Para el Senado y la Cámara de Representantes:
La gente de este país siguen disfrutando de una gran prosperidad. Sin lugar a dudas habrá flujo y reflujo de tal prosperidad, y este flujo y reflujo se hará sentir más o menos por todos los miembros de la comunidad, tanto por los que lo merecen y los que no merecen. Contra la ira del Señor la sabiduría del hombre no puede disponer; en tiempo de inundación o sequía ingenio humano puede dejar de reparar en parte el desastre. Un fallo general de los cultivos estaría de todos nosotros. De nuevo, si la locura del hombre marte el bienestar general, entonces los que son inocentes de la locura tendrá que pagar parte de la pena impuesta por aquellos que son culpables de la locura. Un pánico provocado por la locura especulativa de parte de la comunidad empresarial le haría daño a toda la comunidad empresarial. Pero tal paralización de bienestar, a pesar de que podría ser grave, ¿no será duradera. En el largo plazo el factor vital en la prosperidad permanente del país es el alto carácter individual del trabajador estadounidense promedio, el ciudadano estadounidense promedio, no importa si su obra sea mental o manual, tanto si es agricultor o trabajador asalariado, hombre de negocios o un hombre profesional.
En nuestro sistema industrial y social de los intereses de todos los hombres están tan estrechamente entrelazados que en la inmensa mayoría de los casos un hombre recto que trata que por su eficiencia, por su ingenio y la industria, se beneficia a sí mismo también debe beneficiar a los demás. Normalmente, el hombre de gran capacidad productiva que se hace rico por guiar el trabajo de muchos otros hombres lo hace por lo que les permite producir más de lo que podían producir sin su guía; y tanto él y comparten en el beneficio, que viene también al público en general. El hecho superficial que el intercambio puede ser desigual nunca debe hacernos olvidar el hecho subyacente de que existe este intercambio, y que el beneficio viene en cierta medida a cada hombre en cuestión. Normalmente, el obrero asalariado, el hombre de escasos recursos, y el consumidor medio, así como el productor medio, son todos iguales ayudado al hacer tales condiciones que el hombre de la capacidad de negocio excepcional recibe un premio excepcional por su habilidad. Se puede hacer algo por la legislación para ayudar a la prosperidad general; pero no hay tal ayuda de un personaje permanentemente beneficioso se puede dar a los menos capaces y menos afortunados, como guardar los resultados de una política que redundará en beneficio de todas las personas trabajadoras y eficientes que actúan decentemente; y esto es sólo otra manera de decir que cualquier beneficio que viene al mosto menos capaces y menos afortunados de necesidad viene aún más a los más capaces y más afortunados. Si, por lo tanto, el hombre menos afortunado es movido por la envidia de su hermano más afortunado de huelga en las condiciones en las que tienen ambos, aunque de manera desigual, prosperado, el resultado seguramente será que mientras que el peligro puede venir a la que golpeó a, que visitará con una carga aún más pesada el que da el golpe. Tomado en su conjunto todos tenemos que ir hacia arriba o hacia abajo juntos.
Sin embargo, aunque no sólo admitir, sino insistir en esto, también es cierto que, cuando no hay una restricción gubernamental o supervisión algunos de los hombres excepcionales usan sus energías no en formas que son para el bien común, pero de una manera que diga en contra de esta bien común. Las fortunas amasadas a través de la organización empresarial son ahora tan grande, y un chaleco de esos atributos en los que las ejercen, como para que sea una cuestión de necesidad de dar a la soberana - es decir, para el Gobierno, que representa al pueblo en su conjunto --Algunos poder efectivo de supervisión sobre su uso corporativo. Con el fin de asegurar una vida social e industrial saludable, cada gran corporación debe ser considerado responsable por, y será responsable ante, algunos lo suficientemente fuerte como soberano de controlar su conducta. Yo soy de ninguna manera hostil a las corporaciones. Esta es la era de la combinación, y cualquier esfuerzo para evitar toda combinación será no sólo inútil, pero al final vicioso, debido al desprecio por la ley que la falta de aplicación de la ley produce inevitablemente. Debemos, por otra parte, reconocer en cordial y amplia la moda del inmenso bien efectuados por los organismos empresariales en un país como el nuestro, y la riqueza de la inteligencia, la energía, y la fidelidad dedican a su servicio, y por lo tanto normalmente al servicio del público, por parte de sus funcionarios y directores. La corporación ha llegado para quedarse, al igual que el sindicato ha venido para quedarse. Cada uno puede hacer y ha hecho mucho bien. Cada uno debe ser favorecido con tal de que haga el bien. Pero cada uno debe ser fuertemente marcada donde actúa contra la ley y la justicia.
Siempre y cuando las finanzas de la Nación se mantienen sobre una base honesta ninguna otra cuestión de la economía interna con la que el Congreso tiene el poder para hacer frente comienza a acercarse en importancia el asunto de tratar de asegurar condiciones laborales adecuadas en que los individuos - y especialmente las grandes corporaciones - que hacen un negocio de un estado a otro son actuar. Los creadores de nuestra Constitución Nacional siempre especialmente que la regulación del comercio interestatal debe venir dentro de la esfera del Gobierno General. Los argumentos a favor de su toma este soporte eran incluso entonces abrumadora. Pero son mucho más fuerte hoy en día, en vista de la enorme desarrollo de grandes agencias de negocios, por lo general en forma de corporativos. La experiencia ha demostrado de forma concluyente que es inútil tratar de obtener ninguna regulación y supervisión adecuada de estas grandes corporaciones de la acción del Estado. Tal regulación y supervisión sólo pueden ejercerse de manera efectiva por un soberano cuya jurisdicción es la misma extensión que el campo de trabajo de las empresas - que es, por el Gobierno Nacional. Creo que esta regulación y supervisión se pueden obtener mediante la promulgación de la ley por el Congreso. Si esto resulta imposible, sin duda va a ser necesario en última instancia, para conferir en forma más completa tal poder al Gobierno Nacional por una modificación apropiada de la Constitución. Evidentemente, sería imprudente esforzará por lograr una enmienda de este tipo hasta que esté seguro de que el resultado no se puede obtener en la Constitución como lo es ahora. Las leyes del Congreso y de los diversos Estados que hasta ahora, tal como fue aprobado por los tribunales, han dado como resultado más a menudo en mostrar que los Estados tienen ningún poder en el asunto de que el Gobierno Nacional tiene poder; por lo que hay en la actualidad existe un muy desafortunado estado de cosas, en las que estas grandes corporaciones que hacen un negocio interestatal ocupan la posición de los sujetos sin soberano, ni a ningún Gobierno del Estado ni el Gobierno Nacional que tiene el control efectivo sobre los mismos. Nuestro objetivo constante debe ser la legislación, con cautela y con cuidado emprender, pero resueltamente con perseverancia y hacer valer la soberanía del Gobierno Nacional por la acción afirmativa.
Esto es sólo en forma de una innovación. En esencia no es más que una restauración; porque desde el primer momento en que la regulación de las actividades industriales ha sido reconocido en la actuación de los órganos legislativos; y todo lo que me propongo es para cumplir con las nuevas condiciones, de tal manera que impidan la Commonwealth abdicar el poder que siempre ha poseído no sólo en este país, sino también en Inglaterra antes y desde este país se convirtió en una nación independiente.
Ha sido una desgracia que las leyes nacionales sobre este tema han sido hasta ahora de un negativo o prohibitivo en lugar de un tipo afirmativa, y aún más que ellos tienen, en parte, trató de prohibir lo que no pudo ser efectivamente prohibido, y tienen, en parte, en su prohibiciones confunden lo que debe ser permitido y lo que no debe ser permitido. En general, es inútil tratar de prohibir toda restricción de la competencia, si esta restricción sea razonable o irrazonable; y donde no es inútil que es generalmente dañino. Los hechos han demostrado que no es posible de manera adecuada para garantizar el cumplimiento de cualquier ley de este tipo por el incesante apelación a los tribunales. El Departamento de Justicia ha hecho durante los últimos cuatro años dedicado más atención a la aplicación de la legislación antimonopolio que a cualquier otra cosa. Mucho se ha logrado, especialmente preocupante ha sido el efecto moral de las actuaciones judiciales; pero es cada vez más evidente que habrá un resultado beneficioso muy insuficiente en el camino del cambio económico. El enjuiciamiento de un dispositivo a evadir la ley de inmediato se desarrolla otro dispositivo para llevar a cabo el mismo propósito. Lo que se necesita no es la prohibición de barrido de cada arreglo, bueno o malo, que puede tender a restringir la competencia, sino como una adecuada supervisión y regulación que impidan cualquier restricción de la competencia de ser en detrimento del público -, así como una supervisión y la regulación que impidan otros abusos no tiene relación alguna con la restricción de la competencia. De estos abusos, quizás el principal, aunque de ninguna manera el único, es la sobrecapitalización - generalmente en sí el resultado de la promoción de deshonesto - a causa de los males innumerables que trae en su estela; para tal sobrecapitalización a menudo significa una inflación que invita pánico negocio; siempre oculta la verdadera relación de los beneficios obtenidos a la capital realmente invertido, y crea una carga de pago de intereses que es una causa fecunda de reducción indebida en o limitación de los salarios; daña los pequeños inversores, desalienta el ahorro, y alienta a los juegos de azar y la especulación; aunque tal vez lo peor de todo es la astucia y la deshonestidad que implica - por daños a la moral es peor que cualquier posible daño a los intereses materiales, y el libertinaje de la política y los negocios de grandes empresas deshonestas es mucho peor que cualquier mal material real que hacen el público. Hasta que el Gobierno Nacional obtiene, de alguna manera que la sabiduría del Congreso puede sugerir, un control adecuado de las grandes corporaciones que participan en el comercio interestatal - que es, en la gran mayoría de las grandes corporaciones - que será imposible tratar adecuadamente con estos males.
Soy muy consciente de las dificultades de la legislación que estoy sugiriendo, y de la necesidad de la acción templado y prudente en lo garantice. Debo protestar enérgicamente contra la acción indebidamente radical o apresurada. Lo primero que debe hacer es hacer frente a las grandes empresas dedicadas al negocio de transporte interestatal. Como dije en mi mensaje del 06 de diciembre pasado, la necesidad inmediata y más urgente, por lo que respecta a la legislación, es la promulgación de la ley de algún plan para asegurar que los agentes del Gobierno de la vigilancia y la regulación de las tarifas cobradas por los ferrocarriles del país dedicadas al tráfico de un estado a otro como se sumariamente y prevenir eficazmente la imposición de tasas injustas o no razonables. Debe incluir poner fin completa a rebajas en todas sus formas. Este poder de regular las tasas, como todos los poderes similares sobre el mundo de los negocios, debe ser ejercida con moderación, prudencia y autocontrol; pero debe existir, de manera que puede ejercerse eficazmente cuando surge la necesidad.
La primera consideración a tener en cuenta es que el poder debe ser afirmativa y se le debe dar a un cuerpo administrativo creado por el Congreso. Si se le da a la actual Comisión de Comercio Interestatal, o para reorganizar una Comisión Interestatal de Comercio, tal comisión debe hacerse de manera inequívoca administrativa. Yo no creo en el Gobierno interfiere con la empresa privada más de lo necesario. Yo no creo en el compromiso del Gobierno de cualquier trabajo que pueda con propiedad se deja en manos privadas. Pero tampoco creo en el Gobierno pestañear de supervisar cualquier trabajo cuando se hace evidente que los abusos están seguros de obtener en él a menos que haya una supervisión gubernamental. No es mi provincia para indicar los términos exactos de la ley que debe ser promulgada; pero me llama la atención del Congreso a ciertas condiciones existentes con las cuales sea conveniente para hacer frente, a mi juicio la disposición más importante que dicha ley debe contener es la que confiere a algún órgano administrativo competente la facultad de decidir, en el caso que se llevó antes de que, si una determinada tasa prescrita por un ferrocarril es razonable y justo, y si se encuentra que es poco razonable e injusto, entonces, tras una completa investigación de la denuncia, para prescribir el límite de velocidad de más allá del cual no será legal ir - la tasa máxima razonable, como se le llama comúnmente - esta decisión para entrar en vigor en un plazo razonable y obtener de allí en adelante, sujeto a revisión por los tribunales. A veces sucede en la actualidad no es que una tasa es demasiado alta, pero que un expedidor favorecido se le da demasiado bajo una tasa. En tal caso, la comisión tendría el derecho de fijar este porcentaje mínimo ya que establece como límite; y que necesitaría sólo una o dos de estas decisiones por la comisión para curar las compañías de ferrocarriles de la práctica de dar tasas mínimas inadecuadas. Llamo su atención sobre el hecho de que mi propuesta no es dar el poder comisión para iniciar o se originan tasas en general, pero a un ritmo regular ya fijo o originado por las carreteras, por denuncia y después de la investigación. Una pena muy dura debe ser exigido a cualquier empresa que no respete un orden de la comisión. Considero que esta facultad de establecer una tasa máxima como esenciales para cualquier esquema de una verdadera reforma en materia de regulación ferroviaria. La primera necesidad es para asegurarlo; y, a menos que se conceda a la comisión se usa muy poco en tocar el tema en absoluto.
Transacciones ilegales ocurren a menudo bajo la forma de ley. A menudo ha ocurrido que un expedidor ha sido informado por un oficial de tránsito para comprar una gran cantidad de algunos productos básicos y luego después de que se ha comprado una reducción abierta se hace en la tarifa entre en vigor de inmediato, el acuerdo resultante para el beneficio de una expedidor y el ferrocarril y para el daño de todos sus competidores; pues no hay que olvidar que los grandes cargadores son por lo menos tan culpable como cualquier ferrocarril en materia de rebajas. La ley debe dejar claro de manera que nadie puede dejar de comprender que cualquier tipo de comisión pagada en envíos de carga, ya sea en esta forma o en forma de daños ficticios, o de una concesión, un pase libre, la reducción de la tasa del pasaje, o pago de corretaje, es ilegal. Vale la pena considerar si no sería conveniente conferir al Gobierno el derecho de acción civil contra el beneficiario de un descuento de al menos el doble del valor de la bonificación; esto ayudaría a detener lo que es realmente el chantaje. Asignaciones Ascensor deben detenerse, porque ahora han crecido hasta tal punto que son desmoralizador y se utilizan como rebajas.
La mejor regulación posible de las tasas sería, por supuesto, que la regulación garantizado por un acuerdo honesto entre los propios ferrocarriles para llevar a cabo la ley. Un acuerdo tan general sería, por ejemplo, a la vez poner fin a los esfuerzos de toda una gran cargador o gran ferrocarril para discriminar o ventajas seguras a través de algún rival; y dicho acuerdo haría que los ferrocarriles propios agentes para hacer cumplir la ley. El poder que el Gobierno para poner fin a los acuerdos, en detrimento de la pública debería, a mi juicio, ser acompañado por el poder para permitir, en condiciones especificadas y una cuidadosa supervisión, acuerdos claramente en el interés del público. Pero, a mi juicio, la necesidad de dar este poder adicional es de ninguna manera tan grandes como la necesidad de dar a la comisión u órgano administrativo de los otros poderes que he enumerado más arriba; y bien puede ser aconsejable para tratar de conferir este poder especial en la comisión u otro órgano administrativo hasta que ya posee y es el ejercicio de lo que considero, con mucho, el más importante de todos los poderes que recomiendo - como de hecho el poder de vital importancia --que fijar un tipo máximo dado, que tasa, después del transcurso de un plazo razonable, entre en vigencia plena, sujeto a revisión por los tribunales.
Todas las líneas de coches privado, carreteras industriales, cargos refrigerador, y similares deben ser puestos expresamente bajo la supervisión de la Comisión Interestatal de Comercio o algún organismo similar la medida en que las tasas, y los acuerdos que afectan a prácticamente las tasas, se refiere. Los propietarios de vehículos privados y los dueños de los ferrocarriles industriales tienen derecho a una indemnización justa y razonable de su inversión, pero ni los coches privados, ni ferrocarriles industriales ni estimular pistas deben ser utilizados como dispositivos para asegurar tasas preferenciales. Una rebaja en los gastos de formación de hielo, o en el kilometraje o en una división de la tasa para refrigerar los cargos es tan perniciosa como un reembolso de cualquier otra manera. No tasa más baja se aplicará a las mercancías importadas que realmente obtiene en bienes nacionales de la costa estadounidense en destino, salvo en los casos en que la competencia del agua es la influencia controladora. No debe haber publicidad de las cuentas de las empresas de transporte público; ninguna empresa de transporte público involucrado en el negocio interestatal debe mantener algún libro o memorandos distintos de los publicados de conformidad con la ley o el reglamento, y estos libros o memorandos debe estar abierto a la inspección del Gobierno. Sólo de esta manera se pueden detectar con seguridad violaciónes o evasiones de la ley. Un sistema de examen de las cuentas del ferrocarril debería proporcionarse similar a la llevada a cabo ahora en los bancos nacionales por parte de los examinadores de bancos; unos contadores de primera clase de ferrocarril, si tenían la dirección adecuada y la debida autoridad para inspeccionar los libros y papeles, podrían lograr mucho en la prevención de violaciónes intencionales de la ley. No sería necesario para que la examinen en las cuentas de cualquier ferrocarril a menos de buenas razones por las que fueron dirigidas para ello por la Comisión Interestatal de Comercio. Es muy de desear que de alguna manera podría ser encontrado por el cual un acuerdo en cuanto al transporte dentro de un Estado que operará como un fraude en las leyes federales de comercio interestatal podría ser puesto bajo la jurisdicción de las autoridades federales. En la actualidad ocurre que grandes cargamentos de tráfico de un estado a otro son controlados por las concesiones de actividades puramente Estado, que por supuesto equivale a una evasión de la ley. La comisión debe tener poder para hacer cumplir un trato justo por las grandes líneas troncales de líneas laterales y sucursales.
Insto al Congreso la necesidad de proporcionar una acción rápida, por parte de la Comisión Interestatal de Comercio en todos estos asuntos, ya sea en la regulación de tarifas para el transporte o para el almacenamiento o para el manejo de los bienes o mercancías en tránsito. La historia de los casos de litigio en la presente Ley de Comercio muestra que su eficacia ha sido en gran medida destruido por el arma de retraso, casi el arma más formidable en manos de aquellos cuyo propósito es violar la ley.
Permítanme decir con todo fervor que estas recomendaciones no se hacen en cualquier espíritu de hostilidad hacia los ferrocarriles. Por razones éticas, por razones de derecho, tal hostilidad sería intolerable; y por razones de mero interés nacional hay que recordar que tal hostilidad diría contra el bienestar no sólo de unos pocos hombres ricos, sino de una multitud de pequeños inversores, una multitud de employes ferroviarios, los trabajadores asalariados, y más gravemente contra la interés del público en su conjunto. Creo que en general nuestros ferrocarriles han hecho bien y no enfermos; pero los ferroviarios que desean hacer bien no deben ser expuestos a la competencia con los que no tienen ese deseo, y la única manera de lograr esta finalidad es dar a algún tribunal Gobierno el poder de ver que se haga justicia por el poco dispuesto exactamente como se hace con gusto por la voluntad. Por otra parte, si algún organismo gubernamental se le da mayor potencia el efecto será el de proporcionar respuesta con autoridad en nombre del ferrocarril cuando se eleva el clamor irracional contra ella, o cuando se refutó los cargos formulados en su contra. Pido a esta legislación no sólo en el interés del público, sino en el interés del hombre honesto ferrocarril y el cargador honesto por igual, porque son ellos los que están principalmente jeoparded por las prácticas de sus competidores deshonestos. Esta legislación debe ser promulgada en un espíritu tan remoto como sea posible de la histeria y el rencor. Si nosotros, los del cuerpo político estadounidense fieles a las tradiciones que hemos heredado siempre vamos a despreciar cualquier esfuerzo para hacernos odiar cualquier hombre porque es rico, tanto como deberíamos despreciar ningún esfuerzo para hacernos mirar hacia abajo sobre o tratamos con desprecio cualquier hombre, porque es pobre. Juzgamos a un hombre por su conducta - que es, por su carácter - y no por su riqueza o el intelecto. Si él hace su fortuna honestamente, no hay justa causa de la riña con él. De hecho, no tenemos nada pero los sentimientos más bondadoso de admiración para el hombre de negocios de éxito que se comporta decentemente, si él ha hecho su éxito mediante la construcción o la gestión de un ferrocarril o mediante el envío de mercancías en ese ferrocarril. Los grandes hombres de ferrocarril y grandes cargadores son simplemente los estadounidenses del tipo común y corriente que se han desarrollado a un grado extraordinario ciertas grandes cualidades empresariales. No son ni mejores ni peores que sus conciudadanos de medios más pequeños. Son simplemente más capaces en ciertas líneas y están sometidos a ciertas tentaciones fuertes peculiares. Estas tentaciones no han surgido recientemente en el ser; el éxito excepcional entre la humanidad siempre han estado expuestos a los mismos; pero han crecido increíblemente en el poder como resultado del extraordinario desarrollo de la industrialización a lo largo de nuevas líneas, y bajo estas nuevas condiciones, que los legisladores de la antigüedad no podían prever y, por tanto, no podría proporcionar en contra, que han llegado a ser tan grave y amenazante como para exigir totalmente nuevos remedios. Es en el interés de la mejor clase de hombre del ferrocarril y el mejor tipo de cargador nada menos que de la opinión pública que debería efectuarse una supervisión gubernamental y regulación de estas grandes operaciones comerciales, por la misma razón que es en interés de la corporación que desea tratar sus employes rectamente que no debe haber acto de responsabilidad, toda efectivas de los empleadores, o de un sistema efectivo de las leyes de la fábrica para evitar el abuso de mujeres y niños. Toda esta legislación libera la corporación que quiere hacer bien sea impulsado a hacer tratos, con el fin de competir con su rival, que prefiere hacer el mal. Deseamos establecer una norma moral. No puede haber engaño más fatal para la Nación de la ilusión de que el nivel de beneficios, de prosperidad de los negocios, es suficiente para juzgar cualquier negocio o cuestión política - de la legislación tasa al gobierno municipal. El éxito del negocio, ya sea para el individuo o para la Nación, es una buena cosa sólo la medida en que es acompañada por y desarrolla un alto nivel de conducta - honor, la integridad, el coraje cívico. El tipo de prosperidad de los negocios que embota el estándar de honor, que pone un valor desmesurado en la mera riqueza, que hace que un hombre despiadado y sin conciencia en el comercio, y débil y cobarde en la ciudadanía, no es una buena cosa en absoluto, pero una muy mala cosa para la Nación. Este Gobierno es sinónimo de virilidad primero y para los negocios sólo como un complemento de la virilidad.
La cuestión del transporte está en la raíz de todo el éxito industrial, y la revolución en el transporte que ha tenido lugar durante el último medio siglo ha sido el factor más importante en el crecimiento de las nuevas condiciones industriales. Más enfáticamente no deseamos ver al hombre de grandes talentos rechazó la recompensa por su talento. Menos aún hacemos queremos verlo penalizado pero sí el deseo de ver el sistema de transporte ferroviario manipulará que el hombre fuerte se dará ninguna ventaja sobre el hombre débil. Deseamos asegurar un tratamiento lo más justo para la pequeña ciudad como para la gran ciudad; para el pequeño cargador como para el gran cargador. En los viejos tiempos de la autopista del comercio, ya sea por agua o por una carretera de tierra, estaba abierta a todos; pertenecía al público y el tráfico a lo largo que era gratis. En la actualidad el ferrocarril es esta carretera, y debemos hacer todo lo posible para ver que se mantiene abierto a todos en igualdad de condiciones. A diferencia de la antigua carretera que es una cosa muy difícil y complejo de manejar, y es mucho mejor que debería ser gestionado por particulares que por el Gobierno. Pero sólo puede ser lo logró con la condición de que se haga justicia al público. Se debe a que, a mi juicio, la propiedad pública de los ferrocarriles es muy indeseable y probablemente en este país conllevar desastres de gran envergadura, pero me gustaría ver como la supervisión y regulación de ellos en el interés del público como lo hará evidente que no hay necesidad de propiedad pública. Los opositores de la permanencia regulación gubernamental sobre las dificultades que se encuentran y la naturaleza compleja y comprometida del problema. Su argumento es cierto. Es un problema complicado y delicado, y todo tipo de dificultades que están seguros de surgir en relación con cualquier plan de solución, mientras que hay un plan traerá todos los beneficios esperados por sus seguidores más optimistas. Por otra parte, en virtud de cualquier plan de salud, los beneficios se desarrollarán gradualmente y no rápidamente. Por último, debemos entender claramente que los funcionarios públicos que se van a hacer este trabajo peculiarmente responsable y delicada deben ellos mismos ser del tipo más alto, tanto en lo relativo a la integridad y la eficiencia. Deben estar bien pagados, pues de lo contrario los hombres capaces no pueden a la larga ser asegurados; y deben poseer una elevada probidad que rebelarse tan rápidamente ante la idea de complacer a cualquier ráfaga de prejuicio popular contra los ricos como en el pensamiento de nada ni remotamente parecido a subordinación a los hombres ricos. Pero si bien admito plenamente las dificultades en el camino, no lo hago por un momento admitir que estas dificultades nos garantizan detener en nuestro esfuerzo por asegurar un sistema justo y sabio. Ellos deben tener ningún otro efecto que el de estimularnos al ejercicio de la resolución, la justicia imparcial, y la fertilidad de los recursos, lo que nos gusta pensar en como típicamente estadounidense, y que serán al final lograr buenos resultados en este como en otros campos de actividad. La tarea es un gran día y subyace a la tarea de tratar con todo el problema industrial. Pero el hecho de que es un gran problema no nos garantiza en la reducción del intento de resolverlo. En la actualidad nos enfrentamos a tal absoluta falta de supervisión, como la libertad de las restricciones de la ley, que excelentes hombres a menudo se han visto obligados, literalmente, a hacer lo que lamentaron porque de lo contrario se quedaron a merced de los competidores sin escrúpulos. Para carril en y asaltan a los hombres que lo han hecho como mejor pudo en esas condiciones logra poco. Lo que tenemos que hacer es desarrollar un sistema ordenado, y un sistema de este tipo sólo puede venir a través del aumento gradual de ejercicio del derecho de control al Gobierno eficiente.
En mi mensaje anual al quincuagésimo octavo Congreso, en su tercera reunión, que se llama la atención sobre la necesidad de una legislación que exija el uso de señales de bloqueo sobre los ferrocarriles en el comercio interestatal. El número de colisiones graves en las carreteras no bloqueados que se han producido en el último año, añade fuerza a la recomendación hecha a continuación. El Congreso debe proporcionar, mediante una legislación adecuada, para la introducción de señales de bloqueo a todos los ferrocarriles en el comercio interestatal, en la fecha más pronta posible, como una medida de mayor seguridad a los viajeros.
A través de las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos y los tribunales federales inferiores en los casos que se les presentan para su adjudicación la ley aparato de seguridad se ha reforzado considerablemente, y el Gobierno ha permitido asegurar su aplicación efectiva en casi todos los casos, con el resultado que la condición de material ferroviario en todo el país ha mejorado mucho y empleados del ferrocarril realizar sus funciones en condiciones más seguras que hasta ahora. La ayuda más eficaz del Gobierno para llegar a este resultado ha sido su servicio de inspección, y que estas condiciones mejoradas no son más generales se debe al insuficiente número de inspectores empleados. El servicio de inspección ha demostrado plenamente su utilidad, y en la apropiación de su mantenimiento el Congreso debería prever un aumento en el número de inspectores.
Las horas excesivas de trabajo a la que employes ferrocarril en servicio de trenes en muchos casos son sometidos es también una cuestión que bien puede comprometer seriamente la atención del Congreso. La cepa, tanto mental como física, sobre aquellos que están comprometidos en el movimiento y el funcionamiento de los trenes del ferrocarril en las condiciones modernas es tal vez mayor que la que existe en cualquier otra industria, y si hay alguna razón para limitar por ley las horas de trabajo en cualquier empleo, que sin duda se aplican con fuerza peculiar a la contratación de aquellos de cuya vigilancia y el estado de alerta en el ejercicio de sus funciones la seguridad de todos los que viajan en tren depende.
En mi mensaje anual al quincuagésimo séptimo Congreso, en su segunda reunión, me recomendó la aprobación de la ley de responsabilidad de empleadores para el Distrito de Columbia y en nuestros patios de la marina. Renové esa recomendación en mi mensaje al quincuagésimo octavo Congreso, en su segunda reunión, y además sugirió el nombramiento de una comisión para hacer un estudio exhaustivo de la responsabilidad del empresario, con miras a la promulgación de una ley que cubre sabio y Constitucional el sujeto, aplicable a todas las industrias dentro del alcance de la potencia Federal. Espero que esa ley se elaborará y promulgó la mayor celeridad posible.
El Gobierno Nacional tiene, por regla general, pero pocas ocasiones de hacer frente a la formidable grupo de problemas relacionados más o menos directamente con lo que se conoce como la cuestión laboral, ya que en la gran mayoría de los casos estos problemas debe ser tratado por el Estado y las autoridades municipales, y no por el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional tiene el control del Distrito de Columbia, sin embargo, y debe velar por que la ciudad de Washington se hizo un modelo de ciudad en todos sus aspectos, tanto en lo relativo a los parques, parques infantiles públicos, la regulación adecuada del sistema de la vivienda, por lo que como para acabar con los males de viviendas callejón, un sistema adecuado de educación, un sistema adecuado de tratar con absentismo escolar y de menores infractores, un manejo adecuado de la obra caritativa del Distrito. Por otra parte, no debe haber leyes de fábricas adecuadas para prevenir todos los abusos en el empleo de mujeres y niños en el Distrito. Estos serán útiles principalmente como lecciones objetivas, pero incluso esta cantidad limitada de utilidad sería de valor nacional real.
No ha habido demanda de privar a los tribunales de la facultad de emitir mandamientos judiciales en los conflictos laborales. Dicha limitación especial de los poderes de patrimonio de nuestros tribunales sería muy imprudente. Es cierto que algunos jueces han hecho mal uso de este poder; pero esto no justifica una negación del poder más que un ejercicio inadecuado del poder para convocar una huelga por un líder sindical que justificaría la denegación del derecho de huelga. El remedio es regular el procedimiento al exigir al juez que prestar la debida notificación a las partes adversas antes de conceder el recurso, la audiencia sea a instancia de parte, si la parte adversa no aparece en el momento y en el lugar ordenado. ¿Cuál es la debida notificación debe depender de los hechos del caso; no debe utilizarse como pretexto para permitir la violación de la ley o la puesta en peligro de la vida o la propiedad. Por supuesto, esto no autorizaría la emisión de una orden de restricción o medida cautelar en los casos en que aún no está autorizada por la ley vigente.
Renuevo la recomendación que hice en mi último mensaje anual de una investigación realizada por el Departamento de Comercio y Trabajo de las condiciones generales de trabajo, la atención especial que se pagará a las condiciones del trabajo infantil y la legislación del trabajo infantil en los diversos Estados. Dicha investigación debería tener en cuenta los diversos problemas con los que está conectada la cuestión del trabajo infantil. Es cierto que estos problemas pueden ser en realidad se reunieron en la mayoría de los casos sólo por los propios Estados, pero sería bueno para la Nación que se esfuerce por obtener y publicar la información completa sobre las condiciones del trabajo de los niños en los diferentes Estados, por lo que como para estimular a los que son behindhand y para garantizar una legislación aproximadamente uniforme de un personaje de alto entre los diferentes Estados. En una República como la nuestra la única cosa que no podemos darnos el lujo de descuidar el problema de convertir a cabo los ciudadanos decentes. El futuro de la nación depende de la ciudadanía de las generaciones venideras; los niños de hoy son los que mañana dará forma al destino de nuestra tierra, y no podemos darnos el lujo de ignorarlas. La Legislatura de Colorado ha recomendado que el Gobierno Nacional proporcionar alguna medida de carácter general para la protección contra el abuso de los niños y animales tontos en todo Estados Unidos. Yo pongo el asunto antes de lo que yo confío será su consideración favorable.
El Departamento de Comercio y Trabajo también debe hacer una investigación a fondo de las condiciones de las mujeres en la industria. Más de cinco millones de mujeres estadounidenses ahora se dedican a ocupaciones lucrativas; sin embargo, hay una escasez casi total de datos sobre los que basar las conclusiones fiables en cuanto a un tema tan importante como lo es vasto y complejo. Hay necesidad de un conocimiento completo sobre el que basar las medidas mirando hacia la legislación municipal y estatal para la protección de las mujeres trabajadoras. La introducción de las mujeres en la industria está trabajando cambio y las perturbaciones en la vida doméstica y social de la Nación. La disminución en el matrimonio, y sobre todo en la tasa de natalidad, ha sido coincidente con él. Debemos enfrentar los hechos consumados, y el ajuste de las condiciones de la fábrica se deben hacer, pero seguro que se puede hacer con menos fricción y menos efectos nocivos sobre la vida familiar que es ahora el caso. Todo este asunto de la realidad constituye uno de los mayores fenómenos sociológicos de nuestro tiempo; se trata de una cuestión social de primera importancia, mucho más importante que cualquier cuestión meramente política o económica puede ser, y para resolverlo necesitamos datos amplios, recogidos en un espíritu sano y científica en el curso de una investigación exhaustiva.
En cualquier gran disturbio laboral no sólo son el empleador y employé interesado, pero un tercero - el público en general. Cada dificultad considerable mano de obra en el que está implicado el comercio interestatal debe ser investigado por el Gobierno y los hechos informó oficialmente al público.
La cuestión de asegurar un precie saludable, y la actitud de mutuo simpático como entre el empleador y employe, capitalista y obrero asalariado, es difícil. Todas las fases del problema del trabajo resultan difíciles cuando se acercó. Pero los principios básicos, los principios de la raíz, de acuerdo con lo que el problema debe ser resuelto son del todo simple. Podemos conseguir la justicia y el derecho que trata solamente si ponemos como de suma importancia el principio de tratar a un hombre en su valor como un hombre y no con referencia a su posición social, su ocupación o la clase a la que pertenece. Hay hombres egoístas y brutales en todos los órdenes de la vida. Si son los capitalistas su egoísmo y brutalidad puede tomar la forma de la indiferencia difícil de sufrimiento, codicioso desprecio de toda restricción moral que interfiere con la acumulación de la riqueza, y la explotación a sangre fría de los débiles; o, si son trabajadores, la forma de la pereza, de la envidia hosco de los más afortunados, y de la voluntad para llevar a cabo actos de violencia asesina. Tal conducta es tan reprobable en un caso como en el otro, y todos los hombres honestos y previsores debería unirse en guerra contra él dondequiera que se manifiesta. Capitalista individual y el obrero asalariado individuo, corporación y la unión, son por igual derecho a la protección de la ley, y deben obedecer la ley por igual. Por otra parte, además de la mera obediencia a la ley, cada hombre, si él es realmente un buen ciudadano, debe demostrar amplia simpatía por su vecino y genuino deseo de mirar a cualquier problema que surja entre ellos desde el punto de vista de que el vecino no menos de su propia, y para este fin, es fundamental que capitalista y obrero asalariado deben consultar libremente uno con el otro, cada uno debe esforzarse por acercar el día en que ambos se dan cuenta de que están correctamente socios y no enemigos. Para acercarse a las preguntas que surgen inevitablemente entre ellos solamente desde el punto de vista que trata a cada lado en la masa como el enemigo de la otra parte en la masa es a la vez malo y tonto. En el pasado el más funesto entre las influencias que han llevado a la caída de las repúblicas ha sido siempre el crecimiento del espíritu de clase, el crecimiento del espíritu que tiende a hacer que un hombre subordinar el bienestar de la población en su conjunto para el bienestar de la clase en particular a la que pertenece, la sustitución de la lealtad a una clase de lealtad a la Nación. Inevitablemente, esto supone una tendencia a tratar a cada hombre no en sus méritos como un individuo, sino en su condición de pertenencia a una determinada clase en la comunidad. Si tal espíritu crece en esta República que será en última instancia resultar fatal para nosotros, al igual que en el pasado ha sido fatal para cada comunidad en la que se ha convertido en dominante. A menos que seguimos manteniendo una sensación rápida y animada de la gran verdad fundamental de que nuestra preocupación es con el valor individual del hombre individual, este Gobierno no puede mantener de forma permanente el lugar que se ha logrado entre las naciones. Las líneas vitales de la escisión entre nuestro pueblo no se corresponden, y de hecho se ejecutan en ángulos rectos, las líneas de separación que dividen a la ocupación de la ocupación, que dividen los trabajadores asalariados de los capitalistas, los agricultores de los banqueros, hombres de escasos recursos de los hombres de gran significa, hombres que viven en las ciudades de los hombres que viven en el país; para la línea vital de la escisión es la línea que divide al hombre honesto que trata de hacer bien por su vecino del hombre deshonesto que hace tratos por parte de su vecino. En otras palabras, la norma que debemos establecer es la norma de conducta, no el nivel de ocupación, de los medios, o de la posición social. Es la calidad moral del hombre, su actitud hacia las grandes cuestiones que afectan a toda la humanidad, su limpieza de la vida, su poder para cumplir con su deber hacia sí mismo y hacia los demás, lo que realmente cuentan; y si sustituimos la norma de juicio personal que trata a cada uno conforme a sus méritos, otro estándar de acuerdo con el cual todos los hombres de una clase son favorecidos y todos los hombres de otra clase de discriminación, vamos a hacer un daño irreparable al cuerpo político . Creo que nuestra gente es demasiado cuerdo, también se precie, también apto para el autogobierno, nunca para adoptar tal actitud. Este gobierno no es y nunca será gobierno por una plutocracia. Este gobierno no es y nunca será gobierno por una turba. Se continuará siendo en el futuro lo que ha sido en el pasado, un gobierno basado en la teoría de que cada hombre, rico o pobre, es ser tratados única y exclusivamente por su valía como hombre, que toda su propiedad personal y los derechos deben ser salvaguardados, y que él no es ni a otros equivocadas ni a sufrir mal de los demás.
El más noble de todas las formas de gobierno es el autogobierno; pero también es el más difícil. Nosotros, los que poseen este don inestimable, y los que quieren transmitirlo a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, debemos siempre tener presente el pensamiento tan finamente expresada por Burke: "Los hombres están calificados para la libertad civil en proporción exacta a su disposición para poner . la sociedad no puede existir en la proporción en que están dispuestos a escuchar los consejos del sabio y bueno en preferencia a los halagos de bribones a menos que un poder de control de la voluntad y el apetito se colocará en algún lugar, y menos de; cadenas morales sobre sus propios apetitos que no esté dentro del más allí debe estar fuera. está ordenado en la constitución eterna de las cosas que los hombres de mentes intemperantes no pueden ser libres. sus pasiones forjan sus grilletes. "
Las grandes compañías de seguros ofrecen ejemplos notables de corporaciones cuya actividad se ha extendido mucho más allá de la jurisdicción de los Estados que los crea como para impedir la aplicación estricta de la supervisión y regulación por parte de los Estados de los padres. En mi último mensaje anual me recomendó "que el Congreso considere cuidadosamente si el poder de la Oficina General de Justicia no puede constitucionalmente extenderse a las transacciones interestatales en materia de seguros."
Los acontecimientos recientes han puesto de relieve la importancia de una consideración temprana y exhaustiva de esta cuestión, para ver si no es posible proporcionar mejores salvaguardias de los varios Estados han sido capaces de proporcionar a la corrupción de la flagrante tipo que se ha expuesto. Se ha demostrado muy claramente que algunos de los hombres a la cabeza de estas grandes corporaciones toman pero pequeña nota de la distinción ética entre la honestidad y la deshonestidad; dibujan la línea sólo de este lado de lo que puede llamarse la ley-la honestidad, el tipo de honestidad necesaria con el fin de evitar caer en las garras de la ley. Por supuesto, el único remedio completo para esta condición se debe encontrar en una conciencia que despierta, un mayor sentido de la conducta ética en la comunidad en general, y especialmente entre los hombres de negocios y en la gran profesión de la ley, y en el crecimiento de una espíritu que condena toda la deshonestidad, ya sea en el hombre rico o pobre, si toma la forma de soborno o chantaje. Pero se puede hacer mucho por la legislación que no sólo es drástica, pero práctico. Existe la necesidad de una regulación mucho más estricta y más uniforme de los vastos intereses de seguros de este país. Los Estados Unidos deben a este respecto seguir la política de otras naciones, proporcionando supervisión nacional adecuada de los intereses comerciales que son claramente de carácter nacional. Mis predecesores han reconocido en varias ocasiones que el negocio exterior de estas empresas es una parte importante de nuestras relaciones comerciales extranjeros. Durante los gobiernos de los presidentes Cleveland, Harrison, y McKinley Departamento de Estado ejerció su influencia, a través de la vía diplomática, para prevenir la discriminación injusta por países extranjeros contra compañías de seguros estadounidenses. Estas negociaciones ilustran la conveniencia del Congreso que reconoce el carácter nacional de los seguros, ya que en ausencia de una legislación federal del Departamento de Estado sólo podían dar expresión a los deseos de las autoridades de los distintos Estados, cuya política fue ineficaz por falta de uniformidad.
Reitero mi recomendación anterior de que el Congreso también debe considerar si el Gobierno Federal tiene ningún poder o le debe ningún deber con respecto a las transacciones internas en los seguros de carácter interestatal. Que la supervisión del Estado ha resultado insuficiente generalmente admitido. La carga sobre las compañías de seguros, y por lo tanto sus tenedores de pólizas de disposiciones contradictorias de muchos Estados, es incuestionable, mientras que muy poco control eficaz se impone a ningún hombre capaz y sin escrúpulos que quiere explotar la empresa en su propio interés a expensas de la los tomadores y del público. La incapacidad de un Estado para regular efectivamente las empresas de seguros creados bajo las leyes de otros Estados y que realiza la mayor parte de su negocio a otra parte también es clara. Como un remedio para este mal de disposiciones contradictorias, ineficaces, y sin embargo no onerosos ha sido durante muchos años una demanda generalizada de la supervisión federal. El Congreso ya ha reconocido que el seguro de un estado a otro puede ser un tema adecuado para la legislación federal, para la creación de la Oficina de Sociedades autorizó a publicar y suministrar información útil relativa a las empresas interestatales, "incluidas las empresas dedicadas a los seguros." Es obvio que si la compilación de las estadísticas será el límite del poder federal es totalmente ineficaz para regular este tipo de relaciones comerciales entre los Estados, y como el negocio de seguros ha superado en magnitud la posibilidad de una supervisión adecuada del Estado, el Congreso debería considerar cuidadosamente si una nueva legislación puede ser malo. Lo que se dice más arriba se aplica con igual fuerza a las organizaciones fraternas y benevolentes que contraten un seguro de vida.
Hay más necesidad de estabilidad que el intento de alcanzar una perfección ideal en los métodos de obtención de ingresos; y el impacto y la presión a la certeza de asistir a cualquier cambio serio en estos métodos de mundo de los negocios hacen que dicho cambio no aconsejable a menos que por causa grave. No es posible establecer una norma general por la que determinar el momento en que las razones de superarán las razones en contra de dicho cambio. Mucho tiene que depender, no sólo en las necesidades, sino en los deseos, de las personas como un todo; para las necesidades y deseos no son necesariamente idénticos. Por supuesto, ningún cambio se puede realizar en las líneas beneficiosos para, o deseada por, una sección o un solo Estado. Tiene que haber algo así como un acuerdo general entre los ciudadanos de los distintos Estados, como se representa en el Congreso, que el cambio es necesario y deseable en el interés de la gente, en su conjunto; y allí, entonces debe haber un esfuerzo sincero, inteligente y desinteresada para que sea de tal forma que se combinará, en lo posible, el máximo de bien a la gente en general con el mínimo necesario desprecio por los intereses especiales de las localidades o clases. Pero en tiempo de paz los ingresos debe en promedio, tomando una serie de años juntos, igual a los gastos o de lo contrario los ingresos debe ser aumentada. El año pasado hubo un déficit. A menos que nuestras inversiones se pueden mantener dentro de los ingresos entonces nuestras leyes de ingresos deben ser reajustados. Es todavía demasiado pronto para intentar esbozar lo tal forma debe tener un reajuste, ya que es todavía demasiado pronto para decir si habrá necesidad para ello. Se debe considerar si no sería deseable que las leyes arancelarias deben proporcionar para la aplicación como en contra oa favor de cualquier otra nación y máxima aranceles mínimos establecidos por el Congreso, a fin de asegurar una cierta reciprocidad de trato entre las otras naciones y de nosotros mismos . Tener a la vista incluso más grandes consideraciones de política que los de carácter meramente económico, sería, a mi juicio, sería bueno esforzarse por lograr conexiones comerciales más estrechas con los demás pueblos de este continente. Estoy feliz de poder anunciar a usted que Rusia ahora nos trata sobre la base de la nación más favorecida.
Recomiendo vivamente al Congreso la necesidad de la economía y con este fin de un escrutinio rígido de los créditos. Como ejemplos simples, que yo llamo su atención sobre uno o dos temas específicos. Todas las oficinas innecesarias deben ser abolidas. El Comisionado de la Oficina General de Tierras recomienda la abolición de la oficina del receptor de fondos públicos para la Oficina de Tierras de Estados Unidos. Esto afectará un ahorro de alrededor de un cuarto de un año un millón de dólares. A medida que el negocio de la Nación crece, es inevitable que haya de vez en cuando un aumento legítimo en el número de funcionarios, y este hecho hace que sea aún más importante que cuando las oficinas se convierten en innecesarios que debe ser abolida. En la impresión pública también un gran ahorro de dinero público se puede hacer. Hay una tendencia en constante crecimiento a publicar masas de información importante. Probablemente no es injusto decir que muchas decenas de miles de volúmenes se publican en la que ningún ser humano se ve y para el que no hay demanda real lo que sea.
Sin embargo, al hablar de economía, debo de ser comprendido no sabia como abogar por la falsa economía que es al final el peor extravagancia. Para reducir en la marina, por ejemplo, sería un crimen contra la Nación. Para dejar de impulsar los trabajos en el Canal de Panamá sería tan gran locura.
En mi mensaje de 2 de diciembre de 1902, al Congreso le dije:
"Las tasas de interés son un factor poderoso en la actividad empresarial, y con el fin de que estas tasas pueden ser igualados para satisfacer las diversas necesidades de las estaciones y de las comunidades muy distantes entre sí, y para prevenir la recurrencia de restricciones financieras, que afecta perjudicialmente negocio legítimo, es necesario que no debe haber un elemento de elasticidad en nuestro sistema monetario. los bancos son los siervos naturales de comercio, y, sobre ellos se deben colocar, en la medida de lo posible, la carga de la decoración y el mantenimiento de una circulación adecuada para suplir las necesidades de nuestras industrias diversificadas y de nuestro comercio interior y exterior, y la expedición del presente deben ser tan regulado que un suministro suficiente debe estar siempre disponible para los intereses comerciales del país ".
Cada cuenta de la prudencia exige la adición del elemento de elasticidad en nuestro sistema monetario. El mal no consiste en un volumen inadecuado de dinero, pero en la rigidez de este volumen, que no responde como debe a las diversas necesidades de las comunidades y de las estaciones. La inflación debe ser evitada; pero algunos que conviene prever que asegurará un mayor volumen de dinero durante los meses de otoño e invierno que en las temporadas de menor actividad del año; para que la moneda se contraerá contra la especulación, y se expandirá a las necesidades de los negocios legítimos. En la actualidad el Departamento del Tesoro está en forma irregular recurrente intervalos obligado, en el interés del mundo de los negocios - es decir, en interés de la opinión pública estadounidense - para tratar de evitar las crisis financieras, proporcionando un recurso que debe ser proporcionada por la acción del Congreso .
En varias ocasiones he instituido investigaciones sobre la organización y realización de las actividades de los departamentos ejecutivos. Aunque ninguna de estas investigaciones aún no han progresado lo suficiente como para justificar las conclusiones finales, que ya han confirmado y hecho hincapié en la impresión general de que la organización de los servicios es a menudo defectuosa, en principio y derrochador en los resultados, mientras que muchos de sus métodos comerciales son anticuados e ineficientes . Hay muchas razones por qué nuestra maquinaria gubernamental ejecutivo debe ser por lo menos tan bien planeado, económica y eficiente como la mejor maquinaria de las grandes organizaciones empresariales, que en la actualidad no es el caso. Para que así sea es una tarea de detalle complejo y ejecutivo esencialmente en su naturaleza; Probablemente ningún cuerpo legislativo, no importa cuán sabio y capaz, podría emprender con perspectivas razonables de éxito. Recomiendo que el Congreso considere este tema con miras a prever en su legislación para la transferencia, la distribución, la consolidación y la asignación de funciones y organizaciones ejecutivas o partes de las organizaciones, y por los cambios en los métodos de negocio, dentro o entre los diversos departamentos, que será mejor promover la economía, eficiencia y alto carácter de la obra de Gobierno.
En mi último mensaje anual que dije:
"El poder del Gobierno para proteger la integridad de las elecciones de sus propios funcionarios es inherente y ha sido reconocida y afirmada por las reiteradas declaraciones de la Corte Suprema. No hay enemigo del gobierno libre más peligroso y ninguno tan insidiosa como la corrupción de el electorado. Nadie defiende o excusas corrupción, y parecería deducirse que ninguno se opondría a medidas enérgicas para erradicarla. recomiendo la promulgación de una ley dirigida contra el soborno y la corrupción en las elecciones federales. los detalles de una ley de este tipo pueden ser con seguridad se fue a los sabios discreción del Congreso, pero debe ir tan lejos como en la Constitución se puede ir, y debe incluir sanciones severas contra aquel que da o recibe un soborno destinado a influir en su acción u opinión como elector; y las disposiciones para la publicación no sólo de los gastos para las nominaciones y elecciones de todos los candidatos, sino también de todas las contribuciones recibidas y los gastos realizados por los comités políticos. "
Deseo repetir esta recomendación. En las campañas políticas en un país tan grande y poblado como el nuestro, es inevitable que no debe haber mucho gasto de un tipo completamente legítimo. Esto, por supuesto, significa que muchas contribuciones, y algunos de ellos de gran tamaño, se deben hacer, y que, como cuestión de hecho, en toda gran contienda política tales contribuciones se realizan siempre a ambos lados. Es perfectamente adecuado tanto para dar y recibir de ellos, a menos que exista un motivo impropio conectado, ya sea con el regalo o la recepción. Si son extorsionados por ningún tipo de presión o promesa, expresa o implícita, directa o indirecta, en el camino de favor o inmunidad, a continuación, la concesión o recepción se convierte no sólo inadecuada, sino criminal. Es, sin duda, va a ser difícil, como una cuestión de detalles prácticos, para dar forma a un acto que guardará con certeza razonable contra dicha mala conducta; pero si es posible asegurar por ley la publicación completa y verificada en detalle de todas las sumas aportadas para y gastados por los candidatos o comités de ningún partido político, el resultado no puede sino estar sana. Todas las contribuciones de las empresas a cualquier comité político o para cualquier propósito político debe ser prohibido por la ley; directores no deben ser autorizados a utilizar el dinero de los accionistas para tales fines; y, además, una prohibición de este tipo sería, en lo que fue, un método eficaz de detener los males destinados a prácticas corruptas actúa. No sólo deben tanto a varias Legislaturas Estatales Nacional y prohibir cualquier funcionario de una corporación de utilizar el dinero de la corporación en o alrededor de cualquier elección, pero también deben prohibir tal uso de dinero en relación con cualquier legislación parada de la contratación de un abogado en forma pública por los servicios jurídicos claramente.
La primera conferencia de naciones celebrada en La Haya en 1899, al no poder disponer de todo el negocio antes de que, recomienda la consideración y resolución de una serie de preguntas importantes por otra conferencia a llamarse posteriormente y en una fecha próxima. Estas preguntas fueron las siguientes: (1) Los derechos y deberes de los neutrales; (2) la limitación de las fuerzas armadas en tierra y mar, y de los presupuestos militares; (3) el uso de nuevos tipos y calibres de las armas militares y navales; (4) la inviolabilidad de la propiedad privada en el mar en tiempos de guerra; (5) el bombardeo de puertos, ciudades y aldeas de las fuerzas navales. En octubre de 1904, a instancias de la Unión Interparlamentaria, que, en una conferencia celebrada en los Estados Unidos, a la que asistieron los legisladores de quince países diferentes, había reiterado la exigencia de una segunda conferencia de las naciones, emití invitaciones a todos las potencias signatarias del Convenio de La Haya para enviar delegados a una conferencia de este tipo, y sugirieron que se celebrará de nuevo en La Haya. En su nota de 16 de diciembre de 1904, el Gobierno de los Estados Unidos comunicó a los representantes de gobiernos extranjeros su creencia de que la conferencia podría ser mejor organizados en el marco de las disposiciones del presente tratado de La Haya.
Desde recepción del conjunto de la aceptación poderes, unido en algunos casos con la condición de que debemos esperar hasta el final de la guerra entonces librando entre Rusia y Japón. El emperador de Rusia, inmediatamente después de que el tratado de paz que tan felizmente terminada esta guerra, en una nota presentada al Presidente el 13 de septiembre, a través del Embajador Rosen, tomó la iniciativa en la recomendación de que la conferencia se llama ahora. El Gobierno de los Estados Unidos en respuesta expresó su cordial aquiescencia, y declaró que, como una cuestión de rutina, tomar parte en la nueva conferencia y se esforzará para promover sus objetivos. Suponemos que todos los gobiernos civilizados apoyarán el movimiento, y que la conferencia es ahora un hecho cierto. Este Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para asegurar el éxito de la conferencia, a fin de que el progreso sustancial se puede hacer en la causa de la paz internacional, justicia y buena voluntad.
Esto hace que sea adecuada en este momento para decir algo en cuanto a la actitud general de este Gobierno hacia la paz. Más y más guerra está llegando a ser considerada en sí misma como una cosa lamentable y el mal. Un sin sentido o guerra inútil, o una guerra de agresión simple - en fin, cualquier guerra empezado o continuado en un espíritu sin conciencia, debe ser condenado como un crimen atroz peculiarmente contra toda la humanidad. Podemos, sin embargo, no hacer nada de valor permanente para la paz a menos que nos mantengamos siempre muy en cuenta el elemento ético que está en la raíz del problema. Nuestro objetivo es la justicia. La paz es normalmente la mano-de soltera de rightousness; pero cuando la paz y el conflicto justicia entonces un pueblo grande y verticales de la gente nunca por un momento pueden dudar en seguir el camino que conduce hacia la justicia, a pesar de que ese camino también conduce a la guerra. Hay personas que abogan por la paz a cualquier precio; hay otros que, a raíz de una falsa analogía, piensan que porque ya no es necesario en los países civilizados para las personas a proteger sus derechos con una mano fuerte, por lo que es necesario para que las naciones estén dispuestos a defender sus derechos. Estas personas harían un daño irreparable a cualquier nación que adoptó sus principios, e incluso como es que comprometerá seriamente la causa que abogan por que tiende a hacerla absurda a los ojos de los hombres sensatos y patrióticos. No puede haber peor enemigo de la humanidad en general, y de su propio país, en particular, que el demagogo de la guerra, el hombre que en la mera insensatez o para servir a su propio egoísta termina continuamente carriles en y abusa de otras naciones, que trata de excitar sus compatriotas contra los extranjeros en pretextos insuficientes, que excita e inflama una vanidad nacional perversa y agresiva, y que en ocasiones pueden llevar insensiblemente en conflicto entre su nación y otra nación. Pero hay demagogos de la paz así como hay demagogos de la guerra, y en cualquier movimiento como este para la Conferencia de La Haya es esencial no se deje engañar por un grupo de extremistas más que por la otra. Siempre que es posible que una nación o de un individuo para trabajar por la paz verdadera, dando por cierto que es el fracaso del deber no tan a esforzarse, pero si es necesario y justo guerra entonces el hombre o la nación encoge de ella pierde todo derecho a la libre respeto. Tenemos poca simpatía con el sentimentalista que teme opresión menos de sufrimiento físico, que prefieren una paz vergonzosa para el dolor y la fatiga a veces lamentablemente necesarias a fin de asegurar una paz justa. Hasta el momento sólo hay una analogía parcial e imperfecta entre el derecho internacional y el derecho interno o municipal, porque no hay ninguna sanción de la fuerza de la ejecución del primero, mientras que existe en el caso de este último. El ciudadano está protegido en sus derechos por la ley, porque la ley se basa en última instancia en la fuerza ejercida a través de las formas de la ley. Un hombre no tiene que defender sus derechos con su propia mano, porque él puede llamar a la policía, al posse del sheriff, a la milicia, o en ciertos casos extremos sobre el ejército, para defenderlo. Pero no existe tal sanción de la fuerza del derecho internacional. En la actualidad no puede haber mayor calamidad que para los pueblos libres, los pueblos progresistas, independientes y amantes de la paz, el desarme, mientras que todavía lo deja abierto a cualquier barbarie o despotismo permanecer armado. En tanto que el mundo es tan desorganizado como ahora los ejércitos y las armadas de los pueblos que en todo el soporte para la justicia, ofrecer no sólo la mejor, pero la única posible, la seguridad de una paz justa. Por ejemplo, si sólo en los Estados Unidos, o en compañía sólo con las otras naciones que en general tienden a actuar con justicia, desarmado, podemos a veces evitar el derramamiento de sangre, pero dejaríamos de ser de un peso en la obtención de la paz de justice-- la verdadera paz para el que la mayoría de los hombres respetuosos de la ley y de altas miras debe ser a veces dispuestos a luchar. A medida que el mundo es ahora, sólo que la nación está equipada para la paz que sabe cómo luchar, y que no se encogerá de luchar si alguna vez las condiciones se hacen de tal manera que la guerra se exige en el nombre de la más alta moralidad.
Tanto es enfáticamente que decir que, para que la posición de los Estados Unidos no puede ser mal interpretado, y que un verdadero esfuerzo para traer más cerca el día de la paz de la justicia entre las naciones no pueden ser obstaculizados por la locura que, en el esfuerzo por lograr lo imposible, la haría inútil intentar el logro de la práctica. Pero, al tiempo que reconoce más claramente por encima de todo establecido, sigue siendo nuestro claro deber de esforzarse en todo lo posible para traer más cerca del momento en que la espada no será el árbitro entre las naciones. En la actualidad la cosa práctica de hacerlo es tratar de minimizar el número de casos en que debe ser el árbitro, y ofrecer, al menos, a todos los poderes civilizados, un sustituto para la guerra, que estará disponible en al menos un número considerable de casos. Mucho se puede hacer a través de otra conferencia de La Haya en esta dirección, y yo con todo fervor Instar a que esta Nación no todo en su poder para tratar de promover la circulación y hacer que el resultado de las decisiones de la Conferencia de La Haya efectiva. Espero sinceramente que la conferencia puede ser capaz de idear alguna manera de hacer que el arbitraje entre las naciones, la forma habitual de resolver disputas internacionales en todo salvo unas pocas clases de casos, que sean también tan claramente definida y rígidamente limitado como el presente gubernamental y social desarrollo del mundo permitirá. Si es posible, debe haber un tratado general de arbitraje negociado entre todas las naciones representadas en la conferencia. Derechos neutrales y los bienes deben ser protegidos en el mar, ya que están protegidas en tierra. Debe haber un acuerdo internacional para este propósito y un acuerdo similar que define contrabando de guerra.
Durante el último siglo se ha producido una disminución clara del número de guerras entre las naciones más civilizadas. Las relaciones internacionales se han estrechado y el desarrollo de El tribunal de La Haya no es sólo un síntoma de esta creciente cercanía de la relación, sino que es un medio por el cual el crecimiento se puede fomentar. Nuestro objetivo debe ser de vez en cuando para tomar las medidas que sean posibles hacia la creación de algo así como una organización de las naciones civilizadas, porque a medida que el mundo se vuelve más organizada la necesidad de las armadas y ejércitos disminuirán. No es posible asegurar algo como un desarme inmediato, ya que en primer lugar sería necesario para resolver lo que los pueblos son, en general, una amenaza para el resto de la humanidad, y para proporcionar contra el desarme del resto se convirtió en un movimiento que haría realmente beneficiar principalmente a esos pueblos odiosos; pero puede ser posible ejercer algún tipo de control sobre la tendencia a hincharse de forma indefinida los presupuestos de gastos militares. Por supuesto tal esfuerzo podría tener éxito sólo si no trató de hacer demasiado; y si se llevaron a cabo en un espíritu de cordura tan alejado como sea posible de una pseudo-filantropía simplemente histérica. Vale la pena señalar que desde el fin de la insurrección en Filipinas esta Nación ha demostrado su fe práctica en la política de desarme mediante la reducción de su ejército poco un tercio. Pero el desarme no puede ser de vital importancia; hay más necesidad de deshacerse de las causas de la guerra que de los implementos de guerra.
Me he extendido mucho en los peligros que hay que evitar por mantenerse alejado de cualquier mero sentimentalismo tonto porque mi deseo de paz es tan genuina y sincera; porque tengo un real y gran deseo de que esta segunda conferencia de La Haya puede marcar un paso largo hacia delante en la dirección de asegurar la paz de la justicia en todo el mundo. Ningún objeto es mejor la atención digna de un estadista ilustrado que el establecimiento de un método más seguro que existe ahora de asegurar la justicia entre las naciones, tanto para la protección de las pequeñas naciones y para la prevención de la guerra entre las grandes naciones. Para ello debemos esforzarnos no sólo para evitar el derramamiento de sangre, pero, sobre todo, eficaz para fortalecer las fuerzas de la derecha. La regla de oro debe ser, y como el mundo crece en la moral será, el principio rector de la conducta entre las naciones como entre los individuos; aunque la regla de oro no debe ser interpretado, de manera fantástica, como prohibir el ejercicio del poder de policía. Esta República poderoso y libre debe nunca tratar con todos los demás Estados, grandes o pequeños, en una base de alto honor, el respeto de sus derechos como celosamente como salvaguarda de su propio.
Uno de los instrumentos más eficaces para la paz es la Doctrina Monroe como lo ha sido y está siendo desarrollado gradualmente por esta nación y aceptado por las demás naciones. Ninguna otra política podría haber sido tan eficiente en la promoción de la paz en el hemisferio occidental y en dar a cada país al respecto la posibilidad de desarrollar a lo largo de sus propias líneas. Si nos hubiéramos negado a aplicar la doctrina a las condiciones cambiantes ahora sería completamente caduco, no cumpliría ninguna de las necesidades de la época actual, y, de hecho, probablemente por este tiempo han caído en el olvido completo. Es útil en el hogar, y se está reuniendo con reconocimiento en el extranjero, porque hemos adaptado nuestra aplicación de la misma para satisfacer las crecientes y cambiantes necesidades del hemisferio. Cuando anunciamos una política como la Doctrina Monroe que con ello nos comprometemos a las consecuencias de la política, y esas consecuencias de vez en cuando cambiar. Está fuera de la cuestión para reclamar un derecho y, sin embargo eludir la responsabilidad de su ejercicio. No sólo nosotros, sino todas las repúblicas americanas que se benefician por la existencia de la doctrina, debemos reconocer las obligaciones de cada nación está bajo lo que respecta a los pueblos extranjeros no menos que su deber de insistir en sus propios derechos.
Que nuestros derechos e intereses están muy preocupados en el mantenimiento de la doctrina es tan clara como apenas a necesitar discusión. Esto es especialmente cierto en vista de la construcción del Canal de Panamá. Como una mera cuestión de defensa propia que debemos ejercer una estrecha vigilancia sobre los enfoques de este conducto; y esto significa que debemos estar completamente vivos a nuestros intereses en el Mar Caribe.
Hay ciertos puntos esenciales que nunca deben ser olvidados en cuanto a la Doctrina Monroe. En primer lugar debemos como nación que sea evidente que no tenemos la intención de tratar de ninguna forma o manera como una excusa para el engrandecimiento de nuestra parte a expensas de las repúblicas del sur. Debemos reconocer el hecho de que en algunos países de América del Sur ha habido mucha suspicacia no sea que debemos interpretar la Doctrina Monroe como de alguna manera hostil a sus intereses, y tenemos que tratar de convencer a todos los demás pueblos de este continente una vez por todas que sin justa y ordenada Gobierno tiene nada que temer de nosotros. Hay ciertas repúblicas al sur de nosotros que ya han alcanzado un punto de estabilidad, el orden y la prosperidad que ellos mismos, aunque todavía apenas consciente, se encuentran entre los garantes de esta doctrina. Estas repúblicas que hoy conocemos no sólo en condiciones de entera igualdad, pero en un espíritu de amistad franca y respetuosa, que esperamos es mutuo. Si todas las repúblicas al sur de nosotros sólo crecerá como aquellas a las que aludo ya han crecido, toda necesidad de que seamos los campeones especiales de la doctrina desaparecerán, sin estable y en crecimiento república estadounidense desea ver alguna gran territorio militar no estadounidense adquieren poder en su vecindario. Todo lo que este país desea es que las otras repúblicas de este continente será feliz y próspero; y que no puede ser feliz y próspero a menos que mantener el orden dentro de sus fronteras y se comportan con un solo sentido de sus obligaciones para con los forasteros. Se debe entender que bajo ninguna circunstancia los Estados Unidos utilizar la Doctrina Monroe como un pretexto para la agresión territorial. Deseamos la paz con todo el mundo, pero quizá sobre todo con los demás pueblos del Continente Americano. Hay, por supuesto, los límites a los males que cualquier nación que se precie puede soportar. Siempre es posible que las acciones equivocadas hacia esta nación, o hacia los ciudadanos de esta nación, en algún Estado incapaz de mantener el orden entre su propia gente, incapaz de asegurar la justicia de los forasteros, y sin voluntad de hacer justicia a los forasteros que lo tratan bien, puede dar lugar a que tengamos que tomar medidas para proteger nuestros derechos; pero dicha acción no se tomará con miras a la agresión territorial, y se tendrá en absoluto sólo con renuencia extrema y cuando se ha hecho evidente que todos los demás recursos se han agotado.
Por otra parte, hay que dejar claro que no tenemos la intención de permitir la Doctrina Monroe para ser utilizado por cualquier nación en este continente como un escudo para protegerlo de las consecuencias de sus propias fechorías contra las naciones extranjeras. Si una república al sur de nosotros comete un agravio contra una nación extranjera, como un ultraje contra un ciudadano de ese país, a continuación, la Doctrina Monroe no nos obligan a intervenir para evitar el castigo de la responsabilidad civil, salvo para ver que el castigo no asume la forma de ocupación del territorio en cualquier forma. El caso es más difícil cuando se refiere a una obligación contractual. Nuestro propio Gobierno siempre se ha negado a cumplir dichas obligaciones contractuales en nombre de sus ciudadanos por una apelación a las armas. Es muy de desear que todos los gobiernos extranjeros tomarían la misma opinión. Pero no lo hacen; y, en consecuencia, estamos expuestos en cualquier momento para ser llevado frente a frente con alternativas desagradables. Por un lado, este país sería ciertamente negarse a ir a la guerra para evitar que un gobierno extranjero se acumule una deuda justa; por otro lado, es muy aconsejable permitir que ninguna potencia extranjera para tomar posesión, aunque sea temporalmente, de las aduanas de una República Americana, a fin de hacer cumplir el pago de sus obligaciones; para tal ocupación temporal podría convertirse en una ocupación permanente. El único escape de estas alternativas puede en cualquier momento ser que nos tenemos que llevar a cabo para lograr un arreglo por el cual tanto como sea posible de una obligación sólo se pagará. Es mucho mejor que este país debe poner a través de un acuerdo de este tipo, en lugar de permitir que cualquier país extranjero para emprenderlo. Para ello asegura la república incumplimiento del pago de la deuda de carácter impropio bajo coacción, mientras que también asegura acreedores honestas de la república de ser aprobada por el interés de los acreedores deshonestos o agarrar. Por otra parte, para los Estados Unidos para tomar tal posición ofrece la única manera posible de nosotros asegurar contra un choque con alguna potencia extranjera. La posición es, por lo tanto, en interés de la paz, así como en el interés de la justicia. Es en beneficio de nuestro pueblo; que es de beneficio para los pueblos extranjeros; y la mayor parte de todo lo que es realmente de beneficio para el pueblo del país en cuestión.
Esto me lleva a lo que debería ser uno de los objetos fundamentales de la Doctrina Monroe. Debemos nosotros de buena fe tratar de ayudar hacia arriba, hacia la paz y ordenar los de nuestras repúblicas hermanas que necesitan este tipo de ayuda. Del mismo modo que se ha producido un crecimiento gradual del elemento ético en las relaciones de un individuo a otro, por lo que son, a pesar de que poco a poco, cada vez más viene a reconocer el deber de llevar las cargas de los otros, no sólo como entre los individuos, pero también como entre las naciones.
Santo Domingo, a su vez, ha hecho un llamamiento para que la ayudara, y no sólo cada principio de la sabiduría, pero cada instinto generoso dentro nos invita a responder a la apelación. No es de la más mínima importancia si concedemos la ayuda necesaria por Santo Domingo como un incidente a los sabios desarrollo de la Doctrina Monroe o porque consideramos el caso de Santo Domingo como de pie totalmente por sí mismo, y para ser tratados como tales, y no en principios generales o con cualquier referencia a la Doctrina Monroe. El punto importante es dar la ayuda necesaria, y el caso es sin duda lo suficientemente peculiar como para merecer ser juzgados exclusivamente por sus propios méritos. Las condiciones en Santo Domingo tienen desde hace varios años pasado de mal en peor hasta hace un año toda la sociedad estaba al borde de la disolución. Afortunadamente, justo en este momento un gobernante brotó en Santo Domingo, quien, con sus colegas, vio los peligros que amenazan su país e hizo un llamamiento a la amistad de la única gran y poderoso vecino que poseía el poder, y como esperaban también la voluntad para ayudarlos. No había peligro inminente de la intervención extranjera. Los gobernantes anteriores de Santo Domingo habían incurrido imprudentemente deudas, y debido a sus desórdenes internos que habían dejado de ser capaz de proporcionar medios para pagar las deudas. La paciencia de sus acreedores extranjeros se había agotado, y por lo menos dos países extranjeros estaban a punto de la intervención, y sólo fueron impedidos de intervenir por la garantía oficial de este Gobierno que ella misma se esfuerzan por ayudar a Santo Domingo en su hora de necesidad . En el caso de una de estas naciones, sólo la apertura efectiva de negociaciones con este fin por nuestro Gobierno impidió la toma del territorio en Santo Domingo por una potencia europea. De las deudas contraídas algunos eran sólo, mientras que algunos no eran de un personaje que realmente hace que sea obligatorio o adecuado para Santo Domingo a pagar en su totalidad. Pero ella no podía pagar cualquiera de ellos a menos que algo de estabilidad se aseguró a su Gobierno y al pueblo.
En consecuencia, el Departamento Ejecutivo de nuestro gobierno negoció un tratado en virtud del cual vamos a tratar de ayudar al pueblo dominicano para enderezar sus finanzas. Este tratado está pendiente ante el Senado. Mientras tanto, un arreglo temporal se ha hecho, que durará hasta que el Senado ha tenido tiempo de tomar acción sobre el tratado. En virtud de esta disposición, el Gobierno dominicano ha nombrado a los estadounidenses a todos los puestos importantes en el servicio de aduanas y que están viendo a la colección honesta de los ingresos, convirtiendo más del 45 por ciento. al Gobierno para la ejecución de los gastos y poner el otro 55 por ciento. en un depósito seguro para la división equitativa en caso de que se ratificó el tratado, entre los distintos acreedores, ya sea europeo o americano.
Las Casas personalizados ofrecer poco menos que las únicas fuentes de ingresos en Santo Domingo, y las diferentes revoluciones suelen tener como verdadero objetivo la obtención de estas casas personalizadas. El mero hecho de que los coleccionistas de Aduanas son los estadounidenses, que están realizando sus funciones con eficiencia y honestidad, y que el tratado está pendiente en el Senado da un cierto poder moral al Gobierno de Santo Domingo que no ha tenido antes. Esto ha desalentado completamente todo movimiento revolucionario, mientras que ya se ha producido un aumento en los ingresos que el Gobierno está consiguiendo realmente más del 45 por ciento. que los coleccionistas estadounidenses entreguen a él que se puso anteriormente cuando se tomó todo el ingreso. Se permite a los pobres, las personas acosadas de Santo Domingo una vez más a dirigir su atención a la industria y de estar libre de la cura de perturbación revolucionaria interminable. Ofrece a todos los acreedores de buena fe, de América y Europa, la única buena oportunidad para conseguir que al que están justamente derecho, mientras que a cambio le da a Santo Domingo la única oportunidad de defensa frente a las reclamaciones que no debe prestar, por ahora si se ajusta a las opiniones del Senado seremos nosotros mismos examinar a fondo todas estas afirmaciones, ya sea estadounidense o extranjera, y ver que ninguno que sea incorrecto se pagan. Hay, por supuesto, la oposición al tratado de los acreedores deshonestos, extranjeros y estadounidenses, y de los revolucionarios profesionales de la propia isla. Tenemos ya razones para creer que algunos de los acreedores que no se atreven a exponer sus demandas a un escrutinio honesto se esfuerzan por fomentar la sedición en la isla y la oposición al tratado. Mientras tanto, he ejercido la autoridad investida en mí por la resolución conjunta del Congreso para impedir la introducción de armas a la isla con fines revolucionarios.
En el marco del curso tomado, la estabilidad y el orden y todos los beneficios de la paz son, al fin de llegar a Santo Domingo, se ha suspendido el peligro de la intervención extranjera, y hay por fin una perspectiva de que todos los acreedores recibirán la justicia, ni más ni menos. Si el acuerdo se termina con el fracaso del caos tratado seguirá; y si el caos sigue, tarde o temprano, este Gobierno puede estar involucrado en serias dificultades con los gobiernos extranjeros en la isla, o de lo contrario puede ser forzado en sí para intervenir en la isla de alguna manera desagradable. En virtud de la propuesta de tratado de la independencia de la isla se respeta escrupulosamente, el peligro de violación de la Doctrina Monroe por la intervención de las potencias extranjeras se desvanece, y la interferencia de nuestro Gobierno se reduce al mínimo, por lo que sólo vamos a actuar en conjunto con el Santo Domingo autoridades para asegurar la correcta administración de las aduanas, y por lo tanto para asegurar el pago de las deudas justas y asegurar al Gobierno dominicano contra demandas por deudas injustas. El método propuesto dar al pueblo de Santo Domingo la misma oportunidad de moverse adelante y hacia arriba, que ya hemos dado al pueblo de Cuba. Será doblemente a nuestro descrédito como nación, si no somos capaces de tomar ventaja de esta oportunidad; para ello será de daño a nosotros mismos, y será de un daño incalculable a Santo Domingo. Cada examen de política sabia, y, sobre todo, toda la consideración de gran generosidad, nos invita a responder a la petición de Santo Domingo como ahora estamos tratando de cumplir con ella.
No podemos considerar la cuestión de nuestra política exterior, sin que al mismo tiempo el tratamiento del Ejército y la Marina. Ahora tenemos un ejército muy pequeño de hecho, una infinitesimal poco menos que en comparación con el ejército de cualquier otra nación grande. Por supuesto, el ejército que tenemos debe ser tan casi perfecto en su género y por su tamaño que es posible. No creo que cualquier ejército en el mundo tiene un mejor promedio de reclutas o un mejor tipo de oficial subalterno; pero el ejército debe estar capacitado para actuar con eficacia en una masa. Es necesario prever con créditos suficientes para maniobras de carácter práctico, por lo que las tropas pueden aprender a cuidar de sí mismos en condiciones de servicio reales; cada marcha, por ejemplo, está hecho con el soldado cargado exactamente como estaría en campaña activa. Los generales y coroneles serían por lo tanto tienen la oportunidad de regimientos de manipulación, brigadas y divisiones, y el comisario y los departamentos médicos serían probados en el campo. Es necesario prever para el ejercicio por lo menos de una brigada y por la preferencia de una división en marcha y embarcarse en algún momento en nuestra costa y desembarcar en algún otro momento y continuar su marcha. El número de puestos en los que el ejército se mantiene en el tiempo de la paz debe ser disminuido sustancialmente y los mensajes que se dejan hizo correspondientemente mayor. No hay intereses locales se les debe permitir a interponerse en el camino de montaje de la mayor parte de las tropas que en caso de necesidad formar a nuestros ejércitos de campaña en las estaciones de tal tamaño que permita la mejor formación que debe darse al personal de todos los grados, incluyendo el funcionarios y oficiales de estado mayor altura. Para lograr este objetivo hay que tener no la empresa o guarniciones de regimiento, pero la brigada y división guarniciones. Promoción por mera antigüedad nunca puede dar lugar a un cuerpo totalmente eficiente de los oficiales en los rangos más altos a menos que lo acompaña un proceso de desmalezado de salida vigorosa. Tal proceso de desmalezado de salida - es decir, un proceso de selección, tales - es una característica principal, por supuesto, los cuatro años de la joven oficial en West Point. No hay ninguna buena razón por la que debe dejar inmediatamente después de su graduación. Durante su estancia en West Point que se deja caer a menos que se le ocurre a un cierto nivel de excelencia, y cuando se gradúe toma rango en el ejército de acuerdo a su rango de graduación. Los resultados son buenos en West Point; y no debe haber en el ejército en sí algo que va a lograr el mismo fin. Después de que se haya alcanzado una cierta edad el oficial promedio está en condiciones de hacer un buen trabajo debajo de un cierto grado. Es necesario prever para la promoción de hombres excepcionalmente meritorios sobre las cabezas de sus compañeros y para el retiro de todos los hombres que han llegado a una edad determinada, sin ir más allá de un rango dado; esta edad de la jubilación, por supuesto, se cambia de fila en fila. Tanto en el ejército y la armada no debería haber algún principio de selección, es decir, de la promoción por méritos, y no debe haber un esfuerzo decidido para eliminar los agentes envejecidas de carácter de buena reputación que no poseen eficacia especial.
No debe haber un aumento en la fuerza de artillería costa, por lo que nuestras fortificaciones costeras pueden ser en cierta medida con personal adecuadamente. No hay necesidad especial de un incremento y reorganización del Departamento Médico del Ejército. Tanto en el ejército y la marina debe haber el mismo entrenamiento a fondo para el servicio en el cuerpo de personal como en la línea de combate. Sólo por este tipo de formación con antelación podemos estar seguros de que en las operaciones de campo de guerra reales y los que están en el mar se lleva a cabo con éxito. La importancia de esto se muestra de manera concluyente en la guerra española-estadounidense y la guerra ruso-japonesa. El trabajo de los departamentos de medicina en el ejército y la armada japonesa es especialmente digno de estudio. Renuevo mi recomendación de 9 de enero de 1905, según el Departamento Médico del Ejército y llamo la atención sobre la importancia de la igualdad de las necesidades del cuerpo de personal de la Armada. En el Departamento Médico de la Armada el primero en importancia es la reorganización del Cuerpo de hospital, en las líneas de la factura Gallinger, (S. 3984, 01 de febrero 1904), y la redistribución de los diferentes grados de los oficiales médicos de cumplir con los requisitos de servicio. Parece aconsejable también que los funcionarios médicos del ejército y la marina deben tener rango similar y pagar en sus respectivos grados, por lo que sus funciones pueden ser llevadas a cabo sin fricción cuando se ponen juntos. Los hospitales de base de la marina de guerra deben ser puestos en condiciones de cumplir con los requisitos modernos y los barcos hospitales se proporcionan. A menos que ahora ofrecemos con amplia previsión de las necesidades médicas del ejército y la marina sufrimiento atroz de un tipo prevenible es seguro que ocurrirá si alguna vez el país va a la guerra. No es razonable esperar que la administración exitosa en tiempo de guerra de un departamento que carece de un tercio del número de funcionarios necesarios para llevar a cabo el servicio médico en tiempo de paz. Necesitamos hombres que no son sólo los médicos; deben estar capacitados en la administración del servicio médico militar.
Nuestra marina tiene, relativamente a las marinas de otros países, siempre ser de mayor tamaño que nuestro ejército. Hemos seguido más sabiamente por un número de años para construir nuestra marina, y ahora se ha llegado a un nivel bastante alto de eficiencia. Este nivel de eficiencia no sólo debe mantenerse, sino incrementarse. No parece ser necesario, sin embargo, que la marina debe - al menos en el futuro inmediato - puede aumentar más allá del número actual de unidades. Lo que ahora es claramente necesario es sustituir eficiente para las unidades ineficientes ya que esta última se han desgastado o como se hace evidente que no sirven para nada.
Probablemente el resultado se alcanzaría mediante la adición de un único barco de guerra a nuestra marina cada año, los vasos sustituidas o caducas siendo despedidos o rotas, ya que se sustituyen así. Los cuatro monitores de una sola torreta construida inmediatamente después del final de la guerra española, por ejemplo, son los buques que serían de poco uso en caso de guerra. El dinero gastado en ellos podría haber sido más útil empleado en otras maneras. Por lo tanto, habría sido mucho mejor no haber construido uno solo de estos monitores y haber puesto el dinero en un amplio suministro de armas de reserva. La mayoría de los cruceros y barcos de guerra más pequeños, a pesar de que sirven a un propósito útil la medida en que son necesarios para el trabajo de la policía internacional, no se sumaría a la fuerza de nuestra marina de guerra en un conflicto con un enemigo serio. Hay una necesidad urgente de proporcionar un gran aumento en el número de oficiales, y especialmente en el número de reclutas.
Historia naval recientes han puesto de relieve ciertas lecciones que no debería, pero que, necesitan atención. Torpederos de navegación marítima o destructores son indispensables, no sólo para hacer ataques nocturnos por sorpresa al enemigo, sino incluso en la batalla para el acabado barcos ya paralizadas. En circunstancias excepcionales barcos submarinos serían, sin duda, ser de utilidad. Se necesitan exploradores rápidos. La fuerza principal de la marina de guerra, sin embargo, miente, y sólo puede mentir, en los grandes acorazados, los buques blindados, en gran medida gunitado que deciden el dominio de los mares. Cruceros pesados armados también juegan un papel más útil y cruceros desarmados, si es lo suficientemente rápido, son muy útiles como exploradores. Entre los antagonistas de aproximadamente igual destreza la perfección comparativo de los instrumentos de la guerra ordinariamente determinar la pelea. Pero es, por supuesto, es cierto que el hombre detrás de la pistola, el hombre en la sala de máquinas, y el hombre de la torre de mando, considerado no sólo individualmente, pero sobre todo con respecto a la forma en que trabajan juntos, son aún más importante que las armas con las que trabajan. El buque de guerra más temible es, por supuesto, impotente contra incluso un crucero ligero si los hombres a bordo que no son capaces de golpear cualquier cosa con sus armas, y completamente cruceros bien gestionadas-pueden contar en serio en un compromiso con mucho vasos superiores, si los hombres a bordo estos últimos son ineficaces, ya sea por falta de formación o de cualquier otra causa. Buques de guerra modernos son mecanismos más formidables cuando está bien manejados, pero son completamente inútiles cuando no está bien manejado, y que no pueden ser manejados en absoluto sin la formación de largo y cuidadoso. Esta formación puede bajo ninguna circunstancia se da cuando una vez la guerra ha estallado. Ninguna nave de lucha de la primera clase nunca debe ser guardada, salvo por las reparaciones necesarias, y su equipo debe mantenerse en constante ejercida en alta mar, para que pueda situarse en el punto más alto de la perfección. Para poner un nuevo y sin entrenamiento de la tripulación en el barco de guerra más poderoso y enviarlo al encuentro de un enemigo formidable no sólo es invitar, pero para asegurarse, el desastre y la desgracia. Improvisar tripulaciones en el estallido de una guerra, la medida en que la nave de lucha serio se refiere, es absolutamente inútil. Si los oficiales y los hombres no son completamente expertos en, y no han sido bien entrenados para, sus funciones, sería mucho mejor para mantener los buques en puerto durante las hostilidades que enviarlos contra un oponente formidable, para que el resultado sólo podía ser de que serían bien hundidos o capturados. La puntería de nuestra marina es ahora, en general, en un estado satisfactorio, y ha habido una gran mejora en la práctica de la flota. Necesitamos marineros adicionales; necesitamos un gran almacén de armas de reserva; necesitamos el dinero suficiente para la amplia práctica de tiro, amplia práctica de todo tipo en el mar. Debemos sustituir a tipos relativamente ineficientes - el viejo acorazado de tercera clase de Texas, los monitores de un solo torreones anteriormente mencionado, y, de hecho, todos los monitores y algunos de los viejos cruceros -, embarcaciones marítimas eficientes y modernas. Navegación marítima cazatorpederos deben ser sustituidos por algunos de los torpederos más pequeños. Durante el actual Congreso no hay necesidad de adiciones a la cantidad total de unidades de la Armada. Nuestra marina de guerra, aunque era muy pequeña con relación a las marinas de otros países, es por el momento suficiente en el punto de los números para nuestras necesidades, y si bien debemos esforzarnos constantemente para su mayor eficiencia, no hay necesidad de adiciones al total de buques ahora construido y la construcción, sino en la forma de sustitución como arriba se indica. Recomiendo el informe del Secretario de la Marina a la cuidadosa consideración del Congreso, sobre todo con miras a la legislación en el mismo abogado.
Durante el año pasado la evidencia se ha acumulado para confirmar las expresiones contenidas en mis dos últimos mensajes anuales sobre la importancia de la revisión de la legislación apropiada nuestro sistema de extranjeros que se naturalizan. Nombré pasado mes de marzo una comisión para hacer un examen cuidadoso de nuestras leyes de naturalización, y sugerir medidas adecuadas para evitar los abusos notorios que resultan de la imprevisión de la concesión ilegal de la ciudadanía. Esta comisión, integrada por un oficial del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, y del Departamento de Comercio y Trabajo, ha cumplido con la obligación que le impone, y ha presentado un informe, que será transmitido al Congreso para su consideración, y, espero, por su favor, la acción capaz.
Las recomendaciones distintivas de la comisión son:
En primer lugar - Una Oficina Federal de naturalización, que se establecerá en el Departamento de Comercio y Trabajo, para supervisar la administración de las leyes de naturalización y de recibir devoluciones de naturalizaciones pendientes y realizadas.
Segundo - La uniformidad de los certificados de naturalización, tasa a percibir, y el procedimiento.
En tercer lugar - calificaciones más exigente para la ciudadanía.
Cuarta - La declaración preliminar de la intención de ser abolida y no ajeno a naturalizarse hasta por lo menos noventa días después de la presentación de su petición.
Quinto - Competencia para naturalizar extranjeros que se limita a los tribunales de distrito de los Estados Unidos y para dichos tribunales estatales como competente para conocer de las acciones civiles en los que el monto en controversia es ilimitada; en ciudades de más de 100.000 habitantes de los tribunales de distrito de los Estados Unidos tengan jurisdicción exclusiva en la naturalización de los extranjeros residentes de tales ciudades.
En mi último mensaje le pregunté a la atención del Congreso sobre la necesidad urgente de acción para hacer que nuestra ley penal más eficaz; y yo con todo fervor solicito que hacéis caso el informe de la Fiscalía General sobre este tema. Hace siglos que era especialmente necesaria para lanzar todas las garantías ronda los acusados. A continuación, el peligro era para no ser perjudicado por el Estado. El peligro ahora es exactamente al revés. Nuestras leyes y costumbres dicen inmensamente a favor del criminal y en contra de los intereses del público que ha hecho mal. Algunas reglas anticuadas y obsoletas que una vez salvaguardados los derechos amenazados de ciudadanos privados, ahora sólo trabajan daño al cuerpo político general. El derecho penal de los Estados Unidos está en necesidad urgente de revisión. El proceso penal de cualquier tribunal de los Estados Unidos debe correr a lo largo de toda la extensión territorial de nuestro país. Los retrasos de la ley penal, no menos que de los derechos civiles, que ahora ascienden a un gran mal.
No parece haber ninguna ley de los Estados Unidos que prevé el castigo de un fiscal federal u otro funcionario del Gobierno que corruptamente se compromete a hacer injustamente o se abstenga de realizar un acto ilícito cuando la contraprestación por ese acuerdo corrupto es distinto poseer el valor del dinero. Esto debe ser remediado mediante leyes apropiadas. La legislación también debe ser promulgada para cubrir de manera explícita, inequívoca, y más allá de la violación cuestión de confianza en la forma de divulgación de secretos oficiales antes de tiempo por un funcionario o empleado de los Estados Unidos, y para proporcionar una sanción adecuada para ello. Este oficial ó empleado le debe el deber de los Estados Unidos para proteger cuidadosamente y no divulgar o en cualquier uso de forma, antes de tiempo, la información que es accesible al oficial ó empleado por razón de su cargo oficial. La mayoría de los abusos de confianza pública ya están cubiertos por la ley, y ésta debe ser. Es imposible, no importa la cantidad de atención que se utilice, para evitar el nombramiento de vez en cuando a las funciones públicas de un hombre que cuando tentó demuestra que es infiel; pero todos los medios deben ser proporcionados para detectar y todos los esfuerzos para castigar al malhechor. Por lo que esté en mi poder ver todas y cada una de esas malhechor será implacablemente perseguidos; en ningún caso en el pasado se le ha perdonado; en ningún caso en el futuro se le libre. Su crimen es un crimen contra todos los hombres honestos en la Nación, ya que es un crimen en contra de todo el cuerpo político. Sin embargo, en la vivienda en esas fechorías que es injusto no añadir que son totalmente excepcional, y que los empleados de la Gobierno en su conjunto rinden servicio en posición vertical y fiel al pueblo. Hay excepciones, sobre todo en una o dos ramas del servicio, pero en ningún momento en la historia de la Nación tiene el servicio público de la Nación tomada en su conjunto se situó en un plano más alto que ahora, tanto en lo relativo a la honestidad y en cuanto a la eficiencia.
Una vez más me llamo la atención sobre el estado de las leyes de tierras públicas. Los acontecimientos recientes han dado una nueva urgencia a la necesidad de los cambios que se ajuste a las leyes a las condiciones reales actuales. La disposición honesto y correcto uso de las tierras públicas restantes es de importancia fundamental. Los métodos inicuos por el que se provocó el acaparamiento de las tierras públicas en las actuales leyes son cada vez más conocidos en general, pero las leyes existentes no proporcionan soluciones eficaces. Las recomendaciones de los Terrenos Públicos de la Comisión sobre este tema son sabios y se debe dar efecto.
La creación de pequeñas explotaciones de regadío en el marco del acto de la recuperación es un desplazamiento a la tendencia de algunas otras leyes para fomentar o permiso de monopolio de la tierra de gran alcance. Bajo ese acto la construcción de grandes obras de riego se ha de proceder con rapidez y con éxito, las tierras reclamadas ansiosamente tomado, y la perspectiva de que la política de riego Nacional cumplirá todo lo que se espera de él es brillante. El acto debe ampliarse para incluir el estado de Texas.
El acto de Recuperación deriva gran parte de su valor por el hecho de que tiende a asegurar el mayor número posible de hogares en la tierra, y para crear comunidades de propietarios libres, en parte por el asentamiento en tierras públicas, en parte, al obligar a la subdivisión de grandes privado participaciones antes de que puedan obtener agua de las obras de riego del Gobierno. La ley exige que ningún derecho al uso de agua para las tierras de propiedad privada se venderá a un tracto superior a 160 hectáreas a cualquier propietario de tierras. Esta disposición ha suscitado hostilidad activa y de gran alcance, pero el éxito de la propia ley depende de la materialización sabia y firme de la misma. No podemos darnos el lujo de sustituir inquilinos por propietarios libres sobre el dominio público.
La mayor parte de las tierras públicas restantes no puede ser irrigado. Son en la actualidad y probablemente siempre será de mayor valor para el pastoreo que para cualquier otro propósito. Este hecho ha llevado a la granja de pastoreo de 640 acres en Nebraska y en la propuesta de ampliación a otros Estados. Se argumenta que una familia no puede apoyarse en 160 hectáreas de tierras de pastoreo árido. Esto es obviamente cierto, pero tampoco puede una familia con el apoyo de 640 hectáreas de gran parte de la tierra a la que se propone aplicar la granja de pastoreo. Establecer universalmente cualquier límite arbitrario sería prudente en el momento actual. Probablemente como resultado, por un lado en la ampliación de los fondos de algunos de los grandes propietarios de la tierra, y por el otro en el sufrimiento innecesario y el fracaso por parte de una parte muy considerable de los colonos de buena fe que dan fe a la garantía implícita de Gobierno de que tal área es suficiente. El mejor uso de las tierras públicas de pastoreo requiere el cuidadoso examen y clasificación de estas tierras con el fin de dar a cada colono tierra suficiente para mantener a su familia y no más. Si bien se está haciendo este trabajo, y hasta que se liquidan las tierras, el Gobierno debe tomar el control del campo abierto, bajo las regulaciones razonables adaptados a las necesidades locales, a raíz de la política general que ya están en funcionamiento correcto en las reservas forestales. Es probable que el valor presente de pastoreo de la gama público abierto es apenas más de la mitad de lo que era o lo que podría ser fácilmente de nuevo bajo una regulación cuidadosa.
La política forestal de la Administración parece contar con el apoyo inquebrantable del pueblo. Los grandes usuarios de la madera se reenvían a sí mismos el movimiento por la conservación de los bosques. Toda oposición organizada al bosque conserva en Occidente ha desaparecido. Desde la consolidación de todo el trabajo forestal Gobierno en el Servicio Forestal Nacional se ha producido una ganancia rápida y notable en la utilidad de las reservas forestales a las personas y en la apreciación del público de su valor. Los parques nacionales dentro o adyacentes a las reservas forestales deben ser transferidos al cargo del Servicio Forestal también.
El Gobierno Nacional ya hace algo en relación con la construcción y el mantenimiento del gran sistema de diques a lo largo del curso inferior del Mississippi; a mi juicio debería hacer mucho más.
Para la difusión de nuestro comercio en la paz y la defensa de nuestra bandera en la guerra una gran y próspera marina mercante es indispensable. Deberíamos tener buques de nuestra propia y marineros de nuestra propia transmitir nuestros productos a los mercados neutrales, y en caso de necesidad de reforzar nuestra línea de batalla. No puede dejar de ser una fuente de pesar e inquietud para nosotros que las líneas de comunicación con nuestras hermanas repúblicas de América del Sur deben ser principalmente bajo control extranjero. No es una buena cosa que los comerciantes y los fabricantes estadounidenses deberían tener que enviar sus mercancías y cartas a América del Sur a través de Europa si desean seguridad y prontitud. Incluso en el Pacífico, donde nuestros barcos han llevado a cabo su propia mejor que en el Atlántico, nuestra bandera mercante se ve ahora amenazada a través de la ayuda liberal otorgada por otros gobiernos en sus propias líneas de vapor. Les pido su consideración seria del informe con el que la Comisión de Marina Mercante ha seguido su larga y cuidadosa investigación.
Yo de nuevo de todo corazón encomiendo a vuestra consideración favorable a la celebración tricentenario, en Jamestown, Virginia. Apreciar la conveniencia de esta conmemoración, el Congreso aprobó una ley 3 de marzo de 1905, que autoriza en el año 1907, en y cerca de las aguas de Hampton Roads, en el Estado de Virginia, una naval, marítimo internacional, y de la celebración militar en honor a este evento. Por la autoridad investida en mí por este acto, he hecho la proclamación de dicha celebración, y han emitido, de conformidad con sus instrucciones, invitaciones a todas las naciones de la tierra a participar, mediante el envío de sus buques de guerra y esas organizaciones militares como puede ser practicable. Esta celebración sería un fracaso de su objetivo a menos que estaban soportando en sus resultados y en consonancia con la importancia del evento que se celebra, el evento del cual nuestra nación data su nacimiento. Espero sinceramente que esta celebración, ya endosado por el Congreso de los Estados Unidos, y por las legislaturas de los dieciséis Estados ya que la acción del Congreso, recibirá esa ayuda adicional en sus manos como lo hará digno del gran acontecimiento que es la intención de celebrar, y de ese modo permitir que el Gobierno de los Estados Unidos para hacer provisión para la exposición de sus propios recursos, y así mismo permitirá a nuestro pueblo que han emprendido la labor de dicha celebración para proporcionar adecuada y correcta de entretenimiento e instrucción en los acontecimientos históricos de nuestro país para todos los que puedan visitar la exposición y para los que hemos ofrecido nuestra hospitalidad.
Es un motivo de satisfacción sin mezclar una vez más llamar la atención sobre el excelente trabajo de la Oficina de Pensiones; para los veteranos de la guerra civil tienen una mayor demanda sobre nosotros que cualquier otra clase de nuestros ciudadanos. Para ellos, en primer lugar entre nuestro pueblo, honor merece.
Hace siete años, mi predecesor lamentado, el presidente McKinley, dijo que había llegado el momento de la Nación para el cuidado de las tumbas de los muertos confederados. Recomiendo que el Congreso tome medidas con este fin. La primera necesidad es que se haga cargo de las tumbas de los muertos confederados que murió en las cárceles del norte.
La cuestión de la inmigración es de vital interés para este país. En el año termina en junio 30 de 1905, llegó a los Estados Unidos 1.026.000 inmigrantes extranjeros. En otras palabras, en un solo año que acaba de transcurrido no vino a este país un mayor número de personas que llegó aquí durante los ciento sesenta y nueve años de nuestra vida colonial que intervinieron entre el primer aterrizaje en Jamestown y la Declaración de Independencia. Se muestra claramente en el informe de la Comisaría General de Inmigración que, si bien gran parte de esta enorme inmigración es, sin duda, saludable y natural, una proporción considerable no es deseable desde una u otra razón; por otra parte, una proporción considerable de la misma, probablemente una proporción muy grande, incluyendo la mayor parte de la clase indeseable, no viene aquí por su propia iniciativa, pero debido a la actividad de los agentes de las grandes empresas de transporte. Estos agentes se distribuyen por toda Europa, y por la oferta de todo tipo de alicientes que Wheedle y engatusar a muchos inmigrantes, a menudo en contra de su mejor interés, para venir aquí. El obstáculo más serio que tenemos que enfrentar en el esfuerzo por asegurar una adecuada regulación de la inmigración a estas playas se debe a la decidida oposición de las líneas navieras extranjeras que no tienen interés alguno en el asunto ahorran para aumentar la rentabilidad de su capital mediante la realización masas de inmigrantes de aquí en los cuartos de tercera clase de sus buques.
Como dije en mi último mensaje al Congreso, que no podemos tener demasiada inmigración del tipo adecuado y que deberíamos tener ninguna en absoluto del tipo equivocado. Por supuesto, es deseable que incluso el tipo correcto de la inmigración debe distribuirse adecuadamente en este país. Necesitamos más de esa inmigración para el Sur; y se debe hacer un esfuerzo especial para asegurarlo. Tal vez sería posible limitar el número de inmigrantes que se permite entrar en un año a Nueva York y otras ciudades del norte, dejando ilimitado el número permitido venir al Sur; siempre siempre, sin embargo, que se haga un esfuerzo más estricta para ver que sólo los inmigrantes de la clase correcta vienen a nuestro país en cualquier parte. En la práctica ha demostrado ser tan difícil de hacer cumplir las leyes migratorias en largos tramos de la frontera marcada por una línea imaginaria que solo intervienen entre nosotros y nuestros vecinos que recomiendo que no los inmigrantes se les permitirá llegar de Canadá y México salvar nativos de los dos propios países. En lo posible se debe hacer para distribuir a los inmigrantes sobre la tierra y mantenerlos alejados de los distritos edificio antiguo controvertidas de las grandes ciudades. Pero la distribución es un paliativo, no una cura. La necesidad primordial es mantener a todos los inmigrantes que no harán buenos ciudadanos americanos. Las leyes que existen actualmente para la exclusión de los inmigrantes indeseables deben fortalecerse. Medios adecuados deben adoptarse, bajo sanción suficientes, para obligar a las compañías navieras que participan en el negocio de pasajeros para observar de buena fe la ley que les prohíbe alentar o solicitar la inmigración a los Estados Unidos. Además, debe haber una fuerte limitación impuesta a todos los buques que llegan a nuestros puertos en cuanto al número de inmigrantes en relación a la cantidad de toneladas que cada buque puede transportar. Esta relación debe ser lo suficientemente alta para asegurar la venida acá de tan buena clase de alienígenas como sea posible. Es necesario prever el castigo más seguro de los que inducen extranjeros para venir a este país bajo promesa o garantía de empleo. Debe existir la posibilidad de infligir una pena suficientemente pesado en cualquier empleador que viole esta ley para disuadirlo de tomar el riesgo. Me parece prudente que debe haber una conferencia internacional para hacer frente a esta cuestión de la inmigración, que tiene más de un significado meramente nacional; una conferencia de este tipo podría, entre otras cosas, entrar en detalle en el método para asegurar una inspección minuciosa de candidatos a la inmigración en los puertos de los que desean embarcarse antes de permitirles embarcar.
Al tratar con esta pregunta no es prudente salir de la vieja tradición americana y de discriminar a favor o en contra de cualquier hombre que quiere venir aquí y convertirse en un ciudadano, salvo en el terreno de la aptitud del hombre para la ciudadanía. Es nuestro derecho y el deber de considerar su calidad moral y social. Su nivel de vida debe ser tal que él no, por la presión de la competencia, bajar el nivel de vida de nuestros propios obreros asalariados; por ello debe ser siempre un objeto primordial de nuestra legislación para mantener alto su nivel de vida. Si el hombre que trata de venir aquí es desde el punto de vista moral y social de un personaje como para hacer una oferta justa para agregar valor a la comunidad que debe ser bienvenida de todo corazón. No podemos darnos el lujo de prestar atención a si es de un credo u otra, de una nación, o de otra. No podemos darnos el lujo de considerar si es católico o protestante, Judio o gentiles; si es inglés o irlandés, el francés o el alemán, japonés, italiano, escandinavo, eslava o magiar. Lo que deseemos averiguar es la calidad individual del hombre individual. A mi juicio, con este fin, tendremos que preparar a través de nuestros propios agentes una inspección mucho más rígida en los países de los que proceden los inmigrantes. Será mucho mejor tener menos inmigrantes, pero todo el tipo correcto, que un gran número de inmigrantes, muchos de los cuales son necesariamente de la clase incorrecta. En la medida de lo posible queremos limitar la inmigración a este país a las personas que proponen para convertirse en ciudadanos de este país, y así podemos darnos el lujo de insistir en una supervisión adecuada del carácter de aquellos que están por lo tanto propuso para la futura ciudadanía. Debe haber un aumento en la severidad de las leyes para impedir la entrada de inmigrantes dementes, idiotas, epilépticos, y mendigo. Pero esto no es en absoluto suficiente. No sólo el anarquista, sino que cada hombre de tendencias anarquistas, todos los violentos y desordenados, todas las personas de mal carácter, los incompetentes, los perezosos, los viciosos, la aptitud física, defectuoso, o degenerada deben mantenerse fuera. Los stocks de los cuales la ciudadanía estadounidense es que se construirá debe ser fuerte y sano, sanos de cuerpo, mente y carácter. Si se objeta que los agentes del gobierno no siempre se seleccione bien, la respuesta es que ciertamente seleccionarían mejor que hacer los agentes e intermediarios de las empresas navieras extranjeras, las personas que ahora hacen lo que la selección se hace.
Las preguntas que surjan en relación con el soporte de la inmigración china por sí mismos. Las condiciones en China son tales que toda la clase de culíes chinos, es decir, la clase de los trabajadores chinos, calificados y no calificados, legítimamente vienen debajo de la cabeza de los inmigrantes no deseados en este país, debido a su número, los bajos salarios para la que trabajan , y su bajo nivel de vida. No sólo es que el interés de este país para mantenerlos fuera, pero las autoridades chinas no deseo que deben ser admitidos. En la actualidad su entrada está prohibida por las leyes ampliamente adecuadas para lograr este propósito. Estas leyes han sido, están siendo, y será, cumplir minuciosamente. Las violaciónes de ellos son tan poco numerosos como para ser infinitesimal y puede ser ignorado por completo. Esta no es una propuesta seria para modificar la ley de inmigración en lo que respecta al trabajador chino, calificada o no calificada, y no hay excusa para cualquier hombre o sentimiento que afecta a sentir la más mínima alarma sobre el tema.
Pero en el esfuerzo para llevar a cabo la política de excluir a los trabajadores chinos, culíes chinos, grave injusticia y el mal se han hecho por esta nación para el pueblo de China, y por lo tanto, en última instancia, a esta nación en sí. Estudiantes chinos, negocios y profesionales de todo tipo - no sólo los comerciantes, sino los banqueros, médicos, fabricantes, profesores, viajeros, y similares - Se debe alentar a venir aquí, y se tratan precisamente en el mismo plano que tratamos estudiantes , hombres de negocios, viajeros, y similares de otras naciones. Nuestras leyes y los tratados deben enmarcarse, no con el fin de poner a estas personas en las clases exceptuados, pero afirmar que vamos a admitir que todos los chinos, con la excepción de China de la clase de culíes, trabajadores calificados o no calificados de China. No habría el menor peligro de que tal disposición se traduce en una relajación de la ley sobre los trabajadores. Estos serán en todas las condiciones, se mantendrán, por supuesto. Pero será más fácil ver que la justicia y la cortesía se muestran, ya que debe ser mostrado, a otros chinos, si la ley o tratado se enmarca como anteriormente sugerido. Los exámenes deben ser completados en el puerto de salida de China. Para este objeto, poner a proporcionado un servicio consular más adecuado en China que ahora tenemos. Los créditos, tanto para las oficinas de los Cónsules y de las fuerzas de oficinas en los consulados deben aumentarse.
Como pueblo, hemos hablado mucho de la puerta abierta en China, y esperamos, y con toda razón la intención de insistir, la justicia se nos muestra por los chinos. Pero no podemos esperar recibir la equidad a menos que hagamos la equidad. No podemos pedir a los chinos a hacer con nosotros lo que no estamos dispuestos a hacer para ellos. Ellos tendrían todo el derecho de excluir a nuestros hombres trabajadoras si nuestros hombres que trabajaban amenazaron con entrar en su país, en número que poner en peligro el bienestar de la población china; y como, mutatis mutandis, estas fueron las condiciones con las que la inmigración china en realidad trajo esta gente cara a cara, que tenían y tienen todo el derecho, que el Gobierno de China de ninguna manera los concursos, para actuar como hemos actuado en el asunto de la restricción inmigración de culíes. Que este derecho existe para cada país se reconoció explícitamente en el último tratado entre los dos países. Pero hay que tratar al estudiante chino, viajero y hombre de negocios en un espíritu de la justicia y la cortesía más amplio si esperamos un trato similar que se conceda a nuestra propia gente de rango similar que acuden a China. Mucho problema ha llegado durante el pasado verano desde el boicot organizado contra los productos estadounidenses que se ha iniciado en China. El factor principal en la producción de este boicot ha sido el resentimiento de los estudiantes y hombres de negocios de China, por todos los líderes chinos, contra la dureza de nuestra ley hacia los chinos educados de las clases profesionales y de negocios. Este Gobierno tiene la sensación más agradable para China y desea el bienestar de China. Le damos una cordial solidarizamos con el propósito anunciado de Japón en reposo durante la integridad de China. Tal actitud tiende a la paz del mundo.
La ley de la función pública ha sido en los libros de estatutos durante veintidós años. Cada Presidente y una gran mayoría de los jefes de los departamentos que han estado en el cargo durante ese período han favorecido la extensión gradual del sistema de méritos. Cuanto más a fondo se han entendido sus principios, mayor ha sido el favor con que la ley ha sido considerada por los funcionarios de la administración. Cualquier intento de llevar a cabo los grandes departamentos ejecutivos del Gobierno sin esta ley se traducirá inevitablemente en el caos. Los miembros de la Comisión de la Función Pública están haciendo un excelente trabajo y su remuneración es insuficiente teniendo en cuenta el servicio que realizan.
La afirmación de que los exámenes no son prácticos en el carácter se basa en una mala interpretación de la práctica de la Comisión. Los departamentos están invariablemente consultados en cuanto a los requisitos deseados y en cuanto al carácter de las preguntas que se le pidió. Invitaciones generales se envían con frecuencia a todos los jefes de departamentos preguntando si se requieren cambios en el alcance o el carácter de los exámenes. En otras palabras, los departamentos prescriben los requisitos y calificaciones deseadas, y la Comisión de Administración Pública coopera con ellos en la obtención de las personas con estos requisitos y asegurar la competencia abierta e imparcial. En un gran número de exámenes (como, por ejemplo, los de posiciones Operaciones), no hay requisitos educativos lo que sea, y una persona que no sabe leer ni escribir puede pasar con un alto promedio. Las vacantes en el servicio están llenas de expedición razonable, y la maquinaria de la Comisión, que llega a todos los rincones del país, es la mejor agencia que aún no se ha ideado para la búsqueda de personas con las titulaciones más adecuados a las distintas oficinas para ser llenados. Concursos escritos no hacen un método ideal para cubrir puestos de trabajo, pero sí representan un avance inconmensurable en el método "botín", en virtud del cual los políticos fuera realmente hacen las citas nominalmente hechas por los funcionarios ejecutivos, los designados siendo elegidos por los políticos en cuestión, en la gran mayoría de los casos, por razones totalmente ajenas a las necesidades del servicio o del público.
Las estadísticas recopiladas por la Oficina del Censo muestran que la permanencia en el cargo en el servicio del Gobierno no difiere sustancialmente de la que gozan los employes de las grandes corporaciones empresariales. Jefes de los departamentos ejecutivos y miembros de la Comisión han llamado mi atención sobre el hecho de que la norma que obliga a una presentación de cargos y un preaviso de tres días antes de que un employe podría ser separado del servicio por ineficiencia ha servido ningún buen propósito que sea, porque eso es no es una cuestión sobre la que una audiencia del employe resultó ser ineficiente puede ser de cualquier valor, y en la práctica la norma que prevé la notificación y audiencia simplemente se ha traducido en mantener en un cierto número de incompetentes, debido a la renuencia de los jefes de departamentos y jefes de oficina que pasar por el procedimiento requerido. La experiencia ha demostrado que esta regla es totalmente ineficaz para salvar a un hombre, si un superior por razones impropias quiere removerlo, y es travieso porque a veces sirve para mantener en los hombres de servicio incompetentes no culpable de algún delito específico. Tener estos hechos a la vista la regla ha sido modificada para que, cuando la ineficiencia o incapacidad viene bajo el conocimiento personal del jefe de un departamento de la eliminación puede hacerse sin previo aviso, las razones para ello se presentaron y realizaron un registro del departamento. El derecho absoluto de la eliminación descansa donde siempre ha descansado, con el jefe de un departamento; cualquier limitación de este Absoluto resultados correctos en graves daños a la función pública. El cambio no es más que uno de procedimiento; que era muy necesario, y que está produciendo buenos resultados.
La ley de servicio civil está siendo energéticamente e imparcialmente aplicada, y en la gran mayoría de los casos las denuncias de violaciónes de la ley o las reglas se descubrió que era infundada. En este sentido esta ley se compara muy favorablemente con cualquier otra ley Federal. La cuestión de la política en el nombramiento y la retención de los hombres dedicados al trabajo meramente ministerial ha sido prácticamente eliminado en casi todo el ámbito del empleo público comprendidas en la ley de servicio civil. La acción del Congreso en la prestación de la comisión con su propia fuerza en lugar de exigir que confiar en los vendedores detallados se ha justificado por el aumento del trabajo hecho a un costo menor para el Gobierno. Insto al Congreso una cuidadosa consideración de las recomendaciones contenidas en el informe anual de la comisión.
Nuestras leyes de derechos de autor necesitan con urgencia la revisión. Ellos son imperfectos en la definición, confuso e inconsistente en la expresión; omiten provisión para muchos artículos que, bajo procesos reproductivos modernos tienen derecho a la protección; imponen penalidades sobre el titular de los derechos de autor que no son esenciales para la protección razonable del público; que son difíciles para que los tribunales interpretan e imposible para la Oficina de Derecho de Autor para administrar con satisfacción al público. Los intentos de mejorarlos mediante una enmienda han sido frecuentes, después de haber sido pasados no menos de doce actos con el propósito ya que el Estatuto revisado. Para perfeccionarlas mediante una nueva modificación parece impracticable. Una revisión completa de ellos es esencial. Tal revisión, para cumplir con las condiciones modernas, se ha considerado necesario en Alemania, Austria, Suecia y otros países extranjeros, y las facturas que incorporan que están pendientes en Inglaterra y las colonias australianas. Se ha instado a aquí, y las propuestas de una comisión para llevar a cabo lo tiene, de vez en cuando, ha presionado al Congreso. Los inconvenientes de las presentes condiciones de ser tan grande, un intento de enmarcar la legislación adecuada se ha hecho por la Oficina de Derecho de Autor, que ha convocado conferencias de los distintos intereses en especial y prácticamente se ocupan del funcionamiento de las leyes de derechos de autor. Se ha asegurado de ellos sugerencias en cuanto a los cambios necesarios; se ha añadido de su propia experiencia y las investigaciones, y se ha redactado un proyecto de ley que incorpora tales de estos cambios y adiciones que, después de todos los debates y críticas de los expertos, que parecía estar en buen estado y seguro. En forma este proyecto de ley reemplazaría las leyes insuficientes e inconsistentes existentes por un estatuto general de derechos de autor. Será presentado al Congreso en el próximo período de sesiones. Merece pronta consideración.
Recomiendo que una ley sea promulgada para regular el Estado inter-commerce en los alimentos mal etiquetados y adulterados, bebidas y medicamentos. Dicha ley protegería a la fabricación y comercio legítimos, y tendería a asegurar la salud y el bienestar del público consumidor. El tráfico en los comestibles que han sido degradados o adulterados con el fin de perjudicar la salud o para engañar a los compradores deben ser prohibidas.
La ley que prohíbe la emisión de un denso humo negro o gris en la ciudad de Washington ha sido sostenido por los tribunales. Algo se ha logrado en virtud del mismo, pero mucho queda por hacer si queremos preservar el capital de la desfiguración por la molestia del humo. Procesamientos repetidos bajo la ley no han tenido el efecto deseado. Recomiendo que se haga más estricta mediante el aumento tanto de la multa máxima y mínimo; mediante el establecimiento de reclusión en los casos de violación reiterada, y concediéndoles el recurso de amparo contra la continuación de la operación de las plantas que son delincuentes reincidentes. Recomiendo, también, un aumento en el número de inspectores, cuyo deber será detectar violaciónes de la ley.
Llamo su atención sobre el acto generoso del Estado de California en conferir al Gobierno de Estados Unidos la propiedad del Valle de Yosemite y la Mariposa arboleda grande del árbol. No debe haber demora en aceptar el regalo, y consignaciones en caso de hacerse por el mismo incluyendo en el Parque Nacional Yosemite, y para el cuidado y vigilancia del parque. California ha actuado más sabiamente, así como con gran magnanimidad, en el asunto. Hay ciertas características naturales maravillas de nuestra tierra que deben ser preservadas a perpetuidad para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. A mi juicio, el Gran Cañón del Colorado se debe hacer en un parque nacional. Es muy de desear que el Estado de Nueva York debe copiar lo que respecta a las Cataratas lo que el Estado de California se ha hecho en cuanto a la Yosemite. Nada se debe permitir que interfiera con la preservación de las Cataratas del Niágara en toda su belleza y majestuosidad. Si el Estado no puede ver esto, entonces es fervientemente que deseaba que ella debe estar dispuesto a darle la vuelta al Gobierno Nacional, que debería, en tal caso (si es posible, en conjunto con el Gobierno canadiense) asumir la carga y la responsabilidad de preservar ilesos Niagara Falls; como debe asumir con gusto en una carga y una responsabilidad similar para el Parque Nacional de Yosemite, y como ya les ha supuesto para el Parque Nacional de Yellowstone. Deberían tomarse medidas adecuadas hecha por el Congreso para el cuidado y la supervisión de todos estos parques nacionales adecuado. Los límites del Parque Nacional de Yellowstone deben extenderse hacia el sur y el este, a tomar en tales partes de las reservas forestales colindantes que permita al Gobierno para proteger los alces en su gama de invierno.
El animal más característico de las llanuras occidentales era el grande, toro salvaje-shaggy crin, el bisonte, conocido comúnmente como el búfalo. Existen pequeños fragmentos de rebaños en un estado domesticado aquí y allá, algunos de ellos en el Parque de Yellowstone. Una manada como la que en la Reserva de cabeza plana no se debe permitir que dejar de existir. Ya sea en alguna reserva o en alguna reserva forestal como la reserva y juego prestación refugio Wichita debe contemplar la preservación de una manada tales. Creo que el plan sería de ventaja económica, para el manto del búfalo es de alto valor de mercado, y lo mismo es cierto de la túnica de los animales cruzados.
Llamo su atención especial a la conveniencia de dar a los miembros de las pensiones de ahorro de vida de servicios, como se les da a los bomberos y policías en todas nuestras grandes ciudades. Los hombres en el ahorro de la vida útil continuamente y en la mayoría de la materia del hecho de manera hacen obras como hacer que los americanos orgullosos de su país. No tienen influencia política, y viven en lugares tan remotos que los servicios realmente heroicos que continuamente hacen reciben el reconocimiento más escasa por parte del público. Es injusto que una gran nación como ésta para permitir a estos hombres a ser totalmente discapacitado o para cumplir con la muerte en el desempeño de sus tareas peligrosas y sin embargo les dan ningún tipo de recompensa. Si uno de ellos sirve de treinta años de su vida en una posición tal que sin duda debe tener derecho a jubilarse con media paga, como un bombero o un policía lo hace, y si él se vuelve totalmente incapacitado por accidente o enfermedad, o pierde su estado de salud en el desempeño de su deber, él o su familia debe recibir una pensión como cualquier soldado debería. Llamo su atención con seriedad especial a este asunto porque apela no sólo a nuestro juicio, sino de nuestra simpatía; para las personas en cuyo nombre te lo pido son relativamente pocos en número, prestar un servicio incalculable de un tipo particularmente peligroso, y no tienen a nadie que hable por ellos.
Durante el año recién pasado, la fase de la cuestión indígena, que ha sido más fuertemente traído a la atención del público es el significado jurídico más amplio de la inducción de la india en la ciudadanía. Esto se ha hecho manifiesta no sólo en un gran acceso de los litigios en los que las figuras indias ciudadanas como parte demandada y en una disposición más amplia que recaudan los impuestos locales sobre su personalty, pero en una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que afectó a distancia el puntal principal sobre el que se ha basado hasta ahora el esfuerzo benevolente del Gobierno para que le proteja de los males de la intemperancia. El tribunal sostiene, en efecto, que cuando un indio se convierte, en virtud de una adjudicación de tierras a él, un ciudadano del Estado en el que su terreno está situado, que pasa de bajo control federal en asuntos como este, y los actos del Congreso prohíbe la venta o regalo para él de intoxicantes convertido sustancialmente inoperativo. Es gratificante observar que los Estados y los municipios del Oeste que tiene más en juego en el bienestar de los indios están tomando este asunto y están tratando de suministro, en una medida al menos, la abdicación de su tutela impuesta a la Federal Gobierno. Sin embargo, me presione urgente a la atención del Congreso la cuestión de si alguna modificación de las leyes de rentas internas no podría ser de ayuda en la persecución de los malhechores, conocidos en el país de la India como "contrabandistas", quienes se dedican a la vez en defraudar al Tesoro de Estados Unidos de los impuestos y, lo que es mucho más importante, en seducir a los indios mediante la realización licores ilícitamente en territorio todavía completamente bajo la jurisdicción federal.
Entre los que lloran necesidades actuales de los indios son más escuelas diurnas situadas en medio de sus asentamientos, una enseñanza más efectiva en las industrias que persigue en sus propias explotaciones, y una tensión más liberal del servicio de campo-matrona, lo que significa la educación de la mujeres indias en las artes de la toma de la casa. Hasta que las madres están bien empezaron en la dirección correcta, no podemos esperar razonablemente mucho de los niños que están pronto a formar parte integral de nuestra ciudadanía americana. Por otra parte la excusa continuamente adelantada por varones indios adultos para rechazar las ofertas de empleo remunerado a una distancia de sus hogares es que no se atreven a dejar a sus familias demasiado tiempo fuera de su vista. Un remedio eficaz para este estado de cosas es el empleo de la mente y fortalecer la fibra moral de las mujeres de la India - el final para que el trabajo de la matrona campo está especialmente dirigida. Confío en que el Congreso hará que sus créditos para las escuelas diurnas de la India y matronas de campo tan generosas como puede constar con las otras demandas urgentes sobre su providencia.
Durante el año pasado las Islas Filipinas se han estado recuperando lentamente de la serie de catástrofes que, desde la ocupación estadounidense, han reducido en gran medida la cantidad de productos agrícolas por debajo de lo que se producía en los tiempos de España. La guerra, la peste bovina, la langosta, la sequía, y la cólera se han unido como causas para prevenir un retorno de la prosperidad que tanto necesitan en las islas. El más grave es la destrucción de la peste bovina de más de 75 por ciento de los proyectos de ganado, debido a que tomará varios años de crianza para restablecer el número necesario de estas ayudas indispensables para la agricultura. La comisión intentó suministrar por medio de compra de los países colindantes al ganado necesarios, pero los experimentos realizados fueron infructuosos. La mayor parte de los bovinos importados fueron incapaces de resistir el cambio de clima y los rigores de la travesía y murieron de otras enfermedades que la peste bovina.
Los ingresos del Gobierno de Filipinas necesariamente se ha reducido a causa de la empresa y la depresión agrícola en las islas, y el Gobierno se ha visto obligado a ejercer una gran economía para reducir sus gastos, para reducir los salarios, y en todas las formas de evitar un déficit . Se ha aprobado una ley de impuestos internos, la imposición de impuestos sobre los cigarros, cigarrillos y licores destilados, y la abolición de los antiguos impuestos industriales españolas. La ley no ha funcionado tan bien como se esperaba, y aunque su principio es indudablemente correcta, puede necesitar modificaciones con el propósito de reconciliar a la gente a sus disposiciones. Los ingresos derivados de ella ha hecho en parte para la reducción de la renta aduanera.
Ha habido un marcado incremento en el número de filipinos que trabajan en la administración pública, y una correspondiente disminución en el número de estadounidenses. El Gobierno en cada uno de sus departamentos se ha hecho más eficiente mediante la eliminación de material no deseado y la promoción de los servidores públicos que merecen.
Las mejoras de puertos, carreteras y puentes continúan, a pesar de la tala de los ingresos prohíbe el gasto de cualquier gran cantidad de ingresos actuales para estos fines. Se están tomando medidas, por la publicidad de ofertas competitivas, para asegurar la construcción y mantenimiento de 1.000 kilómetros de vías férreas por las empresas privadas en la reciente legislación habilitante del Congreso. La transferencia de los terrenos de los frailes, de conformidad con el contrato celebrado hace unos dos años, ha sido completamente efectuada, y el precio de compra pagado. Provisión acaba de ser hecho por el estatuto para la solución rápida en un procedimiento especial en la Corte Suprema de controversias sobre la posesión y el título de iglesias y casas parroquiales que surjan entre la Iglesia y cismáticos derechohabientes municipios antiguos Católica Romana. Las negociaciones y audiencias para la liquidación de la cantidad adeudada a la Iglesia Católica Romana en alquiler y ocupación de iglesias y casas parroquiales por el ejército de los Estados Unidos están en curso, y se espera una conclusión satisfactoria puede ser presentada al Congreso antes del final de la sesión.
La tranquilidad ha existido durante el último año en todo el Archipiélago, excepto en la provincia de Cavite, la Provincia de Batangas y la Provincia de Samar, y en la isla de Jolo entre los moros. La perturbación Jolo se puso fin a varios compromisos fuertes y cortos, y ahora reina la paz en la Provincia Mora, Cavite, la madre de ladrones en los tiempos de los españoles, está tan impregnada de la simpatía tradicional del pueblo para ladronism como para hacer dificultades para erradicar la enfermedad. Batangas sólo fue perturbado a causa de los ladrones fugitivos de Cavite, Samar fue arrojado a la perturbación por los pueblos sin educación y en parte salvajes que viven en las montañas, que, habiendo sido dados por el código municipal más poder de lo que eran capaces de ejercer con discreción, elegido funcionarios municipales que abusaron de sus fideicomisos, obligaron a los personas que crían cáñamo venderlo a un precio mucho menor de lo que valía la pena, y por sus abusos llevaron a su pueblo a la resistencia a la autoridad constituida. Cavite y Samar son instancias de reposando demasiada confianza en el poder de autogobierno de un pueblo. Los disturbios se han suprimido todos ahora, y se espera que con estas lecciones gobiernos locales se pueden formar que garantizarán tranquilidad y paz a los habitantes merecen. El incidente es una prueba más del hecho de que si se ha producido algún error en cuanto a dar el autogobierno en las Filipinas ha sido en la dirección de dar lo hace demasiado rápido, no demasiado lento. Un año a partir de abril próximo se llevará a cabo la primera asamblea legislativa de las islas. En la cordura y moderación de este cuerpo mucho dependerá la medida en que el futuro gobierno autónomo de las islas se refiere.
La característica más alentador de la situación ha sido el gran interés demostrado por la gente común en la educación y el gran aumento en el número de alumnos matriculados en las escuelas públicas. El incremento fue de 300.000 a medio millón de alumnos. El promedio de asistencia es de un 70 por ciento. El único límite en el número de alumnos que parece ser la capacidad del gobierno para proporcionar maestros y casas de la escuela.
Las condiciones de la agricultura de las islas hacen cumplir con más fuerza que nunca, el argumento a favor de la reducción de los aranceles sobre los productos de las Islas Filipinas que entran en los Estados Unidos. Recomiendo vivamente que la tarifa impuesta por ahora el proyecto de ley Dingley sobre los productos de las Islas Filipinas sea totalmente eliminado, excepto el arancel sobre el azúcar y el tabaco, y que ese arancel se reducirá a 25 por ciento de las tasas actuales en el marco del acto Dingley; que el 1 de julio de 1909, el arancel sobre el tabaco y el azúcar producido en las Islas Filipinas sea totalmente eliminado, y que el libre comercio entre las islas y los Estados Unidos en los productos de cada país y luego correr a cargo de la ley.
Una ley en vigor, promulgada 15 de abril 1904, suspende la operación de las leyes de cabotaje de los Estados Unidos sobre el comercio entre las Islas Filipinas y los Estados Unidos hasta el 1 de julio de 1906. Recomiendo vivamente que esta suspensión se aplazará al 1 de julio , 1909 Creo que de dudosa utilidad para aplicar las leyes de cabotaje para el comercio entre los Estados Unidos y Filipinas, en ningún caso, porque estoy convencido de que va a hacer ningún bien a los fondos estadounidenses, y sólo va a interferir y ser un obstáculo para el comercio entre Filipinas y Estados Unidos, pero si la ley de cabotaje debe por tanto aplicarse, ciertamente no debería tener efecto hasta que el libre comercio es disfrutada entre el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo de las Islas Filipinas en su respectivos productos.
No anticipo que el libre comercio entre las islas y los Estados Unidos va a producir una revolución en la producción de azúcar y el tabaco de las Islas Filipinas. Así primitiva son los métodos de la agricultura en las Islas Filipinas, tan lento es el capital en ir a las islas, tantas dificultades rodean una gran empresa agrícola en las islas, que va a ser de muchos, muchos años antes de que los productos de las islas tendrán cualquier efecto alguno sobre los mercados de los Estados Unidos. El problema del trabajo es también una formidable con los productores de azúcar y de tabaco en las islas. Los mejores amigos del pueblo filipino y el propio pueblo son totalmente opuestos a la admisión de la mano de obra culi chino. De ahí que la única solución es la capacitación de la mano de obra filipina, y esto va a tomar mucho tiempo. La promulgación de una ley por el Congreso de los Estados Unidos teniendo en cuenta a favor del libre comercio entre las islas y los Estados Unidos, sin embargo, será de gran importancia desde el punto de vista político y sentimental; y, mientras que su beneficio real, sin duda, ha sido exagerada por los habitantes de las islas, aceptarán esta medida de la justicia como una indicación de que el pueblo de los Estados Unidos están ansiosos por ayudar al pueblo de las Islas Filipinas en todos los sentidos, y especialmente en el desarrollo agrícola de su archipiélago. Se ayudará a los filipinos sin lesionar los intereses de Estados Unidos.
A mi juicio inmediato medidas se deben tomar para la fortificación de Hawaii. Este es el punto más importante en el Pacífico para fortalecer a fin de conservar los intereses de este país. Sería difícil exagerar la importancia de esta necesidad. Hawaii está excesivamente gravado. Las leyes deben ser promulgadas Dejando de lado por un período de, digamos, veinte años más de 75 por ciento de los recibos de ingresos y aduanas internas de Hawai como un fondo especial para ser gastados en las islas para edificios educativos y públicos, y para las mejoras portuarias y militares y defensas navales. No puede ser demasiado a menudo repite que nuestro objetivo debe ser el desarrollo del territorio de Hawaii en las líneas tradicionales americanos. Ese territorio tiene serios problemas comerciales e industriales a tener en cuenta; pero ninguna medida de alivio se puede considerar que se parece a la legislación admitiendo chino y restringirlas por ley para el trabajo de campo y el servicio doméstico. El estado de servilismo nunca más se puede tolerar en suelo americano. No podemos conceder que la solución adecuada de sus problemas es una legislación especial admitir a Hawai una clase de trabajadores haya denegado el acceso a los otros Estados y Territorios. Hay obstáculos, y grandes obstáculos, en el camino de la construcción de una comunidad de América del representante en las islas de Hawai; pero no lo es en el carácter americano que renunciar ante la dificultad. Más de un American Commonwealth se ha construido contra probabilidades iguales a los que ahora se enfrentan a Hawaii.
Ningún esfuerzo sólo a medias para satisfacer sus problemas como otras comunidades estadounidenses han cumplido la suya puede ser aceptada como definitiva. Hawaii nunca se convertirá en un territorio en el que existe una clase gobernante de los plantadores ricos por medio del trabajo del peón. Incluso si la tasa de crecimiento del Territorio se hace por ello más lenta, el crecimiento sólo debe tener lugar por la admisión de inmigrantes caber en el final para asumir los deberes y las cargas de la ciudadanía americana completa. Nuestro objetivo debe ser el desarrollo del Territorio sobre la misma base de la ciudadanía estable como el que existe en este continente.
Yo defiendo fervientemente la aprobación de leyes que confieren expresamente la ciudadanía estadounidense a todos los ciudadanos de Puerto Rico. Hay, a mi juicio, no hay excusa para dejar de hacerlo. El puerto de San Juan debe ser dragado y mejora. Los gastos de la Corte Federal de Puerto Rico deben ser satisfechas por el Tesoro Federal y no del tesoro puertorriqueño. Las elecciones en Puerto Rico deben tener lugar cada cuatro años, y la Legislatura deben reunirse en sesiones cada dos años. La forma actual de gobierno en Puerto Rico, que prevé la designación por el Presidente de los miembros del Consejo Ejecutivo o de la cámara alta de la legislatura, ha dado buenos resultados y ha inspirado confianza en los propietarios e inversores. No juzguen conveniente en el momento presente para cambiar esta forma de cualquier función material. Los problemas y las necesidades de la isla son industrial y comercial y no político.
Deseo llamar la atención del Congreso a una pregunta que afecta a nuestras posesiones insulares en general; a saber, la necesidad de una mayor liberalidad en el tratamiento de toda la cuestión franquicia en estas islas. En el deseo adecuado para evitar que las islas son objeto de explotación por parte de especuladores y de tener a desarrollar en los intereses de su propio pueblo un error se ha hecho al negarse a conceder términos suficientemente liberales para inducir la inversión de capital estadounidense en las Filipinas y en Puerto Rico . En otras partes de este mensaje que he hablado fuertemente en contra de los celos de la mera riqueza, y especialmente de la riqueza corporativa como tal. Pero es particularmente lamentable para permitir tal celos a desarrollar cuando se trata ya sea con nuestro insular o con los asuntos exteriores. La gran corporación ha alcanzado su actual posición en el mundo de los negocios, simplemente porque es el instrumento más eficaz para la competencia empresarial. En asuntos exteriores, no podemos darnos el lujo de poner a nuestra gente en desventaja con sus competidores de cualquier manera discriminar en contra de la eficiencia de nuestras organizaciones empresariales. De la misma manera que no podemos darnos el lujo de permitir que nuestras posesiones insulares a la zaga en el desarrollo industrial de cualquier celos trenzado de éxito empresarial. Está, por supuesto, una mera perogrullada decir que sólo se desarrollarán los intereses comerciales de las islas si se convierte en el interés financiero de alguien para desarrollarlas. Sin embargo, este desarrollo es una de las cosas más seriamente ser querido en el interés de las propias islas. Hemos estado pagando toda posible atención a los intereses políticos y educativos de las islas, pero, por importantes que estos objetos son, no es menos importante que debemos favorecer su desarrollo industrial. El Gobierno puede, en cierta manera ayudar a esto directamente, como mediante la construcción de buenas carreteras; pero la ayuda fundamental y vital se debe dar a través del desarrollo de las industrias de las islas, y el medio más eficaz para este fin es animar a las grandes corporaciones americanas para comenzar industrias en ellos, y esto significa que sea ventajoso para ellos hacer así. Para limitar la titularidad de concesiones mineras, como se ha hecho en las Filipinas, es absurdo. Tanto en las Filipinas y Puerto Rico el límite de tenencia de la tierra debe ser elevado en gran medida.
Recomiendo vivamente a los que Alaska se dará un delegado electiva. Alguna persona debe elegir quién puede hablar con autoridad de las necesidades del territorio. El Gobierno debería ayudar en la construcción de un ferrocarril desde el Golfo de Alaska hasta el río Yukón, en territorio estadounidense. En mis dos últimos mensajes defendí determinada acción adicional por parte de Alaska. No voy a repetir ahora esas recomendaciones, pero voy a poner todo mi énfasis en la recomendación de dar a Alaska alguien autorizado para hablar por él. Yo preferiría que el delegado se hizo electivo, pero si esto no se considera prudente, a continuación, hacer que por nombramiento. En cualquier caso, dar Alaska alguna persona será para hablar con autoridad en su nombre al Congreso cuyo negocio. Los recursos naturales de Alaska son grandes. Algunas de las principales necesidades de la población blanca peculiarmente enérgico, independiente, y típicamente americano de Alaska fueron proclamados en mi último mensaje. También les pido sinceramente su atención a las necesidades de los indígenas de Alaska. Todos los indios que son competentes deben recibir los derechos de ciudadanía estadounidense. Es, por ejemplo, una grave e injustificable error negar a dicha trabajadora, decente viviendo indios como el Metlakahtlas el derecho a obtener licencias como capitanes, pilotos e ingenieros; el derecho a entrar en concesiones mineras, y de aprovecharse de la ley familiar. Estos indios son particulares civilizada y son competentes y tienen derecho a ser puesto en las mismas condiciones con los hombres blancos alrededor de ellas.
Recomiendo que el territorio indio y Oklahoma ser admitidos como un Estado y que Nuevo México y Arizona se admitirán como un Estado. No hay obligación de nosotros para tratar subdivisiones territoriales, que son cuestiones de conveniencia solamente, como nosotros vinculante sobre la cuestión de la admisión a la estadidad. Nada ha tomado más tiempo en el Congreso durante los últimos años que la cuestión de la estadidad que se concederá a los cuatro territorios mencionados arriba, y después de una cuidadosa consideración de todo lo que se ha desarrollado en los debates de la pregunta, yo recomiendo que serán admitidos inmediatamente como dos Estados. No hay justificación para la demora; y la conveniencia de hacer los cuatro territorios en dos Estados se ha establecido claramente.
En algunos de los territorios de las licencias de emisión asambleas legislativas de los juegos de azar. El Congreso debe por ley prohibir esta práctica, los resultados nocivos de los cuales son evidentes a simple vista.
El tratado entre los Estados Unidos y la República de Panamá, bajo el cual se hizo posible la construcción del Canal de Panamá, que entró en vigor con la ratificación por el Senado de Estados Unidos el 23 de febrero de 1904 Las propiedades del canal de la Compañía del Canal Francés eran transferido a los Estados Unidos el 23 de abril de 1904, mediante el pago de 40 millones dólares a la compañía. El 1 de abril de 1905, la Comisión fue reorganizada, y ahora consta de Theodore P. Shonts, Presidente; Charles E. Magoon, Benjamin M. Harrod, Contraalmirante Mardoqueo T. Endicott, Brig. El general Peter C. Hains, y el coronel Oswald H. Ernst. John F. Stevens fue nombrado Ingeniero Jefe el 1 de julio pasado. El trabajo activo en la construcción de canales, principalmente de preparación, ha estado en progreso durante menos de un año y medio. Durante ese período de dos puntos sobre el canal han dejado de ser objeto de debate: En primer lugar, la cuestión de la ruta; el canal se construirá en el Istmo de Panamá. En segundo lugar, la cuestión de la viabilidad; no hay obstáculos físicos en esta ruta que la habilidad de ingeniería de Estados Unidos no será capaz de superar sin dificultad grave o que le impidan la finalización del canal en un plazo razonable ya un costo razonable. Este es prácticamente el testimonio unánime de los ingenieros que han investigado el asunto por el Gobierno.
El punto que queda sin resolver es la cuestión del tipo, si el Canal se hallará uno de varios bloqueos sobre el nivel del mar, o al nivel del mar con una sola cerradura marea. En este punto espero presentar ante el Congreso en un día de principios de las conclusiones de la Junta Consultiva de Ingenieros de América y Europa, que a mi invitación han estado considerando el tema, junto con el informe de la Comisión al respecto, y los comentarios al respecto o recomendaciones en referencia a la misma como pueden parecer necesario.
El pueblo estadounidense se comprometió a la construcción más rápida posible de un canal adecuado para satisfacer las demandas que el comercio del mundo se hacen sobre ella, y me atraen más fervientemente al Congreso para ayudar en el cumplimiento de la promesa. Se ha avanzado gratificante durante el pasado año, y especialmente durante los últimos cuatro meses. La mayor parte del trabajo preliminar necesario se ha hecho. El trabajo actual de la excavación podría ser iniciado sólo en escala limitada, hasta la Zona del Canal se hizo un lugar saludable para vivir y para trabajar. El Istmo tuvo que ser saneada primero. Esta tarea se ha cumplido tan a fondo que la fiebre amarilla ha sido prácticamente extirpada de Istmo y condiciones generales de salud mejorado enormemente. Los mismos métodos que convirtieron la isla de Cuba de un agujero de plagas, que amenazaba la salud del mundo, en un lugar saludable de residencia, se han aplicado en el Istmo, con resultados satisfactorios. No hay ninguna razón para dudar de que cuando los planes de abastecimiento de agua, pavimentación y alcantarillado de Panamá y Colón y los grandes campos de trabajo se han llevado plenamente a cabo, el Istmo será, para los trópicos, un lugar inusualmente saludable de morada. La obra está tan avanzado, ahora que la salud de todos los empleados en el trabajo del canal está tan bien protegido como lo es en un trabajo similar en este país y en otros lugares.
Además de higienización del Istmo, se están proporcionando cuartos satisfactorios para employes y un sistema adecuado de suministrándoles comida sana a precios razonables ha sido creado. Los hospitales se han establecido y equipado que están sin sus superiores de su tipo en cualquier lugar. El país así se ha hecho en condiciones de trabajar, y se ha previsto para el bienestar y la comodidad de los que van a hacer el trabajo. Durante el año pasado una gran parte de la planta con la que el trabajo que hay que hacer se ha ordenado. Se cree confiadamente que a mediados de año se acerca se habrá instalado una proporción suficiente de esta planta que nos permita reanudar los trabajos de excavación en gran escala.
Lo que se necesita ahora y sin demora es una apropiación por parte del Congreso para cubrir los gastos actuales y resultantes de la comisión. La primera asignación de $ 10.000.000, de los $ 135 millones autorizado por la ley Spooner, se hizo hace tres años. Casi se ha agotado. Hay apenas suficiente de él restante para llevar a la Comisión a finales de año. A menos que el Congreso deberá consignar antes de ese momento todo el trabajo debe cesar. Para detener el progreso por cualquier periodo de tiempo, cuando las cosas están avanzando de manera satisfactoria, sería deplorable. No habrá dinero para cumplir con las obligaciones de despliegue de pago y ninguno con el que satisfacer las facturas que vencen para materiales y suministros; y habrá desmoralización de las fuerzas, aquí y en el Istmo, que ahora trabaja de manera armoniosa y eficaz, si hay retraso en la concesión de un crédito de emergencia. Las estimaciones de la cantidad necesaria se pueden encontrar en los informes adjuntos de la Secretaría de Guerra y la comisión.
Recomiendo prestación más adecuada que se ha hecho hasta ahora para el trabajo del Departamento de Estado. En pocos años se ha producido un gran aumento en la cantidad y la importancia del trabajo a realizar por dicho servicio, tanto en Washington como en el extranjero. Esto ha sido causado por el gran aumento de nuestro comercio exterior, el aumento de la riqueza en nuestro pueblo, lo que les permite viajar de manera más general que hasta ahora, el aumento de capital estadounidense que está buscando inversiones en el extranjero, y el crecimiento de nuestro poder y el peso en los consejos del mundo civilizado. No ha habido un aumento correspondiente de las instalaciones para hacer el trabajo que ofrece al departamento encargado de ocuparse de nuestras relaciones exteriores.
Ni en casa ni en el extranjero es que hay una fuerza de trabajo suficiente para hacer el trabajo adecuadamente. En muchos aspectos, el sistema, que era adecuado para el trabajo por veinticinco años o hace diez años, es insuficiente ahora, y debe ser cambiado. Nuestra fuerza Consular debe clasificarse, y se deben hacer citas para las varias clases, con autoridad al Ejecutivo para asignar los miembros de cada clase de servicio en esos puestos como los intereses del servicio lo requieran, en lugar de las citas se están realizando como en presentar a los mensajes especificados. Debería haber un servicio de inspección adecuada, por lo que el departamento puede ser capaz de informarse de cómo se está haciendo el negocio de cada Consulado, en lugar de depender de la información privada casual o rumor. El régimen de tarifas debería ser completamente abolido, y debido equivalente hecha de sueldo a los funcionarios que ahora se ganan su sustento por medio de honorarios. Provisión suficiente, conviene prever una fuerza clerical en cada Consulado compuesto en su totalidad de los estadounidenses, en lugar de la prestación insuficiente ya hecho, que obliga al empleo de un gran número de ciudadanos de países extranjeros cuyos servicios se puede obtener por menos dinero. En una gran parte de nuestros Consulados los barrios de oficinas y la fuerza clerical son inadecuados para el ejercicio de las funciones onerosas impuestas por las disposiciones recientes de nuestras leyes de inmigración, así como por nuestro creciente comercio. En muchas partes del mundo la falta de cuartos adecuados para nuestras embajadas, legaciones y consulados afea el aspecto en el que nuestros oficiales deberían celebrarse, y menoscaba seriamente su peso e influencia.
Adoptarán las medidas apropiadas debe hacerse por el gasto de mantener a nuestros funcionarios diplomáticos más plenamente informados de lo que se hace día a día en el progreso de nuestros asuntos diplomáticos con otros países. La falta de dicha información, causada por la insuficiencia de los créditos disponibles para los peajes de cable y para el servicio de oficina y mensajería, con frecuencia pone a nuestros oficiales en gran desventaja y resta valor a su utilidad. La lista salario debe ser reajustado. No hace ahora corresponde ni a la importancia del servicio a prestar y los grados de habilidad y experiencia necesarios en las diferentes posiciones, o para las diferencias en el costo de vida. En muchos casos los salarios son bastante insuficientes.
Original
The people of this country continue to enjoy great prosperity. Undoubtedly there will be ebb and flow in such prosperity, and this ebb and flow will be felt more or less by all members of the community, both by the deserving and the undeserving. Against the wrath of the Lord the wisdom of man cannot avail; in time of flood or drought human ingenuity can but partially repair the disaster. A general failure of crops would hurt all of us. Again, if the folly of man mars the general well-being, then those who are innocent of the folly will have to pay part of the penalty incurred by those who are guilty of the folly. A panic brought on by the speculative folly of part of the business community would hurt the whole business community. But such stoppage of welfare, though it might be severe, would not be lasting. In the long run the one vital factor in the permanent prosperity of the country is the high individual character of the average American worker, the average American citizen, no matter whether his work be mental or manual, whether he be farmer or wage-worker, business man or professional man.
In our industrial and social system the interests of all men are so closely intertwined that in the immense majority of cases a straight-dealing man who by his efficiency, by his ingenuity and industry, benefits himself must also benefit others. Normally the man of great productive capacity who becomes rich by guiding the labor of many other men does so by enabling them to produce more than they could produce without his guidance; and both he and they share in the benefit, which comes also to the public at large. The superficial fact that the sharing may be unequal must never blind us to the underlying fact that there is this sharing, and that the benefit comes in some degree to each man concerned. Normally the wage-worker, the man of small means, and the average consumer, as well as the average producer, are all alike helped by making conditions such that the man of exceptional business ability receives an exceptional reward for his ability. Something can be done by legislation to help the general prosperity; but no such help of a permanently beneficial character can be given to the less able and less fortunate, save as the results of a policy which shall inure to the advantage of all industrious and efficient people who act decently; and this is only another way of saying that any benefit which comes to the less able and less fortunate must of necessity come even more to the more able and more fortunate. If, therefore, the less fortunate man is moved by envy of his more fortunate brother to strike at the conditions under which they have both, though unequally, prospered, the result will assuredly be that while danger may come to the one struck at, it will visit with an even heavier load the one who strikes the blow. Taken as a whole we must all go up or down together.
Yet, while not merely admitting, but insisting upon this, it is also true that where there is no governmental restraint or supervision some of the exceptional men use their energies not in ways that are for the common good, but in ways which tell against this common good. The fortunes amassed through corporate organization are now so large, and vest such power in those that wield them, as to make it a matter of necessity to give to the sovereign--that is, to the Government, which represents the people as a whole--some effective power of supervision over their corporate use. In order to insure a healthy social and industrial life, every big corporation should be held responsible by, and be accountable to, some sovereign strong enough to control its conduct. I am in no sense hostile to corporations. This is an age of combination, and any effort to prevent all combination will be not only useless, but in the end vicious, because of the contempt for law which the failure to enforce law inevitably produces. We should, moreover, recognize in cordial and ample fashion the immense good effected by corporate agencies in a country such as ours, and the wealth of intellect, energy, and fidelity devoted to their service, and therefore normally to the service of the public, by their officers and directors. The corporation has come to stay, just as the trade union has come to stay. Each can do and has done great good. Each should be favored so long as it does good. But each should be sharply checked where it acts against law and justice.
So long as the finances of the Nation are kept upon an honest basis no other question of internal economy with which the Congress has the power to deal begins to approach in importance the matter of endeavoring to secure proper industrial conditions under which the individuals--and especially the great corporations--doing an interstate business are to act. The makers of our National Constitution provided especially that the regulation of interstate commerce should come within the sphere of the General Government. The arguments in favor of their taking this stand were even then overwhelming. But they are far stronger today, in view of the enormous development of great business agencies, usually corporate in form. Experience has shown conclusively that it is useless to try to get any adequate regulation and supervision of these great corporations by State action. Such regulation and supervision can only be effectively exercised by a sovereign whose jurisdiction is coextensive with the field of work of the corporations--that is, by the National Government. I believe that this regulation and supervision can be obtained by the enactment of law by the Congress. If this proves impossible, it will certainly be necessary ultimately to confer in fullest form such power upon the National Government by a proper amendment of the Constitution. It would obviously be unwise to endeavor to secure such an amendment until it is certain that the result cannot be obtained under the Constitution as it now is. The laws of the Congress and of the several States hitherto, as passed upon by the courts, have resulted more often in showing that the States have no power in the matter than that the National Government has power; so that there at present exists a very unfortunate condition of things, under which these great corporations doing an interstate business occupy the position of subjects without a sovereign, neither any State Government nor the National Government having effective control over them. Our steady aim should be by legislation, cautiously and carefully undertaken, but resolutely persevered in, to assert the sovereignty of the National Government by affirmative action.
This is only in form an innovation. In substance it is merely a restoration; for from the earliest time such regulation of industrial activities has been recognized in the action of the lawmaking bodies; and all that I propose is to meet the changed conditions in such manner as will prevent the Commonwealth abdicating the power it has always possessed not only in this country, but also in England before and since this country became a separate Nation.
It has been a misfortune that the National laws on this subject have hitherto been of a negative or prohibitive rather than an affirmative kind, and still more that they have in part sought to prohibit what could not be effectively prohibited, and have in part in their prohibitions confounded what should be allowed and what should not be allowed. It is generally useless to try to prohibit all restraint on competition, whether this restraint be reasonable or unreasonable; and where it is not useless it is generally hurtful. Events have shown that it is not possible adequately to secure the enforcement of any law of this kind by incessant appeal to the courts. The Department of Justice has for the last four years devoted more attention to the enforcement of the anti-trust legislation than to anything else. Much has been accomplished, particularly marked has been the moral effect of the prosecutions; but it is increasingly evident that there will be a very insufficient beneficial result in the way of economic change. The successful prosecution of one device to evade the law immediately develops another device to accomplish the same purpose. What is needed is not sweeping prohibition of every arrangement, good or bad, which may tend to restrict competition, but such adequate supervision and regulation as will prevent any restriction of competition from being to the detriment of the public--as well as such supervision and regulation as will prevent other abuses in no way connected with restriction of competition. Of these abuses, perhaps the chief, although by no means the only one, is overcapitalization--generally itself the result of dishonest promotion--because of the myriad evils it brings in its train; for such overcapitalization often means an inflation that invites business panic; it always conceals the true relation of the profit earned to the capital actually invested, and it creates a burden of interest payments which is a fertile cause of improper reduction in or limitation of wages; it damages the small investor, discourages thrift, and encourages gambling and speculation; while perhaps worst of all is the trickiness and dishonesty which it implies--for harm to morals is worse than any possible harm to material interests, and the debauchery of politics and business by great dishonest corporations is far worse than any actual material evil they do the public. Until the National Government obtains, in some manner which the wisdom of the Congress may suggest, proper control over the big corporations engaged in interstate commerce--that is, over the great majority of the big corporations--it will be impossible to deal adequately with these evils.
I am well aware of the difficulties of the legislation that I am suggesting, and of the need of temperate and cautious action in securing it. I should emphatically protest against improperly radical or hasty action. The first thing to do is to deal with the great corporations engaged in the business of interstate transportation. As I said in my message of December 6 last, the immediate and most pressing need, so far as legislation is concerned, is the enactment into law of some scheme to secure to the agents of the Government such supervision and regulation of the rates charged by the railroads of the country engaged in interstate traffic as shall summarily and effectively prevent the imposition of unjust or unreasonable rates. It must include putting a complete stop to rebates in every shape and form. This power to regulate rates, like all similar powers over the business world, should be exercised with moderation, caution, and self-restraint; but it should exist, so that it can be effectively exercised when the need arises.
The first consideration to be kept in mind is that the power should be affirmative and should be given to some administrative body created by the Congress. If given to the present Interstate Commerce Commission, or to a reorganized Interstate Commerce Commission, such commission should be made unequivocally administrative. I do not believe in the Government interfering with private business more than is necessary. I do not believe in the Government undertaking any work which can with propriety be left in private hands. But neither do I believe in the Government flinching from overseeing any work when it becomes evident that abuses are sure to obtain therein unless there is governmental supervision. It is not my province to indicate the exact terms of the law which should be enacted; but I call the attention of the Congress to certain existing conditions with which it is desirable to deal, In my judgment the most important provision which such law should contain is that conferring upon some competent administrative body the power to decide, upon the case being brought before it, whether a given rate prescribed by a railroad is reasonable and just, and if it is found to be unreasonable and unjust, then, after full investigation of the complaint, to prescribe the limit of rate beyond which it shall not be lawful to go--the maximum reasonable rate, as it is commonly called--this decision to go into effect within a reasonable time and to obtain from thence onward, subject to review by the courts. It sometimes happens at present not that a rate is too high but that a favored shipper is given too low a rate. In such case the commission would have the right to fix this already established minimum rate as the maximum; and it would need only one or two such decisions by the commission to cure railroad companies of the practice of giving improper minimum rates. I call your attention to the fact that my proposal is not to give the commission power to initiate or originate rates generally, but to regulate a rate already fixed or originated by the roads, upon complaint and after investigation. A heavy penalty should be exacted from any corporation which fails to respect an order of the commission. I regard this power to establish a maximum rate as being essential to any scheme of real reform in the matter of railway regulation. The first necessity is to secure it; and unless it is granted to the commission there is little use in touching the subject at all.
Illegal transactions often occur under the forms of law. It has often occurred that a shipper has been told by a traffic officer to buy a large quantity of some commodity and then after it has been bought an open reduction is made in the rate to take effect immediately, the arrangement resulting to the profit of one shipper and the one railroad and to the damage of all their competitors; for it must not be forgotten that the big shippers are at least as much to blame as any railroad in the matter of rebates. The law should make it clear so that nobody can fail to understand that any kind of commission paid on freight shipments, whether in this form or in the form of fictitious damages, or of a concession, a free pass, reduced passenger rate, or payment of brokerage, is illegal. It is worth while considering whether it would not be wise to confer on the Government the right of civil action against the beneficiary of a rebate for at least twice the value of the rebate; this would help stop what is really blackmail. Elevator allowances should be stopped, for they have now grown to such an extent that they are demoralizing and are used as rebates.
The best possible regulation of rates would, of course, be that regulation secured by an honest agreement among the railroads themselves to carry out the law. Such a general agreement would, for instance, at once put a stop to the efforts of any one big shipper or big railroad to discriminate against or secure advantages over some rival; and such agreement would make the railroads themselves agents for enforcing the law. The power vested in the Government to put a stop to agreements to the detriment of the public should, in my judgment, be accompanied by power to permit, under specified conditions and careful supervision, agreements clearly in the interest of the public. But, in my judgment, the necessity for giving this further power is by no means as great as the necessity for giving the commission or administrative body the other powers I have enumerated above; and it may well be inadvisable to attempt to vest this particular power in the commission or other administrative body until it already possesses and is exercising what I regard as by far the most important of all the powers I recommend--as indeed the vitally important power--that to fix a given maximum rate, which rate, after the lapse of a reasonable time, goes into full effect, subject to review by the courts.
All private-car lines, industrial roads, refrigerator charges, and the like should be expressly put under the supervision of the Interstate Commerce Commission or some similar body so far as rates, and agreements practically affecting rates, are concerned. The private car owners and the owners of industrial railroads are entitled to a fair and reasonable compensation on their investment, but neither private cars nor industrial railroads nor spur tracks should be utilized as devices for securing preferential rates. A rebate in icing charges, or in mileage, or in a division of the rate for refrigerating charges is just as pernicious as a rebate in any other way. No lower rate should apply on goods imported than actually obtains on domestic goods from the American seaboard to destination except in cases where water competition is the controlling influence. There should be publicity of the accounts of common carriers; no common carrier engaged in interstate business should keep any books or memoranda other than those reported pursuant to law or regulation, and these books or memoranda should be open to the inspection of the Government. Only in this way can violations or evasions of the law be surely detected. A system of examination of railroad accounts should be provided similar to that now conducted into the National banks by the bank examiners; a few first-class railroad accountants, if they had proper direction and proper authority to inspect books and papers, could accomplish much in preventing willful violations of the law. It would not be necessary for them to examine into the accounts of any railroad unless for good reasons they were directed to do so by the Interstate Commerce Commission. It is greatly to be desired that some way might be found by which an agreement as to transportation within a State intended to operate as a fraud upon the Federal interstate commerce laws could be brought under the jurisdiction of the Federal authorities. At present it occurs that large shipments of interstate traffic are controlled by concessions on purely State business, which of course amounts to an evasion of the law. The commission should have power to enforce fair treatment by the great trunk lines of lateral and branch lines.
I urge upon the Congress the need of providing for expeditious action by the Interstate Commerce Commission in all these matters, whether in regulating rates for transportation or for storing or for handling property or commodities in transit. The history of the cases litigated under the present commerce act shows that its efficacy has been to a great degree destroyed by the weapon of delay, almost the most formidable weapon in the hands of those whose purpose it is to violate the law.
Let me most earnestly say that these recommendations are not made in any spirit of hostility to the railroads. On ethical grounds, on grounds of right, such hostility would be intolerable; and on grounds of mere National self-interest we must remember that such hostility would tell against the welfare not merely of some few rich men, but of a multitude of small investors, a multitude of railway employes, wage workers, and most severely against the interest of the public as a whole. I believe that on the whole our railroads have done well and not ill; but the railroad men who wish to do well should not be exposed to competition with those who have no such desire, and the only way to secure this end is to give to some Government tribunal the power to see that justice is done by the unwilling exactly as it is gladly done by the willing. Moreover, if some Government body is given increased power the effect will be to furnish authoritative answer on behalf of the railroad whenever irrational clamor against it is raised, or whenever charges made against it are disproved. I ask this legislation not only in the interest of the public but in the interest of the honest railroad man and the honest shipper alike, for it is they who are chiefly jeoparded by the practices of their dishonest competitors. This legislation should be enacted in a spirit as remote as possible from hysteria and rancor. If we of the American body politic are true to the traditions we have inherited we shall always scorn any effort to make us hate any man because he is rich, just as much as we should scorn any effort to make us look down upon or treat contemptuously any man because he is poor. We judge a man by his conduct--that is, by his character--and not by his wealth or intellect. If he makes his fortune honestly, there is no just cause of quarrel with him. Indeed, we have nothing but the kindliest feelings of admiration for the successful business man who behaves decently, whether he has made his success by building or managing a railroad or by shipping goods over that railroad. The big railroad men and big shippers are simply Americans of the ordinary type who have developed to an extraordinary degree certain great business qualities. They are neither better nor worse than their fellow-citizens of smaller means. They are merely more able in certain lines and therefore exposed to certain peculiarly strong temptations. These temptations have not sprung newly into being; the exceptionally successful among mankind have always been exposed to them; but they have grown amazingly in power as a result of the extraordinary development of industrialism along new lines, and under these new conditions, which the law-makers of old could not foresee and therefore could not provide against, they have become so serious and menacing as to demand entirely new remedies. It is in the interest of the best type of railroad man and the best type of shipper no less than of the public that there should be Governmental supervision and regulation of these great business operations, for the same reason that it is in the interest of the corporation which wishes to treat its employes aright that there should be an effective Employers' Liability act, or an effective system of factory laws to prevent the abuse of women and children. All such legislation frees the corporation that wishes to do well from being driven into doing ill, in order to compete with its rival, which prefers to do ill. We desire to set up a moral standard. There can be no delusion more fatal to the Nation than the delusion that the standard of profits, of business prosperity, is sufficient in judging any business or political question--from rate legislation to municipal government. Business success, whether for the individual or for the Nation, is a good thing only so far as it is accompanied by and develops a high standard of conduct--honor, integrity, civic courage. The kind of business prosperity that blunts the standard of honor, that puts an inordinate value on mere wealth, that makes a man ruthless and conscienceless in trade, and weak and cowardly in citizenship, is not a good thing at all, but a very bad thing for the Nation. This Government stands for manhood first and for business only as an adjunct of manhood.
The question of transportation lies at the root of all industrial success, and the revolution in transportation which has taken place during the last half century has been the most important factor in the growth of the new industrial conditions. Most emphatically we do not wish to see the man of great talents refused the reward for his talents. Still less do we wish to see him penalized but we do desire to see the system of railroad transportation so handled that the strong man shall be given no advantage over the weak man. We wish to insure as fair treatment for the small town as for the big city; for the small shipper as for the big shipper. In the old days the highway of commerce, whether by water or by a road on land, was open to all; it belonged to the public and the traffic along it was free. At present the railway is this highway, and we must do our best to see that it is kept open to all on equal terms. Unlike the old highway it is a very difficult and complex thing to manage, and it is far better that it should be managed by private individuals than by the Government. But it can only be so managed on condition that justice is done the public. It is because, in my judgment, public ownership of railroads is highly undesirable and would probably in this country entail far-reaching disaster, but I wish to see such supervision and regulation of them in the interest of the public as will make it evident that there is no need for public ownership. The opponents of Government regulation dwell upon the difficulties to be encountered and the intricate and involved nature of the problem. Their contention is true. It is a complicated and delicate problem, and all kinds of difficulties are sure to arise in connection with any plan of solution, while no plan will bring all the benefits hoped for by its more optimistic adherents. Moreover, under any healthy plan, the benefits will develop gradually and not rapidly. Finally, we must clearly understand that the public servants who are to do this peculiarly responsible and delicate work must themselves be of the highest type both as regards integrity and efficiency. They must be well paid, for otherwise able men cannot in the long run be secured; and they must possess a lofty probity which will revolt as quickly at the thought of pandering to any gust of popular prejudice against rich men as at the thought of anything even remotely resembling subserviency to rich men. But while I fully admit the difficulties in the way, I do not for a moment admit that these difficulties warrant us in stopping in our effort to secure a wise and just system. They should have no other effect than to spur us on to the exercise of the resolution, the even-handed justice, and the fertility of resource, which we like to think of as typically American, and which will in the end achieve good results in this as in other fields of activity. The task is a great one and underlies the task of dealing with the whole industrial problem. But the fact that it is a great problem does not warrant us in shrinking from the attempt to solve it. At present we face such utter lack of supervision, such freedom from the restraints of law, that excellent men have often been literally forced into doing what they deplored because otherwise they were left at the mercy of unscrupulous competitors. To rail at and assail the men who have done as they best could under such conditions accomplishes little. What we need to do is to develop an orderly system, and such a system can only come through the gradually increased exercise of the right of efficient Government control.
In my annual message to the Fifty-eighth Congress, at its third session, I called attention to the necessity for legislation requiring the use of block signals upon railroads engaged in interstate commerce. The number of serious collisions upon unblocked roads that have occurred within the past year adds force to the recommendation then made. The Congress should provide, by appropriate legislation, for the introduction of block signals upon all railroads engaged in interstate commerce at the earliest practicable date, as a measure of increased safety to the traveling public.
Through decisions of the Supreme Court of the United States and the lower Federal courts in cases brought before them for adjudication the safety appliance law has been materially strengthened, and the Government has been enabled to secure its effective enforcement in almost all cases, with the result that the condition of railroad equipment throughout the country is much improved and railroad employes perform their duties under safer conditions than heretofore. The Government's most effective aid in arriving at this result has been its inspection service, and that these improved conditions are not more general is due to the insufficient number of inspectors employed. The inspection service has fully demonstrated its usefulness, and in appropriating for its maintenance the Congress should make provision for an increase in the number of inspectors.
The excessive hours of labor to which railroad employes in train service are in many cases subjected is also a matter which may well engage the serious attention of the Congress. The strain, both mental and physical, upon those who are engaged in the movement and operation of railroad trains under modern conditions is perhaps greater than that which exists in any other industry, and if there are any reasons for limiting by law the hours of labor in any employment, they certainly apply with peculiar force to the employment of those upon whose vigilance and alertness in the performance of their duties the safety of all who travel by rail depends.
In my annual message to the Fifty-seventh Congress, at its second session, I recommended the passage of an employers' liability law for the District of Columbia and in our navy yards. I renewed that recommendation in my message to the Fifty-eighth Congress, at its second session, and further suggested the appointment of a commission to make a comprehensive study of employers' liability, with a view to the enactment of a wise and Constitutional law covering the subject, applicable to all industries within the scope of the Federal power. I hope that such a law will be prepared and enacted as speedily as possible.
The National Government has, as a rule, but little occasion to deal with the formidable group of problems connected more or less directly with what is known as the labor question, for in the great majority of cases these problems must be dealt with by the State and municipal authorities, and not by the National Government. The National Government has control of the District of Columbia, however, and it should see to it that the City of Washington is made a model city in all respects, both as regards parks, public playgrounds, proper regulation of the system of housing, so as to do away with the evils of alley tenements, a proper system of education, a proper system of dealing with truancy and juvenile offenders, a proper handling of the charitable work of the District. Moreover, there should be proper factory laws to prevent all abuses in the employment of women and children in the District. These will be useful chiefly as object lessons, but even this limited amount of usefulness would be of real National value.
There has been demand for depriving courts of the power to issue injunctions in labor disputes. Such special limitation of the equity powers of our courts would be most unwise. It is true that some judges have misused this power; but this does not justify a denial of the power any more than an improper exercise of the power to call a strike by a labor leader would justify the denial of the right to strike. The remedy is to regulate the procedure by requiring the judge to give due notice to the adverse parties before granting the writ, the hearing to be ex parte if the adverse party does not appear at the time and place ordered. What is due notice must depend upon the facts of the case; it should not be used as a pretext to permit violation of law or the jeopardizing of life or property. Of course, this would not authorize the issuing of a restraining order or injunction in any case in which it is not already authorized by existing law.
I renew the recommendation I made in my last annual message for an investigation by the Department of Commerce and Labor of general labor conditions, especial attention to be paid to the conditions of child labor and child-labor legislation in the several States. Such an investigation should take into account the various problems with which the question of child labor is connected. It is true that these problems can be actually met in most cases only by the States themselves, but it would be well for the Nation to endeavor to secure and publish comprehensive information as to the conditions of the labor of children in the different States, so as to spur up those that are behindhand and to secure approximately uniform legislation of a high character among the several States. In such a Republic as ours the one thing that we cannot afford to neglect is the problem of turning out decent citizens. The future of the Nation depends upon the citizenship of the generations to come; the children of today are those who tomorrow will shape the destiny of our land, and we cannot afford to neglect them. The Legislature of Colorado has recommended that the National Government provide some general measure for the protection from abuse of children and dumb animals throughout the United States. I lay the matter before you for what I trust will be your favorable consideration.
The Department of Commerce and Labor should also make a thorough investigation of the conditions of women in industry. Over five million American women are now engaged in gainful occupations; yet there is an almost complete dearth of data upon which to base any trustworthy conclusions as regards a subject as important as it is vast and complicated. There is need of full knowledge on which to base action looking toward State and municipal legislation for the protection of working women. The introduction of women into industry is working change and disturbance in the domestic and social life of the Nation. The decrease in marriage, and especially in the birth rate, has been coincident with it. We must face accomplished facts, and the adjustment of factory conditions must be made, but surely it can be made with less friction and less harmful effects on family life than is now the case. This whole matter in reality forms one of the greatest sociological phenomena of our time; it is a social question of the first importance, of far greater importance than any merely political or economic question can be, and to solve it we need ample data, gathered in a sane and scientific spirit in the course of an exhaustive investigation.
In any great labor disturbance not only are employer and employe interested, but a third party--the general public. Every considerable labor difficulty in which interstate commerce is involved should be investigated by the Government and the facts officially reported to the public.
The question of securing a healthy, self-respecting, and mutually sympathetic attitude as between employer and employe, capitalist and wage-worker, is a difficult one. All phases of the labor problem prove difficult when approached. But the underlying principles, the root principles, in accordance with which the problem must be solved are entirely simple. We can get justice and right dealing only if we put as of paramount importance the principle of treating a man on his worth as a man rather than with reference to his social position, his occupation or the class to which he belongs. There are selfish and brutal men in all ranks of life. If they are capitalists their selfishness and brutality may take the form of hard indifference to suffering, greedy disregard of every moral restraint which interferes with the accumulation of wealth, and cold-blooded exploitation of the weak; or, if they are laborers, the form of laziness, of sullen envy of the more fortunate, and of willingness to perform deeds of murderous violence. Such conduct is just as reprehensible in one case as in the other, and all honest and farseeing men should join in warring against it wherever it becomes manifest. Individual capitalist and individual wage-worker, corporation and union, are alike entitled to the protection of the law, and must alike obey the law. Moreover, in addition to mere obedience to the law, each man, if he be really a good citizen, must show broad sympathy for his neighbor and genuine desire to look at any question arising between them from the standpoint of that neighbor no less than from his own, and to this end it is essential that capitalist and wage-worker should consult freely one with the other, should each strive to bring closer the day when both shall realize that they are properly partners and not enemies. To approach the questions which inevitably arise between them solely from the standpoint which treats each side in the mass as the enemy of the other side in the mass is both wicked and foolish. In the past the most direful among the influences which have brought about the downfall of republics has ever been the growth of the class spirit, the growth of the spirit which tends to make a man subordinate the welfare of the public as a whole to the welfare of the particular class to which he belongs, the substitution of loyalty to a class for loyalty to the Nation. This inevitably brings about a tendency to treat each man not on his merits as an individual, but on his position as belonging to a certain class in the community. If such a spirit grows up in this Republic it will ultimately prove fatal to us, as in the past it has proved fatal to every community in which it has become dominant. Unless we continue to keep a quick and lively sense of the great fundamental truth that our concern is with the individual worth of the individual man, this Government cannot permanently hold the place which it has achieved among the nations. The vital lines of cleavage among our people do not correspond, and indeed run at right angles to, the lines of cleavage which divide occupation from occupation, which divide wage-workers from capitalists, farmers from bankers, men of small means from men of large means, men who live in the towns from men who live in the country; for the vital line of cleavage is the line which divides the honest man who tries to do well by his neighbor from the dishonest man who does ill by his neighbor. In other words, the standard we should establish is the standard of conduct, not the standard of occupation, of means, or of social position. It is the man's moral quality, his attitude toward the great questions which concern all humanity, his cleanliness of life, his power to do his duty toward himself and toward others, which really count; and if we substitute for the standard of personal judgment which treats each man according to his merits, another standard in accordance with which all men of one class are favored and all men of another class discriminated against, we shall do irreparable damage to the body politic. I believe that our people are too sane, too self-respecting, too fit for self-government, ever to adopt such an attitude. This Government is not and never shall be government by a plutocracy. This Government is not and never shall be government by a mob. It shall continue to be in the future what it has been in the past, a Government based on the theory that each man, rich or poor, is to be treated simply and solely on his worth as a man, that all his personal and property rights are to be safeguarded, and that he is neither to wrong others nor to suffer wrong from others.
The noblest of all forms of government is self-government; but it is also the most difficult. We who possess this priceless boon, and who desire to hand it on to our children and our children's children, should ever bear in mind the thought so finely expressed by Burke: "Men are qualified for civil liberty in exact proportion to their disposition to put moral chains upon their own appetites; in proportion as they are disposed to listen to the counsels of the wise and good in preference to the flattery of knaves. Society cannot exist unless a controlling power upon will and appetite be placed somewhere, and the less of it there be within the more there must be without. It is ordained in the eternal constitution of things that men of intemperate minds cannot be free. Their passions forge their fetters."
The great insurance companies afford striking examples of corporations whose business has extended so far beyond the jurisdiction of the States which created them as to preclude strict enforcement of supervision and regulation by the parent States. In my last annual message I recommended "that the Congress carefully consider whether the power of the Bureau of Corporations cannot constitutionally be extended to cover interstate transactions in insurance."
Recent events have emphasized the importance of an early and exhaustive consideration of this question, to see whether it is not possible to furnish better safeguards than the several States have been able to furnish against corruption of the flagrant kind which has been exposed. It has been only too clearly shown that certain of the men at the head of these large corporations take but small note of the ethical distinction between honesty and dishonesty; they draw the line only this side of what may be called law-honesty, the kind of honesty necessary in order to avoid falling into the clutches of the law. Of course the only complete remedy for this condition must be found in an aroused public conscience, a higher sense of ethical conduct in the community at large, and especially among business men and in the great profession of the law, and in the growth of a spirit which condemns all dishonesty, whether in rich man or in poor man, whether it takes the shape of bribery or of blackmail. But much can be done by legislation which is not only drastic but practical. There is need of a far stricter and more uniform regulation of the vast insurance interests of this country. The United States should in this respect follow the policy of other nations by providing adequate national supervision of commercial interests which are clearly national in character. My predecessors have repeatedly recognized that the foreign business of these companies is an important part of our foreign commercial relations. During the administrations of Presidents Cleveland, Harrison, and McKinley the State Department exercised its influence, through diplomatic channels, to prevent unjust discrimination by foreign countries against American insurance companies. These negotiations illustrated the propriety of the Congress recognizing the National character of insurance, for in the absence of Federal legislation the State Department could only give expression to the wishes of the authorities of the several States, whose policy was ineffective through want of uniformity.
I repeat my previous recommendation that the Congress should also consider whether the Federal Government has any power or owes any duty with respect to domestic transactions in insurance of an interstate character. That State supervision has proved inadequate is generally conceded. The burden upon insurance companies, and therefore their policy holders, of conflicting regulations of many States, is unquestioned, while but little effective check is imposed upon any able and unscrupulous man who desires to exploit the company in his own interest at the expense of the policy holders and of the public. The inability of a State to regulate effectively insurance corporations created under the laws of other States and transacting the larger part of their business elsewhere is also clear. As a remedy for this evil of conflicting, ineffective, and yet burdensome regulations there has been for many years a widespread demand for Federal supervision. The Congress has already recognized that interstate insurance may be a proper subject for Federal legislation, for in creating the Bureau of Corporations it authorized it to publish and supply useful information concerning interstate corporations, "including corporations engaged in insurance." It is obvious that if the compilation of statistics be the limit of the Federal power it is wholly ineffective to regulate this form of commercial intercourse between the States, and as the insurance business has outgrown in magnitude the possibility of adequate State supervision, the Congress should carefully consider whether further legislation can be bad. What is said above applies with equal force to fraternal and benevolent organizations which contract for life insurance.
There is more need of stability than of the attempt to attain an ideal perfection in the methods of raising revenue; and the shock and strain to the business world certain to attend any serious change in these methods render such change inadvisable unless for grave reason. It is not possible to lay down any general rule by which to determine the moment when the reasons for will outweigh the reasons against such a change. Much must depend, not merely on the needs, but on the desires, of the people as a whole; for needs and desires are not necessarily identical. Of course, no change can be made on lines beneficial to, or desired by, one section or one State only. There must be something like a general agreement among the citizens of the several States, as represented in the Congress, that the change is needed and desired in the interest of the people, as a whole; and there should then be a sincere, intelligent, and disinterested effort to make it in such shape as will combine, so far as possible, the maximum of good to the people at large with the minimum of necessary disregard for the special interests of localities or classes. But in time of peace the revenue must on the average, taking a series of years together, equal the expenditures or else the revenues must be increased. Last year there was a deficit. Unless our expenditures can be kept within the revenues then our revenue laws must be readjusted. It is as yet too early to attempt to outline what shape such a readjustment should take, for it is as yet too early to say whether there will be need for it. It should be considered whether it is not desirable that the tariff laws should provide for applying as against or in favor of any other nation maximum and minimum tariff rates established by the Congress, so as to secure a certain reciprocity of treatment between other nations and ourselves. Having in view even larger considerations of policy than those of a purely economic nature, it would, in my judgment, be well to endeavor to bring about closer commercial connections with the other peoples of this continent. I am happy to be able to announce to you that Russia now treats us on the most-favored-nation basis.
I earnestly recommend to Congress the need of economy and to this end of a rigid scrutiny of appropriations. As examples merely, I call your attention to one or two specific matters. All unnecessary offices should be abolished. The Commissioner of the General Land Office recommends the abolishment of the office of Receiver of Public Moneys for the United States Land Office. This will effect a saving of about a quarter of a million dollars a year. As the business of the Nation grows, it is inevitable that there should be from time to time a legitimate increase in the number of officials, and this fact renders it all the more important that when offices become unnecessary they should be abolished. In the public printing also a large saving of public money can be made. There is a constantly growing tendency to publish masses of unimportant information. It is probably not unfair to say that many tens of thousands of volumes are published at which no human being ever looks and for which there is no real demand whatever.
Yet, in speaking of economy, I must in no wise be understood as advocating the false economy which is in the end the worst extravagance. To cut down on the navy, for instance, would be a crime against the Nation. To fail to push forward all work on the Panama Canal would be as great a folly.
In my message of December 2, 1902, to the Congress I said:
"Interest rates are a potent factor in business activity, and in order that these rates may be equalized to meet the varying needs of the seasons and of widely separated communities, and to prevent the recurrence of financial stringencies, which injuriously affect legitimate business, it is necessary that there should be an element of elasticity in our monetary system. Banks are the natural servants of commerce, and, upon them should be placed, as far as practicable, the burden of furnishing and maintaining a circulation adequate to supply the needs of our diversified industries and of our domestic and foreign commerce; and the issue of this should be so regulated that a sufficient supply should be always available for the business interests of the country."
Every consideration of prudence demands the addition of the element of elasticity to our currency system. The evil does not consist in an inadequate volume of money, but in the rigidity of this volume, which does not respond as it should to the varying needs of communities and of seasons. Inflation must be avoided; but some provision should be made that will insure a larger volume of money during the Fall and Winter months than in the less active seasons of the year; so that the currency will contract against speculation, and will expand for the needs of legitimate business. At present the Treasury Department is at irregularly recurring intervals obliged, in the interest of the business world--that is, in the interests of the American public--to try to avert financial crises by providing a remedy which should be provided by Congressional action.
At various times I have instituted investigations into the organization and conduct of the business of the executive departments. While none of these inquiries have yet progressed far enough to warrant final conclusions, they have already confirmed and emphasized the general impression that the organization of the departments is often faulty in principle and wasteful in results, while many of their business methods are antiquated and inefficient. There is every reason why our executive governmental machinery should be at least as well planned, economical, and efficient as the best machinery of the great business organizations, which at present is not the case. To make it so is a task of complex detail and essentially executive in its nature; probably no legislative body, no matter how wise and able, could undertake it with reasonable prospect of success. I recommend that the Congress consider this subject with a view to provide by legislation for the transfer, distribution, consolidation, and assignment of duties and executive organizations or parts of organizations, and for the changes in business methods, within or between the several departments, that will best promote the economy, efficiency, and high character of the Government work.
In my last annual message I said:
"The power of the Government to protect the integrity of the elections of its own officials is inherent and has been recognized and affirmed by repeated declarations of the Supreme Court. There is no enemy of free government more dangerous and none so insidious as the corruption of the electorate. No one defends or excuses corruption, and it would seem to follow that none would oppose vigorous measures to eradicate it. I recommend the enactment of a law directed against bribery and corruption in Federal elections. The details of such a law may be safely left to the wise discretion of the Congress, but it should go as far as under the Constitution it is possible to go, and should include severe penalties against him who gives or receives a bribe intended to influence his act or opinion as an elector; and provisions for the publication not only of the expenditures for nominations and elections of all candidates, but also of all contributions received and expenditures made by political committees."
I desire to repeat this recommendation. In political campaigns in a country as large and populous as ours it is inevitable that there should be much expense of an entirely legitimate kind. This, of course, means that many contributions, and some of them of large size, must be made, and, as a matter of fact, in any big political contest such contributions are always made to both sides. It is entirely proper both to give and receive them, unless there is an improper motive connected with either gift or reception. If they are extorted by any kind of pressure or promise, express or implied, direct or indirect, in the way of favor or immunity, then the giving or receiving becomes not only improper but criminal. It will undoubtedly be difficult, as a matter of practical detail, to shape an act which shall guard with reasonable certainty against such misconduct; but if it is possible to secure by law the full and verified publication in detail of all the sums contributed to and expended by the candidates or committees of any political parties, the result cannot but be wholesome. All contributions by corporations to any political committee or for any political purpose should be forbidden by law; directors should not be permitted to use stockholders' money for such purposes; and, moreover, a prohibition of this kind would be, as far as it went, an effective method of stopping the evils aimed at in corrupt practices acts. Not only should both the National and the several State Legislatures forbid any officer of a corporation from using the money of the corporation in or about any election, but they should also forbid such use of money in connection with any legislation save by the employment of counsel in public manner for distinctly legal services.
The first conference of nations held at The Hague in 1899, being unable to dispose of all the business before it, recommended the consideration and settlement of a number of important questions by another conference to be called subsequently and at an early date. These questions were the following: (1) The rights and duties of neutrals; (2) the limitation of the armed forces on land and sea, and of military budgets; (3) the use of new types and calibres of military and naval guns; (4) the inviolability of private property at sea in times of war; (5) the bombardment of ports, cities, and villages by naval forces. In October, 1904, at the instance of the Interparliamentary Union, which, at a conference held in the United States, and attended by the lawmakers of fifteen different nations, had reiterated the demand for a second conference of nations, I issued invitations to all the powers signatory to The Hague Convention to send delegates to such a conference, and suggested that it be again held at The Hague. In its note of December 16, 1904, the United States Government communicated to the representatives of foreign governments its belief that the conference could be best arranged under the provisions of the present Hague treaty.
From all the powers acceptance was received, coupled in some cases with the condition that we should wait until the end of the war then waging between Russia and Japan. The Emperor of Russia, immediately after the treaty of peace which so happily terminated this war, in a note presented to the President on September 13, through Ambassador Rosen, took the initiative in recommending that the conference be now called. The United States Government in response expressed its cordial acquiescence, and stated that it would, as a matter of course, take part in the new conference and endeavor to further its aims. We assume that all civilized governments will support the movement, and that the conference is now an assured fact. This Government will do everything in its power to secure the success of the conference, to the end that substantial progress may be made in the cause of international peace, justice, and good will.
This renders it proper at this time to say something as to the general attitude of this Government toward peace. More and more war is coming to be looked upon as in itself a lamentable and evil thing. A wanton or useless war, or a war of mere aggression--in short, any war begun or carried on in a conscienceless spirit, is to be condemned as a peculiarly atrocious crime against all humanity. We can, however, do nothing of permanent value for peace unless we keep ever clearly in mind the ethical element which lies at the root of the problem. Our aim is righteousness. Peace is normally the hand-maiden of rightousness; but when peace and righteousness conflict then a great and upright people can never for a moment hesitate to follow the path which leads toward righteousness, even though that path also leads to war. There are persons who advocate peace at any price; there are others who, following a false analogy, think that because it is no longer necessary in civilized countries for individuals to protect their rights with a strong hand, it is therefore unnecessary for nations to be ready to defend their rights. These persons would do irreparable harm to any nation that adopted their principles, and even as it is they seriously hamper the cause which they advocate by tending to render it absurd in the eyes of sensible and patriotic men. There can be no worse foe of mankind in general, and of his own country in particular, than the demagogue of war, the man who in mere folly or to serve his own selfish ends continually rails at and abuses other nations, who seeks to excite his countrymen against foreigners on insufficient pretexts, who excites and inflames a perverse and aggressive national vanity, and who may on occasions wantonly bring on conflict between his nation and some other nation. But there are demagogues of peace just as there are demagogues of war, and in any such movement as this for The Hague conference it is essential not to be misled by one set of extremists any more than by the other. Whenever it is possible for a nation or an individual to work for real peace, assuredly it is failure of duty not so to strive, but if war is necessary and righteous then either the man or the nation shrinking from it forfeits all title to self-respect. We have scant sympathy with the sentimentalist who dreads oppression less than physical suffering, who would prefer a shameful peace to the pain and toil sometimes lamentably necessary in order to secure a righteous peace. As yet there is only a partial and imperfect analogy between international law and internal or municipal law, because there is no sanction of force for executing the former while there is in the case of the latter. The private citizen is protected in his rights by the law, because the law rests in the last resort upon force exercised through the forms of law. A man does not have to defend his rights with his own hand, because he can call upon the police, upon the sheriff's posse, upon the militia, or in certain extreme cases upon the army, to defend him. But there is no such sanction of force for international law. At present there could be no greater calamity than for the free peoples, the enlightened, independent, and peace-loving peoples, to disarm while yet leaving it open to any barbarism or despotism to remain armed. So long as the world is as unorganized as now the armies and navies of those peoples who on the whole stand for justice, offer not only the best, but the only possible, security for a just peace. For instance, if the United States alone, or in company only with the other nations that on the whole tend to act justly, disarmed, we might sometimes avoid bloodshed, but we would cease to be of weight in securing the peace of justice--the real peace for which the most law-abiding and high-minded men must at times be willing to fight. As the world is now, only that nation is equipped for peace that knows how to fight, and that will not shrink from fighting if ever the conditions become such that war is demanded in the name of the highest morality.
So much it is emphatically necessary to say in order both that the position of the United States may not be misunderstood, and that a genuine effort to bring nearer the day of the peace of justice among the nations may not be hampered by a folly which, in striving to achieve the impossible, would render it hopeless to attempt the achievement of the practical. But, while recognizing most clearly all above set forth, it remains our clear duty to strive in every practicable way to bring nearer the time when the sword shall not be the arbiter among nations. At present the practical thing to do is to try to minimize the number of cases in which it must be the arbiter, and to offer, at least to all civilized powers, some substitute for war which will be available in at least a considerable number of instances. Very much can be done through another Hague conference in this direction, and I most earnestly urge that this Nation do all in its power to try to further the movement and to make the result of the decisions of The Hague conference effective. I earnestly hope that the conference may be able to devise some way to make arbitration between nations the customary way of settling international disputes in all save a few classes of cases, which should themselves be as sharply defined and rigidly limited as the present governmental and social development of the world will permit. If possible, there should be a general arbitration treaty negotiated among all the nations represented at the conference. Neutral rights and property should be protected at sea as they are protected on land. There should be an international agreement to this purpose and a similar agreement defining contraband of war.
During the last century there has been a distinct diminution in the number of wars between the most civilized nations. International relations have become closer and the development of The Hague tribunal is not only a symptom of this growing closeness of relationship, but is a means by which the growth can be furthered. Our aim should be from time to time to take such steps as may be possible toward creating something like an organization of the civilized nations, because as the world becomes more highly organized the need for navies and armies will diminish. It is not possible to secure anything like an immediate disarmament, because it would first be necessary to settle what peoples are on the whole a menace to the rest of mankind, and to provide against the disarmament of the rest being turned into a movement which would really chiefly benefit these obnoxious peoples; but it may be possible to exercise some check upon the tendency to swell indefinitely the budgets for military expenditure. Of course such an effort could succeed only if it did not attempt to do too much; and if it were undertaken in a spirit of sanity as far removed as possible from a merely hysterical pseudo-philanthropy. It is worth while pointing out that since the end of the insurrection in the Philippines this Nation has shown its practical faith in the policy of disarmament by reducing its little army one-third. But disarmament can never be of prime importance; there is more need to get rid of the causes of war than of the implements of war.
I have dwelt much on the dangers to be avoided by steering clear of any mere foolish sentimentality because my wish for peace is so genuine and earnest; because I have a real and great desire that this second Hague conference may mark a long stride forward in the direction of securing the peace of justice throughout the world. No object is better worthy the attention of enlightened statesmanship than the establishment of a surer method than now exists of securing justice as between nations, both for the protection of the little nations and for the prevention of war between the big nations. To this aim we should endeavor not only to avert bloodshed, but, above all, effectively to strengthen the forces of right. The Golden Rule should be, and as the world grows in morality it will be, the guiding rule of conduct among nations as among individuals; though the Golden Rule must not be construed, in fantastic manner, as forbidding the exercise of the police power. This mighty and free Republic should ever deal with all other States, great or small, on a basis of high honor, respecting their rights as jealously as it safeguards its own.
One of the most effective instruments for peace is the Monroe Doctrine as it has been and is being gradually developed by this Nation and accepted by other nations. No other policy could have been as efficient in promoting peace in the Western Hemisphere and in giving to each nation thereon the chance to develop along its own lines. If we had refused to apply the doctrine to changing conditions it would now be completely outworn, would not meet any of the needs of the present day, and, indeed, would probably by this time have sunk into complete oblivion. It is useful at home, and is meeting with recognition abroad because we have adapted our application of it to meet the growing and changing needs of the hemisphere. When we announce a policy such as the Monroe Doctrine we thereby commit ourselves to the consequences of the policy, and those consequences from time to time alter. It is out of the question to claim a right and yet shirk the responsibility for its exercise. Not only we, but all American republics who are benefited by the existence of the doctrine, must recognize the obligations each nation is under as regards foreign peoples no less than its duty to insist upon its own rights.
That our rights and interests are deeply concerned in the maintenance of the doctrine is so clear as hardly to need argument. This is especially true in view of the construction of the Panama Canal. As a mere matter of self-defense we must exercise a close watch over the approaches to this canal; and this means that we must be thoroughly alive to our interests in the Caribbean Sea.
There are certain essential points which must never be forgotten as regards the Monroe Doctrine. In the first place we must as a Nation make it evident that we do not intend to treat it in any shape or way as an excuse for aggrandizement on our part at the expense of the republics to the south. We must recognize the fact that in some South American countries there has been much suspicion lest we should interpret the Monroe Doctrine as in some way inimical to their interests, and we must try to convince all the other nations of this continent once and for all that no just and orderly Government has anything to fear from us. There are certain republics to the south of us which have already reached such a point of stability, order, and prosperity that they themselves, though as yet hardly consciously, are among the guarantors of this doctrine. These republics we now meet not only on a basis of entire equality, but in a spirit of frank and respectful friendship, which we hope is mutual. If all of the republics to the south of us will only grow as those to which I allude have already grown, all need for us to be the especial champions of the doctrine will disappear, for no stable and growing American Republic wishes to see some great non-American military power acquire territory in its neighborhood. All that this country desires is that the other republics on this continent shall be happy and prosperous; and they cannot be happy and prosperous unless they maintain order within their boundaries and behave with a just regard for their obligations toward outsiders. It must be understood that under no circumstances will the United States use the Monroe Doctrine as a cloak for territorial aggression. We desire peace with all the world, but perhaps most of all with the other peoples of the American Continent. There are, of course, limits to the wrongs which any self-respecting nation can endure. It is always possible that wrong actions toward this Nation, or toward citizens of this Nation, in some State unable to keep order among its own people, unable to secure justice from outsiders, and unwilling to do justice to those outsiders who treat it well, may result in our having to take action to protect our rights; but such action will not be taken with a view to territorial aggression, and it will be taken at all only with extreme reluctance and when it has become evident that every other resource has been exhausted.
Moreover, we must make it evident that we do not intend to permit the Monroe Doctrine to be used by any nation on this Continent as a shield to protect it from the consequences of its own misdeeds against foreign nations. If a republic to the south of us commits a tort against a foreign nation, such as an outrage against a citizen of that nation, then the Monroe Doctrine does not force us to interfere to prevent punishment of the tort, save to see that the punishment does not assume the form of territorial occupation in any shape. The case is more difficult when it refers to a contractual obligation. Our own Government has always refused to enforce such contractual obligations on behalf, of its citizens by an appeal to arms. It is much to be wished that all foreign governments would take the same view. But they do not; and in consequence we are liable at any time to be brought face to face with disagreeable alternatives. On the one hand, this country would certainly decline to go to war to prevent a foreign government from collecting a just debt; on the other hand, it is very inadvisable to permit any foreign power to take possession, even temporarily, of the custom houses of an American Republic in order to enforce the payment of its obligations; for such temporary occupation might turn into a permanent occupation. The only escape from these alternatives may at any time be that we must ourselves undertake to bring about some arrangement by which so much as possible of a just obligation shall be paid. It is far better that this country should put through such an arrangement, rather than allow any foreign country to undertake it. To do so insures the defaulting republic from having to pay debt of an improper character under duress, while it also insures honest creditors of the republic from being passed by in the interest of dishonest or grasping creditors. Moreover, for the United States to take such a position offers the only possible way of insuring us against a clash with some foreign power. The position is, therefore, in the interest of peace as well as in the interest of justice. It is of benefit to our people; it is of benefit to foreign peoples; and most of all it is really of benefit to the people of the country concerned.
This brings me to what should be one of the fundamental objects of the Monroe Doctrine. We must ourselves in good faith try to help upward toward peace and order those of our sister republics which need such help. Just as there has been a gradual growth of the ethical element in the relations of one individual to another, so we are, even though slowly, more and more coming to recognize the duty of bearing one another's burdens, not only as among individuals, but also as among nations.
Santo Domingo, in her turn, has now made an appeal to us to help her, and not only every principle of wisdom but every generous instinct within us bids us respond to the appeal. It is not of the slightest consequence whether we grant the aid needed by Santo Domingo as an incident to the wise development of the Monroe Doctrine or because we regard the case of Santo Domingo as standing wholly by itself, and to be treated as such, and not on general principles or with any reference to the Monroe Doctrine. The important point is to give the needed aid, and the case is certainly sufficiently peculiar to deserve to be judged purely on its own merits. The conditions in Santo Domingo have for a number of years grown from bad to worse until a year ago all society was on the verge of dissolution. Fortunately, just at this time a ruler sprang up in Santo Domingo, who, with his colleagues, saw the dangers threatening their country and appealed to the friendship of the only great and powerful neighbor who possessed the power, and as they hoped also the will to help them. There was imminent danger of foreign intervention. The previous rulers of Santo Domingo had recklessly incurred debts, and owing to her internal disorders she had ceased to be able to provide means of paying the debts. The patience of her foreign creditors had become exhausted, and at least two foreign nations were on the point of intervention, and were only prevented from intervening by the unofficial assurance of this Government that it would itself strive to help Santo Domingo in her hour of need. In the case of one of these nations, only the actual opening of negotiations to this end by our Government prevented the seizure of territory in Santo Domingo by a European power. Of the debts incurred some were just, while some were not of a character which really renders it obligatory on or proper for Santo Domingo to pay them in full. But she could not pay any of them unless some stability was assured her Government and people.
Accordingly, the Executive Department of our Government negotiated a treaty under which we are to try to help the Dominican people to straighten out their finances. This treaty is pending before the Senate. In the meantime a temporary arrangement has been made which will last until the Senate has had time to take action upon the treaty. Under this arrangement the Dominican Government has appointed Americans to all the important positions in the customs service and they are seeing to the honest collection of the revenues, turning over 45 per cent. to the Government for running expenses and putting the other 55 per cent. into a safe depository for equitable division in case the treaty shall be ratified, among the various creditors, whether European or American.
The Custom Houses offer well-nigh the only sources of revenue in Santo Domingo, and the different revolutions usually have as their real aim the obtaining of these Custom Houses. The mere fact that the Collectors of Customs are Americans, that they are performing their duties with efficiency and honesty, and that the treaty is pending in the Senate gives a certain moral power to the Government of Santo Domingo which it has not had before. This has completely discouraged all revolutionary movement, while it has already produced such an increase in the revenues that the Government is actually getting more from the 45 per cent. that the American Collectors turn over to it than it got formerly when it took the entire revenue. It is enabling the poor, harassed people of Santo Domingo once more to turn their attention to industry and to be free from the cure of interminable revolutionary disturbance. It offers to all bona-fide creditors, American and European, the only really good chance to obtain that to which they are justly entitled, while it in return gives to Santo Domingo the only opportunity of defense against claims which it ought not to pay, for now if it meets the views of the Senate we shall ourselves thoroughly examine all these claims, whether American or foreign, and see that none that are improper are paid. There is, of course, opposition to the treaty from dishonest creditors, foreign and American, and from the professional revolutionists of the island itself. We have already reason to believe that some of the creditors who do not dare expose their claims to honest scrutiny are endeavoring to stir up sedition in the island and opposition to the treaty. In the meantime, I have exercised the authority vested in me by the joint resolution of the Congress to prevent the introduction of arms into the island for revolutionary purposes.
Under the course taken, stability and order and all the benefits of peace are at last coming to Santo Domingo, danger of foreign intervention has been suspended, and there is at last a prospect that all creditors will get justice, no more and no less. If the arrangement is terminated by the failure of the treaty chaos will follow; and if chaos follows, sooner or later this Government may be involved in serious difficulties with foreign Governments over the island, or else may be forced itself to intervene in the island in some unpleasant fashion. Under the proposed treaty the independence of the island is scrupulously respected, the danger of violation of the Monroe Doctrine by the intervention of foreign powers vanishes, and the interference of our Government is minimized, so that we shall only act in conjunction with the Santo Domingo authorities to secure the proper administration of the customs, and therefore to secure the payment of just debts and to secure the Dominican Government against demands for unjust debts. The proposed method will give the people of Santo Domingo the same chance to move onward and upward which we have already given to the people of Cuba. It will be doubly to our discredit as a Nation if we fail to take advantage of this chance; for it will be of damage to ourselves, and it will be of incalculable damage to Santo Domingo. Every consideration of wise policy, and, above all, every consideration of large generosity, bids us meet the request of Santo Domingo as we are now trying to meet it.
We cannot consider the question of our foreign policy without at the same time treating of the Army and the Navy. We now have a very small army indeed, one well-nigh infinitesimal when compared With the army of any other large nation. Of course the army we do have should be as nearly perfect of its kind and for its size as is possible. I do not believe that any army in the world has a better average of enlisted men or a better type of junior officer; but the army should be trained to act effectively in a mass. Provision should be made by sufficient appropriations for manoeuvers of a practical kind, so that the troops may learn how to take care of themselves under actual service conditions; every march, for instance, being made with the soldier loaded exactly as he would be in active campaign. The Generals and Colonels would thereby have opportunity of handling regiments, brigades, and divisions, and the commissary and medical departments would be tested in the field. Provision should be made for the exercise at least of a brigade and by preference of a division in marching and embarking at some point on our coast and disembarking at some other point and continuing its march. The number of posts in which the army is kept in time of peace should be materially diminished and the posts that are left made correspondingly larger. No local interests should be allowed to stand in the way of assembling the greater part of the troops which would at need form our field armies in stations of such size as will permit the best training to be given to the personnel of all grades, including the high officers and staff officers. To accomplish this end we must have not company or regimental garrisons, but brigade and division garrisons. Promotion by mere seniority can never result in a thoroughly efficient corps of officers in the higher ranks unless there accompanies it a vigorous weeding-out process. Such a weeding-out process--that is, such a process of selection--is a chief feature of the four years' course of the young officer at West Point. There is no good reason why it should stop immediately upon his graduation. While at West Point he is dropped unless he comes up to a certain standard of excellence, and when he graduates he takes rank in the army according to his rank of graduation. The results are good at West Point; and there should be in the army itself something that will achieve the same end. After a certain age has been reached the average officer is unfit to do good work below a certain grade. Provision should be made for the promotion of exceptionally meritorious men over the heads of their comrades and for the retirement of all men who have reached a given age without getting beyond a given rank; this age of retirement of course changing from rank to rank. In both the army and the navy there should be some principle of selection, that is, of promotion for merit, and there should be a resolute effort to eliminate the aged officers of reputable character who possess no special efficiency.
There should be an increase in the coast artillery force, so that our coast fortifications can be in some degree adequately manned. There is special need for an increase and reorganization of the Medical Department of the army. In both the army and navy there must be the same thorough training for duty in the staff corps as in the fighting line. Only by such training in advance can we be sure that in actual war field operations and those at sea will be carried on successfully. The importance of this was shown conclusively in the Spanish-American and the Russo-Japanese wars. The work of the medical departments in the Japanese army and navy is especially worthy of study. I renew my recommendation of January 9, 1905, as to the Medical Department of the army and call attention to the equal importance of the needs of the staff corps of the navy. In the Medical Department of the navy the first in importance is the reorganization of the Hospital Corps, on the lines of the Gallinger bill, (S. 3,984, February 1, 1904), and the reapportionment of the different grades of the medical officers to meet service requirements. It seems advisable also that medical officers of the army and navy should have similar rank and pay in their respective grades, so that their duties can be carried on without friction when they are brought together. The base hospitals of the navy should be put in condition to meet modern requirements and hospital ships be provided. Unless we now provide with ample forethought for the medical needs of the army and navy appalling suffering of a preventable kind is sure to occur if ever the country goes to war. It is not reasonable to expect successful administration in time of war of a department which lacks a third of the number of officers necessary to perform the medical service in time of peace. We need men who are not merely doctors; they must be trained in the administration of military medical service.
Our navy must, relatively to the navies of other nations, always be of greater size than our army. We have most wisely continued for a number of years to build up our navy, and it has now reached a fairly high standard of efficiency. This standard of efficiency must not only be maintained, but increased. It does not seem to be necessary, however, that the navy should--at least in the immediate future--be increased beyond the present number of units. What is now clearly necessary is to substitute efficient for inefficient units as the latter become worn out or as it becomes apparent that they are useless. Probably the result would be attained by adding a single battleship to our navy each year, the superseded or outworn vessels being laid up or broken up as they are thus replaced. The four single-turret monitors built immediately after the close of the Spanish war, for instance, are vessels which would be of but little use in the event of war. The money spent upon them could have been more usefully spent in other ways. Thus it would have been far better never to have built a single one of these monitors and to have put the money into an ample supply of reserve guns. Most of the smaller cruisers and gunboats, though they serve a useful purpose so far as they are needed for international police work, would not add to the strength of our navy in a conflict with a serious foe. There is urgent need of providing a large increase in the number of officers, and especially in the number of enlisted men.
Recent naval history has emphasized certain lessons which ought not to, but which do, need emphasis. Seagoing torpedo boats or destroyers are indispensable, not only for making night attacks by surprise upon an enemy, but even in battle for finishing already crippled ships. Under exceptional circumstances submarine boats would doubtless be of use. Fast scouts are needed. The main strength of the navy, however, lies, and can only lie, in the great battleships, the heavily armored, heavily gunned vessels which decide the mastery of the seas. Heavy-armed cruisers also play a most useful part, and unarmed cruisers, if swift enough, are very useful as scouts. Between antagonists of approximately equal prowess the comparative perfection of the instruments of war will ordinarily determine the fight. But it is, of course, true that the man behind the gun, the man in the engine room, and the man in the conning tower, considered not only individually, but especially with regard to the way in which they work together, are even more important than the weapons with which they work. The most formidable battleship is, of course, helpless against even a light cruiser if the men aboard it are unable to hit anything with their guns, and thoroughly well-handled cruisers may count seriously in an engagement with much superior vessels, if the men aboard the latter are ineffective, whether from lack of training or from any other cause. Modern warships are most formidable mechanisms when well handled, but they are utterly useless when not well handled, and they cannot be handled at all without long and careful training. This training can under no circumstance be given when once war has broken out. No fighting ship of the first class should ever be laid up save for necessary repairs, and her crew should be kept constantly exercised on the high seas, so that she may stand at the highest point of perfection. To put a new and untrained crew upon the most powerful battleship and send it out to meet a formidable enemy is not only to invite, but to insure, disaster and disgrace. To improvise crews at the outbreak of a war, so far as the serious fighting craft are concerned, is absolutely hopeless. If the officers and men are not thoroughly skilled in, and have not been thoroughly trained to, their duties, it would be far better to keep the ships in port during hostilities than to send them against a formidable opponent, for the result could only be that they would be either sunk or captured. The marksmanship of our navy is now on the whole in a gratifying condition, and there has been a great improvement in fleet practice. We need additional seamen; we need a large store of reserve guns; we need sufficient money for ample target practice, ample practice of every kind at sea. We should substitute for comparatively inefficient types--the old third-class battleship Texas, the single-turreted monitors above mentioned, and, indeed, all the monitors and some of the old cruisers--efficient, modern seagoing vessels. Seagoing torpedo-boat destroyers should be substituted for some of the smaller torpedo boats. During the present Congress there need be no additions to the aggregate number of units of the navy. Our navy, though very small relatively to the navies of other nations, is for the present sufficient in point of numbers for our needs, and while we must constantly strive to make its efficiency higher, there need be no additions to the total of ships now built and building, save in the way of substitution as above outlined. I recommend the report of the Secretary of the Navy to the careful consideration of the Congress, especially with a view to the legislation therein advocated.
During the past year evidence has accumulated to confirm the expressions contained in my last two annual messages as to the importance of revising by appropriate legislation our system of naturalizing aliens. I appointed last March a commission to make a careful examination of our naturalization laws, and to suggest appropriate measures to avoid the notorious abuses resulting from the improvident of unlawful granting of citizenship. This commission, composed of an officer of the Department of State, of the Department of Justice, and of the Department of Commerce and Labor, has discharged the duty imposed upon it, and has submitted a report, which will be transmitted to the Congress for its consideration, and, I hope, for its favor, able action.
The distinguishing recommendations of the commission are:
First--A Federal Bureau of Naturalization, to be established in the Department of Commerce and Labor, to supervise the administration of the naturalization laws and to receive returns of naturalizations pending and accomplished.
Second--Uniformity of naturalization certificates, fees to be charged, and procedure.
Third--More exacting qualifications for citizenship.
Fourth--The preliminary declaration of intention to be abolished and no alien to be naturalized until at least ninety days after the filing of his petition.
Fifth--Jurisdiction to naturalize aliens to be confined to United States district courts and to such State courts as have jurisdiction in civil actions in which the amount in controversy is unlimited; in cities of over 100,000 inhabitants the United States district courts to have exclusive jurisdiction in the naturalization of the alien residents of such cities.
In my last message I asked the attention of the Congress to the urgent need of action to make our criminal law more effective; and I most earnestly request that you pay heed to the report of the Attorney General on this subject. Centuries ago it was especially needful to throw every safeguard round the accused. The danger then was lest he should be wronged by the State. The danger is now exactly the reverse. Our laws and customs tell immensely in favor of the criminal and against the interests of the public he has wronged. Some antiquated and outworn rules which once safeguarded the threatened rights of private citizens, now merely work harm to the general body politic. The criminal law of the United States stands in urgent need of revision. The criminal process of any court of the United States should run throughout the entire territorial extent of our country. The delays of the criminal law, no less than of the civil, now amount to a very great evil.
There seems to be no statute of the United States which provides for the punishment of a United States Attorney or other officer of the Government who corruptly agrees to wrongfully do or wrongfully refrain from doing any act when the consideration for such corrupt agreement is other than one possessing money value. This ought to be remedied by appropriate legislation. Legislation should also be enacted to cover explicitly, unequivocally, and beyond question breach of trust in the shape of prematurely divulging official secrets by an officer or employe of the United States, and to provide a suitable penalty therefor. Such officer or employe owes the duty to the United States to guard carefully and not to divulge or in any manner use, prematurely, information which is accessible to the officer or employe by reason of his official position. Most breaches of public trust are already covered by the law, and this one should be. It is impossible, no matter how much care is used, to prevent the occasional appointment to the public service of a man who when tempted proves unfaithful; but every means should be provided to detect and every effort made to punish the wrongdoer. So far as in my power see each and every such wrongdoer shall be relentlessly hunted down; in no instance in the past has he been spared; in no instance in the future shall he be spared. His crime is a crime against every honest man in the Nation, for it is a crime against the whole body politic. Yet in dwelling on such misdeeds it is unjust not to add that they are altogether exceptional, and that on the whole the employes of the Government render upright and faithful service to the people. There are exceptions, notably in one or two branches of the service, but at no time in the Nation's history has the public service of the Nation taken as a whole stood on a higher plane than now, alike as regards honesty and as regards efficiency.
Once again I call your attention to the condition of the public land laws. Recent developments have given new urgency to the need for such changes as will fit these laws to actual present conditions. The honest disposal and right use of the remaining public lands is of fundamental importance. The iniquitous methods by which the monopolizing of the public lands is being brought about under the present laws are becoming more generally known, but the existing laws do not furnish effective remedies. The recommendations of the Public Lands Commission upon this subject are wise and should be given effect.
The creation of small irrigated farms under the Reclamation act is a powerful offset to the tendency of certain other laws to foster or permit monopoly of the land. Under that act the construction of great irrigation works has been proceeding rapidly and successfully, the lands reclaimed are eagerly taken up, and the prospect that the policy of National irrigation will accomplish all that was expected of it is bright. The act should be extended to include the State of Texas.
The Reclamation act derives much of its value from the fact that it tends to secure the greatest possible number of homes on the land, and to create communities of freeholders, in part by settlement on public lands, in part by forcing the subdivision of large private holdings before they can get water from Government irrigation works. The law requires that no right to the use of water for land in private ownership shall be sold for a tract exceeding 160 acres to any one land owner. This provision has excited active and powerful hostility, but the success of the law itself depends on the wise and firm enforcement of it. We cannot afford to substitute tenants for freeholders on the public domain.
The greater part of the remaining public lands can not be irrigated. They are at present and will probably always be of greater value for grazing than for any other purpose. This fact has led to the grazing homestead of 640 acres in Nebraska and to the proposed extension of it to other States. It is argued that a family can not be supported on 160 acres of arid grazing land. This is obviously true, but neither can a family be supported on 640 acres of much of the land to which it is proposed to apply the grazing homestead. To establish universally any such arbitrary limit would be unwise at the present time. It would probably result on the one hand in enlarging the holdings of some of the great land owners, and on the other in needless suffering and failure on the part of a very considerable proportion of the bona fide settlers who give faith to the implied assurance of the Government that such an area is sufficient. The best use of the public grazing lands requires the careful examination and classification of these lands in order to give each settler land enough to support his family and no more. While this work is being done, and until the lands are settled, the Government should take control of the open range, under reasonable regulations suited to local needs, following the general policy already in successful operation on the forest reserves. It is probable that the present grazing value of the open public range is scarcely more than half what it once was or what it might easily be again under careful regulation.
The forest policy of the Administration appears to enjoy the unbroken support of the people. The great users of timber are themselves forwarding the movement for forest preservation. All organized opposition to the forest preserves in the West has disappeared. Since the consolidation of all Government forest work in the National Forest Service there has been a rapid and notable gain in the usefulness of the forest reserves to the people and in public appreciation of their value. The National parks within or adjacent to forest reserves should be transferred to the charge of the Forest Service also.
The National Government already does something in connection with the construction and maintenance of the great system of levees along the lower course of the Mississippi; in my judgment it should do much more.
To the spread of our trade in peace and the defense of our flag in war a great and prosperous merchant marine is indispensable. We should have ships of our own and seamen of our own to convey our goods to neutral markets, and in case of need to reinforce our battle line. It cannot but be a source of regret and uneasiness to us that the lines of communication with our sister republics of South America should be chiefly under foreign control. It is not a good thing that American merchants and manufacturers should have to send their goods and letters to South America via Europe if they wish security and dispatch. Even on the Pacific, where our ships have held their own better than on the Atlantic, our merchant flag is now threatened through the liberal aid bestowed by other Governments on their own steam lines. I ask your earnest consideration of the report with which the Merchant Marine Commission has followed its long and careful inquiry.
I again heartily commend to your favorable consideration the tercentennial celebration at Jamestown, Va. Appreciating the desirability of this commemoration, the Congress passed an act, March 3, 1905, authorizing in the year 1907, on and near the waters of Hampton Roads, in the State of Virginia, an international naval, marine, and military celebration in honor of this event. By the authority vested in me by this act, I have made proclamation of said celebration, and have issued, in conformity with its instructions, invitations to all the nations of the earth to participate, by sending their naval vessels and such military organizations as may be practicable. This celebration would fail of its full purpose unless it were enduring in its results and commensurate with the importance of the event to be celebrated, the event from which our Nation dates its birth. I earnestly hope that this celebration, already indorsed by the Congress of the United States, and by the Legislatures of sixteen States since the action of the Congress, will receive such additional aid at your hands as will make it worthy of the great event it is intended to celebrate, and thereby enable the Government of the United States to make provision for the exhibition of its own resources, and likewise enable our people who have undertaken the work of such a celebration to provide suitable and proper entertainment and instruction in the historic events of our country for all who may visit the exposition and to whom we have tendered our hospitality.
It is a matter of unmixed satisfaction once more to call attention to the excellent work of the Pension Bureau; for the veterans of the civil war have a greater claim upon us than any other class of our citizens. To them, first of all among our people, honor is due.
Seven years ago my lamented predecessor, President McKinley, stated that the time had come for the Nation to care for the graves of the Confederate dead. I recommend that the Congress take action toward this end. The first need is to take charge of the graves of the Confederate dead who died in Northern prisons.
The question of immigration is of vital interest to this country. In the year ending June 30, 1905, there came to the United States 1,026,000 alien immigrants. In other words, in the single year that has just elapsed there came to this country a greater number of people than came here during the one hundred and sixty-nine years of our Colonial life which intervened between the first landing at Jamestown and the Declaration of Independence. It is clearly shown in the report of the Commissioner General of Immigration that while much of this enormous immigration is undoubtedly healthy and natural, a considerable proportion is undesirable from one reason or another; moreover, a considerable proportion of it, probably a very large proportion, including most of the undesirable class, does not come here of its own initiative, but because of the activity of the agents of the great transportation companies. These agents are distributed throughout Europe, and by the offer of all kinds of inducements they wheedle and cajole many immigrants, often against their best interest, to come here. The most serious obstacle we have to encounter in the effort to secure a proper regulation of the immigration to these shores arises from the determined opposition of the foreign steamship lines who have no interest whatever in the matter save to increase the returns on their capital by carrying masses of immigrants hither in the steerage quarters of their ships.
As I said in my last message to the Congress, we cannot have too much immigration of the right sort and we should have none whatever of the wrong sort. Of course, it is desirable that even the right kind of immigration should be properly distributed in this country. We need more of such immigration for the South; and special effort should be made to secure it. Perhaps it would be possible to limit the number of immigrants allowed to come in any one year to New York and other Northern cities, while leaving unlimited the number allowed to come to the South; always provided, however, that a stricter effort is made to see that only immigrants of the right kind come to our country anywhere. In actual practice it has proved so difficult to enforce the migration laws where long stretches of frontier marked by an imaginary line alone intervene between us and our neighbors that I recommend that no immigrants be allowed to come in from Canada and Mexico save natives of the two countries themselves. As much as possible should be done to distribute the immigrants upon the land and keep them away from the contested tenement-house districts of the great cities. But distribution is a palliative, not a cure. The prime need is to keep out all immigrants who will not make good American citizens. The laws now existing for the exclusion of undesirable immigrants should be strengthened. Adequate means should be adopted, enforced by sufficient penalties, to compel steamship companies engaged in the passenger business to observe in good faith the law which forbids them to encourage or solicit immigration to the United States. Moreover, there should be a sharp limitation imposed upon all vessels coming to our ports as to the number of immigrants in ratio to the tonnage which each vessel can carry. This ratio should be high enough to insure the coming hither of as good a class of aliens as possible. Provision should be made for the surer punishment of those who induce aliens to come to this country under promise or assurance of employment. It should be made possible to inflict a sufficiently heavy penalty on any employer violating this law to deter him from taking the risk. It seems to me wise that there should be an international conference held to deal with this question of immigration, which has more than a merely National significance; such a conference could, among other things, enter at length into the method for securing a thorough inspection of would-be immigrants at the ports from which they desire to embark before permitting them to embark.
In dealing with this question it is unwise to depart from the old American tradition and to discriminate for or against any man who desires to come here and become a citizen, save on the ground of that man's fitness for citizenship. It is our right and duty to consider his moral and social quality. His standard of living should be such that he will not, by pressure of competition, lower the standard of living of our own wage-workers; for it must ever be a prime object of our legislation to keep high their standard of living. If the man who seeks to come here is from the moral and social standpoint of such a character as to bid fair to add value to the community he should be heartily welcomed. We cannot afford to pay heed to whether he is of one creed or another, of one nation, or another. We cannot afford to consider whether he is Catholic or Protestant, Jew or Gentile; whether he is Englishman or Irishman, Frenchman or German, Japanese, Italian, Scandinavian, Slav, or Magyar. What we should desire to find out is the individual quality of the individual man. In my judgment, with this end in view, we shall have to prepare through our own agents a far more rigid inspection in the countries from which the immigrants come. It will be a great deal better to have fewer immigrants, but all of the right kind, than a great number of immigrants, many of whom are necessarily of the wrong kind. As far as possible we wish to limit the immigration to this country to persons who propose to become citizens of this country, and we can well afford to insist upon adequate scrutiny of the character of those who are thus proposed for future citizenship. There should be an increase in the stringency of the laws to keep out insane, idiotic, epileptic, and pauper immigrants. But this is by no means enough. Not merely the Anarchist, but every man of Anarchistic tendencies, all violent and disorderly people, all people of bad character, the incompetent, the lazy, the vicious, the physically unfit, defective, or degenerate should be kept out. The stocks out of which American citizenship is to be built should be strong and healthy, sound in body, mind, and character. If it be objected that the Government agents would not always select well, the answer is that they would certainly select better than do the agents and brokers of foreign steamship companies, the people who now do whatever selection is done.
The questions arising in connection with Chinese immigration stand by themselves. The conditions in China are such that the entire Chinese coolie class, that is, the class of Chinese laborers, skilled and unskilled, legitimately come under the head of undesirable immigrants to this country, because of their numbers, the low wages for which they work, and their low standard of living. Not only is it to the interest of this country to keep them out, but the Chinese authorities do not desire that they should be admitted. At present their entrance is prohibited by laws amply adequate to accomplish this purpose. These laws have been, are being, and will be, thoroughly enforced. The violations of them are so few in number as to be infinitesimal and can be entirely disregarded. This is no serious proposal to alter the immigration law as regards the Chinese laborer, skilled or unskilled, and there is no excuse for any man feeling or affecting to feel the slightest alarm on the subject.
But in the effort to carry out the policy of excluding Chinese laborers, Chinese coolies, grave injustice and wrong have been done by this Nation to the people of China, and therefore ultimately to this Nation itself. Chinese students, business and professional men of all kinds--not only merchants, but bankers, doctors, manufacturers, professors, travelers, and the like--should be encouraged to come here, and treated on precisely the same footing that we treat students, business men, travelers, and the like of other nations. Our laws and treaties should be framed, not so as to put these people in the excepted classes, but to state that we will admit all Chinese, except Chinese of the coolie class, Chinese skilled or unskilled laborers. There would not be the least danger that any such provision would result in any relaxation of the law about laborers. These will, under all conditions, be kept out absolutely. But it will be more easy to see that both justice and courtesy are shown, as they ought to be shown, to other Chinese, if the law or treaty is framed as above suggested. Examinations should be completed at the port of departure from China. For this purpose there should be provided a more adequate Consular Service in China than we now have. The appropriations both for the offices of the Consuls and for the office forces in the consulates should be increased.
As a people we have talked much of the open door in China, and we expect, and quite rightly intend to insist upon, justice being shown us by the Chinese. But we cannot expect to receive equity unless we do equity. We cannot ask the Chinese to do to us what we are unwilling to do to them. They would have a perfect right to exclude our laboring men if our laboring men threatened to come into their country in such numbers as to jeopardize the well-being of the Chinese population; and as, mutatis mutandis, these were the conditions with which Chinese immigration actually brought this people face to face, we had and have a perfect right, which the Chinese Government in no way contests, to act as we have acted in the matter of restricting coolie immigration. That this right exists for each country was explicitly acknowledged in the last treaty between the two countries. But we must treat the Chinese student, traveler, and business man in a spirit of the broadest justice and courtesy if we expect similar treatment to be accorded to our own people of similar rank who go to China. Much trouble has come during the past Summer from the organized boycott against American goods which has been started in China. The main factor in producing this boycott has been the resentment felt by the students and business people of China, by all the Chinese leaders, against the harshness of our law toward educated Chinamen of the professional and business classes. This Government has the friendliest feeling for China and desires China's well-being. We cordially sympathize with the announced purpose of Japan to stand for the integrity of China. Such an attitude tends to the peace of the world.
The civil service law has been on the statute books for twenty-two years. Every President and a vast majority of heads of departments who have been in office during that period have favored a gradual extension of the merit system. The more thoroughly its principles have been understood, the greater has been the favor with which the law has been regarded by administration officers. Any attempt to carry on the great executive departments of the Government without this law would inevitably result in chaos. The Civil Service Commissioners are doing excellent work, and their compensation is inadequate considering the service they perform.
The statement that the examinations are not practical in character is based on a misapprehension of the practice of the Commission. The departments are invariably consulted as to the requirements desired and as to the character of questions that shall be asked. General invitations are frequently sent out to all heads of departments asking whether any changes in the scope or character of examinations are required. In other words, the departments prescribe the requirements and qualifications desired, and the Civil Service Commission co-operates with them in securing persons with these qualifications and insuring open and impartial competition. In a large number of examinations (as, for example, those for trades positions), there are no educational requirements whatever, and a person who can neither read nor write may pass with a high average. Vacancies in the service are filled with reasonable expedition, and the machinery of the Commission, which reaches every part of the country, is the best agency that has yet been devised for finding people with the most suitable qualifications for the various offices to be filled. Written competitive examinations do not make an ideal method for filling positions, but they do represent an immeasurable advance upon the "spoils" method, under which outside politicians really make the appointments nominally made by the executive officers, the appointees being chosen by the politicians in question, in the great majority of cases, for reasons totally unconnected with the needs of the service or of the public.
Statistics gathered by the Census Bureau show that the tenure of office in the Government service does not differ materially from that enjoyed by employes of large business corporations. Heads of executive departments and members of the Commission have called my attention to the fact that the rule requiring a filing of charges and three days' notice before an employe could be separated from the service for inefficiency has served no good purpose whatever, because that is not a matter upon which a hearing of the employe found to be inefficient can be of any value, and in practice the rule providing for such notice and hearing has merely resulted in keeping in a certain number of incompetents, because of the reluctance of the heads of departments and bureau chiefs to go through the required procedure. Experience has shown that this rule is wholly ineffective to save any man, if a superior for improper reasons wishes to remove him, and is mischievous because it sometimes serves to keep in the service incompetent men not guilty of specific wrongdoing. Having these facts in view the rule has been amended by providing that where the inefficiency or incapacity comes within the personal knowledge of the head of a department the removal may be made without notice, the reasons therefor being filed and made a record of the department. The absolute right of the removal rests where it always has rested, with the head of a department; any limitation of this absolute right results in grave injury to the public service. The change is merely one of procedure; it was much needed, and it is producing good results.
The civil service law is being energetically and impartially enforced, and in the large majority of cases complaints of violations of either the law or rules are discovered to be unfounded. In this respect this law compares very favorably with any other Federal statute. The question of politics in the appointment and retention of the men engaged in merely ministerial work has been practically eliminated in almost the entire field of Government employment covered by the civil service law. The action of the Congress in providing the commission with its own force instead of requiring it to rely on detailed clerks has been justified by the increased work done at a smaller cost to the Government. I urge upon the Congress a careful consideration of the recommendations contained in the annual report of the commission.
Our copyright laws urgently need revision. They are imperfect in definition, confused and inconsistent in expression; they omit provision for many articles which, under modern reproductive processes are entitled to protection; they impose hardships upon the copyright proprietor which are not essential to the fair protection of the public; they are difficult for the courts to interpret and impossible for the Copyright Office to administer with satisfaction to the public. Attempts to improve them by amendment have been frequent, no less than twelve acts for the purpose having been passed since the Revised Statutes. To perfect them by further amendment seems impracticable. A complete revision of them is essential. Such a revision, to meet modern conditions, has been found necessary in Germany, Austria, Sweden, and other foreign countries, and bills embodying it are pending in England and the Australian colonies. It has been urged here, and proposals for a commission to undertake it have, from time to time, been pressed upon the Congress. The inconveniences of the present conditions being so great, an attempt to frame appropriate legislation has been made by the Copyright Office, which has called conferences of the various interests especially and practically concerned with the operation of the copyright laws. It has secured from them suggestions as to the changes necessary; it has added from its own experience and investigations, and it has drafted a bill which embodies such of these changes and additions as, after full discussion and expert criticism, appeared to be sound and safe. In form this bill would replace the existing insufficient and inconsistent laws by one general copyright statute. It will be presented to the Congress at the coming session. It deserves prompt consideration.
I recommend that a law be enacted to regulate inter-State commerce in misbranded and adulterated foods, drinks, and drugs. Such law would protect legitimate manufacture and commerce, and would tend to secure the health and welfare of the consuming public. Traffic in food-stuffs which have been debased or adulterated so as to injure health or to deceive purchasers should be forbidden.
The law forbidding the emission of dense black or gray smoke in the city of Washington has been sustained by the courts. Something has been accomplished under it, but much remains to be done if we would preserve the capital city from defacement by the smoke nuisance. Repeated prosecutions under the law have not had the desired effect. I recommend that it be made more stringent by increasing both the minimum and maximum fine; by providing for imprisonment in cases of repeated violation, and by affording the remedy of injunction against the continuation of the operation of plants which are persistent offenders. I recommend, also, an increase in the number of inspectors, whose duty it shall be to detect violations of the act.
I call your attention to the generous act of the State of California in conferring upon the United States Government the ownership of the Yosemite Valley and the Mariposa Big Tree Grove. There should be no delay in accepting the gift, and appropriations should be made for the including thereof in the Yosemite National Park, and for the care and policing of the park. California has acted most wisely, as well as with great magnanimity, in the matter. There are certain mighty natural features of our land which should be preserved in perpetuity for our children and our children's children. In my judgment, the Grand Canyon of the Colorado should be made into a National park. It is greatly to be wished that the State of New York should copy as regards Niagara what the State of California has done as regards the Yosemite. Nothing should be allowed to interfere with the preservation of Niagara Falls in all their beauty and majesty. If the State cannot see to this, then it is earnestly to be wished that she should be willing to turn it over to the National Government, which should in such case (if possible, in conjunction with the Canadian Government) assume the burden and responsibility of preserving unharmed Niagara Falls; just as it should gladly assume a similar burden and responsibility for the Yosemite National Park, and as it has already assumed them for the Yellowstone National Park. Adequate provision should be made by the Congress for the proper care and supervision of all these National parks. The boundaries of the Yellowstone National Park should be extended to the south and east, to take in such portions of the abutting forest reservations as will enable the Government to protect the elk on their Winter range.
The most characteristic animal of the Western plains was the great, shaggy-maned wild ox, the bison, commonly known as buffalo. Small fragments of herds exist in a domesticated state here and there, a few of them in the Yellowstone Park. Such a herd as that on the Flat-head Reservation should not be allowed to go out of existence. Either on some reservation or on some forest reserve like the Wichita reserve and game refuge provision should be made for the preservation of such a herd. I believe that the scheme would be of economic advantage, for the robe of the buffalo is of high market value, and the same is true of the robe of the crossbred animals.
I call your especial attention to the desirability of giving to the members of the Life Saving Service pensions such as are given to firemen and policemen in all our great cities. The men in the Life Saving Service continually and in the most matter of fact way do deeds such as make Americans proud of their country. They have no political influence, and they live in such remote places that the really heroic services they continually render receive the scantiest recognition from the public. It is unjust for a great nation like this to permit these men to become totally disabled or to meet death in the performance of their hazardous duty and yet to give them no sort of reward. If one of them serves thirty years of his life in such a position he should surely be entitled to retire on half pay, as a fireman or policeman does, and if he becomes totally incapacitated through accident or sickness, or loses his health in the discharge of his duty, he or his family should receive a pension just as any soldier should. I call your attention with especial earnestness to this matter because it appeals not only to our judgment but to our sympathy; for the people on whose behalf I ask it are comparatively few in number, render incalculable service of a particularly dangerous kind, and have no one to speak for them.
During the year just past, the phase of the Indian question which has been most sharply brought to public attention is the larger legal significance of the Indian's induction into citizenship. This has made itself manifest not only in a great access of litigation in which the citizen Indian figures as a party defendant and in a more widespread disposition to levy local taxation upon his personalty, but in a decision of the United States Supreme Court which struck away the main prop on which has hitherto rested the Government's benevolent effort to protect him against the evils of intemperance. The court holds, in effect, that when an Indian becomes, by virtue of an allotment of land to him, a citizen of the State in which his land is situated, he passes from under Federal control in such matters as this, and the acts of the Congress prohibiting the sale or gift to him of intoxicants become substantially inoperative. It is gratifying to note that the States and municipalities of the West which have most at stake in the welfare of the Indians are taking up this subject and are trying to supply, in a measure at least, the abdication of its trusteeship forced upon the Federal Government. Nevertheless, I would urgently press upon the attention of the Congress the question whether some amendment of the internal revenue laws might not be of aid in prosecuting those malefactors, known in the Indian country as "bootleggers," who are engaged at once in defrauding the United States Treasury of taxes and, what is far more important, in debauching the Indians by carrying liquors illicitly into territory still completely under Federal jurisdiction.
Among the crying present needs of the Indians are more day schools situated in the midst of their settlements, more effective instruction in the industries pursued on their own farms, and a more liberal tension of the field-matron service, which means the education of the Indian women in the arts of home making. Until the mothers are well started in the right direction we cannot reasonably expect much from the children who are soon to form an integral part of our American citizenship. Moreover the excuse continually advanced by male adult Indians for refusing offers of remunerative employment at a distance from their homes is that they dare not leave their families too long out of their sight. One effectual remedy for this state of things is to employ the minds and strengthen the moral fibre of the Indian women--the end to which the work of the field matron is especially directed. I trust that the Congress will make its appropriations for Indian day schools and field matrons as generous as may consist with the other pressing demands upon its providence.
During the last year the Philippine Islands have been slowly recovering from the series of disasters which, since American occupation, have greatly reduced the amount of agricultural products below what was produced in Spanish times. The war, the rinderpest, the locusts, the drought, and the cholera have been united as causes to prevent a return of the prosperity much needed in the islands. The most serious is the destruction by the rinderpest of more than 75 per cent of the draught cattle, because it will take several years of breeding to restore the necessary number of these indispensable aids to agriculture. The commission attempted to supply by purchase from adjoining countries the needed cattle, but the experiments made were unsuccessful. Most of the cattle imported were unable to withstand the change of climate and the rigors of the voyage and died from other diseases than rinderpest.
The income of the Philippine Government has necessarily been reduced by reason of the business and agricultural depression in the islands, and the Government has been obliged to exercise great economy to cut down its expenses, to reduce salaries, and in every way to avoid a deficit. It has adopted an internal revenue law, imposing taxes on cigars, cigarettes, and distilled liquors, and abolishing the old Spanish industrial taxes. The law has not operated as smoothly as was hoped, and although its principle is undoubtedly correct, it may need amendments for the purpose of reconciling the people to its provisions. The income derived from it has partly made up for the reduction in customs revenue.
There has been a marked increase in the number of Filipinos employed in the civil service, and a corresponding decrease in the number of Americans. The Government in every one of its departments has been rendered more efficient by elimination of undesirable material and the promotion of deserving public servants.
Improvements of harbors, roads, and bridges continue, although the cutting down of the revenue forbids the expenditure of any great amount from current income for these purposes. Steps are being taken, by advertisement for competitive bids, to secure the construction and maintenance of 1,000 miles of railway by private corporations under the recent enabling legislation of the Congress. The transfer of the friar lands, in accordance with the contract made some two years ago, has been completely effected, and the purchase money paid. Provision has just been made by statute for the speedy settlement in a special proceeding in the Supreme Court of controversies over the possession and title of church buildings and rectories arising between the Roman Catholic Church and schismatics claiming under ancient municipalities. Negotiations and hearings for the settlement of the amount due to the Roman Catholic Church for rent and occupation of churches and rectories by the army of the United States are in progress, and it is hoped a satisfactory conclusion may be submitted to the Congress before the end of the session.
Tranquillity has existed during the past year throughout the Archipelago, except in the Province of Cavite, the Province of Batangas and the Province of Samar, and in the Island of Jolo among the Moros. The Jolo disturbance was put an end to by several sharp and short engagements, and now peace prevails in the Moro Province, Cavite, the mother of ladrones in the Spanish times, is so permeated with the traditional sympathy of the people for ladronism as to make it difficult to stamp out the disease. Batangas was only disturbed by reason of the fugitive ladrones from Cavite, Samar was thrown into disturbance by the uneducated and partly savage peoples living in the mountains, who, having been given by the municipal code more power than they were able to exercise discreetly, elected municipal officers who abused their trusts, compelled the people raising hemp to sell it at a much less price than it was worth, and by their abuses drove their people into resistance to constituted authority. Cavite and Samar are instances of reposing too much confidence in the self-governing power of a people. The disturbances have all now been suppressed, and it is hoped that with these lessons local governments can be formed which will secure quiet and peace to the deserving inhabitants. The incident is another proof of the fact that if there has been any error as regards giving self-government in the Philippines it has been in the direction of giving it too quickly, not too slowly. A year from next April the first legislative assembly for the islands will be held. On the sanity and self-restraint of this body much will depend so far as the future self-government of the islands is concerned.
The most encouraging feature of the whole situation has been the very great interest taken by the common people in education and the great increase in the number of enrolled students in the public schools. The increase was from 300,000 to half a million pupils. The average attendance is about 70 per cent. The only limit upon the number of pupils seems to be the capacity of the government to furnish teachers and school houses.
The agricultural conditions of the islands enforce more strongly than ever the argument in favor of reducing the tariff on the products of the Philippine Islands entering the United States. I earnestly recommend that the tariff now imposed by the Dingley bill upon the products of the Philippine Islands be entirely removed, except the tariff on sugar and tobacco, and that that tariff be reduced to 25 per cent of the present rates under the Dingley act; that after July 1, 1909, the tariff upon tobacco and sugar produced in the Philippine Islands be entirely removed, and that free trade between the islands and the United States in the products of each country then be provided for by law.
A statute in force, enacted April 15, 1904, suspends the operation of the coastwise laws of the United States upon the trade between the Philippine Islands and the United States until July 1, 1906. I earnestly recommend that this suspension be postponed until July 1, 1909. I think it of doubtful utility to apply the coastwise laws to the trade between the United States and the Philippines under any circumstances, because I am convinced that it will do no good whatever to American bottoms, and will only interfere and be an obstacle to the trade between the Philippines and the United States, but if the coastwise law must be thus applied, certainly it ought not to have effect until free trade is enjoyed between the people of the United States and the people of the Philippine Islands in their respective products.
I do not anticipate that free trade between the islands and the United States will produce a revolution in the sugar and tobacco production of the Philippine Islands. So primitive are the methods of agriculture in the Philippine Islands, so slow is capital in going to the islands, so many difficulties surround a large agricultural enterprise in the islands, that it will be many, many years before the products of those islands will have any effect whatever upon the markets of the United States. The problem of labor is also a formidable one with the sugar and tobacco producers in the islands. The best friends of the Filipino people and the people themselves are utterly opposed to the admission of Chinese coolie labor. Hence the only solution is the training of Filipino labor, and this will take a long time. The enactment of a law by the Congress of the United States making provision for free trade between the islands and the United States, however, will be of great importance from a political and sentimental standpoint; and, while its actual benefit has doubtless been exaggerated by the people of the islands, they will accept this measure of justice as an indication that the people of the United States are anxious to aid the people of the Philippine Islands in every way, and especially in the agricultural development of their archipelago. It will aid the Filipinos without injuring interests in America.
In my judgment immediate steps should be taken for the fortification of Hawaii. This is the most important point in the Pacific to fortify in order to conserve the interests of this country. It would be hard to overstate the importance of this need. Hawaii is too heavily taxed. Laws should be enacted setting aside for a period of, say, twenty years 75 per cent of the internal revenue and customs receipts from Hawaii as a special fund to be expended in the islands for educational and public buildings, and for harbor improvements and military and naval defenses. It cannot be too often repeated that our aim must be to develop the territory of Hawaii on traditional American lines. That territory has serious commercial and industrial problems to reckon with; but no measure of relief can be considered which looks to legislation admitting Chinese and restricting them by statute to field labor and domestic service. The status of servility can never again be tolerated on American soil. We cannot concede that the proper solution of its problems is special legislation admitting to Hawaii a class of laborers denied admission to the other States and Territories. There are obstacles, and great obstacles, in the way of building up a representative American community in the Hawaiian Islands; but it is not in the American character to give up in the face of difficulty. Many an American Commonwealth has been built up against odds equal to those that now confront Hawaii.
No merely half-hearted effort to meet its problems as other American communities have met theirs can be accepted as final. Hawaii shall never become a territory in which a governing class of rich planters exists by means of coolie labor. Even if the rate of growth of the Territory is thereby rendered slower, the growth must only take place by the admission of immigrants fit in the end to assume the duties and burdens of full American citizenship. Our aim must be to develop the Territory on the same basis of stable citizenship as exists on this continent.
I earnestly advocate the adoption of legislation which will explicitly confer American citizenship on all citizens of Porto Rico. There is, in my judgment, no excuse for failure to do this. The harbor of San Juan should be dredged and improved. The expenses of the Federal Court of Porto Rico should be met from the Federal Treasury and not from the Porto Rican treasury. The elections in Porto Rico should take place every four years, and the Legislature should meet in session every two years. The present form of government in Porto Rico, which provides for the appointment by the President of the members of the Executive Council or upper house of the Legislature, has proved satisfactory and has inspired confidence in property owners and investors. I do not deem it advisable at the present time to change this form in any material feature. The problems and needs of the island are industrial and commercial rather than political.
I wish to call the attention of the Congress to one question which affects our insular possessions generally; namely, the need of an increased liberality in the treatment of the whole franchise question in these islands. In the proper desire to prevent the islands being exploited by speculators and to have them develop in the interests of their own people an error has been made in refusing to grant sufficiently liberal terms to induce the investment of American capital in the Philippines and in Porto Rico. Elsewhere in this message I have spoken strongly against the jealousy of mere wealth, and especially of corporate wealth as such. But it is particularly regrettable to allow any such jealousy to be developed when we are dealing either with our insular or with foreign affairs. The big corporation has achieved its present position in the business world simply because it is the most effective instrument in business competition. In foreign affairs we cannot afford to put our people at a disadvantage with their competitors by in any way discriminating against the efficiency of our business organizations. In the same way we cannot afford to allow our insular possessions to lag behind in industrial development from any twisted jealousy of business success. It is, of course, a mere truism to say that the business interests of the islands will only be developed if it becomes the financial interest of somebody to develop them. Yet this development is one of the things most earnestly to be wished for in the interest of the islands themselves. We have been paying all possible heed to the political and educational interests of the islands, but, important though these objects are, it is not less important that we should favor their industrial development. The Government can in certain ways help this directly, as by building good roads; but the fundamental and vital help must be given through the development of the industries of the islands, and a most efficient means to this end is to encourage big American corporations to start industries in them, and this means to make it advantageous for them to do so. To limit the ownership of mining claims, as has been done in the Philippines, is absurd. In both the Philippines and Porto Rico the limit of holdings of land should be largely raised.
I earnestly ask that Alaska be given an elective delegate. Some person should be chosen who can speak with authority of the needs of the Territory. The Government should aid in the construction of a railroad from the Gulf of Alaska to the Yukon River, in American territory. In my last two messages I advocated certain additional action on behalf of Alaska. I shall not now repeat those recommendations, but I shall lay all my stress upon the one recommendation of giving to Alaska some one authorized to speak for it. I should prefer that the delegate was made elective, but if this is not deemed wise, then make him appointive. At any rate, give Alaska some person whose business it shall be to speak with authority on her behalf to the Congress. The natural resources of Alaska are great. Some of the chief needs of the peculiarly energetic, self-reliant, and typically American white population of Alaska were set forth in my last message. I also earnestly ask your attention to the needs of the Alaskan Indians. All Indians who are competent should receive the full rights of American citizenship. It is, for instance, a gross and indefensible wrong to deny to such hard-working, decent-living Indians as the Metlakahtlas the right to obtain licenses as captains, pilots, and engineers; the right to enter mining claims, and to profit by the homestead law. These particular Indians are civilized and are competent and entitled to be put on the same basis with the white men round about them.
I recommend that Indian Territory and Oklahoma be admitted as one State and that New Mexico and Arizona be admitted as one State. There is no obligation upon us to treat territorial subdivisions, which are matters of convenience only, as binding us on the question of admission to Statehood. Nothing has taken up more time in the Congress during the past few years than the question as to the Statehood to be granted to the four Territories above mentioned, and after careful consideration of all that has been developed in the discussions of the question, I recommend that they be immediately admitted as two States. There is no justification for further delay; and the advisability of making the four Territories into two States has been clearly established.
In some of the Territories the legislative assemblies issue licenses for gambling. The Congress should by law forbid this practice, the harmful results of which are obvious at a glance.
The treaty between the United States and the Republic of Panama, under which the construction of the Panama Canal was made possible, went into effect with its ratification by the United States Senate on February 23, 1904. The canal properties of the French Canal Company were transferred to the United States on April 23, 1904, on payment of $40,000,000 to that company. On April 1, 1905, the Commission was reorganized, and it now consists of Theodore P. Shonts, Chairman; Charles E. Magoon, Benjamin M. Harrod, Rear Admiral Mordecai T. Endicott, Brig. Gen. Peter C. Hains, and Col. Oswald H. Ernst. John F. Stevens was appointed Chief Engineer on July 1 last. Active work in canal construction, mainly preparatory, has been in progress for less than a year and a half. During that period two points about the canal have ceased to be open to debate: First, the question of route; the canal will be built on the Isthmus of Panama. Second, the question of feasibility; there are no physical obstacles on this route that American engineering skill will not be able to overcome without serious difficulty, or that will prevent the completion of the canal within a reasonable time and at a reasonable cost. This is virtually the unanimous testimony of the engineers who have investigated the matter for the Government.
The point which remains unsettled is the question of type, whether the canal shall be one of several locks above sea level, or at sea level with a single tide lock. On this point I hope to lay before the Congress at an early day the findings of the Advisory Board of American and European Engineers, that at my invitation have been considering the subject, together with the report of the Commission thereon, and such comments thereon or recommendations in reference thereto as may seem necessary.
The American people is pledged to the speediest possible construction of a canal adequate to meet the demands which the commerce of the world will make upon it, and I appeal most earnestly to the Congress to aid in the fulfillment of the pledge. Gratifying progress has been made during the past year, and especially during the past four months. The greater part of the necessary preliminary work has been done. Actual work of excavation could be begun only on a limited scale till the Canal Zone was made a healthful place to live in and to work in. The Isthmus had to be sanitated first. This task has been so thoroughly accomplished that yellow fever has been virtually extirpated from the Isthmus and general health conditions vastly improved. The same methods which converted the island of Cuba from a pest hole, which menaced the health of the world, into a healthful place of abode, have been applied on the Isthmus with satisfactory results. There is no reason to doubt that when the plans for water supply, paving, and sewerage of Panama and Colon and the large labor camps have been fully carried out, the Isthmus will be, for the tropics, an unusually healthy place of abode. The work is so far advanced now that the health of all those employed in canal work is as well guarded as it is on similar work in this country and elsewhere.
In addition to sanitating the Isthmus, satisfactory quarters are being provided for employes and an adequate system of supplying them with wholesome food at reasonable prices has been created. Hospitals have been established and equipped that are without their superiors of their kind anywhere. The country has thus been made fit to work in, and provision has been made for the welfare and comfort of those who are to do the work. During the past year a large portion of the plant with which the work is to be done has been ordered. It is confidently believed that by the middle of the approaching year a sufficient proportion of this plant will have been installed to enable us to resume the work of excavation on a large scale.
What is needed now and without delay is an appropriation by the Congress to meet the current and accruing expenses of the commission. The first appropriation of $10,000,000, out of the $135,000,000 authorized by the Spooner act, was made three years ago. It is nearly exhausted. There is barely enough of it remaining to carry the commission to the end of the year. Unless the Congress shall appropriate before that time all work must cease. To arrest progress for any length of time now, when matters are advancing so satisfactorily, would be deplorable. There will be no money with which to meet pay roll obligations and none with which to meet bills coming due for materials and supplies; and there will be demoralization of the forces, here and on the Isthmus, now working so harmoniously and effectively, if there is delay in granting an emergency appropriation. Estimates of the amount necessary will be found in the accompanying reports of the Secretary of War and the commission.
I recommend more adequate provision than has been made heretofore for the work of the Department of State. Within a few years there has been a very great increase in the amount and importance of the work to be done by that department, both in Washington and abroad. This has been caused by the great increase of our foreign trade, the increase of wealth among our people, which enables them to travel more generally than heretofore, the increase of American capital which is seeking investment in foreign countries, and the growth of our power and weight in the councils of the civilized world. There has been no corresponding increase of facilities for doing the work afforded to the department having charge of our foreign relations.
Neither at home nor abroad is there a sufficient working force to do the business properly. In many respects the system which was adequate to the work of twenty-five years or even ten years ago, is inadequate now, and should be changed. Our Consular force should be classified, and appointments should be made to the several classes, with authority to the Executive to assign the members of each class to duty at such posts as the interests of the service require, instead of the appointments being made as at present to specified posts. There should be an adequate inspection service, so that the department may be able to inform itself how the business of each Consulate is being done, instead of depending upon casual private information or rumor. The fee system should be entirely abolished, and a due equivalent made in salary to the officers who now eke out their subsistence by means of fees. Sufficient provision should be made for a clerical force in every Consulate composed entirely of Americans, instead of the insufficient provision now made, which compels the employment of great numbers of citizens of foreign countries whose services can be obtained for less money. At a large part of our Consulates the office quarters and the clerical force are inadequate to the performance of the onerous duties imposed by the recent provisions of our immigration laws as well as by our increasing trade. In many parts of the world the lack of suitable quarters for our embassies, legations, and Consulates detracts from the respect in which our officers ought to be held, and seriously impairs their weight and influence.
Suitable provision should be made for the expense of keeping our diplomatic officers more fully informed of what is being done from day to day in the progress of our diplomatic affairs with other countries. The lack of such information, caused by insufficient appropriations available for cable tolls and for clerical and messenger service, frequently puts our officers at a great disadvantage and detracts from their usefulness. The salary list should be readjusted. It does not now correspond either to the importance of the service to be rendered and the degrees of ability and experience required in the different positions, or to the differences in the cost of living. In many cases the salaries are quite inadequate.
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