Segundo Mensaje Anual al Congreso de Grover Cleveland, del 6 de diciembre de 1886 / Second Annual Message to Congress (December 6, 1886)

(revisando)


Para el Congreso de los Estados Unidos:

En cumplimiento de un deber constitucional, y siguiendo un precedente bien establecido en la oficina Ejecutivo, Por la presente transmito al Congreso en su reensamblar determinada información sobre el estado de la Unión, junto con las recomendaciones para la consideración legislativa, parece necesario y conveniente.

Nuestro Gobierno ha mantenido sus relaciones de amistad hacia todos los demás poderes y de interés vecinal hacia las personas cuyas posesiones son contiguas a la nuestra. Pocas preguntas han surgido durante el año pasado con otros gobiernos, y ninguno de los que están fuera del alcance de los asentamientos en el consejo de amigos.

Estamos aún sin regular la liquidación de las reclamaciones de los ciudadanos de los Estados Unidos en contra de Chile para la injusticia durante la última guerra con Perú y Bolivia. Las comisiones mixtas organizadas bajo las reclamaciones convenios celebrados por el Gobierno de Chile con algunos Estados europeos han desarrollado una cantidad de fricción que confiamos se puede evitar en la convención que nuestro representante en Santiago está autorizado a negociar.

El trato cruel de los chinos ha inofensiva, lamento decir, ha repetido en algunos de los Estados más occidental y territorios, y los actos de violencia contra las personas, más allá del poder de lo local constituido autoridades para prevenir y difícil de castigar, se reportan incluso en la lejana Alaska. Gran parte de esta violencia se puede remontar a la raza y los prejuicios de la competencia de la mano de obra, que no puede, sin embargo, justificar la opresión de los extranjeros cuya seguridad está garantizada por nuestro tratado con China por igual con las naciones más favorecidas.

En la apertura de nuestro vasto dominio de elementos ajenos al propósito de nuestros legisladores fue invitar a la asimilación, y no proporcionar un espacio para el antagonismo sin fin. El deber primordial de mantener el orden público y la defensa de los intereses de nuestra propia gente puede requerir la adopción de medidas de restricción, pero no debe tolerar la opresión de los individuos de una raza especial. No soy, sin la garantía de que el Gobierno de China, cuya disposición amistosa hacia nosotros Estoy muy feliz de reconocer, nos encontrará a mitad de camino en la elaboración de un remedio integral mediante el cual una efectiva limitación de la emigración china, se unió a la protección de los súbditos chinos que permanecen en este país, puede ser asegurado.

La legislación es necesaria para ejecutar las disposiciones de la convención de China de 1880 tocando el tráfico de opio.

Mientras que la buena voluntad del Gobierno de Colombia hacia nuestro país es manifiesto, la situación de los intereses norteamericanos en el Istmo de Panamá tiene a veces la preocupación emocionado y acción amigable invitado que buscan el rendimiento de los compromisos de las dos naciones en relación con el territorio abrazó en el tránsito interoceánico. Con el hundimiento de los disturbios del Istmo y la erección del Estado de Panamá en un distrito federal bajo el gobierno directo de la administración constitucional en Bogotá, un nuevo orden de cosas, se ha inaugurado, que, aunque todavía como algo experimental y que ofrezcan posibilidades de ejercicio arbitrario del poder por los delegados de la autoridad nacional, promete muchas mejoras.

La simpatía entre el pueblo de los Estados Unidos y Francia, nacido durante nuestra lucha por la independencia colonial y hasta hoy, ha recibido un nuevo impulso en la finalización con éxito y la dedicación de la estatua colosal de "Libertad Iluminando al Mundo" en Nueva York Harbor-regalo -el de los franceses a los estadounidenses.

Un convenio entre los Estados Unidos y otros poderes para la protección de cables submarinos fue firmado en París el 14 de marzo de 1884, y ha sido debidamente ratificado y proclamado por este Gobierno. Por acuerdo entre las altas partes contratantes de este convenio es para entrar en vigor el 1 de enero del próximo, pero la legislación necesaria para su ejecución en los Estados Unidos aún no ha sido adoptada. Recomiendo vivamente su promulgación.

Los casos se han seguido produciendo en Alemania dando lugar a mucha correspondencia en relación con el privilegio de la estadía de nuestros ciudadanos naturalizados de origen alemán revisitar la tierra de su nacimiento, sin embargo, yo estoy feliz de decir que nuestras relaciones con ese país no han perdido nada de su cordialidad acostumbrados.

Las reclamaciones de intereses de la cantidad de derechos de tonelaje exigido ilegalmente de ciertas líneas de vapores alemanes se informaron favorablemente en ambas cámaras del Congreso en la última sesión, y confío recibirán una acción final y favorable a un día antes.

Las recomendaciones contenidas en mi último mensaje anual en relación a un medio de solución de los derechos de pesca en las aguas de la Norteamérica británica, por lo que durante mucho tiempo un tema de diferencia ansiedad entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, se reunieron con el voto negativo de la Senado el 13 de abril pasado, y acto seguido se iniciaron las negociaciones para lograr un acuerdo con el Gobierno de Su Majestad Británica para la promulgación de dicha interpretación conjunta y la definición del artículo de la convención de 1818 relativa a las aguas territoriales y la pesca de bajura de las provincias británicas como debe garantizar los derechos canadienses de la invasión de los pescadores de los Estados Unidos y al mismo tiempo asegurar el disfrute por ésta de los privilegios que les otorga dicha convención.

Las preguntas en cuestión son de larga data, de graves consecuencias, y de vez en cuando durante casi tres cuartos de siglo han dado lugar a discusiones internacionales ferviente, no acompañados por la irritación.

Arreglos temporales por tratados han servido para disipar la fricción, que, sin embargo, ha revivido como cada tratado se terminó. El último acuerdo, en virtud del tratado de 1871, se derogó previa notificación por los Estados Unidos el 30 de junio de 1885, pero fue capaz de obtener para nuestros pescadores para el resto de la temporada goce de los privilegios concedidos por el tratado concluido .

La alta comisión conjunta de los cuales el tratado había sido negociado, aunque investido de plenos poderes para hacer un arreglo permanente, se contentaban con un arreglo temporal, después de la terminación de los cuales la cuestión fue relegado a las estipulaciones del tratado de 1818, en cuanto a el primer artículo de la que no hay construcción satisfactoria para ambos países nunca ha sido acordado.

El progreso de la civilización y el crecimiento de la población en las provincias británicas para que las pesquerías en cuestión son contiguos y la expansión de las relaciones comerciales entre ellos y los Estados Unidos de hoy en día a un estado de cosas difícilmente realizable en la fecha de las negociaciones de 1818 .

Intereses nuevos y vastos han traído a la existencia; modos de relaciones entre los respectivos países se han inventado y se multiplicaron; los métodos de realización de las pesquerías han sido totalmente cambiado; y todo esto tiene necesariamente derecho a examen sincero y cuidadoso en el ajuste de los términos y condiciones de la relación sexual y el comercio entre los Estados Unidos y sus vecinos a lo largo de una frontera de más de 3.500 kilómetros.

Esta proximidad, comunidad de la lengua y la ocupación, y la similitud de las instituciones políticas y sociales indican la viabilidad y la sabiduría obvia de mantener relaciones mutuamente beneficiosas y amistosas.

Mientras estoy sinceramente deseosos de que deben existir tales relaciones entre nosotros y los habitantes de Canadá, sin embargo, la acción de sus funcionarios durante la temporada pasada hacia nuestros pescadores ha sido tal como para amenazar seriamente su continuidad.

Aunque decepcionado en mis esfuerzos para conseguir una solución satisfactoria de la cuestión pesquera, las negociaciones están todavía pendientes, con la esperanza razonable de que antes del cierre de la presente sesión del Congreso el anuncio puede ser hecho que se ha llegado a una conclusión aceptable.

Como en un día temprano puede haber puesto ante el Congreso de la correspondencia del Departamento de Estado en relación con este importante tema, por lo que la historia de la temporada de pesca pasado puede darse a conocer y de la acción y la actitud de la Administración claramente comprendido, una referencia más extendida no se considera necesario en esta comunicación.

La recomendación presentada el año pasado que se prevea un reconnoissance preliminar de la línea de frontera convencional entre Alaska y la Columbia Británica se renueva.

Expreso mi convicción sin vacilación que la intimidad de nuestras relaciones con Hawaii debe enfatizar. Como resultado del tratado de reciprocidad de 1875, esas islas, en la carretera de tráfico Oriental y Australasia, son prácticamente un puesto de avanzada del comercio americano y un trampolín para el crecimiento del comercio del Pacífico. Los grupos de la Polinesia Isla han sido tan absorbidos por otros más potentes y los gobiernos que las islas hawaianas se quedan casi solos en el goce de su autonomía, lo cual es importante para nosotros debe ser preservada. Nuestro tratado es ahora terminable preaviso de un año, pero las propuestas de derogar sería, a mi juicio, más desacertado. La influencia primordial que tenemos adquirido allí, una vez abandonado, podría difícilmente ser recuperado, y una planta valiosa de vista para nosotros puede ser convertido en un bastión de nuestros competidores comerciales. Recomiendo vivamente que las estipulaciones de los tratados existentes será prorrogable por un plazo adicional de siete años. Un tratado firmado recientemente con este fin se encuentra ahora ante el Senado.

La importancia de la comunicación telegráfica entre esas islas y los Estados Unidos no debe pasarse por alto.

La cuestión de una revisión general de los tratados de Japón es de nuevo objeto de debate en Tokio. Como el primero en abrir relaciones con ese imperio, y como la nación en la mayoría de las relaciones comerciales directas con Japón, los Estados Unidos han perdido ninguna oportunidad de testificar su amistad constante apoyando las justas reclamaciones de Japón a la autonomía e independencia de las naciones.

Un tratado de extradición entre los Estados Unidos y Japón, el primero celebrado por ese Imperio, se ha proclamado últimamente.

La debilidad de Liberia y la dificultad de mantener una soberanía efectiva sobre sus barrios periféricos han expuesto que la República un asalto. No se puede olvidar que esta comunidad es una rama distante de nuestro propio sistema, que debe su origen a la benevolencia asociado de los ciudadanos estadounidenses, cuyos esfuerzos para crear un núcleo de la civilización en el continente negro loable han mandado respeto y simpatía por todas partes, especialmente en este país. Aunque un protectorado formal sobre Liberia es contrario a nuestra política tradicional, el derecho moral y el deber de los Estados Unidos para ayudar en todas las formas apropiadas en el mantenimiento de su integridad es evidente, y se ha anunciado constantemente durante casi medio siglo. Recomiendo que en la reorganización de nuestra marina de guerra una pequeña embarcación, ya no se encuentra adecuada a nuestras necesidades, se presentará a Liberia, para ser contratado por ésta en la protección de sus ingresos de cabotaje.

El hecho alentador de las relaciones beneficiosas e íntimas entre Estados Unidos y México, que ha sido tan marcada en los últimos años, es a la vez motivo de felicitación y de solicitud de amigos. Renuevo mi urgente antigua representación de la necesidad o de la legislación rápida por el Congreso para llevar a efecto la convención comercial reciprocidad de 20 de enero 1883.

Nuestro tratado comercial de 1831 con México se dio por terminado, de acuerdo con sus disposiciones, en 1881, tras la notificación dada por México en cumplimiento de su política anunciada de la refundición de todos sus tratados comerciales. México ha concluido ya con varios gobiernos extranjeros nuevos tratados de comercio y navegación, la definición de los derechos extranjeros de comercio, la propiedad, y la residencia, el tratamiento de la navegación, los privilegios consulares, y similares. Nuestra convención reciprocidad aún no ejecutada de 1883 cubre ninguno de estos puntos, es tan necesaria para la buena relación cuya liquidación. Me propongo iniciar con las negociaciones de México para un nuevo y ampliado tratado de comercio y navegación.

En cumplimiento de una resolución del Senado, me comuniqué a ese cuerpo el 2 de agosto pasado, y también a la Cámara de Representantes, la correspondencia en el caso de corte AK, un ciudadano estadounidense, y luego encarcelado en México, acusado de la comisión de un delito penal en Texas, de los cuales un ciudadano mexicano fue el objeto.

Después de la demanda había sido hecha por su liberación la acusación en su contra fue modificado a fin de incluir una violación de las leyes mexicanas en territorio mexicano.

Esta acumulación de presuntos delitos, uno dentro y otro exterior de México, me indujo a ordenar una investigación especial sobre el caso, en espera de que el señor de corte fue puesto en libertad.

El incidente ha, sin embargo, da a conocer una reclamación de la jurisdicción por la novela México en nuestra historia, por el que cualquier delito cometido por un extranjero en cualquier lugar, penal en el lugar de su comisión, y de la que un mexicano es el objeto, puede, si el delincuente sea que se encuentra en México, ser allí juzgado y sancionado de conformidad con las leyes mexicanas.

Esta jurisdicción fue sostenido por los tribunales de México en el caso de corte, y aprobado por el Poder Ejecutivo de ese Gobierno, en la autoridad de una ley mexicana. El tribunal de apelación en la liberación de Mr. corte decidió que el abandono de la denuncia por parte del ciudadano mexicano agraviado por el presunto delito (una publicación difamatoria) elimina la base de la acción pública, y también declaró que la justicia han sido satisfechos por la ejecución de una pequeña parte de la sentencia original.

La admisión de tal pretensión se asistió con resultados graves e invasivas de la jurisdicción de este Gobierno y de alta peligrosidad a nuestros ciudadanos en el extranjero. Por lo tanto he negado y han protestado contra la tentativa de ejercicio como injustificada por los principios del derecho y los usos internacionales.

Un soberano tiene jurisdicción de delitos que entran en vigor dentro de su territorio, aunque inventado o comenzado fuera de ella; pero el derecho se le niega de cualquier soberano extranjero para castigar a un ciudadano de los Estados Unidos por un delito consumado en nuestro suelo en violación de nuestras leyes, a pesar de que la ofensa sea contra un sujeto o ciudadano de dicha soberana. La ley mexicana en cuestión hace la afirmación en términos generales, y en el principio, si reconoció, crearía una doble responsabilidad en el ciudadano y dar lugar a confusión inextricable, destructiva de que la seguridad jurídica, que es un elemento esencial de la libertad.

Cuando los ciudadanos de los Estados Unidos voluntariamente van a un país extranjero, deben cumplir con las leyes allí vigentes, y no serán protegidos por su propio Gobierno de las consecuencias de un delito contra las leyes cometidas en dicho país extranjero; pero cuidado vigilante y el interés de este Gobierno sobre sus ciudadanos no queden libres porque han ido al extranjero, y si se le acusa de los delitos cometidos en el país extranjero de un juicio justo y abierto, realizado en relación decente para la justicia y la humanidad, se exigieron para ellos . A menos de que este gobierno no va a ser el contenido cuando la vida o la libertad de sus ciudadanos está en juego.

Sea cual sea el grado en que la jurisdicción penal extraterritorial puede haber sido anteriormente permitida por el consentimiento y acuerdo de reciprocidad entre algunos de los Estados de Europa, tal doctrina o práctica fue alguna vez sabe que las leyes de este país o de aquello de lo que han sido principalmente derivadas nuestras instituciones .

En el caso de México existen razones especialmente fuertes para una perfecta armonía en el ejercicio mutuo de jurisdicción. La naturaleza nos ha hecho irrevocablemente vecinos, y la sabiduría y sentimiento tipo nos debería hacer amigos.

El desbordamiento del capital y de las empresas de los Estados Unidos es un factor poderoso en la asistencia al desarrollo de los recursos de México y en la construcción de la prosperidad de ambos países.

Para ayudar a este buen trabajo todos los motivos de aprehensión para la seguridad de la persona y la propiedad debe ser eliminado; y confío en que, en aras de la buena vecindad la ley mencionada se lo modificado para eliminar las actuales posibilidades de peligro para la paz de los dos países.

El Gobierno de los Países Bajos ha mostrado su preocupación en relación con ciertos rasgos de nuestras leyes arancelarias, que se supone por ellos para ser dirigido a una clase de tabaco producido en las Indias Orientales Holandesas. Comentario Parecería innecesario sobre la imprudencia de la legislación que parece tener una discriminación nacional especial por su objeto, que, aunque no intencional, pueden dar lugar a represalias perjudicial.

El establecimiento, hace menos de cuatro años, de una legación en Teherán está dando sus frutos en el interés mostrado por el gobierno del Sha en la actividad industrial de los Estados Unidos y las oportunidades de intercambios beneficiosos.

Gobierno estable es ahora felizmente restaurada en Perú por la elección de un presidente constitucional, y un periodo de rehabilitación se introduce en; pero la recuperación es necesariamente lento desde el agotamiento causado por la última guerra y disturbios civiles. Una convención de ajustar por demandas de arbitraje de nuestros ciudadanos se ha propuesto y está bajo consideración.

El oficial de la Marina que llevaba a Siberia los testimonios otorgados por el Congreso en reconocimiento a la ayuda prestada a los supervivientes Jeannette ha realizado con éxito su misión. Se presentará su informe interesante. Es agradable saber que esta marca de apreciación ha sido bien acogida por el Gobierno ruso y la gente como corresponde a la amistad tradicional entre los dos países.

Perturbaciones civiles en las islas de Samoa tienen durante los últimos años ha sido una fuente de gran vergüenza para los tres gobiernos-Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos - cuyas relaciones y derechos extraterritoriales en ese importante grupo están garantizados por los tratados. La debilidad de la administración nativa y el conflicto de intereses en las islas opuestas han llevado rey Malietoa a buscar la alianza o la protección de alguna de un cuarto, con independencia de los compromisos distintos con lo cual ninguno de los tres poderes de tratados puede adquirir cualquier interés primordial o exclusiva. En mayo de Malietoa última ofreció colocar Samoa bajo la protección de Estados Unidos, y el fallecido cónsul, sin autorización, supone concederle. El procedimiento se rechazó rápidamente y el exceso de celo funcionario recordó. Los agentes especiales de los tres gobiernos se han designado para examinar la situación en las islas. Con un cambio en la representación de los tres poderes y una comprensión armónica entre ellos, la paz, la prosperidad, la administración autonómica, y la neutralidad de Samoa difícilmente puede dejar de ser asegurado.

Es que aparece que el Gobierno de España no se extendía a la bandera de los Estados Unidos en las Antillas la plena medida de reciprocidad necesaria en nuestro estatuto para la continuación de la suspensión de las discriminaciones contra la bandera española en nuestros puertos, que se vio limitada en octubre última de rescindir la proclamación de mi predecesor de 14 de febrero de 1884, que permite la suspensión. Un arreglo fue, sin embargo, rápidamente llegó, y después de la notificación del Gobierno de España de que todo trato diferenciado de nuestros buques y sus cargamentos, desde los Estados Unidos o de cualquier país extranjero, había sido completa y absolutamente abandonado, me aproveché de la potestad discrecional conferida por la ley y emitido el 27 de octubre mi proclamación declarando la suspensión recíproca en los Estados Unidos. Es muy gratificante para dar testimonio al espíritu serio en el que el Gobierno de la Reina Regente ha reunido nuestros esfuerzos por evitar la iniciación de las discriminaciones y represalias comerciales, que son siempre desastroso para los intereses materiales y la buena voluntad política de los países que puede afectar.

El desarrollo rentable de los grandes intercambios comerciales entre los Estados Unidos y las Antillas españolas es, naturalmente, un objeto de la solicitud. Bien junto a nuestras puertas, y encontrar aquí sus principales mercados de oferta y demanda, el bienestar de Cuba y Puerto Rico y su producción y comercio son casi tan importante para nosotros que para España. Sus movimientos comerciales y financieros son tan naturalmente una parte de nuestro sistema que no es obstáculo para la relación sexual plena y más libre se debe permitir a existir. Las instrucciones permanentes de nuestros representantes en Madrid y La Habana han sido durante años para no dejar ningún esfuerzo unessayed para promover estos fines, y en ningún momento tiene el buen deseo igual de España ha manifestado más de esperar que ahora.

El Gobierno de España, mediante la eliminación de las cuotas de tonelaje consulares sobre los cargamentos enviados a las Antillas y por la reducción de gastos de pasaporte, ha mostrado su reconocimiento de las necesidades de las relaciones sexuales menos trammeled.

Un esfuerzo se ha hecho durante el último año para eliminar los obstáculos a la proclamación del tratado de naturalización con la Sublime Puerta, firmado en 1874, que ha permanecido fuera de servicio debido a un desacuerdo de interpretación de las cláusulas relativas a los efectos de la devolución a y estancia de un ciudadano naturalizado en el país de origen. Confío en que pronto será capaz de anunciar un acuerdo favorable de las diferencias en cuanto a esta interpretación.

Ha sido muy satisfactorio observar el tratamiento mejorado de misioneros estadounidenses en Turquía, como se ha atestiguado por sus agradecimientos a nuestro difunto ministro a ese Gobierno de sus esfuerzos exitosos en su nombre.

El canje de las ratificaciones de la convención de 5 de diciembre de 1885, con Venezuela, para la reapertura de los premios de la Comisión de Caracas bajo la convención de reclamaciones de 1866, todavía no se ha efectuado, debido al retraso del Ejecutivo de que la República de la ratificación de la medida. Confío en que este aplazamiento será breve; pero en caso de que mucho más tiempo continúe, la demora puede muy bien ser considerado como una rescisión del compacto y un fracaso por parte de Venezuela para completar un acuerdo tan persistentemente buscado por ella durante muchos años y asentimiento por este Gobierno en un espíritu de internacional equidad, aunque en detrimento de los titulares de concesiones de buena fe de la comisión impugnada.

Renuevo la recomendación de mi último mensaje anual que se revisen la legislación existente relativa a la ciudadanía y la naturalización. Tenemos tratados con muchos estados que establecen la renuncia a la ciudadanía de los extranjeros naturalizados, pero ninguna ley se encuentra para dar efecto a tales compromisos, ni ninguna que ofrece una oficina central necesaria para el registro de los ciudadanos naturalizados.

La experiencia sugiere que nuestros estatutos que regulan la extradición podrían modificarse ventajosamente por una provisión para el tránsito a través de nuestro territorio, ahora una vía conveniente de viajar de un país extranjero a otro, de fugitivos entregados por un gobierno extranjero a un tercer estado. Tales disposiciones no son inusuales en la legislación de otros países, y tienden a evitar el aborto involuntario de la justicia. Es también deseable, a fin de eliminar las incertidumbres actuales, esa autoridad debe facultarse a la Secretaría de Estado para emitir un certificado, en caso de una detención a efectos de extradición, el funcionario ante el cual el procedimiento está pendiente, mostrando que una solicitud para la entrega de la persona acusada ha sido debidamente presentada. Dicho certificado, si es necesario para ser recibido antes del examen del prisionero, evitaría una larga y costosa investigación judicial sobre una acusación que el gobierno extranjero podría no desear prensa. También recomiendo que disposición expresa se ​​hará para la descarga inmediata de la custodia de las personas comprometidas para la extradición cuando el Presidente es de la opinión de que no se debe hacer la entrega.

La deriva de la confianza en las comunidades civilizadas hacia el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad en las creaciones del intelecto humano ha dado lugar a la adopción por parte de muchas naciones importantes de una convención internacional de derechos de autor, que fue firmado en Berna el el 18 de septiembre 1885.

Dado que la Constitución le da al Congreso el poder de "promover el progreso de la ciencia y las artes útiles asegurando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos," este Gobierno no se siente justificado en convertirse en signatario en espera de la acción del Congreso sobre las medidas de derecho de autor internacional ahora antes de que; pero el derecho de adhesión a la Convención de Berna de aquí en adelante se ha reservado. Confío en que el sujeto reciba en sus manos la atención que merece, y que los justos reclamos de los autores, se presiona con tanta urgencia, serán debidamente escuchadas.

Representaciones siguen realizando para mí de los efectos perjudiciales sobre los artistas americanos que estudian en el extranjero y que tienen libre acceso a las colecciones de arte de los países extranjeros de mantener el deber discriminar en contra de la introducción de las obras de sus artistas hermanos de otros países, y estoy inducidos repetir mi recomendación para la abolición de dicho impuesto.

De conformidad con una disposición de la ley diplomática y consular de créditos aprobada 01 de julio 1886, las estimaciones presentadas por el Secretario de Estado para el mantenimiento del servicio consular se han refundido sobre la base de los salarios de todos los funcionarios a los que dicha previsión se considere conveniente . Se ha aprovechado de esto para redistribuir los sueldos de las oficinas ahora consignados para, de acuerdo con el trabajo realizado, la importancia de las funciones de representación de la titular, y el costo de vida en cada puesto. La última consideración ha sido demasiado a menudo se pierde de vista en las asignaciones hechas hasta ahora. La indemnización que puede ser suficiente para el mantenimiento digno de un oficial digno y capaz en una posición de confianza oneroso y representante en un puesto de fácil acceso, y donde las necesidades de la vida son abundantes y baratos, puede resultar una miseria inadecuada en tierras lejanas, donde la mejor parte de la paga de un año se consume en alcanzar el puesto del deber, y donde las comodidades de una existencia civilizada ordinaria sólo se puede obtener con dificultad ya un costo exorbitante. Confío en que, al considerar las listas presentadas ninguna teoría equivocada de la economía va a perpetuar un sistema que en el pasado prácticamente ha cerrado al talento que merece muchas oficinas donde la capacidad y los logros de un orden superior son indispensables, y en no pocos casos ha traído descrédito a nuestro carácter nacional y la vergüenza que implica y que incluso el sufrimiento de los deputado de defender nuestra dignidad y los intereses en el extranjero.

En relación con este tema que sinceramente reitero la necesidad práctica de suministrar algún modo de inspección digno de confianza y el informe de la manera en que se llevan a cabo los consulados. En ausencia de tal eficiencia información fiable apenas puede ser recompensado o corregir su opuesto.

El aumento de la competencia en el comercio se ha dirigido la atención sobre el valor de los informes consulares impresos por el Departamento de Estado, y los esfuerzos del Gobierno para extender la utilidad práctica de estos informes han creado una mayor demanda de ellos en casa y un espíritu de emulación en el extranjero . Constituir un registro en los cambios que se producen en el comercio y el progreso de las artes y la invención en el extranjero, que son muy codiciados por todos los interesados ​​en los temas que se abrazan.

El informe del Secretario del Tesoro de los objetos expuestos en detalle el estado de las finanzas públicas y de las varias ramas del Gobierno relacionadas con su Departamento. En especial me dirijo a la atención del Congreso a las recomendaciones contenidas en el presente y la presentación del informe anterior del Secretario tocar la simplificación y modificación de las leyes que regulan la recaudación de los ingresos, y en aras de la economía y la justicia al Gobierno que espero que podrá adoptar la legislación apropiada.

Los recibos ordinarios del Gobierno para el año fiscal terminado en junio 30 de 1886, fueron de $ 336,439,727.06. De esta cantidad se recibió $ 192,905,023.41 de costumbres y $ 116,805,936.48 de rentas internas. Los ingresos totales, como en este caso declaró, fueron de $ 13,749,020.68 mayor que el año anterior, pero el aumento de la aduana fue de $ 11,434,084.10 y de impuestos internos $ 4,407,210.94, haciendo una ganancia en estos artículos para el último año de $ 15,841,295.04, a caerse en otros recursos de la reducción el aumento total a la menor cantidad mencionada.

El gasto en las diferentes aduanas de la recogida de este aumento de la renta aduanera fue menor que el gasto de asistir a la colección de dichos ingresos para el año anterior a $ 490.608, y el aumento de los ingresos de impuestos internos se recogieron con un costo para la Oficina Interna-Ingresos $ 155,944.99 menos que el gasto de dicha recogida para el año anterior.

El total de gastos ordinarios del Gobierno para el año fiscal terminado en junio 30 de 1886, fueron de $ 242,483,138.50, siendo menos por 17.788.797 EE.UU. dólares de esos gastos para el año anterior, y dejando un superávit en la Tesorería al cierre del último año fiscal de $ 93,956,588.56, frente a $ 63,463,771.27 al cierre del año anterior, siendo un aumento de dicho superávit de $ 30,492,817.29.

Los gastos se comparan con los del año fiscal anterior y se clasifican de la siguiente manera:

Para el año en curso al 30 Junio ​​de 1887, los ingresos comprobados hasta el 1 de octubre de 1886, con tales ingresos estimados para el resto del año, ascienden a $ 356 millones.

Los gastos comprobados y estimados para el mismo periodo son $ 266 millones, lo que indica un superávit previsto al cierre del año de $ 90,000,000.

El valor total de las exportaciones de Estados Unidos a países extranjeros durante el año fiscal que se afirma y se compara con el año anterior de la siguiente manera:

El valor de algunos de nuestros principales productos de exportación durante el último año fiscal, en comparación con el valor de la misma para el año inmediatamente anterior, aquí se le da, y proporciona información interesante y sugerente:

Nuestras importaciones durante el último año fiscal, en comparación con el año anterior, fueron los siguientes:

En mi último mensaje anual al Congreso la atención fue dirigida al hecho de que los ingresos del Gobierno superaron sus necesidades reales, y se sugirió que se debe tomar una acción legislativa para aliviar a la gente de la carga innecesaria de los impuestos por lo tanto hizo evidente.

En vista de la importancia de prensado de la materia considero que es mi deber de instar de nuevo el examen.

Los ingresos del Gobierno, por su mayor volumen ya través de economías en su colección, es ahora más que nunca en exceso de las necesidades públicas. La aplicación de los excedentes al pago de dicha parte de la deuda pública como lo es ahora en nuestra opción sujeta a la extinción, de continuar al ritmo que ha prevalecido últimamente, se retiraría esa clase de endeudamiento no superior a un año a partir de esta fecha. De este modo una continuación de nuestro actual sistema de ingresos que pronto resultará en la recepción de un ingreso anual mucho mayor de lo necesario para cubrir los gastos del Gobierno, sin endeudamiento sobre el que se podría aplicar. Debemos entonces confrontados con una gran cantidad de dinero, el medio circulante de las personas, atesoraba en el Tesoro cuando debería estar en sus manos, o que debe ser arrastrado a la extravagancia público derrochador, con toda la desmoralización nacional corruptora que sigue en su tren.

Pero no es la simple existencia de este excedente y sus males concomitantes amenazadas que proporcionan el argumento más fuerte en contra de nuestra escala actual de los impuestos federales. Su peor fase es la imposición de tales excedentes a través de una perversión de las relaciones entre el pueblo y su Gobierno y una salida peligrosa de las normas que limitan el derecho de los impuestos federales.

El buen gobierno, y especialmente el gobierno de que todos los ciudadanos estadounidenses se precie, tiene por objeto la protección de todas las personas dentro de su atención en la mayor libertad compatible con el buen orden de la sociedad y su perfecta seguridad en el disfrute de sus ganancias con la menor posible disminución de las necesidades públicas. Cuando más de la sustancia de la gente exigido a través de la forma de imposición de lo necesario para satisfacer las justas obligaciones del Gobierno y el gasto de la administración económica, tal exigencia se convierte en extorsión despiadada y una violación de los principios fundamentales de un gobierno libre.

La forma indirecta en la que se hacen estas exacciones tiene una tendencia a ocultar su verdadero carácter y su alcance. Pero hemos llegado a una etapa de ingresos superflua que ha despertado a la gente a darse cuenta del hecho de que la cantidad recaudada profesan por el apoyo del Gobierno se paga por ellos como absolutamente si se añade al precio de las cosas que alimentan su diario quiere como si se pagó en períodos fijos en la mano del recaudador de impuestos.

Los que trabajan duro por salarios diarios están empezando a entender que el capital, aunque a veces jactancioso su importancia y clamando por la protección y el favor del Gobierno, es aburrida y lenta hasta que, tocado por la mano mágica de la mano de obra, que salta a la actividad, el suministro de un ocasión para que los impuestos federales y ganando el valor que le permite soportar su carga. Y el hombre trabajando está investigando cuidadosamente si en estas circunstancias, y teniendo en cuenta el tributo que paga constantemente en el Tesoro público como lo suministra el diario quiere, él recibe su parte justa de los beneficios.

También hay una sospecha en el extranjero que el excedente de los ingresos indica los beneficios empresariales anormales y excepcionales, que, bajo el sistema que produce tales excedentes, aumento sin beneficio para las personas que corresponde en general las grandes acumulaciones de unos pocos entre nuestros ciudadanos, cuyas fortunas , rivalizando con la riqueza de los más favorecidos en los países antidemocráticos, no son el crecimiento natural de una república estable, sencillo y laborioso.

Nuestros agricultores, también, y los que participan directa e indirectamente en el suministro de los productos de la agricultura, ver que día a día, y tan a menudo como las necesidades diarias de sus familias se repiten, se ven obligados a pagar impuestos excesivos e innecesarios, mientras que su productos lucha en los mercados extranjeros con el concurso de las naciones, que, al permitir un intercambio más libre de las producciones que nos permitimos, permiten a su gente a vender a precios que angustia al granjero americano.

Como todo ciudadano patriótico se regocija en la cada vez mayor orgullo de nuestro pueblo en la ciudadanía estadounidense y en la gloria de nuestros logros y progresos nacionales, un sentimiento prevalece que las cadenas principales útiles para una nación en su infancia bien pueden ser en gran medida descartada en la etapa actual de ingenio americano, la valentía y la autosuficiencia sin miedo; y por el privilegio de caer este sentimiento con verdadero entusiasmo Americana nuestros ciudadanos están dispuestos a renunciar a un superávit de inactividad en el Tesoro público.

Y todas las personas saben que el tipo medio de los impuestos federales sobre las importaciones es a día, en tiempo de paz, pero poco menos, mientras que en algunos de los artículos de consumo necesario en realidad es más, que se impuso por la pesada carga de buen grado llevado a un momento en que el Gobierno necesitaba millones para mantener por la guerra de la seguridad y la integridad de la Unión.

Ha sido la política del Gobierno para recoger la parte principal de sus ingresos por un impuesto a las importaciones, y ningún cambio en esta política es deseable. Pero el actual estado de cosas obliga a nuestra gente a exigir que por una revisión de nuestras leyes de ingresos los ingresos del Gobierno se reducirán al gasto necesario de su administración económica; y esta demanda debe ser reconocido y obedecido por los representantes del pueblo en la rama legislativa del Gobierno.

En el reajuste de las cargas de impuestos Federal una política pública sólida requiere que tales de nuestros ciudadanos han construido industrias grandes e importantes en las condiciones actuales no debe ser pronto y para su lesión privados de ventajas a las que han adaptado su negocio; pero si el bien público exige que deben contentarse con tal consideración deberá tratar de manera justa y con precaución con sus intereses, mientras que la demanda justa del pueblo para el alivio de los impuestos no hace falta que se responda con honestidad.

Una presentación razonable y oportuna a tal demanda sin duda debe ser posible sin choque desastroso para los intereses; y una concesión alegre a veces evita la acción brusca y sin prestar atención, a menudo la consecuencia de la impaciencia y el retraso en la justicia.

Se debe tener también concederá en ningún reajuste propuesto a los intereses de los trabajadores de América la medida en que están involucrados. Nos congratulamos de que hay entre nosotros no hay clase trabajadora fija dentro de límites inflexibles y condenado en todas las condiciones para el destino inexorable de trabajo diario. Reconocemos en el trabajo un factor principal en la riqueza de la República, y tratamos los que lo tienen en su mantenimiento como ciudadanos tienen derecho a la más cuidadosa consideración y una dedicada atención. Esta relación y la atención deben ser ellos otorgan, no sólo porque el trabajo es la capital de nuestros obreros, justamente con derecho a su parte de favor del Gobierno, pero por la razón más y no menos importante que el hombre que trabaja, rodeado de su familia en su humilde hogar, como consumidor es un interés vital en todo lo que abarata el coste de la vida y le permite incluir en su círculo interno comodidades y ventajas adicionales.

Esta relación del obrero a las leyes de ingresos del país y la manera en que esta influye palpablemente la cuestión de los salarios no debe olvidarse en la prominencia justificable dado el mantenimiento adecuado de la oferta y la protección del trabajo bien remunerado. Y estas consideraciones sugieren un arreglo de los ingresos del Gobierno, tales como reducirá los gastos de vida, mientras que no limita la posibilidad de trabajo ni reducir la remuneración de la mano de obra estadounidense y perjudicial afecta a su condición y el lugar digno que posee en la estimación de nuestra personas.

Pero nuestros agricultores y agricultores - los que desde el suelo producen las cosas que se consumen por todos - son quizás más directa y claramente preocupado que cualquier otro de nuestros ciudadanos en un sistema justo y cuidadoso de los impuestos federales. Aquellos realmente comprometido y conectado más remotamente con este tipo de número de trabajo cerca de la mitad de nuestra población. Ninguno de trabajo más duro o más continuamente que ellos. No hay decretos limitan sus horas de trabajo y sin interposición de Gobierno aumenta en gran medida el valor de sus productos. Y sin embargo, para muchas de las necesidades y comodidades de la vida, que la economía más escrupuloso les permite traer a sus casas, y de sus implementos de agricultura, que están obligados a pagar un precio en gran medida aumentó en un beneficio poco natural, que por la acción del Gobierno se da a los fabricantes más favorecida.

Recomiendo que, teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la creciente e innecesaria excedente de la renta nacional anual acumulando ser liberado a la gente mediante una modificación de nuestras leyes de ingresos que deberá abaratar el precio de las cosas necesarias para la vida y dar entrada libre a tales importada materiales como por la mano de obra americana se pueden preparar en productos comercializables.

Nada se puede lograr, sin embargo, en la dirección de esta reforma tan necesaria a menos que el tema se aborda con un espíritu patriótico de la devoción a los intereses de todo el país y con la voluntad de ceder algo para el bien público.

El importe pagado en la deuda pública durante el año fiscal terminado en junio 30 de 1886, fue de $ 44,551,043.36.

Durante los doce meses finalizados octubre 31,1886, 3 enlaces por ciento se anuncia el rescate por valor de $ 127.283.100, de los cuales $ 80.6432 millones fue tan llamados a responder a las exigencias de la ley relativa al fondo de amortización y $ 46639900 con el propósito de reducir la deuda pública mediante la aplicación de una parte del excedente en el Tesoro a ese objeto. De los bonos así llamados 102.269.450 dólares se convirtió en tema objeto de este tipo de llamadas a rescate antes del 1 de noviembre de 1886 El resto, que asciende a 25.013.650 dólares, madurado en las llamadas después de esa fecha.

Además de la cantidad sujeta al pago y cancelación antes del 1 de noviembre, también se pagaron antes de ese día algunos de estos bonos, con los correspondientes intereses, que asciende a 5.072.350 dólares, que se prevé en cuanto a su madurez, de los cuales $ 2,664,850 no habían sido llamado: Así 107.341.800 dólar se había aplicado en realidad antes de 1 de noviembre de 1886, a la extinción de nuestra deuda en bonos y que devenga intereses, dejando en ese día aún pendiente la suma de $ 1,153,443,112. De esta cantidad 86,8487 millones dólares todavía estaban representados por 3 bonos por ciento. Ellos sin embargo, han sido desde el 1 de noviembre o van a ser a la vez, más reducido en 22.606.150 dólares, siendo los bonos que han sido llamados, como ya se ha dicho, pero no redimido y canceló antes de esta última fecha.

Durante el año fiscal terminado en junio 30 de 1886, se acuñaban, en el marco del acto-la moneda de plata obligatoria de 1878,29,838,905 dólares de plata, y el costo de la plata utilizada en tales monedas fue de $ 23,448,960.01. No había sido acuñado hasta el cierre del año fiscal anterior conforme a lo dispuesto en las leyes 203 882 554 dólares de plata, y el día 1 de diciembre de 1886, el monto total de tales monedas era $ 247 131 549.

El Director de la Casa de Moneda informa que en el momento de la aprobación de la ley de 1878 que dirige esta acuñación del valor intrínseco de los dólares así acuñadas fue de 94 1/4 centavos cada uno, y que el día 31 de julio de 1886, el precio de plata llegado a la etapa más baja jamás conocida, por lo que el precio intrínseco o lingotes de nuestro dólar de plata estándar en esa fecha era de menos de 72 centavos de dólar. El precio de la plata en el día 30 de noviembre del año pasado era tal como para hacer estos dólares intrínsecamente vale 78 centavos cada uno.

Estas diferencias en el valor de las monedas representan las fluctuaciones en el precio de la plata, y ciertamente no indican que la moneda obligatoria por el Gobierno aumenta el precio de ese producto o asegura la uniformidad en su valor.

Cada esfuerzo justo y legal ha sido hecha por el Departamento del Tesoro para distribuir esta moneda en el pueblo. La retirada de las notas del Tesoro estadounidense de baja denominación y la expedición de certificados de plata pequeños han recurrido a en el esfuerzo para lograr este resultado, en obediencia a la voluntad y los sentimientos de los representantes del pueblo en el Congreso. El día 27 de noviembre de 1886, las personas detenidas de estas monedas o certificados que los representen, la suma nominal de 166873041 dólares, y todavía teníamos 79.464.345 dólares en el Tesoro como en contra de 142.894055 millones dólares por lo que en las manos de la gente y de $ 72,865,376 que queda en hace del Tesoro a un año. El Director de la Casa de la Moneda urge una vez más la necesidad de más espacio bóveda con el propósito de almacenar estos dólares de plata que no son necesarios para la circulación por la gente.

No he visto ninguna razón para cambiar los puntos de vista expresados ​​en mi último mensaje anual sobre el tema de esta acuñación obligatoria, y de nuevo me instar su suspensión en todos los motivos que figuran en mi anterior recomendación, reforzó por el aumento significativo de nuestras exportaciones de oro durante el el año pasado, según se desprende de la declaración comparativa que aquí se presenta, y por las razones más que cuanto más esta moneda se distribuye entre la gente mayor se convierte en nuestro deber de protegerlo de los desastres, que ahora tenemos abundancia para todas nuestras necesidades, y que parece poco decoro en la construcción de bóvedas para almacenar la moneda en que la única pretensión de su invención es la necesidad de su uso por el pueblo como un medio de circulación.

El gran número de trajes ahora pendientes en los tribunales de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York que crecen fuera de la recaudación de los ingresos de aduanas en el puerto de Nueva York y el número de esos trajes que están casi a diario instituyó son sin duda dignos de la atención de el Congreso. Estas controversias jurídicas, en base a opiniones contradictorias de los importadores y el colector de la interpretación de nuestras actuales leyes de ingresos compleja e indefinida, podrían ser obviadas en gran parte por una modificación de esas leyes.

Pero la espera de esta modificación, el estado actual de este litigio debe ser relevado. En la actualidad hay pendientes alrededor de 2.500 de estos trajes. Más de 1.100 se han iniciado en los últimos dieciocho meses, y muchos de los otros han sido controvertidos por más de veinticinco años. Estos retrasos se someten al Gobierno a que la pérdida de pruebas y prevenir la preparación necesaria para derrotar a las reclamaciones injustas y ficticios, mientras que constantemente amenaza con una tasa de interés duplicar las demandas involucradas.

En el estado actual de los expedientes de los tribunales, así lleno de demandas privadas, y de la fuerza permitido al fiscal de distrito, no mayor que es necesario para la actividad ordinaria y corriente de su oficina, estos litigios de ingresos no pueden ser considerados.

A falta de la aprobación por el Congreso de un plan para la reorganización general de los tribunales federales, como se ha recomendado hasta ahora, insto a la conveniencia de aprobar una ley que permita el nombramiento de un juez federal adicional en el distrito en el que estos trajes de gobierno tienen acumulada, de manera que por las sesiones continuas de los tribunales dedicados al estudio de estos casos pueden ser determinados.

Es del todo evidente que un gran ahorro para el Gobierno se lograría tal recurso, y los pretendientes que tienen reclamos honestos no se puede negar la justicia a través de demora.

El informe de la Secretaría de Guerra da cuenta detallada de la administración de su Departamento y contiene diversas recomendaciones para la mejora del servicio, que yo apruebo totalmente.

El ejército consistía en la fecha de la última declaración consolidada de 2.103 oficiales y 24.946 hombres alistados.

Los gastos del Departamento para el último año fiscal fueron de US $ 36,990,903.38, incluyendo $ 6,294,305.43 para obras públicas y mejoras fluviales y portuarias.

En especial me dirijo a la atención del Congreso a la recomendación de que se exige a los funcionarios a someterse a un examen como paso previo a su promoción. No veo ninguna objeción, pero muchas ventajas, en la adopción de esta función, que ha operado de manera beneficiosa en nuestro Departamento de Marina, así como en algunas ramas del ejército.

El tema de las defensas costeras y las fortificaciones ha sido completa y cuidadosamente tratado por la Junta sobre Fortificaciones, cuyo informe fue presentado en la última sesión del Congreso; pero no hay trabajos de construcción del tipo recomendado por la junta ha sido posible durante el último año a partir de la falta de créditos para tales fines.

La condición indefensa de nuestra costa y de frontera lago es perfectamente palpable. Los exámenes realizados deben convencer a todos de que algunas de nuestras ciudades nombradas en el informe de la junta debe ser fortalecido y que el trabajo en la más importante de estas fortificaciones debe iniciarse a la vez. La obra ha sido considerada y se presentarán a fondo, el Secretario de Guerra informa, pero todo se retrasa a falta de acción del Congreso.

La necesidad absoluta, a juzgar por todas las normas de prudencia y previsión, de nuestra preparación para una resistencia efectiva contra los barcos blindados y armas de acero y morteros de construcción moderna que puedan amenazar las ciudades en nuestras costas es tan evidente que espero medidas eficaces serán tomado en esa dirección inmediatamente.

El tratamiento valioso y sugerente de esta cuestión por el Secretario de Guerra está seriamente elogió a la consideración del Congreso.

En septiembre y octubre del año pasado los apaches hostiles que, bajo el liderazgo de Geronimo, tenían dieciocho meses estado en el camino de la guerra, y durante ese tiempo había cometido muchos asesinatos y ha sido la causa de constante terror a los pobladores de Arizona, se rindió al general Miles, el comandante militar que tuvo éxito general Crook en la gestión y dirección de su persecución.

Bajo los términos de su entrega, tal como informó entonces, y en vista de la comprensión que estos salvajes asesinos parecían entretenerse de las garantías que les ofrece, se consideró mejor para encarcelar a ellos de tal manera que se impida su vez la participación en este tipo de atropellos de nuevo, en lugar de tratar de ellos por asesinato. Fort Pickens haber sido seleccionado como un lugar seguro para el parto, todos los varones adultos fueron enviados allá y estarán estrechamente vigilados como prisioneros. Mientras tanto, el resto de la banda, que, a pesar de que aún quedan en la reserva, se considera como inseguro y sospecha de suministrar ayuda a los de la ruta de la guerra, había sido retirado a Fort Marion. Las mujeres y los niños mayores de los hostiles También se tomaron allí, y se han hecho arreglos para poner a los niños en edad adecuada en las escuelas indias.

El informe de la Secretaría de Marina contiene una exposición detallada de la condición de su Departamento, con una declaración de las medidas necesarias para mejorar el mismo, como debería desafiar la seria atención del Congreso.

El presente Marina de los Estados Unidos, aparte de los barcos en curso de construcción, consta de--

Primero. Catorce monitores individuales torreones, ninguno de los que están en comisión ni en la actualidad pueda reparar. Las baterías de estos barcos son obsoletas, y que sólo se puede confiar en los barcos como auxiliares en la defensa del puerto, y luego después de un gasto como sobre ellos como no podría ser considerada justificable.

Segundo. Cinco buques de cuarta categoría de pequeño tonelaje, sólo uno de los cuales fue diseñado como un buque de guerra, y todas ellas son meramente auxiliar.

Tercera. Veinte y siete barcos de crucero, tres de los cuales se construyen de hierro, de pequeño tonelaje, y veinticuatro de la madera. De estas embarcaciones de madera se estima por el principal constructor de la marina de guerra que sólo tres será útil más allá de un período de seis años, momento en el cual se puede decir que de la actual fuerza naval nada digno del nombre permanecerá.

Todos los buques autorizados hasta ahora están bajo contrato o en el curso de la construcción, excepto los buques blindados, los torpederos y dinamita, y un crucero. En cuanto a la última de ellas, las ofertas fueron superiores al límite fijado por el Congreso. La producción en los Estados Unidos de armadura y arma de acero es una pregunta que parece necesario para ubicarse en un día temprano si los buques de guerra blindados deben ser completados con los materiales de fabricación casa. Esto ha sido objeto de investigación por parte de dos tablas y dos comités especiales del Congreso en los últimos tres años. El informe de la Junta Foundry arma en 1884, de la Junta de Fortificaciones hechas en enero pasado, y los informes de los comités de selección de las dos Cámaras formuladas en la última sesión del Congreso se han agotado por completo el tema, por lo que la investigación preliminar es involucrados, y en sus recomendaciones que se acordaron sustancialmente.

En el caso de que la presente invitación del Departamento a licitación para suministrar los de este material como ahora está autorizado dejar de inducir a los fabricantes nacionales para llevar a cabo los grandes gastos necesarios para prepararse para esta nueva producción, y no hay otras medidas son tomadas por el Congreso en su próximo período de sesiones, el Secretario contempla con la insatisfacción de la necesidad de obtener en el exterior de la armadura y el arma de acero para los barcos autorizados. Parecería conveniente que las necesidades del Ejército y la Marina en este sentido se deben cumplir razonablemente, y que mediante la unión de sus contratos como incentivo podría ser ofrecido como resultaría en la obtención de la domesticación de estos intereses importantes.

Los asuntos de la presentación del servicio postal marcados y mejora gratificante durante el pasado año. Una cuenta en particular de sus operaciones y condición se da en el informe del Director General de Correos, que se puso delante de ti.

La reducción de la tasa de de portes en 1883, haciendo que los ingresos postales insuficientes para sostener los gastos, y la depresión de negocio que contribuye, dio lugar a un exceso de coste para el año fiscal terminado en junio 30 de 1885, de ocho y un tercio millones de dólares. Un control adicional sobre los recibos por la duplicación de la medida de peso en la calificación correspondencia sellada y la disminución de la mitad de la carga para su transporte diario fue impuesta por la legislación que entró en vigor con el inicio del año fiscal pasado, mientras que la demanda constante de nuestro desarrollo territorial y crecimiento de la población para la ampliación y aumento de los servicios de correo y maquinaria requiere anticipo anual constante de desembolso, y la estimación rigurosa de hace un año en las tasas de gasto existente en ese momento contemplaba el aumento inevitable de la deficiencia en el último año fiscal por casi $ 2.000.000. Los ingresos previstos para el año pasado fracasó de realización en aproximadamente $ 64.000, pero las medidas adecuadas de economía han hecho satisfactoriamente limitado el crecimiento de los gastos que la deficiencia total en el hecho cayó por debajo de la de 1885, y en este momento el aumento de los ingresos se encuentra en una ganando relación sobre el aumento de los costos, lo que demuestra la suficiencia de las actuales tasas de franqueo en última instancia, para sostener el servicio. Este es el más agradable, porque nuestros pueblos disfrutan ahora de franqueo más barato proporcionalmente a las distancias y un servicio más vasto y más costoso que cualquier otro en el mundo.

Reducción de gastos se han efectuado de los gastos de suministros, algunos gastos injustificados por la ley han cesado, y los desembolsos por concepto de transporte electrónico han sido sometidos al escrutinio beneficioso. Al cierre del pasado ejercicio los gastos de transporte en las rutas estelares se situó en una tasa anual de coste menos por más de 560,000 dólares que al cierre del año anterior y el servicio de barco de vapor y mensajero electrónico a cerca de 200.000 dólares menos.

El servicio ha sido mientras tanto agrandado y ampliado por el establecimiento de nuevas oficinas, aumento de las rutas de transporte, la expansión de las facilidades de soporte a la entrega y adiciones a las instalaciones de correo de ferrocarril, de conformidad con las crecientes exigencias del país y la larga política -Establecido del Gobierno.

El Director General de Correos llama la atención a la ley vigente para la compensación de los ferrocarriles y expresa la opinión de que un método puede concebirse que resultará más justo a los transportistas y beneficioso para el Gobierno; y el tema parece digno de su consideración temprana.

Las diferencias que surgieron durante el año con algunas de las compañías de vapores del océano han terminado por la aquiescencia de todos en la política del Gobierno aprobado por el Congreso en la apropiación postal en su última reunión, y el Departamento ahora disfruta al máximo el servicio proporcionado por todos los buques que enarbolen de nuestros puertos sobre el océano, ya sea - un servicio en general adecuada a las necesidades de nuestras relaciones. Peticiones Sin embargo, han sido presentados al Departamento de numerosos comerciantes y fabricantes para el establecimiento de un servicio directo a la República Argentina y para los despachos quincenales con el Imperio del Brasil, y el sujeto está encomendado a su consideración. Es un deber evidente de proporcionar los medios de comunicación postal que nuestro comercio requiere, y con previsión prudente de los resultados de los sabios extensión del mismo puede conducir a la estimulación de la relación sexual y convertirse en el heraldo de un tráfico rentable que abrirá nuevas vías para la disposición de los productos de nuestra industria. Las circunstancias de los países en el extremo sur de nuestro continente son tales como para invitar a nuestra empresa y pagar la promesa de ventajas suficientes para justificar un esfuerzo inusual para llevar a cabo las relaciones más estrechas que una mayor libertad de comunicación tienden a establecer.

Sugiero que, a diferencia de una subvención o subsidio por el solo beneficio de cualquier línea de comercio o de viaje, lo que sea gasto puede ser necesario para garantizar el servicio postal adicional, necesaria y adecuada y no de otra manera posible, debe considerarse como dentro del límite de la legítima reparación de dicho servicio.

La ampliación del servicio de libre prestación como sugiere el Director General de Correos ha recibido hasta ahora mi sanción, y es de esperar una sanción adecuada pronto puede ser acordado.

La solicitud de una asignación suficiente para que la inspección general de las oficinas de cuarta clase tiene mi aprobación.

Renuevo mi aprobación de la recomendación del Director General de Correos que se proporcione otro asistente para el Departamento Post-Office y los invito a su atención las otras recomendaciones en su informe.

La conducta del Departamento de Justicia para el último año fiscal es completamente detallada en el informe de la Fiscalía General, e invito a la seria atención del Congreso a la misma y la debida consideración de las recomendaciones que contiene.

En el informe presentado por este oficial de la última sesión del Congreso se recomienda la construcción de un centro penitenciario para el confinamiento de los presos declarados culpables y condenados en los tribunales de los Estados Unidos, y repite la recomendación en su informe para el año pasado.

Esta es una cuestión de gran importancia y al mismo tiempo debe recibir la acción del Congreso. Estados Unidos prisioneros están confinados en más de treinta prisiones estatales diferentes y penitenciarías dispersas en todas las partes del país. Están sometidos a casi tantos modos diferentes de tratamiento y la disciplina y están muy alejados demasiado del control y la regulación del Gobierno. Hasta el momento, ya que tienen derecho a la integridad personal y una oportunidad de mejora y reforma, el Gobierno es responsable de ellos y la sociedad que estas cosas son próximas. Pero este deber apenas puede ser dado de alta sin control más absoluto y la dirección del que es posible con el sistema actual.

Muchos de nuestros buenos ciudadanos han interesado por ellos mismos, con los resultados más beneficiosos, en la cuestión de la reforma penitenciaria. El Gobierno General debe estar en una situación, ya que debe haber Estados Unidos prisioneros, a proporcionar ayuda importante en este movimiento, y debe ser capaz de ilustrar lo que puede ser prácticamente hecho en la dirección de esta reforma y de presentar un ejemplo en el tratamiento y la mejora de sus prisioneros dignos de imitación.

Con las cárceles bajo su propio control al Gobierno podría hacer frente a la cuestión un tanto contrariado de trabajo de los convictos, en lo que se refiere a sus presos, de acuerdo con un plan de su propia adopción, y teniendo debidamente en cuenta los derechos e intereses de nuestros ciudadanos en trabajo de parto, a veces en lugar de ayudar en la operación de un sistema que hace que entre ellos la irritación y el descontento.

Tras el examen de este tema se podría pensar sabio para erigir más de una de estas instituciones, que se encuentra en los lugares que mejor se subserve efectos de conveniencia y economía en el transporte. El coste considerable de mantenimiento de estos convictos como en la actualidad, en las instituciones del Estado, se salvaría por la adopción del plan propuesto, y empleándolos en la fabricación de estos artículos como fueron necesarios para su uso por el Gobierno bastante grande beneficio pecuniario haría realizarse a cambio parcial para nuestra inversión.

Nuevo Insto a un cambio en el sistema judicial federal para satisfacer las necesidades de la gente y evitar los retrasos que asisten necesariamente la condición actual de los asuntos en nuestros tribunales. Todos están de acuerdo en que había que hacer algo, y mucho favor se muestra por los que son bien capaces de asesorar al plan sugerido por el Fiscal General en la última sesión del Congreso y se recomienda en mi último mensaje anual. Esta recomendación está aquí renovado, junto con otro hecho, al mismo tiempo, tocando un cambio en la forma de compensar a los abogados y alguaciles del distrito; y el último, se felicitó al Congreso para su acción en interés de la economía para el Gobierno, y la humanidad, la imparcialidad y la justicia para nuestro pueblo.

El informe del Secretario del Interior presenta un amplio resumen de la labor de las distintas ramas de la administración pública relacionada con su Departamento, y las sugerencias y recomendaciones que contiene para la mejora del servicio debe recibir su consideración cuidadosa.

La exposición hecha de la condición de nuestra población indígena y el avance de los trabajos para su iluminación, a pesar de las muchas vergüenzas que dificultan la mejor administración de esta importante rama del servicio, es una gratificante y esperanzador.

Los fondos asignados para el servicio de la India para el año fiscal que acaba de pasar, con el ingreso disponible de los dineros de la tierra y de confianza de la India, que asciende en total a $ 7,850,775.12, eran abundantes para el servicio en las condiciones y restricciones de las leyes que regulan su gasto. Quedaba un equilibrio en la mano el 30 de junio de 1886, de $ 1,660,023.30, de los cuales $ 1,337,768.21 son fondos permanentes para el cumplimiento de los tratados y otros como fines, y el resto, $ 322,255.09, está sujeto a ser llevado a los fondos excedentarios como exige la ley .

Las estimaciones presentadas por los créditos para la cantidad siguiente año fiscal a $ 5,608,873.64, o $ 442,386.20 menos de los previstos antes de que el Congreso el año pasado.

El actual sistema de agencias, mientras que es absolutamente necesario y bien adaptada para la gestión de nuestros asuntos indígenas y de los extremos a la vista cuando fue adoptado, se encuentra en la etapa actual de la gestión inadecuada de la India, por sí solo, para la realización de un objeto que se ha convertido en urgente en su importancia - la más rápida transición de las organizaciones tribales a la ciudadanía de esas porciones de los indios como son capaces de la vida civilizada.

Cuando se adoptó el sistema existente, la raza indígena estaba fuera de los límites de los Estados y Territorios organizado y más allá del alcance inmediato y el funcionamiento de la civilización, y todos los esfuerzos se orientaron principalmente al mantenimiento de las relaciones de amistad y la preservación de la paz y la tranquilidad en la frontera. Todo esto ahora ha cambiado. No hay tal cosa como la frontera india. Civilización, con el zumbido ocupado de la industria y las influencias del cristianismo, rodea a estas personas en cada punto. Ninguna de las tribus se encuentran fuera de los límites del gobierno organizado y la sociedad, salvo que el sistema territorial no se ha extendido sobre la parte del país conocido como el territorio indio. Como raza de los indios ya no son hostiles, pero se puede considerar como sumiso al control del Gobierno. Pocos de ellos sólo son problemáticos. Excepto los fragmentos de varias bandas, todos están ahora reunidos en reservas.

Ya no es posible que ellos subsisten por la persecución y las producciones espontáneas de la tierra.

Con una abundancia de la tierra, si se suministra con los medios e implementos para la cría rentable, su vida de toda dependencia de las raciones de los gobiernos de un día para otro ya no es defendible. Su inclinación, siempre impulsado por un sistema defectuoso de control, es aferrarse a los hábitos y costumbres de sus antepasados ​​y la lucha con persistencia contra el cambio de vida que sus nuevas circunstancias, pulse sobre ellos. Pero la barbarie y la civilización no pueden vivir juntos. Es imposible que tales condiciones incongruentes deben coexistir en el mismo suelo.

Ellos son una parte de nuestro pueblo, están bajo la autoridad de nuestro Gobierno, y tienen una demanda particular sobre y tienen derecho a la atención de la promoción y la protección de la nación. El Gobierno no puede eximirse de esta responsabilidad hasta que sean hasta ahora entrenados y civilizado como para ser capaz de gestionar en su totalidad y cuidar de sí mismos. Los caminos en el que deben andar deben estar claramente marcados para ellos, y deben ser llevados o guiados hasta que se familiaricen con la forma y competente para asumir las funciones y responsabilidades de nuestra ciudadanía.

El progreso en esta gran obra continuará sólo en el presente ritmo lento y con grandes gastos a menos que el sistema y los métodos de gestión se mejoran para cumplir con las nuevas condiciones y demandas urgentes del servicio.

Los agentes, que esté al mando y supervisión general en muchos casos de más de 5.000 indios, dispersos en grandes reservas, y cargados con los detalles de la rendición de cuentas de los fondos y suministros, tener tiempo para cuidar de la formación industrial y la mejora de los pocos indios. Los muchos se descuidan y se mantienen condiciones de ralentí y dependientes, no favorables para el progreso y la civilización.

La compensación que se concede estos agentes y las condiciones del servicio no se calculan de garantizar a los hombres de trabajo que están equipados por la capacidad y la habilidad para planificar y dirigir adecuadamente los métodos mejor adaptados para producir los resultados más rápidos y beneficios permanentes de forma inteligente.

De ahí la necesidad de un organismo o sistema complementario dirigido al final de la promoción de la transición general y más rápida de las tribus de los hábitos y costumbres de la barbarie a los caminos de la civilización.

Con un deseo ansioso de idear algún plan de operación por la cual para asegurar el bienestar de los indios y para aliviar el Tesoro en la medida de lo posible con el apoyo de la población inactiva y dependiente, recomendé en mi mensaje anual anterior al paso de una ley que autoriza el nombramiento de una comisión como auxiliar instrumentalidad de las ya establecidas para el cuidado de los indios. Fue diseñado que esta comisión debe estar compuesta por seis personas inteligentes y capaces - tres que se detallarán en el Ejército - que tiene ideas prácticas sobre el tema del tratamiento de los indios y está interesado en su bienestar, y que se debe cargar, bajo la dirección del Secretario de Gobernación, con la gestión de este tipo de cuestiones de detalle que no puede con la actual organización llevará a cabo correctamente y con éxito, y que presentan diferentes fases, como los propios indios difieren en su progreso, las necesidades, la disposición, y la capacidad de mejora o de auto-apoyo inmediato.

Con la ayuda de una comisión mucho gasto, de manera imprudente e inútil de dinero, pérdida de materiales, y los esfuerzos inútiles podrían ser evitadas; y se espera que esta o alguna medida que la sabiduría del Congreso puede concebir mejor para suplir la deficiencia del sistema actual puede recibir proporcionarse su consideración y la legislación apropiada.

El momento es propicio para el trabajo de dicha agencia.

Hay menos oposición a la educación y formación de la juventud india, como lo demuestra el aumento de la asistencia a las escuelas, y hay una tendencia a ceder para la explotación individual de tierras. Desarrollo y avance en estas direcciones son esenciales, y deben tener todo el aliento. A medida que la nueva generación se les enseña el lenguaje de la civilización y entrenado en los hábitos de la industria que deben asumir los deberes, privilegios y responsabilidades de la ciudadanía.

Ningún obstáculo debe impedir la localización y solución de cualquier indio dispuesto a tomar tierra en severalty; por el contrario, la inclinación a hacerlo debe ser estimulado en todo momento cuando adecuada y conveniente. Pero no hay ninguna autoridad legal para efectuar las adjudicaciones en algunas de las reservas, y en otros las asignaciones previstas son tan pequeñas que los indios, aunque listos y deseosos de establecerse, no están dispuestos a aceptar tales áreas pequeñas cuando sus reservas contienen amplias tierras para pagarlos granjas de tamaño suficiente para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.

Estas desigualdades de las leyes y tratados especiales existentes deben ser corregidos y algunas legislación general sobre la materia debe proporcionar, de manera que los miembros más progresistas de las diferentes tribus podrán liquidarse en granjas, y con su ejemplo conducen a otros a seguir, rompiendo costumbres tribales y sustituyéndola por el amor del hogar, el interés de la familia y el Estado del estado.

El carácter y la naturaleza de la India son tales que no se llevaron fácilmente mientras rumiando errores no ajustados. Esto es especialmente cierto con respecto a sus tierras. Aspectos derivados de la construcción y explotación de ferrocarriles a través de algunas de las reservas, y las reivindicaciones de título y derecho de ocupación establecido por personas blancas a algunas de las mejores tierras dentro de otras reservas requieren una legislación para su ajuste final.

La solución de estos asuntos eliminará muchos apuros para progresar en el trabajo de dirigir a los indios a la adopción de nuestras instituciones y traerlos bajo la operación, la influencia, y la protección de las leyes universales de nuestro país.

Las recomendaciones de la Secretaría del Interior y el Comisionado de la Oficina General de Tierras que buscan la mejor protección de las tierras públicas y de las encuestas públicas, la preservación de los bosques nacionales, la adjudicación de las subvenciones a los Estados y las corporaciones y de las reivindicaciones de tierras privadas, y el aumento de la eficiencia del servicio de terrenos públicos se encomendó a la atención del Congreso. Para asegurar la distribución más amplia de las tierras públicas en cantidades limitadas entre los colonos para la residencia y el cultivo, y por lo tanto hacer que el mayor número de casas individuales, fue el objetivo principal de la legislación de tierras públicas en los primeros días de la República. Este sistema era simple. Comenzó con un esquema admirable de encuestas públicas, por lo que el ciudadano más humilde podía identificar las vías sobre las que deseaba establecer su hogar. El precio de las tierras se colocó al alcance de todos los emprendedores, laboriosos y honestos ciudadanos pioneras del país. Era pronto, sin embargo, se encontró que el objeto de las leyes es pervertida, bajo el sistema de ventas en efectivo, a partir de una distribución de la tierra entre el pueblo a una acumulación de capital de las tierras por parte de personas adineradas y especulativos. Para comprobar esta tendencia un derecho de preferencia de compra se le dio a los colonos en la tierra, un plan que culminó en el acto de sobreseimiento general de 1841. El fundamento de este sistema fue residencia real y el cultivo. Veinte años más tarde la ley homestead fue ideado para poner más seguramente casas reales en poder de los cultivadores actuales del suelo. La tierra fue entregada sin precio, las condiciones únicas de ser residencia, mejoramiento y cultivo. Otras leyes han seguido, cada uno diseñado para fomentar la adquisición y uso de la tierra en cantidades individuales limitadas. Pero en los últimos años estas leyes, a través de los métodos administrativos viciosos y bajo nuevas condiciones de comunicación y transporte, han sido por lo evadido y violado que su propósito benéfico está amenazada de toda derrota. Los métodos de este tipo de evasiones y violaciónes se exponen en detalle en los informes del Secretario del Interior y el Comisionado de la Oficina General de Tierras. La rápida apropiación de nuestras tierras públicas sin asentamientos de buena fe o el cultivo, y no sólo sin la intención de residencia, pero a los efectos de su agregación en grandes propiedades, en muchos casos en manos de extranjeros, invita a la atención seria e inmediata de la Congreso.

Las energías del Departamento de Tierras se han dedicado durante la presente Administración para subsanar defectos y corregir abusos en el servicio de la tierra pública. Los resultados de estos esfuerzos son en tan gran medida en la naturaleza de las reformas en los procesos y métodos de nuestro sistema de tierra que se evite estimación adecuada; pero parece por una compilación de los informes del Comisionado de la Oficina General de Tierras que el efecto inmediato en los casos principales que han llegado a una terminación final ha sido la restauración de la masa de las tierras públicas de 2.750.000 hectáreas; que 2.370.000 hectáreas se abrazaron en las investigaciones ahora pendientes ante el Departamento o de los tribunales, y que la acción del Congreso se ha pedido para efectuar la restauración de 2.790.000 hectáreas adicionales; además de que 4.000.000 hectáreas han sido retenidos de reserva y los derechos de entrada al respecto mantenido.

Recomiendo la derogación de los actos de suscripción preferente y la madera-cultura, y que las leyes homestead estar tan modificado como para asegurar mejor el cumplimiento de sus requisitos de residencia, mejoramiento y cultivo para el período de cinco años a partir de la fecha de entrada, sin la conmutación o provisión para abandono especulativo. También recomiendo la derogación de las leyes del desierto-tierra a no ser que será el placer de que el Congreso lo modifique las leyes las haga menos propenso a abusos. Como el principal motivo de una evasión de las leyes y la causa principal de su resultado en la acumulación de la tierra en lugar de distribución de la tierra es la facilidad con que las transferencias se hacen del derecho previsto para ser fijado a los colonos, se puede considerar aconsejable proporcionar por legislación algunos guardias y controles sobre la enajenación de derechos del patrimonio familiar y las tierras cubiertas por dichas disposiciones y la expedición de patentes.

El año pasado una proclamación Ejecutivo se emitió dirigir la retirada de las vallas que adjuntaba el dominio público. Muchos de éstos se han eliminado en la obediencia a tal fin, pero gran parte de la tierra pública todavía se mantiene dentro de las líneas de estas vallas ilegales. Los métodos ingeniosos recurrido a fin de continuar con estos delitos y la osadía de las pretensiones por lo que en algunos casos se justifican esos cercados son detallados en el informe de la Secretaría de Gobernación.

La eliminación de las vallas que aún quedan que SESIÓNCerrar tierras públicas se hará cumplir con toda la autoridad y los medios con los que el poder ejecutivo del Gobierno está o será invertido por el Congreso para ese fin.

El informe del Comisionado de Pensiones contiene una exposición detallada y más satisfactoria de las operaciones de la Oficina de Pensiones durante el último año fiscal. La cantidad de trabajo realizado fue la más grande en un año desde que la organización de la Mesa, y se ha hecho a un costo menor que durante el año anterior en todas las divisiones.

El 30 de junio de 1886, había 365.783 pensionistas en las listas de la Mesa.

Desde 1861 se han registrado 1.018.735 solicitudes de pensiones presentadas, de las cuales 78.834 se basaron en servicio en la guerra de 1812 Hubo 621.754 de estas aplicaciones permitidas, incluyendo 60.178 para los soldados de 1812 y sus viudas.

El monto total pagado por las pensiones desde 1861 es de $ 808,624,811.57.

El número de nuevas pensiones permitidas durante el año al 30 de junio de 1886, es 40.857, un número mayor que se ha permitido en un año, salvo uno desde 1861 los nombres de 2.229 pensionistas que se había caído previamente de los rollos fueron restaurados durante el años, y después de deducir los caído en el mismo tiempo por varias causas un aumento neto se mantiene para el año de 20.658 nombres.

Desde el 1 de enero de 1861, al 1 de diciembre de 1885, se habían aprobado 1.967 actos privados de pensiones. Desde esta última fecha, y durante la última sesión del Congreso, 644 tales actos se convirtieron en leyes.

Me parece que nadie puede examinar nuestro establecimiento de pensiones y sus operaciones sin estar convencido de que a través de su instrumentalidad justicia puede ser muy casi hecho a todos los que tienen derecho bajo las actuales leyes a la generosidad de pensiones del Gobierno.

Pero es innegable que existen casos, así beneficiarse de la franquicia, en el que la Oficina de Pensiones es impotente para la ayuda. Los casos realmente dignos de esta clase son tales, ya que sólo falta por desgracia el tipo o cantidad de la prueba que la ley y los reglamentos de la Mesa requieren, o que, a pesar de sus méritos es evidente, por alguna otra razón no puede ser tratada con justicia a través de leyes generales. Estas condiciones justifican plenamente solicitud ante el Congreso y decretos especiales. Pero recurrir al Congreso para un acto especial de pensiones para anular la determinación deliberada y cuidadosa de la Oficina de Pensiones sobre el fondo o para asegurar una acción favorable cuando no se podía esperar en la ejecución más liberal de las leyes generales, hay que admitir abre la puerta a la asignación de los créditos dudosos y presenta a los poderes legislativo y ejecutivo de las aplicaciones del Gobierno concededly no dentro de la ley y claramente carentes de mérito, pero también lo rodeadas por el sentimiento y el sentimiento patriótico que son difíciles de resistir. Supongo que no se puede negar que muchas reclamaciones de pensiones se hacen sin fundamento y que muchos se han permitido en representaciones fraudulentas. Este ha sido declarada por la Oficina de Pensiones, no sólo en esto, pero en las Administraciones anteriores.

La utilidad y la justicia de cualquier sistema para la distribución de las pensiones dependen de la igualdad y la uniformidad de su funcionamiento.

Se verá en el informe del Comisionado que hay ahora pagados por el gobierno 131 tipos diferentes de pensiones.

Él estima a partir de la mejor información que se puede obtener que 9.000 de los que han servido en el Ejército y la Armada de los Estados Unidos están ahora soportados, en todo o en parte, con fondos públicos o de organizaciones de caridad, excluyendo aquellos en los hogares de los soldados bajo la dirección y control del Gobierno. Sólo el 13 por ciento de ellos son jubilados, mientras que de la totalidad de la cantidad de hombres decoradas por la última guerra algo así como el 20 por ciento, incluyendo sus viudas y familiares, han sido o están ahora en la recepción de las pensiones.

El pueblo estadounidense, con un patriótico y agradecido respeto por nuestros ex soldados, demasiado grandes y demasiado sagrados para ser monopolizada por ninguna abogados especiales, no sólo dispuestos sino ansiosos de que la justicia igual y exacta se debe hacer para todos los demandantes honestas para las pensiones. En la vista del soldado sin amigos y en la miseria, dependen de la caridad pública, si el título de otro modo, tiene exactamente el mismo derecho a participar en la provisión hecha para los que lucharon batallas de su país como los más capaces, a través de los amigos y la influencia, para impulsar sus demandas . Cada pensión que se concede en virtud de nuestro plan actual a cualquier otro motivo que el servicio real y lesión o enfermedad haya incurrido en tal servicio, y todos los casos de los muchos en los que las pensiones se incrementan por otros motivos que los méritos de la reclamación, funciona una injusticia el soldado valiente y tullido, pero pobre y sin amigos, que está totalmente descuidado o que debe contentarse con la suma más pequeña permitida bajo las leyes generales.

Hay demasiados barrios en los que se encuentran los casos flagrantes de desigualdad de trato en materia de pensiones, y son en gran parte debido a un rendimiento en la Oficina de Pensiones de la importunidad por parte de aquellos, que no sea titular de una pensión, que son especialmente interesados​​, o que surjan de actos especiales aprobadas para el beneficio de los individuos.

Los hombres que lucharon al lado del otro deben estar lado a lado cuando participan en memoria tipo de una nación agradecida.

Cada examen de la equidad y la justicia a nuestros ex soldados y la protección del instinto patriótico de nuestros ciudadanos desde el punto perversión y la violación a la adopción de un sistema de pensiones amplio y lo suficientemente amplia para cubrir todas las contingencias, y que hará innecesario un volumen objetable de una legislación especial.

Mientras nos adherimos al principio de la concesión de las pensiones para el servicio, y la discapacidad como el resultado del servicio, la asignación de las pensiones debe limitarse a los casos que presentan estas características.

Cada corazón patriótico responde a una tierna consideración para aquellos que, habiendo servido a su país mucho y bien, se reducen a la miseria y la dependencia, no como un incidente de su servicio, pero con la edad avanzada o por enfermedad o infortunio. Todos somos tentados por la contemplación de tal condición para suministrar alivio, y son a menudo impaciente de las limitaciones de la función pública. Cediendo a nadie en el deseo de complacer este sentimiento de consideración, no puedo librarme de la convicción de que si estos ex soldados han de ser relevado ellos y su causa tienen derecho al beneficio de una representación en la que el alivio puede ser reclamada como un derecho, y que esa medida debe ser concedida en virtud de la sanción de la ley, no en la evasión de la misma; ni deben objetos dignos de atención, igualmente titulada, serán remitidos a la explotación desigual de la simpatía o la merced de la influencia social y política, con sus discriminaciones injustas.

Los soldados y los marinos del país descargadas son nuestros conciudadanos, e interesado con nosotros en el pasaje y la fiel ejecución de las leyes sanas. No pueden ser desviado de su deber de la ciudadanía por las apelaciones ingeniosas a su espíritu de fraternidad que nace de peligro y el sufrimiento común, ni se les exacta como una prueba de la devoción a su bienestar disposición a descuidar la función pública en su favor.

El 4 de marzo de 1885, el negocio actual de la Oficina de Patentes fue, en promedio, cinco meses y medio de atrasos, y en varias divisiones más de doce meses atrás. Al cierre del último año fiscal que dicho trabajo actual fue sino tres meses de retraso, y se afirma y cree que en los próximos meses la demora en la obtención de un examen de una solicitud de patente no será más que nominal.

El número de solicitudes de patentes durante el último año fiscal, incluyendo reediciones, diseños, marcas de fábrica y etiquetas, es igual a 40 678, lo que es considerablemente superior a la cantidad recibida durante cualquier año anterior.

Los recibos de la oficina de patentes durante el año agregada $ 1,205,167.80, lo que permite la oficina se conviertan en el Tesoro un excedente de ingresos, por encima de todos los gastos, de alrededor de $ 163,710.30.

El número de patentes concedidas en el último año fiscal, incluyendo reediciones, marcas registradas, diseños y etiquetas, era 25.619, un número también muy ampliamente superior a la de cualquier año anterior.

El informe del Comisionado muestra la oficina para estar en un estado próspero y en constante crecimiento en su negocio. No se pide aumento de la fuerza para.

El monto estimado para el año fiscal que termina en junio 30 de 1886, era $ 890.760. El monto estimado para el año termina en junio 30 de 1887, fue $ 853,960. El monto estimado para el año fiscal que termina en junio 30 de 1888, es $ 778.770.

El Secretario del Interior sugiere un cambio en el plan para el pago de la deuda de las carreteras del Pacífico subvencionados al Gobierno. Su sugerencia tiene el endoso unánime de las personas seleccionadas por el Gobierno para actuar como directores de estas carreteras y proteger los intereses de Estados Unidos en el consejo de dirección. Al examinar el plan propuesto los asuntos únicos que deben tenerse en cuenta, en mi opinión, son la situación del Gobierno como un acreedor y la manera más segura de garantizar el pago del capital e intereses de su deuda.

Por una decisión reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha declarado que las leyes de los diversos Estados no funcionan para regular las tarifas de transporte en ferrocarriles si dicha regulación interfiere con la tasa de transporte de un Estado a otro. Este importante campo del control y la regulación de haber sido así deja enteramente desocupado, la conveniencia de la acción federal sobre el tema es digno de consideración.

Las relaciones de trabajo al capital y de insistir a los hombres a sus empleadores son de la mayor preocupación para todos los ciudadanos patriótico. Cuando éstos son tensas y distorsionadas, reclamaciones injustificadas son aptos para ser insistido por tanto los intereses, y en la polémica que se traduce el bienestar de todos y la prosperidad del país están en peligro. Cualquier intervención del Gobierno General, dentro de los límites de su autoridad constitucional, para evitar tal condición debe conceder de buen grado.

En un mensaje especial transmitido al Congreso en su última reunión sugerí la ampliación de nuestro actual Dirección del Trabajo y la adición a sus actuales funciones del poder de arbitraje en los casos en que surjan diferencias entre el empleador y el empleado. Cuando estas diferencias llegan a una etapa tal que dé lugar a la interrupción del comercio entre los Estados, la aplicación de este recurso por el Gobierno General podría considerarse como enteramente dentro de sus atribuciones constitucionales. Y creo que podríamos esperar razonablemente que dichos árbitros, si se selecciona cuidadosamente y si tiene derecho a la confianza de las partes a ser afectados, se llamará voluntariamente a la solución de controversias de menor grado y no necesariamente dentro del dominio de la regulación federal.

Yo soy de la opinión de que esta sugerencia es la atención del Congreso digno.

Pero después de todo se ha hecho por la aprobación de leyes, ya sea federal o estatal, para aliviar una situación completa de la solicitud, aún queda mucho por lograr mediante el restablecimiento y el cultivo de un cierto sentimiento americano que reconoce la igualdad de la ciudadanía americana. Esto, a la luz de nuestras tradiciones y en la fidelidad al espíritu de nuestras instituciones, sería enseñan que una cordial cooperación por parte de todos los intereses es el camino más seguro hacia la grandeza nacional y la felicidad de todo nuestro pueblo; que el capital debe, en reconocimiento de la hermandad de nuestra ciudadanía y en un espíritu de justicia estadounidense, generosamente concuerda con el trabajo de su justa compensación y consideración, y que el trabajo de satisfacción es la mejor protección de capital y fiel aliado. Sería enseña, también, que las diversas situaciones de nuestra gente es inseparable de nuestra civilización; que todos los ciudadanos en su esfera ser un contribuyente al bien general; que el capital no necesariamente tienden a la opresión del trabajo, y que los violentos disturbios y desórdenes alienar de sus promotores verdadera solidaridad americana y que sienten amablemente.

El Departamento de Agricultura, en representación de la más antigua y más grande de nuestras industrias nacionales, se subserving así los efectos de su organización. Por la introducción de nuevos temas de la agricultura empresarial y la apertura de nuevas fuentes de riqueza agrícola y la difusión de información rápida sobre la producción y los precios que ha contribuido en gran medida a la prosperidad del país. A través de esta agencia avanzado pensamiento y la investigación de tocar los temas que tiene a su cargo debe, entre otras cosas, se utilizarán para la producción en el hogar a un bajo costo de los artículos de alimentos que ahora se importan del extranjero. Tal innovación necesariamente, por supuesto, en un principio dentro del dominio del experimento inteligente, y el sujeto en cada etapa debe recibir todo posible estímulo del Gobierno.

Los intereses de millones de nuestros ciudadanos se dedican a la agricultura están implicados en una ampliación y mejora de los resultados de su trabajo, y un sentido celoso de su bienestar deben ser un homenaje dispuesto a aquellos cuyos rendimientos productivos son la principal fuente de nuestro progreso y el poder .

La existencia de pleuroneumonía entre el ganado de diversos Estados ha llevado a onerosas y en algunos casos restricciones desastrosos en una rama importante de nuestro comercio, que amenaza con afectar a la cantidad y calidad de nuestro suministro de alimentos. Se trata de un asunto de tanta importancia y de consecuencias tan trascendentales que espero, se activará la seria atención del Congreso, a fin de que ese recurso puede aplicarse como de los límites de una delegación constitucional del poder al Gobierno General permita.

Felicito a la consideración del Congreso el informe del Comisionado y sus sugerencias sobre el interés confiado a su cuidado.

La operación continua de la ley relativa a la función pública ha añadido las pruebas más convincentes de su necesidad y utilidad. Es un hecho digno de notar que cada funcionario público que tiene una idea justa de su deber para con el pueblo atestigua el valor de esta reforma. Su más firme, los amigos se encuentran entre aquellos que entienden que es mejor, y sus partidarios más cálidos son los que se contuvo y protegido por sus requisitos.

El significado de esas limitaciones y la protección no es apreciado por aquellos que quieren lugares en el Gobierno, independientemente de los méritos y la eficiencia, ni por aquellos que insisten en que la selección de esos lugares debe descansar sobre una credencial apropiada que muestra el trabajo partidista activa. Significan a los funcionarios públicos, si no su vida, la única oportunidad que les brinda para atender a los asuntos públicos, y que significa la buena gente del país el mejor desempeño de la labor de su Gobierno.

Es sumamente extraño que el alcance y la naturaleza de esta reforma son tan poco comprendidos y que tantas cosas no incluidas dentro de su plan se llaman por su nombre. Cuando cavil produce más plenamente a examen, el sistema contará con grandes adiciones al número de sus amigos.

Nuestra reforma de la función pública puede ser imperfecta en algunos de sus detalles; puede ser mal interpretado y opuesto; no siempre puede ser aplicado fielmente; sus diseños a veces pueden sufrir un aborto por error o dolo; a veces puede temblar bajo los asaltos de sus enemigos o languidecer bajo el celo equivocado de amigos impracticables; pero si la gente de este país nunca se someten a la expulsión de su principio subyacente de la operación de su Gobierno que abandonen la garantía más segura de la seguridad y el éxito de las instituciones americanas.

Invoco para esta reforma el apoyo alegre y ungrudging del Congreso. Renuevo mi recomendación hecha el año pasado que los sueldos de los miembros de la Comisión se harán igual a otros funcionarios del Gobierno que tiene como funciones y responsabilidades, y espero que esas asignaciones razonables se pueden hacer como les permita aumentar la utilidad de la causa que tener a su cargo.

Deseo llamar la atención del Congreso a un derecho normal que el Gobierno le debe a los depositantes de ahorros y Trust Company de la Freedman.

Esta compañía fue fletado por el Congreso para el beneficio de los más analfabetos y humildes de nuestro pueblo, y con la intención de fomentar en ellos la industria y de segunda mano. La mayor parte de sus ramas fueron presididas por funcionarios con las comisiones y vestidos con el uniforme de los Estados Unidos. Estas y otras circunstancias razonablemente, en mi opinión, llevaron a estas personas sencillas para suponer que la invitación para depositar sus ahorros duramente ganados en esta institución implica un compromiso por parte de su Gobierno de que su dinero se debe mantener de manera segura para ellos.

Cuando esta empresa fracasó, fue responsable en la suma de $ 2,939,925.22 a 61.131 depositantes. Los dividendos que ascienden en total a 62 por ciento han sido declaradas, y la suma pedido y pagado de tales dividendos que parece ser de $ 1,648,181.72. Esta suma deducida de la cantidad total de depósitos deja $ 1,291,744.50 aún sin pagar. La experiencia ha demostrado que una parte bastante grande de esta suma no será llamado para. Hay activos aún en la mano que ascienden a la suma estimada de US $ 16.000.

Creo que el restante 38 por ciento de tales de estos depósitos tienen como demandantes deben ser pagados por el Gobierno, en los principios de equidad y justicia.

El informe de la comisión, antes de ser sometidos al Congreso, dará detalles más satisfactorios sobre este tema.

El control de los asuntos del Distrito de Columbia de haber sido puesto en manos de los oficiales puramente ejecutivas, mientras que el Congreso aún conserva toda la autoridad legislativa relativa a su gobierno, se convierte en mi deber dar a conocer las necesidades más apremiantes del Distrito y recomendar su consideración.

Las leyes del Distrito parecen estar en una condición incierta e insatisfactoria, y su codificación y revisión es muy necesaria.

Durante el año pasado uno de los puentes que conducen desde el Distrito en el Estado de Virginia se convirtió en no aptos para su uso, y los viajes en ella estaba prohibido. Esto me lleva a sugerir que la mejora de todos los puentes que cruzan el río Potomac y sus sucursales de la ciudad de Washington es la atención del Congreso digno.

Los Comisionados del Distrito representan que las leyes que regulan la venta de licor y la concesión de licencias para ello debe modificarse a la vez, y es necesario que la legislación para consolidar, definir y ampliar el alcance y las atribuciones de las instituciones de beneficencia y penales dentro del Distrito.

Sugiero que los Comisionados para vestirte con el poder de hacer, dentro de las limitaciones fijadas, los reglamentos de policía. Creo que este poder concedido y cuidadosamente vigilado tendería a estar al servicio del buen orden de la municipalidad.

Parece que los problemas aún existe cada vez mayor de la ocupación de las calles y avenidas por ciertos los ferrocarriles que tengan sus extremos en la ciudad. Es muy importante que estas leyes deben ser promulgadas sobre este tema que garanticen a los ferrocarriles todas las facilidades necesarias para la operación de su negocio y al mismo tiempo proteger a los ciudadanos de una lesión a sus personas o bienes.

Los Comisionados se quejan una vez más que el alojamiento que les proporciona a las oficinas necesarias para las empresas del distrito y para la custodia de los valiosos libros y documentos son totalmente insuficientes. Recomiendo que este estado de cosas puede remediar por el Congreso, y que los cuartos adecuados deban suministrarse para las necesidades del gobierno del Distrito.

En conclusión yo sinceramente invoco tal acción sabia por parte de los legisladores de la gente que va a estar al servicio del bien público y demostrar durante los días restantes del Congreso como en la actualidad organiza su capacidad y ganas para así satisfacer las necesidades del pueblo que será recordado con gratitud por una circunscripción expectante.

Original

To the Congress of the United States:

In discharge of a constitutional duty, and following a well-established precedent in the Executive office, I herewith transmit to the Congress at its reassembling certain information concerning the state of the Union, together with such recommendations for legislative consideration as appear necessary and expedient.

Our Government has consistently maintained its relations of friendship toward all other powers and of neighborly interest toward those whose possessions are contiguous to our own. Few questions have arisen during the past year with other governments, and none of those are beyond the reach of settlement in friendly counsel.

We are as yet without provision for the settlement of claims of citizens of the United States against Chile for injustice during the late war with Peru and Bolivia. The mixed commissions organized under claims conventions concluded by the Chilean Government with certain European States have developed an amount of friction which we trust can be avoided in the convention which our representative at Santiago is authorized to negotiate.

The cruel treatment of inoffensive Chinese has, I regret to say, been repeated in some of the far Western States and Territories, and acts of violence against those people, beyond the power of the local constituted authorities to prevent and difficult to punish, are reported even in distant Alaska. Much of this violence can be traced to race prejudice and competition of labor, which can not, however, justify the oppression of strangers whose safety is guaranteed by our treaty with China equally with the most favored nations.

In opening our vast domain to alien elements the purpose of our lawgivers was to invite assimilation, and not to provide an arena for endless antagonism. The paramount duty of maintaining public order and defending the interests of our own people may require the adoption of measures of restriction, but they should not tolerate the oppression of individuals of a special race. I am not without assurance that the Government of China, whose friendly disposition toward us I am most happy to recognize, will meet us halfway in devising a comprehensive remedy by which an effective limitation of Chinese emigration, joined to protection of those Chinese subjects who remain in this country, may be secured.

Legislation is needed to execute the provisions of our Chinese convention of 1880 touching the opium traffic.

While the good will of the Colombian Government toward our country is manifest, the situation of American interests on the Isthmus of Panama has at times excited concern and invited friendly action looking to the performance of the engagements of the two nations concerning the territory embraced in the interoceanic transit. With the subsidence of the Isthmian disturbances and the erection of the State of Panama into a federal district under the direct government of the constitutional administration at Bogota, a new order of things has been inaugurated, which, although as yet somewhat experimental and affording scope for arbitrary exercise of power by the delegates of the national authority, promises much improvement.

The sympathy between the people of the United States and France, born during our colonial struggle for independence and continuing today, has received a fresh impulse in the successful completion and dedication of the colossal statue of "Liberty Enlightening the World" in New York Harbor--the gift of Frenchmen to Americans.

A convention between the United States and certain other powers for the protection of submarine cables was signed at Paris on March 14, 1884, and has been duly ratified and proclaimed by this Government. By agreement between the high contracting parties this convention is to go into effect on the 1st of January next, but the legislation required for its execution in the United States has not yet been adopted. I earnestly recommend its enactment.

Cases have continued to occur in Germany giving rise to much correspondence in relation to the privilege of sojourn of our naturalized citizens of German origin revisiting the land of their birth, yet I am happy to state that our relations with that country have lost none of their accustomed cordiality.

The claims for interest upon the amount of tonnage dues illegally exacted from certain German steamship lines were favorably reported in both Houses of Congress at the last session, and I trust will receive final and favorable action at an early day.

The recommendations contained in my last annual message in relation to a mode of settlement of the fishery rights in the waters of British North America, so long a subject of anxious difference between the United States and Great Britain, was met by an adverse vote of the Senate on April 13 last, and thereupon negotiations were instituted to obtain an agreement with Her Britannic Majesty's Government for the promulgation of such joint interpretation and definition of the article of the convention of 1818 relating to the territorial waters and inshore fisheries of the British Provinces as should secure the Canadian rights from encroachment by the United States fishermen and at the same time insure the enjoyment by the latter of the privileges guaranteed to them by such convention.

The questions involved are of long standing, of grave consequence, and from time to time for nearly three-quarters of a century have given rise to earnest international discussions, not unaccompanied by irritation.

Temporary arrangements by treaties have served to allay friction, which, however, has revived as each treaty was terminated. The last arrangement, under the treaty of 1871, was abrogated after due notice by the United States on June 30, 1885, but I was enabled to obtain for our fishermen for the remainder of that season enjoyment of the full privileges accorded by the terminated treaty.

The joint high commission by whom the treaty had been negotiated, although invested with plenary power to make a permanent settlement, were content with a temporary arrangement, after the termination of which the question was relegated to the stipulations of the treaty of 1818, as to the first article of which no construction satisfactory to both countries has ever been agreed upon.

The progress of civilization and growth of population in the British Provinces to which the fisheries in question are contiguous and the expansion of commercial intercourse between them and the United States present to-day a condition of affairs scarcely realizable at the date of the negotiations of 1818.

New and vast interests have been brought into existence; modes of intercourse between the respective countries have been invented and multiplied; the methods of conducting the fisheries have been wholly changed; and all this is necessarily entitled to candid and careful consideration in the adjustment of the terms and conditions of intercourse and commerce between the United States and their neighbors along a frontier of over 3,500 miles.

This propinquity, community of language and occupation, and similarity of political and social institutions indicate the practicability and obvious wisdom of maintaining mutually beneficial and friendly relations.

Whilst I am unfeignedly desirous that such relations should exist between us and the inhabitants of Canada, yet the action of their officials during the past season toward our fishermen has been such as to seriously threaten their continuance.

Although disappointed in my efforts to secure a satisfactory settlement of the fishery question, negotiations are still pending, with reasonable hope that before the close of the present session of Congress announcement may be made that an acceptable conclusion has been reached.

As at an early day there may be laid before Congress the correspondence of the Department of State in relation to this important subject, so that the history of the past fishing season may be fully disclosed and the action and the attitude of the Administration clearly comprehended, a more extended reference is not deemed necessary in this communication.

The recommendation submitted last year that provision be made for a preliminary reconnoissance of the conventional boundary line between Alaska and British Columbia is renewed.

I express my unhesitating conviction that the intimacy of our relations with Hawaii should be emphasized. As a result of the reciprocity treaty of 1875, those islands, on the highway of Oriental and Australasian traffic, are virtually an outpost of American commerce and a stepping-stone to the growing trade of the Pacific. The Polynesian Island groups have been so absorbed by other and more powerful governments that the Hawaiian Islands are left almost alone in the enjoyment of their autonomy, which it is important for us should be preserved. Our treaty is now terminable on one year's notice, but propositions to abrogate it would be, in my judgment, most ill advised. The paramount influence we have there acquired, once relinquished, could only with difficulty be regained, and a valuable ground of vantage for ourselves might be converted into a stronghold for our commercial competitors. I earnestly recommend that the existing treaty stipulations be extended for a further term of seven years. A recently signed treaty to this end is now before the Senate.

The importance of telegraphic communication between those islands and the United States should not be overlooked.

The question of a general revision of the treaties of Japan is again under discussion at Tokyo. As the first to open relations with that Empire, and as the nation in most direct commercial relations with Japan, the United States have lost no opportunity to testify their consistent friendship by supporting the just claims of Japan to autonomy and independence among nations.

A treaty of extradition between the United States and Japan, the first concluded by that Empire, has been lately proclaimed.

The weakness of Liberia and the difficulty of maintaining effective sovereignty over its outlying districts have exposed that Republic to encroachment. It can not be forgotten that this distant community is an offshoot of our own system, owing its origin to the associated benevolence of American citizens, whose praiseworthy efforts to create a nucleus of civilization in the Dark Continent have commanded respect and sympathy everywhere, especially in this country. Although a formal protectorate over Liberia is contrary to our traditional policy, the moral right and duty of the United States to assist in all proper ways in the maintenance of its integrity is obvious, and has been consistently announced during nearly half a century. I recommend that in the reorganization of our Navy a small vessel, no longer found adequate to our needs, be presented to Liberia, to be employed by it in the protection of its coastwise revenues.

The encouraging development of beneficial and intimate relations between the United States and Mexico, which has been so marked within the past few years, is at once the occasion of congratulation and of friendly solicitude. I urgently renew my former representation of the need or speedy legislation by Congress to carry into effect the reciprocity commercial convention of January 20, 1883.

Our commercial treaty of 1831 with Mexico was terminated, according to its provisions, in 1881, upon notification given by Mexico in pursuance of her announced policy of recasting all her commercial treaties. Mexico has since concluded with several foreign governments new treaties of commerce and navigation, defining alien rights of trade, property, and residence, treatment of shipping, consular privileges, and the like. Our yet unexecuted reciprocity convention of 1883 covers none of these points, the settlement of which is so necessary to good relationship. I propose to initiate with Mexico negotiations for a new and enlarged treaty of commerce and navigation.

In compliance with a resolution of the Senate, I communicated to that body on August 2 last, and also to the House of Representatives, the correspondence in the case of A. K. Cutting, an American citizen, then imprisoned in Mexico, charged with the commission of a penal offense in Texas, of which a Mexican citizen was the object.

After demand had been made for his release the charge against him was amended so as to include a violation of Mexican law within Mexican territory.

This joinder of alleged offenses, one within and the other exterior to Mexico, induced me to order a special investigation of the case, pending which Mr. Cutting was released.

The incident has, however, disclosed a claim of jurisdiction by Mexico novel in our history, whereby any offense committed anywhere by a foreigner, penal in the place of its commission, and of which a Mexican is the object, may, if the offender be found in Mexico, be there tried and punished in conformity with Mexican laws.

This jurisdiction was sustained by the courts of Mexico in the Cutting case, and approved by the executive branch of that Government, upon the authority of a Mexican statute. The appellate court in releasing Mr. Cutting decided that the abandonment of the complaint by the Mexican citizen aggrieved by the alleged crime (a libelous publication) removed the basis of further prosecution, and also declared justice to have been satisfied by the enforcement of a small part of the original sentence.

The admission of such a pretension would be attended with serious results, invasive of the jurisdiction of this Government and highly dangerous to our citizens in foreign lands. Therefore I have denied it and protested against its attempted exercise as unwarranted by the principles of law and international usages.

A sovereign has jurisdiction of offenses which take effect within his territory, although concocted or commenced outside of it; but the right is denied of any foreign sovereign to punish a citizen of the United States for an offense consummated on our soil in violation of our laws, even though the offense be against a subject or citizen of such sovereign. The Mexican statute in question makes the claim broadly, and the principle, if conceded, would create a dual responsibility in the citizen and lead to inextricable confusion, destructive of that certainty in the law which is an essential of liberty.

When citizens of the United States voluntarily go into a foreign country, they must abide by the laws there in force, and will not be protected by their own Government from the consequences of an offense against those laws committed in such foreign country; but watchful care and interest of this Government over its citizens are not relinquished because they have gone abroad, and if charged with crime committed in the foreign land a fair and open trial, conducted with decent regard for justice and humanity, will be demanded for them. With less than that this Government will not be content when the life or liberty of its citizens is at stake.

Whatever the degree to which extraterritorial criminal jurisdiction may have been formerly allowed by consent and reciprocal agreement among certain of the European States, no such doctrine or practice was ever known to the laws of this country or of that from which our institutions have mainly been derived.

In the case of Mexico there are reasons especially strong for perfect harmony in the mutual exercise of jurisdiction. Nature has made us irrevocably neighbors, and wisdom and kind feeling should make us friends.

The overflow of capital and enterprise from the United States is a potent factor in assisting the development of the resources of Mexico and in building up the prosperity of both countries.

To assist this good work all grounds of apprehension for the security of person and property should be removed; and I trust that in the interests of good neighborhood the statute referred to will be so modified as to eliminate the present possibilities of danger to the peace of the two countries.

The Government of the Netherlands has exhibited concern in relation to certain features of our tariff laws, which are supposed by them to be aimed at a class of tobacco produced in the Dutch East Indies. Comment would seem unnecessary upon the unwisdom of legislation appearing to have a special national discrimination for its object, which, although unintentional, may give rise to injurious retaliation.

The establishment, less than four years ago, of a legation at Teheran is bearing fruit in the interest exhibited by the Shah's Government in the industrial activity of the United States and the opportunities of beneficial interchanges.

Stable government is now happily restored in Peru by the election of a constitutional president, and a period of rehabilitation is entered upon; but the recovery is necessarily slow from the exhaustion caused by the late war and civil disturbances. A convention to adjust by arbitration claims of our citizens has been proposed and is under consideration.

The naval officer who bore to Siberia the testimonials bestowed by Congress in recognition of the aid given to the Jeannette survivors has successfully accomplished his mission. His interesting report will be submitted. It is pleasant to know that this mark of appreciation has been welcomed by the Russian Government and people as befits the traditional friendship of the two countries.

Civil perturbations in the Samoan Islands have during the past few years been a source of considerable embarrassment to the three Governments-Germany, Great Britain, and the United States--whose relations and extraterritorial rights in that important group are guaranteed by treaties. The weakness of the native administration and the conflict of opposing interests in the islands have led King Malietoa to seek alliance or protection in some one quarter, regardless of the distinct engagements whereby no one of the three treaty powers may acquire any paramount or exclusive interest. In May last Malietoa offered to place Samoa under the protection of the United States, and the late consul, without authority, assumed to grant it. The proceeding was promptly disavowed and the overzealous official recalled. Special agents of the three Governments have been deputed to examine the situation in the islands. With a change in the representation of all three powers and a harmonious understanding between them, the peace, prosperity, autonomous administration, and neutrality of Samoa can hardly fail to be secured.

It appearing that the Government of Spain did not extend to the flag of the United States in the Antilles the full measure of reciprocity requisite under our statute for the continuance of the suspension of discriminations against the Spanish flag in our ports, I was constrained in October last to rescind my predecessor's proclamation of February 14, 1884, permitting such suspension. An arrangement was, however, speedily reached, and upon notification from the Government of Spain that all differential treatment of our vessels and their cargoes, from the United States or from any foreign country, had been completely and absolutely relinquished, I availed myself of the discretion conferred by law and issued on the 27th of October my proclamation declaring reciprocal suspension in the United States. It is most gratifying to bear testimony to the earnest spirit in which the Government of the Queen Regent has met our efforts to avert the initiation of commercial discriminations and reprisals, which are ever disastrous to the material interests and the political good will of the countries they may affect.

The profitable development of the large commercial exchanges between the United States and the Spanish Antilles is naturally an object of solicitude. Lying close at our doors, and finding here their main markets of supply and demand, the welfare of Cuba and Puerto Rico and their production and trade are scarcely less important to us than to Spain. Their commercial and financial movements are so naturally a part of our system that no obstacle to fuller and freer intercourse should be permitted to exist. The standing instructions of our representatives at Madrid and Havana have for years been to leave no effort unessayed to further these ends, and at no time has the equal good desire of Spain been more hopefully manifested than now.

The Government of Spain, by removing the consular tonnage fees on cargoes shipped to the Antilles and by reducing passport fees, has shown its recognition of the needs of less trammeled intercourse.

An effort has been made during the past year to remove the hindrances to the proclamation of the treaty of naturalization with the Sublime Porte, signed in 1874, which has remained inoperative owing to a disagreement of interpretation of the clauses relative to the effects of the return to and sojourn of a naturalized citizen in the land of origin. I trust soon to be able to announce a favorable settlement of the differences as to this interpretation.

It has been highly satisfactory to note the improved treatment of American missionaries in Turkey, as has been attested by their acknowledgments to our late minister to that Government of his successful exertions in their behalf.

The exchange of ratifications of the convention of December 5, 1885, with Venezuela, for the reopening of the awards of the Caracas Commission under the claims convention of 1866, has not yet been effected, owing to the delay of the Executive of that Republic in ratifying the measure. I trust that this postponement will be brief; but should it much longer continue, the delay may well be regarded as a rescission of the compact and a failure on the part of Venezuela to complete an arrangement so persistently sought by her during many years and assented to by this Government in a spirit of international fairness, although to the detriment of holders of bona fide awards of the impugned commission.

I renew the recommendation of my last annual message that existing legislation concerning citizenship and naturalization be revised. We have treaties with many states providing for the renunciation of citizenship by naturalized aliens, but no statute is found to give effect to such engagements, nor any which provides a needed central bureau for the registration of naturalized citizens.

Experience suggests that our statutes regulating extradition might be advantageously amended by a provision for the transit across our territory, now a convenient thoroughfare of travel from one foreign country to another, of fugitives surrendered by a foreign government to a third state. Such provisions are not unusual in the legislation of other countries, and tend to prevent the miscarriage of justice. It is also desirable, in order to remove present uncertainties, that authority should be conferred on the Secretary of State to issue a certificate, in case of an arrest for the purpose of extradition, to the officer before whom the proceeding is pending, showing that a requisition for the surrender of the person charged has been duly made. Such a certificate, if required to be received before the prisoner's examination, would prevent a long and expensive judicial inquiry into a charge which the foreign government might not desire to press. I also recommend that express provision be made for the immediate discharge from custody of persons committed for extradition where the President is of opinion that surrender should not be made.

The drift of sentiment in civilized communities toward full recognition of the rights of property in the creations of the human intellect has brought about the adoption by many important nations of an international copyright convention, which was signed at Berne on the 18th of September, 1885.

Inasmuch as the Constitution gives to the Congress the power "to promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries," this Government did not feel warranted in becoming a signatory pending the action of Congress upon measures of international copyright now before it; but the right of adhesion to the Berne convention hereafter has been reserved. I trust the subject will receive at your hands the attention it deserves, and that the just claims of authors, so urgently pressed, will be duly heeded.

Representations continue to be made to me of the injurious effect upon American artists studying abroad and having free access to the art collections of foreign countries of maintaining a discriminating duty against the introduction of the works of their brother artists of other countries, and I am induced to repeat my recommendation for the abolition of that tax.

Pursuant to a provision of the diplomatic and consular appropriation act approved July 1, 1886, the estimates submitted by the Secretary of State for the maintenance of the consular service have been recast on the basis of salaries for all officers to whom such allowance is deemed advisable. Advantage has been taken of this to redistribute the salaries of the offices now appropriated for, in accordance with the work performed, the importance of the representative duties of the incumbent, and the cost of living at each post. The last consideration has been too often lost sight of in the allowances heretofore made. The compensation which may suffice for the decent maintenance of a worthy and capable officer in a position of onerous and representative trust at a post readily accessible, and where the necessaries of life are abundant and cheap, may prove an inadequate pittance in distant lands, where the better part of a year's pay is consumed in reaching the post of duty, and where the comforts of ordinary civilized existence can only be obtained with difficulty and at exorbitant cost. I trust that in considering the submitted schedules no mistaken theory of economy will perpetuate a system which in the past has virtually closed to deserving talent many offices where capacity and attainments of a high order are indispensable, and in not a few instances has brought discredit on our national character and entailed embarrassment and even suffering on those deputed to uphold our dignity and interests abroad.

In connection with this subject I earnestly reiterate the practical necessity of supplying some mode of trustworthy inspection and report of the manner in which the consulates are conducted. In the absence of such reliable information efficiency can scarcely be rewarded or its opposite corrected.

Increasing competition in trade has directed attention to the value of the consular reports printed by the Department of State, and the efforts of the Government to extend the practical usefulness of these reports have created a wider demand for them at home and a spirit of emulation abroad. Constituting a record at the changes occurring in trade and of the progress of the arts and invention in foreign countries, they are much sought for by all interested in the subjects which they embrace.

The report of the Secretary of the Treasury exhibits in detail the condition of the public finances and of the several branches of the Government related to his Department. I especially direct the attention of the Congress to the recommendations contained in this and the last preceding report of the Secretary touching the simplification and amendment of the laws relating to the collection of our revenues, and in the interest of economy and justice to the Government I hope they may be adopted by appropriate legislation.

The ordinary receipts of the Government for the fiscal year ended June 30, 1886, were $336,439,727.06. Of this amount $192,905,023.41 was received from customs and $116,805,936.48 from internal revenue. The total receipts, as here stated, were $13,749,020.68 greater than for the previous year, but the increase from customs was $11,434,084.10 and from internal revenue $4,407,210.94, making a gain in these items for the last year of $15,841,295.04, a falling off in other resources reducing the total increase to the smaller amount mentioned.

The expense at the different custom-houses of collecting this increased customs revenue was less than the expense attending the collection of such revenue for the preceding year by $490,608, and the increased receipts of internal revenue were collected at a cost to the Internal-Revenue Bureau $155,944.99 less than the expense of such collection for the previous year.

The total ordinary expenses of the Government for the fiscal year ended June 30, 1886, were $242,483,138.50, being less by $17,788,797 than such expenditures for the year preceding, and leaving a surplus in the Treasury at the close of the last fiscal year of $93,956,588.56, as against $63,463,771.27 at the close of the previous year, being an increase in such surplus of $30,492,817.29.

The expenditures are compared with those of the preceding fiscal year and classified as follows:

For the current year to end June 30, 1887, the ascertained receipts up to October 1, 1886, with such receipts estimated for the remainder of the year, amount to $356,000,000.

The expenditures ascertained and estimated for the same period are $266,000,000, indicating an anticipated surplus at the close of the year of $90,000,000.

The total value of the exports from the United States to foreign countries during the fiscal year is stated and compared with the preceding year as follows:

The value of some of our leading exports during the last fiscal year, as compared with the value of the same for the year immediately preceding, is here given, and furnishes information both interesting and suggestive:

Our imports during the last fiscal year, as compared with the previous year, were as follows:

In my last annual message to the Congress attention was directed to the fact that the revenues of the Government exceeded its actual needs, and it was suggested that legislative action should be taken to relieve the people from the unnecessary burden of taxation thus made apparent.

In view of the pressing importance of the subject I deem it my duty to again urge its consideration.

The income of the Government, by its increased volume and through economies in its collection, is now more than ever in excess of public necessities. The application of the surplus to the payment of such portion of the public debt as is now at our option subject to extinguishment, if continued at the rate which has lately prevailed, would retire that class of indebtedness within less than one year from this date. Thus a continuation of our present revenue system would soon result in the receipt of an annual income much greater than necessary to meet Government expenses, with no indebtedness upon which it could be applied. We should then be confronted with a vast quantity of money, the circulating medium of the people, hoarded in the Treasury when it should be in their hands, or we should be drawn into wasteful public extravagance, with all the corrupting national demoralization which follows in its train.

But it is not the simple existence of this surplus and its threatened attendant evils which furnish the strongest argument against our present scale of Federal taxation. Its worst phase is the exaction of such a surplus through a perversion of the relations between the people and their Government and a dangerous departure from the rules which limit the right of Federal taxation.

Good government, and especially the government of which every American citizen boasts, has for its objects the protection of every person within its care in the greatest liberty consistent with the good order of society and his perfect security in the enjoyment of his earnings with the least possible diminution for public needs. When more of the people's substance is exacted through the form of taxation than is necessary to meet the just obligations of the Government and the expense of its economical administration, such exaction becomes ruthless extortion and a violation of the fundamental principles of a free government.

The indirect manner in which these exactions are made has a tendency to conceal their true character and their extent. But we have arrived at a stage of superfluous revenue which has aroused the people to a realization of the fact that the amount raised professedly for the support of the Government is paid by them as absolutely if added to the price of the things which supply their daily wants as if it was paid at fixed periods into the hand of the tax gatherer.

Those who toil for daily wages are beginning to understand that capital, though sometimes vaunting its importance and clamoring for the protection and favor of the Government, is dull and sluggish till, touched by the magical hand of labor, it springs into activity, furnishing an occasion for Federal taxation and gaining the value which enables it to bear its burden. And the laboring man is thoughtfully inquiring whether in these circumstances, and considering the tribute he constantly pays into the public Treasury as he supplies his daily wants, he receives his fair share of advantages.

There is also a suspicion abroad that the surplus of our revenues indicates abnormal and exceptional business profits, which, under the system which produces such surplus, increase without corresponding benefit to the people at large the vast accumulations of a few among our citizens, whose fortunes, rivaling the wealth of the most favored in antidemocratic nations, are not the natural growth of a steady, plain, and industrious republic.

Our farmers, too, and those engaged directly and indirectly in supplying the products of agriculture, see that day by day, and as often as the daily wants of their households recur, they are forced to pay excessive and needless taxation, while their products struggle in foreign markets with the competition of nations, which, by allowing a freer exchange of productions than we permit, enable their people to sell for prices which distress the American farmer.

As every patriotic citizen rejoices in the constantly increasing pride of our people in American citizenship and in the glory of our national achievements and progress, a sentiment prevails that the leading strings useful to a nation in its infancy may well be to a great extent discarded in the present stage of American ingenuity, courage, and fearless self-reliance; and for the privilege of indulging this sentiment with true American enthusiasm our citizens are quite willing to forego an idle surplus in the public Treasury.

And all the people know that the average rate of Federal taxation upon imports is to-day, in time of peace, but little less, while upon some articles of necessary consumption it is actually more, than was imposed by the grievous burden willingly borne at a time when the Government needed millions to maintain by war the safety and integrity of the Union.

It has been the policy of the Government to collect the principal part of its revenues by a tax upon imports, and no change in this policy is desirable. But the present condition of affairs constrains our people to demand that by a revision of our revenue laws the receipts of the Government shall be reduced to the necessary expense of its economical administration; and this demand should be recognized and obeyed by the people's representatives in the legislative branch of the Government.

In readjusting the burdens of Federal taxation a sound public policy requires that such of our citizens as have built up large and important industries under present conditions should not be suddenly and to their injury deprived of advantages to which they have adapted their business; but if the public good requires it they should be content with such consideration as shall deal fairly and cautiously with their interests, while the just demand of the people for relief from needless taxation is honestly answered.

A reasonable and timely submission to such a demand should certainly be possible without disastrous shock to any interest; and a cheerful concession sometimes averts abrupt and heedless action, often the outgrowth of impatience and delayed justice.

Due regard should be also accorded in any proposed readjustment to the interests of American labor so far as they are involved. We congratulate ourselves that there is among us no laboring class fixed within unyielding bounds and doomed under all conditions to the inexorable fate of daily toil. We recognize in labor a chief factor in the wealth of the Republic, and we treat those who have it in their keeping as citizens entitled to the most careful regard and thoughtful attention. This regard and attention should be awarded them, not only because labor is the capital of our workingmen, justly entitled to its share of Government favor, but for the further and not less important reason that the laboring man, surrounded by his family in his humble home, as a consumer is vitally interested in all that cheapens the cost of living and enables him to bring within his domestic circle additional comforts and advantages.

This relation of the workingman to the revenue laws of the country and the manner in which it palpably influences the question of wages should not be forgotten in the justifiable prominence given to the proper maintenance of the supply and protection of well-paid labor. And these considerations suggest such an arrangement of Government revenues as shall reduce the expense of living, while it does not curtail the opportunity for work nor reduce the compensation of American labor and injuriously affect its condition and the dignified place it holds in the estimation of our people.

But our farmers and agriculturists--those who from the soil produce the things consumed by all--are perhaps more directly and plainly concerned than any other of our citizens in a just and careful system of Federal taxation. Those actually engaged in and more remotely connected with this kind of work number nearly one-half of our population. None labor harder or more continuously than they. No enactments limit their hours of toil and no interposition of the Government enhances to any great extent the value of their products. And yet for many of the necessaries and comforts of life, which the most scrupulous economy enables them to bring into their homes, and for their implements of husbandry, they are obliged to pay a price largely increased by an unnatural profit, which by the action of the Government is given to the more favored manufacturer.

I recommend that, keeping in view all these considerations, the increasing and unnecessary surplus of national income annually accumulating be released to the people by an amendment to our revenue laws which shall cheapen the price of the necessaries of life and give freer entrance to such imported materials as by American labor may be manufactured into marketable commodities.

Nothing can be accomplished, however, in the direction of this much-needed reform unless the subject is approached in a patriotic spirit of devotion to the interests of the entire country and with a willingness to yield something for the public good.

The sum paid upon the public debt during the fiscal year ended June 30, 1886, was $44,551,043.36.

During the twelve months ended October 31,1886, 3 per cent bonds were called for redemption amounting to $127,283,100, of which $80,643,200 was so called to answer the requirements of the law relating to the sinking fund and $46,639,900 for the purpose of reducing the public debt by application of a part of the surplus in the Treasury to that object. Of the bonds thus called $102,269,450 became subject under such calls to redemption prior to November 1, 1886. The remainder, amounting to $25,013,650, matured under the calls after that date.

In addition to the amount subject to payment and cancellation prior to November 1, there were also paid before that day certain of these bonds, with the interest thereon, amounting to $5,072,350, which were anticipated as to their maturity, of which $2,664,850 had not been called, Thus $107,341,800 had been actually applied prior to the 1st of November, 1886, to the extinguishment of our bonded and interest-bearing debt, leaving on that day still outstanding the sum of $1,153,443,112. Of this amount $86,848,700 were still represented by 3 per cent bonds. They however, have been since November 1, or will at once be, further reduced by $22,606,150, being bonds which have been called, as already stated, but not redeemed and canceled before the latter date.

During the fiscal year ended June 30, 1886, there were coined, under the compulsory silver-coinage act of 1878,29,838,905 silver dollars, and the cost of the silver used in such coinage was $23,448,960.01. There had been coined up to the close of the previous fiscal year under the provisions of the law 203,882,554 silver dollars, and on the 1st day of December, 1886, the total amount of such coinage was $247,131,549.

The Director of the Mint reports that at the time of the passage of the law of 1878 directing this coinage the intrinsic value of the dollars thus coined was 94 1/4 cents each, and that on the 31st day of July, 1886, the price of silver reached the lowest stage ever known, so that the intrinsic or bullion price of our standard silver dollar at that date was less than 72 cents. The price of silver on the 30th day of November last was such as to make these dollars intrinsically worth 78 cents each.

These differences in value of the coins represent the fluctuations in the price of silver, and they certainly do not indicate that compulsory coinage by the Government enhances the price of that commodity or secures uniformity in its value.

Every fair and legal effort has been made by the Treasury Department to distribute this currency among the people. The withdrawal of United States Treasury notes of small denominations and the issuing of small silver certificates have been resorted to in the endeavor to accomplish this result, in obedience to the will and sentiments of the representatives of the people in the Congress. On the 27th day of November, 1886, the people held of these coins, or certificates representing them, the nominal sum of $166,873,041, and we still had $79,464,345 in the Treasury as against about $142,894,055 so in the hands of the people and $72,865,376 remaining in the Treasury one year ago. The Director of the Mint again urges the necessity of more vault room for the purpose of storing these silver dollars which are not needed for circulation by the people.

I have seen no reason to change the views expressed in my last annual message on the subject of this compulsory coinage, and I again urge its suspension on all the grounds contained in my former recommendation, reenforced by the significant increase of our gold exportations during the last year, as appears by the comparative statement herewith presented, and for the further reasons that the more this currency is distributed among the people the greater becomes our duty to protect it from disaster, that we now have abundance for all our needs, and that there seems but little propriety in building vaults to store such currency when the only pretense for its coinage is the necessity of its use by the people as a circulating medium.

The great number of suits now pending in the United States courts for the southern district of New York growing out of the collection of customs revenue at the port of New York and the number of such suits that are almost daily instituted are certainly worthy the attention of the Congress. These legal controversies, based upon conflicting views by importers and the collector as to the interpretation of our present complex and indefinite revenue laws, might be largely obviated by an amendment of those laws.

But pending such amendment the present condition of this litigation should be relieved. There are now pending about 2,500 of these suits. More than 1,100 have been commenced within the past eighteen months, and many of the others have been at issue for more than twenty-five years. These delays subject the Government to loss of evidence and prevent the preparation necessary to defeat unjust and fictitious claims, while constantly accruing interest threatens to double the demands involved.

In the present condition of the dockets of the courts, well filled with private suits, and of the force allowed the district attorney, no greater than is necessary for the ordinary and current business of his office, these revenue litigations can not be considered.

In default of the adoption by the Congress of a plan for the general reorganization of the Federal courts, as has been heretofore recommended, I urge the propriety of passing a law permitting the appointment of an additional Federal judge in the district where these Government suits have accumulated, so that by continuous sessions of the courts devoted to the trial of these cases they may be determined.

It is entirely plain that a great saving to the Government would be accomplished by such a remedy, and the suitors who have honest claims would not be denied justice through delay.

The report of the Secretary of War gives a detailed account of the administration of his Department and contains sundry recommendations for the improvement of the service, which I fully approve.

The Army consisted at the date of the last consolidated return of 2,103 officers and 24,946 enlisted men.

The expenses of the Department for the last fiscal year were $36,990,903.38, including $6,294,305.43 for public works and river and harbor improvements.

I especially direct the attention of the Congress to the recommendation that officers be required to submit to an examination as a preliminary to their promotion. I see no objection, but many advantages, in adopting this feature, which has operated so beneficially in our Navy Department, as well as in some branches of the Army.

The subject of coast defenses and fortifications has been fully and carefully treated by the Board on Fortifications, whose report was submitted at the last session of Congress; but no construction work of the kind recommended by the board has been possible during the last year from the lack of appropriations for such purpose.

The defenseless condition of our seacoast and lake frontier is perfectly palpable. The examinations made must convince us all that certain of our cities named in the report of the board should be fortified and that work on the most important of these fortifications should be commenced at once. The work has been thoroughly considered and laid out, the Secretary of War reports, but all is delayed in default of Congressional action.

The absolute necessity, judged by all standards of prudence and foresight, of our preparation for an effectual resistance against the armored ships and steel guns and mortars of modern construction which may threaten the cities on our coasts is so apparent that I hope effective steps will be taken in that direction immediately.

The valuable and suggestive treatment of this question by the Secretary of War is earnestly commended to the consideration of the Congress.

In September and October last the hostile Apaches who, under the leadership of Geronimo, had for eighteen months been on the war path, and during that time had committed many murders and been the cause of constant terror to the settlers of Arizona, surrendered to General Miles, the military commander who succeeded General Crook in the management and direction of their pursuit.

Under the terms of their surrender as then reported, and in view of the understanding which these murderous savages seemed to entertain of the assurances given them, it was considered best to imprison them in such manner as to prevent their ever engaging in such outrages again, instead of trying them for murder. Fort Pickens having been selected as a safe place of confinement, all the adult males were sent thither and will be closely guarded as prisoners. In the meantime the residue of the band, who, though still remaining upon the reservation, were regarded as unsafe and suspected of furnishing aid to those on the war path, had been removed to Fort Marion. The women and larger children of the hostiles were also taken there, and arrangements have been made for putting the children of proper age in Indian schools.

The report of the Secretary of the Navy contains a detailed exhibit of the condition of his Department, with such a statement of the action needed to improve the same as should challenge the earnest attention of the Congress.

The present Navy of the United States, aside from the ships in course of construction, consists of--

First. Fourteen single-turreted monitors, none of which are in commission nor at the present time serviceable. The batteries of these ships are obsolete, and they can only be relied upon as auxiliary ships in harbor defense, and then after such an expenditure upon them as might not be deemed justifiable.

Second. Five fourth-rate vessels of small tonnage, only one of which was designed as a war vessel, and all of which are auxiliary merely.

Third. Twenty-seven cruising ships, three of which are built of iron, of small tonnage, and twenty-four of wood. Of these wooden vessels it is estimated by the Chief Constructor of the Navy that only three will be serviceable beyond a period of six years, at which time it may be said that of the present naval force nothing worthy the name will remain.

All the vessels heretofore authorized are under contract or in course of construction except the armored ships, the torpedo and dynamite boats, and one cruiser. As to the last of these, the bids were in excess of the limit fixed by Congress. The production in the United States of armor and gun steel is a question which it seems necessary to settle at an early day if the armored war vessels are to be completed with those materials of home manufacture. This has been the subject of investigation by two boards and by two special committees of Congress within the last three years. The report of the Gun Foundry Board in 1884, of the Board on Fortifications made in January last, and the reports of the select committees of the two Houses made at the last session of Congress have entirely exhausted the subject, so far as preliminary investigation is involved, and in their recommendations they are substantially agreed.

In the event that the present invitation of the Department for bids to furnish such of this material as is now authorized shall fail to induce domestic manufacturers to undertake the large expenditures required to prepare for this new manufacture, and no other steps are taken by Congress at its coming session, the Secretary contemplates with dissatisfaction the necessity of obtaining abroad the armor and the gun steel for the authorized ships. It would seem desirable that the wants of the Army and the Navy in this regard should be reasonably met, and that by uniting their contracts such inducement might be offered as would result in securing the domestication of these important interests.

The affairs of the postal service show marked and gratifying improvement during the past year. A particular account of its transactions and condition is given in the report of the Postmaster-General, which will be laid before you.

The reduction of the rate of letter postage in 1883, rendering the postal revenues inadequate to sustain the expenditures, and business depression also contributing, resulted in an excess of cost for the fiscal year ended June 30, 1885, of eight and one-third millions of dollars. An additional check upon receipts by doubling the measure of weight in rating sealed correspondence and diminishing one-half the charge for newspaper carriage was imposed by legislation which took effect with the beginning of the past fiscal year, while the constant demand of our territorial development and growing population for the extension and increase of mail facilities and machinery necessitates steady annual advance in outlay, and the careful estimate of a year ago upon the rates of expenditure then existing contemplated the unavoidable augmentation of the deficiency in the last fiscal year by nearly $2,000,000. The anticipated revenue for the last year failed of realization by about $64,000, but proper measures of economy have so satisfactorily limited the growth of expenditure that the total deficiency in fact fell below that of 1885, and at this time the increase of revenue is in a gaining ratio over the increase of cost, demonstrating the sufficiency of the present rates of postage ultimately to sustain the service. This is the more pleasing because our people enjoy now both cheaper postage proportionably to distances and a vaster and more costly service than any other upon the globe.

Retrenchment has been effected in the cost of supplies, some expenditures unwarranted by law have ceased, and the outlays for mail carriage have been subjected to beneficial scrutiny. At the close of the last fiscal year the expense of transportation on star routes stood at an annual rate of cost less by over $560,000 than at the close of the previous year and steamboat and mail-messenger service at nearly $200,000 less.

The service has been in the meantime enlarged and extended by the establishment of new offices, increase of routes of carriage, expansion of carrier-delivery conveniences, and additions to the railway mail facilities, in accordance with the growing exigencies of the country and the long-established policy of the Government.

The Postmaster-General calls attention to the existing law for compensating railroads and expresses the opinion that a method may be devised which will prove more just to the carriers and beneficial to the Government; and the subject appears worthy of your early consideration.

The differences which arose during the year with certain of the ocean steamship companies have terminated by the acquiescence of all in the policy of the Government approved by the Congress in the postal appropriation at its last session, and the Department now enjoys the utmost service afforded by all vessels which sail from our ports upon either ocean--a service generally adequate to the needs of our intercourse. Petitions have, however, been presented to the Department by numerous merchants and manufacturers for the establishment of a direct service to the Argentine Republic and for semimonthly dispatches to the Empire of Brazil, and the subject is commended to your consideration. It is an obvious duty to provide the means of postal communication which our commerce requires, and with prudent forecast of results the wise extension of it may lead to stimulating intercourse and become the harbinger of a profitable traffic which will open new avenues for the disposition of the products of our industry. The circumstances of the countries at the far south of our continent are such as to invite our enterprise and afford the promise of sufficient advantages to justify an unusual effort to bring about the closer relations which greater freedom of communication would tend to establish.

I suggest that, as distinguished from a grant or subsidy for the mere benefit of any line of trade or travel, whatever outlay may be required to secure additional postal service, necessary and proper and not otherwise attainable, should be regarded as within the limit of legitimate compensation for such service.

The extension of the free-delivery service as suggested by the Postmaster-General has heretofore received my sanction, and it is to be hoped a suitable enactment may soon be agreed upon.

The request for an appropriation sufficient to enable the general inspection of fourth-class offices has my approbation.

I renew my approval of the recommendation of the Postmaster-General that another assistant be provided for the Post-Office Department, and I invite your attention to the several other recommendations in his report.

The conduct of the Department of Justice for the last fiscal year is fully detailed in the report of the Attorney-General, and I invite the earnest attention of the Congress to the same and due consideration of the recommendations therein contained.

In the report submitted by this officer to the last session of the Congress he strongly recommended the erection of a penitentiary for the confinement of prisoners convicted and sentenced in the United States courts, and he repeats the recommendation in his report for the last year.

This is a matter of very great importance and should at once receive Congressional action. United States prisoners are now confined in more than thirty different State prisons and penitentiaries scattered in every part of the country. They are subjected to nearly as many different modes of treatment and discipline and are far too much removed from the control and regulation of the Government. So far as they are entitled to humane treatment and an opportunity for improvement and reformation, the Government is responsible to them and society that these things are forthcoming. But this duty can scarcely be discharged without more absolute control and direction than is possible under the present system.

Many of our good citizens have interested themselves, with the most beneficial results, in the question of prison reform. The General Government should be in a situation, since there must be United States prisoners, to furnish important aid in this movement, and should be able to illustrate what may be practically done in the direction of this reform and to present an example in the treatment and improvement of its prisoners worthy of imitation.

With prisons under its own control the Government could deal with the somewhat vexed question of convict labor, so far as its convicts were concerned, according to a plan of its own adoption, and with due regard to the rights and interests of our laboring citizens, instead of sometimes aiding in the operation of a system which causes among them irritation and discontent.

Upon consideration of this subject it might be thought wise to erect more than one of these institutions, located in such places as would best subserve the purposes of convenience and economy in transportation. The considerable cost of maintaining these convicts as at present, in State institutions, would be saved by the adoption of the plan proposed, and by employing them in the manufacture of such articles as were needed for use by the Government quite a large pecuniary benefit would be realized in partial return for our outlay.

I again urge a change in the Federal judicial system to meet the wants of the people and obviate the delays necessarily attending the present condition of affairs in our courts. All are agreed that something should be done, and much favor is shown by those well able to advise to the plan suggested by the Attorney-General at the last session of the Congress and recommended in my last annual message. This recommendation is here renewed, together with another made at the same time, touching a change in the manner of compensating district attorneys and marshals; and the latter subject is commended to the Congress for its action in the interest of economy to the Government, and humanity, fairness, and justice to our people.

The report of the Secretary of the Interior presents a comprehensive summary of the work of the various branches of the public service connected with his Department, and the suggestions and recommendations which it contains for the improvement of the service should receive your careful consideration.

The exhibit made of the condition of our Indian population and the progress of the work for their enlightenment, notwithstanding the many embarrassments which hinder the better administration of this important branch of the service, is a gratifying and hopeful one.

The funds appropriated for the Indian service for the fiscal year just passed, with the available income from Indian land and trust moneys, amounting in all to $7,850,775.12, were ample for the service under the conditions and restrictions of laws regulating their expenditure. There remained a balance on hand on June 30, 1886, of $1,660,023.30, of which $ 1,337,768.21 are permanent funds for fulfillment of treaties and other like purposes, and the remainder, $322,255.09, is subject to be carried to the surplus fund as required by law.

The estimates presented for appropriations for the ensuing fiscal year amount to $5,608,873.64, or $442,386.20 less than those laid before the Congress last year.

The present system of agencies, while absolutely necessary and well adapted for the management of our Indian affairs and for the ends in view when it was adopted, is in the present stage of Indian management inadequate, standing alone, for the accomplishment of an object which has become pressing in its importance--the more rapid transition from tribal organizations to citizenship of such portions of the Indians as are capable of civilized life.

When the existing system was adopted, the Indian race was outside of the limits of organized States and Territories and beyond the immediate reach and operation of civilization, and all efforts were mainly directed to the maintenance of friendly relations and the preservation of peace and quiet on the frontier. All this is now changed. There is no such thing as the Indian frontier. Civilization, with the busy hum of industry and the influences of Christianity, surrounds these people at every point. None of the tribes are outside of the bounds of organized government and society, except that the Territorial system has not been extended over that portion of the country known as the Indian Territory. As a race the Indians are no longer hostile, but may be considered as submissive to the control of the Government. Few of them only are troublesome. Except the fragments of several bands, all are now gathered upon reservations.

It is no longer possible for them to subsist by the chase and the spontaneous productions of the earth.

With an abundance of land, if furnished with the means and implements for profitable husbandry, their life of entire dependence upon Government rations from day to day is no longer defensible. Their inclination, long fostered by a defective system of control, is to cling to the habits and customs of their ancestors and struggle with persistence against the change of life which their altered circumstances press upon them. But barbarism and civilization can not live together. It is impossible that such incongruous conditions should coexist on the same soil.

They are a portion of our people, are under the authority of our Government, and have a peculiar claim upon and are entitled to the fostering care and protection of the nation. The Government can not relieve itself of this responsibility until they are so far trained and civilized as to be able wholly to manage and care for themselves. The paths in which they should walk must be clearly marked out for them, and they must be led or guided until they are familiar with the way and competent to assume the duties and responsibilities of our citizenship.

Progress in this great work will continue only at the present slow pace and at great expense unless the system and methods of management are improved to meet the changed conditions and urgent demands of the service.

The agents, having general charge and supervision in many cases of more than 5,000 Indians, scattered over large reservations, and burdened with the details of accountability for funds and supplies, have time to look after the industrial training and improvement of a few Indians only. The many are neglected and remain idle and dependent, conditions not favorable for progress and civilization.

The compensation allowed these agents and the conditions of the service are not calculated to secure for the work men who are fitted by ability and skill to properly plan and intelligently direct the methods best adapted to produce the most speedy results and permanent benefits.

Hence the necessity for a supplemental agency or system directed to the end of promoting the general and more rapid transition of the tribes from habits and customs of barbarism to the ways of civilization.

With an anxious desire to devise some plan of operation by which to secure the welfare of the Indians and to relieve the Treasury as far as possible from the support of an idle and dependent population, I recommended in my previous annual message the passage of a law authorizing the appointment of a commission as an instrumentality auxiliary to those already established for the care of the Indians. It was designed that this commission should be composed of six intelligent and capable persons--three to be detailed from the Army--having practical ideas upon the subject of the treatment of Indians and interested in their welfare, and that it should be charged, under the direction of the Secretary of the Interior, with the management of such matters of detail as can not with the present organization be properly and successfully conducted, and which present different phases, as the Indians themselves differ in their progress, needs, disposition, and capacity for improvement or immediate self-support.

By the aid of such a commission much unwise and useless expenditure of money, waste of materials, and unavailing efforts might be avoided; and it is hoped that this or some measure which the wisdom of Congress may better devise to supply the deficiency of the present system may receive your consideration and the appropriate legislation be provided.

The time is ripe for the work of such an agency.

There is less opposition to the education and training of the Indian youth, as shown by the increased attendance upon the schools, and there is a yielding tendency for the individual holding of lands. Development and advancement in these directions are essential, and should have every encouragement. As the rising generation are taught the language of civilization and trained in habits of industry they should assume the duties, privileges, and responsibilities of citizenship.

No obstacle should hinder the location and settlement of any Indian willing to take land in severalty; on the contrary, the inclination to do so should be stimulated at all times when proper and expedient. But there is no authority of law for making allotments on some of the reservations, and on others the allotments provided for are so small that the Indians, though ready and desiring to settle down, are not willing to accept such small areas when their reservations contain ample lands to afford them homesteads of sufficient size to meet their present and future needs.

These inequalities of existing special laws and treaties should be corrected and some general legislation on the subject should be provided, so that the more progressive members of the different tribes may be settled upon homesteads, and by their example lead others to follow, breaking away from tribal customs and substituting therefor the love of home, the interest of the family, and the rule of the state.

The Indian character and nature are such that they are not easily led while brooding over unadjusted wrongs. This is especially so regarding their lands. Matters arising from the construction and operation of railroads across some of the reservations, and claims of title and right of occupancy set up by white persons to some of the best land within other reservations require legislation for their final adjustment.

The settlement of these matters will remove many embarrassments to progress in the work of leading the Indians to the adoption of our institutions and bringing them under the operation, the influence, and the protection of the universal laws of our country.

The recommendations of the Secretary of the Interior and the Commissioner of the General Land Office looking to the better protection of public lands and of the public surveys, the preservation of national forests, the adjudication of grants to States and corporations and of private land claims, and the increased efficiency of the public-land service are commended to the attention of Congress. To secure the widest distribution of public lands in limited quantities among settlers for residence and cultivation, and thus make the greatest number of individual homes, was the primary object of the public-land legislation in the early days of the Republic. This system was a simple one. It commenced with an admirable scheme of public surveys, by which the humblest citizen could identify the tract upon which he wished to establish his home. The price of lands was placed within the reach of all the enterprising, industrious, and honest pioneer citizens of the country. It was soon, however, found that the object of the laws was perverted, under the system of cash sales, from a distribution of land among the people to an accumulation of land capital by wealthy and speculative persons. To check this tendency a preference right of purchase was given to settlers on the land, a plan which culminated in the general preemption act of 1841. The foundation of this system was actual residence and cultivation. Twenty years later the homestead law was devised to more surely place actual homes in the possession of actual cultivators of the soil. The land was given without price, the sole conditions being residence, improvement, and cultivation. Other laws have followed, each designed to encourage the acquirement and use of land in limited individual quantities. But in later years these laws, through vicious administrative methods and under changed conditions of communication and transportation, have been so evaded and violated that their beneficent purpose is threatened with entire defeat. The methods of such evasions and violations are set forth in detail in the reports of the Secretary of the Interior and Commissioner of the General Land Office. The rapid appropriation of our public lands without bona fide settlements or cultivation, and not only without intention of residence, but for the purpose of their aggregation in large holdings, in many cases in the hands of foreigners, invites the serious and immediate attention of the Congress.

The energies of the Land Department have been devoted during the present Administration to remedy defects and correct abuses in the public-land service. The results of these efforts are so largely in the nature of reforms in the processes and methods of our land system as to prevent adequate estimate; but it appears by a compilation from the reports of the Commissioner of the General Land Office that the immediate effect in leading cases which have come to a final termination has been the restoration to the mass of public lands of 2,750,000 acres; that 2,370,000 acres are embraced in investigations now pending before the Department or the courts, and that the action of Congress has been asked to effect the restoration of 2,790,000 acres additional; besides which 4,000,000 acres have been withheld from reservation and the rights of entry thereon maintained.

I recommend the repeal of the preemption and timber-culture acts, and that the homestead laws be so amended as to better secure compliance with their requirements of residence, improvement, and cultivation for the period of five years from date of entry, without commutation or provision for speculative relinquishment. I also recommend the repeal of the desert-land laws unless it shall be the pleasure of the Congress to so amend these laws as to render them less liable to abuses. As the chief motive for an evasion of the laws and the principal cause of their result in land accumulation instead of land distribution is the facility with which transfers are made of the right intended to be secured to settlers, it may be deemed advisable to provide by legislation some guards and checks upon the alienation of homestead rights and lands covered thereby until patents issue.

Last year an Executive proclamation was issued directing the removal of fences which inclosed the public domain. Many of these have been removed in obedience to such order, but much of the public land still remains within the lines of these unlawful fences. The ingenious methods resorted to in order to continue these trespasses and the hardihood of the pretenses by which in some cases such inclosures are justified are fully detailed in the report of the Secretary of the Interior.

The removal of the fences still remaining which inclose public lands will be enforced with all the authority and means with which the executive branch of the Government is or shall be invested by the Congress for that purpose.

The report of the Commissioner of Pensions contains a detailed and most satisfactory exhibit of the operations of the Pension Bureau during the last fiscal year. The amount of work done was the largest in any year since the organization of the Bureau, and it has been done at less cost than during the previous year in every division.

On the 30th day of June, 1886, there were 365,783 pensioners on the rolls of the Bureau.

Since 1861 there have been 1,018,735 applications for pensions filed, of which 78,834 were based upon service in the War of 1812. There were 621,754 of these applications allowed, including 60,178 to the soldiers of 1812 and their widows.

The total amount paid for pensions since 1861 is $808,624,811.57.

The number of new pensions allowed during the year ended June 30, 1886, is 40,857, a larger number than has been allowed in any year save one since 1861. The names of 2,229 pensioners which had been previously dropped from the rolls were restored during the year, and after deducting those dropped within the same time for various causes a net increase remains for the year of 20,658 names.

From January 1, 1861, to December 1, 1885, 1,967 private pension acts had been passed. Since the last-mentioned date, and during the last session of the Congress, 644 such acts became laws.

It seems to me that no one can examine our pension establishment and its operations without being convinced that through its instrumentality justice can be very nearly done to all who are entitled under present laws to the pension bounty of the Government.

But it is undeniable that cases exist, well entitled to relief, in which the Pension Bureau is powerless to aid. The really worthy cases of this class are such as only lack by misfortune the kind or quantity of proof which the law and regulations of the Bureau require, or which, though their merit is apparent, for some other reason can not be justly dealt with through general laws. These conditions fully justify application to the Congress and special enactments. But resort to the Congress for a special pension act to overrule the deliberate and careful determination of the Pension Bureau on the merits or to secure favorable action when it could not be expected under the most liberal execution of general laws, it must be admitted opens the door to the allowance of questionable claims and presents to the legislative and executive branches of the Government applications concededly not within the law and plainly devoid of merit, but so surrounded by sentiment and patriotic feeling that they are hard to resist. I suppose it will not be denied that many claims for pension are made without merit and that many have been allowed upon fraudulent representations. This has been declared from the Pension Bureau, not only in this but in prior Administrations.

The usefulness and the justice of any system for the distribution of pensions depend upon the equality and uniformity of its operation.

It will be seen from the report of the Commissioner that there are now paid by the Government 131 different rates of pension.

He estimates from the best information he can obtain that 9,000 of those who have served in the Army and Navy of the United States are now supported, in whole or in part, from public funds or by organized charities, exclusive of those in soldiers' homes under the direction and control of the Government. Only 13 per cent of these are pensioners, while of the entire number of men furnished for the late war something like 20 per cent, including their widows and relatives, have been or now are in receipt of pensions.

The American people, with a patriotic and grateful regard for our ex-soldiers, too broad and too sacred to be monopolized by any special advocates, are not only willing but anxious that equal and exact justice should be done to all honest claimants for pensions. In their sight the friendless and destitute soldier, dependent on public charity, if otherwise entitled, has precisely the same right to share in the provision made for those who fought their country's battles as those better able, through friends and influence, to push their claims. Every pension that is granted under our present plan upon any other grounds than actual service and injury or disease incurred in such service, and every instance of the many in which pensions are increased on other grounds than the merits of the claim, work an injustice to the brave and crippled, but poor and friendless, soldier, who is entirely neglected or who must be content with the smallest sum allowed under general laws.

There are far too many neighborhoods in which are found glaring cases of inequality of treatment in the matter of pensions, and they are largely due to a yielding in the Pension Bureau to importunity on the part of those, other than the pensioner, who are especially interested, or they arise from special acts passed for the benefit of individuals.

The men who fought side by side should stand side by side when they participate in a grateful nation's kind remembrance.

Every consideration of fairness and justice to our ex-soldiers and the protection of the patriotic instinct of our citizens from perversion and violation point to the adoption of a pension system broad and comprehensive enough to cover every contingency, and which shall make unnecessary an objectionable volume of special legislation.

As long as we adhere to the principle of granting pensions for service, and disability as the result of the service, the allowance of pensions should be restricted to cases presenting these features.

Every patriotic heart responds to a tender consideration for those who, having served their country long and well, are reduced to destitution and dependence, not as an incident of their service, but with advancing age or through sickness or misfortune. We are all tempted by the contemplation of such a condition to supply relief, and are often impatient of the limitations of public duty. Yielding to no one in the desire to indulge this feeling of consideration, I can not rid myself of the conviction that if these ex-soldiers are to be relieved they and their cause are entitled to the benefit of an enactment under which relief may be claimed as a right, and that such relief should be granted under the sanction of law, not in evasion of it; nor should such worthy objects of care, all equally entitled, be remitted to the unequal operation of sympathy or the tender mercies of social and political influence, with their unjust discriminations.

The discharged soldiers and sailors of the country are our fellow-citizens, and interested with us in the passage and faithful execution of wholesome laws. They can not be swerved from their duty of citizenship by artful appeals to their spirit of brotherhood born of common peril and suffering, nor will they exact as a test of devotion to their welfare a willingness to neglect public duty in their behalf.

On the 4th of March, 1885, the current business of the Patent Office was, on an average, five and a half months in arrears, and in several divisions more than twelve months behind. At the close of the last fiscal year such current work was but three months in arrears, and it is asserted and believed that in the next few months the delay in obtaining an examination of an application for a patent will be but nominal.

The number of applications for patents during the last fiscal year, including reissues, designs, trade-marks, and labels, equals 40,678, which is considerably in excess of the number received during any preceding year.

The receipts of the Patent Office during the year aggregate $1,205,167.80, enabling the office to turn into the Treasury a surplus revenue, over and above all expenditures, of about $163,710.30.

The number of patents granted during the last fiscal year, including reissues, trade-marks, designs, and labels, was 25,619, a number also quite largely in excess of that of any preceding year.

The report of the Commissioner shows the office to be in a prosperous condition and constantly increasing in its business. No increase of force is asked for.

The amount estimated for the fiscal year ending June 30, 1886, was $890,760. The amount estimated for the year ending June 30, 1887, was $853,960. The amount estimated for the fiscal year ending June 30, 1888, is $778,770.

The Secretary of the Interior suggests a change in the plan for the payment of the indebtedness of the Pacific subsidized roads to the Government. His suggestion has the unanimous indorsement of the persons selected by the Government to act as directors of these roads and protect the interests of the United States in the board of direction. In considering the plan proposed the sole matters which should be taken into account, in my opinion, are the situation of the Government as a creditor and the surest way to secure the payment of the principal and interest of its debt.

By a recent decision of the Supreme Court of the United States it has been adjudged that the laws of the several States are inoperative to regulate rates of transportation upon railroads if such regulation interferes with the rate of carriage from one State into another. This important field of control and regulation having been thus left entirely unoccupied, the expediency of Federal action upon the subject is worthy of consideration.

The relations of labor to capital and of laboring men to their employers are of the utmost concern to every patriotic citizen. When these are strained and distorted, unjustifiable claims are apt to be insisted upon by both interests, and in the controversy which results the welfare of all and the prosperity of the country are jeopardized. Any intervention of the General Government, within the limits of its constitutional authority, to avert such a condition should be willingly accorded.

In a special message transmitted to the Congress at its last session I suggested the enlargement of our present Labor Bureau and adding to its present functions the power of arbitration in cases where differences arise between employer and employed. When these differences reach such a stage as to result in the interruption of commerce between the States, the application of this remedy by the General Government might be regarded as entirely within its constitutional powers. And I think we might reasonably hope that such arbitrators, if carefully selected and if entitled to the confidence of the parties to be affected, would be voluntarily called to the settlement of controversies of less extent and not necessarily within the domain of Federal regulation.

I am of the opinion that this suggestion is worthy the attention of the Congress.

But after all has been done by the passage of laws, either Federal or State, to relieve a situation full of solicitude, much more remains to be accomplished by the reinstatement and cultivation of a true American sentiment which recognizes the equality of American citizenship. This, in the light of our traditions and in loyalty to the spirit of our institutions, would teach that a hearty cooperation on the part of all interests is the surest path to national greatness and the happiness of all our people; that capital should, in recognition of the brotherhood of our citizenship and in a spirit of American fairness, generously accord to labor its just compensation and consideration, and that contented labor is capital's best protection and faithful ally. It would teach, too, that the diverse situations of our people are inseparable from our civilization; that every citizen should in his sphere be a contributor to the general good; that capital does not necessarily tend to the oppression of labor, and that violent disturbances and disorders alienate from their promoters true American sympathy and kindly feeling.

The Department of Agriculture, representing the oldest and largest of our national industries, is subserving well the purposes of its organization. By the introduction of new subjects of farming enterprise and by opening new sources of agricultural wealth and the dissemination of early information concerning production and prices it has contributed largely to the country's prosperity. Through this agency advanced thought and investigation touching the subjects it has in charge should, among other things, be practically applied to the home production at a low cost of articles of food which are now imported from abroad. Such an innovation will necessarily, of course, in the beginning be within the domain of intelligent experiment, and the subject in every stage should receive all possible encouragement from the Government.

The interests of millions of our citizens engaged in agriculture are involved in an enlargement and improvement of the results of their labor, and a zealous regard for their welfare should be a willing tribute to those whose productive returns are a main source of our progress and power.

The existence of pleuro-pneumonia among the cattle of various States has led to burdensome and in some cases disastrous restrictions in an important branch of our commerce, threatening to affect the quantity and quality of our food supply. This is a matter of such importance and of such far-reaching consequences that I hope it will engage the serious attention of the Congress, to the end that such a remedy may be applied as the limits of a constitutional delegation of power to the General Government will permit.

I commend to the consideration of the Congress the report of the Commissioner and his suggestions concerning the interest intrusted to his care.

The continued operation of the law relating to our civil service has added the most convincing proofs of its necessity and usefulness. It is a fact worthy of note that every public officer who has a just idea of his duty to the people testifies to the value of this reform. Its staunchest, friends are found among those who understand it best, and its warmest supporters are those who are restrained and protected by its requirements.

The meaning of such restraint and protection is not appreciated by those who want places under the Government regardless of merit and efficiency, nor by those who insist that the selection of such places should rest upon a proper credential showing active partisan work. They mean to public officers, if not their lives, the only opportunity afforded them to attend to public business, and they mean to the good people of the country the better performance of the work of their Government.

It is exceedingly strange that the scope and nature of this reform are so little understood and that so many things not included within its plan are called by its name. When cavil yields more fully to examination, the system will have large additions to the number of its friends.

Our civil-service reform may be imperfect in some of its details; it may be misunderstood and opposed; it may not always be faithfully applied; its designs may sometimes miscarry through mistake or willful intent; it may sometimes tremble under the assaults of its enemies or languish under the misguided zeal of impracticable friends; but if the people of this country ever submit to the banishment of its underlying principle from the operation of their Government they will abandon the surest guaranty of the safety and success of American institutions.

I invoke for this reform the cheerful and ungrudging support of the Congress. I renew my recommendation made last year that the salaries of the Commissioners be made equal to other officers of the Government having like duties and responsibilities, and I hope that such reasonable appropriations may be made as will enable them to increase the usefulness of the cause they have in charge.

I desire to call the attention of the Congress to a plain duty which the Government owes to the depositors in the Freedman's Savings and Trust Company.

This company was chartered by the Congress for the benefit of the most illiterate and humble of our people, and with the intention of encouraging in them industry and thrift. Most of its branches were presided over by officers holding the commissions and clothed in the uniform of the United States. These and other circumstances reasonably, I think, led these simple people to suppose that the invitation to deposit their hard-earned savings in this institution implied an undertaking on the part of their Government that their money should be safely kept for them.

When this company failed, it was liable in the sum of $2,939,925.22 to 61,131 depositors. Dividends amounting in the aggregate to 62 per cent have been declared, and the sum called for and paid of such dividends seems to be $1,648,181.72. This sum deducted from the entire amount of deposits leaves $1,291,744.50 still unpaid. Past experience has shown that quite a large part of this sum will not be called for. There are assets still on hand amounting to the estimated sum of $16,000.

I think the remaining 38 per cent of such of these deposits as have claimants should be paid by the Government, upon principles of equity and fairness.

The report of the commissioner, soon to be laid before Congress, will give more satisfactory details on this subject.

The control of the affairs of the District of Columbia having been placed in the hands of purely executive officers, while the Congress still retains all legislative authority relating to its government, it becomes my duty to make known the most pressing needs of the District and recommend their consideration.

The laws of the District appear to be in an uncertain and unsatisfactory condition, and their codification or revision is much needed.

During the past year one of the bridges leading from the District to the State of Virginia became unfit for use, and travel upon it was forbidden. This leads me to suggest that the improvement of all the bridges crossing the Potomac and its branches from the city of Washington is worthy the attention of Congress.

The Commissioners of the District represent that the laws regulating the sale of liquor and granting licenses therefor should be at once amended, and that legislation is needed to consolidate, define, and enlarge the scope and powers of charitable and penal institutions within the District.

I suggest that the Commissioners be clothed with the power to make, within fixed limitations, police regulations. I believe this power granted and carefully guarded would tend to subserve the good order of the municipality.

It seems that trouble still exists growing out of the occupation of the streets and avenues by certain railroads having their termini in the city. It is very important that such laws should be enacted upon this subject as will secure to the railroads all the facilities they require for the transaction of their business and at the same time protect citizens from injury to their persons or property.

The Commissioners again complain that the accommodations afforded them for the necessary offices for District business and for the safe-keeping of valuable books and papers are entirely insufficient. I recommend that this condition of affairs be remedied by the Congress, and that suitable quarters be furnished for the needs of the District government.

In conclusion I earnestly invoke such wise action on the part of the people's legislators as will subserve the public good and demonstrate during the remaining days of the Congress as at present organized its ability and inclination to so meet the people's needs that it shall be gratefully remembered by an expectant constituency.