations of capital outrun the imagination in the magnitude of their undertakings.
We view with pride and satisfaction this bright picture of our country's growth and prosperity, while only a closer scrutiny develops a somber shading. Upon more careful inspection we find the wealth and luxury of our cities mingled with poverty and wretchedness and unremunerative toil. A crowded and constantly increasing urban population suggests the impoverishment of rural sections and discontent with agricultural pursuits. The farmer's son, not satisfied with his father's simple and laborious life, joins the eager chase for easily acquired wealth.
We discover that the fortunes realized by our manufacturers are no longer solely the reward of sturdy industry and enlightened foresight, but that they result from the discriminating favor of the Government and are largely built upon undue exactions from the masses of our people. The gulf between employers and the employed is constantly widening, and classes are rapidly forming, one comprising the very rich and powerful, while in another are found the toiling poor.
As we view the achievements of aggregated capital, we discover the existence of trusts, combinations, and monopolies, while the citizen is struggling far in the rear or is trampled to death beneath an iron heel. Corporations, which should be the carefully restrained creatures of the law and the servants of the people, are fast becoming the people's masters.
Still congratulating ourselves upon the wealth and prosperity of our country and complacently contemplating every incident of change inseparable from these conditions, it is our duty as patriotic citizens to inquire at the present stage of our progress how the bond of the Government made with the people has been kept and performed.
Instead of limiting the tribute drawn from our citizens to the necessities of its economical administration, the Government persists in exacting from the substance of the people millions which, unapplied and useless, lie dormant in its Treasury. This flagrant injustice and this breach of faith and obligation add to extortion the danger attending the diversion of the currency of the country from the legitimate channels of business.
Under the same laws by which these results are produced the Government permits many millions more to be added to the cost of the living of our people and to be taken from our consumers, which unreasonably swell the profits of a small but powerful minority.
The people must still be taxed for the support of the Government under the operation of tariff laws. But to the extent that the mass of our citizens are inordinately burdened beyond any useful public purpose and for the benefit of a favored few, the Government, under pretext of an exercise of its taxing power, enters gratuitously into partnership with these favorites, to their advantage and to the injury of a vast majority of our people.
This is not equality before the law.
The existing situation is injurious to the health of our entire body politic. It stifles in those for whose benefit it is permitted all patriotic love of country, and substitutes in its place selfish greed and grasping avarice. Devotion to American citizenship for its own sake and for what it should accomplish as a motive to our nation's advancement and the happiness of all our people is displaced by the assumption that the Government, instead of being the embodiment of equality, is but an instrumentality through which especial and individual advantages are to be gained.
The arrogance of this assumption is unconcealed. It appears in the sordid disregard of all but personal interests, in the refusal to abate for the benefit of others one iota of selfish advantage, and in combinations to perpetuate such advantages through efforts to control legislation and improperly influence the suffrages of the people.
The grievances of those not included within the circle of these beneficiaries, when fully realized, will surely arouse irritation and discontent. Our farmers, long suffering and patient, struggling in the race of life with the hardest and most unremitting toil, will not fail to see, in spite of misrepresentations and misleading fallacies, that they are obliged to accept such prices for their products as are fixed in foreign markets where they compete with the farmers of the world; that their lands are declining in value while their debts increase, and that without compensating favor they are forced by the action of the Government to pay for the benefit of others such enhanced prices for the things they need that the scanty returns of their labor fail to furnish their support or leave no margin for accumulation.
Our workingmen, enfranchised from all delusions and no longer frightened by the cry that their wages are endangered by a just revision of our tariff laws, will reasonably demand through such revision steadier employment, cheaper means of living in their homes, freedom for themselves and their children from the doom of perpetual servitude, and an open door to their advancement beyond the limits of a laboring class. Others of our citizens, whose comforts and expenditures are measured by moderate salaries and fixed incomes, will insist upon the fairness and justice of cheapening the cost of necessaries for themselves and their families.
When to the selfishness of the beneficiaries of unjust discrimination under our laws there shall be added the discontent of those who suffer from such discrimination, we will realize the fact that the beneficent purposes of our Government, dependent upon the patriotism and contentment of our people, are endangered.
Communism is a hateful thing and a menace to peace and organized government; but the communism of combined wealth and capital, the outgrowth of overweening cupidity and selfishness, which insidiously undermines the justice and integrity of free institutions, is not less dangerous than the communism of oppressed poverty and toil, which, exasperated by injustice and discontent, attacks with wild disorder the citadel of rule.
He mocks the people who proposes that the Government shall protect the rich and that they in turn will care for the laboring poor. Any intermediary between the people and their Government or the least delegation of the care and protection the Government owes to the humblest citizen in the land makes the boast of free institutions a glittering delusion and the pretended boon of American citizenship a shameless imposition.
A just and sensible revision of our tariff laws should be made for the relief of those of our countrymen who suffer under present conditions. Such a revision should receive the support of all who love that justice and equality due to American citizenship; of all who realize that in this justice and equality our Government finds its strength and its power to protect the citizen and his property; of all who believe that the contented competence and comfort of many accord better with the spirit of our institutions than colossal fortunes unfairly gathered in the hands of a few; of all who appreciate that the forbearance and fraternity among our people, which recognize the value of every American interest, are the surest guaranty of our national progress, and of all who desire to see the products of American skill and ingenuity in every market of the world, with a resulting restoration of American commerce.
The necessity of the reduction of our revenues is so apparent as to be generally conceded, but the means by which this end shall be accomplished and the sum of direct benefit which shall result to our citizens present a controversy of the utmost importance. There should be no scheme accepted as satisfactory by which the burdens of the people are only apparently removed. Extravagant appropriations of public money, with all their demoralizing consequences, should not be tolerated, either as a means of relieving the Treasury of its present surplus or as furnishing pretext for resisting a proper reduction in tariff rates. Existing evils and injustice should be honestly recognized, boldly met, and effectively remedied. There should be no cessation of the struggle until a plan is perfected, fair and conservative toward existing industries, but which will reduce the cost to consumers of the necessaries of life, while it provides for our manufacturers the advantage of freer raw materials and permits no injury to the interests of American labor.
The cause for which the battle is waged is comprised within lines clearly and distinctly defined. It should never be compromised. It is the people's cause.
It can not be denied that the selfish and private interests which are so persistently heard when efforts are made to deal in a just and comprehensive manner with our tariff laws are related to, if they are not responsible for, the sentiment largely prevailing among the people that the General Government is the fountain of individual and private aid; that it may be expected to relieve with paternal care the distress of citizens and communities, and that from the fullness of its Treasury it should, upon the slightest possible pretext of promoting the general good, apply public funds to the benefit of localities and individuals. Nor can it be denied that there is a growing assumption that, as against the Government and in favor of private claims and interests, the usual rules and limitations of business principles and just dealing should be waived.
These ideas have been unhappily much encouraged by legislative acquiescence. Relief from contracts made with the Government is too easily accorded in favor of the citizen; the failure to support claims against the Government by proof is often supplied by no better consideration than the wealth of the Government and the poverty of the claimant; gratuities in the form of pensions are granted upon no other real ground than the needy condition of the applicant, or for reasons less valid; and large sums are expended for public buildings and other improvements upon representations scarcely claimed to be related to public needs and necessities.
The extent to which the consideration of such matters subordinate and postpone action upon subjects of great public importance, but involving no special private or partisan interest, should arrest attention and lead to reformation.
A few of the numerous illustrations of this condition may be stated.
The crowded condition of the calendar of the Supreme Court, and the delay to suitors and denial of justice resulting therefrom, has been strongly urged upon the attention of the Congress, with a plan for the relief of the situation approved by those well able to judge of its merits. While this subject remains without effective consideration, many laws have been passed providing for the holding of terms of inferior courts at places to suit the convenience of localities, or to lay the foundation of an application for the erection of a new public building.
Repeated recommendations have been submitted for the amendment and change of the laws relating to our public lands so that their spoliation and diversion to other uses than as homes for honest settlers might be prevented. While a measure to meet this conceded necessity of reform remains awaiting the action of the Congress, many claims to the public lands and applications for their donation, in favor of States and individuals, have been allowed.
A plan in aid of Indian management, recommended by those well informed as containing valuable features in furtherance of the solution of the Indian problem, has thus far failed of legislative sanction, while grants of doubtful expediency to railroad corporations, permitting them to pass through Indian reservations, have greatly multiplied.
The propriety and necessity of the erection of one or more prisons for the confinement of United States convicts, and a post-office building in the national capital, are not disputed. But these needs yet remain answered, while scores of public buildings have been erected where their necessity for public purposes is not apparent.
A revision of our pension laws could easily be made which would rest upon just principles and provide for every worthy applicant. But while our general pension laws remain confused and imperfect, hundreds of private pension laws are annually passed, which are the sources of unjust discrimination and popular demoralization.
Appropriation bills for the support of the Government are defaced by items and provisions to meet private ends, and it is freely asserted by responsible and experienced parties that a bill appropriating money for public internal improvement would fail to meet with favor unless it contained items more for local and private advantage than for public benefit.
These statements can be much emphasized by an ascertainment of the proportion of Federal legislation which either bears upon its face its private character or which upon examination develops such a motive power.
And yet the people wait and expect from their chosen representatives such patriotic action as will advance the welfare of the entire country; and this expectation can only be answered by the performance of public duty with unselfish purpose. Our mission among the nations of the earth and our success in accomplishing the work God has given the American people to do require of those intrusted with the making and execution of our laws perfect devotion, above all other things, to the public good.
This devotion will lead us to strongly resist all impatience of constitutional limitations of Federal power and to persistently check the increasing tendency to extend the scope of Federal legislation into the domain of State and local jurisdiction upon the plea of subserving the public welfare. The preservation of the partitions between proper subjects of Federal and local care and regulation is of such importance under the Constitution, which is the law of our very existence, that no consideration of expediency or sentiment should tempt us to enter upon doubtful ground. We have undertaken to discover and proclaim the richest blessings of a free government, with the Constitution as our guide. Let us follow the way it points out; it will not mislead us. And surely no one who has taken upon himself the solemn obligation to support and preserve the Constitution can find justification or solace for disloyalty in the excuse that he wandered and disobeyed in search of a better way to reach the public welfare than the Constitution offers.
What has been said is deemed not inappropriate at a time when, from a century's height, we view the way already trod by the American people and attempt to discover their future path.
The seventh President of the United States--the soldier and statesman and at all times the firm and brave friend of the people--in vindication of his course as the protector of popular rights and the champion of true American citizenship, declared: The ambition which leads me on is an anxious desire and a fixed determination to restore to the people unimpaired the sacred trust they have confided to my charge; to, heal the wounds of the Constitution and to preserve it from further violation; to persuade my countrymen, so far as I may, that it is not in a splendid government supported by powerful monopolies and aristocratical establishments that they will find happiness or their liberties protection, but in a plain system, void of pomp, protecting all and granting favors to none, dispensing its blessings like the dews of heaven, unseen and unfelt save in the freshness and beauty they contribute to produce. It is such a government that the genius of our people requires--such an one only under which our States may remain for ages to come united, prosperous, and free. In pursuance of a constitutional provision requiring the President from time to time to give to the Congress information of the state of the Union, I have the satisfaction to announce that the close of the year finds the United States in the enjoyment of domestic tranquillity and at peace with all the nations.
Since my last annual message our foreign relations have been strengthened and improved by performance of international good offices and by new and renewed treaties of amity, commerce, and reciprocal extradition of criminals.
Those international questions which still await settlement are all reasonably within the domain of amicable negotiation, and there is no existing subject of dispute between the United States and any foreign power that is not susceptible of satisfactory adjustment by frank diplomatic treatment.
The questions between Great Britain and the United States relating to the rights of American fishermen, under treaty and international comity, in the territorial waters of Canada and Newfoundland, I regret to say, are not yet satisfactorily adjusted.
These matters were fully treated in my message to the Senate of February 20 1888, together with which a convention, concluded under my authority with Her Majesty's Government on the 15th of February last, for the removal of all causes of misunderstanding, was submitted by me for the approval of the Senate.
This treaty having been rejected by the Senate, I transmitted a message to the Congress on the 23d of August last reviewing the transactions and submitting for consideration certain recommendations for legislation concerning the important questions involved.
Afterwards, on the 12th of September, in response to a resolution of the Senate, I again communicated fully all the information in my possession as to the action of the government of Canada affecting the commercial relations between the Dominion and the United States, including the treatment of American fishing vessels in the ports and waters of British North America.
These communications have all been published, and therefore opened to the knowledge of both Houses of Congress, although two were addressed to the Senate alone.
Comment upon or repetition of their contents would be superfluous, and I am not aware that anything has since occurred which should be added to the facts therein stated. Therefore I merely repeat, as applicable to the present time, the statement which will be found in my message to the Senate of September 12 last, that--Since March 3, 1887, no case has been reported to the Department of State wherein complaint was made of unfriendly or unlawful treatment of American fishing vessels on the part of the Canadian authorities in which reparation was not promptly and satisfactorily obtained by the United States consul-general at Halifax. Having essayed in the discharge of my duty to procure by negotiation the settlement of a long-standing cause of dispute and to remove a constant menace to the good relations of the two countries, and continuing to be of opinion that the treaty of February last, which failed to receive the approval of the Senate, did supply "a satisfactory, practical, and final adjustment, upon a basis honorable and just to both parties, of the difficult and vexed question to which it related," and having subsequently and unavailingly recommended other legislation to Congress which I hoped would suffice to meet the exigency created by the rejection of the treaty, I now again invoke the earnest and immediate attention of the Congress to the condition of this important question as it now stands before them and the country, and for the settlement of which I am deeply solicitous.
Near the close of the month of October last occurrences of a deeply regrettable nature were brought to my knowledge, which made it my painful but imperative duty to obtain with as little delay as possible a new personal channel of diplomatic intercourse in this country with the Government of Great Britain.
The correspondence in relation to this incident will in due course be laid before you, and will disclose the unpardonable conduct of the official referred to in his interference by advice and counsel with the suffrages of American citizens in the very crisis of the Presidential election then near at hand, and also in his subsequent public declarations to justify his action, superadding impugnment of the Executive and Senate of the United States in connection with important questions now pending in controversy between the two Governments.
The offense thus committed was most grave, involving disastrous possibilities to the good relations of the United States and Great Britain, constituting a gross breach of diplomatic privilege and an invasion of the purely domestic affairs and essential sovereignty of the Government to which the envoy was accredited.
Having first fulfilled the just demands of international comity by affording full opportunity for Her Majesty's Government to act in relief of the situation, I considered prolongation of discussion to be unwarranted, and thereupon declined to further recognize the diplomatic character of the person whose continuance in such function would destroy that mutual confidence which is essential to the good understanding of the two Governments and was inconsistent with the welfare and self-respect of the Government of the United States.
The usual interchange of communication has since continued through Her Majesty's legation in this city.
My endeavors to establish by international cooperation measures for the prevention of the extermination of fur seals in Bering Sea have not been relaxed, and I have hopes of being enabled shortly to submit an effective and satisfactory conventional projet with the maritime powers for the approval of the Senate.
The coastal boundary between our Alaskan possessions and British Columbia, I regret to say, has not received the attention demanded by its importance, and which on several occasions heretofore I have had the honor to recommend to the Congress.
The admitted impracticability, if not impossibility, of making an accurate and precise survey and demarcation of the boundary line as it is recited in the treaty with Russia under which Alaska was ceded to the United States renders it absolutely requisite for the prevention of international jurisdictional complications that adequate appropriation for a reconnoissance and survey to obtain proper knowledge of the locality and the geographical features of the boundary should be authorized by Congress with as little delay as possible.
Knowledge to be only thus obtained is an essential prerequisite for negotiation for ascertaining a common boundary, or as preliminary to any other mode of settlement.
It is much to be desired that some agreement should be reached with Her Majesty's Government by which the damages to life and property on the Great Lakes may be alleviated by removing or humanely regulating the obstacles to reciprocal assistance to wrecked or stranded vessels.
The act of June 19, 1878, which offers to Canadian vessels free access to our inland waters in aid of wrecked or disabled vessels, has not yet become effective through concurrent action by Canada.
The due protection of our citizens of French origin or descent from claim of military service in the event of their returning to or visiting France has called forth correspondence which was laid before you at the last session.
In the absence of conventional agreement as to naturalization, which is greatly to be desired, this Government sees no occasion to recede from the sound position it has maintained not only with regard to France, but as to all countries with which the United States have not concluded special treaties.
Twice within the last year has the imperial household of Germany been visited by death; and I have hastened to express the sorrow of this people, and their appreciation of the lofty character of the late aged Emperor William, and their sympathy with the heroism under suffering of his son the late Emperor Frederick.
I renew my recommendation of two years ago for the passage of a bill for the refunding to certain German steamship lines of the interest upon tonnage dues illegally exacted.
On the 12th [2d] of April last I laid before the House of Representatives full information respecting our interests in Samoa; and in the subsequent correspondence on the same subject, which will be laid before you in due course, the history of events in those islands will be found.
In a message accompanying my approval, on the 1st day of October last, of a bill for the exclusion of Chinese laborers, I laid before Congress full information and all correspondence touching the negotiation of the treaty with China concluded at this capital on the 12th day of March, 1888, and which, having been confirmed by the Senate with certain amendments, was rejected by the Chinese Government. This message contained a recommendation that a sum of money be appropriated as compensation to Chinese subjects who had suffered injuries at the hands of lawless men within our jurisdiction. Such appropriation having been duly made, the fund awaits reception by the Chinese Government.
It is sincerely hoped that by the cessation of the influx of this class of Chinese subjects, in accordance with the expressed wish of both Governments, a cause of unkind feeling has been permanently removed.
On the 9th of August, 1887, notification was given by the Japanese minister at this capital of the adjournment of the conference for the revision of the treaties of Japan with foreign powers, owing to the objection of his Government to the provision in the draft jurisdictional convention which required the submission of the criminal code of the Empire to the powers in advance of its becoming operative. This notification was, however, accompanied with an assurance of Japan's intention to continue the work of revision.
Notwithstanding this temporary interruption of negotiations, it is hoped that improvements may soon be secured in the jurisdictional system as respects foreigners in Japan, and relief afforded to that country from the present undue and oppressive foreign control in matters of commerce.
I earnestly recommend that relief be provided for the injuries accidentally caused to Japanese subjects in the island Ikisima by the target practice of one of our vessels.
A diplomatic mission from Korea has been received, and the formal intercourse between the two countries contemplated by the treaty of 1882 is now established.
Legislative provision is hereby recommended to organize and equip consular courts in Korea.
Persia has established diplomatic representation at this capital, and has evinced very great interest in the enterprise and achievements of our citizens. I am therefore hopeful that beneficial commercial relations between the two countries may be brought about.
I announce with sincere regret that Hayti has again become the theater of insurrection, disorder, and bloodshed. The titular government of president Saloman has been forcibly overthrown and he driven out of the country to France, where he has since died.
The tenure of power has been so unstable amid the war of factions that has ensued since the expulsion of President Saloman that no government constituted by the will of the Haytian people has been recognized as administering responsibly the affairs of that country. Our representative has been instructed to abstain from interference between the warring factions, and a vessel of our Navy has been sent to Haytian waters to sustain our minister and for the protection of the persons and property of American citizens.
Due precautions have been taken to enforce our neutrality laws and prevent our territory from becoming the base of military supplies for either of the warring factions.
Under color of a blockade, of which no reasonable notice had been given, and which does not appear to have been efficiently maintained, a seizure of vessels under the American flag has been reported, and in consequence measures to prevent and redress any molestation of our innocent merchantmen have been adopted.
Proclamation was duly made on the 9th day of November, 1887, of the conventional extensions of the treaty of June 3, 1875, with Hawaii, under which relations of such special and beneficent intercourse have been created.
In the vast field of Oriental commerce now unfolded from our Pacific borders no feature presents stronger recommendations for Congressional action than the establishment of communication by submarine telegraph with Honolulu.
The geographical position of the Hawaiian group in relation to our Pacific States creates a natural interdependency and mutuality of interest which our present treaties were intended to foster, and which make close communication a logical and commercial necessity.
The wisdom of concluding a treaty of commercial reciprocity with Mexico has been heretofore stated in my messages to Congress, and the lapse of time and growth of commerce with that close neighbor and sister Republic confirm the judgment so expressed.
The precise relocation of our boundary line is needful, and adequate appropriation is now recommended.
It is with sincere satisfaction that I am enabled to advert to the spirit of good neighborhood and friendly cooperation and conciliation that has marked the correspondence and action of the Mexican authorities in their share of the task of maintaining law and order about the line of our common boundary.
The long-pending boundary dispute between Costa Rica and Nicaragua was referred to my arbitration, and by an award made on the 22d of March last the question has been finally settled to the expressed satisfaction of both of the parties in interest.
The Empire of Brazil, in abolishing the last vestige of slavery among Christian nations, called forth the earnest congratulations of this Government in expression of the cordial sympathies of our people.
The claims of nearly all other countries against Chile growing out of her late war with Bolivia and Peru have been disposed of, either by arbitration or by a lump settlement. Similar claims of our citizens will continue to be urged upon the Chilean Government, and it is hoped will not be subject to further delays.
A comprehensive treaty of amity and commerce with Peru was proclaimed on November 7 last, and it is expected that under its operation mutual prosperity and good understanding will be promoted.
In pursuance of the policy of arbitration, a treaty to settle the claim of Santos, an American citizen, against Ecuador has been concluded under my authority, and will be duly submitted for the approval of the Senate.
Like disposition of the claim of Carlos Butterfield against Denmark and of Van Bokkelen against Hayti will probably be made, and I trust the principle of such settlements may be extended in practice under the approval of the Senate.
Through unforeseen causes, foreign to the will of both Governments, the ratification of the convention of December 5, 1885, with Venezuela, for the rehearing of claims of citizens of the United States under the treaty of 1866, failed of exchange within the term provided, and a supplementary convention, further extending the time for exchange of ratifications and explanatory of an ambiguous provision of the prior convention, now awaits the advice and consent of the Senate.
Although this matter, in the stage referred to, concerns only the concurrent treaty-making power of one branch of Congress, I advert to it in view of the interest repeatedly and conspicuously shown by you in your legislative capacity in favor of a speedy and equitable adjustment of the questions growing out of the discredited judgments of the previous mixed commission of Caracas. With every desire to do justice to the representations of Venezuela in this regard, the time seems to have come to end this matter, and I trust the prompt confirmation by both parties of the supplementary action referred to will avert the need of legislative or other action to prevent the longer withholding of such rights of actual claimants as may be shown to exist.
As authorized by the Congress, preliminary steps have been taken for the assemblage at this capital during the coming year of the representatives of South and Central American States, together with those of Mexico, Hayti, and San Domingo, to discuss sundry important monetary and commercial topics.
Excepting in those cases where, from reasons of contiguity of territory and the existence of a common border line incapable of being guarded, reciprocal commercial treaties may be found expedient, it is believed that commercial policies inducing freer mutual exchange of products can be most advantageously arranged by independent but cooperative legislation.
In the mode last mentioned the control of our taxation for revenue will be always retained in our own hands unrestricted by conventional agreements with other governments.
In conformity also with Congressional authority, the maritime powers have been invited to confer in Washington in April next upon the practicability of devising uniform rules and measures for the greater security of life and property at sea. A disposition to accept on the part of a number of the powers has already been manifested, and if the cooperation of the nations chiefly interested shall be secured important results may be confidently anticipated.
The act of June 26, 1884, and the acts amendatory thereof, in relation to tonnage duties, have given rise to extended correspondence with foreign nations with whom we have existing treaties of navigation and commerce, and have caused wide and regrettable divergence of opinion in relation to the imposition of the duties referred to. These questions are important, and I shall make them the subject of a special and more detailed communication at the present session.
With the rapid increase of immigration to our shores and the facilities of modern travel, abuses of the generous privileges afforded by our naturalization laws call for their careful revision.
The easy and unguarded manner in which certificates of American citizenship can now be obtained has induced a class, unfortunately large, to avail themselves of the opportunity to become absolved from allegiance to their native land, and yet by a foreign residence to escape any just duty and contribution of service to the country of their proposed adoption. Thus, while evading the duties of citizenship to the United States, they may make prompt claim for its national protection and demand its intervention in their behalf. International complications of a serious nature arise, and the correspondence of the State Department discloses the great number and complexity of the questions which have been raised.
Our laws regulating the issue of passports should be carefully revised, and the institution of a central bureau of registration at the capital is again strongly recommended. By this means full particulars of each case of naturalization in the United States would be secured and properly indexed and recorded, and thus many cases of spurious citizenship would be detected and unjust responsibilities would be avoided.
The reorganization of the consular service is a matter of serious importance to our national interests. The number of existing principal consular offices is believed to be greater than is at all necessary for the conduct of the public business. It need not be our policy to maintain more than a moderate number of principal offices, each supported by a salary sufficient to enable the incumbent to live in comfort, and so distributed as to secure the convenient supervision, through subordinate agencies, of affairs over a considerable district.
I repeat the recommendations heretofore made by me that the appropriations for the maintenance of our diplomatic and consular service should be recast; that the so-called notarial or unofficial fees, which our representatives abroad are now permitted to treat as personal perquisites, should be forbidden; that a system of consular inspection should be instituted, and that a limited number of secretaries of legation at large should be authorized.
Preparations for the centennial celebration, on April 30, 1889, of the inauguration of George Washington as President of the United States, at the city of New York, have been made by a voluntary organization of the citizens of that locality, and believing that an opportunity should be afforded for the expression of the interest felt throughout the country in this event, I respectfully recommend fitting and cooperative action by Congress on behalf of the people of the United States.
The report of the Secretary of the Treasury exhibits in detail the condition of our national finances and the operations of the several branches of the Government related to his Department.
The total ordinary revenues of the Government for the fiscal year ended June 30, 1888, amounted to $379,266,074.76, of which $219,091,173.63 was received from customs duties and $124,296,871.98 from internal revenue taxes.
The total receipts from all sources exceeded those for the fiscal year ended June 30, 1887, by $7,862,797.10.
The ordinary expenditures of the Government for the fiscal year ending June 30, 1888, were $259,653,958.67, leaving a surplus of $119,612,116.09.
The decrease in these expenditures as compared with the fiscal year ended June 30, 1887, was $8,278,221.30, notwithstanding the payment of more than $5,000,000 for pensions in excess of what was paid for that purpose in the latter-mentioned year.
The revenues of the Government for the year ending June 30, 1889, ascertained for the quarter ended September 30, 1888, and estimated for the remainder of the time, amount to $377,000,000, and the actual and estimated ordinary expenditures for the same year are $273,000,000, leaving an estimated surplus of $104,000,000.
The estimated receipts for the year ending June 30, 1890, are $377,000,000, and the estimated ordinary expenditures for the same time are $275,767,488.34, showing a surplus of $101,232,511.66.
The foregoing statements of surplus do not take into account the sum necessary to be expended to meet the requirements of the sinking-fund act, amounting to more than $47,000,000 annually.
The cost of collecting the customs revenues for the last fiscal year was 2.44 per cent; for the year 1885 it was 3.77 per cent.
The excess of internal-revenue taxes collected during the last fiscal year over those collected for the year ended June 30, 1887, was $5,489,174.26, and the cost of collecting this revenue decreased from 3.4 per cent in 1887 to less than 3.2 per cent for the last year. The tax collected on oleomargarine was $723,948.04 for the year ending June 30, 1887, and $864,139.88 for the following year.
The requirements of the sinking-fund act have been met for the year ended June 30, 1888, and for the current year also, by the purchase of bonds. After complying with this law as positively required, and bonds sufficient for that purpose had been bought at a premium, it was not deemed prudent to further expend the surplus in such purchases until the authority to do so should be more explicit. A resolution, however, having been passed by both Houses of Congress removing all doubt as to Executive authority, daily purchases of bonds were commenced on the 23d day of April, 1888, and have continued until the present time. By this plan bonds of the Government not yet due have been purchased up to and including the 30th day of November, 1888, amounting to $94,700,400, the premium paid thereon amounting to $17,508,613.08.
The premium added to the principal of these bonds represents an investment yielding about 2 per cent interest for the time they still had to run, and the saving to the Government represented by the difference between the amount of interest at 2 per cent upon the sum paid for principal and premium and what it would have paid for interest at the rate specified in the bonds if they had run to their maturity is about $27,165,000.
At first sight this would seem to be a profitable and sensible transaction on the part of the Government, but, as suggested by the Secretary of the Treasury, the surplus thus expended for the purchase of bonds was money drawn from the people in excess of any actual need of the Government and was so expended rather than allow it to remain idle in the Treasury. If this surplus, under the operation of just and equitable laws, had been left in the hands of the people, it would have been worth in their business at least 6 per cent per annum. Deducting from the amount of interest upon the principal and premium of these bonds for the time they had to run at the rate of 6 per cent the saving of 2 per cent made for the people by the purchase of such bonds, the loss will appear to be $55,760,000.
This calculation would seem to demonstrate that if excessive and unnecessary taxation is continued and the Government is forced to pursue this policy of purchasing its own bonds at the premiums which it will be necessary to pay, the loss to the people will be hundreds of millions of dollars.
Since the purchase of bonds was undertaken as mentioned nearly all that have been offered were at last accepted. It has been made quite apparent that the Government was in danger of being subjected to combinations to raise their price, as appears by the instance cited by the Secretary of the offering of bonds of the par value of only $326,000 so often that the aggregate of the sums demanded for their purchase amounted to more than $ 19,700,000.
Notwithstanding the large sums paid out in the purchase of bonds, the surplus in the Treasury on the 30th day of November, 1888, was $52,234,610.01, after deducting about $20,000,000 just drawn out for the payment of pensions.
At the close of the fiscal year ended June 30, 1887, there had been coined under the compulsory silver-coinage act $266,988,280 in silver dollars, $55,504,310 of which were in the hands of the people.
On the 30th day of June, 1888, there had been coined $299,708,790; and of this $55,829,303 was in circulation in coin, and $200,387,376 in silver certificates, for the redemption of which silver dollars to that amount were held by the Government.
On the 30th day of November, 1888, $312,570,990 had been coined, $60,970,990 of the silver dollars were actually in circulation, and $237,418,346 in certificates.
The Secretary recommends the suspension of the further coinage of silver, and in such recommendation I earnestly concur.
For further valuable information and timely recommendations I ask the careful attention of the Congress to the Secretary's report.
The Secretary of War reports that the Army at the date of the last consolidated returns consisted of 2,189 officers and 24,549 enlisted men.
The actual expenditures of the War Department for the fiscal year ended June 30, 1888, amounted to $41,165,107.07, of which sum $9,158,516.63 was expended for public works, including river and harbor improvements.
"The Board of Ordnance and Fortifications" provided for under the act approved September 22 last was convened October 30, 1888, and plans and specifications for procuring forgings for 8, 10, and 12 inch guns, under provisions of section 4, and also for procuring 12-inch breech-loading mortars, cast iron, hooped with steel, under the provisions of section 5 of the said act, were submitted to the Secretary of War for reference to the board, by the Ordnance Department, on the same date.
These plans and specifications having been promptly approved by the board and the Secretary of War, the necessary authority to publish advertisements inviting proposals in the newspapers throughout the country was granted by the Secretary on November 12, and on November 13 the advertisements were sent out to the different newspapers designated. The bids for the steel forgings are to be opened on December 20, 1888, and for the mortars on December 15, 1888.
A board of ordnance officers was convened at the Watervliet Arsenal on October 4, 1888, to prepare the necessary plans and specifications for the establishment of an army gun factory at that point. The preliminary report of this board, with estimates for shop buildings and officers' quarters, was approved by the Board of Ordnance and Fortifications November 6 and 8. The specifications and form of advertisement and instructions to bidders have been prepared, and advertisements inviting proposals for the excavations for the shop building and for erecting the two sets of officers' quarters have been published. The detailed drawings and specifications for the gun-factory building are well in hand, and will be finished within three or four months, when bids will be invited for the erection of the building. The list of machines, etc., is made out, and it is expected that the plans for the large lathes, etc., will be completed within about four months, and after approval by the Board of Ordnance and Fortifications bids for furnishing the same will be invited. The machines and other fixtures will be completed as soon as the shop is in readiness to receive them, probably about July, 1890.
Under the provisions of the Army bill for the procurement of pneumatic dynamite guns, the necessary specifications are now being prepared, and advertisements for proposals will issue early in December. The guns will probably be of 15 inches caliber and fire a projectile that will carry a charge each of about 500 pounds of explosive gelatine with full-caliber projectiles. The guns will probably be delivered in from six to ten months from the date of the contract, so that all the guns of this class that can be procured under the provisions of the law will be purchased during the year 1889.
I earnestly request that the recommendations contained in the Secretary's report, all of which are, in my opinion, calculated to increase the usefulness and discipline of the Army, may receive the consideration of the Congress. Among these the proposal that there should be provided a plan for the examination of officers to test their fitness for promotion is of the utmost importance. This reform has been before recommended in the reports of the Secretary, and its expediency is so fully demonstrated by the argument he presents in its favor that its adoption should no longer be neglected.
The death of General Sheridan in August last was a national affliction. The Army then lost the grandest of its chiefs. The country lost a brave and experienced soldier, a wise and discreet counselor, and a modest and sensible man. Those who in any manner came within the range of his personal association will never fail to pay deserved and willing homage to his greatness and the glory of his career, but they will cherish with more tender sensibility the loving memory of his simple, generous, and considerate nature.
The Apache Indians, whose removal from their reservation in Arizona followed the capture of those of their number who engaged in a bloody and murderous raid during a part of the years 1885 and 1886, are now held as prisoners of war at Mount Vernon Barracks, in the State of Alabama. They numbered on the 31st day of October, the date of the last report, 83 men, 170 women, 70 boys, and 59 girls; in all, 382 persons. The commanding officer states that they are in good health and contented, and that they are kept employed as fully as is possible in the circumstances. The children, as they arrive at a suitable age, are sent to the Indian schools at Carlisle and Hampton.
Last summer some charitable and kind people asked permission to send two teachers to these Indians for the purpose of instructing the adults as well as such children as should be found there. Such permission was readily granted, accommodations were provided for the teachers, and some portions of the buildings at the barracks were made available for school purposes. The good work contemplated has been commenced, and the teachers engaged are paid by the ladies with whom the plan originated.
I am not at all in sympathy with those benevolent but injudicious people who are constantly insisting that these Indians should be returned to their reservation. Their removal was an absolute necessity if the lives and property of citizens upon the frontier are to be at all regarded by the Government. Their continued restraint at a distance from the scene of their repeated and cruel murders and outrages is still necessary. It is a mistaken philanthropy, every way injurious, which prompts the desire to see these savages returned to their old haunts. They are in their present location as the result of the best judgment of those having official responsibility in the matter, and who are by no means lacking in kind consideration for the Indians. A number of these prisoners have forfeited their lives to outraged law and humanity. Experience has proved that they are dangerous and can not be trusted. This is true not only of those who on the warpath have heretofore actually been guilty of atrocious murder, but of their kindred and friends, who, while they remained upon their reservation, furnished aid and comfort to those absent with bloody intent.
These prisoners should be treated kindly and kept in restraint far from the locality of their former reservation; they should be subjected to efforts calculated to lead to their improvement and the softening of their savage and cruel instincts, but their return to their old home should be persistently resisted.
The Secretary in his report gives a graphic history of these Indians, and recites with painful vividness their bloody deeds and the unhappy failure of the Government to manage them by peaceful means. It will be amazing if a perusal of this history will allow the survival of a desire for the return of these prisoners to their reservation upon sentimental or any other grounds.
The report of the Secretary of the Navy demonstrates very intelligent management in that important Department, and discloses the most satisfactory progress in the work of reconstructing the Navy made during the past year. Of the ships in course of construction five, viz, the Charleston, Baltimore, Yorktown, Vesuvius, and the Petrel, have in that time been launched and are rapidly approaching completion; and in addition to the above, the Philadelphia, the San Francisco, the Newark, the Bennington, the Concord, and the Herreshoff torpedo boat are all under contract for delivery to the Department during the next year. The progress already made and being made gives good ground for the expectation that these eleven vessels will be incorporated as part of the American Navy within the next twelve months.
The report shows that notwithstanding the large expenditures for new construction and the additional labor they involve the total ordinary or current expenditures of the Department for the three years ending June 30, 1888, are less by more than 20 per cent than such expenditures for the three years ending June 30, 1884.
The various steps which have been taken to improve the business methods of the Department are reviewed by the Secretary. The purchasing of supplies has been consolidated and placed under a responsible bureau head. This has resulted in the curtailment of open purchases, which in the years 1884 and 1885 amounted to over 50 per cent of all the purchases of the Department, to less than 11 per cent; so that at the present time about 90 per cent of the total departmental purchases are made by contract and after competition. As the expenditures on this account exceed an average of $2,000,000 annually, it is evident that an important improvement in the system has been inaugurated and substantial economies introduced.
The report of the Postmaster-General shows a marked increase of business in every branch of the postal service.
The number of post-offices on July 1, 1888, was 57,376, an increase of 6,124 in three years and of 2,219 for the last fiscal year. The latter-mentioned increase is classified as follows:
New England States -
Middle States - 181
Southern States and Indian Territory (41) - 1,406
The States and Territories of the Pacific Coast - 190
The ten States and Territories of the West and Northwest - 435
District of Columbia - 2 -
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