Para el Congreso de los Estados Unidos:
El deber constitucional que exige que el Presidente de vez en cuando para dar al Congreso informes sobre el estado de la Unión y recomendar a su consideración las medidas que estime necesarias y oportunas se ingresó oportunamente sobre elogiando al Congreso un examen cuidadoso de las declaraciones detalladas y recomendaciones bien fundamentadas que figuran en los informes de los jefes de departamentos, que son principalmente encargadas de la labor ejecutiva del Gobierno. En un esfuerzo por abreviar esta comunicación tanto como es coherente con su propósito me he permitido completar una breve referencia al contenido de estos informes departamentales por la mención de tales ejecutivos de negocios y los incidentes que no están abarcados por ellas y por las recomendaciones que parecen ser en este momento particular apropiado.
Mientras que nuestras relaciones exteriores no tienen en todo momento durante el pasado año fue enteramente libre de perplejidad, ninguna situación embarazosa sigue siendo que no va a ceder al espíritu de justicia y el amor de la justicia que, unida a la firmeza consistente, caracterizar una política exterior verdaderamente americano.
Mi predecesor había aceptado el cargo de árbitro de la Misiones de larga data disputa de límites, ofrecida al Presidente de la República de Argentina y Brasil, ha sido mi deber agradable para recibir a los enviados especiales encargados por estos Estados a imponer ante mí pruebas y argumentos en nombre de sus respectivos Gobiernos.
El estallido de las hostilidades internas en la República de Brasil encontró la alerta de Estados Unidos para ver a los intereses de nuestros ciudadanos en ese país, con la que llevamos en el comercio importante. Varios buques de nuestra nueva Armada están ahora y durante algún tiempo se han destinado en Río de Janeiro. La lucha es entre el Gobierno establecido, que controla la maquinaria de la administración, y con los que mantenemos relaciones de amistad y ciertos oficiales de la marina empleando los buques de su mando en un ataque a la capital del país y el puerto principal, y que carece, ya que hace los elementos de administración dividido, no he podido ver que los insurgentes pueden reclamar razonablemente el reconocimiento como beligerantes.
Hasta el momento la posición de nuestro Gobierno ha sido la de un observador atento pero imparcial de la lamentable conflicto. Haciendo hincapié en nuestra política fija de neutralidad imparcial en un estado de cosas como ahora existe, consideré necesario repudiar de manera de no ser mal interpretado la acción no autorizada de nuestro comandante naval tarde en esas aguas en saludar al almirante brasileño rebelado, siendo indispuesto a tolerar un acto calculado para dar sanción gratuito a la insurrección local.
El convenio entre el Gobierno y Chile que tiene por objeto el establecimiento y el ajuste de la demanda de los dos países en contra de uno al otro se ha hecho efectiva por que la organización de la Comisión de Reclamaciones prevista. Los dos Gobiernos en su defecto a un acuerdo sobre el tercer miembro de la comisión, se invocaron los buenos oficios del Presidente de la República de Suiza, según lo dispuesto en el tratado, y la selección del representante de Suiza en este país para completar la organización fue gratificante por igual a los Estados Unidos y Chile.
La pregunta vejatoria de la llamada asilo legación para los delincuentes contra el Estado y sus leyes se presentó de nuevo en Chile por la acción no autorizada de la tarde Estados Unidos ministro en la recepción en su residencia oficial de dos personas que acababan de fracasar en un intento de revolución y contra la que los cargos criminales pendientes que crecen fuera de un ex perturbación abortiva. La doctrina del asilo como se aplica a este caso no es sancionado por los mejores precedentes, y cuando se les permite tiende a fomentar la sedición y la lucha. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir a los representantes de este Gobierno, bajo la ficción de mal definido de la extraterritorialidad, interrumpir la administración de justicia penal en los países a los que están acreditados. Una demanda templado haber sido hecha por el Gobierno de Chile para la corrección de esta conducta en el ejemplo mencionado, el ministro ya no estaba instruido para albergar a los delincuentes.
La legislación del año pasado conocida como la ley Geary, que exige el registro de todos los trabajadores chinos derecho a la residencia en los Estados Unidos y la deportación de todos los que no cumplan con las disposiciones de la ley dentro del plazo establecido, se reunió con mucha oposición de los chinos en este país. Actuando de conformidad con el asesoramiento de un abogado eminente que la ley era inconstitucional, la gran masa de trabajadores chinos, en espera de la investigación judicial en cuanto a su validez, de buena fe, se negó a solicitar los certificados exigidos por sus disposiciones. Un caso de prueba sobre la vía del habeas corpus fue presentado ante la Corte Suprema, y el 15 de mayo de 1893, se tomó la decisión de ese tribunal sostener la ley.
Se cree que en la reciente modificación de la Ley de ampliación del tiempo para el registro de los trabajadores chinos a los mismos derecho que desean residir en este país será ahora acogerse al privilegio renovado así se le ofrece de establecer por procedimiento legítimo su derecho a permanecer, y que con ello la necesidad de la deportación forzada puede en gran medida ser evitado.
Ha recaído en el ministro de Estados Unidos en Pekín, como decano del cuerpo diplomático, y en ausencia de un representante de Suecia y Noruega, al presionar sobre la reparación Gobierno chino por el reciente asesinato de misioneros suecos en Sung-pu. Esta cuestión es de vital interés para todos los países cuyos ciudadanos participar en la obra misionera en el interior.
Por el artículo XII de la Ley General de Bruselas, firmado el 2 de julio de 1890, para la represión de la trata de esclavos y la restricción de ciertos comercio perjudicial en el Estado Independiente del Congo y en la zona adyacente del centro de África, los Estados Unidos y las otras potencias signatarias acordaron adoptar los medios apropiados para el castigo de las personas que venden armas y municiones a los nativos y la confiscación de los artículos inhibidos. Siendo la llanura deber de este Gobierno para ayudar en la supresión de la trata infame, deteriorando como lo hace los esfuerzos loables y civilizadoras ahora en curso en esa región, le recomiendo que se aprobó una ley que prohíbe la venta de armas y estupefacientes a los nativos en el regulada zona por nuestros ciudadanos.
Costa Rica ha declarado últimamente su amistad mediante la entrega a los Estados Unidos, en ausencia de un convenio de extradición, pero la evidencia presentada debidamente de la criminalidad, un fugitivo de la justicia notable. Se confiaba en que la negociación de un tratado con ese país para atender casos de este tipo pronto se lograron recurrentes. En mi opinión los tratados de extradición recíproca que hayan de celebrarse con todos aquellos países con los que Estados Unidos no tiene ya acuerdos convencionales de ese carácter.
He considerado apropiado para expresar a los Gobiernos de Costa Rica y Colombia el deseo amabilidad de los Estados Unidos para ver su disputa de límites pendiente finalmente cerrado por el arbitraje de conformidad con el espíritu del tratado celebrado entre ellos hace algunos años.
Nuestras relaciones con la República Francesa siguen siendo íntimo y cordial. Espero sinceramente que el tratado de extradición con ese país, en su versión modificada por el Senado, pronto estará operativa.
Si bien las preguntas ocasionales que afectan a nuestros ciudadanos naturalizados que regresan a la tierra de su nacimiento han surgido en nuestras relaciones con Alemania, nuestras relaciones con ese país continúan satisfactoria.
Las cuestiones que afectan a nuestras relaciones con Gran Bretaña han sido tratados con un espíritu de amistad.
Hay negociaciones en curso entre los dos Gobiernos con el fin de tal acción concurrente como hará la adjudicación y reglamentos acordados por el Tribunal del Mar de Bering de Arbitraje prácticamente efectiva, y no se duda que Gran Bretaña va a cooperar libremente con este país para la logro de ese propósito.
La disputa que crecen fuera de los peajes discriminatorias impuestas en el Canal Welland sobre cargamentos de cereales con destino ay desde los puertos lacustres de los Estados Unidos se ajustó por la sustitución de un horario más equitativa de los cargos, y mi predecesor acto seguido suspendió su proclamación imposición discriminatoria peajes sobre tránsito británica a través de nuestros canales.
A solicitud de adiciones a la lista de delitos extraditables incluidos en el tratado existente entre los dos países se está considerando.
Durante el pasado año, un ciudadano estadounidense empleado en una posición comercial subordinado en Haití, después de sufrir un encarcelamiento prolongado en un cargo infundado de contrabando, fue finalmente liberado en el examen judicial. Tras la representación urgente al Gobierno Haitiano una indemnización adecuada fue pagado a la víctima.
Por una ley de Haití un buque de vela, después de haber descargado su cargamento, se negó despacho hasta que se hayan pagado los derechos sobre dicha carga. La dificultad de esta medida a los armadores estadounidenses, que llevan a cabo la mayor parte del comercio de transporte de ese país, se ha insistido en con vistas a garantizar la eliminación de esta causa de queja.
Al recibir información auténtica de la cocción sobre una conmovedora correo vapor americano en el puerto de Amapala porque su capitán se negó a entregar a un pasajero en tránsito desde Nicaragua a Guatemala a solicitud de las autoridades militares de Honduras, nuestro ministro de ese país, bajo las instrucciones , protestó contra el acto sin sentido y exigió la satisfacción. El Gobierno de Honduras, accionado por un sentido de justicia y en un espíritu de la mayor amistad, rechazó de inmediato la conducta ilegal de sus funcionarios y expresó su pesar sincero por la ocurrencia.
Se espera con confianza que un arreglo satisfactorio pronto se llegará a una de las preguntas que surjan de la incautación y el uso de embarcaciones estadounidenses por los insurgentes en Honduras y la posterior denegación por el Gobierno con éxito de los privilegios comerciales a los buques incluidos en esa cuenta.
Una parte notable de la costa sudeste de Liberia entre los ríos Cavally y San Pedro, que durante casi medio siglo ha sido generalmente reconocidos como pertenecientes a la República por cesión y compra, se ha afirmado que estar bajo el protectorado de Francia en virtud de acuerdos celebrados por las tribus nativas, sobre los cuales el control de Liberia no ha sido bien mantenidos.
Más recientemente las negociaciones entre el representante de Liberia y el Gobierno francés dio lugar a la firma en París de un tratado por el que como un ajuste determinado territorio liberiano está cedida a Francia. Esta convención en últimos consejos no había sido ratificado por la Asamblea Legislativa de Liberia y Ejecutivo.
¿Te sientes un interés y simpatía en la suerte de la pequeña de la Commonwealth, el establecimiento y el desarrollo de los cuales fueron ayudados en gran medida por la benevolencia de nuestros compatriotas, y que constituye el único estado independiente soberano en la costa oeste de África, este Gobierno ha sugerido a los franceses Gobierno su preocupación sincera por temor deterioro territorial en Liberia debe llevarse a cabo sin el consentimiento de ella sin restricciones.
Nuestras relaciones con México siguen siendo de esa naturaleza estrecha y amistosa que siempre debe caracterizar la relación sexual de dos repúblicas vecinas.
El trabajo de reubicación de los monumentos que marcan el límite entre los dos países desde Paso del Norte hasta el Pacífico está casi terminado.
La comisión ha organizado recientemente bajo las convenciones de 1884 y 1889 se espera será rápidamente resolver las controversias que surgen de las corrientes cambiantes del Río Grande al este de E1 Paso.
Nicaragua ha pasado recientemente a través de dos revoluciones, la fiesta en primera exitosa que tiene a su vez ha desplazado por otro. Nuestro recién nombrado ministro por sus buenos oficios oportunos ayudó en un arreglo pacífico de la controversia que participan en el primer conflicto. Los grandes intereses norteamericanos establecidos en ese país en relación con el Canal de Nicaragua no fueron molestados.
La compañía del canal por desgracia se ha convertido en financieramente seriamente avergonzado, pero un tratamiento generoso había sido extendida a él por el Gobierno de Nicaragua. Los Estados Unidos están especialmente interesados en el logro de la gran empresa esta empresa tiene a su cargo. Eso debe ser realizada bajo los auspicios distintivamente americanas, y su disfrute aseguró no sólo a los buques de este país como un canal de comunicación entre nuestros tableros marinos del Atlántico y del Pacífico, pero a los barcos del mundo en los intereses de la civilización, es una proposición que, a mi juicio, no admite que se trate.
Guatemala también ha sido visitado por las vicisitudes políticas que han afectado a sus vecinos centroamericanos, pero la disolución de su Legislatura y la proclamación de una dictadura se han desatendido con la guerra civil.
Un tratado de extradición con Noruega se ha intercambiado y proclamado recientemente.
El tratado de extradición con Rusia, firmado en marzo de 1887, y modificado y confirmado por el Senado en febrero pasado, fue debidamente anunciado en junio pasado.
Dirigido por un deseo de componer las diferencias y contribuir a la restauración del orden en Samoa, que desde hace algunos años anteriores había sido el escenario de las pretensiones extranjeras en conflicto y las luchas natal, los Estados Unidos, respecto a su política consagrada por un siglo de vigencia, entró hace cuatro años en el tratado de Berlín, con lo que de quedar obligado en forma conjunta con Inglaterra y Alemania para establecer y mantener Malietoa Laupepa como Rey de Samoa. El tratado establecía un tribunal extranjero de la justicia; un consejo municipal para el distrito de Apia, con un presidente extranjero de la misma, autorizado para asesorar al Rey; un tribunal para la solución de los títulos de tierras nativas y extranjeras, y un sistema de ingresos para el Reino. Implicó a los tres poderes que parte del coste del nuevo Gobierno no alcanzada por los ingresos de las islas.
Temprano en la vida de esta triple protectorado las disensiones nativos Fue diseñado para sofocar revivido. Rivales desafió la autoridad del nuevo rey, negándose a pagar impuestos y exigir la elección de un gobernante por sufragio nativa. Mataafa, un aspirante al trono, y un gran número de sus adherentes nativos estaban en rebelión abierta en una de las islas. Muy recientemente, a petición de los otros poderes y en cumplimiento de su obligación convencional, este Gobierno accedió a unirse en un movimiento militar conjunto de dimensiones suficientes, probablemente asegurar la rendición de los insurgentes y sin derramamiento de sangre.
El buque de guerra de Philadelphia fue consecuencia puso bajo las órdenes de Samoa, pero antes de que llegara el conflicto amenaza fue precipitada por el ataque del rey Malietoa sobre el campamento insurgente. Mataafa fue derrotado y varios de sus hombres murieron. Los buques de guerra británicos y alemanes presentes posteriormente aseguraron la entrega de Mataafa y sus adherentes. El jefe derrotado y diez de sus principales partidarios fueron deportados a una isla alemana del grupo de Marshall, donde son retenidos como prisioneros bajo la responsabilidad conjunta y el costo de los tres poderes.
Este incidente y los acontecimientos que condujeron a ella señaladamente ilustran la inconveniencia de enredar alianzas con las potencias extranjeras.
Hace más de quince años de este gobierno prefiere una demanda contra España en nombre de uno de nuestros ciudadanos de los bienes incautados y confiscados en Cuba. En 1886 la demanda se ajustó, España acordando pagar incondicionalmente, como una justa indemnización, 1,5 millones dólares. Una nota respetuosa pero serio fue dirigida recientemente al Gobierno español insistiendo en el cumplimiento puntual de sus obligaciones descuidado durante mucho tiempo.
Otros reclamos preferidos por los Estados Unidos contra España, en nombre de los ciudadanos estadounidenses de bienes confiscados en Cuba han estado pendientes desde hace muchos años.
En ese momento el título de España a las Islas Caroline fue confirmada por el arbitraje que el gobierno acordó que los derechos que habían sido adquiridos allí por misioneros estadounidenses deben ser reconocidos y respetados. Se espera sinceramente que esta promesa se observará al permitir que nuestros misioneros, que fueron retirados de Ponape a un lugar seguro por un buque de guerra de Estados Unidos durante la década de problemas entre la guarnición española y los nativos, para volver a su campo de utilidad .
La carabela reproducido Santa María, construida por España y enviado a la Exposición Colombina, se ha presentado a los Estados Unidos en señal de amistad y en conmemoración del evento fue diseñado para celebrar. Recomiendo que al aceptar este regalo Congreso hacer el reconocimiento agradecido de la sincera amistad que llevó a ella.
Los asuntos importantes han exigido atención en nuestras relaciones con la Puerta Otomana.
El despido y la destrucción parcial por una turba desenfrenada de uno de los edificios de la escuela de Anatolia Colegio, establecidos por los ciudadanos de los Estados Unidos en Marsovan, y la aparente indiferencia del Gobierno turco a la indignación, a pesar de la complicidad de algunos de sus funcionarios, pidió protesta seria, que fue seguido por la promesa de reparación y castigo de los delincuentes.
Indemnización por los daños a los edificios ya ha sido pagada, el permiso para reconstruir dada, registro de la propiedad de la escuela en nombre de los propietarios estadounidenses asegurados, y la protección eficiente garantizado.
La información recibida de los malos tratos sufridos por una mujer americana inofensiva comprometido en el trabajo misionero en Koordistan turco fue seguido por dichas representaciones a la Porte como resultado en la emisión de órdenes para el castigo de sus agresores, la remoción de un funcionario delincuente, y la adopción de medidas para la protección de nuestros ciudadanos comprometidos en la misión y otros trabajos lícitos en ese trimestre.
Turquía se queja de que sus súbditos armenios obtengan la ciudadanía en este país no se identifiquen de buena fe con nuestra gente, pero con la intención de regresar a la tierra de su nacimiento y no dedicarse a la sedición. Esta queja no es totalmente infundada. Un diario publicado en este país en la lengua armenia aconseja abiertamente a sus lectores a armar, organizar y participar en los movimientos para la subversión de la autoridad turca en las provincias asiáticas. El Gobierno otomano ha anunciado su intención de expulsar de sus dominios armenios que hayan obtenido la naturalización en los Estados Unidos desde 1868.
El derecho de excluir a cualquiera o todas las clases de extranjeros es un atributo de la soberanía. Es un derecho afirmado y, hasta cierto límite, impuesto por los Estados Unidos, con la sanción de nuestro más alto tribunal. Al no haber tratado de naturalización entre los Estados Unidos y Turquía, nuestro ministro en Constantinopla ha recibido instrucciones de que, al tiempo que reconoce el derecho de ese Gobierno para hacer cumplir su política declarada contra los armenios naturalizados, que se espera para protegerlos de dureza innecesaria de tratamiento.
En vista de los recursos financieros deteriorados de Venezuela como consecuencia de la reciente revolución allí, una disposición modificada por la satisfacción de los premios de la tarde comisión de reclamaciones revisora, en cuotas progresivas, ha asentido a, y los pagos se están realizando periódicamente en virtud del mismo.
La disputa de límites entre Venezuela y la Guayana Británica es todavía sin ajustar. Una restauración de las relaciones diplomáticas entre esa República y Gran Bretaña y la referencia de la cuestión a arbitraje imparcial sería una consumación más gratificante.
La ratificación por parte de Venezuela de la Convención para el arbitraje de la demanda diferida largo de la Empresa de Transporte de Venezuela está a la espera.
Apenas es necesario que yo declare que las preguntas que surgen de nuestras relaciones con Hawaii han causado vergüenza seria. Justo antes de la instalación de la actual administración del Gobierno actual de Hawaii había sido derrocado de repente y un tratado de anexión se había negociado entre el Gobierno Provisional de las islas y los Estados Unidos y presentado al Senado para su ratificación. Este tratado que se retiró para su examen y envió Excmo. James H. Blount, de Georgia, de Honolulu como un comisionado especial para hacer una investigación imparcial de las circunstancias que concurran en el cambio de gobierno y de todas las condiciones que se relacionen con el objeto del tratado. Después de un examen minucioso y exhaustivo señor Blount me presentó su informe, que muestra más allá de toda duda de que el Gobierno constitucional de Hawaii había sido subvertido con la ayuda activa de nuestro representante a ese Gobierno ya través de la intimidación causada por la presencia de una armada naval la fuerza de los Estados Unidos, el cual se desembarcó a tal efecto en la instancia de nuestro ministro. Tras los hechos desarrollados me parecía el único camino honorable a nuestro Gobierno para perseguir era para deshacer el mal que había hecho por aquellos que nos representan y restaurar en la medida de lo posible la situación existente en el momento de nuestra intervención forzosa. Con el fin de lograr este resultado dentro de los límites constitucionales del poder ejecutivo, y el reconocimiento de todas nuestras obligaciones y responsabilidades que surgen de cualquier cambio de las condiciones provocadas por nuestra interferencia injustificable, nuestro actual ministro en Honolulu ha recibido instrucciones adecuadas con este fin. Hasta el momento no hay información de la realización de cualesquiera resultados definitivos se ha recibido de él.
Pronto se espera consejos adicionales. Cuando recibieron serán enviados de inmediato al Congreso, junto con el resto de la información a la mano, acompañado de un mensaje Ejecutivo especial detallando completamente todos los hechos necesarios para una comprensión completa del caso y presentar un historial de todos los eventos relevantes que conducen a la situación actual.
Por una resolución concurrente aprobada por el Senado 14 de febrero 1890, y por la Cámara de Representantes en el 3d de abril siguiente al Presidente se le solicitó que "invitar de vez en cuando, ya que pueden surgir ajuste ocasiones, las negociaciones con un gobierno con el que el Estados Unidos tiene o puede tener relaciones diplomáticas, a fin de que las diferencias o controversias que surjan entre los dos gobiernos que no se pueden ajustar por la agencia diplomática pueden ser sometidos a arbitraje y se ajustarán en paz por los medios ". 18 de abril 1890, la Conferencia Internacional Americana de Washington por resolución expresa el deseo de que todas las controversias entre las repúblicas de América y las naciones de Europa podrían ser resueltas por arbitraje, y recomendó que el gobierno de cada nación representada en esa conferencia debería comunicar esta desear a todos potencias amigas. Una respuesta favorable se ha recibido de Gran Bretaña en la forma de una resolución aprobada por el Parlamento 16 de julio pasado, simpatizar cordialmente con el propósito de ver y expresar la esperanza de que el Gobierno de Su Majestad prestará cooperación listo para el Gobierno de los Estados Unidos sobre la base de la resolución concurrente anteriormente citado.
Se ofrece una seña me complace poner esta resolución parlamentaria en el Congreso y para expresar mi sincera satisfacción que el sentimiento de dos grandes naciones y afines es así con autoridad manifiesta en favor de la solución racional y pacífica de las disputas internacionales por el honorable recurso al arbitraje.
Desde la aprobación de la ley de 3 de marzo de 1893, que autoriza al Presidente a elevar el grado de nuestros enviados para que se corresponda con el grado en que los países extranjeros acreditan sus agentes aquí, Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania han conferido a su representantes en esta capital el título de embajador, y me han respondido mediante la acreditación de los agentes de los Estados Unidos en esos países con el mismo título. Una elevación de la misión como se anunció por parte de Rusia, y cuando se hizo conocido de manera similar. Este paso conlleva adecuadamente con la posición de los Estados Unidos mantienen en la familia de naciones.
Durante mi anterior Administración aproveché la ocasión para recomendar una refundición de las leyes relacionadas con el servicio consular, con el fin de que podría convertirse en un organismo más eficiente en la promoción de los intereses se pretendía subserve. Son deberes y atribuciones de los cónsules se han ampliado con los crecientes requerimientos de nuestro comercio exterior. Que desempeñan funciones importantes que afectan a nuestro comercio y de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, y en algunos países el ejercicio de las funciones judiciales, estos oficiales deben ser hombres de carácter, inteligencia y habilidad.
Tras la prueba de que la legislación de Dinamarca asegura los derechos de autor a los ciudadanos estadounidenses en pie de igualdad con su propia, los privilegios de nuestras leyes de derechos de autor se han extendido por la proclamación de los sujetos de ese país.
El Secretario de Hacienda informa que los ingresos del Gobierno de todas las fuentes, durante el año fiscal terminado en junio 30 de 1893, ascendieron a $ 461,716,561.94 y sus gastos a $ 459,374,674.29. No se recogió de la aduana $ 205,355,016.73 y de impuestos internos $ 161,027,623.93. Nuestras importaciones sujetas a derechos ascendieron a 421856711 dólares, un aumento de $ 52.453.907 con respecto al año anterior, y libres de impuestos las importaciones ascendieron a 444.544.211 dólares, una disminución con respecto al año anterior de $ 13.455.447. Recibos de rentas internas superiores a las del año anterior por $ 7,147,445.32. El impuesto total recaudado en licores destilados fue de $ 94,720,260.55, el tabaco manufacturado $ 31,889,711.74, y en licores fermentados $ 32,548,983.07. Exportamos mercancía durante el ejercicio por importe de $ 847.665.194, una disminución de $ 182 612 954 con respecto al año anterior. La cantidad de oro exportado era más grande que cualquier otro año en la historia de la Generalitat, que asciende a 108.680.844 dólares, y superior a la cantidad exportada durante el año anterior por 58.485.517 dólares.
La suma pagada por el Tesoro para la generosidad de azúcar fue de $ 9,375,130.88, un incremento respecto al año anterior de $ 2,033,053.09.
Se calcula sobre la base de las actuales leyes de ingresos que los ingresos del Gobierno para el año termina en junio 30 de 1894, será de $ 430,121,365.38 y sus gastos $ 458,121,365.28, lo que resulta en una deficiencia de $ 28 millones.
El 1 ° de noviembre de 1893, la cantidad de dinero de todo tipo en circulación, o no incluidos en cartera del Tesoro, fue 1718544682 dólar, un aumento para el año de $ 112 404 947. Estimación de la población en 67.426.000 en el tiempo mencionado, la circulación per cápita fue $ 25.49. En la misma fecha se produjo en el lingote de oro del Tesoro por valor de 96.657.273 dólares y lingotes de plata que fue adquirido a un costo de $ 126 261 553.
Las compras de plata bajo la ley de 14 de julio de 1890, durante el último año fiscal agregan 54,008,162.59 onzas finas, que cuestan $ 45,531,374.53. La cantidad total de plata comprada desde el momento en que la ley entró en vigor hasta que la derogación de la cláusula de compra, en el 1er día de noviembre de 1893, fue 168,674,590.46 onzas finas, que cuestan $ 155,930,940.84. Entre el día 1 de marzo de 1873, y el día 1 de noviembre de 1893, el Gobierno anunció la compra bajo todas las leyes 503.003.717 onzas finas de plata, a un costo de $ 516,622,948. Los dólares de plata que han sido acuñados bajo el acto de 14 de julio de 1890, número 36087285. El señoreaje derivada de tales monedas fue de $ 6,977,098.39, dejando a la mano en las casas de la moneda 140.699.760 onzas finas de plata, que cuestan $ 126,758,218.
Nuestro acuñación total de todos los metales durante el último año fiscal consistió en 97.280.875 piezas, valoradas en $ 43,685,178.80, de los cuales no había 30038140 dólares en moneda de oro, $ 5,343,715 en dólares de plata, $ 7,217,220.90 en moneda de plata subsidiaria, y $ 1,086,102.90 en monedas menores.
Durante el año calendario 1892 la producción de metales preciosos en los Estados Unidos se estimó en 1,596,375 onzas de oro fino del valor comercial y la moneda de $ 33 millones y 58 millones de onzas finas de plata del valor de lingotes o de mercado de $ 50.75 millones y del valor de la moneda de 74.989.900 dólares.
Se estima que en el primero día de julio de 1893, la acción metálica de dinero en los Estados Unidos, que consiste en monedas y lingotes, ascendió a $ 1213559169, de los cuales 597.697.685 dólares era de oro y $ 615.861.484 era de plata.
Se organizaron Ciento diecinueve bancos nacionales durante el año que terminó el 31 de octubre 1893, con un capital de 11.230.000 dólares. Cuarenta y seis entró en liquidación voluntaria y 158 suspendida. Sesenta y cinco de los bancos suspendidos eran insolventes, 86 reanudó negocio, y 7 permanecen en manos de los examinadores de bancos, con las perspectivas de una rápida reanudación. De los nuevos bancos organizados, 44 se localizaron en los Estados del Este, 41 al oeste del río Mississippi, y 34 en los Estados del Centro y Sur. El número total de bancos nacionales en existencia el 31 de octubre de 1893, fue 3796, con un capital total de $ 695.558.120. El aumento neto de la circulación de estos bancos durante el año fue de $ 36.886.972.
La reciente derogación de la disposición de la ley que requiere la compra de lingotes de plata por el Gobierno como una característica de nuestro esquema monetario ha hecho un cambio completo en el aspecto de nuestros asuntos divisas. No dudo de que el resultado final de esta acción será más saludable y de mayor alcance. En la naturaleza de las cosas, sin embargo, es imposible saber en este momento, precisamente, lo que se señalarán las condiciones por el cambio, o lo que, en su caso, la legislación complementaria podrá, a la luz de tales condiciones parece ser esencial o conveniente. Por supuesto, después de la reciente perturbación financiera, es necesario para el restablecimiento de la confianza de las empresas tiempo. Cuando, sin embargo, a través de esta recuperación de la confianza, el dinero que se ha asustado en lugares acaparamiento se devuelve al comercio y la empresa, un estudio de la situación probablemente revelará un camino seguro que conduce a una moneda de forma permanente sonido, abundantemente suficiente para satisfacer todas las necesidades de nuestra creciente población y los negocios.
En la búsqueda de este objeto debemos resueltamente alejarse de expedientes de fascinación y temporales, determina que conformarse con nada menos que un plan financiero duradero y general. En estas circunstancias, estoy convencido de que un retraso razonable en el tratamiento de este tema, en lugar de ser perjudicial, aumentará la probabilidad de que la acción sabia.
La conferencia monetaria que se reunió en Bruselas a nuestra invitación fue aplazado para el día 30 de noviembre del presente año. Las consideraciones que acabamos de exponer, y el hecho de que una propuesta definitiva de nosotros parecía que se esperan en el nuevo montaje de la conferencia me llevó a expresar la voluntad de tener la reunión sigue aplazándose.
Me parece que sería prudente dar autoridad general para el Presidente de invitar a otras naciones a una conferencia de este tipo en cualquier momento en que debe haber una buena perspectiva de lograr un acuerdo internacional sobre el tema de la moneda.
Deseo también sugerir seriamente la conveniencia de modificar los estatutos existentes en lo que respecta a la emisión de bonos del Estado. La autoridad ahora conferida al Secretario de Hacienda a emitir bonos no es tan clara como debería ser, y los bonos autorizados son desfavorables para el Gobierno, tanto en cuanto al momento de su vencimiento y tipo de interés.
El Superintendente de la Inmigración, a través del Secretario de Hacienda, informa que durante el último año fiscal no llegaron a nuestros puertos 440.793 inmigrantes. De éstos, 1.063 no se les permitió aterrizar bajo las limitaciones de la ley y 577 fueron devueltos a los países de donde vinieron por razón de sus cargos públicos que tienen convertido. Las llegadas totales fueron 141.034 menos que en el año anterior.
El Secretario en su informe da cuenta de la operación del Servicio de Hospitales Marítimos y del buen trabajo realizado bajo su supervisión en la prevención de la entrada y propagación de enfermedades contagiosas.
Las admoniciones de los últimos dos años tocando nuestra salud pública y el peligro demostrado de la introducción de enfermedades contagiosas de los puertos extranjeros han invertido el tema de cuarentena nacional con mayor interés. Un sistema más general y armoniosa que existe ahora, actuando sin demora y directamente en todas partes y constantemente funcionando por medios preventivos para proteger a nuestro país de la invasión de la enfermedad, y al mismo tiempo, teniendo debidamente en cuenta los derechos y deberes de las agencias locales, que, creo, añadir mucho a la seguridad de nuestra gente.
El Secretario de Guerra informa que la fuerza del Ejército el día 30 de septiembre del año pasado fue 25.778 hombres alistados y oficiales de 2144.
Los gastos totales del Departamento para el año termina en junio 30 de 1893, ascendieron a $ 51,966,074.89. De esta suma $ 1,992,581.95 fue para salarios y gastos contingentes, $ 23,377,828.35 para el apoyo de la institución militar, $ 6,077,033.18 para objetos varios, y 518,631.41 para obras públicas. Esta última suma incluye $ 15,296,876.46 para el río y mejoras del puerto y $ 3,266,141.20 para fortificaciones y otras obras de defensa.
La matrícula total de la milicia de los diversos Estados era el 31 de octubre del actual año 112.597 oficiales y soldados alistados. Los oficiales del Ejército detallados para la inspección y la instrucción de esta reserva de nuestro informe de la fuerza militar que el aumento de interés y marcó avances son evidentes en la disciplina y la eficiencia de la organización.
Ni los brotes de la India ni la violencia doméstica han llamado el Ejército en servicio durante el año, y el único deber militar activo requerido de él ha estado en el Departamento de Texas, donde se atendieron con prontitud y eficiencia violaciónes de las leyes de neutralidad de los Estados Unidos y México con las tropas, provocando la calurosa aprobación de las autoridades civiles y militares de ambos países.
La operación de leyes sabias y las influencias de la civilización constantemente tienda a exonerar al país de los peligros de las hostilidades indias, junto con el aumento de la capacidad de los Estados, a través de la eficiencia de las organizaciones de la Guardia Nacional, para proteger a sus ciudadanos de la violencia doméstica, el plomo a la sugerencia de que el tiempo se acerca rápidamente, cuando debería haber una reorganización de nuestro Ejército en las líneas de las necesidades actuales del país. Este cambio contempla ni aumento en el número ni gasto adicional, sino una redistribución de la fuerza y un estímulo de medidas tendientes a una mayor eficiencia entre los hombres y la mejora del servicio.
La adopción de las formaciones de los batallones de los regimientos de infantería, el fortalecimiento de la fuerza de la artillería, el abandono de los puestos más pequeños e innecesarios, y la masificación de las tropas en las estaciones importantes y accesibles todos prometen promover la utilidad del Ejército. En el juicio de los oficiales del ejército, con pocas excepciones, la operación de la ley que prohíbe el reenganche de los hombres después de diez años de servicio no ha demostrado su sabiduría, y si bien los argumentos que llevaron a su adopción no carecían de fundamento la experiencia de la años constriñe me uniera en la recomendación para su derogación.
Es gratificante observar que hemos empezado a obtener resultados completos en el sistema general de defensa y fortificación de la costa entrado en hace ocho años. Una gran cantidad de dinero se ha gastado ya, pero el costo de mantenimiento será despreciable en comparación con el costo de la construcción y las municiones. Al final del año natural en curso el Departamento de Guerra tendrá nueve cañones de 12 pulgadas, 10 pulgadas de veinte, y treinta y cuatro cañones de 8 pulgadas listos para ser montados en los ascensores de armas y carros, y setenta y cinco morteros de 12 pulgadas . Además del producto de la fábrica del arma del ejército, ahora completado en Watervliet, el Gobierno ha contratado con entidades privadas para la compra de un centenar de armas de estos calibres, la primera de las cuales debe ser entregado a la Dirección de la prueba antes del 1 de julio 1894.
La fabricación de artillería pesada sigue el ritmo de las necesidades actuales, sino para hacer estas armas disponibles para los fines que se han diseñado para cumplir con los emplazamientos deben estar preparados para ellos. Se ha avanzado en esta dirección, y es deseable que el Congreso mediante créditos adecuados debería prever la persecución ininterrumpida de este trabajo es necesario.
Después de mucho trabajo previo y exhaustivo examen de conformidad con los requisitos de la ley, la junta nombró para seleccionar un rifle revista de tipo moderno con el que reemplazar el rifle Springfield obsoleta del servicio infantería completado sus labores durante el año pasado, y el trabajo de fabricación está ahora en curso en el arsenal nacional en Springfield. Se espera con confianza que para finales del año en curso nuestra infantería se suministra con un arma igual a la de los ejércitos más progresistas del mundo.
El trabajo sobre la proyectada Chickamauga y Chattanooga National Military Park ha sido procesado con celo y el juicio, y su apertura se celebrará durante el próximo año. Más de 9 kilómetros cuadrados de campo de batalla Chickamauga se han adquirido, a 25 kilómetros de carretera se han construido, y tabletas permanentes se han colocado en muchos puntos históricos, mientras que la invitación a los Estados para marcar las posiciones de sus tropas que participan en la batalla ha sido muy generalmente aceptado.
El trabajo de localizar y preservar las líneas de batalla en el campo de batalla de Gettysburg está progresando satisfactoriamente en los planes dirigidos por el último Congreso.
Los informes de la Academia Militar de West Point y las varias escuelas para la instrucción especial de oficiales muestran notable avance en la educación del Ejército y una ambición loable entre sus funcionarios para sobresalir en la profesión militar y para adaptarse a sí mismos por el mayor servicio a la país.
Bajo la supervisión del ayudante general Robert Williams, últimamente se retiró, la Oficina de Información Militar se ha consolidado y está realizando un servicio que pondrá en posesión del Gobierno en tiempo de guerra de la información más valiosa, y en todo momento tienen un propósito de gran utilidad para mantener el Ejército informó de los avances del mundo en todos los asuntos relacionados con el arte de la guerra.
El informe de la Procuraduría General contiene el resumen habitual de los asuntos y procedimientos del Departamento de Justicia para el año pasado, junto con algunas recomendaciones en cuanto a la legislación necesaria sobre diversos temas. No puedo demasiado efusivamente endosar la proposición de que el sistema de tasas aplicables a la remuneración de los abogados de los Estados Unidos, alguaciles, secretarios de tribunales federales y de los Estados Unidos comisionados debe ser abolida con la menor demora posible. Está claro que es en el interés de la comunidad de que el negocio de los tribunales, tanto civiles como penales, deberá ser tan pequeño y tan económicamente tramitado como los fines de la justicia lo permitan.
Por tanto, el sistema es completamente vicioso que hace que la remuneración de los funcionarios de la corte dependerá del volumen de la actividad, y por lo tanto crea un conflicto entre una correcta ejecución de la ley y el beneficio privado, que no puede dejar de ser peligroso para los derechos y la libertad de el ciudadano y una tentación irresistible para los gastos injustificables de los fondos públicos. Si además de esta reforma se inauguró otro lo que le daría a Estados Unidos comisionados la disposición final de delitos menores dentro de la calificación de delitos menores, especialmente aquellos que son objeto de las leyes de rentas internas, un gran avance se harían hacia una administración más decente de la ley penal.
En mi primer mensaje al Congreso, de 8 de diciembre de 1885, que recomienda encarecidamente estos cambios y se refirió tanto a la longitud de los males del sistema actual. Desde entonces, el negocio criminal de los tribunales federales y el gasto de asistir a ella han aumentado enormemente. El número de procesos penales pendientes en los tribunales de circuito y de distrito de los Estados Unidos en la primera jornada de julio de 1885, fue 3.808, de los cuales 1.884 fueron por violaciónes de las leyes de rentas internas, mientras que el número de dichos procesos en espera en la 1er día de julio de 1893, era de 9.500, de los cuales 4.200 fueron por violaciónes de las leyes de rentas internas. El gasto de los tribunales de los Estados Unidos, sin contar los salarios de los jueces, para el año que termina 01 de julio 1885, fue de $ 2,874,733.11 y para el año que finalizó el 01 de julio 1893, $ 4,528,676.87.
Por tanto, es evidente que las razones dadas en 1885 por un cambio en la forma de aplicación del derecho penal federal han ganado contundencia y fuerza por el transcurso del tiempo.
También me uno de todo corazón el Fiscal General en recomendar grados de fijación de la legislación el delito de homicidio en la jurisdicción federal, como se ha hecho en muchos de los Estados; autorizar autos de error en nombre del Gobierno en los casos en que recaiga sentencia definitiva en contra de la suficiencia de una acusación o en contra del Gobierno sobre cualquier otro tema correspondiente antes del juicio real; limitar el derecho de revisión en los casos de delito grave punible solamente con multa y prisión a la corte de circuito de apelaciones, y previendo rápida para la construcción de este tipo de prisiones y reformatorios que sean necesarias para el confinamiento de los Estados Unidos convictos.
El informe del Director General de Correos contiene una relación detallada de las operaciones del Departamento de Post-Oficina durante el último año fiscal y mucha información interesante tocar esta importante rama del servicio público.
El negocio de los correos indica con absoluta certeza el estado de los negocios del país, y la depresión en los asuntos financieros, inevitablemente, y rápidamente reduce los ingresos postales. Por lo tanto, una discrepancia mayor de lo habitual entre los recibos de la oficina de correos y los gastos es el resultado esperado e inevitable de la rigurosidad angustiante que ha prevalecido en todo el país durante la mayor parte del tiempo cubierto por el informe del Director General de Correos. En una fecha en la que se preveían mejores tiempos se estimó por su predecesor de que la deficiencia en el día 30 de junio de 1893, no sería más que un poco más de un millón de dólares y medio. Se alcanzó, sin embargo, a más de cinco millones. Al mismo tiempo y bajo la influencia de las estimaciones anticipaciones como fueron hechas para el año fiscal en curso, de Junio 30 de 1894, que exhibió un superávit de los ingresos sobre los gastos de $ 872,245.71; pero ahora, en vista de los ingresos reales y los gastos durante la parte del año fiscal en curso ya expirado, el actual Director General de Correos estima que en su estrecha en lugar de un superávit que habrá un déficit de casi $ 8.000.000.
Los recibos de la oficina de correos para el último año fiscal ascendieron a $ 75,896,933.16 y sus gastos a $ 81,074,104.90. Esta deficiencia de la oficina de correos podría desaparecer o ser inmensamente disminuida si menos materia se llevaron gratuita a través de los correos, un elemento de las cuales es al alza de 300 toneladas de semillas y granos del Departamento de Agricultura.
El número total de oficinas de correos en los Estados Unidos el día 30 de junio de 1893, fue 68,403, un aumento de 1.284 respecto al año anterior. De ellos, 3.360 eran Presidencial, un aumento en esa clase de 204 respecto al año anterior.
Se añadieron Cuarenta y dos oficinas de libre entrega durante el año a los ya existentes, lo que hace un total de 610 ciudades y pueblos proporcionado con la entrega gratuita el 30 de junio de 1893 Noventa y tres otras ciudades y pueblos tienen ahora derecho a este servicio en el marco del ley, pero no se les ha concedido a causa de la insuficiencia de fondos para cumplir con los gastos de su establecimiento.
Estoy decididamente de la opinión de que las disposiciones de la presente ley permite que en general la introducción de esta característica de servicio de correo que sea necesario o justificable, y que no debería extenderse a las comunidades más pequeñas que se han diseñado.
Los gastos de entrega libre para el año fiscal que termina en junio 30 de 1894, serán más de $ 11 millones, y en virtud de la legislación existente en la actualidad debe haber un aumento constante en esta partida de gastos.
Había 6.401 adiciones a las oficinas de giros postales nacionales durante el último año fiscal, siendo el mayor incremento en un año desde la inauguración del sistema. El número total de estas oficinas al cierre del año fue de 18.434. Había 13.309.735 giros postales emitidos desde estas oficinas, siendo un incremento respecto al año anterior de 1.240.293, y el valor de estos pedidos ascendieron a $ 127,576,433.65, un aumento de $ 7,509,632.58. También se emitieron durante las notas postales años por valor de $ 12,903,076.73.
Durante el año 195 oficinas internacionales de dinero-orden se añaden a los ya previstos, haciendo un total de 2,407 en operación el 30 de junio de 1893 El número de giros postales internacionales emitidas durante el año fue 1.055.999, un incremento respecto al año anterior de 72.525 , y su valor fue de $ 16,341,837.86, un aumento de $ 2,221,506.31. El número de pedidos pagados fue 300.917, un aumento con respecto al año anterior de 13.503, y su valor fue de $ 5,283,375.70, un aumento de $ 94,094.83.
De las declaraciones anteriores se desprende que la emisión total de los giros postales y notas para el año ascendió a $ 156,822,348.24.
El número de cartas y paquetes enviados durante el año por entrega especial fue 3.375.693, un incremento respecto al año anterior de casi un 22 por ciento. Los sellos-entrega utilizados en estas cartas y paquetes ascendieron a $ 337,569.30, y los honorarios de los mensajeros pagados por su entrega ascendieron a $ 256,592.71, dejando una ganancia para el Gobierno de $ 80,976.59.
El servicio de correo de tren no sólo se suma a la rapidez de la entrega de correo en todas las oficinas, pero es el instrumento especial que pone a los lugares más pequeños y forma al servicio de una igualdad en ese sentido con las oficinas más grandes y terminales. Por tanto, esta rama del servicio postal ha recibido mucha atención por parte del Director General de Correos, y aunque es gratificante saber que está en una condición de alta eficiencia y gran utilidad, me inclino a estar de acuerdo con el Director General de Correos que hay espacio para su mejora.
No quedará conectado a la oficina de correos establecimiento 28.324 empleados que están en el servicio clasificado. La cabeza de este gran Departamento da pruebas concluyentes del valor de la reforma del servicio civil, cuando, después de una experiencia que hace que su juicio sobre el tema absolutamente fiable, expresa la opinión de que sin el beneficio de este sistema sería imposible llevar a cabo la gran negocio confiado a él.
Deseo felicitar especialmente como dignas de atención inmediata las sugerencias del Director General de Correos en relación a un negocio más sensible y como organización y una mejor distribución de la responsabilidad en su Departamento.
El informe de la Secretaría de Marina contiene una historia de las operaciones de su Departamento durante el pasado año y presenta una condición más gratificante del personal de nuestra Armada. Presenta una explicación satisfactoria de los avances que se han logrado en la construcción de buques y hace una serie de recomendaciones a las que se invitó especialmente la atención.
Durante los últimos seis meses las demandas de crucero barcos han sido muchas y urgentes. Ha habido revoluciones que piden los vasos para proteger los intereses estadounidenses en Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Argentina, y Brasil, mientras que el estado de cosas en Honolulu ha requerido la presencia constante de uno o más buques. Con todas estas exhorta a nuestra Armada se hizo necesario, con el fin de compensar una flota suficiente para patrullar el Mar de Bering en el modus vivendi acordado con Gran Bretaña, a los detalles para que el servicio de un buque de la Comisión de Pesca y tres del de Rentas Marine.
El progreso en la construcción de nuevos buques no ha sido tan rápido como se había previsto. Se han producido retrasos en la finalización de los buques blindados, pero en su mayor parte han sido, como se están produciendo constantemente, incluso en los países que tienen la mayor experiencia en la construcción naval. Los retrasos más graves, sin embargo, han sido en el trabajo a los buques blindados. El problema ha sido la falta de contratistas para entregar la armadura según lo acordado. Las dificultades parecen ahora, sin embargo, a todos se nos superar, y la armadura se están entregando con prontitud satisfactoria. Como resultado de la experiencia adquirida por los constructores navales y diseñadores y los hombres materiales, se cree que las fechas en que se completaron los barcos ahora se pueden estimar con precisión razonable. Grandes cañones, armas de fuego rápido, torpedos, y el polvo se suministran con prontitud.
Los siguientes buques de la nueva marina de guerra se han terminado y ahora están listos para el servicio: La costa defensa de dos torreones monitorear Miantonomoh, el monitor de doble turreted costa defensa de Monterrey, el crucero acorazado de Nueva York, los cruceros protegidos Baltimore, Chicago, Filadelfia, Newark, San Francisco, Charleston, Atlanta y Boston, el crucero Detroit, las cañoneras Yorktown, Concord, Bennington, Machias, Castine, y Petrel, el buque de expedición Dolphin, el buque práctica Bancroft, y el cañonero dinamita Vesubio. De éstas, la Bancroft, Machias, Detroit, y Castine se han colocado en la comisión durante el año natural en curso.
Los siguientes buques están en proceso de construcción: Los barcos de segunda clase de batalla Maine y Texas, los cruceros de Montgomery y Marblehead, y la costa defensa monitorea Terror, puritanos, Amphitrite, y Monadnock, todo lo cual se completará dentro de un año; el carnero puerto defensa Katahdin y los cruceros protegidos Columbia, Minneapolis, Olympia, de Cincinnati, y Raleigh, todos los cuales se completarán antes del 01 de julio 1895; los barcos de guerra de primera clase Iowa, Indiana, Massachusetts y Oregon, que concluirá 01 de febrero 1896, y el crucero acorazado Brooklyn, que se completará el 1 de agosto de ese año. También se espera que las tres cañoneras autorizados por el último Congreso se completará en menos de dos años.
Desde 1886 el Congreso tiene en cada reunión, autorizó la construcción de uno o más vasos, y el Secretario de la Marina presenta una súplica ferviente para la continuación de este plan. Se recomienda la autorización de al menos un buque de guerra y seis torpederos.
Si bien estoy claramente a favor de perseguir constantemente la política que hemos inaugurado de la construcción de una marina de guerra exhaustivo y eficaz, no puedo abstenerme de la sugerencia de que el Congreso debe tomar muy en cuenta el número de buques no terminados en nuestras manos y la condición empobrecido de nuestra Hacienda al considerar la conveniencia de una apropiación en este momento para comenzar un nuevo trabajo.
El método de emplear mano de obra mecánica en la marina-yardas a través de las juntas de trabajo y hacer eficiencia la única prueba por la cual los trabajadores son empleados y continuaron está produciendo los mejores resultados, y el Secretario se dedicaba seriamente a su desarrollo. Se llama la atención a las declaraciones de su informe en relación con el funcionamiento del sistema.
El Secretario del Interior tiene la supervisión de tantos temas importantes que su informe es de especial valor e interés.
El 30 de junio de 1893, había en la pensión rollos 966.012 nombres, un incremento de 89.944 sobre el número en las listas de 30 de junio de 1892, de los cuales había 17 viudas e hijas de soldados revolucionarios, 86 sobrevivientes de la Guerra de 1812, 5.425 viudas de los soldados de esa guerra, 21.518 supervivientes y viudas de la guerra con México, 3882 sobrevivientes y las viudas de las guerras indias, 284 enfermeras del ejército. y 475.645 sobrevivientes y las viudas e hijos de soldados fallecidos y marineros de la guerra de la rebelión. Este último número representa los pensionados por discapacidades o la muerte como resultado de servicio militar y de la marina. El número de personas que permanecen en los rollos de 30 de junio 1893, que fueron pensionados bajo la Ley de 27 de junio de 1890, que permite a las pensiones por causa de muerte y discapacidad no imputables al servicio en el ejército, era 459.155.
El número añadido a los rodillos durante el año fue de 123.634 y el número se redujo fue 33,690. Los primeros pagos de pensiones autorizados durante el año ascendieron a $ 33,756,549.98. Esto incluye los atrasos, o la acumulación entre el momento a partir del cual la asignación de fechas de pensiones y el momento de la realidad concesión del certificado.
Aunque la ley de 1890 permite a las pensiones de discapacidad no relacionada con el servicio militar, sin embargo, como requisito para sus beneficios una discapacidad debe existir incapacitante solicitantes "de la realización de trabajo manual a tal grado como para hacerlos incapaces de ganar un apoyo." La ejecución de esta ley en sus primeras etapas no parece haber sido de acuerdo con su verdadera intención, pero hacia el final de la última administración de una construcción autorizada se le dio a la ley, y desde entonces esta construcción se ha seguido. Esto ha tenido el efecto de limitar el funcionamiento de la ley a los fines previstos. El descubrimiento de haber sido hecho de que muchos nombres habían sido puestos sobre el rodillo de pensiones por medio de fraudes al por mayor y gigantescas, el Comisionado suspendió los pagos a un número de pensiones, que parecía ser fraudulento o no autorizado a la espera de un examen completo, de haber emplazado a los pensionistas, con el fin de que tengan la oportunidad de establecer, si es posible, la justicia de sus reclamaciones a pesar de aparente invalidez.
Esto, entiendo, es la práctica que ha sido durante mucho tiempo prevaleció en la Oficina de Pensiones; pero después de entrar en estas investigaciones recientes, el Comisionado modificar esta regla para no permitir que hasta después de una interferencia examen completo con el pago de una pensión al parecer no del todo vacía, sino que simplemente se había fijado en una tasa superior a la autorizada por la ley.
Soy incapaz de entender por qué los fraudes en los rollos de pensiones no deben ser expuestos y corregidos con rigor y vigor. Cada nombre de manera fraudulenta puesto sobre estos rollos es una imposición malvados sobre el sentimiento amablemente en el que las pensiones tienen su origen; cada pensionista fraudulenta se ha convertido en un mal ciudadano; cada juramento falso en apoyo de una pensión ha hecho perjurio más común, y los pensionistas falsas y que no merecen robar al pueblo no sólo de su dinero, sino del sentimiento patriótico que los supervivientes de una guerra lucharon por la preservación de la Unión Debe inspirar. Miles de barrios tienen sus pensionistas fraudulentos conocidos, y los últimos desarrollos de la Oficina establecer conspiraciones atroces para realizar fraudes de pensiones. De ninguna manera es injusto hacer es valientes y merecedores pensionistas, que ciertamente no debe ser condenado a tal asociación.
Los que intentan en el cumplimiento del deber de rectificar estos errores no deben ser acusados de enemistad o indiferencia a los reclamos de los veteranos honestos. La suma gastada en concepto de pensiones para el año termina en junio 30 de 1893, fue de $ 156,740,467.14.
El Comisionado estima que $ 165 millones serán necesarios para pagar las pensiones durante el año que terminó el 30 de junio 1894.
La condición de los indios y su destino final son temas que están relacionados con un deber sagrado del Gobierno y que apelan fuertemente al sentido de la justicia y la solidaridad de nuestro pueblo.
Nuestro número de indios sobre 248.000. La mayoría de ellos están ubicados en 161 reservas, que contiene 86.116.531 acres de tierra. Acerca de 110.000 de estos indios tienen en gran medida adoptado costumbres civilizadas. Terrenos en severalty se han asignado a muchos de ellos. Tales asignaciones se han hecho 10.000 personas durante el último año fiscal, que abarca alrededor de 1.000.000 hectáreas. El número de escuelas del Gobierno de la India abrió durante el año fue de 195, un aumento de 12 respecto al año anterior. De este total 170 eran sobre las reservas, de las cuales 73 fueron internados y 97 eran escuelas diurnas. Veinte internados y 5 escuelas diurnas apoyados por el Gobierno no se encuentran en reservas. El número total de niños indios matriculados durante el año como asistentes de todas las escuelas era 21.138, un incremento de 1.231 más de la matrícula para el año anterior.
Estoy seguro de que la educación laica y la enseñanza moral y religiosa deben ser factores importantes en cualquier esfuerzo por salvar al indio y lo llevan a la civilización. Creo, también, que el abandono de las relaciones tribales y la celebración de la tierra en severalty podrán, en condiciones favorables ayudar a esta consumación. Me parece, sin embargo, que las asignaciones de tierra en severalty debe hacerse con gran cuidado y circunspección. Si se hace a toda prisa, antes de que el indio sabe su significado, mientras que todavía se tiene poca o ninguna idea de labrar una granja y no hay concepción de ahorro, hay un gran peligro de que una vida reserva en las relaciones tribales puede ser cambiado por el pauperismo de la civilización en lugar de su independencia y elevación.
La solución del problema indígena depende en gran medida de la buena administración. El personal de la aptitud de los agentes y su adaptabilidad a la peculiar deber de cuidar a sus pupilos son de suma importancia.
La ley establece que, salvo en casos especiales, los oficiales del ejército se detallará como agentes indios se espera resultará una experiencia exitosa.
Existe el peligro de grandes abusos que se arrastran en el procesamiento de las reclamaciones por depredaciones de los indios, y recomiendo que se brinde todas las garantías en contra de la ejecución de las deudas injustas y ficticios de esta descripción.
Los créditos a cuenta de la Oficina de la India para el año termina en junio 30 de 1894, ascienden a $ 7,954,962.99, una disminución en comparación con el año anterior es de $ 387,131.95.
La gran superficie de terreno que pero hace poco constituía el dominio público está cayendo rápidamente en manos privadas. Es cierto que en la transferencia de la intención benéfica del Gobierno se sirva de sus hogares de dominio a los solicitantes de vivienda laboriosos y dignos a menudo se siente frustrado. Aunque el especulador, quien se encuentra con el propósito de extorsión entre la oficina de tierras y los que, con sus familias, son invitados por el Gobierno de liquidar las tierras públicas, es un personaje despreciable que no debe ser tolerado, sin embargo, es difícil frustrar sus esquemas. La reciente apertura de la liquidación de las tierras en el Cherokee Outlet, que abarca una superficie de 6.500.000 hectáreas, a pesar del máximo cuidado en la elaboración de los reglamentos que rigen la selección de los lugares ya pesar de la presencia de tropas de Estados Unidos, amueblado una exposición, aunque tal vez en un grado modificado, de la loca carrera, la violencia y la ocupación fraudulenta que han acompañado aperturas anteriores de tierras públicas.
Estoy de acuerdo con el Secretario en la creencia de que estos incidentes escandalosos no se pueden prevenir por completo sin un cambio en las leyes sobre el tema, y espero que sus recomendaciones en ese sentido serán consideradas favorablemente.
En especial me encomiendo a la atención de los congresistas las declaraciones contenidas en el informe del Secretario en relación con la silvicultura. Ha llegado el momento en que se deben tomar medidas eficaces para la conservación de nuestros bosques de la destrucción indiscriminada y sin remedio.
El informe de la Secretaría de Agricultura se encontrará sumamente interesante, sobre todo para que gran parte de nuestros ciudadanos íntimamente interesados en ocupaciones agrícolas.
En el séptimo día de marzo de 1893, había sobre su sueldo rollos de 2.430 empleados. Este número se ha reducido a 1.850 personas. En vista de un Tesoro público empobrecido y la imperativa demanda de la gente para la economía en la administración de su Gobierno, el Secretario ha entrado en la tarea de reducir los gastos de manera racional por la eliminación de las listas de pago de todas las personas que no son necesarios para una conducción eficiente de los asuntos del Departamento.
Durante el primer trimestre del presente año, los gastos del Departamento agregan $ 345,876.76, frente a $ 402,012.42 para el período correspondiente del año fiscal que termina el 30 de junio de 1893 El Secretario hace evidente su intención de continuar este ritmo de reducción de las estimaciones que presenten para la el próximo año fiscal menos de $ 994.280 a los del año en curso.
Entre los jefes de las divisiones de este Departamento los cambios han sido muy pocos. Tres vacantes que se produzcan a partir de la muerte y las renuncias que se hayan cubierto por la promoción de los asistentes en las mismas divisiones.
Estas promociones de asistentes experimentados y fieles no sólo han estado en el interés de un trabajo eficiente, pero han sugerido a los del Departamento que buscan la retención y la promoción que el mérito y la devoción al deber son su mejor recurso.
La cantidad asignada para la Oficina de Industria Animal para el año fiscal en curso es de $ 850.000. La estimación para el año siguiente es de $ 700.000.
El reglamento de 1892 en relación con la fiebre de Texas se han aplicado durante el último año y los grandes corrales de ganado del país se han mantenido libres de la infección. Brotes locales ocasionales han sido en gran medida de tal naturaleza que han sido eficazmente protegido contra por los propietarios de los bovinos afectados.
Mientras perineumonía contagiosa en el ganado ha sido erradicada, la tuberculosis animal, una enfermedad muy extendida y más peligroso para la vida humana que-neumonía pleuro, sigue siendo frecuente. Las investigaciones se han hecho durante el año pasado como a los medios de su comunicación y el método de su diagnóstico correcto. Se han hecho grandes progresos en este sentido por los estudios de la división de patología animal, pero el trabajo debería extenderse, en cooperación con las autoridades locales, hasta que el peligro para la vida humana como consecuencia de esta causa se reduce al mínimo.
El número de animales que llegan de Canadá durante el año e inspeccionados por funcionarios de la Oficina era 462.092, y el número de países transatlánticos era 1.297. No hay enfermedades contagiosas se encuentran entre los animales importados.
El número total de inspecciones de ganado para la exportación durante el año fiscal pasado fue 611.542. Las exportaciones muestran una caída de aproximadamente un 25 por ciento con respecto al año anterior, el descenso se produce enteramente en la última mitad del año. Esto sugiere que el caerse puede haber sido debido en gran parte a un aumento en el precio del ganado de exportación estadounidenses.
Durante el año termina en junio 30 de 1893, las exportaciones de carne de cerdo inspeccionado agregan 10.677.410 libras, frente a 38.152.874 libras para el año anterior. La caída de las exportaciones en este no se limita, sin embargo, a la carne de cerdo inspeccionado, la cantidad total exportada para 1892 son £ 665.490.616, mientras que en 1893 era sólo £ 527 308 695.
Me sumo al Secretario en la que recomienda que en adelante se requerirá a cada solicitante para el puesto de inspector o subinspector de la Oficina de Industria Animal, como condición previa a su nombramiento, a exponer a la Comisión de Servicio Civil de los Estados Unidos su diploma de una establecida, facultad de veterinaria regular, y de buena reputación, y que esto se complementará con dicho examen en la ciencia veterinaria como la Comisión determine.
Las exportaciones de productos agrícolas de los Estados Unidos para el año fiscal que termina en junio 30 de 1892, alcanzaron la enorme cifra de $ 800 millones, en números redondos, siendo el 78,7 por ciento de nuestras exportaciones totales. En el último año fiscal que este agregado se reduce en gran medida, pero sin embargo llegó a 615 millones, siendo el 75,1 por ciento de todas las mercancías estadounidenses exportadas.
Una revisión de nuestras exportaciones agrícolas, con especial referencia a su destino mostrará que en casi todas las líneas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda absorbe, con mucho, la mayor proporción. De ganado las exportaciones totales agregados de valor para el año fiscal que termina en junio 30 de 1893, $ 26 millones, de los cuales Gran Bretaña tomó considerablemente más de $ 25,000,000. De los productos de carne de todo tipo de nuestras exportaciones totales fueron de $ 28 millones, de los cuales Gran Bretaña tomó $ 24 millones. De los productos del cerdo las exportaciones totales fueron de $ 84.000.000, de los cuales Gran Bretaña tomó $ 53 millones. En breadstuffs, algodón y productos de menor importancia como proporciones enviados al mismo destino se muestran.
El trabajo de la División de Estadística del Departamento de Agricultura se ocupa de todo lo que se refiere a los aspectos económicos de la agricultura.
El objetivo principal de sus informes mensuales es mantener informados a los agricultores en todo lo posible de todos los asuntos que tienen alguna influencia sobre los mercados del mundo, en el que sus productos se encuentran a la venta. Sus publicaciones se refieren sobre todo a la parte comercial de la agricultura.
Por ello es de gran importancia y de interés vital para los agricultores de los Estados Unidos, que representan casi la mitad de nuestra población, y también de interés directo para todo el país es, que el trabajo de esta división se lleva a cabo de manera eficiente y que la información que ha reunido a difundirse rápidamente.
Es una cuestión de felicitación para saber que el Secretario no escatimará ningún esfuerzo para que esta parte de su trabajo a fondo útil.
En el año 1839 el Congreso asignó $ 1.000, que se ejecutará desde los fondos de la Oficina de Patentes, para la finalidad de la recogida y distribución de variedades raras y mejoradas de semillas y para resolver las investigaciones agrícolas y la preparación de estadísticas agrícolas. A partir de este pequeño comienzo la división de semillas del Departamento de Agricultura ha crecido hasta sus actuales proporciones inmanejables e injustificadamente extravagantes.
Durante el último año fiscal, el costo de las semillas fue de $ 66,548.61 comprada. El resto de un crédito de 135.000 dólares se gastó en su puesta y su distribución. Seguramente nunca podría haber entrado en las mentes de aquellos que primero sancionados créditos de dinero público para la adquisición de nuevas y mejores variedades de semillas para la distribución gratuita que a partir de este crecería grandes créditos para la compra y distribución de los miembros del Congreso de semillas ordinarias, bulbos, esquejes y que son comunes en todos los Estados y territorios de todo el mundo y fácil de obtener en los precios bajos.
En cada estado y territorio se ha establecido una estación experimental agrícola. Estas estaciones, por su carácter y el nombre, son los organismos adecuados para experimentar y probar nuevas variedades de semillas; y sin embargo, esta distribución indiscriminado y derrochador por la legislación y los legisladores continúa respondiendo a ningún propósito a menos que sea para recordar a los constituyentes que sus representantes están dispuestos a recordarlos con propinas en gasto público.
En virtud de la sanción de la legislación vigente no fue enviado desde el Departamento de Agricultura durante el último año fiscal suficiente de semillas de col para plantar 19.200 hectáreas de tierra, una cantidad suficiente de granos para plantar 4.000 hectáreas, las semillas de remolacha suficiente para plantar 2.500 hectáreas, el maíz dulce suficiente para plantar 7.800 hectáreas, suficientes semillas de pepino para cubrir 2.025 hectáreas con vides, y lo suficientemente melón y sandía semillas para plantar 2.675 hectáreas. La cantidad total de semillas de flores y vegetales distribuidas en tal concepto se encuentra en más de 9.000.000 de paquetes, y eran suficientes si se plantan para cubrir 89.596 hectáreas de terreno.
En vista de estos hechos este enorme gasto sin rendimientos legítimos de beneficio debería ser abolida. Anticipándose a una consumación tan manifiestamente en interés de una buena administración, más de $ 100,000 ha sido afectada por la estimación realizada para cubrir este objetivo para el año que terminó el 30 de junio 1895; y el Secretario recomienda que los restantes $ 35.000 de la estimación se limitarán estrictamente a la compra de nuevas y mejores variedades de semillas, y que éstos se distribuyen a través de las estaciones experimentales.
Así, la semilla se pondrá a prueba, y después de la prueba ha sido completada por la estación experimental de la propagación de las variedades útiles y el rechazo de la valueless con seguridad se puede dejar al sentido común de la gente.
La ejecución inteligente continuado de la ley de servicio civil y el aumento de la aprobación por el pueblo de su funcionamiento son más gratificante. La reciente ampliación de sus limitaciones y decretos a los empleados de libre prestación de oficinas de correo, que ha sido honesta y oportunamente realizada por la Comisión, con la cordial cooperación del Director General de Correos, es un avance sumamente importante en la utilidad de la sistema.
Yo soy, si es posible, más convencido que nunca de los incalculables beneficios conferidos por la ley de la función pública, no sólo en su efecto sobre la función pública, sino también, lo que es aún más importante, en su efecto en la elevación del tono de la política la vida en general.
El curso de la reforma del servicio civil en este país instructiva e interesante muestra lo fuerte que una bodega un movimiento ganancias a nuestro pueblo que ha subyacentes que un sentimiento de justicia y el derecho, y que al mismo tiempo promete una mejor administración de su Gobierno.
La ley que incorpora esta reforma encontró su camino en nuestro libro de estatutos más por temor al sentimiento popular existente a su favor que de cualquier amor por la reforma en sí por parte de los legisladores, y ha vivido y crecido y florecido a pesar de lo oculto así como la hostilidad abierta de oportunistas y sin perjuicio de la imposibilidad quejumbrosa de muchos tutores autoconstituidas. Debajo de todos los caprichos y las teorías sublimados que son atraídos hacia allí subyace esta reforma un robusto principio de sentido común, no sólo se adapte a esta esfera mundana, pero cuya aplicación a nuestro pueblo son cada vez más reconociendo ser absolutamente esencial para la operación más exitosa de su Gobierno, si no es para su perpetuidad.
Me parece a mí estar del todo incompatible con el carácter de esta reforma, así como con su mejor ejecución, para obligar a la Comisión a depender de asistencia administrativa a los empleados detallados de otros Departamentos. No debería ser una condición tal en cualquier departamento que los empleados contratados para hacer el trabajo allí se puede ahorrar a ejercían habitualmente su trabajo en otro lugar, y que no concuerda con una vista razonable de la reforma del servicio civil, que las personas deben ser empleados en la teoría que es necesario en un departamento de su trabajo, cuando en realidad sus servicios están dedicados a totalmente diferente de trabajo en otro departamento.
Yo sinceramente recomiendo que se hagan los empleados necesarios para llevar a cabo la labor de la Comisión se presenten periódicamente a su lista y que el sistema de obligar a los miembros de la Comisión de confiar en los servicios de los empleados pertenecientes a otros Departamentos interrumpirse. Esto no debería aumentar el costo para el Gobierno, mientras que sin duda sería más consistente y aumentar en gran medida la eficacia de la Comisión.
Economía en el gasto público es un deber que no puede pasarse por alto inocentemente por aquellos confiado con el control del dinero extraído de las personas para usos públicos. Hay que confesar que nuestros recursos aparentemente interminables, la familiaridad de nuestro pueblo con inmensas acumulaciones de riqueza, el creciente sentimiento entre ellos que el gasto de dinero público deberían de alguna manera en su beneficio inmediato y personal, la manera indirecta y casi furtivo en el que una gran parte de nuestros impuestos se exige, y un sentido degenerado de responsabilidad oficial han llevado a una creciente extravagancia en créditos gubernamentales.
En este momento, cuando un Tesoro público empobrecido nos enfrenta, cuando muchos de nuestros pueblos se dedican a una dura lucha por las necesidades de la vida, y la economía cuando forzada está presionando a la gran masa de nuestros compatriotas, deseo exhortar con toda la seriedad en mi comando que la legislación del Congreso será tan limitado por la economía estricta como para exponer una apreciación de la situación del Tesoro y una simpatía con las circunstancias difíciles de nuestros conciudadanos.
El deber de la economía pública es también de gran importancia en su relación íntima y necesaria para la tarea ahora de la mano de proporcionar ingresos para cubrir los gastos del gobierno y sin embargo la reducción de carga de los impuestos federales de la gente.
Después de una dura reforma arancelaria lucha es directamente ante nosotros. Nada reclamos tan importantes de nuestra atención y nada tan claramente se presenta como una oportunidad y un deber - una oportunidad para merecer la gratitud de nuestros conciudadanos y un deber que nos impone nuestra profesión repetidas y por el mandato contundente de las personas. Tras el debate de nuestros compatriotas se han pronunciado a favor de esta reforma, y han confiado la labor de su cumplimiento a las manos de aquellos que se comprometieron solemnemente a él.
Si hay algo en la teoría de la representación en los lugares públicos de las personas y sus deseos, si los funcionarios públicos son realmente los servidores del pueblo, y si las promesas políticas y profesiones tienen ninguna fuerza vinculante, nuestra incapacidad para dar el alivio de tanto tiempo esperada será pura deslealtad. Nada debe intervenir para distraer nuestra atención o perturbar nuestro esfuerzo hasta que esta reforma se lleva a cabo por la legislación prudente y cuidadoso.
Si bien debemos apegarnos stanchly al principio de que sólo la necesidad de ingresos justifica la imposición de derechos arancelarios y demás impuestos federales y que debe ser limitada por una estricta economía, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que las condiciones han crecido entre nosotros que en la justicia y la equidad para discriminar llamada de atención en la distribución de tales derechos y los impuestos como las urgencias de nuestro gobierno realmente demandan.
Evidentemente, si queremos ayudar a la gente directamente a través de la reforma arancelaria, una de sus características más evidentes debería haber una reducción en las actuales cargas arancelarias sobre las necesidades de la vida. Los beneficios de esta reducción sería palpable y sustancial, visto y sentido por miles de personas que estarían mejor alimentados y mejor vestidos y mejor protegido. Estos regalos deben ser las obras de beneficencia dispuestos de un Gobierno cuya función más alta es la promoción del bienestar de las personas.
No menos estrechamente relacionado con la prosperidad de nuestro pueblo y el bienestar es la eliminación de las restricciones a la importación de las materias primas necesarias para nuestras manufacturas. El mundo debe estar abierta a nuestro ingenio nacional y empresarial. Esto no puede ser al mismo tiempo la legislación federal a través de la imposición de altos aranceles prohíbe a los fabricantes estadounidenses como materiales baratos como los utilizados por sus competidores. Es bastante obvio que la .enhancement del precio de nuestros productos fabricados resultantes de esta política no sólo limita el mercado de estos productos dentro de nuestras propias fronteras, en perjuicio directo de nuestros fabricantes, sino que también aumenta su coste para nuestros ciudadanos.
Los intereses de los trabajadores son sin duda, aunque indirectamente, que participan en esta función de nuestro sistema de tarifas. La fuerte competencia y la lucha activa entre nuestros fabricantes para suministrar la demanda limitada de sus mercancías pronto llenan el mercado estrecho al que están confinados. Luego sigue una suspensión del trabajo en los molinos y fábricas, una descarga de los empleados, y la angustia en los hogares de nuestra obreros.
Incluso si la afirmación a menudo-desmentida se podría hacer bien que una tasa más baja de los salarios sería el resultado de las materias primas libres y derechos arancelarios bajos, la inteligencia de nuestros trabajadores les lleva rápidamente al descubrir que su empleo constante, permitido por las materias primas libres, se el factor más importante en su relación con la legislación arancelaria.
A medida ha sido preparado por el comité personificando la reforma adecuada del Congreso de tarifas en las líneas de este documento sugerido, que se presentará sin demora a la acción legislativa. Es el resultado de mucho trabajo patriótico y desinteresado, y creo que tiene que ver con su tema de manera consistente y tan a fondo como las condiciones existentes lo permitan.
Estoy convencido de que los derechos arancelarios reducidos previstos en la legislación propuesta, añaden a los impuestos de rentas internas existentes, lo hará en el futuro cercano, aunque tal vez no inmediatamente, producir ingresos suficientes para satisfacer las necesidades del Gobierno.
El Comité, después de examinar y de ofrecer a contra una deficiencia temporal que pueda existir antes de que el negocio del país se ajusta a los nuevos cuadros tarifarios, han adoptado sabiamente en su plan de unos impuestos de rentas internas adicionales, incluyendo un pequeño impuesto sobre los ingresos derivado de ciertas inversiones corporativas.
Estos nuevos ajustes no se sólo es absolutamente justo y soportado mejor, pero tienen el mayor mérito de ser tal que pueda ser remitido sin perturbaciones desfavorables de negocios cada vez que la necesidad de su imposición ya no existe.
En mi gran deseo para el éxito de esta medida no puedo contener la sugerencia de que su éxito sólo se puede lograr por medio de un abogado desinteresado por parte de los amigos de la reforma arancelaria y como resultado de su voluntad de deseos y ambiciones personales subordinados al bien general. Los intereses locales afectados por la reforma propuesta son tan numerosas y tan variados que si todo se insiste en la legislación que incorpora la reforma tiene que fracasar inevitablemente.
Para concluir mi intenso sentimiento de responsabilidad me impulsa a invocar para los intereses múltiples de unos generosos y confiados a la gente la atención más escrupulosa y comprometo mi apoyo dispuestos a todos los esfuerzos legislativos para el adelanto de la grandeza y la prosperidad de nuestro amado país.
Original
To the Congress of the United States:
The constitutional duty which requires the President from time to time to give to the Congress information of the state of the Union and recommend to their consideration such measures as he shall judge necessary and expedient is fittingly entered upon by commending to the Congress a careful examination of the detailed statements and well-supported recommendations contained in the reports of the heads of Departments, who are chiefly charged with the executive work of the Government. In an effort to abridge this communication as much as is consistent with its purpose I shall supplement a brief reference to the contents of these departmental reports by the mention of such executive business and incidents as are not embraced therein and by such recommendations as appear to be at this particular time appropriate.
While our foreign relations have not at all times during the past year been entirely free from perplexity, no embarrassing situation remains that will not yield to the spirit of fairness and love of justice which, joined with consistent firmness, characterize a truly American foreign policy.
My predecessor having accepted the office of arbitrator of the long-standing Missions boundary dispute, tendered to the President by the Argentine Republic and Brazil, it has been my agreeable duty to receive the special envoys commissioned by those States to lay before me evidence and arguments in behalf of their respective Governments.
The outbreak of domestic hostilities in the Republic of Brazil found the United States alert to watch the interests of our citizens in that country, with which we carry on important commerce. Several vessels of our new Navy are now and for some time have been stationed at Rio de Janeiro. The struggle being between the established Government, which controls the machinery of administration, and with which we maintain friendly relations, and certain officers of the navy employing the vessels of their command in an attack upon the national capital and chief seaport, and lacking as it does the elements of divided administration, I have failed to see that the insurgents can reasonably claim recognition as belligerents.
Thus far the position of our Government has been that of an attentive but impartial observer of the unfortunate conflict. Emphasizing our fixed policy of impartial neutrality in such a condition of affairs as now exists, I deemed it necessary to disavow in a manner not to be misunderstood the unauthorized action of our late naval commander in those waters in saluting the revolted Brazilian admiral, being indisposed to countenance an act calculated to give gratuitous sanction to the local insurrection.
The convention between our Government and Chile having for its object the settlement and adjustment of the demand of the two countries against each other has been made effective by he organization of the claims commission provided for. The two Governments failing to agree upon the third member of the commission, the good offices of the President of the Swiss Republic were invoked, as provided in the treaty, and the selection of the Swiss representative in this country to complete the organization was gratifying alike to the United States and Chile.
The vexatious question of so-called legation asylum for offenders against the state and its laws was presented anew in Chile by the unauthorized action of the late United States minister in receiving into his official residence two persons who had just failed in an attempt at revolution and against whom criminal charges were pending growing out of a former abortive disturbance. The doctrine of asylum as applied to this case is not sanctioned by the best precedents, and when allowed tends to encourage sedition and strife. Under no circumstances can the representatives of this Government be permitted, under the ill-defined fiction of extraterritoriality, to interrupt the administration of criminal justice in the countries to which they are accredited. A temperate demand having been made by the Chilean Government for the correction of this conduct in the instance mentioned, the minister was instructed no longer to harbor the offenders.
The legislation of last year known as the Geary law, requiring the registration of all Chinese laborers entitled to residence in the United States and the deportation of all not complying with the provisions of the act within the time prescribed, met with much opposition from Chinamen in this country. Acting upon the advice of eminent counsel that the law was unconstitutional, the great mass of Chinese laborers, pending judicial inquiry as to its validity, in good faith declined to apply for the certificates required by its provisions. A test case upon proceeding by habeas corpus was brought before the Supreme Court, and on May 15, 1893, a decision was made by that tribunal sustaining the law.
It is believed that under the recent amendment of the act extending the time for registration the Chinese laborers thereto entitled who desire to reside in this country will now avail themselves of the renewed privilege thus afforded of establishing by lawful procedure their right to remain, and that thereby the necessity of enforced deportation may to a great degree be avoided.
It has devolved upon the United States minister at Peking, as dean of the diplomatic body, and in the absence of a representative of Sweden and Norway, to press upon the Chinese Government reparation for the recent murder of Swedish missionaries at Sung-pu. This question is of vital interest to all countries whose citizens engage in missionary work in the interior.
By Article XII of the general act of Brussels, signed July 2, 1890, for the suppression of the slave trade and the restriction of certain injurious commerce in the Independent State of the Kongo and in the adjacent zone of central Africa, the United States and the other signatory powers agreed to adopt appropriate means for the punishment of persons selling arms and ammunition to the natives and for the confiscation of the inhibited articles. It being the plain duty of this Government to aid in suppressing the nefarious traffic, impairing as it does the praiseworthy and civilizing efforts now in progress in that region, I recommend that an act be passed prohibiting the sale of arms and intoxicants to natives in the regulated zone by our citizens.
Costa Rica has lately testified its friendliness by surrendering to the United States, in the absence of a convention of extradition, but upon duly submitted evidence of criminality, a noted fugitive from justice. It is trusted that the negotiation of a treaty with that country to meet recurring cases of this kind will soon be accomplished. In my opinion treaties for reciprocal extradition should be concluded with all those countries with which the United States has not already conventional arrangements of that character.
I have deemed it fitting to express to the Governments of Costa Rica and Colombia the kindly desire of the United States to see their pending boundary dispute finally closed by arbitration in conformity with the spirit of the treaty concluded between them some years ago.
Our relations with the French Republic continue to be intimate and cordial. I sincerely hope that the extradition treaty with that country, as amended by the Senate, will soon be operative.
While occasional questions affecting our naturalized citizens returning to the land of their birth have arisen in our intercourse with Germany, our relations with that country continue satisfactory.
The questions affecting our relations with Great Britain have been treated in a spirit of friendliness.
Negotiations are in progress between the two Governments with a view to such concurrent action as will make the award and regulations agreed upon by the Bering Sea Tribunal of Arbitration practically effective, and it is not doubted that Great Britain will cooperate freely with this country for the accomplishment of that purpose.
The dispute growing out of the discriminating tolls imposed in the Welland Canal upon cargoes of cereals bound to and from the lake ports of the United States was adjusted by the substitution of a more equitable schedule of charges, and my predecessor thereupon suspended his proclamation imposing discriminating tolls upon British transit through our canals.
A request for additions to the list of extraditable offenses covered by the existing treaty between the two countries is under consideration.
During the past year an American citizen employed in a subordinate commercial position in Hayti, after suffering a protracted imprisonment on an unfounded charge of smuggling, was finally liberated on judicial examination. Upon urgent representation to the Haytian Government a suitable indemnity was paid to the sufferer.
By a law of Hayti a sailing vessel, having discharged her cargo, is refused clearance until the duties on such cargo have been paid. The hardship of this measure upon American shipowners, who conduct the bulk of the carrying trade of that country, has been insisted on with a view of securing the removal of this cause of complaint.
Upon receiving authentic information of the firing upon an American mail steamer touching at the port of Amapala because her captain refused to deliver up a passenger in transit from Nicaragua to Guatemala upon demand of the military authorities of Honduras, our minister to that country, under instructions, protested against the wanton act and demanded satisfaction. The Government of Honduras, actuated by a sense of justice and in a spirit of the utmost friendship, promptly disavowed the illegal conduct of its officers and expressed sincere regret for the occurrence.
It is confidently anticipated that a satisfactory adjustment will soon be reached of the questions arising out of the seizure and use of American vessels by insurgents in Honduras and the subsequent denial by the successful Government of commercial privileges to those vessels on that account.
A notable part of the southeasterly coast of Liberia between the Cavally and San Pedro rivers, which for nearly half a century has been generally recognized as belonging to that Republic by cession and purchase, has been claimed to be under the protectorate of France in virtue of agreements entered into by the native tribes, over whom Liberia's control has not been well maintained.
More recently negotiations between the Liberian representative and the French Government resulted in the signature at Paris of a treaty whereby as an adjustment certain Liberian territory is ceded to France. This convention at last advices had not been ratified by the Liberian Legislature and Executive.
Feeling a sympathetic interest in the fortunes of the little Commonwealth, the establishment and development of which were largely aided by the benevolence of our countrymen, and which constitutes the only independently sovereign state on the west coast of Africa, this Government has suggested to the French Government its earnest concern lest territorial impairment in Liberia should take place without her unconstrained consent.
Our relations with Mexico continue to be of that close and friendly nature which should always characterize the intercourse of two neighboring republics.
The work of relocating the monuments marking the boundary between the two countries from Paso del Norte to the Pacific is now nearly completed.
The commission recently organized under the conventions of 1884 and 1889 it is expected will speedily settle disputes growing out of the shifting currents of the Rio Grande River east of E1 Paso.
Nicaragua has recently passed through two revolutions, the party at first successful having in turn been displaced by another. Our newly appointed minister by his timely good offices aided in a peaceful adjustment of the controversy involved in the first conflict. The large American interests established in that country in connection with the Nicaragua Canal were not molested.
The canal company has unfortunately become financially seriously embarrassed, but a generous treatment had been extended to it by the Government of Nicaragua. The United States are especially interested in the successful achievement of the vast undertaking this company has in charge. That it should be accomplished under distinctively American auspices, and its enjoyment assured not only to the vessels of this country as a channel of communication between our Atlantic and Pacific sea-boards, but to the ships of the world in the interests of civilization, is a proposition which, in my judgment, does not admit of question.
Guatemala has also been visited by the political vicissitudes which have afflicted her Central American neighbors, but the dissolution of its Legislature and the proclamation of a dictatorship have been unattended with civil war.
An extradition treaty with Norway has recently been exchanged and proclaimed.
The extradition treaty with Russia signed in March, 1887, and amended and confirmed by the Senate in February last, was duly proclaimed last June.
Led by a desire to compose differences and contribute to the restoration of order in Samoa, which for some years previous had been the scene of conflicting foreign pretensions and native strife, the United States, departing from its policy consecrated by a century of observance, entered four years ago into the treaty of Berlin, thereby becoming jointly bound with England and Germany to establish and maintain Malietoa Laupepa as King of Samoa. The treaty provided for a foreign court of justice; a municipal council for the district of Apia, with a foreign president thereof, authorized to advise the King; a tribunal for the settlement of native and foreign land titles, and a revenue system for the Kingdom. It entailed upon the three powers that part of the cost of the new Government not met by the revenue of the islands.
Early in the life of this triple protectorate the native dissensions it was designed to quell revived. Rivals defied the authority of the new King, refusing to pay taxes and demanding the election of a ruler by native suffrage. Mataafa, an aspirant to the throne, and a large number of his native adherents were in open rebellion on one of the islands. Quite lately, at the request of the other powers and in fulfillment of its treaty obligation, this Government agreed to unite in a joint military movement of such dimensions as would probably secure the surrender of the insurgents without bloodshed.
The war ship Philadelphia was accordingly put under orders for Samoa, but before she arrived the threatened conflict was precipitated by King Malietoa's attack upon the insurgent camp. Mataafa was defeated and a number of his men killed. The British and German naval vessels present subsequently secured the surrender of Mataafa and his adherents. The defeated chief and ten of his principal supporters were deported to a German island of the Marshall group, where they are held as prisoners under the joint responsibility and cost of the three powers.
This incident and the events leading up to it signally illustrate the impolicy of entangling alliances with foreign powers.
More than fifteen years ago this Government preferred a claim against Spain in behalf of one of our citizens for property seized and confiscated in Cuba. In 1886 the claim was adjusted, Spain agreeing to pay unconditionally, as a fair indemnity, $1,500,000. A respectful but earnest note was recently addressed to the Spanish Government insisting upon prompt fulfillment of its long-neglected obligation.
Other claims preferred by the United States against Spain in behalf of American citizens for property confiscated in Cuba have been pending for many years.
At the time Spain's title to the Caroline Islands was confirmed by arbitration that Government agreed that the rights which had been acquired there by American missionaries should be recognized and respected. It is sincerely hoped that this pledge will be observed by allowing our missionaries, who were removed from Ponape to a place of safety by a United States war ship during the late troubles between the Spanish garrison and the natives, to return to their field of usefulness.
The reproduced caravel Santa Maria, built by Spain and sent to the Columbian Exposition, has been presented to the United States in token of amity and in commemoration of the event it was designed to celebrate. I recommend that in accepting this gift Congress make grateful recognition of the sincere friendship which prompted it.
Important matters have demanded attention in our relations with the Ottoman Porte.
The firing and partial destruction by an unrestrained mob of one of the school buildings of Anatolia College, established by citizens of the United States at Marsovan, and the apparent indifference of the Turkish Government to the outrage, notwithstanding the complicity of some of its officials, called for earnest remonstrance, which was followed by promise of reparation and punishment of the offenders.
Indemnity for the injury to the buildings has already been paid, permission to rebuild given, registration of the school property in the name of the American owners secured, and efficient protection guaranteed.
Information received of maltreatment suffered by an inoffensive American woman engaged in missionary work in Turkish Koordistan was followed by such representations to the Porte as resulted in the issuance of orders for the punishment of her assailants, the removal of a delinquent official, and the adoption of measures for the protection of our citizens engaged in mission and other lawful work in that quarter.
Turkey complains that her Armenian subjects obtain citizenship in this country not to identify themselves in good faith with our people, but with the intention of returning to the land of their birth and there engaging in sedition. This complaint is not wholly without foundation. A journal published in this country in the Armenian language openly counsels its readers to arm, organize, and participate in movements for the subversion of Turkish authority in the Asiatic provinces. The Ottoman Government has announced its intention to expel from its dominions Armenians who have obtained naturalization in the United States since 1868.
The right to exclude any or all classes of aliens is an attribute of sovereignty. It is a right asserted and, to a limited extent, enforced by the United States, with the sanction of our highest court. There being no naturalization treaty between the United States and Turkey, our minister at Constantinople has been instructed that, while recognizing the right of that Government to enforce its declared policy against naturalized Armenians, he is expected to protect them from unnecessary harshness of treatment.
In view of the impaired financial resources of Venezuela consequent upon the recent revolution there, a modified arrangement for the satisfaction of the awards of the late revisory claims commission, in progressive installments, has been assented to, and payments are being regularly made thereunder.
The boundary dispute between Venezuela and British Guiana is yet unadjusted. A restoration of diplomatic intercourse between that Republic and Great Britain and reference of the question to impartial arbitration would be a most gratifying consummation.
The ratification by Venezuela of the convention for the arbitration of the long-deferred claim of the Venezuelan Transportation Company is awaited.
It is hardly necessary for me to state that the questions arising from our relations with Hawaii have caused serious embarrassment. Just prior to the installation of the present Administration the existing Government of Hawaii had been suddenly overthrown and a treaty of annexation had been negotiated between the Provisional Government of the islands and the United States and submitted to the Senate for ratification. This treaty I withdrew for examination and dispatched Hon. James H. Blount, of Georgia, to Honolulu as a special commissioner to make an impartial investigation of the circumstances attending the change of government and of all the conditions bearing upon the subject of the treaty. After a thorough and exhaustive examination Mr. Blount submitted to me his report, showing beyond all question that the constitutional Government of Hawaii had been subverted with the active aid of our representative to that Government and through the intimidation caused by the presence of an armed naval force of the United States, which was landed for that purpose at the instance of our minister. Upon the facts developed it seemed to me the only honorable course for our Government to pursue was to undo the wrong that had been done by those representing us and to restore as far as practicable the status existing at the time of our forcible intervention. With a view of accomplishing this result within the constitutional limits of executive power, and recognizing all our obligations and responsibilities growing out of any changed conditions brought about by our unjustifiable interference, our present minister at Honolulu has received appropriate instructions to that end. Thus far no information of the accomplishment of any definite results has been received from him.
Additional advices are soon expected. When received they will be promptly sent to the Congress, together with all other information at hand, accompanied by a special Executive message fully detailing all the facts necessary to a complete understanding of the case and presenting a history of all the material events leading up to the present situation.
By a concurrent resolution passed by the Senate February 14, 1890, and by the House of Representatives on the 3d of April following the President was requested to "invite from time to time, as fit occasions may arise, negotiations with any government with which the United States has or may have diplomatic relations, to the end that any differences or disputes arising between the two governments which can not be adjusted by diplomatic agency may be referred to arbitration and be peaceably adjusted by such means." April 18, 1890, the International American Conference of Washington by resolution expressed the wish that all controversies between the republics of America and the nations of Europe might be settled by arbitration, and recommended that the government of each nation represented in that conference should communicate this wish to all friendly powers. A favorable response has been received from Great Britain in the shape of a resolution adopted by Parliament July 16 last, cordially sympathizing with the purpose in view and expressing the hope that Her Majesty's Government will lend ready cooperation to the Government of the United States upon the basis of the concurrent resolution above quoted.
It affords me signal pleasure to lay this parliamentary resolution before the Congress and to express my sincere gratification that the sentiment of two great and kindred nations is thus authoritatively manifested in favor of the rational and peaceable settlement of international quarrels by honorable resort to arbitration.
Since the-passage of the act of March 3, 1893, authorizing the President to raise the grade of our envoys to correspond with the rank in which foreign countries accredit their agents here, Great Britain, France, Italy, and Germany have conferred upon their representatives at this capital the title of ambassador, and I have responded by accrediting the agents of the United States in those countries with the same title. A like elevation of mission is announced by Russia, and when made will be similarly met. This step fittingly comports with the position the United States hold in the family of nations.
During my former Administration I took occasion to recommend a recast of the laws relating to the consular service, in order that it might become a more efficient agency in the promotion of the interests it was intended to subserve. The duties and powers of consuls have been expanded with the growing requirements of our foreign trade. Discharging important duties affecting our commerce and American citizens abroad, and in certain countries exercising judicial functions, these officers should be men of character, intelligence, and ability.
Upon proof that the legislation of Denmark secures copyright to American citizens on equal footing with its own, the privileges of our copyright laws have been extended by proclamation to subjects of that country.
The Secretary of the Treasury reports that the receipts of the Government from all sources during the fiscal year ended June 30, 1893, amounted to $461,716,561.94 and its expenditures to $459,374,674.29. There was collected from customs $205,355,016.73 and from internal revenue $161,027,623.93. Our dutiable imports amounted to $421,856,711, an increase of $52,453,907 over the preceding year, and importations free of duty amounted to $444,544,211, a decrease from the preceding year of $13,455,447. Internal-revenue receipts exceeded those of the preceding year by $7,147,445.32. The total tax collected on distilled spirits was $94,720,260.55, on manufactured tobacco $31,889,711.74, and on fermented liquors $32,548,983.07. We exported merchandise during the year amounting to $847,665,194, a decrease of $182,612,954 from the preceding year. The amount of gold exported was larger than any previous year in the history of the Government, amounting to $108,680,844, and exceeding the amount exported during the preceding year by$58,485,517.
The sum paid from the Treasury for sugar bounty was $9,375,130.88, an increase over the preceding year of $2,033,053.09.
It is estimated upon the basis of present revenue laws that the receipts of the Government for the year ending June 30, 1894, will be $430,121,365.38 and its expenditures $458,121,365.28, resulting in a deficiency of $28,000,000.
On the 1st day of November, 1893, the amount of money of all kinds in circulation, or not included in Treasury holdings, was $1,718,544,682, an increase for the year of $112,404,947. Estimating our population at 67,426,000 at the time mentioned, the per capita circulation was $25.49. On the same date there was in the Treasury gold bullion amounting to $96,657,273 and silver bullion which was purchased at a cost of $126,261,553.
The purchases of silver under the law of July 14, 1890, during the last fiscal year aggregated 54,008,162.59 fine ounces, which cost $45,531,374.53. The total amount of silver purchased from the time that law became operative until the repeal of its purchasing clause, on the 1st day of November, 1893, was 168,674,590.46 fine ounces, which cost $155,930,940.84. Between the 1st day of March, 1873, and the 1st day of November, 1893, the Government purchased under all laws 503,003,717 fine ounces of silver, at a cost of $516,622,948. The silver dollars that have been coined under the act of July 14, 1890, number 36,087,285. The seigniorage arising from such coinage was $6,977,098.39, leaving on hand in the mints 140,699,760 fine ounces of silver, which cost $126,758,218.
Our total coinage of all metals during the last fiscal year consisted of 97,280,875 pieces, valued at $43,685,178.80, of which there was $30,038,140 in gold coin, $5,343,715 in silver dollars, $7,217,220.90 in subsidiary silver coin, and $1,086,102.90 in minor coins.
During the calendar year 1892 the production of precious metals in the United States was estimated to be 1,596,375 fine ounces of gold of the commercial and coinage value of $33,000,000 and 58,000,000 fine ounces of silver of the bullion or market value of $50,750,000 and of the coinage value of $74,989,900.
It is estimated that on the 1st day of July, 1893, the metallic stock of money in the United States, consisting of coin and bullion, amounted to $1,213,559,169, of which $597,697,685 was gold and $615,861,484 was silver.
One hundred and nineteen national banks were organized during the year ending October 31, 1893, with a capital of $11,230,000. Forty-six went into voluntary liquidation and 158 suspended. Sixty-five of the suspended banks were insolvent, 86 resumed business, and 7 remain in the hands of the bank examiners, with prospects of speedy resumption. Of the new banks organized, 44 were located in the Eastern States, 41 west of the Mississippi River, and 34 in the Central and Southern States. The total number of national banks in existence on October 31, 1893, was 3,796, having an aggregate capital of $695,558,120. The net increase in the circulation of these banks during the year was $36,886,972.
The recent repeal of the provision of law requiring the purchase of silver bullion by the Government as a feature of our monetary scheme has made an entire change in the complexion of our currency affairs. I do not doubt that the ultimate result of this action will be most salutary and far-reaching. In the nature of things, however, it is impossible to know at this time precisely what conditions will be brought about by the change, or what, if any, supplementary legislation may in the light of such conditions appear to be essential or expedient. Of course, after the recent financial perturbation, time is necessary for the reestablishment of business confidence. When, however, through this restored confidence, the money which has been frightened into hoarding places is returned to trade and enterprise, a survey of the situation will probably disclose a safe path leading to a permanently sound currency, abundantly sufficient to meet every requirement of our increasing population and business.
In the pursuit of this object we should resolutely turn away from alluring and temporary expedients, determined to be content with nothing less than a lasting and comprehensive financial plan. In these circumstances I am convinced that a reasonable delay in dealing with this subject, instead of being injurious, will increase the probability of wise action.
The monetary conference which assembled at Brussels upon our invitation was adjourned to the 30th day of November of the present year. The considerations just stated and the fact that a definite proposition from us seemed to be expected upon the reassembling of the conference led me to express a willingness to have the meeting still further postponed.
It seems to me that it would be wise to give general authority to the President to invite other nations to such a conference at any time when there should be a fair prospect of accomplishing an international agreement on the subject of coinage.
I desire also to earnestly suggest the wisdom of amending the existing statutes in regard to the issuance of Government bonds. The authority now vested in the Secretary of the Treasury to issue bonds is not as clear as it should be, and the bonds authorized are disadvantageous to the Government both as to the time of their maturity and rate of interest.
The Superintendent of Immigration, through the Secretary of the Treasury, reports that during the last fiscal year there arrived at our ports 440,793 immigrants. Of these, 1,063 were not permitted to land under the limitations of the law and 577 were returned to the countries from whence they came by reason of their having become public charges. The total arrivals were 141,034 less than for the previous year.
The Secretary in his report gives an account of the operation of the Marine-Hospital Service and of the good work done under its supervision in preventing the entrance and spread of contagious diseases.
The admonitions of the last two years touching our public health and the demonstrated danger of the introduction of contagious diseases from foreign ports have invested the subject of national quarantine with increased interest. A more general and harmonious system than now exists, acting promptly and directly everywhere and constantly operating by preventive means to shield our country from the invasion of disease, and at the same time having due regard to the rights and duties of local agencies, would, I believe, add greatly to the safety of our people.
The Secretary of War reports that the strength of the Army on the 30th day of September last was 25,778 enlisted men and 2,144 officers.
The total expenditures of the Department for the year ending June 30, 1893, amounted to $51,966,074.89. Of this sum $1,992,581.95 was for salaries and contingent expenses, $23,377,828.35 for the support of the military establishment, $6,077,033.18 for miscellaneous objects, and 518,631.41 for public works. This latter sum includes $15,296,876.46 for river and harbor improvements and $3,266,141.20 for fortifications and other works of defense.
The total enrollment of the militia of the several States was on the 31st of October of the current year 112,597 officers and enlisted men. The officers of the Army detailed for the inspection and instruction of this reserve of our military force report that increased interest and marked progress are apparent in the discipline and efficiency of the organization.
Neither Indian outbreaks nor domestic violence have called the Army into service during the year, and the only active military duty required of it has been in the Department of Texas, where violations of the neutrality laws of the United States and Mexico were promptly and efficiently dealt with by the troops, eliciting the warm approval of the civil and military authorities of both countries.
The operation of wise laws and the influences of civilization constantly tending to relieve the country from the dangers of Indian hostilities, together with the increasing ability of the States, through the efficiency of the National Guard organizations, to protect their citizens from domestic violence, lead to the suggestion that the time is fast approaching when there should be a reorganization of our Army on the lines of the present necessities of the country. This change contemplates neither increase in number nor added expense, but a redistribution of the force and an encouragement of measures tending to greater efficiency among the men and improvement of the service.
The adoption of battalion formations for infantry regiments, the strengthening of the artillery force, the abandonment of smaller and unnecessary posts, and the massing of the troops at important and accessible stations all promise to promote the usefulness of the Army. In the judgment of army officers, with but few exceptions, the operation of the law forbidding the reenlistment of men after ten years' service has not proved its wisdom, and while the arguments that led to its adoption were not without merit the experience of the year constrains me to join in the recommendation for its repeal.
It is gratifying to note that we have begun to attain completed results in the comprehensive scheme of seacoast defense and fortification entered upon eight years ago. A large sum has been already expended, but the cost of maintenance will be inconsiderable as compared with the expense of construction and ordnance. At the end of the current calendar year the War Department will have nine 12-inch guns, twenty 10-inch, and thirty-four 8-inch guns ready to be mounted on gun lifts and carriages, and seventy-five 12-inch mortars. In addition to the product of the Army Gun Factory, now completed at Watervliet, the Government has contracted with private parties for the purchase of one hundred guns of these calibers, the first of which should be delivered to the Department for test before July 1, 1894.
The manufacture of heavy ordnance keeps pace with current needs, but to render these guns available for the purposes they are designed to meet emplacements must be prepared for them. Progress has been made in this direction, and it is desirable that Congress by adequate appropriations should provide for the uninterrupted prosecution of this necessary work.
After much preliminary work and exhaustive examination in accordance with the requirements of the law, the board appointed to select a magazine rifle of modern type with which to replace the obsolete Springfield rifle of the infantry service completed its labors during the last year, and the work of manufacture is now in progress at the national armory at Springfield. It is confidently expected that by the end of the current year our infantry will be supplied with a weapon equal to that of the most progressive armies of the world.
The work on the projected Chickamauga and Chattanooga National Military Park has been prosecuted with zeal and judgment, and its opening will be celebrated during the coming year. Over 9 square miles of the Chickamauga battlefield have been acquired, 25 miles of roadway have been constructed, and permanent tablets have been placed at many historical points, while the invitation to the States to mark the positions of their troops participating in the battle has been very generally accepted.
The work of locating and preserving the lines of battle at the Gettysburg battlefield is making satisfactory progress on the plans directed by the last Congress.
The reports of the Military Academy at West Point and the several schools for special instruction of officers show marked advance in the education of the Army and a commendable ambition among its officers to excel in the military profession and to fit themselves for the highest service to the country.
Under the supervision of Adjutant-General Robert Williams, lately retired, the Bureau of Military Information has become well established and is performing a service that will put in possession of the Government in time of war most valuable information, and at all times serve a purpose of great utility in keeping the Army advised of the world's progress in all matters pertaining to the art of war.
The report of the Attorney-General contains the usual summary of the affairs and proceedings of the Department of Justice for the past year, together with certain recommendations as to needed legislation on various subjects. I can not too heartily indorse the proposition that the fee system as applicable to the compensation of United States attorneys, marshals, clerks of Federal courts, and United States commissioners should be abolished with as little delay as possible. It is clearly in the interest of the community that the business of the courts, both civil and criminal, shall be as small and as inexpensively transacted as the ends of justice will allow.
The system is therefore thoroughly vicious which makes the compensation of court officials depend upon the volume of such business, and thus creates a conflict between a proper execution of the law and private gain, which can not fail to be dangerous to the rights and freedom of the citizen and an irresistible temptation to the unjustifiable expenditure of public funds. If in addition to this reform another was inaugurated which would give to United States commissioners the final disposition of petty offenses within the grade of misdemeanors, especially those coming under the internal-revenue laws, a great advance would be made toward a more decent administration of the criminal law.
In my first message to Congress, dated December 8, 1885, I strongly recommended these changes and referred somewhat at length to the evils of the present system. Since that time the criminal business of the Federal courts and the expense attending it have enormously increased. The number of criminal prosecutions pending in the circuit and district courts of the United States on the 1st day of July, 1885, was 3,808, of which 1,884 were for violations of the internal-revenue laws, while the number of such prosecutions pending on the 1st day of July, 1893, was 9,500, of which 4,200 were for violations of the internal-revenue laws. The expense of the United States courts, exclusive of judges' salaries, for the year ending July 1, 1885, was $2,874,733.11 and for the year ending July 1, 1893, $4,528,676.87.
It is therefore apparent that the reasons given in 1885 for a change in the manner of enforcing the Federal criminal law have gained cogency and strength by lapse of time.
I also heartily join the Attorney-General in recommending legislation fixing degrees of the crime of murder within Federal jurisdiction, as has been done in many of the States; authorizing writs of error on behalf of the Government in cases where final judgment is rendered against the sufficiency of an indictment or against the Government upon any other question arising before actual trial; limiting the right of review in cases of felony punishable only by fine and imprisonment to the circuit court of appeals, and making speedy provision for the construction of such prisons and reformatories as may be necessary for the confinement of United States convicts.
The report of the Postmaster-General contains a detailed statement of the operations of the Post-Office Department during the last fiscal year and much interesting information touching this important branch of the public service.
The business of the mails indicates with absolute certainty the condition of the business of the country, and depression in financial affairs inevitably and quickly reduces the postal revenues. Therefore a larger discrepancy than usual between the post-office receipts and expenditures is the expected and unavoidable result of the distressing stringency which has prevailed throughout the country during much of the time covered by the Postmaster-General's report. At a date when better times were anticipated it was estimated by his predecessor that the deficiency on the 30th day of June, 1893, would be but a little over a million and a half dollars. It amounted, however, to more than five millions. At the same time and under the influence of like anticipations estimates were made for the current fiscal year, ending June 30, 1894, which exhibited a surplus of revenue over expenditures of $872,245.71; but now, in view of the actual receipts and expenditures during that part of the current fiscal year already expired, the present Postmaster-General estimates that at its close instead of a surplus there will be a deficiency of nearly $8,000,000.
The post-office receipts for the last fiscal year amounted to $75,896,933.16 and its expenditures to $81,074,104.90. This post-office deficiency would disappear or be immensely decreased if less matter were carried free through the mails, an item of which is upward of 300 tons of seeds and grain from the Agricultural Department.
The total number of post-offices in the United States on the 30th day of June, 1893, was 68,403, an increase of 1,284 over the preceding year. Of these, 3,360 were Presidential, an increase in that class of 204 over the preceding year.
Forty-two free-delivery offices were added during the year to those already existing, making a total of 610 cities and towns provided with free delivery on June 30, 1893. Ninety-three other cities and towns are now entitled to this service under the law, but it has not been accorded them on account of insufficient funds to meet the expenses of its establishment.
I am decidedly of the opinion that the provisions of the present law permit as general an introduction of this feature of mail service as is necessary or justifiable, and that it ought not to be extended to smaller communities than are now designated.
The expenses of free delivery for the fiscal year ending June 30, 1894, will be more than $11,000,000, and under legislation now existing there must be a constant increase in this item of expenditure.
There were 6,401 additions to the domestic money-order offices during the last fiscal year, being the largest increase in any year since the inauguration of the system. The total number of these offices at the close of the year was 18,434. There were 13,309,735 money orders issued from these offices, being an increase over the preceding year of 1,240,293, and the value of these orders amounted to $127,576,433.65, an increase of $7,509,632.58. There were also issued during the year postal notes amounting to $12,903,076.73.
During the year 195 international money-order offices were added to those already provided, making a total of 2,407 in operation on June 30, 1893. The number of international money orders issued during the year was 1,055,999, an increase over the preceding year of 72,525, and their value was $16,341,837.86, an increase of $2,221,506.31. The number of orders paid was 300,917, an increase over the preceding year of 13,503, and their value was $5,283,375.70, an increase of $94,094.83.
From the foregoing statements it appears that the total issue of money orders and postal notes for the year amounted to $156,822,348.24.
The number of letters and packages mailed during the year for special delivery was 3,375,693, an increase over the preceding year of nearly 22 per cent. The special-delivery stamps used upon these letters and packages amounted to $337,569.30, and the messengers' fees paid for their delivery amounted to $256,592.71, leaving a profit to the Government of $80,976.59.
The Railway Mail Service not only adds to the promptness of mail delivery at all offices, but it is the especial instrumentality which puts the smaller and way places in the service on an equality in that regard with the larger and terminal offices. This branch of the postal service has therefore received much attention from the Postmaster-General, and though it is gratifying to know that it is in a condition of high efficiency and great usefulness, I am led to agree with the Postmaster-General that there is room for its further improvement.
There are now connected to the Post-Office establishment 28,324 employees who are in the classified service. The head of this great Department gives conclusive evidence of the value of civil-service reform when, after an experience that renders his judgment on the subject absolutely reliable, he expresses the opinion that without the benefit of this system it would be impossible to conduct the vast business intrusted to him.
I desire to commend as especially worthy of prompt attention the suggestions of the Postmaster-General relating to a more sensible and business like organization and a better distribution of responsibility in his Department.
The report of the Secretary of the Navy contains a history of the operations of his Department during the past year and exhibits a most gratifying condition of the personnel of our Navy. He presents a satisfactory account of the progress which has been made in the construction of vessels and makes a number of recommendations to which attention is especially invited.
During the past six months the demands for cruising vessels have been many and urgent. There have been revolutions calling for vessels to protect American interests in Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Argentina, and Brazil, while the condition of affairs in Honolulu has required the constant presence of one or more ships. With all these calls upon our Navy it became necessary, in order to make up a sufficient fleet to patrol the Bering Sea under the modus vivendi agreed upon with Great Britain, to detail to that service one vessel from the Fish Commission and three from the Revenue Marine.
Progress in the construction of new vessels has not been as rapid as was anticipated. There have been delays in the completion of unarmored vessels, but for the most part they have been such as are constantly occurring even in countries having the largest experience in naval shipbuilding. The most serious delays, however, have been in the work upon armored ships. The trouble has been the failure of contractors to deliver armor as agreed. The difficulties seem now, however, to have been all overcome, and armor is being delivered with satisfactory promptness. As a result of the experience acquired by shipbuilders and designers and material men, it is believed that the dates when vessels will be completed can now be estimated with reasonable accuracy. Great guns, rapid-fire guns, torpedoes, and powder are being promptly supplied.
The following vessels of the new Navy have been completed and are now ready for service: The double-turreted coast-defense monitor Miantonomoh, the double-turreted coast-defense monitor Monterey, the armored cruiser New York, the protected cruisers Baltimore, Chicago, Philadelphia, Newark, San Francisco, Charleston, Atlanta, and Boston, the cruiser Detroit, the gunboats Yorktown, Concord, Bennington, Machias, Castine, and Petrel, the dispatch vessel Dolphin, the practice vessel Bancroft, and the dynamite gunboat Vesuvius. Of these the Bancroft, Machias, Detroit, and Castine have been placed in commission during the current calendar year.
The following vessels are in process of construction: The second-class battle ships Maine and Texas, the cruisers Montgomery and Marblehead, and the coast-defense monitors Terror, Puritan, Amphitrite, and Monadnock, all of which will be completed within one year; the harbor-defense ram Katahdin and the protected cruisers Columbia, Minneapolis, Olympia, Cincinnati, and Raleigh, all of which will be completed prior to July 1, 1895; the first-class battle ships Iowa, Indiana, Massachusetts, and Oregon, which will be completed February 1, 1896, and the armored cruiser Brooklyn, which will be completed by August 1 of that year. It is also expected that the three gunboats authorized by the last Congress will be completed in less than two years.
Since 1886 Congress has at each session authorized the building of one or more vessels, and the Secretary of the Navy presents an earnest plea for the continuance of this plan. He recommends the authorization of at least one battle ship and six torpedo boats.
While I am distinctly in favor of consistently pursuing the policy we have inaugurated of building up a thorough and efficient Navy, I can not refrain from the suggestion that the Congress should carefully take into account the number of unfinished vessels on our hands and the depleted condition of our Treasury in considering the propriety of an appropriation at this time to begin new work.
The method of employing mechanical labor at navy-yards through boards of labor and making efficiency the sole test by which laborers are employed and continued is producing the best results, and the Secretary is earnestly devoting himself to its development. Attention is invited to the statements of his report in regard to the workings of the system.
The Secretary of the Interior has the supervision of so many important subjects that his report is of especial value and interest.
On the 30th day of June, 1893, there were on the pension rolls 966,012 names, an increase of 89,944 over the number on the rolls June 30, 1892. Of these there were 17 widows and daughters of Revolutionary soldiers, 86 survivors of the War of 1812, 5,425 widows of soldiers of that war, 21,518 survivors and widows of the Mexican War, 3,882 survivors and widows of Indian wars, 284 army nurses. and 475,645 survivors and widows and children of deceased soldiers and sailors of the War of the Rebellion. The latter number represents those pensioned on account of disabilities or death resulting from army and navy service. The number of persons remaining on the rolls June 30, 1893, who were pensioned under the act of June 27, 1890, which allows pensions on account of death and disability not chargeable to army service, was 459,155.
The number added to the rolls during the year was 123,634 and the number dropped was 33,690. The first payments on pensions allowed during the year amounted to $33,756,549.98. This includes arrears, or the accumulation between the time from which the allowance of pension dates and the time of actually granting the certificate.
Although the law of 1890 permits pensions for disabilities not related to military service, yet as a requisite to its benefits a disability must exist incapacitating applicants "from the performance of manual labor to such a degree as to render them unable to earn a support." The execution of this law in its early stages does not seem to have been in accord with its true intention, but toward the close of the last Administration an authoritative construction was given to the statute, and since that time this construction has been followed. This has had the effect of limiting the operation of the law to its intended purpose. The discovery having been made that many names had been put upon the pension roll by means of wholesale and gigantic frauds, the Commissioner suspended payments upon a number of pensions which seemed to be fraudulent or unauthorized pending a complete examination, giving notice to the pensioners, in order that they might have an opportunity to establish, if possible, the justice of their claims notwithstanding apparent invalidity.
This, I understand, is the practice which has for a long time prevailed in the Pension Bureau; but after entering upon these recent investigations the Commissioner modified this rule so as not to allow until after a complete examination interference with the payment of a pension apparently not altogether void, but which merely had been fixed at a rate higher than that authorized by law.
I am unable to understand why frauds in the pension rolls should not be exposed and corrected with thoroughness and vigor. Every name fraudulently put upon these rolls is a wicked imposition upon the kindly sentiment in which pensions have their origin; every fraudulent pensioner has become a bad citizen; every false oath in support of a pension has made perjury more common, and false and undeserving pensioners rob the people not only of their money, but of the patriotic sentiment which the survivors of a war fought for the preservation of the Union ought to inspire. Thousands of neighborhoods have their well-known fraudulent pensioners, and recent developments by the Bureau establish appalling conspiracies to accomplish pension frauds. By no means the least wrong done is to brave and deserving pensioners, who certainly ought not to be condemned to such association.
Those who attempt in the line of duty to rectify these wrongs should not be accused of enmity or indifference to the claims of honest veterans. The sum expended on account of pensions for the year ending June 30, 1893, was $156,740,467.14.
The Commissioner estimates that $165,000,000 will be required to pay pensions during the year ending June 30, 1894.
The condition of the Indians and their ultimate fate are subjects which are related to a sacred duty of the Government and which strongly appeal to the sense of justice and the sympathy of our people.
Our Indians number about 248,000. Most of them are located on 161 reservations, containing 86,116,531 acres of land. About 110,000 of these Indians have to a large degree adopted civilized customs. Lands in severalty have been allotted to many of them. Such allotments have been made to 10,000 individuals during the last fiscal year, embracing about 1,000,000 acres. The number of Indian Government schools opened during the year was 195, an increase of 12 over the preceding year. Of this total 170 were on reservations, of which 73 were boarding schools and 97 were day schools. Twenty boarding schools and 5 day schools supported by the Government were not located on reservations. The total number of Indian children enrolled during the year as attendants of all schools was 21,138, an increase of 1,231 over the enrollment for the previous year.
I am sure that secular education and moral and religious teaching must be important factors in any effort to save the Indian and lead him to civilization. I believe, too, that the relinquishment of tribal relations and the holding of land in severalty may in favorable conditions aid this consummation. It seems to me, however, that allotments of land in severalty ought to be made with great care and circumspection. If hastily done, before the Indian knows its meaning, while yet he has little or no idea of tilling a farm and no conception of thrift, there is great danger that a reservation life in tribal relations may be exchanged for the pauperism of civilization instead of its independence and elevation.
The solution of the Indian problem depends very largely upon good administration. The personal fitness of agents and their adaptability to the peculiar duty of caring for their wards are of the utmost importance.
The law providing that, except in special cases, army officers shall be detailed as Indian agents it is hoped will prove a successful experiment.
There is danger of great abuses creeping into the prosecution of claims for Indian depredations, and I recommend that every possible safeguard be provided against the enforcement of unjust and fictitious claims of this description.
The appropriations on account of the Indian Bureau for the year ending June 30, 1894, amount to $7,954,962.99, a decrease as compared with the year preceding it of $387,131.95.
The vast area of land which but a short time ago constituted the public domain is rapidly falling into private hands. It is certain that in the transfer the beneficent intention of the Government to supply from its domain homes to the industrious and worthy home seekers is often frustrated. Though the speculator, who stands with extortionate purpose between the land office and those who, with their families, are invited by the Government to settle on the public lands, is a despicable character who ought not to be tolerated, yet it is difficult to thwart his schemes. The recent opening to settlement of the lands in the Cherokee Outlet, embracing an area of 6,500,000 acres, notwithstanding the utmost care in framing the regulations governing the selection of locations and notwithstanding the presence of United States troops, furnished an exhibition, though perhaps in a modified degree, of the mad scramble, the violence, and the fraudulent occupation which have accompanied previous openings of public land.
I concur with the Secretary in the belief that these outrageous incidents can not be entirely prevented without a change in the laws on the subject, and I hope his recommendations in that direction will be favorably considered.
I especially commend to the attention of the Congress the statements contained in the Secretary's report concerning forestry. The time has come when efficient measures should be taken for the preservation of our forests from indiscriminate and remediless destruction.
The report of the Secretary of Agriculture will be found exceedingly interesting, especially to that large part of our citizens intimately concerned in agricultural occupations.
On the 7th day of March, 1893, there were upon its pay rolls 2,430 employees. This number has been reduced to 1,850 persons. In view of a depleted public Treasury and the imperative demand of the people for economy in the administration of their Government, the Secretary has entered upon the task of rationally reducing expenditures by the elimination from the pay rolls of all persons not needed for an efficient conduct of the affairs of the Department.
During the first quarter of the present year the expenses of the Department aggregated $345,876.76, as against $402,012.42 for the corresponding period of the fiscal year ending June 30, 1893. The Secretary makes apparent his intention to continue this rate of reduction by submitting estimates for the next fiscal year less by $994,280 than those for the present year.
Among the heads of divisions in this Department the changes have been exceedingly few. Three vacancies occurring from death and resignations have been filled by the promotion of assistants in the same divisions.
These promotions of experienced and faithful assistants have not only been in the interest of efficient work, but have suggested to those in the Department who look for retention and promotion that merit and devotion to duty are their best reliance.
The amount appropriated for the Bureau of Animal Industry for the current fiscal year is $850,000. The estimate for the ensuing year is $700,000.
The regulations of 1892 concerning Texas fever have been enforced during the last year and the large stock yards of the country have been kept free from infection. Occasional local outbreaks have been largely such as could have been effectually guarded against by the owners of the affected cattle.
While contagious pleuro-pneumonia in cattle has been eradicated, animal tuberculosis, a disease widespread and more dangerous to human life than pleuro-pneumonia, is still prevalent. Investigations have been made during the past year as to the means of its communication and the method of its correct diagnosis. Much progress has been made in this direction by the studies of the division of animal pathology, but work ought to be extended, in cooperation with local authorities, until the danger to human life arising from this cause is reduced to a minimum.
The number of animals arriving from Canada during the year and inspected by Bureau officers was 462,092, and the number from transatlantic countries was 1,297. No contagious diseases were found among the imported animals.
The total number of inspections of cattle for export during the past fiscal year was 611,542. The exports show a falling off of about 25 per cent from the preceding year, the decrease occurring entirely in the last half of the year. This suggests that the falling off may have been largely due to an increase in the price of American export cattle.
During the year ending June 30, 1893, exports of inspected pork aggregated 10,677,410 pounds, as against 38,152,874 pounds for the preceding year. The falling off in this export was not confined, however, to inspected pork, the total quantity exported for 1892 being 665,490,616 pounds, while in 1893 it was only 527,308,695 pounds.
I join the Secretary in recommending that hereafter each applicant for the position of inspector or assistant inspector in the Bureau of Animal Industry be required, as a condition precedent to his appointment, to exhibit to the United States Civil Service Commission his diploma from an established, regular, and reputable veterinary college, and that this be supplemented by such an examination in veterinary science as the Commission may prescribe.
The exports of agricultural products from the United States for the fiscal year ending June 30, 1892, attained the enormous figure of $800,000,000, in round numbers, being 78.7 per cent of our total exports. In the last fiscal year this aggregate was greatly reduced, but nevertheless reached 615,000,000, being 75.1 per cent of all American commodities exported.
A review of our agricultural exports with special reference to their destination will show that in almost every line the United Kingdom of Great Britain and Ireland absorbs by far the largest proportion. Of cattle the total exports aggregated in value for the fiscal year ending June 30, 1893, $26,000,000, of which Great Britain took considerably over $25,000,000. Of beef products of all kinds our total exports were $28,000,000, of which Great Britain took $24,000,000. Of pork products the total exports were $84,000,000, of which Great Britain took $53,000,000. In breadstuffs, cotton, and minor products like proportions sent to the same destination are shown.
The work of the statistical division of the Department of Agriculture deals with all that relates to the economics of farming.
The main purpose of its monthly reports is to keep the farmers informed as fully as possible of all matters having any influence upon the world's markets, in which their products find sale. Its publications relate especially to the commercial side of farming.
It is therefore of profound importance and vital concern to the farmers of the United States, who represent nearly one-half of our population, and also of direct interest to the whole country, that the work of this division be efficiently performed and that the information it has gathered be promptly diffused.
It is a matter for congratulation to know that the Secretary will not spare any effort to make this part of his work thoroughly useful.
In the year 1839 the Congress appropriated $1,000, to be taken from the Patent Office funds, for the purpose of collecting and distributing rare and improved varieties of seeds and for prosecuting agricultural investigations and procuring agricultural statistics. From this small beginning the seed division of the Department of Agriculture has grown to its present unwieldy and unjustifiably extravagant proportions.
During the last fiscal year the cost of seeds purchased was $66,548.61. The remainder of an appropriation of $135,000 was expended in putting them up and distributing them. It surely never could have entered the minds of those who first sanctioned appropriations of public money for the purchase of new and improved varieties of seeds for gratuitous distribution that from this would grow large appropriations for the purchase and distribution by members of Congress of ordinary seeds, bulbs, and cuttings which are common in all the States and Territories and everywhere easily obtainable at low prices.
In each State and Territory an agricultural experiment station has been established. These stations, by their very character and name, are the proper agencies to experiment with and test new varieties of seeds; and yet this indiscriminate and wasteful distribution by legislation and legislators continues, answering no purpose unless it be to remind constituents that their representatives are willing to remember them with gratuities at public cost.
Under the sanction of existing legislation there was sent out from the Agricultural Department during the last fiscal year enough of cabbage seed to plant 19,200 acres of land, a sufficient quantity of beans to plant 4,000 acres, beet seed enough to plant 2,500 acres, sweet corn enough to plant 7,800 acres, sufficient cucumber seed to cover 2,025 acres with vines, and enough muskmelon and watermelon seeds to plant 2,675 acres. The total quantity of flower and vegetable seeds thus distributed was contained in more than 9,000,000 packages, and they were sufficient if planted to cover 89,596 acres of land.
In view of these facts this enormous expenditure without legitimate returns of benefit ought to be abolished. Anticipating a consummation so manifestly in the interest of good administration, more than $100,000 has been stricken from the estimate made to cover this object for the year ending June 30, 1895; and the Secretary recommends that the remaining $35,000 of the estimate be confined strictly to the purchase of new and improved varieties of seeds, and that these be distributed through experiment stations.
Thus the seed will be tested, and after the test has been completed by the experiment station the propagation of the useful varieties and the rejection of the valueless may safely be left to the common sense of the people.
The continued intelligent execution of the civil-service law and the increasing approval by the people of its operation are most gratifying. The recent extension of its limitations and regulations to the employees at free-delivery post-offices, which has been honestly and promptly accomplished by the Commission, with the hearty cooperation of the Postmaster-General, is an immensely important advance in the usefulness of the system.
I am, if possible, more than ever convinced of the incalculable benefits conferred by the civil-service law, not only in its effect upon the public service, but also, what is even more important, in its effect in elevating the tone of political life generally.
The course of civil-service reform in this country instructively and interestingly illustrates how strong a hold a movement gains upon our people which has underlying it a sentiment of justice and right and which at the same time promises better administration of their Government.
The law embodying this reform found its way to our statute book more from fear of the popular sentiment existing in its favor than from any love for the reform itself on the part of legislators, and it has lived and grown and flourished in spite of the covert as well as open hostility of spoilsmen and notwithstanding the querulous impracticability of many self-constituted guardians. Beneath all the vagaries and sublimated theories which are attracted to it there underlies this reform a sturdy common-sense principle not only suited to this mundane sphere, but whose application our people are more and more recognizing to be absolutely essential to the most successful operation of their Government, if not to its perpetuity.
It seems to me to be entirely inconsistent with the character of this reform, as well as with its best enforcement, to oblige the Commission to rely for clerical assistance upon clerks detailed from other Departments. There ought not to be such a condition in any Department that clerks hired to do work there can be spared to habitually work at another place, and it does not accord with a sensible view of civil-service reform that persons should be employed on the theory that their labor is necessary in one Department when in point of fact their services are devoted to entirely different work in another Department.
I earnestly urge that the clerks necessary to carry on the work of the Commission be regularly put upon its roster and that the system of obliging the Commissioners to rely upon the services of clerks belonging to other Departments be discontinued. This ought not to increase the expense to the Government, while it would certainly be more consistent and add greatly to the efficiency of the Commission.
Economy in public expenditure is a duty that can not innocently be neglected by those intrusted with the control of money drawn from the people for public uses. It must be confessed that our apparently endless resources, the familiarity of our people with immense accumulations of wealth, the growing sentiment among them that the expenditure of public money should in some manner be to their immediate and personal advantage, the indirect and almost stealthy manner in which a large part of our taxes is exacted, and a degenerated sense of official accountability have led to growing extravagance in governmental appropriations.
At this time, when a depleted public Treasury confronts us, when many of our people are engaged in a hard struggle for the necessaries of life, and when enforced economy is pressing upon the great mass of our countrymen, I desire to urge with all the earnestness at my command that Congressional legislation be so limited by strict economy as to exhibit an appreciation of the condition of the Treasury and a sympathy with the straitened circumstances of our fellow-citizens.
The duty of public economy is also of immense importance in its intimate and necessary relation to the task now in hand of providing revenue to meet Government expenditures and yet reducing the people's burden of Federal taxation.
After a hard struggle tariff reform is directly before us. Nothing so important claims our attention and nothing so clearly presents itself as both an opportunity and a duty--an opportunity to deserve the gratitude of our fellow-citizens and a duty imposed upon us by our oft-repeated professions and by the emphatic mandate of the people. After full discussion our countrymen have spoken in favor of this reform, and they have confided the work of its accomplishment to the hands of those who are solemnly pledged to it.
If there is anything in the theory of a representation in public places of the people and their desires, if public officers are really the servants of the people, and if political promises and professions have any binding force, our failure to give the relief so long awaited will be sheer recreancy. Nothing should intervene to distract our attention or disturb our effort until this reform is accomplished by wise and careful legislation.
While we should stanchly adhere to the principle that only the necessity of revenue justifies the imposition of tariff duties and other Federal taxation and that they should be limited by strict economy, we can not close our eyes to the fact that conditions have grown up among us which in justice and fairness call for discriminating care in the distribution of such duties and taxation as the emergencies of our Government actually demand.
Manifestly if we are to aid the people directly through tariff reform, one of its most obvious features should be a reduction in present tariff charges upon the necessaries of life. The benefits of such a reduction would be palpable and substantial, seen and felt by thousands who would be better fed and better clothed and better sheltered. These gifts should be the willing benefactions of a Government whose highest function is the promotion of the welfare of the people.
Not less closely related to our people's prosperity and well-being is the removal of restrictions upon the importation of the raw materials necessary to our manufactures. The world should be open to our national ingenuity and enterprise. This can not be while Federal legislation through the imposition of high tariff forbids to American manufacturers as cheap materials as those used by their competitors. It is quite obvious that the .enhancement of the price of our manufactured products resulting from this policy not only confines the market for these products within our own borders, to the direct disadvantage of our manufacturers, but also increases their cost to our citizens.
The interests of labor are certainly, though indirectly, involved in this feature of our tariff system. The sharp competition and active struggle among our manufacturers to supply the limited demand for their goods soon fill the narrow market to which they are confined. Then follows a suspension of work in mills and factories, a discharge of employees, and distress in the homes of our workingmen.
Even if the often-disproved assertion could be made good that a lower rate of wages would result from free raw materials and low tariff duties, the intelligence of our workmen leads them quickly to discover that their steady employment, permitted by free raw materials, is the most important factor in their relation to tariff legislation.
A measure has been prepared by the appropriate Congressional committee embodying tariff reform on the lines herein suggested, which will be promptly submitted for legislative action. It is the result of much patriotic and unselfish work, and I believe it deals with its subject consistently and as thoroughly as existing conditions permit.
I am satisfied that the reduced tariff duties provided for in the proposed legislation, added to existing internal-revenue taxation, will in the near future, though perhaps not immediately, produce sufficient revenue to meet the needs of the Government.
The committee, after full consideration and to provide against a temporary deficiency which may exist before the business of the country adjusts itself to the new tariff schedules, have wisely embraced in their plan a few additional internal-revenue taxes, including a small tax upon incomes derived from certain corporate investments.
These new adjustments are not only absolutely just and easily borne, but they have the further merit of being such as can be remitted without unfavorable business disturbance whenever the necessity of their imposition no longer exists.
In my great desire for the success of this measure I can not restrain the suggestion that its success can only be attained by means of unselfish counsel on the part of the friends of tariff reform and as a result of their willingness to subordinate personal desires and ambitions to the general good. The local interests affected by the proposed reform are so numerous and so varied that if all are insisted upon the legislation embodying the reform must inevitably fail.
In conclusion my intense feeling of responsibility impels me to invoke for the manifold interests of a generous and confiding people the most scrupulous care and to pledge my willing support to every legislative effort for the advancement of the greatness and prosperity of our beloved country.
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