Tercer Mensaje Anual al Congreso de Theodore Roosevelt, del 7 de diciembre de 1903 / Third Annual Message to Congress (December 7, 1903)

(revisando)



Para el Senado y la Cámara de Representantes:

El país es que felicitarles por la cantidad de logros sustanciales que ha marcado el pasado año, tanto en lo relativo a nuestro exterior y en lo que respecta a nuestra política interna.

Con una nación con un hombre, son las más importantes son los de la casa, y por lo tanto el país es sobre todo que felicitarles por lo que se ha logrado en la dirección de proporcionar para el ejercicio de la supervisión de las grandes corporaciones y las combinaciones de las sociedades dedicadas en el comercio interestatal. El Congreso ha creado el Departamento de Comercio y Trabajo, incluyendo la Oficina de Sociedades Anónimas, por la primera autoridad de tiempo para asegurar la debida publicidad de dichas actas de estas grandes corporaciones como el público tiene derecho a saber. Se ha previsto para la agilización de los trajes para la aplicación de la ley federal antimonopolio; y por otra ley que se ha asegurado la igualdad de trato a todos los productores en el transporte de sus mercancías, dando así un paso largo hacia adelante en hacer efectiva la labor de la Comisión Interestatal de Comercio.

La creación del Departamento de Comercio y Trabajo, con la Oficina de Sociedades en virtud del mismo, marca un avance real en la dirección de hacer todo lo que sea posible para la solución de las cuestiones que afectan vitalmente capitalistas y obreros asalariados. La ley de creación del Departamento fue aprobado el 14 de febrero de 1903, y dos días después fue nombrado jefe del Departamento y confirmado por el Senado. Desde entonces, el trabajo de la organización ha sido empujado tan rápidamente como los créditos iniciales permitidos, y teniendo debidamente en cuenta el rigor y los objetivos generales que el Departamento está diseñado para servir. Después de la transferencia de las distintas oficinas y sucursales en el Departamento al comienzo del año fiscal en curso, conforme a lo dispuesto en el acto, el personal componen 1289 empleados en Washington y en 8836 en el país en general. El alcance del deber y la autoridad del Departamento abarca los intereses comerciales e industriales de la Nación. No está diseñado para restringir o controlar al máximo la libertad de acción comercial legítima, sino para asegurar la información exacta y auténtica, que ayudará al Ejecutivo en la aplicación de las leyes existentes, y que permitirá al Congreso a promulgar una legislación adicional, en su caso debería considerarse necesario , con el fin de evitar que los pocos de la obtención de privilegios a expensas de la disminución de oportunidades para la mayoría.

El trabajo preliminar de la Oficina de la empresa en el Departamento ha demostrado la sabiduría de su creación. Publicidad en asuntos corporativos tenderá a acabar con la ignorancia, y brindará a hechos sobre los que se puede adoptar la acción inteligente. Sistemática, investigación inteligente ya está desarrollando hechos cuyo conocimiento es esencial para una correcta comprensión de las necesidades y obligaciones del mundo de los negocios. La sociedad que se organiza con honestidad y justicia, cuyos responsables en el ejercicio de su actividad reconocer su obligación de ocuparse de lleno con sus accionistas, sus competidores y el público, no tiene nada que temer de tal supervisión. El objetivo de esta Oficina es no avergonzar o asaltan negocio legítimo, pero para ayudar en el logro de una mejor condición industrial - una condición en la que no habrá obediencia a la ley y el reconocimiento de la obligación pública por todas las empresas, grandes o pequeñas. El Departamento de Comercio y Trabajo no sólo será el centro de intercambio de información sobre las transacciones de negocios de la Nación, pero el brazo ejecutivo del Gobierno para ayudar en el fortalecimiento de nuestros mercados nacionales y extranjeros, en el perfeccionamiento de nuestros servicios de transporte, en la construcción de nuestra marina mercante, en la prevención de la entrada de inmigrantes no deseados, en la mejora de las condiciones comerciales e industriales, y al reunir en un terreno común a los socios necesarios en el progreso industrial - capital y trabajo. El comercio entre las naciones es cada vez mayor en el volumen, y la tendencia de los tiempos es hacia relaciones comerciales más estrechas. Se necesita una vigilancia constante para asegurar a los estadounidenses la oportunidad de participar de la mejor manera en el comercio exterior; y podemos esperar con confianza que el nuevo Departamento justificará la expectativa de sus creadores por el ejercicio de esta vigilancia, así como por la administración formal de tales leyes relacionadas con nuestros asuntos internos como son confiado a su cuidado.

Al promulgar las leyes anteriormente enumerado el Congreso procedió en líneas cuerdos y conservadores. Nada revolucionario se intentó; sino un sentido común y exitoso esfuerzo se hizo en la dirección de ver que las corporaciones están tratado de manera que al estar al servicio del bien público. La legislación fue moderada. Se caracterizó en todo momento por la idea de que no estábamos atacando corporaciones, pero tratando de proveer para acabar con cualquier mal en ellos; que dibujamos la línea contra mala conducta, no en contra de la riqueza; Con mucho gusto reconocer el gran bien hecho por el capitalista que solo, o junto con sus compañeros, hace su trabajo a lo largo de las líneas adecuadas y legítimas. El propósito de la legislación, que, sin duda, se cumplirá el propósito, era favorecer un hombre cuando lo hace bien, y para supervisar sólo su acción para evitar que haciendo enfermo. La publicidad puede no hacer daño a la sociedad honesta. La única empresa que tiene motivos para temer que es la corporación que se encoge de la luz, y por el bienestar de esas empresas que no tiene que ser demasiado sensible. El trabajo del Departamento de Comercio y Trabajo se ha condicionado a esta teoría, de asegurar un trato justo tanto para el trabajo y para el capital.

La política coherente del Gobierno Nacional, la medida en que tiene el poder, es para mantener a raya el hombre sin escrúpulos, ya sea empleador o empleado; pero al negarse a debilitar la iniciativa individual o de obstaculizar o calambre el desarrollo industrial del país. Reconocemos que esta es la era de la federación y la combinación, en el que grandes corporaciones capitalistas y los sindicatos se han convertido en factores de gran importancia en todos los centros industriales. Reconocimiento caluroso se le da el alcance, el trabajo benéfico que se ha logrado a través de las corporaciones y los sindicatos, y la línea entre diferentes empresas, como entre los diferentes sindicatos, se dibuja como está entre diferentes individuos; es decir, que se dibuja en la conducta, el esfuerzo es para tratar tanto el capital organizado y el trabajo organizado por igual; pidiendo nada, salvo que el interés de cada uno se pone en armonía con el interés del público en general, y que la conducta de cada uno se ajustará a las normas fundamentales de la obediencia a la ley, de la libertad individual y de justicia y trato justo para con todos . Siempre que sea corporación, sindicato, o individuo hace caso omiso de la ley o actos en un espíritu de injerencia arbitraria y tiránica con los derechos de los demás, ya sean empresas o particulares, a continuación, en el que el Gobierno Federal tiene jurisdicción, que se encargará de que la mala conducta es detuvo, prestando la más mínima atención a la posición o el poder de la corporación, el sindicato o el individuo, pero sólo a un hecho de vital importancia - es decir, la cuestión de si o no la conducta del individuo o conjunto de individuos está de acuerdo con la ley de la tierra. Todo hombre debe garantizarse su libertad y su derecho de hacer lo que quiera con su propiedad o de su trabajo, siempre y cuando no infrinja los derechos de otros. Ningún hombre está por encima de la ley y nadie está por debajo de ella; ni qué pedimos permiso a cualquier hombre cuando le requerimos a obedecerla. La obediencia a la ley es exigida como un derecho; no pidió como un favor.

Tenemos causa como nación para estar agradecidos por las medidas que se han adoptado con éxito para poner estos principios en práctica. El progreso ha sido por evolución, no por revolución. Radical Nada se ha hecho; la acción ha sido moderado y firme. Por lo tanto el trabajo se mantendrá. No habrá ningún paso atrás. Si en el funcionamiento de las leyes resulta conveniente que se excedan en ningún punto se ampliarán o amplificados, la modificación se puede hacer como se muestra a su conveniencia. Mientras tanto se está administrando con el juicio, pero con insistencia en la obediencia a ellos, y su necesidad se ha hecho hincapié en la moda de la señal por los acontecimientos del pasado año.

De todas las fuentes, con exclusión de los servicios postales, los ingresos del Gobierno para el último año fiscal agregan $ 560 396 674. Los gastos para el mismo período fueron de $ 506,099,007, el excedente del ejercicio fiscal siendo 54.297.667 dólar. Los indicios apuntan a que el superávit para el presente año fiscal será muy pequeño, si es que ser cualquier excedente. De julio a noviembre, los ingresos procedentes de las costumbres eran, aproximadamente, nueve millones de dólares menos que los ingresos procedentes de la misma fuente de una parte correspondiente del año pasado. En caso de que esta disminución continúe en la misma proporción durante todo el año fiscal, el superávit se reduciría en, aproximadamente, treinta millones de dólares. En caso de que los ingresos de la aduana sufrir mucho mayor disminución durante el año fiscal, el superávit se desvanecería. Un superávit grande es ciertamente indeseable. Hace dos años los impuestos de guerra fueron tomadas con la intención expresa de igualar los ingresos y los gastos gubernamentales, y aunque el primer año a partir de entonces todavía mostraba un superávit, ahora parece probable que se logrará una igualdad sustancial de los ingresos y gastos. Siendo éste el caso, es de gran importancia tanto para ejercer el cuidado y la economía de los créditos, y para escanear fuertemente cualquier cambio en nuestro sistema de ingresos fiscales que puede reducir nuestros ingresos. La necesidad de una estricta economía en nuestros gastos se acentúa por el hecho de que no podemos darnos el lujo de ser parsimoniosos en la prestación de lo que es esencial para nuestro bienestar nacional. Economía cuidadoso siempre que sea posible solo impedirá nuestros ingresos caigan por debajo del punto necesario para cumplir con nuestras necesidades reales.

La integridad de nuestra moneda está fuera de toda duda, y en las condiciones actuales sería imprudente e innecesario para intentar una reconstrucción de todo nuestro sistema monetario. La misma libertad se debe conceder al Secretario de Hacienda a que deposite los ingresos aduaneros como lo ha concedido en el depósito de los ingresos de otras fuentes. En el Mensaje del 2 de diciembre de 1902, me llamó la atención a determinadas necesidades de la situación financiera, y de nuevo le pido a la consideración del Congreso para estas preguntas.

Durante la última sesión del Congreso en la sugerencia de una nota conjunta de la República de México y el Gobierno Imperial de China, y en armonía con una ley del Congreso de la apropiación de $ 25,000 a pagar los gastos de la misma, se nombró una comisión para hablar con los principales países europeos, con la esperanza de que algún plan que permitieran diseñar por el que un tipo de cambio fijo podría garantizarse entre los países del patrón oro y los países-estándar de plata. Esta comisión presentó su informe preliminar, que se ha hecho pública. Considero que es importante que la comisión continuará, y que una suma de dinero se apropió suficiente para pagar los gastos de sus nuevas labores.

La mayoría de nuestro pueblo el deseo de que se tomen medidas en interés de los barcos estadounidenses, por lo que es posible que una vez más reanudar nuestra antigua posición en el océano que lleva el comercio. Pero hasta ahora las diferencias de opinión en cuanto al método apropiado de alcanzar este objetivo han sido tan amplia que ha resultado imposible para asegurar la adopción de cualquier esquema particular. Tener a la vista de estos hechos, recomiendo que el Congreso dé instrucciones al Secretario de la Marina, el Director General de Correos, y el Secretario de Comercio y Trabajo, asociada a dicha representación del Senado y la Cámara de Representantes como el Congreso en su sabiduría puede designar, para servir como una comisión con el propósito de investigar e informar al Congreso en su próxima sesión de lo que la legislación es deseable o necesaria para el desarrollo de la marina mercante americana y el comercio de América, y de paso de un servicio nacional de correo océano de auxiliar adecuada crusiers navales y las reservas navales. Mientras que una medida de este tipo es deseable en cualquier caso, es especialmente deseable en este momento, teniendo en cuenta el hecho de que nuestro presente contrato gubernamental para el correo océano con la American Line expirará en 1905 Nuestro acto electrónico océano fue aprobada en 1891 en 1895 nuestra línea de correo transatlántico de 20 nudos era igual a cualquier línea exterior. Desde entonces los alemanes han puesto el 23-nudo, vapores, y los británicos han contraído para los vapores de 24 nudos. Nuestro servicio debe ser igual a la mejor. Si no lo hace, el público comercial lo abandonará. Si hemos de permanecer en el negocio que debería ser con una plena comprensión de las ventajas para el país, por un lado, y por el otro con el conocimiento exacto de los costes y los métodos adecuados de llevarla adelante. Por otra parte, las líneas de buques de carga son de aún más importancia que las líneas de correo rápido; guardar la medida en que este último se puede confiar para proporcionar cruceros auxiliares rápidas en tiempo de guerra. El establecimiento de nuevas líneas de buques de carga a América del Sur, a Asia, y en otras partes sería mucho en el interés de nuestra expansión comercial.

No podemos tener demasiada inmigración del tipo correcto, y debemos tener ninguna en absoluto de la clase incorrecta. La necesidad es idear algún sistema por el que se depositarán los inmigrantes no deseados por completo, mientras que los inmigrantes deseables se distribuyen adecuadamente en todo el país. En la actualidad algunos distritos que necesitan los inmigrantes no tienen ninguno; y en otros, donde la población ya está congestionada, los inmigrantes vienen en cantidades tales que deprimir las condiciones de vida para los que ya existen. Durante los últimos dos años, el servicio de inmigración en Nueva York se ha mejorado mucho, y la corrupción y la ineficiencia que anteriormente obtuvo no han sido erradicadas. Este servicio sólo se ha investigado por un comité de ciudadanos de Nueva York de gran prestigio, los Sres. Arthur V. Briesen, Lee K. Frankel, Eugene A. Philbin, Thomas W. Hynes, y Ralph Trautman. Su informe se ocupa de toda la situación en detalle, y concluye con algunas recomendaciones para la acción administrativa y legislativa. Ahora está recibiendo la atención de la Secretaría de Comercio y Trabajo.

La investigación especial sobre el tema de la naturalización bajo la dirección del Fiscal General, y los consiguientes procesos judiciales revelan un estado de cosas que piden la atención inmediata del Congreso. Falsificaciones y perjurios de carácter descarada y flagrante se han cometido, no solamente en los densos centros de población, sino en todo el país; y se establece más allá de duda que muy muchos de los llamados ciudadanos de los Estados Unidos no tienen título alguno para que la derecha, y se afirma y disfrutar de los beneficios de la misma a través de los fraudes más groseros. Es de nunca olvidar que la ciudadanía es, para citar las palabras usadas recientemente por la Corte Suprema de los Estados Unidos, una "herencia inestimable," si procede de nacimiento dentro del país o se obtiene por naturalización; y nos envenenan las fuentes de nuestro carácter y la fuerza nacional en la fuente, si el privilegio se reclama y ejerce sin derecho, y por medio de fraude y corrupción. El cuerpo político no puede estar sano y saludable si muchos de sus miembros constituyentes afirman su posición a través de la prostitución de la alta derecha y llamando a la ciudadanía. Debe significar algo para convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos; y en el proceso ningún vacío legal lo debe dejar abierta al fraude.

Los métodos por los cuales estos fraudes - ahora bajo investigación exhaustiva con el fin de imponer castigos y proporcionar recursos adecuados - se perpetraron, incluyen muchas variaciones del procedimiento por el cual los certificados falsos de ciudadanía se forjan en su totalidad; o certificados auténticos de manera fraudulenta o en connivencia obtenidos en blanco se llenan por los conspiradores criminales; o certificados se obtienen en las declaraciones fraudulentas sobre la hora de llegada y residencia en este país; o la imposición y la sustitución de otro partido para el verdadero peticionario se producen en el tribunal; o certificados están hechos objeto de trueque y venta y se transfieren desde el titular legítimo para quienes no tienen derecho a ellas; o certificados son forjadas por el borrado de los nombres originales y la inserción de los nombres de otras personas que no tengan derecho a la misma.

No es necesario que me refiero en general a que las causas que conducen a este estado de cosas. El deseo de la naturalización es sinceramente digno de elogio en el que nace de una intención sincera y permanente para convertirse en ciudadanos, y una apreciación real del privilegio. Pero se trata de una fuente de males indecibles y problemas en los que se puede rastrear a motivos egoístas y deshonestas, como el esfuerzo por medios artificiales e impropias, en la moda al por mayor para crear los votantes que son herramientas preparadas de políticos corruptos, o el deseo de evadir ciertas leyes laborales que crean discriminaciones contra el trabajo ajeno. Todos los buenos ciudadanos, ya sean naturalizados o nacidos en el país, están igualmente interesados ​​en la protección de nuestra ciudadanía contra el fraude en cualquier forma, y, por otro lado, y ofreciendo a todas las facilidades para la naturalización a los que de buena fe deseo de compartir por igual nuestros privilegios y nuestra responsabilidades.

El Gran Jurado Federal últimamente en la sesión en la ciudad de Nueva York se ocupó de este tema e hizo una presentación que establece la situación brevemente y por la fuerza y contiene sugerencias importantes para la consideración del Congreso. Esta presentación se incluye como anexo al informe de la Procuraduría General.

En mi último mensaje anual, en relación con el tema de la debida regulación de las combinaciones de capital, que están o pueden quedar perjudicial para el público, recomiendo una asignación especial para la mejor aplicación de la ley antimonopolio en su forma actual, se extienda bajo la dirección del Fiscal general. De acuerdo con ello (por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial ley de asignaciones de 25 de febrero de 1903, 32 Stat., 854, 904), el Congreso asignó, con el propósito de hacer cumplir las diversas leyes de fideicomiso federal y de comercio interestatal, la suma de cinco cientos de miles de dólares, para ser gastados bajo la dirección del Fiscal General en el empleo de un asesor especial y agentes del Departamento de Justicia para llevar a cabo los procedimientos y actuaciones judiciales bajo dichas leyes en los tribunales de los Estados Unidos. Ahora recomiendo, como un asunto de la mayor importancia y urgencia, la extensión de los efectos de esta apropiación, de modo que puede estar disponible, bajo la dirección del Fiscal General, y hasta su utilización, para el debido cumplimiento de las leyes de los Estados Unidos en general y en especial de las leyes civiles y penales relativos a las tierras públicas y las leyes relativas a los crímenes y delitos postales y el tema de la naturalización. Investigaciones recientes han demostrado un deplorable estado de cosas en estas tres cuestiones de interés vital. Por diversos fraudes y falsificaciones y perjurios, miles de hectáreas de dominio público, que abarca tierras de distinto carácter y que se extienden a través de diversas secciones del país, se han adquirido deshonestamente. Apenas es necesario insistir en la importancia de la recuperación de estas adquisiciones deshonestas, robados de las personas, y de la prontitud y debidamente castigar a los delincuentes. Hablo en otra parte de este Mensaje de los crímenes generalizados por las que el derecho sagrado de la ciudadanía se afirmaba falsamente y que "el patrimonio inestimable" pervertido a extremos de base. Por medios similares - es decir, a través de fraudes, falsificaciones, y perjurios, y por sobornos descarados - las leyes relativas a la buena marcha de la administración pública en general y para la debida administración de la Oficina de Correos del Departamento se han violado notoriamente , y se han encontrado muchas acusaciones y los juicios consiguientes están en curso de la audición o en la víspera de los mismos. Por las razones de este modo se indica, por lo que el Gobierno puede estar preparado para cumplir con prontitud y con el mayor efecto las sanciones debidas para tales violaciónes de la ley, y para este fin puede ser equipada con los instrumentos suficientes y asistencia legal competente para las investigaciones y los juicios que será necesario en muchos puntos diferentes del país, insto al Congreso de la necesidad de hacer dicha apropiación disponible para su uso inmediato para todos estos fines, para ser gastados bajo la dirección del Fiscal general.

Se han tomado medidas por el Departamento de Estado en busca de la realización de cohecho un delito extraditable, con las potencias extranjeras. La necesidad de los tratados más eficaces que cubren este crimen es manifiesto. Las exposiciones y el enjuiciamiento de la corrupción oficial en St. Louis, Missouri, y en otras ciudades y estados han dado lugar a un número de dadores y tomadores de sobornos se convierten fugitivos en tierras extranjeras. El soborno no se ha incluido en los tratados de extradición hasta ahora, ya que no se ha planteado la necesidad de ello. Si bien puede haber habido tanta corrupción oficial en años anteriores, ha habido más desarrollado y sacado a la luz en el pasado inmediato que en el siglo anterior de la historia de nuestro país. Debe ser la política de los Estados Unidos para no dejar lugar en la tierra donde un hombre corrupto huyendo de este país puede descansar en paz. No hay ninguna razón por qué el soborno no debe incluirse en todos los tratados como casos de extradición. El tratado modificado recientemente con México, por lo que este crimen fue puesto en la lista de delitos extraditables, ha establecido un precedente saludable en este sentido. Bajo este tratado el Departamento de Estado ha pedido, y México ha otorgado, la extradición de uno de los dadores de sobornos de San Luis.

No puede haber un crimen más grave que el soborno. Otros delitos violan una ley, mientras que la corrupción atenta contra el fundamento de toda ley. De acuerdo con nuestra forma de Gobierno toda la autoridad reside en el pueblo y por ellos delegadas a quienes los representan en el cargo oficial. No puede haber un delito más grave que la de aquel en el cual una confianza tan sagrada se ha depositado, que lo vende para su propio beneficio y enriquecimiento; y no es menos pesado es el delito de la sobornador. Él es peor que el ladrón, al ladrón le roba al individuo, mientras que el funcionario corrupto saquea una ciudad entera o Estado. Él es tan malvado como el asesino, el asesino sólo puede tomar una vida en contra de la ley, mientras que el funcionario corrupto y el hombre que corrompe el objetivo oficial por igual en el asesinato de la propia mancomunidad. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo perecerá de la faz de la tierra si el soborno es tolerada. Los dadores y tomadores de sobornos de pie en una preeminencia del mal de la infamia. La exposición y el castigo de la corrupción pública es un honor para una nación, no una desgracia. La vergüenza radica en la tolerancia, no en la corrección. Ninguna ciudad o Estado, y menos aún la Nación, se pueden lesionar por la aplicación de la ley. Mientras saqueadores públicos cuando detecta puede encontrar un puerto de refugio en cualquier país extranjero y evitar el castigo, con tal de estímulo les es dado a continuar sus prácticas. Si no somos capaces de hacer todo lo que en nosotros se encuentra a acabar con la corrupción, no podemos escapar de nuestra parte de responsabilidad en la culpa. El primer requisito de autogobierno éxito es la aplicación firme de la ley y el corte de la corrupción.

Durante varios años pasados ​​el rápido desarrollo de Alaska y el establecimiento de los crecientes intereses estadounidenses en regiones hasta entonces no levantada e imperfectamente conocido trajeron a la prominencia en la necesidad urgente de una demarcación práctica de los límites entre las jurisdicciones de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Aunque el tratado de 1825 entre Gran Bretaña y Rusia, cuyas disposiciones se han copiado en el tratado de 1867, por el que Rusia transmitió Alaska a los Estados Unidos, fue positiva en cuanto al control, primero por Rusia y más tarde por los Estados Unidos, de una franja de territorio a lo largo del territorio continental de la costa occidental de Portland Canal de Mount St. Elias, siguiendo y rodeando las muescas de la costa y que incluye las islas al oeste, su descripción del margen hacia tierra de la tira era indefinida, descansando sobre la supuesta existencia de una cresta o cadena de montañas que bordean la costa continua, como figuraba en las cartas de los primeros navegantes. Tenía en ningún momento sido posible para cualquiera de las partes en el interés de establecer, bajo la autoridad del tratado, una línea tan obviamente exacta de acuerdo a sus disposiciones como para comandar el asentimiento de la otra. Durante casi tres cuartas partes de un siglo, la ausencia de intereses locales tangibles exigiendo el ejercicio de la jurisdicción positivo en ambos lados de la frontera dejó la pregunta latente. En 1878 las cuestiones de administración de los ingresos en el río Stikine llevado a la creación de una demarcación provisional, cruzando el canal entre dos altas cumbres a ambos lados unos veinticuatro kilómetros por encima de la boca del río. En 1899 preguntas similares que crecen fuera de el extraordinario desarrollo de los intereses mineros en la región alrededor de la cabeza de Lynn Canal trajo sobre un modus vivendi temporal, por lo que una separación conveniente se hizo en las divisorias de las cuencas hidrográficas de la Blanca y Chilkoot pasa y al norte de Klukwan, en el río Klehini. Estos ajustes parciales y provisionales no podían, en la naturaleza misma de las cosas, sea satisfactoria y duradera. A disposición permanente de la cuestión se convirtió en un imperativo.

Después de infructuosos intentos de llegar a un entendimiento a través de una Alta Comisión Mixta, seguido de largas negociaciones, llevada a cabo en un espíritu amistoso, se firmó un convenio entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, 24 de enero de 1903, que prevé un examen del tema por un tribunal mixto de seis miembros, tres en un lado, con miras a su disposición final. Las ratificaciones se intercambiaron el 3 de marzo pasado, con lo cual los dos gobiernos designaron a sus respectivos miembros. Aquellos en nombre de los Estados Unidos eran Elihu Root, Secretario de Guerra, Henry Cabot Lodge, un senador de los Estados Unidos, y George Turner, un ex senador de los Estados Unidos, mientras que Gran Bretaña nombró el Muy Honorable Señor Alverstone, Señor Presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra, Sir Louis Amable Jette, KCMG, juez retirado de la Corte Suprema de Quebec, y AB Aylesworth, KC, de Toronto. Este Tribunal se reunió en Londres el 3 de septiembre, bajo la presidencia de Lord Alverstone. Los procedimientos fueron expedita, y marcados por un espíritu amable y concienzudo. Los casos respectivos, contrarrestar los casos, y los argumentos presentados los temas de manera clara y completa. El 20 de octubre, una mayoría del Tribunal alcanzó y firmó un acuerdo sobre todas las cuestiones planteadas por los términos de la Convención. Por este premio el derecho de los Estados Unidos para el control de una tira continua o de la frontera de la costa continental, bordeando todos los Recipientes de marea y sinuosidades de la costa, se confirma; la entrada al Canal de Portland (acerca del cual apareció la duda legítima) se define como pasar por Tongass entrada y hacia el noroeste de Gales y Pearse islas; se traza una línea desde la cabeza de Portland Canal para el quincuagésimo sexto grado de latitud norte; y la línea de frontera interior de la tira se fija por líneas que unen ciertas cumbres de las montañas situadas entre Portland Canal y el monte San Elías, y que se ejecutan a lo largo de la cresta de la brecha que separa la ladera de la costa hacia el interior de las cuencas hidrográficas en la única parte de la frontera, donde la cresta de drenaje se acerca a la costa dentro de la distancia de diez leguas marinas estipuladas por el tratado como la anchura máxima de la banda alrededor de la cabeza de Lynn Canal y sus ramas.

Mientras que la línea trazada de modo sigue la delimitación provisional de 1878 en el cruce del río Stikine, y la de 1899 en las cumbres de la blanca y pasa Chilkoot, corre mucho más al interior de la Klehini que la línea temporal del modus vivendi más tarde , y deja todo el distrito minero del río Porcupine Creek y el glaciar en la jurisdicción de los Estados Unidos.

El resultado es satisfactorio en todos los sentidos. Es de gran ventaja material a nuestro pueblo en el extremo noroeste. Se ha retirado del campo de la discusión y posible peligro de una cuestión susceptible de ser acentuado con más intensidad con cada año que pasa. Finalmente, se ha proporcionado una prueba de la señal de la equidad y la buena voluntad con la que dos naciones amigas pueden acercarse y determinar cuestiones relacionadas con la soberanía nacional y por su naturaleza, incapaz de someterse a una tercera potencia para su adjudicación.

El premio es de aplicación directa en los puntos vitales. Para que sea más eficaz en lo que respecta a los demás sólo queda para los dos gobiernos a que designen, cada uno en su propio nombre, uno o más expertos científicos, que serán, con toda la velocidad conveniente, proceder en conjunto que se imponga la línea fronteriza de conformidad con el decisión de la mayoría del Tribunal. Recomiendo que el Congreso haga una provisión adecuada para la designación, compensación y gastos de los miembros para formar parte de esta comisión de límites conjunta por parte de los Estados Unidos.

Se recordará que durante el segundo período de sesiones del último Congreso Gran Bretaña, Alemania, Italia y formó una alianza con el fin de bloquear los puertos de Venezuela y el uso de cualquier otro medio de presión a medida que aseguraría su liquidación debido, ya que supuesta, a algunos de sus temas. Su empleo de la fuerza para el cobro de estas afirmaciones se terminó por un acuerdo producido a través de las oficinas de los representantes diplomáticos de los Estados Unidos en Caracas y el Gobierno de Washington, poniendo fin así a una situación que estaba destinada a causar el aumento de la fricción, y que jeoparded la paz del continente. En virtud de este acuerdo de Venezuela acordó poner aparte un cierto porcentaje de los ingresos aduaneros de dos de sus puertos para ser aplicado al pago de cualquier obligación pueden ser determinadas por una comisión mixta designada a tal fin sea debido a ella, no sólo a los tres poderes ya mencionados, cuyos procedimientos contra la habían dado lugar a un estado de guerra, sino también a los Estados Unidos, Francia, España, Bélgica, Países Bajos Suecia y Noruega, y México, que no había empleado la fuerza para el cobro de las reclamaciones supuesta que se debe a algunos de sus ciudadanos.

A continuación, la demanda fue hecha por las llamadas potencias bloqueadoras de que las cantidades comprobadas que se debe a sus ciudadanos por parte de las comisiones mixtas se les debe conceder el pago en su totalidad antes de que se pagó nada a las pretensiones de cualquiera de los llamados poderes de paz. Venezuela, por su parte, insistió en que todos sus acreedores deben ser pagados sobre una base de igualdad exacta. Durante los esfuerzos para ajustar esta diferencia se sugirió por los poderes de interés que deben ser remitidos a mí por la decisión, pero era claramente de la opinión de que un curso más sabio sería someter la cuestión a la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Me parecía ofrecer una oportunidad admirable para avanzar en la práctica de la solución pacífica de las controversias entre las naciones y para asegurar que el Tribunal de La Haya un aumento memorable de su importancia práctica. Las naciones interesadas en la controversia eran tan numerosos y en muchos casos tan poderoso como para que sea evidente que los resultados benéficos seguirían desde su aparición al mismo tiempo antes de que la barra de ese augusto tribunal de la paz.

Nuestras esperanzas en ese sentido se han dado cuenta. Rusia y Austria están representados en las personas de los juristas y eruditos distinguidos que componen el Tribunal, mientras que Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica, Países Bajos, Suecia y Noruega, México, Estados Unidos y Venezuela están representados por sus respectivos agentes y consejeros. Tal explanada imponente de las naciones que presentan sus argumentos e invocando a la decisión de ese alto tribunal de justicia internacional y la paz internacional no puede dejar de asegurar una presentación como de muchas controversias futuras. Las naciones que ahora aparecen allí le es mucho más fácil que aparezca allí una segunda vez, mientras que ninguna nación puede imaginar su justo orgullo será diminuido siguiendo el ejemplo que ahora se presenta. Este triunfo del principio del arbitraje internacional es un tema de felicitación cálida y ofrece un feliz augurio para la paz del mundo.

Parece buena base para la creencia de que ha habido un crecimiento real entre las naciones civilizadas de un sentimiento que permitirá una sustitución gradual de los otros métodos que el método de la guerra en la solución de controversias. No se pretende que todavía estamos cerca de una posición en la que será posible en su totalidad para evitar la guerra, o que un solo sentido para los intereses y el honor en todos los casos el permiso de la solución de las controversias internacionales por arbitraje nacional; sino por una mezcla de prudencia y firmeza con la sabiduría que pensamos que es posible acabar con gran parte de la provocación y la excusa para la guerra, y al menos en muchos casos su sustitución por otro más racional y método para la solución de controversias. La Corte de La Haya ofrece tan buen ejemplo de lo que puede hacerse en la dirección de dicha liquidación que debe alentarse en todos los sentidos.

Se deben tomar medidas adicionales. En el mensaje anual del Presidente McKinley de 5 de diciembre de 1898, hizo la siguiente recomendación:

"Las experiencias del año pasado traer por la fuerza en casa para nosotros un sentido de las cargas y los residuos de la guerra. Deseamos en común con la mayoría de las naciones civilizadas, para reducir al punto más bajo posible los daños sufridos en caso de guerra por el comercio pacífico y comercio. es cierto que podemos sufrir en estos casos menos que otras comunidades, pero todas las naciones están dañados más o menos por el estado de la intranquilidad y de la aprehensión en el que un brote de hostilidades lanza todo el mundo comercial. debe ser nuestro objetivo, por lo tanto, , para minimizar, en lo posible, esta inevitable pérdida y perturbación. este objetivo puede lograrse mejor, probablemente, por un acuerdo internacional a considerar toda la propiedad privada en el mar como exentos de captura o destrucción por las fuerzas de las potencias beligerantes. El Gobierno de los Estados Unidos desde hace muchos años defendido este principio humanitario y benéfico, y ahora está en condiciones de recomendar a otros poderes sin la imputación de motivos egoístas. I, por lo tanto sugiero a su consideración que se autorice al Ejecutivo para que se corresponda con los gobiernos de la capital marítima poderes con el fin de incorporar a la ley permanente de las naciones civilizadas del principio de la exención de toda la propiedad privada en el mar, no contrabando de guerra, desde la captura o destrucción por las potencias beligerantes ".

Saludo cordialmente renuevo esta recomendación.

La Corte Suprema de Justicia, hablando el 11 de diciembre de 1899, a través de Peckham, J., dijo:

"Es, creemos, históricamente exacto decir que este Gobierno siempre ha sido, en su opinión, entre las más avanzadas de los gobiernos del mundo a favor de la mitigación, como a todos los no combatientes, las penurias y horrores de la guerra . para lograr ese objeto que siempre ha defendido estas normas que en la mayoría de los casos acabar con el derecho a capturar la propiedad privada de un enemigo en alta mar ".

Abogo por esto como una cuestión de humanidad y de moral. Es anacrónico cuando la propiedad privada se respeta en un terreno que no debería ser respetada en el mar. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el transporte marítimo representa, internacionalmente hablando, una especie mucho más generalizado de la propiedad privada que es el caso de la propiedad ordinaria en tierra - es decir, bienes que se encuentren en el mar es mucho menos probable que en el caso con propiedad encontró en tierra realmente de pertenecer a una nación. Bajo el sistema moderno de propiedad corporativa del pabellón de un buque a menudo difiere de la bandera que marcaría la nacionalidad de la titularidad real y control del lavado de la embarcación; y la carga puede pertenecer a individuos de una nacionalidad diferente todavía. Capital estadounidense Mucho ahora se invierte en buques extranjeros; y entre las naciones extranjeras a menudo sucede que la capital de uno se invierte principalmente en el envío de otra. Por otra parte, en la práctica, se puede mencionar que, si bien el comercio destruyendo puede causar la pérdida grave y gran molestia, nunca puede ser más que un factor secundario en traer a un acuerdo a un enemigo resuelto. Esto está ahora bien reconocida por todos nuestros expertos navales. La lucha contra el barco, no el destructor comercio, es el buque cuyas hazañas añadir prestigio a la historia de una nación, y establecer su lugar entre las grandes potencias del mundo.

El año pasado la Unión Interparlamentaria para Arbitraje Internacional se reunió en Viena, seiscientos miembros de las distintas legislaturas de los países civilizados que asisten. Se dispuso que la próxima reunión debe ser en 1904 en St. Louis, sujeto a nuestro Congreso extender una invitación. Al igual que el Tribunal de La Haya, esta Unión Interparlamentaria es una de las fuerzas que tienden hacia la paz entre las naciones de la tierra, y que tiene derecho a nuestro apoyo. Confío en la invitación se puede ampliar.

Inteligencia A principios de julio, después de haber recibido, que felizmente resultó ser errónea, del asesinato de nuestro vice-cónsul en Beirut, me envió un pequeño escuadrón a ese puerto para tal servicio como podría considerarse necesario hacer a la llegada. Aunque el atentado contra la vida de nuestro vice-cónsul no había tenido éxito, sin embargo, la indignación era un síntoma de un estado de excitación y el desorden que exigía atención inmediata. La llegada de las naves tenían el resultado más feliz. Un sentimiento de seguridad a la vez tomó el lugar de la antigua alarma e inquietud; nuestros oficiales fueron recibidos cordialmente por el cuerpo consular y los principales comerciantes y negocios ordinarios reanudaron su actividad. El Gobierno del sultán dio una audiencia considerado con las representaciones de nuestro ministro; el funcionario a quien se consideraba responsable de la condición alterada de los asuntos ha sido eliminado. Nuestras relaciones con el Gobierno de Turquía siguen siendo amable; nuestras afirmaciones redondeadas en un trato no equitativo de algunas de nuestras escuelas y misiones parecen estar en proceso de arreglo amistoso.

La firma de un nuevo tratado comercial con China, que tuvo lugar en Shanghai el 8 de octubre, es un motivo de satisfacción. Este acto, el resultado de una larga discusión y negociación, coloca nuestras relaciones comerciales con el gran Imperio Oriental sobre una base más satisfactoria de lo que han gozado hasta ahora. Proporciona no sólo por los derechos ordinarios y privilegios de los funcionarios diplomáticos y consulares, sino también para una extensión importante de nuestro comercio por la mayor facilidad de acceso a los puertos chinos, y para el alivio de comercio mediante la eliminación de algunos de los obstáculos que estén a avergonzado que en el pasado. El Gobierno chino se dedica, en condiciones justas y equitativas, que probablemente serán aceptados por las principales naciones comerciales, a abandonar la tasa de "comparo" y de otras vías de tránsito en todo el Imperio, y para introducir otras reformas administrativas deseables. Las instalaciones más grandes son que debe darse a los ciudadanos que desean llevar a las empresas mineras en China. Hemos conseguido para nuestros misioneros un valioso privilegio, el reconocimiento de su derecho a alquilar y arrendar a perpetuidad tal propiedad como sus sociedades religiosas pueden necesitar en todas las partes del Imperio. Y, lo que era una condición indispensable para el avance y el desarrollo de nuestro comercio en Manchuria, China, mediante convenio con nosotros, se ha abierto al comercio exterior de las ciudades de Mukden, la capital de la provincia de Manchuria, y An-tung, un importante puerto en el río Yalu, en el camino a Corea. La medida completa de desarrollo que nuestro comercio puede legítimamente esperar que difícilmente puede ser buscado hasta la liquidación de la presente estado anormal de las cosas en el Imperio; pero la base para este desarrollo ha pasado en estado relajado.

Llamo su atención a la reducción de costos en el mantenimiento del servicio consular para el año fiscal que termina el 30 de junio de 1903, como se muestra en el informe anual del Auditor para el Estado y otros departamentos, en comparación con el año anterior. Para el año en consideración el exceso de gastos sobre los ingresos a cuenta del servicio consular ascendió a $ 26,125.12, frente a $ 96,972.50 para el año termina en junio 30 de 1902, y de $ 147,040.16 para el año que finalizó el 30 de junio de 1901 Esta es la mejor actuación en este respeto por el servicio consular de los últimos catorce años, y la reducción en el costo del servicio para el Gobierno se ha hecho a pesar del hecho de que los gastos para el año en cuestión eran más de $ 20,000 más que el año anterior .

El servicio gratuito de entrega rural se ha ampliado de manera constante. Se pide a la atención del Congreso sobre la cuestión de la remuneración de los carteros y empleados que participan en el servicio de correos, sobre todo en las nuevas rutas rurales de libre distribución. Más rutas se han instalado desde el primero de pasado que en cualquier período similar en la historia del Departamento de julio. Mientras que una debida atención a la economía hay que tener en cuenta en el establecimiento de nuevas rutas, sin embargo, la extensión del sistema de libre prestación rural debe continuar, por razones de política pública sólida. Ningún movimiento gubernamental de los últimos años se ha traducido en un mayor beneficio inmediato para las personas de los distritos rurales. La entrega gratuita Rural, tomada en conexión con el teléfono, la bicicleta y el carro, puede lograr mucho a disminuir el aislamiento de la vida agrícola y lo que es más brillante y más atractivo. En el pasado inmediato la falta de sólo este tipo de instalaciones ya que ha llevado a muchos de los jóvenes más activos e inquietos y mujeres de las granjas a las ciudades; para ellos se rebelaron en la soledad y la falta de compañía mental. No es saludable y deseable para las ciudades a crecer a expensas del país; y la entrega gratuita rural no sólo es algo bueno en sí mismo, pero es bueno porque es una de las causas que comprueban esta tendencia malsana hacia la concentración urbana de la población a expensas de los distritos rurales. Es por la misma razón que nos solidarizamos con y aprobamos la política de construcción de buenas carreteras. El movimiento por los buenos caminos es uno cargado con el mayor beneficio para los distritos rurales.

Confío en que el Congreso seguirá favoreciendo por todos los medios adecuados la Louisiana Purchase Exposition. Esta exposición conmemora la compra de Luisiana, que fue el primer gran paso en la expansión que nos hizo una nación continental. La expedición de Lewis y Clark en todo el continente siguió al respecto, y marcó el inicio del proceso de exploración y colonización que empujó nuestras fronteras nacionales para el Pacífico. La adquisición de la región de Oregón, incluyendo los actuales Estados de Oregon y Washington, fue un hecho de gran importancia en nuestra historia; primero darnos nuestro lugar en la costa del Pacífico, y preparándose el camino para nuestra ascendencia en el comercio del más grande de los océanos. El centenario de nuestro establecimiento en la costa occidental de la expedición de Lewis y Clark se ha de celebrar en Portland, Oregon, por una exposición en el verano de 1905, y este evento debe recibir el reconocimiento y el apoyo del Gobierno Nacional.

Llamo su atención especial al territorio de Alaska. El país se está desarrollando rápidamente, y tiene el futuro asegurado. La riqueza mineral es grande y ha sido aún poco explotado. Las pesquerías, si sabiamente manejado y mantenido bajo control nacional, será un negocio tan permanente como cualquier otra, y de suma importancia para el pueblo. Los bosques si vigilado adecuadamente formarán otra gran fuente de riqueza. Algunas partes de Alaska están equipados para la agricultura y la ganadería, aunque los métodos deben adaptarse a las condiciones particulares del país. Alaska está situado en el extremo norte; pero también lo son Noruega y Suecia y Finlandia; y Alaska puede prosperar y desempeñar su papel en el nuevo mundo al igual que esas naciones han prosperado y jugó sus piezas en el Viejo Mundo. Leyes propias tierras deberían promulgarse; y el estudio de las tierras públicas comenzó inmediatamente. Leyes de carbón de la tierra deben ser proporcionados por el cual el entryman carbón de la tierra puede hacer que su ubicación y patentes seguro bajo métodos afines a los que ahora se prescribe para Homestead y minerales entrymen. Criaderos de salmón, exclusivamente bajo el control del Gobierno, deben ser establecidos. El cable debe extenderse desde Sitka hacia el oeste. Caminos y senderos del carro deben construirse, y la construcción de ferrocarriles promoverse en todos los medios legítimos. -Faros se deben construir a lo largo de la costa. Se debe prestar atención a las necesidades de los indígenas de Alaska; que conviene establecer para un oficial, con los diputados, para estudiar sus necesidades, aliviar sus necesidades inmediatas, y ayudarlos a adaptarse a las nuevas condiciones.

La comisión designada para investigar, durante la temporada de 1903, la condición y necesidades de las pesquerías de salmón de Alaska, ha terminado su trabajo en el campo, y se está preparando un informe detallado al respecto. Un informe preliminar de recitar las medidas inmediatamente necesarios para la protección y preservación de la industria del salmón ya ha sido presentado a la Secretaría de Comercio y Trabajo por su atención y por la acción necesaria.

Recomiendo que la apropiación se hizo para la construcción de casas de la luz en Hawaii, y la toma de posesión de los ya construidos. El territorio debe ser reembolsado por cualquier asciende ya ha gastado para el personal de casas de la luz. El gobernador debe estar facultada para suspender o retirar a cualquier funcionario designado por él, sin someter el asunto a la legislatura.

De nuestras posesiones insulares de Filipinas y Puerto Rico es gratificante decir que su constante progreso ha sido tal que no sea necesario pasar mucho tiempo en la discusión de ellos. Sin embargo, el Congreso nunca debe tener en cuenta que una peculiar obligación recae sobre nosotros para más en todos los aspectos del bienestar de estas comunidades. Filipinas debe tejer más cerca de nosotros por régimen arancelario. Sería, por supuesto, imposible de repente al levantar a la gente de las islas para el tono alto de prosperidad industrial y de la eficiencia gubernamental a la que lo harán en la final por alcanzar grados; y la cautela y la moderación mostrada en el desarrollo de ellos han estado entre las principales razones por qué este desarrollo ha ido hasta ahora en tan suavemente. Un escrupuloso cuidado se ha tenido en la elección de los agentes gubernamentales, y toda la eliminación de la política partidista de la función pública. La condición de los isleños está en las cosas materiales mucho mejores que nunca, mientras que su avance gubernamental, intelectual y moral ha seguido el ritmo de su avance material. No hay un solo pueblo jamás se beneficiaron otras personas más que nos hemos beneficiado de los filipinos por la toma de posesión de las islas.

Los ingresos de efectivo de la Oficina de Tierras para el último año fiscal fueron de US $ 11,024,743.65, un aumento de $ 4,762,816.47 con respecto al año anterior. De esta cantidad, aproximadamente, $ 8461493 irá al crédito del fondo para la recuperación de tierras áridas, por lo que el total de este fondo, hasta el 30 de junio de 1903, aproximadamente, $ 16.191.836.

A disposición gratificante ha sido evidenciado por los que tienen cercados ilegales de terrenos públicos para remover sus cercas. Casi dos millones de hectáreas cercadas lo han tirado abierto bajo demanda. En pero comparativamente pocos casos ha sido necesario acudir a los tribunales para lograr este propósito. Este trabajo será perseguida vigorosamente hasta que se hayan eliminado todos los cercados ilegales.

La experiencia ha demostrado que en los propios Estados del oeste, así como en el resto del país, existe la convicción generalizada de que algunas de las leyes de tierras públicas y la práctica administrativa resultante ya no cumplen con las necesidades actuales. El carácter y los usos de las tierras públicas restantes son muy diferentes de las de los terrenos públicos que el Congreso tuvo especialmente en vista cuando se aprobaron estas leyes. La tasa de rápido aumento de la eliminación de las tierras públicas no es seguida por un aumento correspondiente en la construcción de viviendas. Hay una tendencia a la masa en grandes explotaciones tierras públicas, en especial las tierras madereras y de pastoreo, y por lo tanto para retrasar la liquidación. Renuevo y enfatizo mi recomendación del año pasado que la medida en que están disponibles para la agricultura en su sentido más amplio, y en cualquier medida que se pueden reutilizar según el Derecho nacional de riego, las tierras públicas restantes se celebrarán de forma rígida para el constructor de casas. La atención del Congreso está especialmente dirigido a la ley de la madera y la piedra, la ley del desierto-tierra, y la cláusula de la conmutación de la ley de hacienda, que en su operación tiene en muchos aspectos en conflicto con la política de tierras públicas-sabio. Los debates en el Congreso y en otros lugares han puesto en evidencia que existe una amplia divergencia de opiniones entre quienes tienen puntos de vista opuestos sobre estos temas; y que las partes enfrentadas tienen representantes fuertes y convencidos de peso tanto dentro como fuera del Congreso; siendo las diferencias no sólo en cuanto a cuestiones de opinión, pero en cuanto a las cuestiones de hecho. Con el fin de que la información definitiva puede estar disponible para el uso del Congreso, he nombrado a una comisión compuesta por WA Richards, Comisionado de la Oficina General de Tierras; Gifford Pinchot, Jefe de la Oficina de Silvicultura del Departamento de Agricultura, y FH Newell, Director del Servicio Hidrográfico de la Encuesta Geológica, que informe en el momento más pronta posible de la condición, la operación, y el efecto de las actuales leyes sobre la tierra y sobre el uso , condición, disposición y liquidación de las tierras públicas. La comisión informará especialmente qué cambios en la organización, las leyes, reglamentos y prácticas que afectan a las tierras públicas son necesarias para llevar a cabo la mayor disposición posible de las tierras públicas a los colonos reales que construirán viviendas permanentes sobre ellos, y para asegurar la permanencia en la máxima y el uso más eficaz de los recursos de las tierras públicas; y hará que cualesquiera otros informes y recomendaciones como su estudio de estas preguntas podría sugerir. La comisión deberá informar de inmediato a aquellos puntos sobre los que la sentencia es clara; en cualquier punto sobre el que se ha dudarlo se tomará el tiempo necesario para hacer la investigación y llegar a una decisión final.

El trabajo de recuperación de las tierras áridas del oeste está progresando de manera constante y satisfactoria en los términos de la configuración de lado el producto de la enajenación de tierras públicas ley. El cuerpo de ingenieros conocidos como el servicio de la recuperación, que está llevando a cabo los estudios y exámenes, se ha organizado cuidadosamente, dolores especiales están tomando para garantizar en la administración pública gobierna un cuerpo de hombres cualificados, con experiencia y eficientes. Las encuestas y los exámenes están progresando en todos los Estados y territorios áridos, los planes de obras que reclaman están preparando y se pasan a las juntas de los ingenieros antes de su aprobación por el Secretario del Interior. En Arizona y Nevada, en las localidades donde este tipo de trabajo es, por excelencia, es necesario, ya se ha comenzado la construcción. En otras partes de los diversos proyectos de West áridas están muy avanzadas hacia la elaboración de contratos, éstos están retrasando en parte por necesidades de llegar a acuerdos o entendimiento en lo relativo a los derechos de paso o adquisición de bienes inmuebles. La mayor parte de las obras que se contemplan para la construcción son de importancia nacional, que involucra cuestiones interestatales o la obtención de comunidades autosuficientes estables en medio de grandes extensiones de tierras ociosas. La Nación en su conjunto es, por supuesto, el ganador por la creación de estos hogares, lo que lo hacen a la riqueza y la estabilidad del país, y el suministro de un mercado interno para los productos del este y el sur. La ley de recuperación, mientras que quizás no es ideal, aparece en la actualidad para responder a las necesidades más grandes para las que está diseñado. Nueva legislación no se recomienda hasta que las necesidades de cambio son más evidentes.

El estudio de las posibilidades de recuperación de la vasta extensión de tierra árida muestra que si esta recuperación se realiza por individuos, corporaciones o el Estado, las fuentes de suministro de agua deben ser protegidos de manera efectiva y los depósitos custodiados por la preservación de los bosques en las cabeceras de los arroyos. Los ingenieros que hacen los exámenes preliminares destacan continuamente esta necesidad y urgen a que las tierras públicas que quedan en las cabeceras de los ríos importantes de Occidente se reservarán para asegurar la permanencia de suministro de agua para riego. Se han hecho grandes avances en el sector forestal durante el año pasado. La necesidad de perpetuar nuestros recursos forestales, ya sea en manos públicas o privadas, se reconoce ahora como nunca antes. La demanda de las reservas forestales se ha convertido en insistente en Occidente, debido a que el Occidente debe utilizar la gama del agua, la madera, y el verano que sólo tales reservas pueden suministrar. Madereros progresivos se esfuerzan, a través de la silvicultura, para dar su permanencia negocio. Otros grandes intereses empresariales están despertando a la necesidad de conservación de los bosques como un asunto de negocios. Trabajo forestal del Gobierno debe recibir del caluroso apoyo del Congreso, y sobre todo el apoyo adecuado para la protección de las reservas forestales contra los incendios. La política forestal de las reservas del Gobierno ha pasado más allá de la etapa experimental y se ha llegado a una condición en la que los métodos científicos son esenciales para su enjuiciamiento. Las funciones administrativas de las reservas forestales son en la actualidad insatisfactorio, está dividida entre tres Oficinas de dos Departamentos. Por ello se recomienda que todas las cuestiones relativas a las reservas forestales, excepto los relacionados con o en relación con los títulos de propiedad, se consolidarán en la Oficina de Silvicultura del Departamento de Agricultura.

Los Estados productores de algodón han sido recientemente invadida por un gorgojo que ha hecho mucho daño y amenaza a toda la industria del algodón. Sugiero al Congreso la pronta promulgación de esa legislación correctiva como la sentencia puede aprobar.

En la concesión de patentes a extranjeros el curso adecuado para este país a seguir es dar las mismas ventajas a los extranjeros aquí que los países en los que habitan estos extranjeros se extienden a cambio de nuestros ciudadanos; es decir, para extender los beneficios de nuestras leyes de patentes sobre invenciones y similares, donde a cambio de los artículos serían patentables en los países extranjeros en cuestión - donde un estadounidense podría obtener una patente correspondiente en dichos países.

Los agentes indios no deben depender de su nombramiento o permanencia en el cargo en consideraciones de política partidista; la práctica de nombrar, cuando sea posible, funcionarios, ex militares o superintendentes unidas a las vacantes que se producen están funcionando bien. Se llama la atención al analfabetismo generalizado debido a la falta de escuelas públicas en el territorio indio. Atención Prompt se debe prestar a la necesidad de la educación para los niños en este Territorio.

En mi último mensaje anual se llamó la atención del Congreso sobre la necesidad de la ampliación de la ley de seguridad en dispositivos, y es gratificante observar que esta ley fue modificada en aspectos importantes. Con el kilometraje ferroviario cada vez mayor del país, el mayor número de hombres empleados, y el uso de equipos más grandes y pesados​​, la urgencia de renovar los esfuerzos para prevenir la pérdida de vidas y la integridad física en los ferrocarriles del país, en particular a los empleados, es aparente. Para la inspección de las embarcaciones de agua y el servicio salvavidas sobre el agua el Congreso ha construido un cuerpo elaborado de leyes protectoras y un método exhaustivo de inspección y está gastando anualmente grandes sumas de dinero. Es alentador observar que el Congreso está vivo a los intereses de los que están empleados en nuestras maravillosas arterias del comercio - los ferrocarriles - que lo transportan de forma segura a millones de pasajeros y miles de millones de toneladas de carga. La inspección Federal, de los aparatos de seguridad, para el que el Congreso está haciendo créditos, es un servicio análogo al que el Gobierno ha mantenido durante generaciones en lo que respecta a los buques, y se cree que resultará de gran utilidad práctica, tanto para los empleados del ferrocarril y el público viajero. Como la mayor parte del comercio es un estado a otro y exclusivamente bajo el control del Congreso de la seguridad necesaria y la uniformidad debe ser garantizado por la legislación nacional.

Ninguna otra clase de nuestros ciudadanos merece tan bien de la Nación como aquellos a los que la Nación debe su ser mismo, los veteranos de la guerra civil. Se pide especial atención a la excelente labor de la Oficina de Pensiones para agilizar y eliminación de las solicitudes de pensión. Durante el año fiscal que termina el 01 de julio 1903, la Oficina estableció 251.982 reclamaciones, un promedio de 825 reclamaciones por cada día de trabajo del año. El número de asentamientos desde julio 1, 1903, ha sido superior a la media del año pasado, aproximándose a 1.000 reclamaciones por cada día de trabajo, y se cree que el trabajo de la Oficina será la actual al cierre del presente año fiscal.

Durante el año finalizado el 30 de junio últimos 25.566 personas fueron designados por concurso con arreglo a las normas del servicio civil. Este era 12.672 más que en el año anterior, y el 40 por ciento de los que pasaron los exámenes. Este crecimiento anormal fue ocasionada en gran medida por la extensión de la clasificación para el servicio de entrega libre rural y el nombramiento el año pasado de más de 9.000 transportistas rurales. Una revisión de las reglas del servicio civil entró en vigor el 15 de abril pasado, que ha mejorado en gran medida su funcionamiento. La finalización de la reforma de la función pública es reconocido por los buenos ciudadanos de todo el mundo como un asunto de la máxima importancia para el público, y el éxito del sistema de mérito depende en gran medida de la eficacia de las normas y los mecanismos previstos para su cumplimiento. Existe un espíritu muy gratificante de cooperación amistosa en todos los departamentos del Gobierno en el cumplimiento y la observancia uniforme de la letra y el espíritu de la ley de servicio civil. Las órdenes ejecutivas del 03 de julio 1902; 26 de marzo 1903, y 8 de julio de 1903, requieren que los nombramientos de todos los trabajadores no clasificados, tanto en los departamentos en Washington y en el servicio del campo, se deben hacer con la ayuda de la Comisión del Servicio Civil de los Estados Unidos, en virtud de un sistema de registro para probar la aptitud relativa de los candidatos para el nombramiento o empleo. Este sistema es competitivo, y está abierto a todos los ciudadanos de los Estados Unidos calificado en relación a la edad, la capacidad física, carácter moral, la industria, y la adaptabilidad de la mano de obra; excepto que en el caso de los veteranos de la Guerra Civil se omite el elemento de la edad. Este sistema de nombramiento es distinto del servicio clasificado y no clasifica posiciones de mero peón en el acto de la función pública y las reglas. Reglamento de la ayuda de los mismos se han puesto en funcionamiento en varios de los departamentos y se están extendiendo gradualmente en otras partes del servicio. Los resultados han sido muy satisfactorios, como la extravagancia ha sido comprobado por la disminución de la cantidad de puestos innecesarios y aumentando la eficiencia de los empleados restantes.

El Congreso, como el resultado de una investigación a fondo de las instituciones de beneficencia y reformatorios en el Distrito de Columbia, por un selecto comité conjunto de ambas Cámaras que hizo su informe en marzo de 1898, creado en la ley aprobada 06 de junio 1900, un consejo de organizaciones benéficas para el Distrito de Columbia, que constan de cinco residentes del Distrito, nombrados por el Presidente de los Estados Unidos, por y con el consejo y consentimiento del Senado, cada uno por un período de tres años, para servir sin compensación. Presidente McKinley nombró a cinco hombres que habían estado activos y prominentes en las instituciones de beneficencia pública en Washington, todos ellos al asumir el cargo 01 de julio 1900, renunció a las diferentes organizaciones benéficas con las que habían sido conectadas. Los miembros de la junta han sido reelegidos en sucesivos años. El consejo sirve bajo los Comisionados del Distrito de Columbia. La junta dio su primer año con un estudio cuidadoso e imparcial de los problemas especiales de que dispone, y ha continuado este estudio todos los años a la luz de las mejores prácticas en instituciones de beneficencia pública en otros lugares. Sus recomendaciones en sus informes anuales al Congreso a través de los miembros de la Comisión del Distrito de Columbia "para la administración económica y eficiente de las organizaciones benéficas y los reformatorios del Distrito de Columbia", como exige la Ley de su creación, se han basado en los principios recomendado por el selecto comité conjunto del Congreso en su informe de marzo de 1898, y aprobado por los mejores administradores de la beneficencia pública, y hacer de la sistematización deseado y mejora de los asuntos bajo su supervisión. Son dignos de consideración favorable por el Congreso.

El efecto de las leyes que contemplan el Estado Mayor General del Ejército y para el uso más efectivo de la Guardia Nacional ha sido excelente. Gran mejora se ha hecho en la eficiencia de nuestro Ejército en los últimos años. Tales escuelas como las erigidas en Fort Leavenworth y Fort Riley y la institución del trabajo maniobra caída lograr resultados satisfactorios. El buen efecto de estas maniobras sobre la Guardia Nacional está marcada, y un amplio créditos se destinará a permitir a los soldados de la guardia de los distintos Estados a participar en el beneficio. El Gobierno debe permitir tan pronto como sea posible asegurar campings permanentes adecuados para maniobras militares en las distintas secciones del país. El servicio de tal forma que resulten no sólo para el ejército profesional, sino a la Guardia Nacional de los diversos Estados, será tan grande como para compensar con creces el gasto relativamente pequeño. No debemos contentarnos con lo que se ha hecho, sin embargo. Los únicos que están contentos con un sistema de ascensos por mera antigüedad son los que están contentos con el triunfo de la mediocridad sobre la excelencia. Por otro lado, un sistema que alienta el ejercicio de favoritismo político o social en las promociones sería aún peor. Pero seguramente sería fácil idear un método de promoción de grado a grado en el que la opinión de los oficiales superiores de la administración sobre los candidatos debe ser decisiva en el prestigio y la promoción de este último. Sólo un sistema de este tipo ahora obtiene en West Point. La calidad del trabajo de cada año determina la posición de la clase de ese año, el hombre se ha caído o se graduó en la siguiente clase en la posición relativa que sus superiores militares deciden estar justificada por su mérito. En otras palabras, la capacidad, la energía, la fidelidad, y todas las demás cualidades similares determinar el rango de un año después de años hombre en West Point, y su posición en el Ejército cuando se gradúe de West Point; pero a partir de ese momento, todos los esfuerzos para encontrar la que el hombre es mejor o peor, y premiar o castigar a él en consecuencia, se abandona; sin brillo, ninguna cantidad de trabajo duro, sin afán en el cumplimiento del deber, puede adelantarle, y no tienen por tardanza o la indiferencia que está a la altura de un delito corte marcial lo puede retrasar. Hasta que se cambie este sistema no podemos esperar que nuestros oficiales serán de tan alto grado como tenemos derecho a esperar, teniendo en cuenta el material sobre el que nos basamos. Por otra parte, cuando un hombre presta servicio como capitán Pershing rendido la primavera pasada en la campaña de Moro, que debería ser posible para recompensarle sin a la vez lo que salta a la calificación de general de brigada.

Poco después de la enunciación de ese famoso principio de la política exterior de Estados Unidos ahora se conoce como la "Doctrina Monroe", el presidente Monroe, en un mensaje especial al Congreso el 30 de enero de 1824, dijo lo siguiente: "La Armada es la rama de la que nuestro Gobierno siempre obtener más ayuda en apoyo de nuestros derechos. cada potencia en guerra conocerá la fuerza de nuestro poder naval, el número de nuestros barcos de cada clase, su condición, y la prontitud con la que podemos ponerlos en servicio, y se prestará la debida atención a ese argumento ".

Mis más sinceras felicitaciones al Congreso sobre el progreso constante en la construcción de la Marina estadounidense. No podemos permitirnos una tregua en esta gran obra. Para estar quieto significa volver. No debe haber ningún cese en la adición a las unidades de efectivos de la fuerza de combate de la flota. Mientras tanto, el Departamento de la Marina y los oficiales de la Armada están haciendo bien su parte, proporcionando un servicio constante en el mar en condiciones similares a las de la guerra real. Nuestros oficiales y hombres alistados están aprendiendo a manejar los acorazados, cruceros y torpederos con alta eficiencia en la flota y de escuadrón formaciones, y el nivel de puntería se está levantando constantemente. El mejor trabajo en tierra es indispensable, pero el más alto deber de un oficial de la marina es ejercer el mando en el mar.

El establecimiento de una base naval en Filipinas no debe ser postergada por más tiempo. Esa base es deseable en tiempos de paz; en tiempo de guerra, sería indispensable, y su falta sería ruinosa. Sin él nuestra flota sería impotente. Nuestros expertos navales están de acuerdo en que Subig Bay es el lugar adecuado para el propósito. Los intereses nacionales requieren que el trabajo de fortalecimiento y desarrollo de una estación naval en Subig Bay se inició en una fecha próxima; para en las mejores condiciones, es una obra que va a consumir mucho tiempo.

Es eminentemente deseable, sin embargo, que debería proporcionarse un estado mayor naval en líneas similares a las del Estado Mayor últimamente creado para el ejército. Dentro de la propia Secretaría de Marina las necesidades del servicio han dado lugar a un sistema en el que se realizan parcialmente los derechos de un estado mayor; para la oficina de la navegación tiene bajo su dirección la Escuela Superior de Guerra, la Oficina de Inteligencia Naval, y la Junta de Inspección, y ha estado en estrecho contacto con el Consejo General de la Armada. Pero aunque bajo los excelentes funcionarios a la cabeza, estas juntas y agencias hacen un buen trabajo, que no tienen la autoridad de un Estado Mayor General, y no tienen el alcance suficiente para asegurar una preparación adecuada para emergencias. Necesitamos el establecimiento por ley de un cuerpo de oficiales entrenados, que ejercerá un control sistemático de los asuntos militares de la Armada, y ser asesores autorizados del Secretario en relación con ella.

Por el acto de 28 de junio de 1902, el Congreso autorizó al Presidente a celebrar tratado con Colombia para la construcción del canal a través del Istmo de Panamá; estando previsto que en caso de que no se garantice dicho tratado después del transcurso de un plazo razonable, resulta conveniente recurrir a la construcción de un canal a través de Nicaragua. No ha sido necesario tener en cuenta esta alternativa, ya que estoy capacitado para exponer ante el Senado un tratado que prevea la construcción del canal a través del Istmo de Panamá. Esta fue la ruta que elogió al juicio deliberado del Congreso, y ahora podemos adquirir por tratado el derecho de construir el canal por esta ruta. La pregunta ahora, por lo tanto, no es por qué ruta se construyó el canal a través del istmo, para esa pregunta se ha decidido definitivamente e irrevocablemente. La pregunta es simplemente si o no vamos a tener un canal ístmico.

Cuando el Congreso ordenó que debemos tomar la ruta Panamá bajo los tratados con Colombia, la esencia de la condición, por supuesto, no se refiere al Gobierno, que controla esa ruta, pero a la ruta en sí; al territorio a través del cual la ruta yacía, no al nombre que por el momento el territorio llevaba en el mapa. El propósito de la ley era para autorizar al Presidente a hacer un tratado con el poder en el control real del Istmo de Panamá. Este objetivo se ha cumplido.

En el año 1846 este Gobierno firmó un tratado con Nueva Granada, el predecesor en el Istmo de la República de Colombia y de la actual República de Panamá, por el cual los tratados que se dispuso que el Gobierno y los ciudadanos de los Estados Unidos deben tener siempre derecho libre y abierto de vía o tránsito a través del Istmo de Panamá por cualesquiera medios de comunicación que pueden ser construidas, mientras que a su vez nuestro Gobierno garantiza la perfecta neutralidad del istmo antes mencionado con la opinión de que el libre tránsito de la una a la otro mar no puede ser interrumpido o avergonzado. El tratado reside en los Estados Unidos un derecho de propiedad sustancial labrado de los derechos de soberanía y propiedad que la Nueva Granada entonces tenía y poseía sobre el respectivo territorio. El nombre de la Nueva Granada ha fallecido y su territorio se ha dividido. Su sucesor, el Gobierno de Colombia, ha dejado de poseer ninguna propiedad en el Istmo. Una nueva República, la de Panamá, que fue en un tiempo un estado soberano, y en otro momento un mero departamento de las confederaciones sucesivas conocidas como Nueva Granada y Colombia, se ha logrado en los derechos que primero uno y luego el otro anteriormente ejercido sobre el istmo. Pero mientras perdura el Istmo, el simple hecho geográfico de su existencia, y el interés peculiar en él, que es requerido por nuestra posición, perpetúan el contrato solemne que se une a los titulares del territorio a respetar nuestro derecho a la libertad de tránsito a través de ella, y nos une a cambio de salvaguardar para el Istmo y el mundo el ejercicio de ese privilegio inestimable. La verdadera interpretación de las obligaciones en los que los Estados Unidos entraron en este tratado de 1846 se ha dado en varias ocasiones en las declaraciones de los Presidentes y Secretarios de Estado. Secretario Cuss en 1858 declaró oficialmente la posición de este Gobierno de la siguiente manera:

"La marcha de los acontecimientos ha hecho que la vía interoceánica a través de la porción estrecha de América Central muy importante para el mundo comercial, y especialmente a los Estados Unidos, cuyas posesiones se extienden a lo largo de las costas del Atlántico y del Pacífico, y la demanda de los modos más rápidos y más fáciles de comunicación . Mientras que los derechos de soberanía de los estados que ocupan esta zona deben ser respetados, vamos a esperar que estos derechos pueden ejercerse en un espíritu acorde con la ocasión y las necesidades y circunstancias que han surgido. soberanía tiene sus deberes, así como sus derechos, y ninguno de estos gobiernos locales, incluso si se administra con más respecto a las justas demandas de otras naciones que lo han sido, se permitiría, en un espíritu de aislamiento del Este, para cerrar las puertas de las relaciones sexuales en los grandes caminos del mundo, y justificar el acto por la pretensión de que estas vías de comercio y los viajes pertenecen a ellos y que ellos eligen cerrarlos, o, lo que es casi equivalente, para gravarlos con esas relaciones injustas que impediría su uso general ".

Siete años más tarde, en 1865, el Sr. Seward en diferentes comunicaciones tomó la siguiente posición:

"Los Estados Unidos han tomado y tomará ningún interés en cualquier cuestión de la revolución interna en el Estado de Panamá, o de cualquier estado de los Estados Unidos de Colombia, pero mantendrá una perfecta neutralidad con respecto a tales altercados domésticos. Los Estados Unidos , sin embargo, se tenían listos para proteger el comercio de tránsito a través del Istmo contra la invasión de cualquiera de los perturbadores nacionales o extranjeros de la paz del Estado de Panamá. ni el texto ni el espíritu de lo estipulado en ese artículo por el cual los Estados Unidos se compromete a preservar la neutralidad del istmo de Panamá, impone una obligación a este Gobierno para cumplir con la solicitud del Presidente de los Estados Unidos de Colombia para una fuerza para proteger el istmo de Panamá de un cuerpo de insurgentes de ese país. el objetivo de la estipulación era garantizar el Istmo contra ataque o invasión por sólo una potencia extranjera ".

Fiscal General de velocidad, con fecha de 7 de noviembre de 1865, informó el secretario Seward de la siguiente manera:

"A partir de este tratado, no puede suponerse que la Nueva Granada invitó a los Estados Unidos para convertirse en una fiesta para los problemas intestinales de ese Gobierno, ni los Estados Unidos quedará obligado a tomar partido en las disensiones internas de la Nueva Granada. Los Estados Unidos hizo garantizar la Nueva Granada en la soberanía y propiedad sobre el territorio. Esto fue como contra otros y los gobiernos extranjeros. "

Durante cuatrocientos años, desde que poco después del descubrimiento de este hemisferio, el canal a través del istmo ha sido planeado. Durante dos años de puntuación que se ha trabajado en. Cuando se hace es para durar las edades. Es para alterar la geografía de un continente y de las rutas comerciales del mundo. Hemos demostrado por todos los tratados que hemos negociado o tratado de negociar con los pueblos en el control del Istmo y con las naciones extranjeras en referencia a la misma nuestra buena fe consistente en la observación de nuestras obligaciones; por una parte, a los pueblos del Istmo, y por otro lado al mundo civilizado cuyos derechos comerciales estamos salvaguardando y garantizando por nuestra acción. Hemos hecho nuestro deber hacia los demás en la letra como en el espíritu, y hemos demostrado la mayor tolerancia al exigir nuestros derechos.

La primavera pasada, en el marco del acto anteriormente mencionada, un tratado celebrado entre los representantes de la República de Colombia y de nuestro Gobierno fue ratificado por el Senado. Este tratado fue suscrito en la solicitud urgente de los pueblos de Colombia y después de un grupo de expertos designados por el Gobierno, especialmente a entrar en la cuestión de las rutas a través del Istmo había pronunciado unánimemente a favor de la ruta de Panamá. En la elaboración de este tratado se hizo todas las concesiones al pueblo y al Gobierno de Colombia. Estábamos más que en el trato con ellos. Nuestra generosidad era tal como para hacer una pregunta seria si no hubiéramos ido demasiado lejos en su interés a expensas de nuestro propio; en nuestro deseo escrupuloso a pagar todos los posibles atención, no sólo a lo real, sino incluso a los derechos imaginarios de nuestro vecino más débil, que ya debía tanto para nuestra protección y la paciencia, cedimos en todas las formas posibles a sus deseos en la elaboración de el tratado. Sin embargo, el Gobierno de Colombia no sólo repudió el tratado, pero repudió en la forma que para que sea evidente en el momento en el Congreso de Colombia aplazó que no la esperanza más escasa se ​​mantuvo siempre de conseguir un tratado satisfactorio de ellos. El Gobierno de Colombia hizo el tratado, y sin embargo, cuando el Congreso de Colombia fue llamado a ratificarlo el voto en contra de la ratificación fue unánime. No parece que el Gobierno hizo ningún esfuerzo real para asegurar la ratificación.

Inmediatamente después de la clausura del Congreso estalló una revolución en Panamá. El pueblo de Panamá llevaban mucho tiempo descontentos con la República de Colombia, y se les había mantenido en silencio sólo por la perspectiva de la celebración del tratado, que era para ellos una cuestión de interés vital. Cuando se hizo evidente que el tratado se perdió sin remedio, la gente de Panamá crecieron literalmente como un solo hombre. No se disparó un tiro por un solo hombre en el Istmo en el interés del Gobierno colombiano. No es una vida se pierde en la realización de la revolución. Las tropas colombianas estacionadas en el Istmo, que había sido durante mucho tiempo no remunerado, hicieron causa común con el pueblo de Panamá, y con pasmosa unanimidad la nueva República se inició. El deber de los Estados Unidos en los locales era claro. En estricta conformidad con los principios establecidos por los Secretarios Cass y Seward en los documentos oficiales antes citado, los Estados Unidos notificó que iba a permitir el desembarco de ninguna fuerza expedicionaria, la llegada de lo que significaría el caos y la destrucción a lo largo de la línea de la ferrocarril y del Canal propuesto, y una interrupción del tránsito como una consecuencia inevitable. El Gobierno de facto de Panamá fue reconocido en el siguiente telegrama al Sr. Ehrman:

"El pueblo de Panamá han, por el movimiento aparentemente unánime, disuelto su vínculo político con la República de Colombia y reanudó su independencia. Cuando esté satisfecho de que un gobierno de facto, la forma republicana y sin oposición sustancial de su propio pueblo, ha sido establecido en el Estado de Panamá, se entra en relaciones con él, ya que el gobierno responsable del territorio y buscar a él para el debido medidas para proteger a las personas y propiedades de ciudadanos de los Estados Unidos y para mantener abierto el tránsito ístmico, en conformidad con las obligaciones de los tratados vigentes que rigen las relaciones de los Estados Unidos a ese territorio ".

El Gobierno de Colombia haya sido notificado de nuestra acción por el siguiente telegrama al Sr. Beaupré:

"El pueblo de Panamá que tiene, por un movimiento aparentemente unánime, disuelto su vínculo político con la República de Colombia y reanudó su independencia, y habiendo adoptado un Gobierno propio, la forma republicana, con la que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha entrado en las relaciones, el Presidente de los Estados Unidos, de acuerdo con los lazos de amistad que tienen tanto tiempo y tan felizmente existido entre las respectivas naciones, con todo fervor recomienda a los Gobiernos de Colombia y de Panamá la solución pacífica y equitativa de todos cuestiones pendientes entre ellos. sostiene que él está obligado no sólo por las obligaciones del tratado, sino por los intereses de la civilización, para ver que el tráfico pacífico del mundo a través del Istmo de Panamá no será ya perturbado por una sucesión constante de innecesaria y las guerras civiles de despilfarro ".

Cuando estos hechos ocurrieron, habían transcurrido cincuenta y siete años desde que Estados Unidos había entrado en su tratado con la Nueva Granada. Durante ese tiempo los gobiernos de la Nueva Granada y de su sucesor, Colombia, han estado en un constante estado de flujo. La siguiente es una lista parcial de las perturbaciones en el Istmo de Panamá durante el período en cuestión según lo informado por nuestros cónsules. No es posible dar una lista completa, y algunos de los informes que hablan de "revoluciones" debe significar revoluciones fracasadas. 22 de mayo 1850 .-- Brote; dos estadounidenses muertos. Buque Guerra exigió para sofocar brote. Octubre de 1850 .-- parcela Revolucionario para lograr la independencia del Istmo. 22 de julio 1851 .-- Revolución en cuatro provincias del sur. 14 de noviembre 1851 .-- Outbreak en Chagres. El hombre de guerra pidió para Chagres. 27 de junio 1853 .-- Insurrección en Bogotá, y la consiguiente perturbación en Istmo. Buque Guerra exigió. 23 de mayo 1854 - La inestabilidad política; buque de guerra pidió. 28 de junio 1854 .-- revolución intentada. 24 de octubre 1854 .-- Independencia del Istmo exigió por la legislatura provincial. De abril de 1856 .-- Riot, y la masacre de los estadounidenses. 04 de mayo 1856 .-- Riot. 18 de mayo 1856 .-- Riot. 03 de junio 1856 .-- Riot. 02 de octubre 1856 .-- conflicto entre dos partes nativas. Las fuerzas de Estados Unidos aterrizaron. 18 de diciembre 1858 .-- secesión de Panamá Intento. De abril de 1859 .-- Riots. De septiembre de 1860 .-- Outbreak. 04 de octubre 1860 .-- desembarco de las fuerzas estadounidenses en consecuencia. 23 de mayo 1861 .-- intervención de las fuerzas de Estados Unidos exige intendente. 02 de octubre 1861 .-- insurrección y la guerra civil. 04 de abril 1862 .-- Medidas para prevenir los rebeldes que cruzan Istmo. 13 de junio 1862 .-- tropas de Mosquera se negó la entrada a Panamá. Marzo, 1865 .-- revolución, y de Estados Unidos desembarcaron tropas. De agosto de 1865 .-- Riots; intento fallido de invadir Panamá. De marzo de 1866 .-- revolución fracasada. De abril de 1867 .-- intento de derrocar Gobierno. De agosto de 1867 .-- intento de revolución. 05 de julio 1868 .-- Revolución; gobierno provisional inaugurada. 29 de agosto 1868 .-- Revolución; gobierno provisional derrocado. De abril de 1871 .-- Revolución; seguida al parecer por la contra-revolución. De abril de 1873 .-- revolución y la guerra civil que se prolongó hasta octubre de 1875 agosto de 1876 .-- guerra civil que duró hasta abril de 1877 julio de 1878 .-- Rebelión. De diciembre de 1878 .-- Revuelta. De abril de 1879 .-- Revolución. De junio de 1879 .-- Revolución. De marzo de 1883 .-- Riot. De mayo de 1883 .-- Riot. De junio de 1884 .-- intento revolucionario. De diciembre de 1884 .-- intento revolucionario. Enero de 1885 .-- disturbios revolucionarios. De marzo de 1885 .-- Revolución. De abril de 1887 .-- Perturbación en Ferrocarril de Panamá. De noviembre de 1887 .-- perturbación en la línea del canal. De enero de 1889 .-- Riot. De enero de 1895 .-- Revolución que duró hasta abril. De marzo de 1895 .-- intento incendiaria. De octubre de 1899 .-- Revolución. De febrero de 1900, a julio de 1900 .-- Revolución. De enero de 1901 - Revolución. De julio de 1901 disturbios .-- Revolucionarias. De septiembre de 1901 .-- Ciudad de Colón tomada por los rebeldes. De marzo de 1902 .-- disturbios revolucionarios. De julio de 1902 .-- Revolución. Lo anterior es sólo una lista parcial de las revoluciones, rebeliones, insurrecciones, motines, y otros brotes que se han producido durante el período en cuestión; sin embargo, el número 53 de los 57 años. Cabe señalar que uno de ellos se prolongó durante casi tres años antes de ser sofocada; otra por casi un año. En resumen, la experiencia de más de medio siglo ha demostrado Colombia para ser completamente incapaz de mantener el orden en el Istmo. Sólo la intervención activa de los Estados Unidos le ha permitido preservar tanto como una apariencia de soberanía. Si no hubiera sido por el ejercicio por los Estados Unidos del poder de policía en su interés, su relación con el Istmo se habría escindido hace mucho tiempo. En 1856, en 1860, en 1873, en 1885, en 1901, y nuevamente en 1902, marineros e infantes de marina de los barcos de guerra de los Estados Unidos se vieron obligados a aterrizar con el fin de patrullar el Istmo, para proteger la vida y la propiedad, y al ver que la el tránsito a través del Istmo se mantuvo abierta. En 1861, en 1862, en 1885, y en 1900, el Gobierno de Colombia pidió que el Gobierno de los Estados Unidos aterrizaría tropas para proteger sus intereses y mantener el orden en el Istmo. Tal vez la petición más extraordinaria es la que acaba de ser recibido y que se ejecuta como sigue:

"Sabiendo que la revolución ya ha comenzado en Panamá [un colombiano eminentes] dice que si el Gobierno de los Estados Unidos aterrizará tropas para preservar la soberanía de Colombia, así como el tránsito, si se solicita por el encargado de negocios de Colombia, este Gobierno va a declarar la ley marcial , y, en virtud de la autoridad constitucional adquirido, cuando altere el orden público, aprobará por decreto de ratificación del tratado del canal que firmó, o bien, si el Gobierno de los Estados Unidos prefiere, llamará adicional sesión del Congreso - con el nuevo y los miembros de amistad - mayo próximo para aprobar el tratado [Un eminente colombiano] tiene la confianza perfecta de vice-presidente, él dice, y si se hizo necesario irá hasta el istmo o enviar representantes hay que ajustar cuestiones a lo largo de las líneas anteriores a. la satisfacción de la gente de allí ".

Esta expedición es notable a partir de dos puntos de vista. Su oferta de garantizar inmediatamente el tratado a nosotros está en agudo contraste con la negativa positiva y desdeñosa del Congreso que acaba de cerrar sus sesiones a que considere favorablemente dicho tratado; se nota que el Gobierno lo que hizo que el tratado tenía realmente el control absoluto de la situación, pero no eligió para ejercer este control. Los despacho pide además a nosotros para restaurar el orden y asegurar la supremacía de Colombia en el Istmo de la que el Gobierno colombiano tiene sólo por su acción decidió con nosotros Barra al impedir la construcción del canal.

El control, en el interés del comercio y tráfico de todo el mundo civilizado, de los medios de transporte sin ser molestados a través del Istmo de Panamá ha sido de importancia trascendente para los Estados Unidos. Hemos ejercido repetidamente este control mediante la intervención en el curso de la disensión interna, y protegiendo el territorio de la invasión extranjera. En 1853 el Sr. Everett aseguró el ministro peruano de que no debemos dudar en mantener la neutralidad del Istmo en el caso de guerra entre Perú y Colombia. En 1864 Colombia, que ha sido siempre atentos a valerse de sus privilegios conferidos por el tratado, expresó su esperanza de que en caso de guerra entre Perú y España los Estados Unidos llevaría a efecto la garantía de la neutralidad. Ha habido pocas administraciones del Departamento de Estado en el que este tratado no tiene, ya sea por un lado o el otro, ha utilizado como base de las demandas más o menos importantes. Fue dicho por Mr. Fish en 1871 que el Departamento de Estado tenía motivos para creer que un ataque a la soberanía de Colombia en el Istmo tuvo, en varias ocasiones, ha evitado advirtiendo de este Gobierno. En 1886, cuando Colombia estaba bajo la amenaza de las hostilidades de Italia en el caso Cerruti, señor Bayard expresó la grave preocupación de que Estados Unidos no podía sino sentir, que una potencia europea debe recurrir a la fuerza contra un país hermano de este hemisferio, en cuanto al uso soberano e ininterrumpida de una parte de cuyo territorio somos garantes conforme a la fe solemne de un tratado.

El recital de arriba de los hechos establece fuera de toda duda: En primer lugar, que los Estados Unidos tiene más de medio siglo con paciencia y buena fe llevado a cabo sus obligaciones en virtud del tratado de 1846; segundo, que cuando por primera vez se hizo posible para que Colombia haga nada en retribución de los servicios prestados así repetidamente a ella para cincuenta y siete años por los Estados Unidos, el Gobierno de Colombia perentoriamente y ofensivamente se negó así a hacer su parte, incluso aunque para ello hubiera sido a su favor y una inmensidad a la ventaja de que el Estado de Panamá, en ese momento bajo su jurisdicción; tercero, que a lo largo de este período revoluciones, revueltas y disturbios entre facciones de todo tipo han ocurrido uno tras otro en la sucesión casi ininterrumpida, algunos de ellos que dura durante meses e incluso durante años, mientras que el gobierno central no fue capaz de ponerlos hacia abajo o hacia hacer la paz con los rebeldes; en cuarto lugar, que estas perturbaciones en lugar de mostrar ningún signo de disminuir han tendido a crecer más numerosos y más graves en el pasado inmediato; quinto, que el control de Colombia sobre el Istmo de Panamá no podía mantenerse sin la intervención armada y la asistencia de los Estados Unidos. En otras palabras, el Gobierno de Colombia, aunque totalmente incapaz de mantener el orden en el Istmo, sin embargo, se ha negado a ratificar un tratado a la conclusión de que se abrió la única oportunidad de asegurar su propia estabilidad y garantizar la paz permanente en, y la construcción de un canal a través, el Istmo.

Bajo tales circunstancias, el Gobierno de los Estados Unidos hubiera sido culpable de insensatez y debilidad, que asciende en su suma a un crimen contra la Nación, si éste hubiera procedido de otra manera que lo hizo cuando la revolución de 3 de noviembre tuvo lugar el pasado en Panamá. Esta gran empresa de construir el canal interoceánico no se vea entorpecida por satisfacer los caprichos, o por respeto a la impotencia del gobierno, o las peculiaridades políticas incluso más siniestro y del mal, de las personas que, a pesar de que viven lejos, sin embargo, contra la voluntad de los habitantes de reales en el Istmo, afirmar una supremacía irreal sobre el territorio. La posesión de un territorio plagado de tales capacidades peculiares como el Istmo en cuestión lleva consigo obligaciones a la humanidad. El curso de los acontecimientos ha demostrado que este conducto no puede ser construido por la empresa privada, o por cualquier otra nación que la nuestra; por lo que debe ser construido por los Estados Unidos.

Cada esfuerzo se ha hecho por el Gobierno de los Estados Unidos para persuadir a Colombia a seguir un curso que era esencialmente no sólo a nuestros intereses y para los intereses del mundo, sino a los intereses de la propia Colombia. Estos esfuerzos han fracasado; y Colombia, por su persistencia en rechazar los avances que se han hecho, nos ha obligado, por el bien de nuestro propio honor, y de los intereses y el bienestar, no sólo de nuestra propia gente, sino de los pueblos del Istmo de Panamá y la gente de los países civilizados del mundo, a tomar medidas decisivas para poner fin a un estado de cosas que se habían vuelto intolerables. La nueva República de Panamá se ofreció inmediatamente a negociar un tratado con nosotros. Este tratado Por la presente someto. Por que nuestros intereses están mejor salvaguardados que en el tratado con Colombia, que fue ratificado por el Senado en su última reunión. Es mejor en sus términos que los tratados que nos ofrece las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica. Por fin, el derecho a iniciar esta gran empresa se ​​pone a disposición. Panamá ha hecho su parte. Todo lo que queda es para el Congreso de Estados Unidos debe hacer su parte, y en el acto esta República entrará en la ejecución de un proyecto colosal en su tamaño y de posibilidades incalculables poco menos que por el bien de este país y las naciones de la humanidad.

Por las disposiciones del tratado los Estados Unidos garantizan y mantendrán la independencia de la República de Panamá. No se concede a los Estados Unidos a perpetuidad el uso, ocupación y control de una franja de diez kilómetros de ancho y se extiende tres millas náuticas en el mar en cualquier terminal, con todas las tierras situadas fuera de la zona necesaria para la construcción del canal o por sus obras auxiliares, y con las islas de la Bahía de Panamá. Las ciudades de Panamá y Colón no se abrazaron en la zona del canal, pero Estados Unidos no asume su saneamiento y, en caso de necesidad, el mantenimiento del orden en el mismo; Estados Unidos goza dentro de los límites concedidos todos los derechos, poderes y autoridad que poseería eran que el soberano del territorio, con exclusión del ejercicio de los derechos soberanos de la República. Todos los ferrocarriles y los canales derechos de propiedad pertenecen a Panamá y necesarios para el paso del canal a los Estados Unidos, incluyendo cualquier propiedad de las respectivas empresas en las ciudades de Panamá y Colón; las obras, los inmuebles y el personal de la canal y los ferrocarriles están exentos del pago de impuestos, así como en las ciudades de Panamá y Colón como en la zona del canal y sus dependencias. Se concedió la inmigración libre del personal y de la importación de insumos para la construcción y operación del canal. Se ha previsto el uso de la fuerza militar y la construcción de fortificaciones por los Estados Unidos para la protección del tránsito. En otros detalles, en particular en cuanto a la adquisición de los intereses de la Compañía Nueva del Canal de Panamá y el ferrocarril de Panamá por los Estados Unidos y la condenación de la propiedad privada para los usos de la canal, las estipulaciones del tratado Hay-Herrán son seguidos de cerca , mientras que la indemnización que ha de darse a estas ayudas ampliado sigue siendo la misma, siendo diez millones de dólares a pagar en el intercambio de las ratificaciones; y, comenzando en nueve años de esa fecha, un pago anual de 250.000 dólares durante la vida de la convención.

Original

To the Senate and House of Representatives:

The country is to be congratulated on the amount of substantial achievement which has marked the past year both as regards our foreign and as regards our domestic policy.

With a nation as with a man the most important things are those of the household, and therefore the country is especially to be congratulated on what has been accomplished in the direction of providing for the exercise of supervision over the great corporations and combinations of corporations engaged in interstate commerce. The Congress has created the Department of Commerce and Labor, including the Bureau of Corporations, with for the first time authority to secure proper publicity of such proceedings of these great corporations as the public has the right to know. It has provided for the expediting of suits for the enforcement of the Federal anti-trust law; and by another law it has secured equal treatment to all producers in the transportation of their goods, thus taking a long stride forward in making effective the work of the Interstate Commerce Commission.

The establishment of the Department of Commerce and Labor, with the Bureau of Corporations thereunder, marks a real advance in the direction of doing all that is possible for the solution of the questions vitally affecting capitalists and wage-workers. The act creating Department was approved on February 14, 1903, and two days later the head of the Department was nominated and confirmed by the Senate. Since then the work of organization has been pushed as rapidly as the initial appropriations permitted, and with due regard to thoroughness and the broad purposes which the Department is designed to serve. After the transfer of the various bureaus and branches to the Department at the beginning of the current fiscal year, as provided for in the act, the personnel comprised 1,289 employees in Washington and 8,836 in the country at large. The scope of the Department's duty and authority embraces the commercial and industrial interests of the Nation. It is not designed to restrict or control the fullest liberty of legitimate business action, but to secure exact and authentic information which will aid the Executive in enforcing existing laws, and which will enable the Congress to enact additional legislation, if any should be found necessary, in order to prevent the few from obtaining privileges at the expense of diminished opportunities for the many.

The preliminary work of the Bureau of Corporations in the Department has shown the wisdom of its creation. Publicity in corporate affairs will tend to do away with ignorance, and will afford facts upon which intelligent action may be taken. Systematic, intelligent investigation is already developing facts the knowledge of which is essential to a right understanding of the needs and duties of the business world. The corporation which is honestly and fairly organized, whose managers in the conduct of its business recognize their obligation to deal squarely with their stockholders, their competitors, and the public, has nothing to fear from such supervision. The purpose of this Bureau is not to embarrass or assail legitimate business, but to aid in bringing about a better industrial condition--a condition under which there shall be obedience to law and recognition of public obligation by all corporations, great or small. The Department of Commerce and Labor will be not only the clearing house for information regarding the business transactions of the Nation, but the executive arm of the Government to aid in strengthening our domestic and foreign markets, in perfecting our transportation facilities, in building up our merchant marine, in preventing the entrance of undesirable immigrants, in improving commercial and industrial conditions, and in bringing together on common ground those necessary partners in industrial progress--capital and labor. Commerce between the nations is steadily growing in volume, and the tendency of the times is toward closer trade relations. Constant watchfulness is needed to secure to Americans the chance to participate to the best advantage in foreign trade; and we may confidently expect that the new Department will justify the expectation of its creators by the exercise of this watchfulness, as well as by the businesslike administration of such laws relating to our internal affairs as are intrusted to its care.

In enacting the laws above enumerated the Congress proceeded on sane and conservative lines. Nothing revolutionary was attempted; but a common-sense and successful effort was made in the direction of seeing that corporations are so handled as to subserve the public good. The legislation was moderate. It was characterized throughout by the idea that we were not attacking corporations, but endeavoring to provide for doing away with any evil in them; that we drew the line against misconduct, not against wealth; gladly recognizing the great good done by the capitalist who alone, or in conjunction with his fellows, does his work along proper and legitimate lines. The purpose of the legislation, which purpose will undoubtedly be fulfilled, was to favor such a man when he does well, and to supervise his action only to prevent him from doing ill. Publicity can do no harm to the honest corporation. The only corporation that has cause to dread it is the corporation which shrinks from the light, and about the welfare of such corporations we need not be oversensitive. The work of the Department of Commerce and Labor has been conditioned upon this theory, of securing fair treatment alike for labor and for capital.

The consistent policy of the National Government, so far as it has the power, is to hold in check the unscrupulous man, whether employer or employee; but to refuse to weaken individual initiative or to hamper or cramp the industrial development of the country. We recognize that this is an era of federation and combination, in which great capitalistic corporations and labor unions have become factors of tremendous importance in all industrial centers. Hearty recognition is given the far-reaching, beneficent work which has been accomplished through both corporations and unions, and the line as between different corporations, as between different unions, is drawn as it is between different individuals; that is, it is drawn on conduct, the effort being to treat both organized capital and organized labor alike; asking nothing save that the interest of each shall be brought into harmony with the interest of the general public, and that the conduct of each shall conform to the fundamental rules of obedience to law, of individual freedom, and of justice and fair dealing towards all. Whenever either corporation, labor union, or individual disregards the law or acts in a spirit of arbitrary and tyrannous interference with the rights of others, whether corporations or individuals, then where the Federal Government has jurisdiction, it will see to it that the misconduct is stopped, paying not the slightest heed to the position or power of the corporation, the union or the individual, but only to one vital fact--that is, the question whether or not the conduct of the individual or aggregate of individuals is in accordance with the law of the land. Every man must be guaranteed his liberty and his right to do as he likes with his property or his labor, so long as he does not infringe the rights of others. No man is above the law and no man is below it; nor do we ask any man's permission when we require him to obey it. Obedience to the law is demanded as a right; not asked as a favor.

We have cause as a nation to be thankful for the steps that have been so successfully taken to put these principles into effect. The progress has been by evolution, not by revolution. Nothing radical has been done; the action has been both moderate and resolute. Therefore the work will stand. There shall be no backward step. If in the working of the laws it proves desirable that they shall at any point be expanded or amplified, the amendment can be made as its desirability is shown. Meanwhile they are being administered with judgment, but with insistence upon obedience to them, and their need has been emphasized in signal fashion by the events of the past year.

From all sources, exclusive of the postal service, the receipts of the Government for the last fiscal year aggregated $560,396,674. The expenditures for the same period were $506,099,007, the surplus for the fiscal year being $54,297,667. The indications are that the surplus for the present fiscal year will be very small, if indeed there be any surplus. From July to November the receipts from customs were, approximately, nine million dollars less than the receipts from the same source for a corresponding portion of last year. Should this decrease continue at the same ratio throughout the fiscal year, the surplus would be reduced by, approximately, thirty million dollars. Should the revenue from customs suffer much further decrease during the fiscal year, the surplus would vanish. A large surplus is certainly undesirable. Two years ago the war taxes were taken off with the express intention of equalizing the governmental receipts and expenditures, and though the first year thereafter still showed a surplus, it now seems likely that a substantial equality of revenue and expenditure will be attained. Such being the case it is of great moment both to exercise care and economy in appropriations, and to scan sharply any change in our fiscal revenue system which may reduce our income. The need of strict economy in our expenditures is emphasized by the fact that we can not afford to be parsimonious in providing for what is essential to our national well-being. Careful economy wherever possible will alone prevent our income from falling below the point required in order to meet our genuine needs.

The integrity of our currency is beyond question, and under present conditions it would be unwise and unnecessary to attempt a reconstruction of our entire monetary system. The same liberty should be granted the Secretary of the Treasury to deposit customs receipts as is granted him in the deposit of receipts from other sources. In my Message of December 2, 1902, I called attention to certain needs of the financial situation, and I again ask the consideration of the Congress for these questions.

During the last session of the Congress at the suggestion of a joint note from the Republic of Mexico and the Imperial Government of China, and in harmony with an act of the Congress appropriating $25,000 to pay the expenses thereof, a commission was appointed to confer with the principal European countries in the hope that some plan might be devised whereby a fixed rate of exchange could be assured between the gold-standard countries and the silver-standard countries. This commission has filed its preliminary report, which has been made public. I deem it important that the commission be continued, and that a sum of money be appropriated sufficient to pay the expenses of its further labors.

A majority of our people desire that steps be taken in the interests of American shipping, so that we may once more resume our former position in the ocean carrying trade. But hitherto the differences of opinion as to the proper method of reaching this end have been so wide that it has proved impossible to secure the adoption of any particular scheme. Having in view these facts, I recommend that the Congress direct the Secretary of the Navy, the Postmaster-General, and the Secretary of Commerce and Labor, associated with such a representation from the Senate and House of Representatives as the Congress in its wisdom may designate, to serve as a commission for the purpose of investigating and reporting to the Congress at its next session what legislation is desirable or necessary for the development of the American merchant marine and American commerce, and incidentally of a national ocean mail service of adequate auxiliary naval crusiers and naval reserves. While such a measure is desirable in any event, it is especially desirable at this time, in view of the fact that our present governmental contract for ocean mail with the American Line will expire in 1905. Our ocean mail act was passed in 1891. In 1895 our 20-knot transatlantic mail line was equal to any foreign line. Since then the Germans have put on 23-knot, steamers, and the British have contracted for 24-knot steamers. Our service should equal the best. If it does not, the commercial public will abandon it. If we are to stay in the business it ought to be with a full understanding of the advantages to the country on one hand, and on the other with exact knowledge of the cost and proper methods of carrying it on. Moreover, lines of cargo ships are of even more importance than fast mail lines; save so far as the latter can be depended upon to furnish swift auxiliary cruisers in time of war. The establishment of new lines of cargo ships to South America, to Asia, and elsewhere would be much in the interest of our commercial expansion.

We can not have too much immigration of the right kind, and we should have none at all of the wrong kind. The need is to devise some system by which undesirable immigrants shall be kept out entirely, while desirable immigrants are properly distributed throughout the country. At present some districts which need immigrants have none; and in others, where the population is already congested, immigrants come in such numbers as to depress the conditions of life for those already there. During the last two years the immigration service at New York has been greatly improved, and the corruption and inefficiency which formerly obtained there have been eradicated. This service has just been investigated by a committee of New York citizens of high standing, Messrs. Arthur V. Briesen, Lee K. Frankel, Eugene A. Philbin, Thomas W. Hynes, and Ralph Trautman. Their report deals with the whole situation at length, and concludes with certain recommendations for administrative and legislative action. It is now receiving the attention of the Secretary of Commerce and Labor.

The special investigation of the subject of naturalization under the direction of the Attorney-General, and the consequent prosecutions reveal a condition of affairs calling for the immediate attention of the Congress. Forgeries and perjuries of shameless and flagrant character have been perpetrated, not only in the dense centers of population, but throughout the country; and it is established beyond doubt that very many so-called citizens of the United States have no title whatever to that right, and are asserting and enjoying the benefits of the same through the grossest frauds. It is never to be forgotten that citizenship is, to quote the words recently used by the Supreme Court of the United States, an "inestimable heritage," whether it proceeds from birth within the country or is obtained by naturalization; and we poison the sources of our national character and strength at the fountain, if the privilege is claimed and exercised without right, and by means of fraud and corruption. The body politic can not be sound and healthy if many of its constituent members claim their standing through the prostitution of the high right and calling of citizenship. It should mean something to become a citizen of the United States; and in the process no loophole whatever should be left open to fraud.

The methods by which these frauds--now under full investigation with a view to meting out punishment and providing adequate remedies--are perpetrated, include many variations of procedure by which false certificates of citizenship are forged in their entirety; or genuine certificates fraudulently or collusively obtained in blank are filled in by the criminal conspirators; or certificates are obtained on fraudulent statements as to the time of arrival and residence in this country; or imposition and substitution of another party for the real petitioner occur in court; or certificates are made the subject of barter and sale and transferred from the rightful holder to those not entitled to them; or certificates are forged by erasure of the original names and the insertion of the names of other persons not entitled to the same.

It is not necessary for me to refer here at large to the causes leading to this state of affairs. The desire for naturalization is heartily to be commended where it springs from a sincere and permanent intention to become citizens, and a real appreciation of the privilege. But it is a source of untold evil and trouble where it is traceable to selfish and dishonest motives, such as the effort by artificial and improper means, in wholesale fashion to create voters who are ready-made tools of corrupt politicians, or the desire to evade certain labor laws creating discriminations against alien labor. All good citizens, whether naturalized or native born, are equally interested in protecting our citizenship against fraud in any form, and, on the other hand, in affording every facility for naturalization to those who in good faith desire to share alike our privileges and our responsibilities.

The Federal grand jury lately in session in New York City dealt with this subject and made a presentment which states the situation briefly and forcibly and contains important suggestions for the consideration of the Congress. This presentment is included as an appendix to the report of the Attorney-General.

In my last annual Message, in connection with the subject of the due regulation of combinations of capital which are or may become injurious to the public, I recommend a special appropriation for the better enforcement of the antitrust law as it now stands, to be extended under the direction of the Attorney-General. Accordingly (by the legislative, executive, and judicial appropriation act of February 25, 1903, 32 Stat., 854, 904), the Congress appropriated, for the purpose of enforcing the various Federal trust and interstate-commerce laws, the sum of five hundred thousand dollars, to be expended under the direction of the Attorney-General in the employment of special counsel and agents in the Department of Justice to conduct proceedings and prosecutions under said laws in the courts of the United States. I now recommend, as a matter of the utmost importance and urgency, the extension of the purposes of this appropriation, so that it may be available, under the direction of the Attorney-General, and until used, for the due enforcement of the laws of the United States in general and especially of the civil and criminal laws relating to public lands and the laws relating to postal crimes and offenses and the subject of naturalization. Recent investigations have shown a deplorable state of affairs in these three matters of vital concern. By various frauds and by forgeries and perjuries, thousands of acres of the public domain, embracing lands of different character and extending through various sections of the country, have been dishonestly acquired. It is hardly necessary to urge the importance of recovering these dishonest acquisitions, stolen from the people, and of promptly and duly punishing the offenders. I speak in another part of this Message of the widespread crimes by which the sacred right of citizenship is falsely asserted and that "inestimable heritage" perverted to base ends. By similar means--that is, through frauds, forgeries, and perjuries, and by shameless briberies--the laws relating to the proper conduct of the public service in general and to the due administration of the Post-Office Department have been notoriously violated, and many indictments have been found, and the consequent prosecutions are in course of hearing or on the eve thereof. For the reasons thus indicated, and so that the Government may be prepared to enforce promptly and with the greatest effect the due penalties for such violations of law, and to this end may be furnished with sufficient instrumentalities and competent legal assistance for the investigations and trials which will be necessary at many different points of the country, I urge upon the Congress the necessity of making the said appropriation available for immediate use for all such purposes, to be expended under the direction of the Attorney-General.

Steps have been taken by the State Department looking to the making of bribery an extraditable offense with foreign powers. The need of more effective treaties covering this crime is manifest. The exposures and prosecutions of official corruption in St. Louis, Mo., and other cities and States have resulted in a number of givers and takers of bribes becoming fugitives in foreign lands. Bribery has not been included in extradition treaties heretofore, as the necessity for it has not arisen. While there may have been as much official corruption in former years, there has been more developed and brought to light in the immediate past than in the preceding century of our country's history. It should be the policy of the United States to leave no place on earth where a corrupt man fleeing from this country can rest in peace. There is no reason why bribery should not be included in all treaties as extraditable. The recent amended treaty with Mexico, whereby this crime was put in the list of extraditable offenses, has established a salutary precedent in this regard. Under this treaty the State Department has asked, and Mexico has granted, the extradition of one of the St. Louis bribe givers.

There can be no crime more serious than bribery. Other offenses violate one law while corruption strikes at the foundation of all law. Under our form of Government all authority is vested in the people and by them delegated to those who represent them in official capacity. There can be no offense heavier than that of him in whom such a sacred trust has been reposed, who sells it for his own gain and enrichment; and no less heavy is the offense of the bribe giver. He is worse than the thief, for the thief robs the individual, while the corrupt official plunders an entire city or State. He is as wicked as the murderer, for the murderer may only take one life against the law, while the corrupt official and the man who corrupts the official alike aim at the assassination of the commonwealth itself. Government of the people, by the people, for the people will perish from the face of the earth if bribery is tolerated. The givers and takers of bribes stand on an evil pre-eminence of infamy. The exposure and punishment of public corruption is an honor to a nation, not a disgrace. The shame lies in toleration, not in correction. No city or State, still less the Nation, can be injured by the enforcement of law. As long as public plunderers when detected can find a haven of refuge in any foreign land and avoid punishment, just so long encouragement is given them to continue their practices. If we fail to do all that in us lies to stamp out corruption we can not escape our share of responsibility for the guilt. The first requisite of successful self-government is unflinching enforcement of the law and the cutting out of corruption.

For several years past the rapid development of Alaska and the establishment of growing American interests in regions theretofore unsurveyed and imperfectly known brought into prominence the urgent necessity of a practical demarcation of the boundaries between the jurisdictions of the United States and Great Britain. Although the treaty of 1825 between Great Britain and Russia, the provisions of which were copied in the treaty of 1867, whereby Russia conveyed Alaska to the United States, was positive as to the control, first by Russia and later by the United States, of a strip of territory along the continental mainland from the western shore of Portland Canal to Mount St. Elias, following and surrounding the indentations of the coast and including the islands to the westward, its description of the landward margin of the strip was indefinite, resting on the supposed existence of a continuous ridge or range of mountains skirting the coast, as figured in the charts of the early navigators. It had at no time been possible for either party in interest to lay down, under the authority of the treaty, a line so obviously exact according to its provisions as to command the assent of the other. For nearly three-fourths of a century the absence of tangible local interests demanding the exercise of positive jurisdiction on either side of the border left the question dormant. In 1878 questions of revenue administration on the Stikine River led to the establishment of a provisional demarcation, crossing the channel between two high peaks on either side about twenty-four miles above the river mouth. In 1899 similar questions growing out of the extraordinary development of mining interests in the region about the head of Lynn Canal brought about a temporary modus vivendi, by which a convenient separation was made at the watershed divides of the White and Chilkoot passes and to the north of Klukwan, on the Klehini River. These partial and tentative adjustments could not, in the very nature of things, be satisfactory or lasting. A permanent disposition of the matter became imperative.

After unavailing attempts to reach an understanding through a Joint High Commission, followed by prolonged negotiations, conducted in an amicable spirit, a convention between the United States and Great Britain was signed, January 24, 1903, providing for an examination of the subject by a mixed tribunal of six members, three on a side, with a view to its final disposition. Ratifications were exchanged on March 3 last, whereupon the two Governments appointed their respective members. Those on behalf of the United States were Elihu Root, Secretary of War, Henry Cabot Lodge, a Senator of the United States, and George Turner, an ex-Senator of the United States, while Great Britain named the Right Honourable Lord Alverstone, Lord Chief Justice of England, Sir Louis Amable Jette, K. C. M. G., retired judge of the Supreme Court of Quebec, and A. B. Aylesworth, K. C., of Toronto. This Tribunal met in London on September 3, under the Presidency of Lord Alverstone. The proceedings were expeditious, and marked by a friendly and conscientious spirit. The respective cases, counter cases, and arguments presented the issues clearly and fully. On the 20th of October a majority of the Tribunal reached and signed an agreement on all the questions submitted by the terms of the Convention. By this award the right of the United States to the control of a continuous strip or border of the mainland shore, skirting all the tide-water inlets and sinuosities of the coast, is confirmed; the entrance to Portland Canal (concerning which legitimate doubt appeared) is defined as passing by Tongass Inlet and to the northwestward of Wales and Pearse islands; a line is drawn from the head of Portland Canal to the fifty-sixth degree of north latitude; and the interior border line of the strip is fixed by lines connecting certain mountain summits lying between Portland Canal and Mount St. Elias, and running along the crest of the divide separating the coast slope from the inland watershed at the only part of the frontier where the drainage ridge approaches the coast within the distance of ten marine leagues stipulated by the treaty as the extreme width of the strip around the heads of Lynn Canal and its branches.

While the line so traced follows the provisional demarcation of 1878 at the crossing of the Stikine River, and that of 1899 at the summits of the White and Chilkoot passes, it runs much farther inland from the Klehini than the temporary line of the later modus vivendi, and leaves the entire mining district of the Porcupine River and Glacier Creek within the jurisdiction of the United States.

The result is satisfactory in every way. It is of great material advantage to our people in the Far Northwest. It has removed from the field of discussion and possible danger a question liable to become more acutely accentuated with each passing year. Finally, it has furnished a signal proof of the fairness and good will with which two friendly nations can approach and determine issues involving national sovereignty and by their nature incapable of submission to a third power for adjudication.

The award is self-executing on the vital points. To make it effective as regards the others it only remains for the two Governments to appoint, each on its own behalf, one or more scientific experts, who shall, with all convenient speed, proceed together to lay down the boundary line in accordance with the decision of the majority of the Tribunal. I recommend that the Congress make adequate provision for the appointment, compensation, and expenses of the members to serve on this joint boundary commission on the part of the United States.

It will be remembered that during the second session of the last Congress Great Britain, Germany, and Italy formed an alliance for the purpose of blockading the ports of Venezuela and using such other means of pressure as would secure a settlement of claims due, as they alleged, to certain of their subjects. Their employment of force for the collection of these claims was terminated by an agreement brought about through the offices of the diplomatic representatives of the United States at Caracas and the Government at Washington, thereby ending a situation which was bound to cause increasing friction, and which jeoparded the peace of the continent. Under this agreement Venezuela agreed to set apart a certain percentage of the customs receipts of two of her ports to be applied to the payment of whatever obligations might be ascertained by mixed commissions appointed for that purpose to be due from her, not only to the three powers already mentioned, whose proceedings against her had resulted in a state of war, but also to the United States, France, Spain, Belgium, the Netherland Sweden and Norway, and Mexico, who had not employed force for the collection of the claims alleged to be due to certain of their citizens.

A demand was then made by the so-called blockading powers that the sums ascertained to be due to their citizens by such mixed commissions should be accorded payment in full before anything was paid upon the claims of any of the so-called peace powers. Venezuela, on the other hand, insisted that all her creditors should be paid upon a basis of exact equality. During the efforts to adjust this dispute it was suggested by the powers in interest that it should be referred to me for decision, but I was clearly of the opinion that a far wiser course would be to submit the question to the Permanent Court of Arbitration at The Hague. It seemed to me to offer an admirable opportunity to advance the practice of the peaceful settlement of disputes between nations and to secure for the Hague Tribunal a memorable increase of its practical importance. The nations interested in the controversy were so numerous and in many instances so powerful as to make it evident that beneficent results would follow from their appearance at the same time before the bar of that august tribunal of peace.

Our hopes in that regard have been realized. Russia and Austria are represented in the persons of the learned and distinguished jurists who compose the Tribunal, while Great Britain, Germany, France, Spain, Italy, Belgium, the Netherlands, Sweden and Norway, Mexico, the United States, and Venezuela are represented by their respective agents and counsel. Such an imposing concourse of nations presenting their arguments to and invoking the decision of that high court of international justice and international peace can hardly fail to secure a like submission of many future controversies. The nations now appearing there will find it far easier to appear there a second time, while no nation can imagine its just pride will be lessened by following the example now presented. This triumph of the principle of international arbitration is a subject of warm congratulation and offers a happy augury for the peace of the world.

There seems good ground for the belief that there has been a real growth among the civilized nations of a sentiment which will permit a gradual substitution of other methods than the method of war in the settlement of disputes. It is not pretended that as yet we are near a position in which it will be possible wholly to prevent war, or that a just regard for national interest and honor will in all cases permit of the settlement of international disputes by arbitration; but by a mixture of prudence and firmness with wisdom we think it is possible to do away with much of the provocation and excuse for war, and at least in many cases to substitute some other and more rational method for the settlement of disputes. The Hague Court offers so good an example of what can be done in the direction of such settlement that it should be encouraged in every way.

Further steps should be taken. In President McKinley's annual Message of December 5, 1898, he made the following recommendation:

"The experiences of the last year bring forcibly home to us a sense of the burdens and the waste of war. We desire in common with most civilized nations, to reduce to the lowest possible point the damage sustained in time of war by peaceable trade and commerce. It is true we may suffer in such cases less than other communities, but all nations are damaged more or less by the state of uneasiness and apprehension into which an outbreak of hostilities throws the entire commercial world. It should be our object, therefore, to minimize, so far as practicable, this inevitable loss and disturbance. This purpose can probably best be accomplished by an international agreement to regard all private property at sea as exempt from capture or destruction by the forces of belligerent powers. The United States Government has for many years advocated this humane and beneficent principle, and is now in a position to recommend it to other powers without the imputation of selfish motives. I therefore suggest for your consideration that the Executive be authorized to correspond with the governments of the principal maritime powers with a view of incorporating into the permanent law of civilized nations the principle of the exemption of all private property at sea, not contraband of war, from capture or destruction by belligerent powers."

I cordially renew this recommendation.

The Supreme Court, speaking on December 11. 1899, through Peckham, J., said:

"It is, we think, historically accurate to say that this Government has always been, in its views, among the most advanced of the governments of the world in favor of mitigating, as to all non-combatants, the hardships and horrors of war. To accomplish that object it has always advocated those rules which would in most cases do away with the right to capture the private property of an enemy on the high seas."

I advocate this as a matter of humanity and morals. It is anachronistic when private property is respected on land that it should not be respected at sea. Moreover, it should be borne in mind that shipping represents, internationally speaking, a much more generalized species of private property than is the case with ordinary property on land--that is, property found at sea is much less apt than is the case with property found on land really to belong to any one nation. Under the modern system of corporate ownership the flag of a vessel often differs from the flag which would mark the nationality of the real ownership and money control of the vessel; and the cargo may belong to individuals of yet a different nationality. Much American capital is now invested in foreign ships; and among foreign nations it often happens that the capital of one is largely invested in the shipping of another. Furthermore, as a practical matter, it may be mentioned that while commerce destroying may cause serious loss and great annoyance, it can never be more than a subsidiary factor in bringing to terms a resolute foe. This is now well recognized by all of our naval experts. The fighting ship, not the commerce destroyer, is the vessel whose feats add renown to a nation's history, and establish her place among the great powers of the world.

Last year the Interparliamentary Union for International Arbitration met at Vienna, six hundred members of the different legislatures of civilized countries attending. It was provided that the next meeting should be in 1904 at St. Louis, subject to our Congress extending an invitation. Like the Hague Tribunal, this Interparliamentary Union is one of the forces tending towards peace among the nations of the earth, and it is entitled to our support. I trust the invitation can be extended.

Early in July, having received intelligence, which happily turned out to be erroneous, of the assassination of our vice-consul at Beirut, I dispatched a small squadron to that port for such service as might be found necessary on arrival. Although the attempt on the life of our vice-consul had not been successful, yet the outrage was symptomatic of a state of excitement and disorder which demanded immediate attention. The arrival of the vessels had the happiest result. A feeling of security at once took the place of the former alarm and disquiet; our officers were cordially welcomed by the consular body and the leading merchants, and ordinary business resumed its activity. The Government of the Sultan gave a considerate hearing to the representations of our minister; the official who was regarded as responsible for the disturbed condition of affairs was removed. Our relations with the Turkish Government remain friendly; our claims rounded on inequitable treatment of some of our schools and missions appear to be in process of amicable adjustment.

The signing of a new commercial treaty with China, which took place at Shanghai on the 8th of October, is a cause for satisfaction. This act, the result of long discussion and negotiation, places our commercial relations with the great Oriental Empire on a more satisfactory footing than they have ever heretofore enjoyed. It provides not only for the ordinary rights and privileges of diplomatic and consular officers, but also for an important extension of our commerce by increased facility of access to Chinese ports, and for the relief of trade by the removal of some of the obstacles which have embarrassed it in the past. The Chinese Government engages, on fair and equitable conditions, which will probably be accepted by the principal commercial nations, to abandon the levy of "liken" and other transit dues throughout the Empire, and to introduce other desirable administrative reforms. Larger facilities are to be given to our citizens who desire to carry on mining enterprises in China. We have secured for our missionaries a valuable privilege, the recognition of their right to rent and lease in perpetuity such property as their religious societies may need in all parts of the Empire. And, what was an indispensable condition for the advance and development of our commerce in Manchuria, China, by treaty with us, has opened to foreign commerce the cities of Mukden, the capital of the province of Manchuria, and An-tung, an important port on the Yalu River, on the road to Korea. The full measure of development which our commerce may rightfully expect can hardly be looked for until the settlement of the present abnormal state of things in the Empire; but the foundation for such development has at last been laid.

I call your attention to the reduced cost in maintaining the consular service for the fiscal year ending June 30, 1903, as shown in the annual report of the Auditor for the State and other Departments, as compared with the year previous. For the year under consideration the excess of expenditures over receipts on account of the consular service amounted to $26,125.12, as against $96,972.50 for the year ending June 30, 1902, and $147,040.16 for the year ending June 30, 1901. This is the best showing in this respect for the consular service for the past fourteen years, and the reduction in the cost of the service to the Government has been made in spite of the fact that the expenditures for the year in question were more than $20,000 greater than for the previous year.

The rural free-delivery service has been steadily extended. The attention of the Congress is asked to the question of the compensation of the letter carriers and clerks engaged in the postal service, especially on the new rural free-delivery routes. More routes have been installed since the first of July last than in any like period in the Department's history. While a due regard to economy must be kept in mind in the establishment of new routes, yet the extension of the rural free-delivery system must be continued, for reasons of sound public policy. No governmental movement of recent years has resulted in greater immediate benefit to the people of the country districts. Rural free delivery, taken in connection with the telephone, the bicycle, and the trolley, accomplishes much toward lessening the isolation of farm life and making it brighter and more attractive. In the immediate past the lack of just such facilities as these has driven many of the more active and restless young men and women from the farms to the cities; for they rebelled at loneliness and lack of mental companionship. It is unhealthy and undesirable for the cities to grow at the expense of the country; and rural free delivery is not only a good thing in itself, but is good because it is one of the causes which check this unwholesome tendency towards the urban concentration of our population at the expense of the country districts. It is for the same reason that we sympathize with and approve of the policy of building good roads. The movement for good roads is one fraught with the greatest benefit to the country districts.

I trust that the Congress will continue to favor in all proper ways the Louisiana Purchase Exposition. This Exposition commemorates the Louisiana purchase, which was the first great step in the expansion which made us a continental nation. The expedition of Lewis and Clark across the continent followed thereon, and marked the beginning of the process of exploration and colonization which thrust our national boundaries to the Pacific. The acquisition of the Oregon country, including the present States of Oregon and Washington, was a fact of immense importance in our history; first giving us our place on the Pacific seaboard, and making ready the way for our ascendency in the commerce of the greatest of the oceans. The centennial of our establishment upon the western coast by the expedition of Lewis and Clark is to be celebrated at Portland, Oregon, by an exposition in the summer of 1905, and this event should receive recognition and support from the National Government.

I call your special attention to the Territory of Alaska. The country is developing rapidly, and it has an assured future. The mineral wealth is great and has as yet hardly been tapped. The fisheries, if wisely handled and kept under national control, will be a business as permanent as any other, and of the utmost importance to the people. The forests if properly guarded will form another great source of wealth. Portions of Alaska are fitted for farming and stock raising, although the methods must be adapted to the peculiar conditions of the country. Alaska is situated in the far north; but so are Norway and Sweden and Finland; and Alaska can prosper and play its part in the New World just as those nations have prospered and played their parts in the Old World. Proper land laws should be enacted; and the survey of the public lands immediately begun. Coal-land laws should be provided whereby the coal-land entryman may make his location and secure patent under methods kindred to those now prescribed for homestead and mineral entrymen. Salmon hatcheries, exclusively under Government control, should be established. The cable should be extended from Sitka westward. Wagon roads and trails should be built, and the building of railroads promoted in all legitimate ways. Light-houses should be built along the coast. Attention should be paid to the needs of the Alaska Indians; provision should be made for an officer, with deputies, to study their needs, relieve their immediate wants, and help them adapt themselves to the new conditions.

The commission appointed to investigate, during the season of 1903, the condition and needs of the Alaskan salmon fisheries, has finished its work in the field, and is preparing a detailed report thereon. A preliminary report reciting the measures immediately required for the protection and preservation of the salmon industry has already been submitted to the Secretary of Commerce and Labor for his attention and for the needed action.

I recommend that an appropriation be made for building light-houses in Hawaii, and taking possession of those already built. The Territory should be reimbursed for whatever amounts it has already expended for light-houses. The governor should be empowered to suspend or remove any official appointed by him, without submitting the matter to the legislature.

Of our insular possessions the Philippines and Porto Rico it is gratifying to say that their steady progress has been such as to make it unnecessary to spend much time in discussing them. Yet the Congress should ever keep in mind that a peculiar obligation rests upon us to further in every way the welfare of these communities. The Philippines should be knit closer to us by tariff arrangements. It would, of course, be impossible suddenly to raise the people of the islands to the high pitch of industrial prosperity and of governmental efficiency to which they will in the end by degrees attain; and the caution and moderation shown in developing them have been among the main reasons why this development has hitherto gone on so smoothly. Scrupulous care has been taken in the choice of governmental agents, and the entire elimination of partisan politics from the public service. The condition of the islanders is in material things far better than ever before, while their governmental, intellectual, and moral advance has kept pace with their material advance. No one people ever benefited another people more than we have benefited the Filipinos by taking possession of the islands.

The cash receipts of the General Land Office for the last fiscal year were $11,024,743.65, an increase of $4,762,816.47 over the preceding year. Of this sum, approximately, $8,461,493 will go to the credit of the fund for the reclamation of arid land, making the total of this fund, up to the 30th of June, 1903, approximately, $16,191,836.

A gratifying disposition has been evinced by those having unlawful inclosures of public land to remove their fences. Nearly two million acres so inclosed have been thrown open on demand. In but comparatively few cases has it been necessary to go into court to accomplish this purpose. This work will be vigorously prosecuted until all unlawful inclosures have been removed.

Experience has shown that in the western States themselves, as well as in the rest of the country, there is widespread conviction that certain of the public-land laws and the resulting administrative practice no longer meet the present needs. The character and uses of the remaining public lands differ widely from those of the public lands which Congress had especially in view when these laws were passed. The rapidly increasing rate of disposal of the public lands is not followed by a corresponding increase in home building. There is a tendency to mass in large holdings public lands, especially timber and grazing lands, and thereby to retard settlement. I renew and emphasize my recommendation of last year that so far as they are available for agriculture in its broadest sense, and to whatever extent they may be reclaimed under the national irrigation law, the remaining public lands should be held rigidly for the home builder. The attention of the Congress is especially directed to the timber and stone law, the desert-land law, and the commutation clause of the homestead law, which in their operation have in many respects conflicted with wise public-land policy. The discussions in the Congress and elsewhere have made it evident that there is a wide divergence of opinions between those holding opposite views on these subjects; and that the opposing sides have strong and convinced representatives of weight both within and without the Congress; the differences being not only as to matters of opinion but as to matters of fact. In order that definite information may be available for the use of the Congress, I have appointed a commission composed of W. A. Richards, Commissioner of the General Land Office; Gifford Pinchot, Chief of the Bureau of Forestry of the Department of Agriculture, and F. H. Newell, Chief Hydrographer of the Geological Survey, to report at the earliest practicable moment upon the condition, operation, and effect of the present land laws and on the use, condition, disposal, and settlement of the public lands. The commission will report especially what changes in organization, laws, regulations, and practice affecting the public lands are needed to effect the largest practicable disposition of the public lands to actual settlers who will build permanent homes upon them, and to secure in permanence the fullest and most effective use of the resources of the public lands; and it will make such other reports and recommendations as its study of these questions may suggest. The commission is to report immediately upon those points concerning which its judgment is clear; on any point upon which it has doubt it will take the time necessary to make investigation and reach a final judgment.

The work of reclamation of the arid lands of the West is progressing steadily and satisfactorily under the terms of the law setting aside the proceeds from the disposal of public lands. The corps of engineers known as the Reclamation Service, which is conducting the surveys and examinations, has been thoroughly organized, especial pains being taken to secure under the civil-service rules a body of skilled, experienced, and efficient men. Surveys and examinations are progressing throughout the arid States and Territories, plans for reclaiming works being prepared and passed upon by boards of engineers before approval by the Secretary of the Interior. In Arizona and Nevada, in localities where such work is pre-eminently needed, construction has already been begun. In other parts of the arid West various projects are well advanced towards the drawing up of contracts, these being delayed in part by necessities of reaching agreements or understanding as regards rights of way or acquisition of real estate. Most of the works contemplated for construction are of national importance, involving interstate questions or the securing of stable, self-supporting communities in the midst of vast tracts of vacant land. The Nation as a whole is of course the gainer by the creation of these homes, adding as they do to the wealth and stability of the country, and furnishing a home market for the products of the East and South. The reclamation law, while perhaps not ideal, appears at present to answer the larger needs for which it is designed. Further legislation is not recommended until the necessities of change are more apparent.

The study of the opportunities of reclamation of the vast extent of arid land shows that whether this reclamation is done by individuals, corporations, or the State, the sources of water supply must be effectively protected and the reservoirs guarded by the preservation of the forests at the headwaters of the streams. The engineers making the preliminary examinations continually emphasize this need and urge that the remaining public lands at the headwaters of the important streams of the West be reserved to insure permanency of water supply for irrigation. Much progress in forestry has been made during the past year. The necessity for perpetuating our forest resources, whether in public or private hands, is recognized now as never before. The demand for forest reserves has become insistent in the West, because the West must use the water, wood, and summer range which only such reserves can supply. Progressive lumbermen are striving, through forestry, to give their business permanence. Other great business interests are awakening to the need of forest preservation as a business matter. The Government's forest work should receive from the Congress hearty support, and especially support adequate for the protection of the forest reserves against fire. The forest-reserve policy of the Government has passed beyond the experimental stage and has reached a condition where scientific methods are essential to its successful prosecution. The administrative features of forest reserves are at present unsatisfactory, being divided between three Bureaus of two Departments. It is therefore recommended that all matters pertaining to forest reserves, except those involving or pertaining to land titles, be consolidated in the Bureau of Forestry of the Department of Agriculture.

The cotton-growing States have recently been invaded by a weevil that has done much damage and threatens the entire cotton industry. I suggest to the Congress the prompt enactment of such remedial legislation as its judgment may approve.

In granting patents to foreigners the proper course for this country to follow is to give the same advantages to foreigners here that the countries in which these foreigners dwell extend in return to our citizens; that is, to extend the benefits of our patent laws on inventions and the like where in return the articles would be patentable in the foreign countries concerned--where an American could get a corresponding patent in such countries.

The Indian agents should not be dependent for their appointment or tenure of office upon considerations of partisan politics; the practice of appointing, when possible, ex-army officers or bonded superintendents to the vacancies that occur is working well. Attention is invited to the widespread illiteracy due to lack of public schools in the Indian Territory. Prompt heed should be paid to the need of education for the children in this Territory.

In my last annual Message the attention of the Congress was called to the necessity of enlarging the safety-appliance law, and it is gratifying to note that this law was amended in important respects. With the increasing railway mileage of the country, the greater number of men employed, and the use of larger and heavier equipment, the urgency for renewed effort to prevent the loss of life and limb upon the railroads of the country, particularly to employees, is apparent. For the inspection of water craft and the Life-Saving Service upon the water the Congress has built up an elaborate body of protective legislation and a thorough method of inspection and is annually spending large sums of money. It is encouraging to observe that the Congress is alive to the interests of those who are employed upon our wonderful arteries of commerce--the railroads--who so safely transport millions of passengers and billions of tons of freight. The Federal inspection, of safety appliances, for which the Congress is now making appropriations, is a service analogous to that which the Government has upheld for generations in regard to vessels, and it is believed will prove of great practical benefit, both to railroad employees and the traveling public. As the greater part of commerce is interstate and exclusively under the control of the Congress the needed safety and uniformity must be secured by national legislation.

No other class of our citizens deserves so well of the Nation as those to whom the Nation owes its very being, the veterans of the civil war. Special attention is asked to the excellent work of the Pension Bureau in expediting and disposing of pension claims. During the fiscal year ending July 1, 1903, the Bureau settled 251,982 claims, an average of 825 claims for each working day of the year. The number of settlements since July 1, 1903, has been in excess of last year's average, approaching 1,000 claims for each working day, and it is believed that the work of the Bureau will be current at the close of the present fiscal year.

During the year ended June 30 last 25,566 persons were appointed through competitive examinations under the civil-service rules. This was 12,672 more than during the preceding year, and 40 per cent of those who passed the examinations. This abnormal growth was largely occasioned by the extension of classification to the rural free-delivery service and the appointment last year of over 9,000 rural carriers. A revision of the civil-service rules took effect on April 15 last, which has greatly improved their operation. The completion of the reform of the civil service is recognized by good citizens everywhere as a matter of the highest public importance, and the success of the merit system largely depends upon the effectiveness of the rules and the machinery provided for their enforcement. A very gratifying spirit of friendly co-operation exists in all the Departments of the Government in the enforcement and uniform observance of both the letter and spirit of the civil-service act. Executive orders of July 3, 1902; March 26, 1903, and July 8, 1903, require that appointments of all unclassified laborers, both in the Departments at Washington and in the field service, shall be made with the assistance of the United States Civil Service Commission, under a system of registration to test the relative fitness of applicants for appointment or employment. This system is competitive, and is open to all citizens of the United States qualified in respect to age, physical ability, moral character, industry, and adaptability for manual labor; except that in case of veterans of the Civil War the element of age is omitted. This system of appointment is distinct from the classified service and does not classify positions of mere laborer under the civil-service act and rules. Regulations in aid thereof have been put in operation in several of the Departments and are being gradually extended in other parts of the service. The results have been very satisfactory, as extravagance has been checked by decreasing the number of unnecessary positions and by increasing the efficiency of the employees remaining.

The Congress, as the result of a thorough investigation of the charities and reformatory institutions in the District of Columbia, by a joint select committee of the two Houses which made its report in March, 1898, created in the act approved June 6, 1900, a board of charities for the District of Columbia, to consist of five residents of the District, appointed by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate, each for a term of three years, to serve without compensation. President McKinley appointed five men who had been active and prominent in the public charities in Washington, all of whom upon taking office July 1, 1900, resigned from the different charities with which they had been connected. The members of the board have been reappointed in successive years. The board serves under the Commissioners of the District of Columbia. The board gave its first year to a careful and impartial study of the special problems before it, and has continued that study every year in the light of the best practice in public charities elsewhere. Its recommendations in its annual reports to the Congress through the Commissioners of the District of Columbia "for the economical and efficient administration of the charities and reformatories of the District of Columbia," as required by the act creating it, have been based upon the principles commended by the joint select committee of the Congress in its report of March, 1898, and approved by the best administrators of public charities, and make for the desired systematization and improvement of the affairs under its supervision. They are worthy of favorable consideration by the Congress.

The effect of the laws providing a General Staff for the Army and for the more effective use of the National Guard has been excellent. Great improvement has been made in the efficiency of our Army in recent years. Such schools as those erected at Fort Leavenworth and Fort Riley and the institution of fall maneuver work accomplish satisfactory results. The good effect of these maneuvers upon the National Guard is marked, and ample appropriation should be made to enable the guardsmen of the several States to share in the benefit. The Government should as soon as possible secure suitable permanent camp sites for military maneuvers in the various sections of the country. The service thereby rendered not only to the Regular Army, but to the National Guard of the several States, will be so great as to repay many times over the relatively small expense. We should not rest satisfied with what has been done, however. The only people who are contented with a system of promotion by mere seniority are those who are contented with the triumph of mediocrity over excellence. On the other hand, a system which encouraged the exercise of social or political favoritism in promotions would be even worse. But it would surely be easy to devise a method of promotion from grade to grade in which the opinion of the higher officers of the service upon the candidates should be decisive upon the standing and promotion of the latter. Just such a system now obtains at West Point. The quality of each year's work determines the standing of that year's class, the man being dropped or graduated into the next class in the relative position which his military superiors decide to be warranted by his merit. In other words, ability, energy, fidelity, and all other similar qualities determine the rank of a man year after year in West Point, and his standing in the Army when he graduates from West Point; but from that time on, all effort to find which man is best or worst, and reward or punish him accordingly, is abandoned; no brilliancy, no amount of hard work, no eagerness in the performance of duty, can advance him, and no slackness or indifference that falls short of a court-martial offense can retard him. Until this system is changed we can not hope that our officers will be of as high grade as we have a right to expect, considering the material upon which we draw. Moreover, when a man renders such service as Captain Pershing rendered last spring in the Moro campaign, it ought to be possible to reward him without at once jumping him to the grade of brigadier-general.

Shortly after the enunciation of that famous principle of American foreign policy now known as the "Monroe Doctrine," President Monroe, in a special Message to Congress on January 30, 1824, spoke as follows: "The Navy is the arm from which our Government will always derive most aid in support of our rights. Every power engaged in war will know the strength of our naval power, the number of our ships of each class, their condition, and the promptitude with which we may bring them into service, and will pay due consideration to that argument."

I heartily congratulate the Congress upon the steady progress in building up the American Navy. We can not afford a let-up in this great work. To stand still means to go back. There should be no cessation in adding to the effective units of the fighting strength of the fleet. Meanwhile the Navy Department and the officers of the Navy are doing well their part by providing constant service at sea under conditions akin to those of actual warfare. Our officers and enlisted men are learning to handle the battleships, cruisers, and torpedo boats with high efficiency in fleet and squadron formations, and the standard of marksmanship is being steadily raised. The best work ashore is indispensable, but the highest duty of a naval officer is to exercise command at sea.

The establishment of a naval base in the Philippines ought not to be longer postponed. Such a base is desirable in time of peace; in time of war it would be indispensable, and its lack would be ruinous. Without it our fleet would be helpless. Our naval experts are agreed that Subig Bay is the proper place for the purpose. The national interests require that the work of fortification and development of a naval station at Subig Bay be begun at an early date; for under the best conditions it is a work which will consume much time.

It is eminently desirable, however, that there should be provided a naval general staff on lines similar to those of the General Staff lately created for the Army. Within the Navy Department itself the needs of the service have brought about a system under which the duties of a general staff are partially performed; for the Bureau of Navigation has under its direction the War College, the Office of Naval Intelligence, and the Board of Inspection, and has been in close touch with the General Board of the Navy. But though under the excellent officers at their head, these boards and bureaus do good work, they have not the authority of a general staff, and have not sufficient scope to insure a proper readiness for emergencies. We need the establishment by law of a body of trained officers, who shall exercise a systematic control of the military affairs of the Navy, and be authorized advisers of the Secretary concerning it.

By the act of June 28, 1902, the Congress authorized the President to enter into treaty with Colombia for the building of the canal across the Isthmus of Panama; it being provided that in the event of failure to secure such treaty after the lapse of a reasonable time, recourse should be had to building a canal through Nicaragua. It has not been necessary to consider this alternative, as I am enabled to lay before the Senate a treaty providing for the building of the canal across the Isthmus of Panama. This was the route which commended itself to the deliberate judgment of the Congress, and we can now acquire by treaty the right to construct the canal over this route. The question now, therefore, is not by which route the isthmian canal shall be built, for that question has been definitely and irrevocably decided. The question is simply whether or not we shall have an isthmian canal.

When the Congress directed that we should take the Panama route under treaty with Colombia, the essence of the condition, of course, referred not to the Government which controlled that route, but to the route itself; to the territory across which the route lay, not to the name which for the moment the territory bore on the map. The purpose of the law was to authorize the President to make a treaty with the power in actual control of the Isthmus of Panama. This purpose has been fulfilled.

In the year 1846 this Government entered into a treaty with New Granada, the predecessor upon the Isthmus of the Republic of Colombia and of the present Republic of Panama, by which treaty it was provided that the Government and citizens of the United States should always have free and open right of way or transit across the Isthmus of Panama by any modes of communication that might be constructed, while in turn our Government guaranteed the perfect neutrality of the above-mentioned Isthmus with the view that the free transit from the one to the other sea might not be interrupted or embarrassed. The treaty vested in the United States a substantial property right carved out of the rights of sovereignty and property which New Granada then had and possessed over the said territory. The name of New Granada has passed away and its territory has been divided. Its successor, the Government of Colombia, has ceased to own any property in the Isthmus. A new Republic, that of Panama, which was at one time a sovereign state, and at another time a mere department of the successive confederations known as New Granada and Columbia, has now succeeded to the rights which first one and then the other formerly exercised over the Isthmus. But as long as the Isthmus endures, the mere geographical fact of its existence, and the peculiar interest therein which is required by our position, perpetuate the solemn contract which binds the holders of the territory to respect our right to freedom of transit across it, and binds us in return to safeguard for the Isthmus and the world the exercise of that inestimable privilege. The true interpretation of the obligations upon which the United States entered in this treaty of 1846 has been given repeatedly in the utterances of Presidents and Secretaries of State. Secretary Cuss in 1858 officially stated the position of this Government as follows:

"The progress of events has rendered the interoceanic route across the narrow portion of Central America vastly important to the commercial world, and especially to the United States, whose possessions extend along the Atlantic and Pacific coasts, and demand the speediest and easiest modes of communication. While the rights of sovereignty of the states occupying this region should always be respected, we shall expect that these rights be exercised in a spirit befitting the occasion and the wants and circumstances that have arisen. Sovereignty has its duties as well as its rights, and none of these local governments, even if administered with more regard to the just demands of other nations than they have been, would be permitted, in a spirit of Eastern isolation, to close the gates of intercourse on the great highways of the world, and justify the act by the pretension that these avenues of trade and travel belong to them and that they choose to shut them, or, what is almost equivalent, to encumber them with such unjust relations as would prevent their general use."

Seven years later, in 1865, Mr. Seward in different communications took the following position:

"The United States have taken and will take no interest in any question of internal revolution in the State of Panama, or any State of the United States of Colombia, but will maintain a perfect neutrality in connection with such domestic altercations. The United States will, nevertheless, hold themselves ready to protect the transit trade across the Isthmus against invasion of either domestic or foreign disturbers of the peace of the State of Panama. Neither the text nor the spirit of the stipulation in that article by which the United States engages to preserve the neutrality of the Isthmus of Panama, imposes an obligation on this Government to comply with the requisition of the President of the United States of Colombia for a force to protect the Isthmus of Panama from a body of insurgents of that country. The purpose of the stipulation was to guarantee the Isthmus against seizure or invasion by a foreign power only."

Attorney-General Speed, under date of November 7, 1865, advised Secretary Seward as follows:

"From this treaty it can not be supposed that New Granada invited the United States to become a party to the intestine troubles of that Government, nor did the United States become bound to take sides in the domestic broils of New Granada. The United States did guarantee New Granada in the sovereignty and property over the territory. This was as against other and foreign governments."

For four hundred years, ever since shortly after the discovery of this hemisphere, the canal across the Isthmus has been planned. For two score years it has been worked at. When made it is to last for the ages. It is to alter the geography of a continent and the trade routes of the world. We have shown by every treaty we have negotiated or attempted to negotiate with the peoples in control of the Isthmus and with foreign nations in reference thereto our consistent good faith in observing our obligations; on the one hand to the peoples of the Isthmus, and on the other hand to the civilized world whose commercial rights we are safeguarding and guaranteeing by our action. We have done our duty to others in letter and in spirit, and we have shown the utmost forbearance in exacting our own rights.

Last spring, under the act above referred to, a treaty concluded between the representatives of the Republic of Colombia and of our Government was ratified by the Senate. This treaty was entered into at the urgent solicitation of the people of Colombia and after a body of experts appointed by our Government especially to go into the matter of the routes across the Isthmus had pronounced unanimously in favor of the Panama route. In drawing up this treaty every concession was made to the people and to the Government of Colombia. We were more than just in dealing with them. Our generosity was such as to make it a serious question whether we had not gone too far in their interest at the expense of our own; for in our scrupulous desire to pay all possible heed, not merely to the real but even to the fancied rights of our weaker neighbor, who already owed so much to our protection and forbearance, we yielded in all possible ways to her desires in drawing up the treaty. Nevertheless the Government of Colombia not merely repudiated the treaty, but repudiated it in such manner as to make it evident by the time the Colombian Congress adjourned that not the scantiest hope remained of ever getting a satisfactory treaty from them. The Government of Colombia made the treaty, and yet when the Colombian Congress was called to ratify it the vote against ratification was unanimous. It does not appear that the Government made any real effort to secure ratification.

Immediately after the adjournment of the Congress a revolution broke out in Panama. The people of Panama had long been discontented with the Republic of Colombia, and they had been kept quiet only by the prospect of the conclusion of the treaty, which was to them a matter of vital concern. When it became evident that the treaty was hopelessly lost, the people of Panama rose literally as one man. Not a shot was fired by a single man on the Isthmus in the interest of the Colombian Government. Not a life was lost in the accomplishment of the revolution. The Colombian troops stationed on the Isthmus, who had long been unpaid, made common cause with the people of Panama, and with astonishing unanimity the new Republic was started. The duty of the United States in the premises was clear. In strict accordance with the principles laid down by Secretaries Cass and Seward in the official documents above quoted, the United States gave notice that it would permit the landing of no expeditionary force, the arrival of which would mean chaos and destruction along the line of the railroad and of the proposed Canal, and an interruption of transit as an inevitable consequence. The de facto Government of Panama was recognized in the following telegram to Mr. Ehrman:

"The people of Panama have, by apparently unanimous movement, dissolved their political connection with the Republic of Colombia and resumed their independence. When you are satisfied that a de facto government, republican in form and without substantial opposition from its own people, has been established in the State of Panama, you will enter into relations with it as the responsible government of the territory and look to it for all due action to protect the persons and property of citizens of the United States and to keep open the isthmian transit, in accordance with the obligations of existing treaties governing the relations of the United States to that Territory."

The Government of Colombia was notified of our action by the following telegram to Mr. Beaupre:

"The people of Panama having, by an apparently unanimous movement, dissolved their political connection with the Republic of Colombia and resumed their independence, and having adopted a Government of their own, republican in form, with which the Government of the United States of America has entered into relations, the President of the United States, in accordance with the ties of friendship which have so long and so happily existed between the respective nations, most earnestly commends to the Governments of Colombia and of Panama the peaceful and equitable settlement of all questions at issue between them. He holds that he is bound not merely by treaty obligations, but by the interests of civilization, to see that the peaceful traffic of the world across the Isthmus of Panama shall not longer be disturbed by a constant succession of unnecessary and wasteful civil wars."

When these events happened, fifty-seven years had elapsed since the United States had entered into its treaty with New Granada. During that time the Governments of New Granada and of its successor, Colombia, have been in a constant state of flux. The following is a partial list of the disturbances on the Isthmus of Panama during the period in question as reported to us by our consuls. It is not possible to give a complete list, and some of the reports that speak of "revolutions" must mean unsuccessful revolutions. May 22, 1850.--Outbreak; two Americans killed. War vessel demanded to quell outbreak. October, 1850.--Revolutionary plot to bring about independence of the Isthmus. July 22, 1851.--Revolution in four southern provinces. November 14, 1851.--Outbreak at Chagres. Man-of-war requested for Chagres. June 27, 1853.--Insurrection at Bogota, and consequent disturbance on Isthmus. War vessel demanded. May 23, 1854--Political disturbances; war vessel requested. June 28, 1854.--Attempted revolution. October 24, 1854.--Independence of Isthmus demanded by provincial legislature. April, 1856.--Riot, and massacre of Americans. May 4, 1856.--Riot. May 18, 1856.--Riot. June 3, 1856.--Riot. October 2, 1856.--Conflict between two native parties. United States forces landed. December 18, 1858.--Attempted secession of Panama. April, 1859.--Riots. September, 1860.--Outbreak. October 4, 1860.--Landing of United States forces in consequence. May 23, 1861.--Intervention of the United States forces required by intendente. October 2, 1861.--Insurrection and civil war. April 4, 1862.--Measures to prevent rebels crossing Isthmus. June 13, 1862.--Mosquera's troops refused admittance to Panama. March, 1865.--Revolution, and United States troops landed. August, 1865.--Riots; unsuccessful attempt to invade Panama. March, 1866.--Unsuccessful revolution. April, 1867.--Attempt to overthrow Government. August, 1867.--Attempt at revolution. July 5, 1868.--Revolution; provisional government inaugurated. August 29, 1868.--Revolution; provisional government overthrown. April, 1871.--Revolution; followed apparently by counter revolution. April, 1873.--Revolution and civil war which lasted to October, 1875. August, 1876.--Civil war which lasted until April, 1877. July, 1878.--Rebellion. December, 1878.--Revolt. April, 1879.--Revolution. June, 1879.--Revolution. March, 1883.--Riot. May, 1883.--Riot. June, 1884.--Revolutionary attempt. December, 1884.--Revolutionary attempt. January, 1885.--Revolutionary disturbances. March, 1885.--Revolution. April, 1887.--Disturbance on Panama Railroad. November, 1887.--Disturbance on line of canal. January, 1889.--Riot. January, 1895.--Revolution which lasted until April. March, 1895.--Incendiary attempt. October, 1899.--Revolution. February, 1900, to July, 1900.--Revolution. January, 1901--Revolution. July, 1901.--Revolutionary disturbances. September, 1901.--City of Colon taken by rebels. March, 1902.--Revolutionary disturbances. July, 1902.--Revolution. The above is only a partial list of the revolutions, rebellions, insurrections, riots, and other outbreaks that have occurred during the period in question; yet they number 53 for the 57 years. It will be noted that one of them lasted for nearly three years before it was quelled; another for nearly a year. In short, the experience of over half a century has shown Colombia to be utterly incapable of keeping order on the Isthmus. Only the active interference of the United States has enabled her to preserve so much as a semblance of sovereignty. Had it not been for the exercise by the United States of the police power in her interest, her connection with the Isthmus would have been sundered long ago. In 1856, in 1860, in 1873, in 1885, in 1901, and again in 1902, sailors and marines from United States war ships were forced to land in order to patrol the Isthmus, to protect life and property, and to see that the transit across the Isthmus was kept open. In 1861, in 1862, in 1885, and in 1900, the Colombian Government asked that the United States Government would land troops to protect its interests and maintain order on the Isthmus. Perhaps the most extraordinary request is that which has just been received and which runs as follows:

"Knowing that revolution has already commenced in Panama [an eminent Colombian] says that if the Government of the United States will land troops to preserve Colombian sovereignty, and the transit, if requested by Colombian charge d'affaires, this Government will declare martial law; and, by virtue of vested constitutional authority, when public order is disturbed, will approve by decree ratification of the canal treaty as signed; or, if the Government of the United States prefers, will call extra session of the Congress--with new and friendly members--next May to approve the treaty. [An eminent Colombian] has the perfect confidence of vice-president, he says, and if it became necessary will go to the Isthmus or send representatives there to adjust matters along above lines to the satisfaction of the people there."

This dispatch is noteworthy from two standpoints. Its offer of immediately guaranteeing the treaty to us is in sharp contrast with the positive and contemptuous refusal of the Congress which has just closed its sessions to consider favorably such a treaty; it shows that the Government which made the treaty really had absolute control over the situation, but did not choose to exercise this control. The dispatch further calls on us to restore order and secure Colombian supremacy in the Isthmus from which the Colombian Government has just by its action decided to bar us by preventing the construction of the canal.

The control, in the interest of the commerce and traffic of the whole civilized world, of the means of undisturbed transit across the Isthmus of Panama has become of transcendent importance to the United States. We have repeatedly exercised this control by intervening in the course of domestic dissension, and by protecting the territory from foreign invasion. In 1853 Mr. Everett assured the Peruvian minister that we should not hesitate to maintain the neutrality of the Isthmus in the case of war between Peru and Colombia. In 1864 Colombia, which has always been vigilant to avail itself of its privileges conferred by the treaty, expressed its expectation that in the event of war between Peru and Spain the United States would carry into effect the guaranty of neutrality. There have been few administrations of the State Department in which this treaty has not, either by the one side or the other, been used as a basis of more or less important demands. It was said by Mr. Fish in 1871 that the Department of State had reason to believe that an attack upon Colombian sovereignty on the Isthmus had, on several occasions, been averted by warning from this Government. In 1886, when Colombia was under the menace of hostilities from Italy in the Cerruti case, Mr. Bayard expressed the serious concern that the United States could not but feel, that a European power should resort to force against a sister republic of this hemisphere, as to the sovereign and uninterrupted use of a part of whose territory we are guarantors under the solemn faith of a treaty.

The above recital of facts establishes beyond question: First, that the United States has for over half a century patiently and in good faith carried out its obligations under the treaty of 1846; second, that when for the first time it became possible for Colombia to do anything in requital of the services thus repeatedly rendered to it for fifty-seven years by the United States, the Colombian Government peremptorily and offensively refused thus to do its part, even though to do so would have been to its advantage and immeasurably to the advantage of the State of Panama, at that time under its jurisdiction; third, that throughout this period revolutions, riots, and factional disturbances of every kind have occurred one after the other in almost uninterrupted succession, some of them lasting for months and even for years, while the central government was unable to put them down or to make peace with the rebels; fourth, that these disturbances instead of showing any sign of abating have tended to grow more numerous and more serious in the immediate past; fifth, that the control of Colombia over the Isthmus of Panama could not be maintained without the armed intervention and assistance of the United States. In other words, the Government of Colombia, though wholly unable to maintain order on the Isthmus, has nevertheless declined to ratify a treaty the conclusion of which opened the only chance to secure its own stability and to guarantee permanent peace on, and the construction of a canal across, the Isthmus.

Under such circumstances the Government of the United States would have been guilty of folly and weakness, amounting in their sum to a crime against the Nation, had it acted otherwise than it did when the revolution of November 3 last took place in Panama. This great enterprise of building the interoceanic canal can not be held up to gratify the whims, or out of respect to the governmental impotence, or to the even more sinister and evil political peculiarities, of people who, though they dwell afar off, yet, against the wish of the actual dwellers on the Isthmus, assert an unreal supremacy over the territory. The possession of a territory fraught with such peculiar capacities as the Isthmus in question carries with it obligations to mankind. The course of events has shown that this canal can not be built by private enterprise, or by any other nation than our own; therefore it must be built by the United States.

Every effort has been made by the Government of the United States to persuade Colombia to follow a course which was essentially not only to our interests and to the interests of the world, but to the interests of Colombia itself. These efforts have failed; and Colombia, by her persistence in repulsing the advances that have been made, has forced us, for the sake of our own honor, and of the interest and well-being, not merely of our own people, but of the people of the Isthmus of Panama and the people of the civilized countries of the world, to take decisive steps to bring to an end a condition of affairs which had become intolerable. The new Republic of Panama immediately offered to negotiate a treaty with us. This treaty I herewith submit. By it our interests are better safeguarded than in the treaty with Colombia which was ratified by the Senate at its last session. It is better in its terms than the treaties offered to us by the Republics of Nicaragua and Costa Rica. At last the right to begin this great undertaking is made available. Panama has done her part. All that remains is for the American Congress to do its part, and forthwith this Republic will enter upon the execution of a project colossal in its size and of well-nigh incalculable possibilities for the good of this country and the nations of mankind.

By the provisions of the treaty the United States guarantees and will maintain the independence of the Republic of Panama. There is granted to the United States in perpetuity the use, occupation, and control of a strip ten miles wide and extending three nautical miles into the sea at either terminal, with all lands lying outside of the zone necessary for the construction of the canal or for its auxiliary works, and with the islands in the Bay of Panama. The cities of Panama and Colon are not embraced in the canal zone, but the United States assumes their sanitation and, in case of need, the maintenance of order therein; the United States enjoys within the granted limits all the rights, power, and authority which it would possess were it the sovereign of the territory to the exclusion of the exercise of sovereign rights by the Republic. All railway and canal property rights belonging to Panama and needed for the canal pass to the United States, including any property of the respective companies in the cities of Panama and Colon; the works, property, and personnel of the canal and railways are exempted from taxation as well in the cities of Panama and Colon as in the canal zone and its dependencies. Free immigration of the personnel and importation of supplies for the construction and operation of the canal are granted. Provision is made for the use of military force and the building of fortifications by the United States for the protection of the transit. In other details, particularly as to the acquisition of the interests of the New Panama Canal Company and the Panama Railway by the United States and the condemnation of private property for the uses of the canal, the stipulations of the Hay-Herran treaty are closely followed, while the compensation to be given for these enlarged grants remains the same, being ten millions of dollars payable on exchange of ratifications; and, beginning nine years from that date, an annual payment of $250,000 during the life of the convention.