Conciudadanos del Senado y la Cámara de Representantes:
Con gratitud devota al Dador generoso de todo bien, te felicito de que al comienzo de su primer período ordinario de sesiones a encontrar nuestro país bendecido con salud, paz y cosechas abundantes, y con perspectivas alentadoras de un pronto retorno de la prosperidad general.
Para completar y hacer permanente la pacificación del país sigue siendo, y hasta que esté totalmente cumplida debe seguir siendo, el más importante de todos nuestros intereses nacionales. El propósito sincero de buenos ciudadanos en general a unir sus esfuerzos en esta empresa es evidente. Encontró su expresión decidida en las resoluciones anunciadas en 1876 por las convenciones nacionales de los principales partidos políticos del país. Había un temor generalizado de que los resultados trascendentales en nuestro progreso como nación marcada por las recientes enmiendas a la Constitución estaban en peligro inminente; que el buen entendimiento que llevó a su adopción, en interés de una devoción leal al bienestar general, podría resultar una tregua estéril, y que las dos secciones del país, una vez comprometido en la lucha civil, podría ser de nuevo casi tan ampliamente separada y desunidos como lo eran cuando vistió en armas contra el uno al otro.
El curso que se persiguen, lo que, a mi juicio, parecía más sabio de la presencia de esta emergencia, se indicó claramente en mi discurso de investidura. Señaló a la vez, que todo nuestro pueblo el deseo de ver, cuando un amor genuino de todo nuestro país y de todo lo que concierne a su verdadero bien deberá suplantar a las fuerzas destructivas de la animosidad mutua de las razas y de hostilidad sección. Las opiniones difieren mucho en cuanto a las medidas que mejor garanticen esta gran final. Esto era de esperar. Las medidas adoptadas por la Administración han sido objeto de severas críticas y variada. Cualquier curso lo que se podría haber entrado en duda habría encontrado con la desconfianza y la oposición. Estas medidas son, a mi juicio, tal como lo fueron más en armonía con la Constitución y con el genio de nuestro pueblo, y mejor adaptados, bajo todas las circunstancias, para alcanzar el fin a la vista. Resultados benéficos, ya aparentes, demuestran que estos esfuerzos no deben ser considerados como un simple experimento, y deberían mantener y animarnos en nuestros esfuerzos. Ya, en el breve período transcurrido, la eficacia inmediata, no menos que la justicia, de la conducta seguida se demuestra, y tengo una fe inalterable ese momento se proporcionará su amplia justificación en la mente de la gran mayoría de mis compañeros -citizens. La interrupción del uso del ejército con el propósito de defender a los gobiernos locales en dos Estados de la Unión no era menos un deber constitucional y exigencia, bajo las circunstancias existentes en el momento, de lo que era una medida muy necesaria para la restauración de la autonomía local y la promoción de la armonía nacional. La retirada de las tropas de dicho empleo fue efectuada deliberadamente, y con el cuidado solícito por la paz y el buen orden de la sociedad y la protección de la propiedad y de personas y todo el derecho de todas las clases de ciudadanos.
Los resultados que se han seguido son realmente significativo y alentador. Toda aprehensión de peligro de remitir a esos Estados a la autonomía local se disipó, y un cambio más saludable en la mente de la gente ha comenzado y está en curso en cada parte de esa sección del país una vez que el teatro de la lucha civil infeliz, sustituyendo la sospecha, la desconfianza y la aversión, la concordia, la amistad, y el apego patriótico a la Unión. Ninguna mente desprejuiciada negará que las colisiones terribles ya menudo fatales que durante varios años han sido de frecuente ocurrencia y han agitado y alarmado a la opinión pública han cesado casi por completo, y que un espíritu de tolerancia mutua y el interés nacional abundante ha tenido éxito. Se ha producido un restablecimiento general del orden y de la administración ordenada de la justicia. Las instancias de restante anarquía han convertido de hecho poco habitual; la agitación política y las turbulencias han desaparecido; industrias útiles se han reanudado; crédito público en los Estados del Sur se ha fortalecido en gran medida, y los beneficios alentadoras de una reactivación del comercio entre las regiones del país últimamente envuelto en la guerra civil están plenamente disfrutado. Tales son algunos de los resultados ya obtenidos, sobre la cual el país debe ser felicitado. Ellos son de tal importancia que podemos esperar con confianza pacientemente la consumación deseada que seguramente vendrá con el progreso natural de los acontecimientos.
Puede que no sea impropia aquí para decir que debería ser nuestra determinación fija e inalterable de proteger por todos los medios disponibles y apropiados bajo la Constitución y las leyes de la carrera últimamente emancipado en el disfrute de sus derechos y privilegios; e insto a aquellos a los que hasta ahora la gente de color han mantenido la relación de servidumbre de la sabiduría y la justicia de la legislación local humano y liberal con respecto a su educación y el bienestar general. Una firme adhesión a las leyes, tanto nacional como estatal, en cuanto a los derechos civiles y políticos de las personas de color, ahora avanzado a la ciudadanía plena e igualitaria; la represión inmediata y segura de castigo por las autoridades nacionales y locales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de todas las instancias de la anarquía y la violencia hacia ellos, es necesaria para la seguridad tanto de las dos carreras, y es justamente reclamadas por la opinión pública del país y la edad. De esta manera, seguramente se alcanzará el restablecimiento de la armonía y la buena voluntad y la protección completa de todos los ciudadanos en el pleno disfrute de todos los derechos constitucionales. Cualquiera que sea la autoridad recae en mí para este fin no voy a dudar en poner adelante.
Lo que pertenece al poder del Congreso y de la jurisdicción de los tribunales de la Unión, es posible que con confianza puede confiar para proporcionar y realizar; y para las legislaturas, los tribunales y las autoridades ejecutivas de los distintos Estados Pido encarecidamente ruego para asegurar, por los medios adecuados, apropiados y estacionales, dentro de sus fronteras, estos derechos comunes y uniformes de un pueblo unido que le encanta la libertad, aborrece la opresión , y venera la justicia. Estos objetos son muy querido para mi corazón. Continuaré con todo fervor a luchar por su consecución. La cooperación cordial de todas las clases, de todas las secciones del país y de las dos carreras, se requiere para este fin; y con estas bendiciones asegurado, y no de otra manera, podemos esperar con seguridad a dictar nuestras instituciones libres de gobierno irreprochable a las generaciones que nos sucederán.
Entre los otros temas de gran importancia y general a la gente de este país, no puedo estar equivocado, creo que, en cuanto a como preeminente de la política y las medidas que se han diseñado para garantizar el restablecimiento de la moneda a la condición normal y saludable en que, por la reanudación de los pagos de las especias, nuestro comercio interior y el comercio exterior podrán introducirse en armonía con el sistema de intercambios que se basa en los metales preciosos como el dinero intrínseca del mundo. En el juicio público que este fin debe ser buscada y cercada con la mayor celeridad y de forma segura ya que los recursos de las personas y la sabiduría de su Gobierno puede lograr, hay un mucho mayor grado de unanimidad que se encuentra para concurrir en las medidas concretas que llevar el país para este fin deseado o la rapidez de los pasos por los que se puede llegar de manera segura.
Tras un examen más ansioso y deliberada, que he sentido que era mi deber dar al tema, no soy más que el más confirmado en la opinión que expresé en la aceptación de la candidatura a la Presidencia, y otra vez en mi toma de posesión, que la política de reanudación debe ser perseguido por todos los medios adecuados, y que no existe una legislación sería prudente que debería menospreciar la importancia o retardar el logro de ese resultado. No tengo ninguna disposición, y ciertamente ningún derecho, a cuestionar la sinceridad o la inteligencia de opiniones opuestas, y sin ni ocultar ni subestimar las dificultades considerables, e incluso angustias ocasionales, que pueden asistir a la marcha de la nación hacia esta condición primaria para su prosperidad general y permanente. Debo, sin embargo, se adhieren a mi convicción más serio que cualquier vacilación en el propósito o inestabilidad en los métodos, lejos de evitar o reducir los inconvenientes inseparables de la transición de una irremediable a un papel moneda redimible, sólo tendería al aumento y la perturbación prolongada en valores, ya menos recuperado debe terminar en el trastorno grave, la deshonra, y el desastre en los asuntos financieros del Gobierno y del pueblo.
Los males que me aprehender y urgencia desaprueban se limitan a ninguna clase de la gente, de hecho, pero me parece que con toda seguridad para amenazar a las masas laboriosas, si sus ocupaciones son de mano de obra calificada o común. Para ellos, me parece a mí, es de vital importancia que su trabajo debe ser compensado en dinero que está a su vez fijado en valor de cambio por el que se mide de manera irrevocable por el trabajo necesario para su producción. Esta cualidad permanente del dinero del pueblo se buscó, y sólo puede ser adquirida por la reanudación de los pagos de las especias. El rico, el especulativo, el funcionamiento, las clases de dinero-la negociación puede no siempre se sienten los males de, o pueden encontrar ganancias ocasionales en, una moneda variable, pero las desgracias de esa divisa a los que se pagan los sueldos o salarios son inevitables y sin remedio.
En estrecha relación con este tema general de la reanudación de los pagos es una de las especias subordinado, pero aún así de grave, importancia; Me refiero al reajuste de nuestro sistema de acuñación por la renovación del dólar de plata como un elemento en nuestra moneda especie, dotados por la legislación con la calidad de moneda de curso legal, en mayor o menor medida.
Como no hay duda del poder del Congreso bajo la Constitución "de acuñar moneda y regular su valor," y como este poder cubre toda la gama de la autoridad de aplicación para el metal, el valor nominal y la calidad que deberá curso legal se adoptará para la acuñación de monedas, las consideraciones que deberían inducir o disuadir a una medida en particular relacionados con la acuñación de monedas, pertenecen claramente a la provincia de la discreción legislativa y de la conveniencia pública. Sin entrometerse en esta provincia de la legislación en lo más mínimo, aún no he pensado en el tema de tal importancia crítica, en el estado actual de nuestros asuntos, en cuanto a presentar una ocasión para el ejercicio del derecho establecido por la Constitución al Presidente de recomendar a la consideración del Congreso "las medidas que estime necesarias y oportunas."
La celebración de la opinión, como yo, que ni los intereses del Gobierno ni del pueblo de los Estados Unidos serían promovidos por menospreciar la plata como uno de los dos metales preciosos que proporcionan las monedas del mundo, y que la legislación que se parece a mantener el volumen de dinero intrínseca como una medida completa de ambos metales como sus valores comerciales relativos permitan no sería ni injusto ni inconveniente, debo pedir su indulgencia a una breve y definitiva declaración de ciertas características esenciales en cualquier medida legislativa que me siento el deber de recomendar.
No me propongo entrar en el debate, representada en ambos lados de dichas partes en disputa capaces en el Congreso y ante el pueblo y en la prensa, en cuanto a la medida en que la legislación de cualquier país puede controlar esta cuestión, incluso dentro de sus propias fronteras , en contra de las leyes no escritas de comercio o las leyes positivas de otros gobiernos. La sabiduría del Congreso en la conformación de una ley particular que pueda ser presentado para mi aprobación puede suplantar por completo la necesidad de mi entrar en estas consideraciones, y de buen grado a evitar investigaciones por vagos o intrincados. Es sólo ciertos rasgos simples y prácticos de esta legislación que deseo de recomendar a su atención.
En cualquier legislación que prevea una moneda de plata, la regulación de su valor, y que imparte a ella la calidad de moneda de curso legal, me parece de gran importancia que el Congreso no debe perder de vista su acción como operando en una capacidad doble y en dos direcciones distintas . Si el Gobierno de los Estados Unidos estaban libres de la deuda pública, su trato legislativo de la cuestión de la moneda de plata sería puramente soberana y gubernamental, bajo ninguna restricción, pero los del poder constitucional y el bien público como afectado por la legislación propuesta. Pero en las circunstancias actuales de la nación, con una gran deuda pública distribuidos muy ampliamente entre nuestros propios ciudadanos y mantenidos en grandes cantidades también en el extranjero, la naturaleza de la medida-la moneda de plata, ya que afecta a esta relación del Gobierno a los titulares de la deuda pública, se convierte en un elemento, en cualquier proyecto de ley, de la más alta preocupación. La obligación de la fe pública trasciende todas las cuestiones de beneficio o ventaja público de otra manera. Su mantenimiento es incuestionable el dictado y de la más alta conveniencia como del deber más necesario, y siempre será vigilado cuidadosamente por el Congreso y las personas por igual.
La deuda pública de los Estados Unidos a la cantidad de $ 729 millones devenga intereses a la tasa del 6 por ciento, y $ 708 millones a una tasa del 5 por ciento, y la única forma en la que el país puede ser relevado del pago de estas tasas altas de interés es, mediante el reintegro de manera ventajosa el endeudamiento. Si la deuda es en última instancia pagado en oro o en moneda de plata es de poco momento en comparación con la posible reducción de la participación de un tercero, mediante el reintegro que a ese tipo reducido. Si Estados Unidos tenía el derecho incuestionable de pagar sus bonos en moneda de plata, el pequeño beneficio de ese proceso sería sobre balance en gran medida por el efecto perjudicial de dicho pago si efectúa o pretende efectuar contra las convicciones honestas de los acreedores públicos.
Todos los bonos que se han emitido desde febrero 12 de 1873, cuando el oro se convirtió en la única moneda metálica de curso legal ilimitada del país, son justamente pagaderos en moneda de oro o en moneda de igual valor. Durante el tiempo de estas cuestiones el único dólar que podría ser o ha sido recibida por el Gobierno a cambio de bonos fue el dólar de oro. Requerir a los acreedores públicos a tomar en el pago de cualquier dólar de menos valor comercial sería considerado por ellos como un repudio de la obligación asumida completo. Los bonos emitidos con anterioridad a 1873 se emitieron en un momento en que el dólar de oro era la única moneda en circulación o previstas por el Gobierno o por los tenedores de los bonos como la moneda en que debieron ser pagados. Es mucho mejor que pagar estos bonos en la moneda que al parecer para tomar ventaja de la caída imprevista en lingotes de plata para pagar en una nueva emisión de moneda de plata por lo tanto hizo mucho menos valioso. El poder de los Estados Unidos de acuñar moneda y regular su valor nunca debe de ser ejercida con el propósito de permitir al Gobierno para pagar sus obligaciones en una moneda de menor valor que el contemplado por las partes en que se emiten los bonos. Cualquier intento de pagar la deuda nacional en una moneda de menor valor comercial que el dinero del mundo podría implicar una violación de la fe pública y trabajar un daño irreparable al crédito público.
Fue el gran mérito de la ley de marzo de 1869, en el fortalecimiento del crédito público, que elimina todas las dudas sobre el propósito de los Estados Unidos para pagar su deuda en bonos en moneda. Ese acto fue aceptada como prenda de fe pública. El Gobierno ha obtenido grandes beneficios de ella en los avances hasta ahora logrados en la devolución de la deuda pública a tasas de interés bajas. Una adhesión a la política sabia y justa de una exacta observancia de la fe pública permitirá que el Gobierno rápidamente para reducir la carga de intereses de la deuda nacional a un monto superior a $ 20 millones por año, y efectuar un ahorro agregado a Estados Unidos de más de $ 300 millones antes de que los bonos pueden ser pagados en su totalidad.
En la adaptación de la nueva moneda de plata para los usos ordinarios de la moneda en las transacciones cotidianas de la vida y de la prescripción de la calidad de la moneda de curso legal que se le ha asignado, un examen de la primera importancia debería ser así para ajustar la relación entre la plata y el oro acuñación, que ahora constituye nuestra moneda especie, como para lograr el fin deseado de mantener la circulación de las dos monedas metálicas y mantener el volumen de los dos metales preciosos como nuestro dinero intrínseca. Es una cuestión mixta, para el razonamiento científico y la experiencia histórica para determinar, en qué medida y con qué métodos un equilibrio práctico se puede mantener que mantendrá ambos metales en circulación en sus esferas apropiadas de uso común.
Una igualdad absoluta de valor comercial, libre de fluctuaciones perturbadoras, es difícilmente alcanzable, y sin que una moneda de curso legal ilimitada para las transacciones privadas asignadas a ambos metales sería irresistiblemente tienden a conducir fuera de circulación las monedas más clara y defraudar el objeto principal de la legislación a la vista. Yo concibo, por lo tanto, que las dos condiciones de un enfoque cercano a la igualdad de valor comercial entre el oro y la plata monedas de la misma denominación y de una limitación de las cantidades para las que las monedas de plata es ser una moneda de curso legal son esenciales para mantener tanto en la circulación. Si estas condiciones se pueden observar con éxito, el tema de la casa de moneda de dólares de plata proporcionaría asistencia material a la comunidad en la transición a redimible papel moneda, y facilitaría la reanudación de los pagos en metálico y su establecimiento permanente. Sin estas condiciones me temo que sólo travesuras y la desgracia fluirían de una acuñación de monedas de plata con la calidad de moneda de curso legal ilimitada, incluso en las transacciones privadas.
Cualquier expectativa de facilidad temporal de una emisión de monedas de plata para pasar como moneda de curso legal a una tasa sustancialmente por encima de su valor comercial es, estoy convencido, un engaño. Tampoco puedo pensar que no hay ninguna distinción sustancial entre una emisión original de dólares de plata por un valor nominal materialmente por encima de su valor comercial y de la restauración del dólar de plata a una velocidad que una vez fue, pero ha dejado de ser, su valor comercial. Ciertamente, el tema de nuestra moneda de oro, la reducción de peso significativamente por debajo de su valor de curso legal, no sería ninguna menos una degradación actual de la moneda debido a su igualar, o incluso superar, en peso de una moneda de oro que en algún pasado tiempo había sido comercialmente igual al valor de curso legal asignado a la nueva emisión.
Al recomendar que la reglamentación de toda la moneda de plata que puede ser autorizado por el Congreso debe observar estas condiciones de valor comercial y de curso legal limitada, estoy gobernado por el sentimiento de que cualquier posible aumento se debe dar al volumen de moneda metálica que se puede mantener en circulación, y por lo tanto cualquier posible ayuda otorgada a las personas en el proceso de reanudar los pagos de las especias. Es debido a mi firme convicción de que una no observancia de estas condiciones podría frustrar los buenos resultados que se desean desde la moneda propuesta, y avergonzar a los nuevos elementos de confusión y la incertidumbre del negocio del país, que insto a su atención estas consideraciones.
Respetuosamente recomiendo al Congreso que en cualquier legislación que prevea una moneda de plata y impartiéndole la calidad de moneda de curso legal no sea grabada en la medida una disposición firme eximir la deuda pública emitida hasta ahora y ahora pendientes de pago, ya sea de principal o intereses, en cualquier moneda de menor valor comercial que la actual moneda de oro del país.
La organización de la administración pública del país tiene un número de años atrajo a más y más de la atención pública. Así que en general se ha convertido en la opinión de que los métodos de ingreso a la misma y las condiciones de permanecer en ella son poco sólido que tanto los grandes partidos políticos están de acuerdo en las declaraciones más explícitas de la necesidad de la reforma y en las demandas más enfáticas para ello. He creído plenamente estas declaraciones y demandas sean la expresión de una convicción sincera de las masas inteligentes del pueblo sobre el tema, y que deben ser reconocidas y seguidas por la acción seria y pronta por parte de los departamentos legislativo y ejecutivo del el Gobierno, en cumplimiento de la finalidad indicada.
Antes de mi adhesión a la oficina me esforzado por tener mis propios puntos de vista claramente entendidos, y sobre mi toma de posesión de mi acuerdo con la opinión pública estaba expresada en términos que se consideran sencilla e inequívoca. Mi experiencia en las funciones ejecutivas ha confirmado con claridad la creencia en la gran ventaja del país se encontraría en observar estrictamente el plan de la Constitución, que impone al Ejecutivo el único deber y la responsabilidad de la selección de los funcionarios federales que por ley son designados , no elegidos, y que de igual manera asigna al Senado el derecho completo para aconsejar y consentir o rechazar las candidaturas así hicieron, mientras que la Cámara de Representantes se erige como el censor público del desempeño de funciones oficiales, con la prerrogativa de investigación y el enjuiciamiento en los casos de negligencia en el cumplimiento. Las manchas e imperfecciones en la función pública pueden, como creo, se remontan en la mayoría de los casos a una confusión práctico de las funciones asignadas a los diversos Departamentos del Gobierno. Mi propósito en este sentido ha sido la de volver al sistema establecido por la ley fundamental, y para ello con la colaboración cordial y entendimiento más cordial con el Senado y la Cámara de Representantes.
Las dificultades prácticas en la selección de los numerosos agentes de los puestos de muy diversas responsabilidades y deberes son reconocidos a ser muy grande. Ningún sistema puede esperarse para asegurar la libertad absoluta de los errores, y el comienzo de cualquier intento de cambio de la costumbre es muy probable que sea más avergonzado en este sentido que ningún período posterior. Es aquí que la Constitución me parece probar su alegación a la gran sabiduría que se le concede. Le da al Ejecutivo la ayuda de los conocimientos y la experiencia del Senado, que, al actuar sobre las nominaciones como a las que puedan estar desinteresados y jueces imparciales, asegura tan fuerte una garantía de la libertad de los errores de importancia como es tal vez posible en humanos asuntos.
Además de esto, reconozco la ventaja pública de hacer todas las nominaciones, la medida de lo posible, impersonal, en el sentido de estar libre de mero capricho o favor en la selección; y en aquellas oficinas en las que una formación especial es de mucho mayor valor que creo una norma como a la permanencia en el cargo debe obtener como puede inducir a los hombres de las cualificaciones adecuadas para dedicarse diligentemente a la tarea de llegar a ser aprovechados. Teniendo esto en mente, me he esforzado por reducir el número de cambios en los lugares subordinados generalmente hechas sobre el cambio de la administración general, y cooperarán de todo corazón con el Congreso en la mejor sistematización de tales métodos y normas de ingreso en la función pública y de promoción dentro de ella como, puede prometer ser más exitosa en hacer competencia a fondo, la eficiencia, y el carácter de las pruebas decisivas en estos asuntos.
Pido a la renovada atención del Congreso a lo que ya se ha hecho por la Comisión de Administración Pública, designado, en virtud de una ley del Congreso, por mi predecesor, para preparar y revisar las normas del servicio civil. En lo que respecta a la mayor parte del servicio departamental, especialmente en Washington, puede ser difícil de organizar un sistema mejor que el que haya sido así siempre, y ahora está siendo utilizado en gran medida bajo mi dirección. La Comisión tiene aún una existencia legal, aunque desde hace varios años no apropiación se ha hecho para sufragar sus gastos. Convencidos de que esta Comisión ha prestado un valioso servicio y será un organismo más útiles para mejorar la administración de la función pública, respetuosamente recomiendo que una apropiación adecuada, que estará disponible de inmediato, se hizo a fin de que pueda continuar con sus labores.
Es mi propósito transmitirá al Congreso lo antes posible un informe elaborado por el presidente de la Comisión, y para pedir su atención a este tipo de medidas en este tema como en mi opinión va a seguir promoviendo la mejora de la función pública.
Durante el pasado año, los Estados Unidos han seguido manteniendo relaciones pacíficas con las potencias extranjeras.
El estallido de la guerra entre Rusia y Turquía, aunque a la vez que asistieron tumba aprensión en cuanto a su efecto sobre otras naciones europeas, no ha tenido tendencia a perturbar las relaciones amistosas existentes entre los Estados Unidos y cada uno de los dos poderes en pugna. Una actitud de justicia e imparcialidad en la neutralidad se ha conservado, y estoy satisfecho de decir que en medio de las hostilidades, tanto el ruso y los gobiernos turcos han mostrado una disposición sincera a que se adhieran a las obligaciones de los tratados con los Estados Unidos y a tener debidamente en cuenta los derechos de los ciudadanos estadounidenses.
Por los términos del tratado que define los derechos, inmunidades y privilegios de los cónsules, entre Italia y Estados Unidos, ratificado en 1868, uno de los Gobiernos puede, después de un lapso de diez años terminar la existencia del tratado de dar doce meses aviso de su intención. El Gobierno de Italia, que haga uso de esta facultad, se ha dado el aviso requerido, y el tratado en consecuencia terminará el 17 de septiembre de 1878 Se entiende, sin embargo, que el Gobierno italiano desea que se renueve en su alcance general , deseando sólo ciertas modificaciones en algunos de sus artículos. En esta disposición estoy de acuerdo, y esperaré que no hay obstáculos serios pueden intervenir para prevenir o retrasar la negociación de un tratado satisfactorio.
Numerosas preguntas en cuanto a pasaportes, naturalización, y la exención del servicio militar han seguido surgir en casos de emigrantes de Alemania que han regresado a su país de origen. Las disposiciones del tratado de 22 de febrero de 1868, sin embargo, han demostrado ser tan amplio y tan juicioso que la legación de Estados Unidos en Berlín ha sido capaz de ajustar todas las reclamaciones que surjan en virtud del mismo, no sólo sin perjuicio de las relaciones amistosas existente entre los dos gobiernos, pero, según se cree, sin causar daño ni la injusticia a cualquier ciudadano estadounidense naturalizado debidamente. Es deseable que el tratado originalmente hecha con la Unión del Norte de Alemania en 1868 ahora debería ampliarse de manera que se aplique por igual a todos los Estados del Imperio de Alemania.
La invitación del Gobierno de Francia para participar en la Exposición de los Productos de la Agricultura, la Industria y las Bellas Artes que se celebrará en París el próximo año se presentó para su consideración en la sesión extra. No se duda que su aceptación por parte de los Estados Unidos, y una exposición bien seleccionados de los productos de la industria americana en esa ocasión, tenderá a estimular el comercio y la emigración internacional, así como para promover la amistad tradicional entre los dos países.
Una pregunta surge algún tiempo ya que como el significado propio de los artículos del tratado de extradición de 1842 entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Ambos gobiernos, sin embargo, ahora están de acuerdo en la creencia de que la cuestión no es uno que se debe permitir a frustrar los fines de la justicia o perturbar la amistad entre las dos naciones. No seria dificultad ha surgido en el cumplimiento de la extradición de los criminales cuando sea necesario. Es probable que todos los puntos de desacuerdo a su debido tiempo se resolverán, y, en su caso, las declaraciones más explícitas se harán en un nuevo tratado.
La Comisión de Pesca en los artículos XVIII a XXV del tratado de Washington ha concluido su período de sesiones en Halifax. El resultado de las deliberaciones de la comisión, como se dan a conocer por los comisionados, será comunicada al Congreso.
Un tratado para la protección de marcas de fábrica se ha negociado con Gran Bretaña, que ha sido presentado al Senado para su consideración.
La revolución que se ha producido recientemente en México fue seguido por la adhesión de la parte vencedora al poder y la instalación de su jefe, el general Porfirio Díaz, en la oficina presidencial. Ha sido la costumbre de los Estados Unidos, cuando hasta ahora se han producido tales cambios de gobierno en México, para reconocer y entrar en relaciones oficiales con el gobierno de facto tan pronto como debe aparecer tener la aprobación del pueblo mexicano y debe manifestarse una disposición a que se adhieran a las obligaciones de los tratados y la amistad internacional. En el presente caso, el reconocimiento oficial se ha aplazado por los sucesos en la frontera de Río Grande, los registros de los cuales ya han sido comunicados a cada Cámara del Congreso en respuesta a sus respectivas resoluciones de investigación. Garantías de que se hayan recibido de que las autoridades de la sede del Gobierno mexicano tienen tanto la disposición y la capacidad de prevenir y castigar tales invasiones ilegales y depredaciones. Es sinceramente, es de esperar que los eventos pueden resultar estas garantías a estar bien redondeados. El interés de ambos países exigen el mantenimiento de la paz en la frontera y el desarrollo del comercio entre las dos Repúblicas.
Es gratificante que añadir que esta interrupción temporal de las relaciones oficiales no ha impedido la debida atención de los representantes de los Estados Unidos en México para la protección de los ciudadanos estadounidenses, siempre que sea posible; ni ha interferido con el pronto pago de las cantidades adeudadas por México a los Estados Unidos en virtud del tratado de 4 de julio de 1868, y los premios de la comisión conjunta. Si bien no preveo una interrupción de las relaciones de amistad con México, sin embargo, no puedo dejar de mirar con un poco de solicitud en una continuidad de los trastornos fronterizos como la exposición de los dos países en los que se iniciaron el sentimiento popular y desgracias de acción que son naturalmente desfavorable para completar la amistad. Firmemente decidido que nada se te quieras de mi parte para promover un buen entendimiento entre las dos naciones, todavía debo pedir la atención del Congreso de los acontecimientos reales en la frontera, que la vida y propiedad de nuestros ciudadanos pueden estar protegidas adecuadamente y la paz conservado.
Otro año ha pasado sin llevar a su fin el concurso prolongada entre el Gobierno español y la insurrección en la isla de Cuba. Mientras que los Estados Unidos se han abstenido de intervenir diligentemente en este concurso, es imposible no sentir que se asiste con incidentes que afecten a los derechos e intereses de los ciudadanos estadounidenses. Aparte de los efectos de las hostilidades sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba, su progreso está inevitablemente acompañada de quejas, con más o menos fundamento, de búsquedas, detenciones, embargos e impuestos opresivos sobre la propiedad de los residentes estadounidenses, y de no provocado interferencia con las embarcaciones estadounidenses y el comercio. Es debido a que el Gobierno de España para decir que durante el pasado año ha repudiado de inmediato y ofreció la reparación de los actos no autorizados de subordinados indebidamente celosos siempre que tales actos han sido puestos en su conocimiento. Sin embargo, estos hechos no pueden sino que tienden a excitar sentimientos de molestia, la sospecha y el resentimiento, que son en gran medida a ser obsoleto, entre los respectivos sujetos y ciudadanos de dos potencias amigas.
Mucho retraso (como consecuencia de las acusaciones de fraude en algunos de los premios) se ha producido con respecto a la distribución de las cantidades limitadas recibidas de Venezuela en virtud del tratado de 25 de abril de 1866, aplicable a los premios de la comisión mixta creada por dicho tratado. Mientras estas cuestiones están pendientes en el Congreso el Ejecutivo no puede asumir cualquiera que pase a las preguntas presentadas o para distribuir los fondos recibidos. Es sumamente deseable que se debe tomar acción legislativa definitiva, ya sea afirmando los premios a ser definitiva o la prestación de algún método para un nuevo examen de las reivindicaciones. Nuestras relaciones con las Repúblicas de América Central y del Sur y con el Imperio del Brasil han continuado sin cambio serio, más allá de la interrupción temporal de las relaciones diplomáticas con Venezuela y con Guatemala. Las relaciones amistosas ya han sido totalmente restaurada con Venezuela, y no se dudaba de que todos los motivos de incomprensión con Guatemala rápidamente serán eliminados. De todos estos países hay indicios favorables de una disposición por parte de sus gobiernos y los pueblos de corresponder a nuestros esfuerzos en la dirección de un mayor intercambio comercial.
El Gobierno de las Islas de Samoa ha enviado un enviado, en la persona de su secretario de Estado, para invitar al Gobierno de los Estados Unidos para reconocer y proteger su independencia, para establecer relaciones comerciales con su gente, y para ayudarles en sus pasos hacia el gobierno regulada y responsable. Los habitantes de estas islas, que tienen considerables progresos realizados en la civilización cristiana y el desarrollo del comercio, dudan de su capacidad para mantener la paz y la independencia sin la ayuda de un poder más fuerte. El tema se considera digno de una atención respetuosa, y los derechos sobre nuestra asistencia por esta comunidad distante será considerada cuidadosamente.
La depresión comercial de largo en los Estados Unidos ha dirigido la atención sobre el tema del posible aumento de nuestro comercio exterior y los métodos para su desarrollo, no sólo con Europa, sino con otros países, y en especial con los Estados y soberanías del Hemisferio Occidental . Instrucciones del Departamento de Estado fueron emitidas a los diversos funcionarios diplomáticos y consulares del Gobierno, pidiéndoles que prestara atención a la cuestión de los métodos por los que el comercio entre los respectivos países de su residencia oficial y los Estados Unidos podría ser fomentado más juiciosamente. En obediencia a estas instrucciones, exámenes e informes sobre este tema se han hecho por muchos de estos oficiales y transmitida al Departamento, y el mismo se presentó a la consideración del Congreso.
El informe anual del Secretario de Hacienda sobre el estado de las finanzas presenta preguntas importantes para la acción del Congreso, sobre algunos de los cuales ya he señalado.
Los ingresos del Gobierno durante el año fiscal que termina en junio 30 de 1877, fueron de $ 269,000,586.62; los gastos totales para el mismo periodo fue de $ 238,660,008.93, dejando un excedente de ingresos de US $ 30,340,577.69. Este ha suministrado sustancialmente los requisitos del fondo de amortización para ese año. Los ingresos estimados del año fiscal en curso son $ 265.5 millones, y los gastos estimados para el mismo período es de $ 232,430,643.72. Si estas estimaciones sean correctas, habrá un excedente de ingresos de US $ 33,069,356.28 - una cantidad casi suficiente para que el fondo de amortización para ese año. Los ingresos estimados para el próximo año fiscal son $ 269,25 millones. Se desprende del informe que durante el último año fiscal los ingresos del Gobierno, en comparación con el año anterior, han disminuido en gran medida. Esta disminución, que asciende a la suma de $ 18,481,452.54, fue principalmente en los derechos de aduana, causada en parte por una gran caída de la cantidad de mercancías sujetas a derechos de importación y, en parte por la caída general de los precios en los mercados de producción de artículos tales como el pago ad valorem impuestos.
Si bien esto es sentido perjudicial en la disminución de los ingresos, se ha acompañado de un aumento muy grande de las exportaciones. Las exportaciones totales durante el último año fiscal, incluyendo monedas, han sido $ 658 637 457, y las importaciones han sido 492.097.540 dólares, quedando un saldo de comercio en favor de los Estados Unidos que asciende a la suma de 166.539.917 dólares, los efectos beneficiosos de los cuales se extienden a todas las ramas de los negocios.
La estimación de ingresos para el próximo año fiscal impondrá al Congreso el deber de los créditos estrictamente limitantes, incluyendo la suma necesaria para el mantenimiento del fondo de amortización, dentro de los recibos estimados agregados.
Si bien el conjunto de impuestos no debe aumentarse, las enmiendas pueden ser hechas a las leyes de ingresos que, sin disminuir los ingresos, aliviar a la gente de cargas innecesarias. Un impuesto sobre el té y el café se muestra por la experiencia no sólo de nuestro propio país, sino también de otros países, que deben recogerse fácilmente, sin pérdida de infravaloración o fraude, y en gran medida tener en el país de producción. Un impuesto de 10 centavos por libra sobre el té y 2 centavos de dólar por libra en el café produciría un ingreso superior a $ 12 millones, y así permitir que el Congreso para derogar una multitud de impuestos molestos que producen un ingreso no superior a esa suma. El sistema de rentas internas surgió de las necesidades de la guerra, y la mayor parte de la legislación que impone impuestos a los productos nacionales en virtud de este sistema ha sido derogada. Por la sustitución de un impuesto sobre el té y el café todas las formas de tributación interna puede ser derogado, a excepción de que el whisky, licores, tabaco y cerveza. La atención también se llama a la necesidad de promulgar leyes más enérgicas para la protección de los ingresos y el castigo de los fraudes y el contrabando. Esto puede hacerse mejor por disposiciones sensatas que inducirán la divulgación de los intentos de fraude por subvaluación y el contrabando. Todas las leyes de ingresos deben ser simples en sus disposiciones y de fácil comprensión. En cuanto sea posible, las tasas de imposición deben ser en forma de derechos específicos, y no ad valorem, lo que requiere el juicio de los hombres con experiencia para determinar los valores y la exposición de los ingresos a la tentación del fraude.
Mi atención se ha llamado durante el receso del Congreso de los abusos existentes en la colección de las costumbres, y se han hecho grandes esfuerzos para su corrección por órdenes ejecutivas. Las recomendaciones presentadas a la Secretaría de Hacienda por una comisión nombrada para examinar en la recaudación de derechos de aduana en el puerto de Nueva York contienen muchas sugerencias para la modificación de las leyes de aduana, a la que se invita a la atención del Congreso.
Es cuestión de felicitación que a pesar de las cargas severas causadas por la guerra de la fe pública con todos los acreedores se ha conservado, y que como resultado de esta política, el crédito público ha avanzado continuamente y nuestros valores públicos se consideran con el más alto favor en el mercados del mundo. Confío en que ningún acto del Gobierno proyecta una sombra sobre su crédito.
El progreso de la devolución de la deuda pública ha sido rápida y satisfactoria. En virtud del contrato existente cuando entré en el desempeño de los deberes de mi cargo, bonos devengan intereses a una tasa de 4 1/2 por ciento fueron vendidas rápidamente, y dentro de tres meses, las ventas totales de estos bonos habían alcanzado la suma de $ 200 millones. Con mi sanción el Secretario de Hacienda firmó un nuevo contrato para la venta de 4 por bonos ciento, y dentro de los treinta días después de la suscripción popular para este tipo de bonos fue suscripciones abiertas se habían asciende a 75496,55 mil dólares, los cuales fueron pagados por un plazo de noventa días después de la fecha de suscripción. Por este proceso, dentro de poco más de un año, el interés anual de la deuda pública se redujo en la suma de $ 3.775.000.
Recomendé que tomarán las medidas necesarias para permitir a las personas para convertir fácilmente sus ahorros en títulos públicos, como el mejor modo en el que los pequeños ahorros pueden estar bien asegurado y producir un moderado interés. Es un objetivo de la política pública para retener entre nuestro propio pueblo los valores de los Estados Unidos. De esta manera nuestro país esté vigilado en contra de su regreso repentino de países extranjeros, causada por la guerra u otras alteraciones más allá de nuestros límites.
El comercio de los Estados Unidos con las naciones extranjeras, y especialmente la exportación de producciones nacionales, tiene de años de retraso el aumento en gran medida; pero la mayor parte de este comercio se realiza en buques extranjeros. La importancia de la ampliación de nuestro comercio exterior, y en especial por el intercambio directo y rápido con los países de este continente, no puede ser sobrestimada; y es una cuestión de gran importancia que nuestro propio interés el envío debe recibir, en la medida en práctica todo lo posible, en beneficio de nuestro comercio con otros países. Estas consideraciones se insta a la fuerza por todas las grandes ciudades comerciales del país, y la atención del público es atraído en general y sabiamente a la solución de los problemas que presentan. No se pone en duda que el Congreso las incluirá en el más amplio espíritu de liberalidad y responder a la demanda del público por la legislación práctica sobre este importante tema.
El informe de la Secretaría de Guerra muestra que el Ejército ha sido empleado de forma activa durante el año, y ha prestado un servicio muy importante en la supresión de las hostilidades en el país de la India y en la preservación de la paz y la protección de vidas y propiedades en el interior, así como a lo largo de la mexicana frontera. Una larga y ardua campaña ha sido procesado, con total éxito final, contra una parte de la tribu Nez Perce de indios. Un informe completo de esta campaña se puede encontrar en el informe del General del Ejército. Se verá que en su curso se libraron varias batallas severas, en el que un número de oficiales y hombres valientes perdieron sus vidas. Me uno a la Secretaría de Guerra y el general del Ejército en la adjudicación de los oficiales y hombres empleados en la larga y penosa persecución y en la captura final de estos indios el honor y alabanza que son tan justamente les corresponde.
Las muy graves disturbios que se produjeron en varios de los Estados en julio prestados última necesario el empleo de una parte considerable del Ejército de preservar la paz y mantener el orden. En los estados de West Virginia, Maryland, Pennsylvania, Illinois y estos disturbios fueron tan formidable como para desafiar a las autoridades locales y estatales, y el Ejecutivo Nacional fue llamado a, en el modo previsto en la Constitución y las leyes, a proporcionar ayuda militar. Me complace poder decir que las tropas enviadas en respuesta a estas convocatorias de ayudas en la represión de la violencia doméstica fueron capaces, por la influencia de su presencia en las regiones perturbadas, para preservar la paz y restablecer el orden sin el uso de la fuerza. En el cumplimiento de este deber delicado e importante tanto a los oficiales y los hombres actuaron con gran prudencia y valor, y por sus servicios merecen el agradecimiento del país.
Las alteraciones a lo largo del Río Grande en Texas, al que ya me he referido, han hecho necesario el empleo constante de una fuerza militar en esa vecindad. Un informe completo de todas las operaciones militares recientes en ese trimestre se ha transmitido a la Cámara de Representantes en respuesta a una resolución de ese cuerpo, por lo que no será necesario entrar en detalles. Lamento decir que estas incursiones fuera de la ley en nuestro territorio por bandas armadas desde el lado mexicano de la línea, con el propósito de robo, han sido de ocurrencia frecuente, ya pesar de los esfuerzos más vigilantes del comandante de nuestras fuerzas de los merodeadores han conseguido por lo general escapa a México con su botín. En mayo pasado me di órdenes para el ejercicio de la mayor vigilancia por parte de nuestras tropas para la supresión de estas redadas y el castigo de los culpables, así como la recuperación de los bienes robados por ellos. General Ord, comandando en Texas, fue dirigida a invitar a la cooperación de las autoridades mexicanas en los esfuerzos para este fin, y para asegurarles que estaba ansioso por evitar dar la menor ofensa para México. Al mismo tiempo, se dirigió a dar aviso de mi determinación de poner fin a la invasión de nuestro territorio por bandas sin ley de intención sobre el saqueo de nuestros ciudadanos pacíficos, aunque el castigo eficaz de los fuera de la ley debe hacer el cruce de la frontera por nuestras tropas en su persecución necesario. Se cree que esta política ha tenido el efecto de revisar un poco estas depredaciones, y que con un aumento considerable de nuestra fuerza en esa frontera y la creación de varios puestos militares adicionales a lo largo del Río Grande, así como más eficazmente para proteger ese extensa frontera , la paz puede ser preservada y las vidas y propiedades de nuestros ciudadanos en Texas totalmente protegido.
Antes de la primera jornada de julio último el Ejército fue, de acuerdo con la ley, la reducción al máximo de 25.000 soldados de tropa, siendo una reducción de 2,500 por debajo de la fuerza previamente autorizado. Se hizo esta reducción, como exige la ley, por completo de las de infantería y artillería ramas del servicio, sin ninguna reducción de la caballería. En virtud de la ley en su forma actual, es necesario que los regimientos de caballería ser reclutados a 100 hombres en cada empresa para el servicio en las fronteras mexicanas e indias. El efecto necesario de esta legislación es reducir las armas de infantería y artillería del servicio por debajo de la cantidad necesaria para la eficiencia, y estoy de acuerdo con el Secretario de Guerra en recomendar que se dé autoridad para reclutar a todas las compañías de infantería de al menos 50 hombres y todas las baterías de artillería a por lo menos 75 hombres, con el poder, en caso de emergencia, para aumentar la primera a 100 y el segundo a 122 hombres cada uno.
Invito a su especial atención a las siguientes recomendaciones de la Secretaría de Guerra:
Primero. Esta disposición se hará para suministrar al Ejército un suministro más abundante y mejor de la materia de lectura.
Segundo. Esa acción temprana será tomada por el Congreso en busca de una revisión completa y nueva publicación del Reglamento del Ejército.
Tercera. Que la sección 1258 de los Estatutos Revisados, lo que limita el número de funcionarios en la lista de jubilados, ser derogada.
Cuarta. Que los reclamos que surjan en el marco del acto de 4 de julio de 1864, para los suministros tomadas por el Ejército durante la guerra, se tomarán de las oficinas de la Intendencia y los generales del Economato y transferidos a la Comisión de Reclamaciones del Sur, o algún otro tribunal que tenga más tiempo y mejores instalaciones para su pronta investigación y decisión que están poseídos por estos oficiales.
Quinto. Que el Congreso prevé un fondo de renta vitalicia para las familias de los soldados fallecidos, según lo recomendado por el tesorero General del Ejército.
El informe del Secretario de la Marina demuestra que tenemos seis escuadrones ahora se dedican a la protección de nuestro comercio exterior y otras tareas relacionadas con el servicio naval. También se muestra el estado y funcionamiento del Departamento. Los gastos totales para el año fiscal que termina en junio 30 de 1877, fueron de $ 16,077,974.54. Hay reclamaciones pendientes de pago contra el Departamento con cargo al año pasado, que se presentan a la consideración del Congreso por el informe del Secretario. Las estimaciones para el año fiscal que comienza 1 de julio 1878, es de $ 16,233,234.40, exclusivo de la suma de 2.314.231 EE.UU. dólares presentado por los nuevos edificios, reparaciones y mejoras en los varios Navy-yardas. Los créditos para el presente año fiscal, comenzando 01 de julio 1877, es de $ 13,592,932.90. El importe dispuesto de la Tesorería de julio 1 hasta noviembre 1 1877, es de $ 5,343,037.40, de los cuales se estima que hay aún disponibles $ 1,029,528.30, que muestra la cantidad de los gastos reales durante los primeros cuatro meses del presente año fiscal que ha sido de $ 4,313,509.10.
El informe del Director General de Correos contiene una declaración completa y clara de las operaciones y la situación del Departamento Post-Office. Los ingresos ordinarios del Departamento para el año fiscal que termina en junio 30 de 1877, incluidos los ingresos del negocio del manantial de orden y de sellos oficiales y sobres con sellos, ascendieron a la suma de $ 27,531,585.26. La suma adicional de $ 7,013,000 se realizó a partir de los créditos de la Tesorería General para diversos fines, por lo que los ingresos de todas las fuentes de $ 34,544,885.26. Los gastos totales durante el ejercicio ascendieron a $ 33,486,322.44, dejando un exceso de los ingresos totales en el gasto total de $ 1,058,562.82, y un exceso de gastos totales sobre los ingresos ordinarios de $ 5,954,737.18. Deduciendo de los ingresos totales de la suma de $ 63,261.84, recibió de giros postales internacionales del año fiscal precedente, y deduciendo de los gastos totales de la suma de $ 1,163,818.20, pagados por los pasivos incurridos en ejercicios anteriores, los gastos e ingresos pertenecientes a la empresa de el último ejercicio ha sido el siguiente:
Gastos - $ 32,322,504.24
Receipts (ordinaria, de negocio del manantial de orden y de franqueo oficial
Rutherford. B. Hayes
Original
With devout gratitude to the bountiful Giver of All Good, I congratulate you that at the beginning of your first regular session you find our country blessed with health and peace and abundant harvests, and with encouraging prospects of an early return of general prosperity.
To complete and make permanent the pacification of the country continues to be, and until it is fully accomplished must remain, the most important of all our national interests. The earnest purpose of good citizens generally to unite their efforts in this endeavor is evident. It found decided expression in the resolutions announced in 1876 by the national conventions of the leading political parties of the country. There was a widespread apprehension that the momentous results in our progress as a nation marked by the recent amendments to the Constitution were in imminent jeopardy; that the good understanding which prompted their adoption, in the interest of a loyal devotion to the general welfare, might prove a barren truce, and that the two sections of the country, once engaged in civil strife, might be again almost as widely severed and disunited as they were when arrayed in arms against each other.
The course to be pursued, which, in my judgment, seemed wisest in the presence of this emergency, was plainly indicated in my inaugural address. It pointed to the time, which all our people desire to see, when a genuine love of our whole country and of all that concerns its true welfare shall supplant the destructive forces of the mutual animosity of races and of sectional hostility. Opinions have differed widely as to the measures best calculated to secure this great end. This was to be expected. The measures adopted by the Administration have been subjected to severe and varied criticism. Any course whatever which might have been entered upon would certainly have encountered distrust and opposition. These measures were, in my judgment, such as were most in harmony with the Constitution and with the genius of our people, and best adapted, under all the circumstances, to attain the end in view. Beneficent results, already apparent, prove that these endeavors are not to be regarded as a mere experiment, and should sustain and encourage us in our efforts. Already, in the brief period which has elapsed, the immediate effectiveness, no less than the justice, of the course pursued is demonstrated, and I have an abiding faith that time will furnish its ample vindication in the minds of the great majority of my fellow-citizens. The discontinuance of the use of the Army for the purpose of upholding local governments in two States of the Union was no less a constitutional duty and requirement, under the circumstances existing at the time, than it was a much-needed measure for the restoration of local self-government and the promotion of national harmony. The withdrawal of the troops from such employment was effected deliberately, and with solicitous care for the peace and good order of society and the protection of the property and persons and every right of all classes of citizens.
The results that have followed are indeed significant and encouraging. All apprehension of danger from remitting those States to local self-government is dispelled, and a most salutary change in the minds of the people has begun and is in progress in every part of that section of the country once the theater of unhappy civil strife, substituting for suspicion, distrust, and aversion, concord, friendship, and patriotic attachment to the Union. No unprejudiced mind will deny that the terrible and often fatal collisions which for several years have been of frequent occurrence and have agitated and alarmed the public mind have almost entirely ceased, and that a spirit of mutual forbearance and hearty national interest has succeeded. There has been a general reestablishment of order and of the orderly administration of justice. Instances of remaining lawlessness have become of rare occurrence; political turmoil and turbulence have disappeared; useful industries have been resumed; public credit in the Southern States has been greatly strengthened, and the encouraging benefits of a revival of commerce between the sections of the country lately embroiled in civil war are fully enjoyed. Such are some of the results already attained, upon which the country is to be congratulated. They are of such importance that we may with confidence patiently await the desired consummation that will surely come with the natural progress of events.
It may not be improper here to say that it should be our fixed and unalterable determination to protect by all available and proper means under the Constitution and the laws the lately emancipated race in the enjoyment of their rights and privileges; and I urge upon those to whom heretofore the colored people have sustained the relation of bondmen the wisdom and justice of humane and liberal local legislation with respect to their education and general welfare. A firm adherence to the laws, both national and State, as to the civil and political rights of the colored people, now advanced to full and equal citizenship; the immediate repression and sure punishment by the national and local authorities, within their respective jurisdictions, of every instance of lawlessness and violence toward them, is required for the security alike of both races, and is justly demanded by the public opinion of the country and the age. In this way the restoration of harmony and good will and the complete protection of every citizen in the full enjoyment of every constitutional right will surely be attained. Whatever authority rests with me to this end I shall not hesitate to put forth.
Whatever belongs to the power of Congress and the jurisdiction of the courts of the Union, they may confidently be relied upon to provide and perform; and to the legislatures, the courts, and the executive authorities of the several States I earnestly appeal to secure, by adequate, appropriate, and seasonable means, Within their borders, these common and uniform rights of a united people which loves liberty, abhors oppression, and reveres justice. These objects are very dear to my heart. I shall continue most earnestly to strive for their attainment. The cordial cooperation of all classes, of all sections of the country and of both races, is required for this purpose; and with these blessings assured, and not otherwise, we may safely hope to hand down our free institutions of government unimpaired to the generations that will succeed us.
Among the other subjects of great and general importance to the people of this country, I can not be mistaken, I think, in regarding as preeminent the policy and measures which are designed to secure the restoration of the currency to that normal and healthful condition in which, by the resumption of specie payments, our internal trade and foreign commerce may be brought into harmony with the system of exchanges which is based upon the precious metals as the intrinsic money of the world. In the public judgment that this end should be sought and compassed as speedily and securely as the resources of the people and the wisdom of their Government can accomplish, there is a much greater degree of unanimity than is found to concur in the specific measures which will bring the country to this desired end or the rapidity of the steps by which it can be safely reached.
Upon a most anxious and deliberate examination, which I have felt it my duty to give to the subject, I am but the more confirmed in the opinion which I expressed in accepting the nomination for the Presidency, and again upon my inauguration, that the policy of resumption should be pursued by every suitable means, and that no legislation would be wise that should disparage the importance or retard the attainment of that result. I have no disposition, and certainly no right, to question the sincerity or the intelligence of opposing opinions, and would neither conceal nor undervalue the considerable difficulties, and even occasional distresses, which may attend the progress of the nation toward this primary condition to its general and permanent prosperity. I must, however, adhere to my most earnest conviction that any wavering in purpose or unsteadiness in methods, so far from avoiding or reducing the inconvenience inseparable from the transition from an irredeemable to a redeemable paper currency, would only tend to increased and prolonged disturbance in values, and unless retrieved must end in serious disorder, dishonor, and disaster in the financial affairs of the Government and of the people.
The mischiefs which I apprehend and urgently deprecate are confined to no class of the people, indeed, but seem to me most certainly to threaten the industrious masses, whether their occupations are of skilled or common labor. To them, it seems to me, it is of prime importance that their labor should be compensated in money which is itself fixed in exchangeable value by being irrevocably measured by the labor necessary to its production. This permanent quality of the money of the people is sought for, and can only be gained by the resumption of specie payments. The rich, the speculative, the operating, the money-dealing classes may not always feel the mischiefs of, or may find casual profits in, a variable currency, but the misfortunes of such a currency to those who are paid salaries or wages are inevitable and remediless.
Closely connected with this general subject of the resumption of specie payments is one of subordinate, but still of grave, importance; I mean the readjustment of our coinage system by the renewal of the silver dollar as an element in our specie currency, endowed by legislation with the quality of legal tender to a greater or less extent.
As there is no doubt of the power of Congress under the Constitution "to coin money and regulate the value thereof," and as this power covers the whole range of authority applicable to the metal, the rated value and the legal-tender quality which shall be adopted for the coinage, the considerations which should induce or discourage a particular measure connected with the coinage, belong clearly to the province of legislative discretion and of public expediency. Without intruding upon this province of legislation in the least, I have yet thought the subject of such critical importance, in the actual condition of our affairs, as to present an occasion for the exercise of the duty imposed by the Constitution on the President of recommending to the consideration of Congress "such measures as he shall judge necessary and expedient."
Holding the opinion, as I do, that neither the interests of the Government nor of the people of the United States would be promoted by disparaging silver as one of the two precious metals which furnish the coinage of the world, and that legislation which looks to maintaining the volume of intrinsic money to as full a measure of both metals as their relative commercial values will permit would be neither unjust nor inexpedient, I must ask your indulgence to a brief and definite statement of certain essential features in any such legislative measure which I feel it my duty to recommend.
I do not propose to enter the debate, represented on both sides by such able disputants in Congress and before the people and in the press, as to the extent to which the legislation of any one nation can control this question, even within its own borders, against the unwritten laws of trade or the positive laws of other governments. The wisdom of Congress in shaping any particular law that may be presented for my approval may wholly supersede the necessity of my entering into these considerations, and I willingly avoid either vague or intricate inquiries. It is only certain plain and practical traits of such legislation that I desire to recommend to your attention.
In any legislation providing for a silver coinage, regulating its value, and imparting to it the quality of legal tender, it seems to me of great importance that Congress should not lose sight of its action as operating in a twofold capacity and in two distinct directions. If the United States Government were free from a public debt, its legislative dealing with the question of silver coinage would be purely sovereign and governmental, under no restraints but those of constitutional power and the public good as affected by the proposed legislation. But in the actual circumstances of the nation, with a vast public debt distributed very widely among our own citizens and held in great amounts also abroad, the nature of the silver-coinage measure, as affecting this relation of the Government to the holders of the public debt, becomes an element, in any proposed legislation, of the highest concern. The obligation of the public faith transcends all questions of profit or public advantage otherwise. Its unquestionable maintenance is the dictate as well of the highest expediency as of the most necessary duty, and will ever be carefully guarded by Congress and people alike.
The public debt of the United States to the amount of $729,000,000 bears interest at the rate of 6 per cent, and $708,000,000 at the rate of 5 per cent, and the only way in which the country can be relieved from the payment of these high rates of interest is by advantageously refunding the indebtedness. Whether the debt is ultimately paid in gold or in silver coin is of but little moment compared with the possible reduction of interest one-third by refunding it at such reduced rate. If the United States had the unquestioned right to pay its bonds in silver coin, the little benefit from that process would be greatly overbalanced by the injurious effect of such payment if made or proposed against the honest convictions of the public creditors.
All the bonds that have been issued since February 12, 1873, when gold became the only unlimited legal-tender metallic currency of the country, are justly payable in gold coin or in coin of equal value. During the time of these issues the only dollar that could be or was received by the Government in exchange for bonds was the gold dollar. To require the public creditors to take in repayment any dollar of less commercial value would be regarded by them as a repudiation of the full obligation assumed. The bonds issued prior to 1873 were issued at a time when the gold dollar was the only coin in circulation or contemplated by either the Government or the holders of the bonds as the coin in which they were to be paid. It is far better to pay these bonds in that coin than to seem to take advantage of the unforeseen fall in silver bullion to pay in a new issue of silver coin thus made so much less valuable. The power of the United States to coin money and to regulate the value thereof ought never to be exercised for the purpose of enabling the Government to pay its obligations in a coin of less value than that contemplated by the parties when the bonds were issued. Any attempt to pay the national indebtedness in a coinage of less commercial value than the money of the world would involve a violation of the public faith and work irreparable injury to the public credit.
It was the great merit of the act of March, 1869, in strengthening the public credit, that it removed all doubt as to the purpose of the United States to pay their bonded debt in coin. That act was accepted as a pledge of public faith. The Government has derived great benefit from it in the progress thus far made in refunding the public debt at low rates of interest. An adherence to the wise and just policy of an exact observance of the public faith will enable the Government rapidly to reduce the burden of interest on the national debt to an amount exceeding $20,000,000 per annum, and effect an aggregate saving to the United States of more than $300,000,000 before the bonds can be fully paid.
In adapting the new silver coinage to the ordinary uses of currency in the everyday transactions of life and prescribing the quality of legal tender to be assigned to it, a consideration of the first importance should be so to adjust the ratio between the silver and the gold coinage, which now constitutes our specie currency, as to accomplish the desired end of maintaining the circulation of the two metallic currencies and keeping up the volume of the two precious metals as our intrinsic money. It is a mixed question, for scientific reasoning and historical experience to determine, how far and by what methods a practical equilibrium can be maintained which will keep both metals in circulation in their appropriate spheres of common use.
An absolute equality of commercial value, free from disturbing fluctuations, is hardly attainable, and without it an unlimited legal tender for private transactions assigned to both metals would irresistibly tend to drive out of circulation the clearer coinage and disappoint the principal object proposed by the legislation in view. I apprehend, therefore, that the two conditions of a near approach to equality of commercial value between the gold and silver coinage of the same denomination and of a limitation of the amounts for which the silver coinage is to be a legal tender are essential to maintaining both in circulation. If these conditions can be successfully observed, the issue from the mint of silver dollars would afford material assistance to the community in the transition to redeemable paper money, and would facilitate the resumption of specie payment and its permanent establishment. Without these conditions I fear that only mischief and misfortune would flow from a coinage of silver dollars with the quality of unlimited legal tender, even in private transactions.
Any expectation of temporary ease from an issue of silver coinage to pass as a legal tender at a rate materially above its commercial value is, I am persuaded, a delusion. Nor can I think that there is any substantial distinction between an original issue of silver dollars at a nominal value materially above their commercial value and the restoration of the silver dollar at a rate which once was, but has ceased to be, its commercial value. Certainly the issue of our gold coinage, reduced in weight materially below its legal-tender value, would not be any the less a present debasement of the coinage by reason of its equaling, or even exceeding, in weight a gold coinage which at some past time had been commercially equal to the legal-tender value assigned to the new issue.
In recommending that the regulation of any silver coinage which may be authorized by Congress should observe these conditions of commercial value and limited legal tender, I am governed by the feeling that every possible increase should be given to the volume of metallic money which can be kept in circulation, and thereby every possible aid afforded to the people in the process of resuming specie payments. It is because of my firm conviction that a disregard of these conditions would frustrate the good results which are desired from the proposed coinage, and embarrass with new elements of confusion and uncertainty the business of the country, that I urge upon your attention these considerations.
I respectfully recommend to Congress that in any legislation providing for a silver coinage and imparting to it the quality of legal tender there be impressed upon the measure a firm provision exempting the public debt heretofore issued and now outstanding from payment, either of principal or interest, in any coinage of less commercial value than the present gold coinage of the country.
The organization of the civil service of the country has for a number of years attracted more and more of the public attention. So general has become the opinion that the methods of admission to it and the conditions of remaining in it are unsound that both the great political parties have agreed in the most explicit declarations of the necessity of reform and in the most emphatic demands for it. I have fully believed these declarations and demands to be the expression of a sincere conviction of the intelligent masses of the people upon the subject, and that they should be recognized and followed by earnest and prompt action on the part of the legislative and executive departments of the Government, in pursuance of the purpose indicated.
Before my accession to office I endeavored to have my own views distinctly understood, and upon my inauguration my accord with the public opinion was stated in terms believed to be plain and unambiguous. My experience in the executive duties has strongly confirmed the belief in the great advantage the country would find in observing strictly the plan of the Constitution, which imposes upon the Executive the sole duty and responsibility of the selection of those Federal officers who by law are appointed, not elected, and which in like manner assigns to the Senate the complete right to advise and consent to or to reject the nominations so made, whilst the House of Representatives stands as the public censor of the performance of official duties, with the prerogative of investigation and prosecution in all cases of dereliction. The blemishes and imperfections in the civil service may, as I think, be traced in most cases to a practical confusion of the duties assigned to the several Departments of the Government. My purpose in this respect has been to return to the system established by the fundamental law, and to do this with the heartiest cooperation and most cordial understanding with the Senate and House of Representatives.
The practical difficulties in the selection of numerous officers for posts of widely varying responsibilities and duties are acknowledged to be very great. No system can be expected to secure absolute freedom from mistakes, and the beginning of any attempted change of custom is quite likely to be more embarrassed in this respect than any subsequent period. It is here that the Constitution seems to me to prove its claim to the great wisdom accorded to it. It gives to the Executive the assistance of the knowledge and experience of the Senate, which, when acting upon nominations as to which they may be disinterested and impartial judges, secures as strong a guaranty of freedom from errors of importance as is perhaps possible in human affairs.
In addition to this, I recognize the public advantage of making all nominations, as nearly as possible, impersonal, in the sense of being free from mere caprice or favor in the selection; and in those offices in which special training is of greatly increased value I believe such a rule as to the tenure of office should obtain as may induce men of proper qualifications to apply themselves industriously to the task of becoming proficients. Bearing these things in mind, I have endeavored to reduce the number of changes in subordinate places usually made upon the change of the general administration, and shall most heartily cooperate with Congress in the better systematizing of such methods and rules of admission to the public service and of promotion within it as, may promise to be most successful in making thorough competency, efficiency, and character the decisive tests in these matters.
I ask the renewed attention of Congress to what has already been done by the Civil Service Commission, appointed, in pursuance of an act of Congress, by my predecessor, to prepare and revise civil-service rules. In regard to much of the departmental service, especially at Washington, it may be difficult to organize a better system than that which has thus been provided, and it is now being used to a considerable extent under my direction. The Commission has still a legal existence, although for several years no appropriation has been made for defraying its expenses. Believing that this Commission has rendered valuable service and will be a most useful agency in improving the administration of the civil service, I respectfully recommend that a suitable appropriation, to be immediately available, be made to enable it to continue its labors.
It is my purpose to transmit to Congress as early as practicable a report by the chairman of the Commission, and to ask your attention to such measures on this subject as in my opinion will further promote the improvement of the civil service.
During the past year the United States have continued to maintain peaceful relations with foreign powers.
The outbreak of war between Russia and Turkey, though at one time attended by grave apprehension as to its effect upon other European nations, has had no tendency to disturb the amicable relations existing between the United States and each of the two contending powers. An attitude of just and impartial neutrality has been preserved, and I am gratified to state that in the midst of their hostilities both the Russian and the Turkish Governments have shown an earnest disposition to adhere to the obligations of all treaties with the United States and to give due regard to the rights of American citizens.
By the terms of the treaty defining the rights, immunities, and privileges of consuls, between Italy and the United States, ratified in 1868, either Government may, after the lapse of ten years, terminate the existence of the treaty by giving twelve months' notice of its intention. The Government of Italy, availing itself of this faculty, has now given the required notice, and the treaty will accordingly end on the 17th of September, 1878. It is understood, however, that the Italian Government wishes to renew it in its general scope, desiring only certain modifications in some of its articles. In this disposition I concur, and shall hope that no serious obstacles may intervene to prevent or delay the negotiation of a satisfactory treaty.
Numerous questions in regard to passports, naturalization, and exemption from military service have continued to arise in cases of emigrants from Germany who have returned to their native country. The provisions of the treaty of February 22, 1868, however, have proved to be so ample and so judicious that the legation of the United States at Berlin has been able to adjust all claims arising under it, not only without detriment to the amicable relations existing between the two Governments, but, it is believed, without injury or injustice to any duly naturalized American citizen. It is desirable that the treaty originally made with the North German Union in 1868 should now be extended so as to apply equally to all the States of the Empire of Germany.
The invitation of the Government of France to participate in the Exposition of the Products of Agriculture, Industry, and the Fine Arts to be held at Paris during the coming year was submitted for your consideration at the extra session. It is not doubted that its acceptance by the United States, and a well-selected exhibition of the products of American industry on that occasion, will tend to stimulate international commerce and emigration, as well as to promote the traditional friendship between the two countries.
A question arose some time since as to the proper meaning of the extradition articles of the treaty of 1842 between the United States and Great Britain. Both Governments, however, are now in accord in the belief that the question is not one that should be allowed to frustrate the ends of justice or to disturb the friendship between the two nations. No serious difficulty has arisen in accomplishing the extradition of criminals when necessary. It is probable that all points of disagreement will in due time be settled, and, if need be, more explicit declarations be made in a new treaty.
The Fishery Commission under Articles XVIII to XXV of the treaty of Washington has concluded its session at Halifax. The result of the deliberations of the commission, as made public by the commissioners, will be communicated to Congress.
A treaty for the protection of trade-marks has been negotiated with Great Britain, which has been submitted to the Senate for its consideration.
The revolution which recently occurred in Mexico was followed by the accession of the successful party to power and the installation of its chief, General Porfirio Diaz, in the Presidential office. It has been the custom of the United States, when such changes of government have heretofore occurred in Mexico, to recognize and enter into official relations with the de facto government as soon as it should appear to have the approval of the Mexican people and should manifest a disposition to adhere to the obligations of treaties and international friendship. In the present case such official recognition has been deferred by the occurrences on the Rio Grande border, the records of which have been already communicated to each House of Congress in answer to their respective resolutions of inquiry. Assurances have been received that the authorities at the seat of the Mexican Government have both the disposition and the power to prevent and punish such unlawful invasions and depredations. It is earnestly to be hoped that events may prove these assurances to be well rounded. The best interests of both countries require the maintenance of peace upon the border and the development of commerce between the two Republics.
It is gratifying to add that this temporary interruption of official relations has not prevented due attention by the representatives of the United States in Mexico to the protection of American citizens, so far as practicable; nor has it interfered with the prompt payment of the amounts due from Mexico to the United States under the treaty of July 4, 1868, and the awards of the joint commission. While I do not anticipate an interruption of friendly relations with Mexico, yet I can not but look with some solicitude upon a continuance of border disorders as exposing the two countries to initiations of popular feeling and mischances of action which are naturally unfavorable to complete amity. Firmly determined that nothing shall be wanting on my part to promote a good understanding between the two nations, I yet must ask the attention of Congress to the actual occurrences on the border, that the lives and property of our citizens may be adequately protected and peace preserved.
Another year has passed without bringing to a close the protracted contest between the Spanish Government and the insurrection in the island of Cuba. While the United States have sedulously abstained from any intervention in this contest, it is impossible not to feel that it is attended with incidents affecting the rights and interests of American citizens. Apart from the effect of the hostilities upon trade between the United States and Cuba, their progress is inevitably accompanied by complaints, having more or less foundation, of searches, arrests, embargoes, and oppressive taxes upon the property of American residents, and of unprovoked interference with American vessels and commerce. It is due to the Government of Spain to say that during the past year it has promptly disavowed and offered reparation for any unauthorized acts of unduly zealous subordinates whenever such acts have been brought to its attention. Nevertheless, such occurrences can not but tend to excite feelings of annoyance, suspicion, and resentment, which are greatly to be deprecated, between the respective subjects and citizens of two friendly powers.
Much delay (consequent upon accusations of fraud in some of the awards) has occurred in respect to the distribution of the limited amounts received from Venezuela under the treaty of April 25, 1866, applicable to the awards of the joint commission created by that treaty. So long as these matters are pending in Congress the Executive can not assume either to pass upon the questions presented or to distribute the fund received. It is eminently desirable that definite legislative action should be taken, either affirming the awards to be final or providing some method for reexamination of the claims. Our relations with the Republics of Central and South America and with the Empire of Brazil have continued without serious change, further than the temporary interruption of diplomatic intercourse with Venezuela and with Guatemala. Amicable relations have already been fully restored with Venezuela, and it is not doubted that all grounds of misunderstanding with Guatemala will speedily be removed. From all these countries there are favorable indications of a disposition on the part of their Governments and people to reciprocate our efforts in the direction of increased commercial intercourse.
The Government of the Samoan Islands has sent an envoy, in the person of its secretary of state, to invite the Government of the United States to recognize and protect their independence, to establish commercial relations with their people, and to assist them in their steps toward regulated and responsible government. The inhabitants of these islands, having made considerable progress in Christian civilization and the development of trade, are doubtful of their ability to maintain peace and independence without the aid of some stronger power. The subject is deemed worthy of respectful attention, and the claims upon our assistance by this distant community will be carefully considered.
The long commercial depression in the United States has directed attention to the subject of the possible increase of our foreign trade and the methods for its development, not only with Europe, but with other countries, and especially with the States and sovereignties of the Western Hemisphere. Instructions from the Department of State were issued to the various diplomatic and consular officers of the Government, asking them to devote attention to the question of methods by which trade between the respective countries of their official residence and the United States could be most judiciously fostered. In obedience to these instructions, examinations and reports upon this subject have been made by many of these officers and transmitted to the Department, and the same are submitted to the consideration of Congress.
The annual report of the Secretary of the Treasury on the state of the finances presents important questions for the action of Congress, upon some of which I have already remarked.
The revenues of the Government during the fiscal year ending June 30, 1877, were $269,000,586.62; the total expenditures for the same period were $238,660,008.93, leaving a surplus revenue of $30,340,577.69. This has substantially supplied the requirements of the sinking fund for that year. The estimated revenues of the current fiscal year are $265,500,000, and the estimated expenditures for the same period are $232,430,643.72. If these estimates prove to be correct, there will be a surplus revenue of $33,069,356.28--an amount nearly sufficient for the sinking fund for that year. The estimated revenues for the next fiscal year are $269,250,000. It appears from the report that during the last fiscal year the revenues of the Government, compared with the previous year, have largely decreased. This decrease, amounting to the sum of $18,481,452.54, was mainly in customs duties, caused partly by a large falling off of the amount of imported dutiable goods and partly by the general fall of prices in the markets of production of such articles as pay ad valorem taxes.
While this is felt injuriously in the diminution of the revenue, it has been accompanied with a very large increase of exportations. The total exports during the last fiscal year, including coin, have been $658,637,457, and the imports have been $492,097,540, leaving a balance of trade in favor of the United States amounting to the sum of $166,539,917, the beneficial effects of which extend to all branches of business.
The estimated revenue for the next fiscal year will impose upon Congress the duty of strictly limiting appropriations, including the requisite sum for the maintenance of the sinking fund, within the aggregate estimated receipts.
While the aggregate of taxes should not be increased, amendments might be made to the revenue laws that would, without diminishing the revenue, relieve the people from unnecessary burdens. A tax on tea and coffee is shown by the experience not only of our own country, but of other countries, to be easily collected, without loss by undervaluation or fraud, and largely borne in the country of production. A tax of 10 cents a pound on tea and 2 cents a pound on coffee would produce a revenue exceeding $12,000,000, and thus enable Congress to repeal a multitude of annoying taxes yielding a revenue not exceeding that sum. The internal-revenue system grew out of the necessities of the war, and most of the legislation imposing taxes upon domestic products under this system has been repealed. By the substitution of a tax on tea and coffee all forms of internal taxation may be repealed, except that on whisky, spirits, tobacco, and beer. Attention is also called to the necessity of enacting more vigorous laws for the protection of the revenue and for the punishment of frauds and smuggling. This can best be done by judicious provisions that will induce the disclosure of attempted fraud by undervaluation and smuggling. All revenue laws should be simple in their provisions and easily understood. So far as practicable, the rates of taxation should be in the form of specific duties, and not ad valorem, requiring the judgment of experienced men to ascertain values and exposing the revenue to the temptation of fraud.
My attention has been called during the recess of Congress to abuses existing in the collection of the customs, and strenuous efforts have been made for their correction by Executive orders. The recommendations submitted to the Secretary of the Treasury by a commission appointed to examine into the collection of customs duties at the port of New York contain many suggestions for the modification of the customs laws, to which the attention of Congress is invited.
It is matter of congratulation that notwithstanding the severe burdens caused by the war the public faith with all creditors has been preserved, and that as the result of this policy the public credit has continuously advanced and our public securities are regarded with the highest favor in the markets of the world. I trust that no act of the Government will cast a shadow upon its credit.
The progress of refunding the public debt has been rapid and satisfactory. Under the contract existing when I entered upon the discharge of the duties of my office, bonds bearing interest at the rate of 4 1/2 per cent were being rapidly sold, and within three months the aggregate sales of these bonds had reached the sum of $200,000,000. With my sanction the Secretary of the Treasury entered into a new contract for the sale of 4 per cent bonds, and within thirty days after the popular subscription for such bonds was opened subscriptions were had amounting to $75,496,550, which were paid for within ninety days after the date of subscription. By this process, within but little more than one year, the annual interest on the public debt was reduced in the sum of $3,775,000.
I recommended that suitable provision be made to enable the people to easily convert their savings into Government securities, as the best mode in which small savings may be well secured and yield a moderate interest. It is an object of public policy to retain among our own people the securities of the United States. In this way our country is guarded against their sudden return from foreign countries, caused by war or other disturbances beyond our limits.
The commerce of the United States with foreign nations, and especially the export of domestic productions, has of late years largely increased; but the greater portion of this trade is conducted in foreign vessels. The importance of enlarging our foreign trade, and especially by direct and speedy interchange with countries on this continent, can not be overestimated; and it is a matter of great moment that our own shipping interest should receive, to the utmost practical extent, the benefit of our commerce with other lands. These considerations are forcibly urged by all the large commercial cities of the country, and public attention is generally and wisely attracted to the solution of the problems they present. It is not doubted that Congress will take them up in the broadest spirit of liberality and respond to the public demand by practical legislation upon this important subject.
The report of the Secretary of War shows that the Army has been actively employed during the year, and has rendered very important service in suppressing hostilities in the Indian country and in preserving peace and protecting life and property in the interior as well as along the Mexican border. A long and arduous campaign has been prosecuted, with final complete success, against a portion of the Nez Perce tribe of Indians. A full account of this campaign will be found in the report of the General of the Army. It will be seen that in its course several severe battles were fought, in which a number of gallant officers and men lost their lives. I join with the Secretary of War and the General of the Army in awarding to the officers and men employed in the long and toilsome pursuit and in the final capture of these Indians the honor and praise which are so justly their due.
The very serious riots which occurred in several of the States in July last rendered necessary the employment of a considerable portion of the Army to preserve the peace and maintain order. In the States of West Virginia, Maryland, Pennsylvania, and Illinois these disturbances were so formidable as to defy the local and State authorities, and the National Executive was called upon, in the mode provided by the Constitution and laws, to furnish military aid. I am gratified to be able to state that the troops sent in response to these calls for aid in the suppression of domestic violence were able, by the influence of their presence in the disturbed regions, to preserve the peace and restore order without the use of force. In the discharge of this delicate and important duty both officers and men acted with great prudence and courage, and for their services deserve the thanks of the country.
Disturbances along the Rio Grande in Texas, to which I have already referred, have rendered necessary the constant employment of a military force in that vicinity. A full report of all recent military operations in that quarter has been transmitted to the House of Representatives in answer to a resolution of that body, and it will therefore not be necessary to enter into details. I regret to say that these lawless incursions into our territory by armed bands from the Mexican side of the line, for the purpose of robbery, have been of frequent occurrence, and in spite of the most vigilant efforts of the commander of our forces the marauders have generally succeeded in escaping into Mexico with their plunder. In May last I gave orders for the exercise of the utmost vigilance on the part of our troops for the suppression of these raids and the punishment of the guilty parties, as well as the recapture of property stolen by them. General Ord, commanding in Texas, was directed to invite the cooperation of the Mexican authorities in efforts to this end, and to assure them that I was anxious to avoid giving the least offense to Mexico. At the same time, he was directed to give notice of my determination to put an end to the invasion of our territory by lawless bands intent upon the plunder of our peaceful citizens, even if the effectual punishment of the outlaws should make the crossing of the border by our troops in their pursuit necessary. It is believed that this policy has had the effect to check somewhat these depredations, and that with a considerable increase of our force upon that frontier and the establishment of several additional military posts along the Rio Grande, so as more effectually to guard that extensive border, peace may be preserved and the lives and property of our citizens in Texas fully protected.
Prior to the 1st day of July last the Army was, in accordance with law, reduced to the maximum of 25,000 enlisted men, being a reduction of 2,500 below the force previously authorized. This reduction was made, as required by law, entirely from the infantry and artillery branches of the service, without any reduction of the cavalry. Under the law as it now stands it is necessary that the cavalry regiments be recruited to 100 men in each company for service on the Mexican and Indian frontiers. The necessary effect of this legislation is to reduce the infantry and artillery arms of the service below the number required for efficiency, and I concur with the Secretary of War in recommending that authority be given to recruit all companies of infantry to at least 50 men and all batteries of artillery to at least 75 men, with the power, in case of emergency, to increase the former to 100 and the latter to 122 men each.
I invite your special attention to the following recommendations of the Secretary of War:
First. That provision be made for supplying to the Army a more abundant and better supply of reading matter.
Second. That early action be taken by Congress looking to a complete revision and republication of the Army Regulations.
Third. That section 1258 of the Revised Statutes, limiting the number of officers on the retired list, be repealed.
Fourth. That the claims arising under the act of July 4, 1864, for supplies taken by the Army during the war, be taken from the offices of the Quartermaster and Commissary Generals and transferred to the Southern Claims Commission, or some other tribunal having more time and better facilities for their prompt investigation and decision than are possessed by these officers.
Fifth. That Congress provide for an annuity fund for the families of deceased soldiers, as recommended by the paymaster-General of the Army.
The report of the Secretary of the Navy shows that we have six squadrons now engaged in the protection of our foreign commerce and other duties pertaining to the naval service. The condition and operations of the Department are also shown. The total expenditures for the fiscal year ending June 30, 1877, were $16,077,974.54. There are unpaid claims against the Department chargeable to the last year, which are presented to the consideration of Congress by the report of the Secretary. The estimates for the fiscal year commencing July 1, 1878, are $16,233,234.40, exclusive of the sum of $2,314,231 submitted for new buildings, repairs, and improvements at the several navy-yards. The appropriations for the present fiscal year, commencing July 1, 1877, are $13,592,932.90. The amount drawn from the Treasury from July 1 to November 1, 1877, is $5,343,037.40, of which there is estimated to be yet available $1,029,528.30, showing the amount of actual expenditure during the first four months of the present fiscal year to have been $4,313,509.10.
The report of the Postmaster-General contains a full and clear statement of the operations and condition of the Post-Office Department. The ordinary revenues of the Department for the fiscal year ending June 30, 1877, including receipts from the money-order business and from official stamps and stamped envelopes, amounted to the sum of $27,531,585.26. The additional sum of $7,013,000 was realized from appropriations from the general Treasury for various purposes, making the receipts from all sources $34,544,885.26. The total expenditures during the fiscal year amounted to $33,486,322.44, leaving an excess of total receipts over total expenditures of $1,058,562.82, and an excess of total expenditures over ordinary receipts of $5,954,737.18. Deducting from the total receipts the sum of $63,261.84, received from international money orders of the preceding fiscal year, and deducting from the total expenditures the sum of $1,163,818.20, paid on liabilities incurred in previous fiscal years, the expenditures and receipts appertaining to the business of the last fiscal year were as follows:
Expenditures - $32,322,504.24
Receipts (ordinary, from money-order business and from official postage
Rutherford. B. Hayes
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