Para el Congreso de los Estados Unidos:
El presente conjunto de la rama legislativa de nuestro gobierno se produce en momentos en que los intereses de nuestro pueblo y las necesidades del país dan protagonismo especial a las condiciones de nuestras relaciones exteriores y las exigencias de nuestras finanzas nacionales. Los informes de los jefes de los diversos departamentos administrativos del Gobierno plena y claramente muestran lo que se ha logrado en el ámbito de sus respectivas funciones y presentar las recomendaciones para el mejoramiento de la condición de nuestro país como mano de obra patriótica e inteligente y la observación sugieren.
Por lo tanto, considero mi deber ejecutivo realizó adecuadamente en este momento mediante la presentación al Congreso de las fases importantes de nuestra situación en relación con nuestras relaciones con las naciones extranjeras y una declaración de los problemas financieros que nos enfrentamos, omitiendo, con excepción de lo que se relacionan con estos temas, cualquier referencia a las operaciones de los departamentos.
Yo sinceramente invito, sin embargo, no sólo la de una cuidadosa consideración, pero el escrutinio severamente crítico del Congreso y mis compatriotas a los informes relativos a estas operaciones departamentales. Si examinado con justicia y equidad, que se aporte un justificante de asistencia asidua y minuciosa para el bienestar público. Presiono las recomendaciones que contienen a la respetuosa atención de los encargados de la tarea de la legislación, porque creo que su adopción sería promover la buena de la gente.
Por la legislación arancelaria enmendatoria en enero durar la República Argentina, reconociendo el valor de la gran apertura del mercado a la libre importación de sus lanas en nuestro último acto de tarifas, ha admitido ciertos productos de los Estados Unidos a la entrada con derechos reducidos. Es satisfactorio observar que los esfuerzos que hemos hecho para ampliar los intercambios de comercio sobre una base sólida de beneficio mutuo son en este caso apreciadas por el país desde el que nuestras fábricas de lana obtienen su suministro de la materia prima necesaria.
La disputa Misiones límite entre la República Argentina y el Brasil, se refirió al presidente de los Estados Unidos como árbitro durante el término de mi predecesor, y que se presentó a mí para la determinación, dio lugar a un laudo a favor de Brasil en el histórico y documental pruebas presentadas, poniendo así fin a una larga controversia prolongada y demostrando una vez más la sabiduría y la conveniencia de resolver las disputas de límites internacionales, mediante el recurso al arbitraje amigable.
Las negociaciones están progresando para un renacimiento de los Estados Unidos y la Comisión de Reclamaciones de Chile, cuyo trabajo fue terminado abruptamente el año pasado por el vencimiento del plazo estipulado en el cual los premios se podrían hacer.
La reanudación de los pagos de las especias de Chile es un paso de gran interés e importancia tanto en sus consecuencias directas sobre su propio bienestar y como evidenciando la ascendencia de los principios financieros sólidos en una de las más influyentes de las Repúblicas de América del Sur.
El cierre de la lucha trascendental entre China y Japón, mientras que el alivio de los agentes diplomáticos de este Gobierno desde el delicado deber que realizó a petición de ambos países de la prestación de dicho servicio a los sujetos de ambos beligerantes dentro de los límites territoriales de la otra como nuestra posición neutra permitida, desarrolló una condición interna en el imperio chino que ha causado mucha ansiedad y llamó a la atención pronta y cuidadosa. Ya sea como resultado de un débil control por parte del Gobierno central sobre las administraciones provinciales, a raíz de una disminución de la autoridad gubernamental tradicional bajo la tensión de un desastre nacional abrumadora, o como una manifestación de la buena oportunidad de la aversión de la población china a todo extranjero formas y las empresas, se han producido en las provincias muy distantes de China de graves brotes de el viejo espíritu fanático contra los extranjeros, que, sin control por las autoridades locales, si no realmente confabulado a por ellos, han culminado en ataques de turbas en las estaciones misioneras extranjeras, provocando mucha destrucción de la propiedad y acompañado por lesiones personales, así como la pérdida de la vida.
Aunque, sino un ciudadano estadounidense fue divulgado para haber sido realmente herido, y aunque la destrucción de la propiedad puede haber caído más fuertemente de los misioneros de otras nacionalidades que la nuestra, que claramente convenía que este Gobierno que tome las más pronta y decidió medidas para protegerse contra calamidades similares o quizás más terrible aquejan a los cientos de estaciones misioneras americanas que se han desarrollado a lo largo del interior de China bajo el dominio templado de la tolerancia, de encargo, y el edicto imperial. Las exigencias de los Estados Unidos y otras potencias de la degradación y la sanción de los funcionarios responsables de las respectivas ciudades y provincias que por negligencia o de otro modo hubieran permitido levantamientos, y para la adopción de medidas severas por parte del Gobierno del Emperador para la protección de la vida y los bienes de los extranjeros, fueron seguidos por la desgracia y la destitución de algunos funcionarios provinciales encontrado abandonado en el deber y el castigo por la muerte de un número de los adjudicado culpable de la participación real en los ultrajes.
Este Gobierno también insistió en que una comisión especial de América deben visitar la provincia donde se produjeron los primeros disturbios con el propósito de investigación. Esta última comisión, formada después de mucha oposición, ha ido por tierra desde Tientsin, acompañado por una escolta china adecuada, y por su demostración de la disposición y la capacidad de nuestro gobierno para proteger a sus ciudadanos actuarán, se cree, como un elemento de disuasión más influyente de cualquier brote similares.
Las medidas enérgicas por lo tanto hemos tomado son tanto más probable que resulte en el futuro la seguridad de nuestros ciudadanos en China debido a que el Gobierno Imperial se, estoy convencido, totalmente convencido de que deseamos sólo la libertad y la protección de nuestros ciudadanos y la reparación de cualquier errores que pueden haber sufrido, y que no tenemos diseños ulteriores u objetos, políticos o de otra índole. China no olvidar tampoco nuestro servicio, póngase en sus ciudadanos durante su última guerra ni el hecho adicional de que, mientras que el suministro de todas las instalaciones a nuestra disposición para promover la negociación de una paz entre ella y Japón, se buscó ninguna ventaja e interpuesto ningún consejo.
Los Gobiernos de China y Japón han, en despachos especiales transmitida a través de sus respectivos representantes diplomáticos, expresado de una manera más agradable su aprecio y gratitud de nuestra asistencia a sus ciudadanos durante la lucha infeliz y del valor de nuestra ayuda para allanar el camino a su reanudación de relaciones pacíficas.
Los habituales relaciones cordiales entre este país y Francia han sido perturbada, con la excepción de que una explicación completa del tratamiento de John L. Waller por las autoridades militares expedicionarias de Francia sigue siendo que debe darse. Sr. Waller, ex cónsul de Estados Unidos en Tamatav, permaneció en Madagascar después de que su mandato expiró, y fue aparentemente exitosa en la obtención de concesiones laborales a partir del Hovas de mayor o menor valor. Después de la ocupación de Tamatav y la declaración de la ley marcial por el francés fue detenido en varios cargos, entre ellos el de la comunicación de información militar a los enemigos de Francia, fue juzgado y condenado por un tribunal militar y condenado a veinte años de reclusión .
Siguiendo el curso justificado por abundantes precedentes, este Gobierno solicitó de la de Francia el acta de las deliberaciones del tribunal francés que dieron lugar a la condena del Sr. Waller. Esta petición se ha cumplido en la medida de suministrar una copia del registro oficial, de la que aparece la constitución y organización de la corte, los cargos formulados, y el curso general y resultado del juicio, y por la que se muestra que el acusado fue juzgado en audiencia pública y fue defendida por un abogado; pero las pruebas presentadas en apoyo de los cargos, que no fue recibido por el ministro francés de Asuntos Exteriores hasta la primera semana de octubre, hasta el momento ha sido retenido, el Gobierno francés toma la base de que su producción en respuesta a nuestra demanda establecería un mal precedente. Los esfuerzos de nuestro embajador en procurar que, sin embargo, aunque obstaculizada por los recientes cambios en el ministerio francés, no se han relajado, y se espera con confianza que en breve se alcanza alguna solución satisfactoria de la cuestión. Mientras tanto, parece que la reclusión del Sr. Waller tiene todo el alivio de que su estado de salud y todas las demás circunstancias del caso de la demanda o permiso.
En contraste agradable a la diferencia por encima observó relación con un asunto de interés común, en el que nada se busca excepto un resultado tan satisfactoria para ambas partes como los verdaderos méritos del caso lo requieren, es la reciente resolución de las Cámaras francesas a favor de la conclusión de un tratado permanente de arbitraje entre los dos países.
Una invitación ha sido extendida por Francia al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos para participar en una gran exposición internacional en París en 1900 como una conmemoración adecuada del final de este siglo maravilloso del mundo del progreso. Recomiendo de corazón su aceptación, junto con las leyes que proporcionará adecuada para una representación de vencimiento de este gobierno y de su pueblo en la ocasión.
Nuestras relaciones con los Estados del Imperio alemán son, en algunos aspectos típicos de un estado de cosas en otros lugares que se encuentran en países cuyas producciones y el comercio son similares a los nuestros. Los estrechos rivalidades de las industrias que compiten; la influencia de la doctrina engañosa que el desarrollo interno de una nación se promueve y su riqueza aumentó en una política que, a su empresa para reservar sus mercados nacionales para el uso exclusivo de sus propios productores, necesariamente obstruye sus ventas en los mercados extranjeros y previene libre acceso a los productos del mundo; el deseo de mantener el comercio de surcos gastados por el tiempo, independientemente de las leyes inexorables de las nuevas necesidades y condiciones de la demanda y la oferta, y nuestra propia tardanza detención en invitar a un intercambio más libre de los productos básicos ha cambiado, y por este medio poniendo en peligro nuestro equilibrio en el exterior mercados, naturalmente, que se nos ofrecen, han creado una situación un tanto perjudicial para los intereses de exportación estadounidenses, no sólo en Alemania, donde son quizás lo más notable, pero en los países adyacentes. Las exportaciones afectadas son el ganado en gran parte de América y otros productos alimenticios, la razón asignada por discriminación desfavorable siendo que su consumo es perjudicial para la salud pública. Esto es aún más irritante a la vista del hecho de que ningún Estado europeo es tan celoso de la excelencia y la salubridad de sus suministros de alimentos exportados como los Estados Unidos, ni tan fácilmente, a causa de la solidez inherente, para garantizar esas cualidades.
Tampoco son estas dificultades confinados a nuestros productos alimenticios destinados a la exportación. Nuestros grandes compañías de seguros, por ejemplo, después de haber construido un vasto negocio en el extranjero y se invierten una gran parte de sus ganancias en el extranjero, en cumplimiento de las leyes y reglamentos locales existentes entonces, ahora se encuentran dentro de un círculo estrechamiento de condiciones onerosas e imprevistas, y se enfrenta a la necesidad de la jubilación de un campo por lo tanto hacen poco rentable, si, de hecho, no son sumariamente expulsados, ya que algunos de ellos han sido últimamente de Prusia.
No se puede olvidar que el comercio internacional no puede ser unilateral. Sus corrientes son alternas, y sus movimientos deben ser honestamente recíproco. Sin esto degenera casi necesariamente en un dispositivo para obtener una ventaja o un artificio para obtener beneficios con sólo la apariencia de un retorno. En nuestras relaciones con otras naciones que debemos ser con las manos abiertas y con todas las garantías. Esta debe ser nuestra política como una nación productora, y que claramente nos convierte en un pueblo que ama la generosidad y los aspectos morales de buena fe nacional y tolerancia recíproca.
Estas consideraciones no deben, sin embargo, nos limitan a presentar a la discriminación injusta, ni consentir en silencio en obstáculos vejatorias para el disfrute de nuestra parte de los beneficios legítimos de las relaciones comerciales adecuadas. Si el examen de la situación sugiere estas medidas por nuestra parte como implicaría restricciones similares a las que sufrimos, la forma de un curso de este tipo es fácil. Debe, sin embargo, de ningún modo puede introducir suavemente sobre, ya que la necesidad de la toma de posesión de tal política se lamentó por el mejor sentimiento de nuestro pueblo y porque naturalmente y lógicamente podría conducir a consecuencias de carácter grave.
Tengo el placer de llamar su atención sobre los elogios otorgados a los buques de nuestra nueva marina de guerra que participaron en la notable ceremonia de la apertura del Canal de Kiel. Era lógico que este extraordinario logro de la nacionalidad alemana más reciente se debe celebrar en presencia de la exposición de las últimas novedades de la energía naval del mundo 's de América.
Nuestras relaciones con Gran Bretaña, siempre íntimos e importantes, han exigido durante el año pasado, incluso una mayor parte de la consideración de lo que es habitual.
Varias preguntas enojosas quedaron sin determinar por la decisión del Tribunal de Arbitraje del Mar de Bering. La aplicación de los principios establecidos por ese augusto cuerpo no ha sido seguida por los resultados que se pretenden llevar a cabo, ya sea porque los principios mismos carecían de ancho y definitud o porque su ejecución ha sido más o menos imperfecta. Mucho se ha intercambiado correspondencia entre los dos gobiernos sobre el tema de la prevención de la masacre de exterminación de los sellos. La insuficiencia de la patrulla británica del Mar de Bering por las regulaciones acordadas por los dos gobiernos se ha señalado, y sin embargo, sólo dos barcos británicos han estado de guardia de la policía durante esta temporada en esas aguas.
La necesidad de una aplicación más efectiva de las regulaciones existentes, así como la adopción de dichas normas adicionales como la experiencia ha demostrado que es absolutamente necesario para llevar a cabo la intención del premio se ha instado encarecidamente al Gobierno británico, pero hasta ahora sin resultados efectivos . Mientras tanto, el agotamiento de las manadas de focas mediante la caza pelágica ha progresado tan alarmante que a menos que su masacre es al mismo tiempo el control eficaz de su extinción en pocos años parece ser una cuestión de absoluta certeza.
El entendimiento por el cual los Estados Unidos fue a pagar y Gran Bretaña para recibir una suma global de $ 425,000 en total cancelación de todas las reclamaciones británicas por daños y perjuicios derivados de nuestra incautación de los buques de sellado británicos no autorizadas en el laudo del Tribunal de París de Arbitraje no se confirmó por el último Congreso, que se negó a realizar esta asignación. Sigo siendo de la opinión de que este arreglo era una juiciosa y ventajoso para el Gobierno, y yo sinceramente recomiendo que se la volvió a examinar y sancionado. Sin embargo, si este no cumple con el favor del Congreso, que sin duda será difícil disentir de la afirmación de que el Gobierno está obligado por todas las consideraciones de honor y buena fe para ofrecer para el ajuste rápido de estas demandas mediante un arbitraje como el único otro alternativa. Por tanto, un tratado de arbitraje se ha acordado, y será establecido inmediatamente antes de que el Senado, de manera que en uno de los modos sugeridos puede llegar a una solución definitiva.
A pesar de que Gran Bretaña se originó la propuesta de hacer cumplir las normas internacionales para la prevención de colisiones en el mar, con base en las recomendaciones de la Conferencia Marítima de Washington, y se mostró de acuerdo en, lo que sugiere 11 de marzo 1895, como la fecha que se determine por la proclamación de llevar a estas normas al efecto general, el Gobierno de Su Majestad, habiendo encontrado oposición por parte de los intereses navieros británicos, anunció su imposibilidad de aceptar esa fecha, que por lo tanto fue anulado. Todo el asunto todavía está en suspenso, sin perspectiva de una mejor condición en el futuro próximo.
Los comisionados nombrados para marcar el límite internacional en Passamaquoddy Bay acuerdo con la descripción del tratado de Gante aún no han acordado totalmente.
La realización de la encuesta preliminar de esa frontera de Alaska, que sigue el contorno de la costa desde el extremo sur de Isla Príncipe de Gales hasta que golpea el centésimo cuadragésimo primer meridiano en o cerca de la cima del monte San Elías espera más necesario apropiación, que se recomienda con urgencia. Esta encuesta se llevó a cabo bajo las disposiciones de la convención suscritos por este país y Gran Bretaña 22 de julio 1892, y la Convención suplementaria de 03 de febrero 1894.
En cuanto a la sección restante de la frontera de Alaska, que sigue el centésimo cuadragésimo primer meridiano northwardly de Mount St. Elias al océano congelado, el asentamiento se requiera la ubicación física del meridiano mencionado, hay un acuerdo convencional pero ha sido hecho. La determinación de un determinado meridiano en un punto en particular es un trabajo que requiere mucho tiempo y observaciones y encuestas cuidadosas. Tales observaciones y encuestas se llevaron a cabo por el Coast and Geodetic Survey de Estados Unidos en 1890 y 1891, mientras que un trabajo similar en los mismos trimestres, bajo los auspicios de británicos, se cree que para dar resultados casi coincidentes; pero estas encuestas se han llevado a cabo de forma independiente, y no hay acuerdo internacional para marcar esas u otras partes de los ciento cuadragésimo primer meridiano de monumentos permanentes aún no se ha hecho. Mientras tanto el valle del Yukón se está convirtiendo en una carretera a través de la selva hasta ahora inexploradas de Alaska, y abundante riqueza mineral ha sido descubierta en la región, especialmente en o cerca de la unión del meridiano límite con el Yukón y sus afluentes. En estas circunstancias, es conveniente, y, de hecho, imperativo, que los límites jurisdiccionales de los respectivos gobiernos en esta nueva región pueden determinar con rapidez. El Gobierno de Su Majestad Británica ha propuesto una delimitación conjunta de los ciento cuadragésimo primer meridiano por una comisión internacional de expertos, que, si el Congreso va a autorizar y hacer la debida disposición para ello, se puede lograr sin demora injustificada. Es imposible pasar por alto la importancia vital de continuar la labor ya entrado en y completándolo con medidas más eficaces que buscan la ubicación exacta de esta línea divisoria entero.
Llamo la atención a la delimitación insatisfactorio de las respectivas jurisdicciones de los Estados Unidos y el Dominio de Canadá en los Grandes Lagos en los accesos a las estrechas aguas que las conectan. Las aguas en cuestión son frecuentados por pescadores de ambas nacionalidades y sus redes se había antes. Debido a la incertidumbre y la ignorancia sobre la verdadera frontera, vejaciones conflictos y convulsiones perjudiciales de botes y redes de cruceros canadienses a menudo se producen, mientras que cualquier solución positiva del mismo por una norma aceptada, no es fácil de ser alcanzado. Una comisión conjunta para determinar la línea de en aquellos lugares sobre una base práctica, por cursos medidos siguientes marcas de gama en la costa, es una necesidad para los que es preciso prever inmediata.
Siendo evidente que la disputa fronteriza entre Gran Bretaña y la República de Venezuela relativo a los límites de la Guayana Británica se acercaba a una fase aguda, una declaración clara de los intereses y la política de los Estados Unidos en lo relativo a la controversia parecía ser requerida tanto en su propia cuenta y en vista de sus relaciones con las potencias amigas directamente interesadas. En julio pasado, por lo tanto, un despacho estaba dirigido a nuestro embajador en Londres para la comunicación con el Gobierno británico en el que la actitud de los Estados Unidos era plena y claramente establecido. Las conclusiones generales alcanzadas en el mismo y son formulados en esencia, que la política tradicional y establecida de este Gobierno se opone firmemente a un aumento de la fuerza por ninguna potencia europea de sus posesiones territoriales en este continente; que esta política está tan bien redondeado, en principio, ya que está fuertemente apoyado por numerosos precedentes; que como consecuencia está obligado a Estados Unidos a protestar en contra de la ampliación de la zona de la Guayana Británica en derogación de los derechos y en contra de la voluntad de Venezuela; que teniendo en cuenta la disparidad de fuerzas de Gran Bretaña y Venezuela la disputa territorial entre ellos puede resolverse razonablemente sólo mediante arbitraje amigable e imparcial, y que el recurso a este tipo de arbitraje deberá incluir toda la controversia, y no se cumple si una de las potencias interesadas se permite dibujar una línea arbitraria por el territorio en el debate y para declarar que someter a arbitraje únicamente la parte que miente en un lado de ella. A la vista de estas conclusiones, el envío en cuestión instó al Gobierno británico para una respuesta definitiva a la cuestión de si sería o no quería someter la controversia territorial entre sí y Venezuela en su totalidad a un arbitraje imparcial. La respuesta del Gobierno británico aún no se ha recibido, pero se espera que en breve, cuando probablemente se hizo aún más la comunicación sobre el tema al Congreso.
A principios de enero durar un levantamiento contra el Gobierno de Hawaii fue suprimida rápidamente. La ley marcial fue inmediatamente proclamado y numerosas detenciones se realizaron de personas sospechosas de estar en simpatía con el partido realista. Entre ellos había varios ciudadanos de los Estados Unidos, que fueron condenados, ya sea por un tribunal militar y condenado a muerte, prisión o multa o fueron deportados sin juicio. Los Estados Unidos, al tiempo que niega la protección a los que se habían tomado el juramento de lealtad de Hawai, insistió en que la ley marcial, aunque la alteración de las formas de la justicia, podría no sustituyen la justicia misma, y exigió suspensión de la ejecución hasta que los procedimientos se habían presentado a este Gobierno y el conocimiento obtenido de ello que nuestros ciudadanos habían recibido un juicio justo. Las condenas a muerte fueron conmutadas o posteriormente fueron remitidos a condición de dejar las islas. Los casos de ciertos estadounidenses arrestados y expulsados por orden arbitraria sin cargos formales ni juicio han tenido la atención, y en algunos casos se han encontrado para justificar la protesta y una reclamación de indemnización, que Hawaii no ha concedido hasta ahora.
Sr. Thurston, el ministro de Hawai, después de haber amueblado esta abundantes razones del Gobierno para pedir que se le recordó, que fue perseguido por supuesto, y su sucesor, últimamente se ha recibido.
El linchamiento deplorable de varios obreros italianos en Colorado fue seguido de forma natural por las representaciones internacionales, y estoy feliz de decir que los mejores esfuerzos del Estado en el que ocurrieron los ultrajes se han propuesto para descubrir y castigar a los autores de este crimen atroz. Las familias que dependen de algunas de las desafortunadas víctimas invitan por su condición deplorable provisión de gracia para sus necesidades.
Estas manifestaciones contra los extranjeros indefensos pueden ser rastreados a través de etapas sucesivas al sistema padroni vicioso, que, sin control por nuestros inmigración y contrato de trabajo estatutos, controla estos trabajadores desde el momento de aterrizar en nuestras costas y los cultiva en regiones distantes ya menudo rudos , en los que su competencia abaratamiento en los campos de trabajo duro ganarse el pan les pone en colisión con otros intereses laborales. Aunque acoge con satisfacción, como debemos, los que buscan nuestras costas para fusionar a sí mismos en nuestro cuerpo político y ganar la competencia personal por el esfuerzo honesto, no podemos considerar tales conjuntos de trabajadores distintivamente alienígenas, contratados en la masa para el beneficio de los especuladores extranjeros y enviado aquí para allá como la perspectiva de ganancia puede dictar, como de otro modo que repugna al espíritu de nuestra civilización, disuasivo para el progreso individual, y los obstáculos para la construcción de comunidades estables que descansan sobre las ambiciones sanas del ciudadano y que constituye el principal factor en la prosperidad y el progreso de nuestra nación. Si la legislación puede alcanzar este mal cada vez mayor, sin duda debe ser intentado.
Japón ha proporcionado abundantes pruebas de su gran ganancia en cada rasgo y característica que constituye la grandeza de una nación. Tenemos razones para la enhorabuena en el hecho de que el Gobierno de los Estados Unidos, por el intercambio de estipulaciones de tratados liberales con el nuevo Japón, fue el primero en reconocer su maravilloso avance y para extender a su consideración y confianza debido a su iluminación nacional y el carácter progresivo.
La disputa fronteriza que últimamente amenazó con enredar a Guatemala y México felizmente ha cedido a los consejos del Pacífico, y su determinación ha, por el acuerdo entre las partes, ha presentado a la suela de arbitraje del ministro de Estados Unidos a México.
La comisión designada en virtud del convenio de 18 de febrero de 1889, para establecer nuevos monumentos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México ha finalizado su tarea.
Como secuela del fracaso de un plan para la colonización en México de los negros, en su mayoría inmigrantes de Alabama bajo contrato, un gran número de estas enfermedades contagiosas desamparado y sufrido pueblo, hambriento y herido con, hizo su camino o se prestó asistencia a la frontera , donde, en desastrosas condiciones, que fueron puestos en cuarentena por las autoridades de Texas. Al enterarse de su condición de indigentes, dirigí las raciones a ser ellos amueblé temporalmente a través del Departamento de Guerra. A la expiración de su cuarentena han sido transportados por las compañías ferroviarias a tasas relativamente nominales a sus hogares en Alabama, por mi seguridad, en ausencia de cualquier fondo disponible para el costo de su transporte, que recomendaría al Congreso una asignación para su pago. Ahora insto enérgicamente al Congreso de la conveniencia de hacer tal apropiación. Hay que recordar que las medidas adoptadas fueron dictadas no sólo por la simpatía y la humanidad, sino por la convicción de que no era compatible con la dignidad de este Gobierno que tan gran cuerpo de nuestros ciudadanos dependientes se debe lanzar para el alivio de la caridad de un estado vecino.
En el mensaje del año pasado narré con cierto detenimiento las cuestiones jurisdiccionales entonces recién surgido en el Índico Strip de Nicaragua Mosquito. Desde entonces, por el acto voluntario de la Nación Mosquito, el territorio reservado para ellos se ha incorporado con Nicaragua, los indios someter formalmente a ser gobernado por las leyes y reglamentos generales de la República en vez de por sus propias costumbres y reglamentos, y por lo tanto se acojan a un privilegio que se les otorga el tratado entre Nicaragua y Gran Bretaña del 28 de enero 1860.
Después de esta extensión de la administración nicaragüense uniforme a la Franja Mosquito, el caso de la vice-cónsul británico, Hatch, y de varios de sus compatriotas que habían sido sumariamente expulsados de Nicaragua y tratados con considerable indignación provocó una demanda por parte de Gran Bretaña en Nicaragua para indemnización pecuniaria, que, tras la negativa de Nicaragua a admitir la responsabilidad, fue impuesta por Gran Bretaña. Mientras que la soberanía y jurisdicción de Nicaragua era de ninguna manera cuestionado por Gran Bretaña, la conducta arbitraria de la antigua en lo que se refiere a los súbditos británicos proporcionó el terreno para este procedimiento.
Una fuerza naval británica ocupó sin resistencia el puerto del Pacífico de Corinto, pero fue poco después de retirarse de la promesa de que la suma exigida se pagaría. A lo largo de este incidente las oficinas bondadosas de los Estados Unidos se han invocado y se emplearon en favor de una solución pacífica y que tanta consideración e indulgencia hacia Nicaragua como eran compatibles con la naturaleza del caso. Nuestros esfuerzos ya han hecho el objeto de un reconocimiento agradecido y agradecido por Nicaragua.
La coronación del zar de Rusia en Moscú en mayo próximo invita a la participación ceremonial de los Estados Unidos, y de acuerdo con el uso y la propiedad diplomática nuestro ministro a la corte imperial se ha dirigido a representar a nuestro Gobierno de la ocasión.
La correspondencia está en pie tocando la práctica de los cónsules rusos dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos para interrogar a los ciudadanos en cuanto a su raza y fe religiosa, y después de haberse constatado la misma a negar a la autenticación Judios de pasaportes o documentos legales para su uso en Rusia. Puesto que tal procedimiento impone una discapacidad que en el caso de la sucesión a la propiedad en Rusia se puede encontrar para infringir los derechos convencionales de nuestros ciudadanos, y que es una invasión odiosa de nuestra jurisdicción territorial, se ha suscitado reproches apropiado, el resultado de que, se espera, se eliminará la causa de la queja. Las reclamaciones pendientes de buques loberos de los Estados Unidos incautadas en aguas rusas siguen sin ajustar. Nuestra reciente convención con Rusia establecer un modus vivendi en cuanto a la jurisdicción imperial en estos casos ha impedido una mayor dificultad de esta naturaleza.
El Gobierno ruso ha dado la bienvenida, en principio, nuestra sugerencia para un modus vivendi, para abrazar la Gran Bretaña y Japón, en busca de la mejor preservación de la vida útil del sello en el Mar de Bering y el Pacífico Norte y la ampliación de la zona protegida definida por el Tribunal de París a todos aguas del Pacífico al norte del paralelo treinta y cinco. Es especialmente notable que Rusia se pronuncia por la prohibición del uso de armas de fuego en la caza de focas en toda la zona propuesta y una temporada cerrada ya para caza pelágica.
En mis dos últimos mensajes anuales llamé la atención del Congreso a la posición que ocupamos como una de las partes en un tratado o acuerdo por el cual quedó obligado conjuntamente con Inglaterra y Alemania para así interferir con el gobierno y el control de Samoa como en efecto de asumir la gestión de sus asuntos. El día 9 de mayo de 1894, transmití al Senado un mensaje especial, con los documentos adjuntos, dando información sobre el tema y haciendo hincapié en la opinión que tengo todo el tiempo entretenidos, que nuestra situación en este asunto era incompatible con la misión y tradiciones de nuestro Gobierno, en violación de los principios que profesamos, y en todas sus fases travieso y vejatoria.
Yo presiono de nuevo este tema a la atención del Congreso y pedir tales medidas legislativas o la expresión como marcarán el camino a nuestra exoneración de obligaciones tanto molestos y no naturales.
Cuba está de nuevo gravemente perturbado. Una insurrección en algunos aspectos, más activos que la última revuelta anterior, que continuó desde 1868 hasta 1878, ahora existe en una gran parte del interior oriental de la isla, amenazando incluso algunas poblaciones de la costa. Además de perturbar los intercambios comerciales de la isla, de los cuales nuestro país tiene la proporción predominante, esta condición flagrante de las hostilidades, despertando la simpatía sentimental e incitar el apoyo de aventura en nuestro pueblo, ha supuesto un esfuerzo serio por parte de este Gobierno para hacer cumplir la obediencia a nuestras leyes de neutralidad y evitar el territorio de los Estados Unidos de ser abusado como una posición ventajosa desde la que ayudar a los alzados en armas contra la soberanía española.
Cualquiera que sea la simpatía tradicional de nuestros compatriotas como individuos con un pueblo que parecen estar luchando por la autonomía más grande y de mayor libertad, profundizado, como tal simpatía natural debe ser, en nombre de nuestros vecinos, sin embargo, la llanura deber de su Gobierno es observar de buena fe las obligaciones reconocidas de relaciones internacionales. No debe hacerse más difícil el desempeño de este deber por una indiferencia por parte de nuestros ciudadanos de las obligaciones que surgen de su lealtad a su país, que debe contener que violen como individuos la neutralidad que la nación de la que son miembros está obligado a observar en sus relaciones con los Estados soberanos amistosos. Aunque ni el calor de la simpatía de nuestro pueblo con los insurrectos cubanos, ni nuestra pérdida y daños materiales como consecuencia de los esfuerzos inútiles hasta ahora realizados para restablecer la paz y el orden, ni ningún choque nuestras sensibilidades humanas pueden haber recibido de las crueldades que parecen caracterizar especialmente esta guerra sanguinaria y feroz realizado, tiene en lo más mínimo sacudido la determinación del Gobierno de cumplir con honestidad cada obligación internacional, sin embargo, es de esperar fervientemente en cada planta que la devastación de los conflictos armados con rapidez puede ser suspendida y el orden y la tranquilidad restaurada a la isla distraído, con lo que en su tren de la actividad y el ahorro de fines pacíficos.
Se ha producido un notable ejemplo de la interferencia por parte de España con el paso de los barcos estadounidenses. El 8 de marzo pasado la Allianca, mientras está unido desde Colón a Nueva York, y siguiendo la pista habitual que los barcos cerca de la costa de Cuba, pero fuera del límite de 3 millas, dispararon contra un cañonero español. Protesta fue hecha rápidamente por Estados Unidos en contra de este acto que no esté justificada por el estado de guerra, ni admisible en relación con los buques en las rutas habituales de comercio, ni tolerable en vista del peligro injustificable ocasionado a la vida inocente y la propiedad. El acto fue desautorizado, con plena expresión de pesar y de aseguramiento de nonrecurrence de esa justa causa de queja, mientras que el oficial infractor fue relevado de su mando. Arrestos militares de los ciudadanos de los Estados Unidos en Cuba han ocasionado reclamos frecuentes. ¿Dónde se celebró por cargos penales de su entrega a la jurisdicción civil ordinaria para el juicio se ha demandado y obtenido de conformidad con las disposiciones del tratado, y donde sólo detenido por precaución militar bajo un estado de sitio proclamado, sin acusación formulada, su liberación o el juicio ha ha insistido. El derecho de los funcionarios consulares estadounidenses en la isla a preferir las protestas y demandas en estos casos después de haber sido interrogado por la autoridad insular, su disfrute del privilegio establecido por el tratado de los cónsules de Alemania se declararon ante la disposición de la nación más favorecida de nuestro propia convención y fue reconocido de inmediato.
La vieja demanda de Antonio Maximo Mora contra España ha pasado a sido resuelta por el pago, el 14 de septiembre pasado, de la suma inicialmente acordada en la liquidación de la reclamación. Su distribución entre los partidos con derecho a recibirla se ha avanzado con la rapidez de los derechos de los que reclaman el fondo se pudo determinar con seguridad.
La ejecución de las funciones diferenciales contra los productos de este país exporta a Cuba y Puerto Rico llevó a la afirmación inmediata de nuestra parte para el beneficio de la tarifa mínima de España a cambio del trato más favorable permitido por nuestras leyes en cuanto a la producción de los territorios españoles . Un acuerdo comercial se concluyó en enero pasado asegurar el tratamiento reivindica.
Protestas enérgicas contra multas excesivas impuestas a nuestros barcos y mercancías por los funcionarios de aduanas de estas islas por errores triviales han dado lugar a la remisión de dichas multas en los casos en que el patrimonio neto de la queja era evidente, aunque la práctica vejatoria no ha sido totalmente suspendido.
Ocurrencias en Turquía han continuado para excitar preocupación. Las masacres reportadas de los cristianos en Armenia y el desarrollo allí y en otros distritos de un espíritu de hostilidad fanática a las influencias cristianas aprehensión naturalmente emocionados por la seguridad de los hombres y mujeres devotos que, como dependientes de las sociedades misioneras extranjeras en los Estados Unidos, residir en Turquía en virtud de la garantía de la ley y el uso y en el ejercicio legítimo de su misión educativa y religiosa. No se han escatimado esfuerzos en su nombre, y su protección en la persona y la propiedad ha sido aplicado con seriedad y con fuerza por todos los medios a nuestro alcance.
Lamento, sin embargo, que un intento de nuestra parte para obtener una mejor información acerca de la verdadera condición de los asuntos en el trimestre perturbada del Imperio Otomano enviando allí el cónsul de Estados Unidos en Sivas para hacer investigación y el informe fue frustrado por las objeciones de la Gobierno turco. Este movimiento por nuestra parte fue en ningún sentido significó como un enredo gratuito de los Estados Unidos en la llamada cuestión de Oriente ni como una interferencia oficiosa con el derecho y el deber que pertenecen por tratado a ciertas grandes potencias europeas pidiendo su intervención en la vida política asuntos que afectan al buen gobierno y la libertad religiosa de los sujetos no-musulmanes del sultán, pero surgieron únicamente de nuestro deseo de tener un conocimiento exacto de las condiciones en nuestros esfuerzos por cuidar de quienes tienen derecho a nuestra protección.
La presencia de nuestros buques de guerra que ahora están en las inmediaciones de las localidades perturbados ofrece oportunidades para adquirir una medida de familiaridad con el estado de cosas y nos permitirá tomar las medidas adecuadas para la protección de los intereses de nuestros compatriotas al alcance de nuestra buques que podrían encontrarse peligro.
El Gobierno otomano ha publicado últimamente un irade imperial que exime del pago de impuestos para siempre una universidad americana para las niñas en Scutari. Repetidas garantías también se han obtenido por nuestro enviado en Constantinopla que instituciones similares mantenidos y administrados por nuestros compatriotas estarán protegidos en el goce de todos los derechos y que nuestros ciudadanos de todo el imperio se protegerán.
El Gobierno, sin embargo, a la vista de los hechos existentes, está lejos de confiar en esas garantías como el límite de su deber. Nuestro ministro ha sido vigilante y alerta de que ofrezcan toda la protección posible en casos individuales en peligro amenazado o seguridad estaba en peligro. Hemos enviado naves en la medida hacia los puntos de perturbación real, ya que es posible para ellos ir, donde ofrecen refugio a los obligados a huir, y tenemos la promesa de otros poderes que tienen los buques en la zona de que nuestros ciudadanos, así como la de ellos serán recibidos y protegidos a bordo de esas naves. En la demanda de nuestros pedidos ministro haber sido emitido por el sultán que los soldados turcos se protegerán y escoltar a los refugiados de la costa estadounidense.
Estas órdenes se han llevado a cabo, y nuestra inteligencia más reciente da testimonio de la presente la seguridad personal de nuestros ciudadanos y de los misioneros. Aunque hasta el momento no hay vidas de ciudadanos estadounidenses han sido sacrificadas, no puede haber duda de que la pérdida y destrucción de bienes misión graves son el resultado de conflictos desenfrenados y ataques indignantes.
Por tratado varias de las más poderosas potencias europeas han asegurado un derecho y han asumido el deber no sólo en nombre de sus propios ciudadanos y en cumplimiento de sus propios intereses, sino como agentes del mundo cristiano. Su derecho es hacer cumplir dicha conducta del gobierno turco como sujete brutalidad fanática, y si esto falla su deber es tan interferir como para asegurarse contra estos hechos terribles en Turquía al igual que la civilización últimamente conmocionado. Las potencias declaran este derecho y este deber de ser sólo de ellos, y es sinceramente la esperanza de que una acción rápida y eficaz por parte de ellos no se retrasará.
Los nuevos consulados en Erzurum y Harpoot, para los que la apropiación se hizo la última sesión, se han llenado provisionalmente por empleados de confianza del Departamento de Estado. Las personas así nombradas, aunque ahora en Turquía, aún no han recibido sus exequátur.
El arbitraje de la reclamación de la Venezuela de Transporte Steam Company bajo el tratado de 19 de enero de 1892, entre Estados Unidos y Venezuela, dio lugar a un laudo favorable para el demandante.
El Gobierno ha hecho uso de sus buenos oficios a componer las diferencias entre Venezuela, por un lado, y Francia y Bélgica, por otro que crecen fuera de la destitución de los representantes de esos poderes en el terreno de una publicación consideradas ofensivas para Venezuela. Aunque que el despido se acopló con una solicitud cordial que otros enviados más personalmente agradables pueden enviar en su lugar, una ruptura de la relación sexual se produjo y todavía continúa.
En vista del crecimiento de nuestros intereses en el extranjero y las alentadoras perspectivas de una expansión general de nuestro comercio, la cuestión de una mejora en el servicio consular ha aumentado en importancia y urgencia. Aunque no hay duda de que la gran mayoría de los funcionarios consulares están prestando valiosos servicios a los comercios y las industrias del país, la necesidad de un plan de designación y control que tienden a asegurar un promedio más alto de eficiencia no se puede negar.
La importancia del tema ha llevado al Ejecutivo a estudiar las medidas que podría adoptar adecuadamente sin legislación adicional para responder a la necesidad de un mejor sistema de citas consulares. La cuestión que se haya cometido a la consideración de la Secretaría de Estado, en cumplimiento de sus recomendaciones una orden ejecutiva fue emitido el 20 de septiembre de 1895, por los términos de los cuales está previsto que después de esa fecha cualquier vacante en un consulado o agencia comercial con un salario anual o compensación de las cuotas oficiales de no más de $ 2,500 o menos de $ 1.000 debe ser llenado ya sea por transferencia o promoción de alguna otra posición en el Departamento de Estado de carácter tiende a calificar el titular de la posición que debe llena, o por el nombramiento de una persona no depende del Departamento de Estado, pero después de haber servido previamente en virtud del mismo y muestra su capacidad y aptitud para el servicio consular, o por el nombramiento de una persona que, habiendo sido seleccionado por el Presidente y se envía a un bordo para su examen, se encuentra en dicho examen para ser calificado para el puesto. Mensajes que pagan menos de $ 1,000 siendo por lo general, debido a su pequeña compensación, ocupado por la selección de los residentes de la localidad, no se consideró factible ponerlos bajo el nuevo sistema.
Se adoptó la indemnización de 2.500 dólares como límite máximo en la clasificación para la razón de que los funcionarios consulares de recibir más de esa suma a menudo se encargan de las funciones y deberes apenas inferiores en dignidad e importancia a los de los agentes diplomáticos, y por lo tanto se pensó mejor a continuar con su selección en la discreción del Ejecutivo, sin someterlos a un examen ante un tribunal. Excluyendo 71 lugares con una compensación en la actualidad menos de $ 1,000 y 53 lugares por encima del máximo de la indemnización, la cantidad de puestos que quedan dentro del ámbito de aplicación de la orden es 196 Este número, sin duda, se incrementará en la inclusión de los funcionarios consulares cuya remuneración en honorarios, ahora menos de $ 1.000, será aumentado con el crecimiento de nuestro comercio exterior y de un retorno a las condiciones de negocio más favorables.
En ejecución de la orden ejecutiva a que se refiere el Secretario de Estado ha designado como una tabla para llevar a cabo los exámenes prescritos el Tercer Secretario de Estado Adjunto, el Procurador del Departamento de Estado, y el Jefe de la Oficina Consular, y ha especificado los temas a los que dichos exámenes se referirán.
No se supone que este sistema resulte una medida completa de la reforma consular. Es muy probable que la experiencia real mostrará datos en la que la orden ya emitida podrá ser enmendado y demuestran que los mejores resultados se requiere imperativamente una legislación apropiada por el Congreso.
En cualquier caso, estos esfuerzos para mejorar el servicio consular debe ser complementado inmediatamente por la legislación que prevé la inspección consular. Este ha sido frecuente tema de recomendación Ejecutivo, y de nuevo me instar dicha acción por el Congreso como permita la inspección frecuente y exhaustiva de los consulados por los oficiales designados para tal fin, o por personas que ya están en el servicio diplomático o consular. El gasto por asistir a dicho plan sería insignificante en comparación con su utilidad, y espero que la legislación necesaria para la dejó en pie será rápidamente próxima.
Estoy plenamente convencido de que, además de sus salarios nuestros embajadores y ministros en las cortes extranjeras deben ser proporcionados por el Gobierno con residencias oficiales. Los sueldos de estos funcionarios son relativamente pequeñas y en la mayoría de los casos insuficientes para pagar, con otros gastos necesarios, el costo de mantenimiento de los establecimientos domésticos de acuerdo con sus funciones importantes y delicados. La utilidad de la representación diplomática de un país depende sin lugar a dudas tanto sobre la idoneidad de su entorno, y un país como el nuestro, evitando al mismo tiempo el brillo innecesario y espectáculo, debe estar seguro de que no sufre en sus relaciones con las naciones extranjeras a través de la parsimonia y desaliño en su traje de diplomático. Estas consideraciones y las otras ventajas de haber fijado y lugares un tanto permanentes para nuestras embajadas serían abundantemente justificar el gasto moderado es necesario para llevar a cabo esta sugerencia.
A medida que nos alejamos de una revisión de nuestras relaciones exteriores a la contemplación de nuestra situación financiera nacional que somos inmediatamente conscientes de que nos acercamos a un tema de preocupación nacional más importante que cualquier otra que pueda comprometer nuestra atención, y uno en la actualidad en una desconcertante tal y delicada situación como para requerir tratamiento oportuno y sabio.
Bien podemos sentirnos alentados a ferviente esfuerzo en este sentido cuando recordamos las medidas ya adoptadas para mejorar nuestra situación económica y financiera y cuando apreciamos lo bien que el camino ha sido preparado para seguir avanzando por un interés popular despertado e inteligente en estos temas.
Por orden de las personas al sistema de aduanas y de ingresos diseñado para la protección y beneficio de las clases favorecidas a costa de la gran masa de nuestros compatriotas, y que, mientras ineficaz a los efectos de los ingresos, reducido nuestras relaciones comerciales e impedido nuestra entrada al los mercados del mundo, ha sido sustituida por una política de tarifas que en principio se basa en la negación del derecho del Gobierno para obstruir las vías para vivir barato de nuestro pueblo o disminuir su comodidad y bienestar por el bien de acuerdo ventajas especiales a favoritos, y que, fomentando al mismo tiempo nuestras relaciones y el comercio con otras naciones, reconoce el hecho de que la autosuficiencia de América, el ahorro, y el ingenio se puede acumular industrias de nuestro país y el desarrollo de sus recursos con más seguridad que enervante paternalismo.
La expropiación y la acuñación de monedas de plata por el Gobierno, sin control y no regulado por las condiciones de negocios y sin prestar atención a nuestras necesidades de divisas, que desde hace más de quince años diluyen nuestro medio circulante, socavado la confianza en el extranjero en nuestra capacidad financiera, y al final culminó en peligro y pánico en el país, ha sido detenido recientemente por la derogación de las leyes que obligaban a este esquema imprudente en el país.
Así, las cosas a cabo, a pesar de su importancia y benéficos efectos extremos, están muy lejos de curar los males monetarios que padecemos como resultado de la larga indulgencia en expedientes financieros imprudentes.
La moneda denominada en Estados Unidos señalan y conoce comúnmente como billetes verdes se emitió en gran volumen durante la última Guerra Civil y fue pensado originalmente para satisfacer las exigencias de la época. Se verá por una referencia a los debates en el Congreso en el momento se aprobaron las leyes que autorizan la emisión de estas notas que sus abogados declararon que estaban destinados sólo para uso temporal y para cumplir con la emergencia de la guerra. En casi si no todas las leyes relacionadas con ellos alguna disposición se hizo contemplando su retiro voluntario u obligatorio. Una gran cantidad de ellos, sin embargo, se mantuvieron en pie y se mezcló con la moneda del país, por lo que al cierre del año 1874 que ascendió a $ 381.999.073.
Inmediatamente después de esa fecha, y en enero de 1875, se aprobó una ley que prevé la reanudación de los pagos de las especias, por lo que el Secretario de Hacienda se requiere siempre la circulación adicional se emitió a los bancos nacionales para retirarse Estados Unidos observan de igual importe a 80 por ciento de dicha circulación nacional-bancario adicional hasta que dichas notas se redujeron a $ 300.000.000. Esta ley establecía, además, que a partir del mismo día 1 de enero de 1879, los Estados Unidos señalan en circulación deben ser redimidos en moneda, y con el fin de proporcionar y prepararse para dicha amortización del Secretario de Hacienda fue autorizado no sólo a utilizar cualquier ingresos excedentes del Gobierno, sino de emitir bonos de los Estados Unidos y disponer de ellos para la moneda y utilizar las ganancias para los fines previstos por el estatuto.
En mayo de 1878, y antes de la fecha así nombrado por la redención y la jubilación de estas notas, otra ley fue aprobada que prohíbe su posterior cancelación y retirada. Algunos de ellos habían, sin embargo, ha redimido previamente y cancelado en el tema de circulación nacional-bancario adicional, según lo permitido por la ley de 1875, por lo que el importe pendiente en el momento de la aprobación de la ley que prohíbe su ulterior retiro fue $ 346.681.016 .
La ley de 1878 no se detuvo en clara prohibición, pero contenía además la siguiente disposición expresa:
Y cuando cualquiera de dichas notas pueden ser canjeados o ser recibidos en el Tesoro bajo cualquier ley de cualquier fuente que sea, y deberán pertenecer a los Estados Unidos, no podrán ser retirados, cancelados o destruidos, sino que serán reeditados y pagados de nuevo y se mantiene en circulación.
Este era el estado de cosas en el 1er día de enero de 1879, que se había fijado en cuatro años antes de la fecha de introducción de la redención y la jubilación de todas estas notas, y para los que habían sido siempre que tales medios abundantes.
El Gobierno se puso en la situación anómala de debido a los tenedores de sus notas de las deudas por pagar en oro a la vista que no podían ser retirados mediante la recepción de tales notas en cumplimiento de las obligaciones debidas al Gobierno ni cancelados por pago efectivo en oro. Se vio obligado a redimir sin redención y pagar sin absolución.
No habían sido emitidos y vendidos 95.500.000 dólares de los bonos autorizados por el acto reanudación de 1875, cuyo producto, junto con otro oro en el Tesoro, creó un fondo de oro se considera suficiente para satisfacer las demandas que se puedan hacer sobre ella para la redención de los Estados Unidos observan pendientes. Este fondo, junto con la demás oro como podría ser de vez en cuando en la Tesorería disponible para la misma finalidad, se ha llamado desde entonces nuestra reserva de oro y 100 millones dólares se ha considerado como una cantidad adecuada para lograr su objeto. Este fondo alcanzó el 1er día de enero de 1879, a 114.193.360 dólares, y aunque a partir de entonces en constante fluctuación no cayó por debajo de esa suma hasta julio de 1892 En abril de 1893, por primera vez desde su creación, esta reserva asciende a menos de $ 100 millones, que contiene a esa fecha sólo 97011330 dólares.
Mientras tanto, y en julio de 1890, un acto había sido aprobada dirigir compras mensuales gubernamentales más grandes de plata que había sido requerido por las leyes anteriores, y siempre que en el pago de dichas notas de plata del Tesoro de los Estados Unidos debe ser emitido pagadero a la vista en oro o en moneda de plata, a discreción del Secretario de Hacienda. Fue, sin embargo, declaró en el acto de ser "la política establecida de los Estados Unidos para mantener los dos metales en una paridad con los demás de la relación jurídica actual o tal proporción que se disponga por ley." En vista de esta declaración no se ha considerado admisible que el Secretario de Hacienda para ejercer la discreción en cuanto a que le confiere el negarse a pagar el oro en estas notas cuando exigió, porque por esa discriminación a favor del dólar de oro la llamada la paridad de los dos metales sería destruida y graves y peligrosas consecuencias se precipitó al afirmar o acentuando la constante ampliación de la disparidad entre los valores reales en la relación existente.
Por lo tanto, como resultado de que los bonos del Tesoro emitidos en pago de las compras de plata bajo la ley de 1890 fueron tratados necesariamente como obligaciones de oro a opción del titular. Estas notas sobre el día 1 de noviembre de 1893, cuando se derogó la ley que obliga a la compra mensual de plata, ascendieron a más de $ 155 millones. Las notas de esta descripción ahora excepcional añadido a los Estados Unidos siendo negocios notas sin menoscabo de la redención o cancelación constituyen un volumen de obligaciones de oro por valor de cerca de US $ 500.000.000.
Estas obligaciones son los instrumentos que desde que teníamos una reserva de oro se han utilizado para agotarlo.
Esta reserva, como se ha dicho, había caído en abril de 1893, a $ 97111330. Tiene desde ese momento hasta la actualidad, con muy pocas y poco importantes movimientos al alza, disminuido de manera constante, con excepción de lo que se ha repuesto temporalmente por la venta de bonos.
Entre las causas de esta contracción constante y uniforme en este fondo se pueden mencionar la gran caída de las exportaciones en el marco del funcionamiento de la ley arancelaria hasta hace poco tiempo en vigor, lo que paralizó el intercambio de mercancías con las naciones extranjeras y necesaria en cierta medida el pago de nuestros saldos en oro; la infusión artificial de plata en nuestra moneda y la creciente agitación por su libre e ilimitada acuñación, que han creado temor en cuanto a nuestra disposición o capacidad para continuar los pagos en oro; la consiguiente acaparamiento de oro en el país y la paralización de las inversiones de capital extranjero, así como el regreso de nuestros valores ya vendidos en el extranjero; y el alto índice de tipo de cambio, lo que indujo el envío de nuestro oro que se extrae en contra como una cuestión de especulación.
Como consecuencia de estas condiciones de la reserva de oro en el 1er día del mes de febrero de 1894, se redujo a $ 65.438.377, habiendo perdido más de 31 millones dólares durante los nueve meses anteriores, o desde abril de 1893 Su reposición sea necesario y no hay otra manera de lograrlo siendo posible, se recurrió a la emisión y venta de bonos previstos en el acto reanudación de 1875. Cincuenta millones de estos bonos fueron vendidos, produciendo $ 58,633,295.71, que se añadió al fondo de reserva de oro y luego en la mano. Como resultado de esta operación esta reserva, que había sufrido retiros constantes y grandes, mientras tanto, se situó en el sexto día de marzo de 1894, en la suma de $ 107,446,802. Su agotamiento fue, sin embargo, inmediatamente después, de modo acelerado que el día 30 de junio de 1894, se había reducido a 64.873.025 dólar, perdiendo así por retiros de más de $ 42 millones en cinco meses y cayendo ligeramente por debajo de su situación cuando la venta de 50 millones dólares en bonos fue realizadas a su reposición.
Esta condición deprimida empeoró, y en el día 24 de noviembre de 1894, nuestra reserva de oro se redujo a 57.669.701 dólares, se hizo necesario reforzar de nuevo.
Esto se hizo otra venta de bonos por $ 50.000.000, de la cual no se realizó $ 58.538.500, con los que el fondo se incrementó a $ 111.142.021 en el cuarto día de diciembre de 1894.
Una vez más la decepción aguardaba la esperanza ansiosa para el alivio. Ni siquiera hubo una pausa en los retiros exasperantes de oro. Por el contrario, ellos se hicieron más grandes y más persistente que nunca. Entre el cuarto día de diciembre de 1894, ya principios de febrero de 1895, un período de poco más de dos meses después de la segunda reenforcement de nuestra reserva de oro por la venta de bonos, que había perdido por estas retiradas más de $ 69 millones y se había caído a $ 41.340.181. Casi $ 43 millones han sido retiradas en el mes inmediatamente anterior a la presente situación.
En previsión de problemas inminentes que tuve el día 28 de enero de 1895, dirigió una comunicación al Congreso establecer plenamente muestra nuestras dificultades y posición peligrosa y seriamente recomendar que la autoridad darse el Secretario de Hacienda a emitir bonos que llevan una baja tasa de intereses, pagaderos por sus términos en oro, con el propósito de mantener una reserva de oro suficiente y también para el reembolso y la anulación de los billetes en circulación en Estados Unidos y los bonos del Tesoro emitidos por la compra de plata bajo la ley de 1890, esta recomendación no lo hizo Sin embargo, contar con la aprobación legislativa.
En febrero de 1895, por lo tanto, la situación era sumamente crítico. Con una reserva peligrosamente baja y una denegación de la ayuda del Congreso, todo indicaba que el final de los pagos en oro por el Gobierno era inminente. Los resultados de las emisiones de bonos anteriores habían sido muy satisfactorios, y los grandes retiros de oro inmediatamente posteriores a su venta pública en el mercado abierto dio lugar a una sospecha razonable de que una gran parte del oro depositado en el Tesoro sobre tales ventas se elaboró rápidamente de nuevo por la presentación de los Estados Unidos toma nota o notas del Tesoro, y encontró su camino hacia las manos de los que se había separado sólo temporalmente con él en la compra de bonos.
En esta emergencia, y en vista de sus perplejidades circundantes, se hizo totalmente evidente para aquellos sobre quienes se delegó la lucha por la seguridad no sólo de que nuestra reserva de oro debe, por tercera vez en menos de trece meses se restaurará por otro asunto y venta de bonos que llevan una alta tasa de interés y mal adaptado a la finalidad, pero que un plan debe ser aprobado para su disposición que promete mejores resultados que los obtenidos en las ventas anteriores. Por lo tanto, se hizo un acuerdo con una serie de financieros y banqueros por el que se estipuló que los bonos descritos en el acto de reanudación de 1875, a pagar en moneda de treinta años después de su fecha, que devengan intereses a una tasa del 4 mascota ciento anual, y que ascienden a aproximadamente $ 62.000.000, debe ser cambiado por oro, por cobrar en peso, que asciende a un poco más de $ 65 millones.
Este oro fue para ser entregados en los plazos que completaría su entrega en el plazo de seis meses desde la fecha del contrato, y por lo menos la mitad de la cantidad debía ser proporcionada desde el exterior. También se acordó por los que suministran este oro que durante la continuación del contrato serían por todos los medios a su alcance la protección del Gobierno contra los retiros de oro. El contrato también establecía que si el Congreso podría autorizar a sus emitir bonos por pagar por sus términos en oro y devengando intereses a una tasa del 3 por ciento anual en los diez días podría ser sustituido a la par de los bonos del 4 por ciento que se describen en el acuerdo.
El día se hizo este contrato sus términos fueron comunicados al Congreso por un mensaje Ejecutivo especial, en el que se afirmaba que más de $ 16 millones se ahorrarían al Gobierno si se autorizaron los bonos de oro con el 3 por ciento de interés a ser sustituidos por los mencionados en el contrato.
El Congreso negó haber conceder la autoridad necesaria para asegurar este ahorro, el contrato, sin modificar, se llevó a cabo, lo que resulta en una reserva de oro por valor de $ 107 571 230 en el octavo día del mes de julio de 1895 La ejecución del presente contrato no sólo restauró la reserva , pero me fui por un tiempo los retiros de oro y traído en un período de recuperación de la confianza y tanta paz y tranquilidad en los círculos de negocios al igual que del mayor valor posible a todos los intereses que afecta a nuestro pueblo. Nunca he tenido el más mínimo recelo relativo a la sabiduría o la conveniencia de este acuerdo, y estoy dispuesto a responder por mi parte plena de la responsabilidad de su promoción. Creo que evitó un desastre la inminencia de que fue, por suerte, no en el momento entiende generalmente por nuestro pueblo.
Aunque el contrato mencionado se quedó por un tiempo la marea de la retirada de oro, sus buenos resultados no podrían ser permanentes. Retiros recientes han reducido la reserva de $ 107.571.230 en el octavo día de julio de 1895, a $ 79.333.966. ¿Cuánto tiempo se mantendrá lo suficientemente grande como para hacer que su aumento innecesario es sólo cuestión de conjeturas, aunque bastante grandes retiros para el envío en el futuro inmediato se prevé en cuartos bien informadas. Acerca de $ 16.000.000 se ha retirado durante el mes de noviembre.
La declaración anterior de los acontecimientos y las condiciones se desarrolla el hecho de que después de aumentar nuestra con intereses en condiciones de servidumbre endeudamiento más de $ 162 millones para salvar a nuestra reserva de oro que estamos casi al punto de partida, que tiene ahora en dicha reserva 79.333.966 dólares, frente a 65.438.377 dólares en febrero de 1894, cuando se emitieron los primeros bonos.
Aunque la cantidad de oro extraído de la Tesorería parece ser muy grande según se desprende de los hechos y las cifras que se presentan en este documento, que en realidad era mucho más grande, considerables sumas de haber sido adquiridos por el Tesoro en los varios períodos indicados sin la emisión de bonos. En el 28 de enero de 1895, se informó de que el Secretario del Tesoro de los que más de $ 172 millones de oro se hubiera destinado al atesoramiento o envío durante el año anterior. Él ahora informa que a partir del 1 de enero de 1879 al 14 de julio de 1890, un período de más de once años, sólo un poco más de $ 28 millones fue retirado, y que entre el 14 de julio de 1890, la fecha de la aprobación de la ley que un aumento de la compra de plata, y el día 1 de diciembre de 1895, o en un plazo de cinco años y medio, no fue retirado casi $ 375 millones, haciendo un total de más de $ 403 millones procedentes de la Tesorería en el oro desde el 1 de enero de 1879 la fecha fijada en 1875 para el retiro de los Estados Unidos observan.
Casi $ 327 millones del oro así retirada se han pagado en estas notas de los Estados Unidos, y sin embargo cada uno de los $ 346 millones es todavía sin cancelar y listo para hacer el servicio en el futuro agotamiento de oro.
Más de $ 76 millones en oro ha desde su creación en 1890 han pagado por el Tesoro en las notas que figuran en la compra de plata por el Gobierno, y sin embargo, el conjunto, que asciende a $ 155.000.000, excepto un poco más de $ 16 millones que ha sido retirado por intercambios de plata, a petición de los titulares, sigue siendo excepcional y preparado para unirse a sus aliados de más edad y con más experiencia en futuras incursiones sobre reserva de oro del Tesoro.
En otras palabras, el Gobierno ha pagado en oro más de nueve décimas partes de sus notas de Estados Unidos y todavía le debe a todos ellos. Se ha pagado en oro alrededor de la mitad de sus notas dadas para las compras de plata sin extinguir por dicho pago un dólar de estas notas.
Cuando, añadido a todo esto, se nos recuerda que para continuar este asombrar, lug esquema financiero el Gobierno ha incurrido en una deuda de bonos de $ 95.500.000 en el establecimiento de una reserva de oro y de 162.315.400 dólar en los esfuerzos para mantenerla; que la carga de interés anual sobre dicha deuda en condiciones de servidumbre es más de $ 11 millones; que una continuación de nuestro curso actual puede dar lugar a nuevas emisiones de bonos, y que hemos sufrido o están amenazados de todo esto por el bien de suministro de oro para el envío extranjera o facilitar su acaparamiento en el país, una situación que se exhibe sin duda lo debió arrestar atención y provocar alivio legislativa inmediata.
Estoy convencido de que el único remedio completo y práctico para nuestros problemas se encuentra en el retiro y cancelación de sus obligaciones negociables en Estados Unidos, comúnmente llamados billetes verdes, y las notas del Tesoro en circulación emitidos por el Gobierno en el pago de las compras de plata bajo el acto de 1890.
Creo que esto podría ser bastante consigue fácilmente mediante el intercambio de las notas de los bonos de los Estados Unidos, de los pequeños, así como grandes denominaciones, teniendo una baja tasa de interés. Deben ser los bonos a largo plazo, lo que aumenta su atractivo como inversión, y debido a que su pago podría ser bien aplazó hasta un período muy alejado de las cargas financieras presentes y perplejidades, cuando con mayor prosperidad y los recursos que se cumplirían más fácilmente.
Para asegurar aún más la cancelación de estas notas, y también proporcionar una manera en la que el oro puede ser añadido a nuestra moneda en lugar de ellos, una función en el plan debe ser una autoridad dada al Secretario de Hacienda a disponer de los bonos en el exterior por oro si es necesario para completar la redención contemplado y cancelación, que le permita utilizar los recursos de dichos bonos a asumir y cancelar ninguna de las notas que pueden estar en el Tesoro o que puedan ser recibidos por el Gobierno en cualquier cuenta.
El aumento de nuestra deuda en bonos involucrados en este plan sería compensada con creces por la renovada actividad y de la empresa en todos los círculos de negocios, la confianza recuperada en su casa, la fe reintegrados en nuestra fuerza monetaria en el extranjero, y la estimulación de todos los intereses y de la industria que seguiría la cancelación de las obligaciones de oro y la demanda ahora que nos aflige. En cualquier caso, los bonos propuestos reposar durante la extinción de una deuda problemática, mientras que en el camino que seguimos ahora acecha la amenaza de bonos sin fin, con nuestra deuda todavía no descargado y agravado en cada función. Las obligaciones necesarias para financiar esta deuda no lo haría de igual importe aquellas desde las que se nos ha aliviado desde 1884 por la anticipación y el pago más allá de los requisitos del fondo de amortización de los ingresos excedentes.
La moneda retirada por el retiro de las notas de los Estados Unidos y los bonos del Tesoro, que asciende a probablemente menos de $ 486 millones, podría ser suministrada por tales oro como se utilizaría en su jubilación o por un aumento en la circulación de nuestros bancos nacionales. Aunque el capital agregado de los ya existentes asciende a más de $ 664 millones, su circulación excepcional basa en los montos de seguridad de bonos a sólo alrededor de $ 190 millones. Están autorizados a emitir billetes por valor de 90 por ciento de los bonos depositados para asegurar su circulación, pero en ningún caso más allá de la cantidad de su capital social, y que están obligados a pagar el 1 por ciento de impuestos sobre la circulación emiten.
Creo que deberían ser autorizadas a emitir circulación equivalente al valor nominal de los bonos se depositan para asegurarlo, y que el impuesto sobre la circulación se debe reducir a una cuarta parte del 1 por ciento, lo que, sin duda, cumplir con todos los gastos de la Gobierno incurre en su cuenta. Además se les debe permitir sustituir o depósito en lugar de los bonos que ahora se exigen como garantía de su circulación las que serían emitió con el propósito de retirar a los Estados Unidos observan y notas del Tesoro.
Los bancos ya existente, si deseaban acogerse a las disposiciones de la ley así modificados, podría emitir la circulación, además de que ya en circulación, que asciende a $ 478 millones, lo que casi o completamente igual a la moneda propuso que ser cancelado. En cualquier caso, debo esperar con confianza para ver los bancos u otros nacionales existentes que se organizarán valen de los estímulos propuestos para emitir la circulación y rápidamente llenar cualquier vacío y suministrar todas las necesidades de divisas.
Siempre me ha parecido que las disposiciones de la ley relativas a la capital de los bancos nacionales, que operan como una limitación a su ubicación, no para hacer una compensación adecuada para la represión de los bancos estatales, que se acercó a las personas en todos los sectores de la país y les suministra fácilmente con arreglos bancarios e instalaciones. Cualquier inconveniencia o vergüenza que surge de estas restricciones sobre la ubicación de los bancos nacionales bien podrían remediarse mediante una mejor adaptación del sistema actual para la creación de los bancos en las comunidades más pequeñas o al permitir que los bancos de gran capital para establecer sucursales en dichas localidades como sería servir a la gente , por lo regulado y restringido como para asegurar su control y gestión segura y conservadora.
Pero puede que no haya la necesidad de tal adición a la moneda por nuevas emisiones de circulación banco como a primera vista se indica. Si debemos sentirnos aliviados de mantener una reserva de oro en condiciones que constituyen el barómetro de nuestra solvencia, y si nuestro Tesoro ya no debe ser el proveedor tonto de oro para las naciones en el extranjero o para la especulación y el acaparamiento por parte de nuestros ciudadanos en el país, lo que debería esperar a ver el oro reanude sus funciones naturales y normales en los asuntos de negocios del país y dejar de ser un objeto atraer el reloj tímida de nuestro pueblo y emocionantes su imaginación sensibles.
Yo no paso por alto el hecho de que la cancelación de los bonos del Tesoro emitidos en el acto-la compra de plata de 1890 dejaría el Tesoro en la propiedad real de la plata suficiente, incluyendo el señoreaje, para acuñar casi $ 178 millones en dólares de los estándares. Es digno de consideración si esto no podría de vez en cuando puede convertir en dólares o moneda fraccionaria y lentamente puso en circulación, que a juicio del Secretario del Tesoro de las necesidades del país deben exigir.
Lo que se intenta se debe ingresar a apreciar plenamente el hecho de que por descendencia descuidado, fácil hemos llegado a una profundidad peligrosa, y que nuestro ascenso no se logrará sin esfuerzo y lucha laboriosa. Seremos sabios si nos damos cuenta de que somos financieramente enferma y que nuestra restauración a la salud puede requerir tratamiento heroico y remedios desagradables.
En la etapa actual de nuestra dificultad no es fácil de entender cómo la cantidad de nuestros recibos de ingresos afecta directamente a él. La pregunta importante no es la cantidad de dinero recibido en los pagos de ingresos, pero la cantidad de dinero que mantenemos y nuestra capacidad para continuar en una sólida situación financiera. Estamos considerando las participaciones del Gobierno de oro en relación con la solidez de nuestro dinero y que afecta a nuestro crédito nacional y la fuerza monetaria.
Si nuestra reserva de oro nunca se había deteriorado; si no hay bonos nunca se habían emitido para reponerlo; si no hubiera habido el miedo y la timidez con respecto a nuestra capacidad para continuar los pagos en oro; si cualquier parte de nuestros ingresos se ahora se paga en oro, y si pudiéramos mirar a nuestros recibos de oro como medio de mantener una reserva de seguridad, la cantidad de nuestros ingresos sería un factor influyente en el problema. Pero, por desgracia, todas las circunstancias que puedan dar peso a esta consideración son totalmente insuficientes.
En nuestra actual situación no hay oro es recibido por el Gobierno en el pago de los cargos de ingresos, ni habrá si se aumentaron los ingresos. Los ingresos del Tesoro, cuando no en los certificados de plata, consisten en notas de Estados Unidos y los bonos del Tesoro emitidos por las compras de plata. Estas formas de dinero sólo son útiles para el Gobierno en el pago de sus actuales gastos ordinarios, y su cantidad en posesión gobierno no en lo más mínimo contribuir a darnos ese tipo de seguros situación financiera o condición que se construye en el oro solo.
Si se dice que estas notas si en poder del Gobierno se pueden utilizar para obtener el oro para nuestra reserva, la respuesta es fácil. Las personas sacan oro de la Tesorería de la demanda en Estados Unidos observan y notas del Tesoro, pero la proposición de que el Tesoro puede dibujar sobre la demanda de oro de la gente sobre ellos serían considerados en estos días con asombro y diversión; y aunque esto se podría hacer no hay nada para evitar que los separarse de este modo con su oro de recuperarlo al día siguiente o la próxima hora en la presentación de los billetes recibidos a cambio de ella.
El Secretario del Tesoro podría usar esas notas tomadas de un excedente de ingresos para comprar oro en el mercado. Por supuesto que no podía hacer esto sin tener que pagar una prima. Tenedores privados de oro, a diferencia del Gobierno, que no tienen paridad de mantener, no se podrá impedir hacer posible la mejor ganga cuando amuebladas oro a la Tesorería; pero el momento en que el Secretario del Tesoro compró oro en los términos arriba del par que establecería una prima general y universal sobre ella, rompiendo así la paridad entre el oro y la plata, que el Gobierno se comprometió a mantener, y abriendo el camino a la nueva y complicaciones graves. Mientras tanto, la prima no permanecería inmóvil, y el espectáculo absurdo podría ser presentado de un distribuidor que vende el oro al Gobierno y con las notas de los Estados Unidos o las notas del Tesoro en su mano inmediatamente que claman por su regreso y una reventa a una prima más alta.
Puede decirse que una gran ingresos y recibos redundantes podrían afectar favorablemente la situación en discusión por que ofrezca la oportunidad de mantener estas notas en el Tesoro cuando se reciben, y por lo tanto la prevención de su presentación para el oro. Tal retención para ser útil debe ser al menos mensurable permanente; y esto es precisamente lo que está prohibido, por lo que Estados Unidos las notas se refiere, por la ley de 1878, que prohíbe su posterior jubilación. Ese estatuto en tantas palabras establece que estas notas cuando se reciban en el Tesoro y que pertenecen a los Estados Unidos debe ser "pagados de nuevo y se mantienen en circulación."
Será, además, se ve fácilmente que el Gobierno no podía negarse a pagar observan los Estados Unidos y los bonos del Tesoro en las transacciones corrientes cuando exigió, e insistir en pagar a la plata sola, y aún así mantener la paridad entre el metal y el oro que representa la moneda . Además, la acumulación en el Tesoro de la moneda de ningún tipo exigido a las personas a través de los impuestos es justamente considerado como un mal, y que no puede proceder ahora sin vigorosa protesta contra una retención injustificada de dinero de los negocios del país y una denuncia de un esquema de imposición que demuestra que es injusto cuando se toma de las ganancias y los ingresos del dinero ciudadano tanto en exceso de las necesidades de apoyo del Gobierno de que las grandes sumas pueden ser recogidos y guardados en el Tesoro. Esta condición tiene hasta ahora en tiempos de excedentes de ingresos llevaron al Gobierno a restablecer la moneda a la gente por la compra de sus bonos no vencidos en un premio grande y por un gran aumento de sus depósitos en los bancos nacionales, y fácilmente nos recuerda que el abuso de acumulación del Tesoro ha proporcionado un argumento más convincente a favor de la legislación reduciendo radicalmente nuestra imposición de aranceles.
Tal vez se supone que los recibos de ingresos suficientes serían de una manera sentimental mejorar la situación, inspirando confianza en la solvencia y disipar el temor del agotamiento pecuniaria. Y sin embargo, a través de todas nuestras luchas para mantener nuestra reserva de oro nunca ha habido ningún temor en cuanto a nuestra capacidad dispuestos a pagar nuestro camino con ese dinero, ya que tenía, y la cuestión de si o no nuestros ingresos corrientes cumplieron con los gastos corrientes no ha entrado en la estimación de la solvencia. Por supuesto, el estado general de nuestros fondos, exclusivo de oro, era totalmente irrelevante para el acreedor extranjero y el inversionista. Su deuda sólo se podía pagar en oro, y su única preocupación era nuestra capacidad para mantener a la mano esa cantidad de dinero.
El 1 de julio de 1892, más de un año y medio antes de que se emitieron los primeros bonos para reponer las reservas de oro, había un saldo neto en la Tesorería, exclusivo de esta reserva, de menos de $ 13 millones, pero la reserva de oro ascendió a más de 114 millones dólares, que era la característica de aquietamiento de la situación. Fue cuando la acción de oro comenzó a caer rápidamente que susto sobrevino y nuestros valores en el extranjero fueron devueltos a la venta y las deudas contraídas en el extranjero se presiona para el pago. Mientras tanto extensos envíos de oro y otras indicaciones desfavorables causaron inquietud y miedo entre nuestra gente en casa. Luego entonces, el estado general de nuestros fondos, exclusivo de oro, también se convirtió en irrelevante para ellos, y ellos también sacaron oro del Tesoro de acaparamiento contra todas las contingencias. Esto se muestra claramente por el gran aumento de la proporción de oro retirado que fue retenido por nuestra propia gente como el tiempo y los incidentes que amenazan progresaron. Durante el año fiscal que termina en junio 30 de 1894, casi $ 85 millones en oro fue retirado del Tesoro y de 77.000.000 dólares fue enviado al extranjero, mientras que durante el año fiscal que termina en junio 30 de 1895, más de $ 117 millones fue dibujado hacia fuera, de los cuales sólo alrededor de $ 66.000.000 fue enviado , dejando el gran saldo de dichos retiros a ser explicada por el acaparamiento doméstico.
Puesto que la retirada de nuestro oro ha dado como resultado en gran medida de miedo, no hay nada aparente que impida su continuación o la repetición, con sus consecuencias naturales, salvo un cambio de este tipo en nuestros métodos financieros como será tranquilizar a los asustados y hacer que el deseo por el oro menos intenso. No está claro cómo un ingreso fijo aumento, a menos que sea en oro, puede satisfacer a aquellos cuya única preocupación es ganar el oro en la tienda del Gobierno.
No puede, por lo tanto, es seguro confiar en el aumento de los ingresos como una cura para nuestros problemas actuales.
Es posible que la sugerencia de aumento de los ingresos como un remedio para las dificultades que estamos considerando puede tener su origen en una intimación o denuncia clara de que los bonos que se han emitido aparentemente para reponer nuestras reservas de oro fueron realmente emitidos para suministrar ingresos insuficientes. Nada puede estar más lejos de la verdad. Bonos fueron emitidos para obtener el oro para el mantenimiento de nuestro crédito nacional. Como se ha demostrado, el oro así obtenido se ha elaborado de nuevo de los del Tesoro de Estados Unidos sobre las notas y bonos del Tesoro. Esta operación se habría evitado con prontitud, si es posible; pero hasta haber sido pasaban estas notas a la Tesorería, se convirtieron en el dinero del Gobierno, al igual que otros fondos gubernamentales ordinarios, y no había nada que hacer, pero para usarlos en el pago de los gastos del gobierno cuando sea necesario.
En ningún momento se han emitido bonos ha habido algún examen de la cuestión del pago de los gastos del Gobierno con sus ingresos. No había ninguna necesidad de considerar esa pregunta. En el momento de cada emisión de bonos que teníamos un superávit segura en el Tesoro para las operaciones ordinarias, con exclusión de la de oro en nuestra reserva. En febrero de 1894, cuando se realizó la primera emisión de bonos, dicho superávit ascendió a más de $ 18 millones; en noviembre, cuando se realizó la segunda edición, que ascendió a más de $ 42.000.000, y en febrero de 1895, cuando se emitieron bonos por tercera vez, dicho superávit ascendió a más de $ 100.000.000. Ahora asciende a $ 98,072,420.30.
Además de todo esto, el Secretario de Hacienda no tenía autoridad alguna para emitir bonos para aumentar los ingresos ordinarios o pagar los gastos corrientes.
No puedo dejar de pensar que ha habido cierta confusión de ideas con respecto a los efectos de la emisión de bonos y los resultados de la retirada de oro. Fue el último proceso, y no el primero, que, mediante la sustitución de las notas del Tesoro de Estados Unidos y los bonos del Tesoro de oro, aumentó por su importe el dinero que estaba en la primera instancia sujeta a gasto público ordinario.
Aunque la ley que obliga una mayor compra de plata por el Gobierno fue aprobada el día 14 de julio de 1890, los retiros de oro del Tesoro a las notas que figuran en el pago de dichas compras no comenzaron hasta octubre de 1891 Inmediatamente después de esa fecha los retiros sobre estas dos notas y notas de Estados Unidos aumentaron en gran medida, y han continuado hasta el punto de que desde la aprobación de esa ley ha habido más de trece veces más oro sacado del Tesoro a Estados Unidos observan y notas del Tesoro emitido por las compras de plata como se así retirada durante los once años y medio inmediatamente antes de éste y después del 1 ° de enero de 1879, cuando se reanudaron los pagos de las especias.
Es injusto ni injusto cobrar una gran parte de nuestros actuales perplejidades financieros y peligros para la operación de las leyes de 1878 y 1890 que obliga a la compra de plata por el Gobierno, que no sólo proporcionó una nueva obligación del Tesoro en la que el oro podría ser retirados, pero también lo aumentó el temor de una abrumadora inundación de plata y un descenso forzado a los pagos de plata que incluso la derogación de estas leyes no curó del todo los males de su existencia.
Aunque he tratado de hacer una afirmación clara de la condición desordenada de nuestra moneda y los peligros actuales que amenazan nuestra prosperidad y para sugerir un camino que conduce a un sistema financiero más seguro, he tenido siempre en mente el hecho de que muchos de mis compatriotas, cuya sinceridad no lo dudo, insisten en que la cura para los males que nos amenaza ahora se puede encontrar en el remedio único y simple de la libre acuñación de la plata. Sostienen que nuestras mentas serán arrojados a la vez abierto a la acuñación libre e ilimitado, e independiente de los dos dólares de oro y plata de la calidad total curso legal, sin tener en cuenta la acción de cualquier otro gobierno, y en vista del hecho de que el relación entre los metales que se sugieren convocatorias de dólares en oro del dólar de oro 100 centavos en la presente norma y sólo 50 centavos en valor intrínseco de la plata en el dólar de plata.
¿Había razones infinitamente más fuertes que puede aducirse para la esperanza de que tal acción sería asegurar para nosotros una moneda bimetálica de pasar líneas de paridad, un experimento tan novedoso y peligroso como la propuesta bien podría escalonar los que creen que la estabilidad es una condición imprescindible del sonido dinero.
Ningún gobierno, ningún artificio humano o un acto de legislación, ha sido capaz de mantener los dos metales juntos en libre acuñación en una proporción sensiblemente diferente de lo que se establece en los mercados del mundo.
Los que creen que nuestro libre acuñación independiente de plata en una relación artificial con oro de 16 a 1 restauraría la paridad entre los metales, y por lo tanto entre las monedas, oponerse a una teoría incompatible e improbable a la creencia y la práctica de otras naciones general; y para la enseñanza de los más sabios estadistas y economistas del mundo, tanto en el pasado y el presente, y, lo que es mucho más concluyente, que van en contra de nuestras propias experiencias reales.
Dos veces en nuestra historia anterior nuestros legisladores, en el intento de establecer una moneda bimetálica, emprendieron libre acuñación en una proporción que varía accidentalmente de los valores relativos reales de los dos metales no más de 3 por ciento. En ambos casos, no obstante existen ahora mayores dificultades y el costo de transporte de las monedas cuya intrínseca pena fue subvalorada. en la relación desaparecido gradualmente y con seguridad de nuestra circulación y se fue a otros países en los que se reconoce mejor su valor real.
Actas del Congreso fueron impotentes para crear igualdad en causas naturales decretadas incluso una ligera desigualdad.
Dos veces en nuestra historia reciente hemos fracasado rotundamente a elevar su legislación el valor de la plata. Bajo una ley del Congreso aprobó en 1878 el Gobierno estaba obligado por más de doce años para gastar anualmente al menos 24 millones dólares en la compra de lingotes de plata para la acuñación de monedas. El acto de 14 de julio de 1890, en un esfuerzo aún más audaz, se incrementó la cantidad de plata que el Gobierno se vio obligado a comprar y lo obligó a convertirse en el comprador anualmente de 54 millones oz, o prácticamente todo el producto de nuestras minas. Bajo ambas leyes plata rápida y constantemente perdido valor. La profecía y la esperanza expresada y las expectativas de aquellos en el Congreso que se llevó en la aprobación de este último acto que iba a restablecer y mantener la antigua paridad entre los dos metales son todavía fresco en nuestra memoria.
A la luz de estas experiencias, que de acuerdo con las experiencias de otras naciones, ciertamente no hay terreno seguro para la creencia de que una ley del Congreso ahora podría salvar una desigualdad de 50 por ciento entre el oro y la plata en nuestra relación presente, ni es existe la menor posibilidad de que nuestro país, que tiene menos de una séptima parte de la moneda de plata en el mundo, podría por su acción solamente elevar no sólo la nuestra, sino toda la plata a su relación perdida con el oro. Nuestro intento de lograr esto mediante la acuñación libre de la plata en una proporción ampliamente de diferentes valores relativos reales sería la señal para la salida completa de color amarillo dorado de la circulación, la contracción inmediata y grande de nuestro medio circulante, y un encogimiento en el verdadero valor y eficiencia monetaria de todas las otras formas de moneda que se establecieron al nivel de monometalismo plata. Todo el que recibe un salario fijo y todos los trabajadores por salarios encontraría el dólar en la mano sin piedad reducido hasta el punto de amarga decepción, si no pellizcar privación.
Un cambio en nuestro nivel de monometalismo plata podría también provocar un colapso de todo el sistema de crédito, que, cuando se basa en un estándar reconocido y adoptado por el mundo de los negocios, es muchas veces más potente y útil que todo el volumen de moneda y es con seguridad capaz de expansión casi infinita para satisfacer el crecimiento del comercio y de la empresa. En una lucha de auto-invitó a través de la oscuridad y la incertidumbre nuestra humillación se incrementaría en la conciencia de que nos habían separado con todas las naciones ilustradas y progresistas del mundo y se esforzaban desesperadamente y sin esperanzas de cumplir el estrés de comercio moderno y la competencia con un moneda envilecida e inadecuado y en asociación con las pocas naciones débiles y rezagados que tienen plata como a su patrón de valor.
Toda la historia nos advierte contra los experimentos temerarios que amenazan a los cambios violentos en nuestro patrón monetario y la degradación de nuestra moneda. El pasado está lleno de lecciones que enseñan no sólo los peligros económicos, sino la inmoralidad nacional que sigue en el tren de tales experimentos. No voy a creer que el pueblo estadounidense puede ser persuadidos después sobrio deliberación poner en peligro el prestigio de su nación y orgullosos de pie alentando panaceas financieros, ni que voy a ceder a las falsas seducciones del dinero barato cuando se dan cuenta de que debe resultar en el debilitamiento de que la integridad financiera y la rectitud que hasta ahora en nuestra historia ha sido acariciado con tanta devoción como uno de los rasgos de verdadero americanismo.
Endeudamiento de nuestro país, ya sea debido por el Gobierno o que existe entre los individuos, se ha contratado con referencia a nuestro nivel actual. Decretar por ley del Congreso que estas deudas se pagarán en dólares menos valiosos que los de la contemplación y la intención de las partes, cuando contrajo operaría a transferir por el fiat de la ley y sin compensación una cantidad de bienes y un volumen de derechos y intereses casi incalculable.
Los que abogan por una caída a ciegas y de cabeza a la acuñación libre en el nombre del bimetalismo, y profesar la creencia, en contra de toda la experiencia, que podríamos establecer así un doble estándar y una circulación simultánea de ambos metales en nuestra invención, son sin duda calculando desde un punto de vista nublado. Nuestro nivel actual de valor es el estándar del mundo civilizado y permite la única bimetalismo ahora es posible, o al menos que se encuentre dentro del alcance independiente de una sola nación, por poderosa que esa nación puede ser. Mientras que el valor del oro como estándar se estabilizó por el uso comercial y de negocios casi universal, no desprecia plata ni buscan su destierro. Dondequiera que se mantiene esta norma no está en su lado en la circulación libre e incuestionable un volumen de la moneda de plata a veces iguala ya veces incluso superando en cantidad tanto se mantiene a una paridad a pesar de una depreciación o fluctuación en el valor intrínseco de la plata.
Hay una gran diferencia entre una norma de valor y una moneda para uso monetario. La norma necesariamente debe ser fija y determinada. La moneda puede estar en diversas formas y de diversos tipos. Ningún país-estándar de plata tiene una moneda de oro en circulación, pero un sistema inteligente y racional de las finanzas asegura los beneficios del oro y la plata como moneda y medio de circulación, manteniendo el estándar estable y toda otra moneda a la par con él. Tal sistema y dicha norma también dan rienda suelta para el uso y la expansión del crédito seguro y conservador, tan indispensable para las transacciones comerciales amplios y crecientes y tan bien sustituido por el uso real del dinero. Si un fijo y el nivel se mantiene estable, tales como la magnitud y la seguridad de nuestras transacciones comerciales y de negocios requieren, el uso del dinero en sí está convenientemente minimizado.
Cada dólar de valor fijo y estable tiene a través de la agencia de seguros de crédito de una asombrosa capacidad de multiplicarse en el trabajo financiero. Cada dólar inestable y fluctuante no como base de crédito, y en su uso engendra la especulación juego y socava los cimientos de la empresa honesta.
Me he atrevido a expresarme sobre este tema con seriedad y claridad en el habla, porque no puedo librarme de la creencia de que no se esconden en la proposición para la libre acuñación de la plata, tan fuertemente aprobados y con tanto entusiasmo abogaron por una multitud de mis compatriotas , una seria amenaza para nuestra prosperidad y una tentación insidiosa de nuestro pueblo para pasear por la lealtad que deben a la integridad pública y privada. Es porque no me fío de la buena fe y la sinceridad de los que presione este esquema que tengo imperfecta pero con celo presentado mis pensamientos sobre este tema trascendental. Yo no puedo dejar de mendigar a reexaminar sus puntos de vista y creencias a la luz de la razón patriótica y la experiencia familiar y sopesar una y otra vez las consecuencias de las leyes que sus esfuerzos han invitado. Incluso la agitación continua de la asignatura añade en gran medida a las dificultades de una situación financiera peligrosa ya que nos imponen.
En conclusión, especialmente suplico los representantes del pueblo en el Congreso, que se encargan de la responsabilidad de las medidas que inauguran para la seguridad y la prosperidad de nuestro país común, a considerar con prontitud y eficacia los males de nuestra difícil situación financiera crítica. He sugerido un remedio que se aprueba mi juicio. Yo deseo, sin embargo, para asegurar el Congreso que estoy dispuesto a cooperar con ellos en el perfeccionamiento de cualquier otra medida que promete alivio profundo y práctico, y que con mucho gusto el trabajo con ellos en cada esfuerzo patriótico para promover los intereses y guardo el bienestar de nuestra compatriotas, a quienes en nuestros respectivos lugares de trabajo que hemos emprendido para servir.
Original
The present assemblage of the legislative branch of our Government occurs at a time when the interests of our people and the needs of the country give especial prominence to the condition of our foreign relations and the exigencies of our national finances. The reports of the heads of the several administrative Departments of the Government fully and plainly exhibit what has been accomplished within the scope of their respective duties and present such recommendations for the betterment of our country's condition as patriotic and intelligent labor and observation suggest.
I therefore deem my executive duty adequately performed at this time by presenting to the Congress the important phases of our situation as related to our intercourse with foreign nations and a statement of the financial problems which confront us, omitting, except as they are related to these topics, any reference to departmental operations.
I earnestly invite, however, not only the careful consideration but the severely critical scrutiny of the Congress and my fellow-countrymen to the reports concerning these departmental operations. If justly and fairly examined, they will furnish proof of assiduous and painstaking care for the public welfare. I press the recommendations they contain upon the respectful attention of those charged with the duty of legislation, because I believe their adoption would promote the people's good.
By amendatory tariff legislation in January last the Argentine Republic, recognizing the value of the large market opened to the free importation of its wools under our last tariff act, has admitted certain products of the United States to entry at reduced duties. It is pleasing to note that the efforts we have made to enlarge the exchanges of trade on a sound basis of mutual benefit are in this instance appreciated by the country from which our woolen factories draw their needful supply of raw material.
The Missions boundary dispute between the Argentine Republic and Brazil, referred to the President of the United States as arbitrator during the term of my predecessor, and which was submitted to me for determination, resulted in an award in favor of Brazil upon the historical and documentary evidence presented, thus ending a long-protracted controversy and again demonstrating the wisdom and desirability of settling international boundary disputes by recourse to friendly arbitration.
Negotiations are progressing for a revival of the United States and Chilean Claims Commission, whose work was abruptly terminated last year by the expiration of the stipulated time within which awards could be made.
The resumption of specie payments by Chile is a step of great interest and importance both in its direct consequences upon her own welfare and as evincing the ascendency of sound financial principles in one of the most influential of the South American Republics.
The close of the momentous struggle between China and Japan, while relieving the diplomatic agents of this Government from the delicate duty they undertook at the request of both countries of rendering such service to the subjects of either belligerent within the territorial limits of the other as our neutral position permitted, developed a domestic condition in the Chinese Empire which has caused much anxiety and called for prompt and careful attention. Either as a result of a weak control by the central Government over the provincial administrations, following a diminution of traditional governmental authority under the stress of an overwhelming national disaster, or as a manifestation upon good opportunity of the aversion of the Chinese population to all foreign ways and undertakings, there have occurred in widely separated provinces of China serious outbreaks of the old fanatical spirit against foreigners, which, unchecked by the local authorities, if not actually connived at by them, have culminated in mob attacks on foreign missionary stations, causing much destruction of property and attended with personal injuries as well as loss of life.
Although but one American citizen was reported to have been actually wounded, and although the destruction of property may have fallen more heavily upon the missionaries of other nationalities than our own, it plainly behooved this Government to take the most prompt and decided action to guard against similar or perhaps more dreadful calamities befalling the hundreds of American mission stations which have grown up throughout the interior of China under the temperate rule of toleration, custom, and imperial edict. The demands of the United States and other powers for the degradation and punishment of the responsible officials of the respective cities and provinces who by neglect or otherwise had permitted uprisings, and for the adoption of stern measures by the Emperor's Government for the protection of the life and property of foreigners, were followed by the disgrace and dismissal of certain provincial officials found derelict in duty and the punishment by death of a number of those adjudged guilty of actual participation in the outrages.
This Government also insisted that a special American commission should visit the province where the first disturbances occurred for the purpose of investigation. The latter commission, formed after much opposition, has gone overland from Tientsin, accompanied by a suitable Chinese escort, and by its demonstration of the readiness and ability of our Government to protect its citizens will act, it is believed, as a most influential deterrent of any similar outbreaks.
The energetic steps we have thus taken are all the more likely to result in future safety to our citizens in China because the Imperial Government is, I am persuaded, entirely convinced that we desire only the liberty and protection of our own citizens and redress for any wrongs they may have suffered, and that we have no ulterior designs or objects, political or otherwise. China will not forget either our kindly service to her citizens during her late war nor the further fact that, while furnishing all the facilities at our command to further the negotiation of a peace between her and Japan, we sought no advantages and interposed no counsel.
The Governments of both China and Japan have, in special dispatches transmitted through their respective diplomatic representatives, expressed in a most pleasing manner their grateful appreciation of our assistance to their citizens during the unhappy struggle and of the value of our aid in paving the way to their resumption of peaceful relations.
The customary cordial relations between this country and France have been undisturbed, with the exception that a full explanation of the treatment of John L. Waller by the expeditionary military authorities of France still remains to be given. Mr. Waller, formerly United States consul at Tamatav, remained in Madagascar after his term of office expired, and was apparently successful in procuring business concessions from the Hovas of greater or less value. After the occupation of Tamatav and the declaration of martial law by the French he was arrested upon various charges, among them that of communicating military information to the enemies of France, was tried and convicted by a military tribunal, and sentenced to twenty years' imprisonment.
Following the course justified by abundant precedents, this Government requested from that of France the record of the proceedings of the French tribunal which resulted in Mr. Waller's condemnation. This request has been complied with to the extent of supplying a copy of the official record, from which appear the constitution and organization of the court, the charges as formulated, and the general course and result of the trial, and by which it is shown that the accused was tried in open court and was defended by counsel; but the evidence adduced in support of the charges, which was not received by the French minister for foreign affairs till the first week in October, has thus far been withheld, the French Government taking the ground that its production in response to our demand would establish a bad precedent. The efforts of our ambassador to procure it, however, though impeded by recent changes in the French ministry, have not been relaxed, and it is confidently expected that some satisfactory solution of the matter will shortly be reached. Meanwhile it appears that Mr. Waller's confinement has every alleviation which the state of his health and all the other circumstances of the case demand or permit.
In agreeable contrast to the difference above noted respecting a matter of common concern, where nothing is sought except such a mutually satisfactory outcome as the true merits of the case require, is the recent resolution of the French Chambers favoring the conclusion of a permanent treaty of arbitration between the two countries.
An invitation has been extended by France to the Government and people of the United States to participate in a great international exposition at Paris in 1900 as a suitable commemoration of the close of this the world's marvelous century of progress. I heartily recommend its acceptance, together with such legislation as will adequately provide for a due representation of this Government and its people on the occasion.
Our relations with the States of the German Empire are in some aspects typical of a condition of things elsewhere found in countries whose productions and trade are similar to our own. The close rivalries of competing industries; the influence of the delusive doctrine that the internal development of a nation is promoted and its wealth increased by a policy which, in undertaking to reserve its home markets for the exclusive use of its own producers, necessarily obstructs their sales in foreign markets and prevents free access to the products of the world; the desire to retain trade in time-worn ruts, regardless of the inexorable laws of new needs and changed conditions of demand and supply, and our own halting tardiness in inviting a freer exchange of commodities, and by this means imperiling our footing in the external markets naturally open to us, have created a situation somewhat injurious to American export interests, not only in Germany, where they are perhaps most noticeable, but in adjacent countries. The exports affected are largely American cattle and other food products, the reason assigned for unfavorable discrimination being that their consumption is deleterious to the public health. This is all the more irritating in view of the fact that no European state is as jealous of the excellence and wholesomeness of its exported food supplies as the United States, nor so easily able, on account of inherent soundness, to guarantee those qualities.
Nor are these difficulties confined to our food products designed for exportation. Our great insurance companies, for example, having built up a vast business abroad and invested a large share of their gains in foreign countries in compliance with the local laws and regulations then existing, now find themselves within a narrowing circle of onerous and unforeseen conditions, and are confronted by the necessity of retirement from a field thus made unprofitable, if, indeed, they are not summarily expelled, as some of them have lately been from Prussia.
It is not to be forgotten that international trade can not be one-sided. Its currents are alternating, and its movements should be honestly reciprocal. Without this it almost necessarily degenerates into a device to gain advantage or a contrivance to secure benefits with only the semblance of a return. In our dealings with other nations we ought to be open-handed and scrupulously fair. This should be our policy as a producing nation, and it plainly becomes us as a people who love generosity and the moral aspects of national good faith and reciprocal forbearance.
These considerations should not, however, constrain us to submit to unfair discrimination nor to silently acquiesce in vexatious hindrances to the enjoyment of our share of the legitimate advantages of proper trade relations. If an examination of the situation suggests such measures on our part as would involve restrictions similar to those from which we suffer, the way to such a course is easy. It should, however, by no means be lightly entered upon, since the necessity for the inauguration of such a policy would be regretted by the best sentiment of our people and because it naturally and logically might lead to consequences of the gravest character.
I take pleasure in calling to your attention the encomiums bestowed on those vessels of our new Navy which took part in the notable ceremony of the opening of the Kiel Canal. It was fitting that this extraordinary achievement of the newer German nationality should be celebrated in the presence of America's exposition of the latest developments of the world' s naval energy.
Our relations with Great Britain, always intimate and important, have demanded during the past year even a greater share of consideration than is usual.
Several vexatious questions were left undetermined by the decision of the Bering Sea Arbitration Tribunal. The application of the principles laid down by that august body has not been followed by the results they were intended to accomplish, either because the principles themselves lacked in breadth and definiteness or because their execution has been more or less imperfect. Much correspondence has been exchanged between the two Governments on the subject of preventing the exterminating slaughter of seals. The insufficiency of the British patrol of Bering Sea under the regulations agreed on by the two Governments has been pointed out, and yet only two British ships have been on police duty during this season in those waters.
The need of a more effective enforcement of existing regulations as well as the adoption of such additional regulations as experience has shown to be absolutely necessary to carry out the intent of the award have been earnestly urged upon the British Government, but thus far without effective results. In the meantime the depletion of the seal herds by means of pelagic hunting has so alarmingly progressed that unless their slaughter is at once effectively checked their extinction within a few years seems to be a matter of absolute certainty.
The understanding by which the United States was to pay and Great Britain to receive a lump sum of $425,000 in full settlement of all British claims for damages arising from our seizure of British sealing vessels unauthorized under the award of the Paris Tribunal of Arbitration was not confirmed by the last Congress, which declined to make the necessary appropriation. I am still of the opinion that this arrangement was a judicious and advantageous one for the Government, and I earnestly recommend that it be again considered and sanctioned. If, however, this does not meet with the favor of Congress, it certainly will hardly dissent from the proposition that the Government is bound by every consideration of honor and good faith to provide for the speedy adjustment of these claims by arbitration as the only other alternative. A treaty of arbitration has therefore been agreed upon, and will be immediately laid before the Senate, so that in one of the modes suggested a final settlement may be reached.
Notwithstanding that Great Britain originated the proposal to enforce international rules for the prevention of collisions at sea, based on the recommendations of the Maritime Conference of Washington, and concurred in, suggesting March 11, 1895, as the date to be set by proclamation for carrying these rules into general effect, Her Majesty's Government, having encountered opposition on the part of British shipping interests, announced its inability to accept that date, which was consequently canceled. The entire matter is still in abeyance, without prospect of a better condition in the near future.
The commissioners appointed to mark the international boundary in Passamaquoddy Bay according to the description of the treaty of Ghent have not yet fully agreed.
The completion of the preliminary survey of that Alaskan boundary which follows the contour of the coast from the southernmost point of Prince of Wales Island until it strikes the one hundred and forty-first meridian at or near the summit of Mount St. Elias awaits further necessary appropriation, which is urgently recommended. This survey was undertaken under the provisions of the convention entered into by this country and Great Britain July 22, 1892, and the supplementary convention of February 3, 1894.
As to the remaining section of the Alaskan boundary, which follows the one hundred and forty-first meridian northwardly from Mount St. Elias to the Frozen Ocean, the settlement of which involves the physical location of the meridian mentioned, no conventional agreement has yet been made. The ascertainment of a given meridian at a particular point is a work requiring much time and careful observations and surveys. Such observations and surveys were undertaken by the United States Coast and Geodetic Survey in 1890 and 1891, while similar work in the same quarters, under British auspices, is believed to give nearly coincident results; but these surveys have been independently conducted, and no international agreement to mark those or any other parts of the one hundred and forty-first meridian by permanent monuments has yet been made. In the meantime the valley of the Yukon is becoming a highway through the hitherto unexplored wilds of Alaska, and abundant mineral wealth has been discovered in that region, especially at or near the junction of the boundary meridian with the Yukon and its tributaries. In these circumstances it is expedient, and, indeed, imperative, that the jurisdictional limits of the respective Governments in this new region be speedily determined. Her Britannic Majesty's Government has proposed a joint delimitation of the one hundred and forty-first meridian by an international commission of experts, which, if Congress will authorize it and make due provision therefor, can be accomplished with no unreasonable delay. It is impossible to overlook the vital importance of continuing the work already entered upon and supplementing it by further effective measures looking to the exact location of this entire boundary line.
I call attention to the unsatisfactory delimitation of the respective jurisdictions of the United States and the Dominion of Canada in the Great Lakes at the approaches to the narrow waters that connect them. The waters in question are frequented by fishermen of both nationalities and their nets are there used. Owing to the uncertainty and ignorance as to the true boundary, vexations disputes and injurious seizures of boats and nets by Canadian cruisers often occur, while any positive settlement thereof by an accepted standard is not easily to be reached. A joint commission to determine the line in those quarters on a practical basis, by measured courses following range marks on shore, is a necessity for which immediate provision should be made.
It being apparent that the boundary dispute between Great Britain and the Republic of Venezuela concerning the limits of British Guiana was approaching an acute stage, a definite statement of the interest and policy of the United States as regards the controversy seemed to be required both on its own account and in view of its relations with the friendly powers directly concerned. In July last, therefore, a dispatch was addressed to our ambassador at London for communication to the British Government in which the attitude of the United States was fully and distinctly set forth. The general conclusions therein reached and formulated are in substance that the traditional and established policy of this Government is firmly opposed to a forcible increase by any European power of its territorial possessions on this continent; that this policy is as well rounded in principle as it is strongly supported by numerous precedents; that as a consequence the United States is bound to protest against the enlargement of the area of British Guiana in derogation of the rights and against the will of Venezuela; that considering the disparity in strength of Great Britain and Venezuela the territorial dispute between them can be reasonably settled only by friendly and impartial arbitration, and that the resort to such arbitration should include the whole controversy, and is not satisfied if one of the powers concerned is permitted to draw an arbitrary line through the territory in debate and to declare that it will submit to arbitration only the portion lying on one side of it. In view of these conclusions, the dispatch in question called upon the British Government for a definite answer to the question whether it would or would not submit the territorial controversy between itself and Venezuela in its entirety to impartial arbitration. The answer of the British Government has not yet been received, but is expected shortly, when further communication on the subject will probably be made to the Congress.
Early in January last an uprising against the Government of Hawaii was promptly suppressed. Martial law was forthwith proclaimed and numerous arrests were made of persons suspected of being in sympathy with the Royalist party. Among these were several citizens of the United States, who were either convicted by a military court and sentenced to death, imprisonment, or fine or were deported without trial. The United States, while denying protection to such as had taken the Hawaiian oath of allegiance, insisted that martial law, though altering the forms of justice, could not supersede justice itself, and demanded stay of execution until the proceedings had been submitted to this Government and knowledge obtained therefrom that our citizens had received fair trial. The death sentences were subsequently commuted or were remitted on condition of leaving the islands. The cases of certain Americans arrested and expelled by arbitrary order without formal charge or trial have had attention, and in some instances have been found to justify remonstrance and a claim for indemnity, which Hawaii has not thus far conceded.
Mr. Thurston, the Hawaiian minister, having furnished this Government abundant reason for asking that he be recalled, that course was pursued, and his successor has lately been received.
The deplorable lynching of several Italian laborers in Colorado was naturally followed by international representations, and I am happy to say that the best efforts of the State in which the outrages occurred have been put forth to discover and punish the authors of this atrocious crime. The dependent families of some of the unfortunate victims invite by their deplorable condition gracious provision for their needs.
These manifestations against helpless aliens may be traced through successive stages to the vicious padroni system, which, unchecked by our immigration and contract-labor statutes, controls these workers from the moment of landing on our shores and farms them out in distant and often rude regions, where their cheapening competition in the fields of bread-winning toil brings them into collision with other labor interests. While welcoming, as we should, those who seek our shores to merge themselves in our body politic and win personal competence by honest effort, we can not regard such assemblages of distinctively alien laborers, hired out in the mass to the profit of alien speculators and shipped hither and thither as the prospect of gain may dictate, as otherwise than repugnant to the spirit of our civilization, deterrent to individual advancement, and hindrances to the building up of stable communities resting upon the wholesome ambitions of the citizen and constituting the prime factor in the prosperity and progress of our nation. If legislation can reach this growing evil, it certainly should be attempted.
Japan has furnished abundant evidence of her vast gain in every trait and characteristic that constitutes a nation's greatness. We have reason for congratulation in the fact that the Government of the United States, by the exchange of liberal treaty stipulations with the new Japan, was the first to recognize her wonderful advance and to extend to her the consideration and confidence due to her national enlightenment and progressive character.
The boundary dispute which lately threatened to embroil Guatemala and Mexico has happily yielded to pacific counsels, and its determination has, by the joint agreement of the parties, been submitted to the sole arbitration of the United States minister to Mexico.
The commission appointed under the convention of February 18, 1889, to set new monuments along the boundary between the United States and Mexico has completed its task.
As a sequel to the failure of a scheme for the colonization in Mexico of negroes, mostly immigrants from Alabama under contract, a great number of these helpless and suffering people, starving and smitten with contagious disease, made their way or were assisted to the frontier, where, in wretched plight, they were quarantined by the Texas authorities. Learning of their destitute condition, I directed rations to be temporarily furnished them through the War Department. At the expiration of their quarantine they were conveyed by the railway companies at comparatively nominal rates to their homes in Alabama, upon my assurance, in the absence of any fund available for the cost of their transportation, that I would recommend to Congress an appropriation for its payment. I now strongly urge upon Congress the propriety of making such an appropriation. It should be remembered that the measures taken were dictated not only by sympathy and humanity, but by a conviction that it was not compatible with the dignity of this Government that so large a body of our dependent citizens should be thrown for relief upon the charity of a neighboring state.
In last year's message I narrated at some length the jurisdictional questions then freshly arisen in the Mosquito Indian Strip of Nicaragua. Since that time, by the voluntary act of the Mosquito Nation, the territory reserved to them has been incorporated with Nicaragua, the Indians formally subjecting themselves to be governed by the general laws and regulations of the Republic instead of by their own customs and regulations, and thus availing themselves of a privilege secured to them by the treaty between Nicaragua and Great Britain of January 28, 1860.
After this extension of uniform Nicaraguan administration to the Mosquito Strip, the case of the British vice-consul, Hatch, and of several of his countrymen who had been summarily expelled from Nicaragua and treated with considerable indignity provoked a claim by Great Britain upon Nicaragua for pecuniary indemnity, which, upon Nicaragua's refusal to admit liability, was enforced by Great Britain. While the sovereignty and jurisdiction of Nicaragua was in no way questioned by Great Britain, the former's arbitrary conduct in regard to British subjects furnished the ground for this proceeding.
A British naval force occupied without resistance the Pacific seaport of Corinto, but was soon after withdrawn upon the promise that the sum demanded would be paid. Throughout this incident the kindly offices of the United States were invoked and were employed in favor of as peaceful a settlement and as much consideration and indulgence toward Nicaragua as were consistent with the nature of the case. Our efforts have since been made the subject of appreciative and grateful recognition by Nicaragua.
The coronation of the Czar of Russia at Moscow in May next invites the ceremonial participation of the United States, and in accordance with usage and diplomatic propriety our minister to the imperial court has been directed to represent our Government on the occasion.
Correspondence is on foot touching the practice of Russian consuls within the jurisdiction of the United States to interrogate citizens as to their race and religious faith, and upon ascertainment thereof to deny to Jews authentication of passports or legal documents for use in Russia. Inasmuch as such a proceeding imposes a disability which in the case of succession to property in Russia may be found to infringe the treaty rights of our citizens, and which is an obnoxious invasion of our territorial jurisdiction, it has elicited fitting remonstrance, the result of which, it is hoped, will remove the cause of complaint. The pending claims of sealing vessels of the United States seized in Russian waters remain unadjusted. Our recent convention with Russia establishing a modus vivendi as to imperial jurisdiction in such cases has prevented further difficulty of this nature.
The Russian Government has welcomed in principle our suggestion for a modus vivendi, to embrace Great Britain and Japan, looking to the better preservation of seal life in the North Pacific and Bering Sea and the extension of the protected area defined by the Paris Tribunal to all Pacific waters north of the thirty-fifth parallel. It is especially noticeable that Russia favors prohibition of the use of firearms in seal hunting throughout the proposed area and a longer closed season for pelagic sealing.
In my last two annual messages I called the attention of the Congress to the position we occupied as one of the parties to a treaty or agreement by which we became jointly bound with England and Germany to so interfere with the government and control of Samoa as in effect to assume the management of its affairs. On the 9th day of May, 1894, I transmitted to the Senate a special message, with accompanying documents, giving information on the subject and emphasizing the opinion I have at all times entertained, that our situation in this matter was inconsistent with the mission and traditions of our Government, in violation of the principles we profess, and in all its phases mischievous and vexatious.
I again press this subject upon the attention of the Congress and ask for such legislative action or expression as will lead the way to our relief from obligations both irksome and unnatural.
Cuba is again gravely disturbed. An insurrection in some respects more active than the last preceding revolt, which continued from 1868 to 1878, now exists in a large part of the eastern interior of the island, menacing even some populations on the coast. Besides deranging the commercial exchanges of the island, of which our country takes the predominant share, this flagrant condition of hostilities, by arousing sentimental sympathy and inciting adventurous support among our people, has entailed earnest effort on the part of this Government to enforce obedience to our neutrality laws and to prevent the territory of the United States from being abused as a vantage ground from which to aid those in arms against Spanish sovereignty.
Whatever may be the traditional sympathy of our countrymen as individuals with a people who seem to be struggling for larger autonomy and greater freedom, deepened, as such sympathy naturally must be, in behalf of our neighbors, yet the plain duty of their Government is to observe in good faith the recognized obligations of international relationship. The performance of this duty should not be made more difficult by a disregard on the part of our citizens of the obligations growing out of their allegiance to their country, which should restrain them from violating as individuals the neutrality which the nation of which they are members is bound to observe in its relations to friendly sovereign states. Though neither the warmth of our people's sympathy with the Cuban insurgents, nor our loss and material damage consequent upon the futile endeavors thus far made to restore peace and order, nor any shock our humane sensibilities may have received from the cruelties which appear to especially characterize this sanguinary and fiercely conducted war, have in the least shaken the determination of the Government to honestly fulfill every international obligation, yet it is to be earnestly hoped on every ground that the devastation of armed conflict may speedily be stayed and order and quiet restored to the distracted island, bringing in their train the activity and thrift of peaceful pursuits.
One notable instance of interference by Spain with passing American ships has occurred. On March 8 last the Allianca, while bound from Colon to New York, and following the customary track for vessels near the Cuban shore, but outside the 3-mile limit, was fired upon by a Spanish gunboat. Protest was promptly made by the United States against this act as not being justified by a state of war, nor permissible in respect of vessels on the usual paths of commerce, nor tolerable in view of the wanton peril occasioned to innocent life and property. The act was disavowed, with full expression of regret and assurance of nonrecurrence of such just cause of complaint, while the offending officer was relieved of his command. Military arrests of citizens of the United States in Cuba have occasioned frequent reclamations. Where held on criminal charges their delivery to the ordinary civil jurisdiction for trial has been demanded and obtained in conformity with treaty provisions, and where merely detained by way of military precaution under a proclaimed state of siege, without formulated accusation, their release or trial has been insisted upon. The right of American consular officers in the island to prefer protests and demands in such cases having been questioned by the insular authority, their enjoyment of the privilege stipulated by treaty for the consuls of Germany was claimed under the most-favored-nation provision of our own convention and was promptly recognized.
The long-standing demand of Antonio Maximo Mora against Spain has at last been settled by the payment, on the 14th of September last, of the sum originally agreed upon in liquidation of the claim. Its distribution among the parties entitled to receive it has proceeded as rapidly as the rights of those claiming the fund could be safely determined.
The enforcement of differential duties against products of this country exported to Cuba and Puerto Rico prompted the immediate claim on our part to the benefit of the minimum tariff of Spain in return for the most favorable treatment permitted by our laws as regards the production of Spanish territories. A commercial arrangement was concluded in January last securing the treatment so claimed.
Vigorous protests against excessive fines imposed on our ships and merchandise by the customs officers of these islands for trivial errors have resulted in the remission of such fines in instances where the equity of the complaint was apparent, though the vexatious practice has not been wholly discontinued.
Occurrences in Turkey have continued to excite concern. The reported massacres of Christians in Armenia and the development there and in other districts of a spirit of fanatic hostility to Christian influences naturally excited apprehension for the safety of the devoted men and women who, as dependents of the foreign missionary societies in the United States, reside in Turkey under the guaranty of law and usage and in the legitimate performance of their educational and religious mission. No efforts have been spared in their behalf, and their protection in person and property has been earnestly and vigorously enforced by every means within our power.
I regret, however, that an attempt on our part to obtain better information concerning the true condition of affairs in the disturbed quarter of the Ottoman Empire by sending thither the United States consul at Sivas to make investigation and report was thwarted by the objections of the Turkish Government. This movement on our part was in no sense meant as a gratuitous entanglement of the United States in the so-called Eastern question nor as an officious interference with the right and duty which belong by treaty to certain great European powers calling for their intervention in political matters affecting the good government and religious freedom of the non-Mussulman subjects of the Sultan, but it arose solely from our desire to have an accurate knowledge of the conditions in our efforts to care for those entitled to our protection.
The presence of our naval vessels which are now in the vicinity of the disturbed localities affords opportunities to acquire a measure of familiarity with the condition of affairs and will enable us to take suitable steps for the protection of any interests of our countrymen within reach of our ships that might be found imperiled.
The Ottoman Government has lately issued an imperial irade exempting forever from taxation an American college for girls at Scutari. Repeated assurances have also been obtained by our envoy at Constantinople that similar institutions maintained and administered by our countrymen shall be secured in the enjoyment of all rights and that our citizens throughout the Empire shall be protected.
The Government, however, in view of existing facts, is far from relying upon such assurances as the limit of its duty. Our minister has been vigilant and alert in affording all possible protection in individual cases where danger threatened or safety was imperiled. We have sent ships as far toward the points of actual disturbance as it is possible for them to go, where they offer refuge to those obliged to flee, and we have the promise of other powers which have ships in the neighborhood that our citizens as well as theirs will be received and protected on board those ships. On the demand of our minister orders have been issued by the Sultan that Turkish soldiers shall guard and escort to the coast American refugees.
These orders have been carried out, and our latest intelligence gives assurance of the present personal safety of our citizens and missionaries. Though thus far no lives of American citizens have been sacrificed, there can be no doubt that serious loss and destruction of mission property have resulted from riotous conflicts and outrageous attacks.
By treaty several of the most powerful European powers have secured a right and have assumed a duty not only in behalf of their own citizens and in furtherance of their own interests, but as agents of the Christian world. Their right is to enforce such conduct of Turkish government as will restrain fanatical brutality, and if this fails their duty is to so interfere as to insure against such dreadful occurrences in Turkey as have lately shocked civilization. The powers declare this right and this duty to be theirs alone, and it is earnestly hoped that prompt and effective action on their part will not be delayed.
The new consulates at Erzerum and Harpoot, for which appropriation was made last session, have been provisionally filled by trusted employees of the Department of State. These appointees, though now in Turkey, have not yet received their exequaturs.
The arbitration of the claim of the Venezuela Steam Transportation Company under the treaty of January 19, 1892, between the United States and Venezuela, resulted in an award in favor of the claimant.
The Government has used its good offices toward composing the differences between Venezuela on the one hand and France and Belgium on the other growing out of the dismissal of the representatives of those powers on the ground of a publication deemed offensive to Venezuela. Although that dismissal was coupled with a cordial request that other more personally agreeable envoys be sent in their stead, a rupture of intercourse ensued and still continues.
In view of the growth of our interests in foreign countries and the encouraging prospects for a general expansion of our commerce, the question of an improvement in the consular service has increased in importance and urgency. Though there is no doubt that the great body of consular officers are rendering valuable services to the trade and industries of the country, the need of some plan of appointment and control which would tend to secure a higher average of efficiency can not be denied.
The importance of the subject has led the Executive to consider what steps might properly be taken without additional legislation to answer the need of a better system of consular appointments. The matter having been committed to the consideration of the Secretary of State, in pursuance of his recommendations an Executive order was issued on the 20th of September, 1895, by the terms of which it is provided that after that date any vacancy in a consulate or commercial agency with an annual salary or compensation from official fees of not more than $2,500 or less than $1,000 should be filled either by transfer or promotion from some other position under the Department of State of a character tending to qualify the incumbent for the position to be filled, or by the appointment of a person not under the Department of State, but having previously served thereunder and shown his capacity and fitness for consular duty, or by the appointment of a person who, having been selected by the President and sent to a board for examination, is found upon such examination to be qualified for the position. Posts which pay less than $1,000 being usually, on account of their small compensation, filled by selection from residents of the locality, it was not deemed practicable to put them under the new system.
The compensation of $2,500 was adopted as the maximum limit in the classification for the reason that consular officers receiving more than that sum are often charged with functions and duties scarcely inferior in dignity and importance to those of diplomatic agents, and it was therefore thought best to continue their selection in the discretion of the Executive without subjecting them to examination before a board. Excluding 71 places with compensation at present less than $1,000 and 53 places above the maximum in compensation, the number of positions remaining within the scope of the order is 196. This number will undoubtedly be increased by the inclusion of consular officers whose remuneration in fees, now less than $1,000, will be augmented with the growth of our foreign commerce and a return to more favorable business conditions.
In execution of the Executive order referred to the Secretary of State has designated as a board to conduct the prescribed examinations the Third Assistant Secretary of State, the Solicitor of the Department of State, and the Chief of the Consular Bureau, and has specified the subjects to which such examinations shall relate.
It is not assumed that this system will prove a full measure of consular reform. It is quite probable that actual experience will show particulars in which the order already issued may be amended and demonstrate that for the best results appropriate legislation by Congress is imperatively required.
In any event, these efforts to improve the consular service ought to be immediately supplemented by legislation providing for consular inspection. This has frequently been a subject of Executive recommendation, and I again urge such action by Congress as will permit the frequent and thorough inspection of consulates by officers appointed for that purpose or by persons already in the diplomatic or consular service. The expense attending such a plan would be insignificant compared with its usefulness, and I hope the legislation necessary to set it on foot will be speedily forthcoming.
I am thoroughly convinced that in addition to their salaries our ambassadors and ministers at foreign courts should be provided by the Government with official residences. The salaries of these officers are comparatively small and in most cases insufficient to pay, with other necessary expenses, the cost of maintaining household establishments in keeping with their important and delicate functions. The usefulness of a nation's diplomatic representative undeniably depends much upon the appropriateness of his surroundings, and a country like ours, while avoiding unnecessary glitter and show, should be certain that it does not suffer in its relations with foreign nations through parsimony and shabbiness in its diplomatic outfit. These considerations and the other advantages of having fixed and somewhat permanent locations for our embassies would abundantly justify the moderate expenditure necessary to carry out this suggestion.
As we turn from a review of our foreign relations to the contemplation of our national financial situation we are immediately aware that we approach a subject of domestic concern more important than any other that can engage our attention, and one at present in such a perplexing and delicate predicament as to require prompt and wise treatment.
We may well be encouraged to earnest effort in this direction when we recall the steps already taken toward improving our economic and financial situation and when we appreciate how well the way has been prepared for further progress by an aroused and intelligent popular interest in these subjects.
By command of the people a customs-revenue system designed for the protection and benefit of favored classes at the expense of the great mass of our countrymen, and which, while inefficient for the purpose of revenue, curtailed our trade relations and impeded our entrance to the markets of the world, has been superseded by a tariff policy which in principle is based upon a denial of the right of the Government to obstruct the avenues to our people's cheap living or lessen their comfort and contentment for the sake of according especial advantages to favorites, and which, while encouraging our intercourse and trade with other nations, recognizes the fact that American self-reliance, thrift, and ingenuity can build up our country's industries and develop its resources more surely than enervating paternalism.
The compulsory purchase and coinage of silver by the Government, unchecked and unregulated by business conditions and heedless of our currency needs, which for more than fifteen years diluted our circulating medium, undermined confidence abroad in our financial ability, and at last culminated in distress and panic at home, has been recently stopped by the repeal of the laws which forced this reckless scheme upon the country.
The things thus accomplished, notwithstanding their extreme importance and beneficent effects, fall far short of curing the monetary evils from which we suffer as a result of long indulgence in ill-advised financial expedients.
The currency denominated United States notes and commonly known as greenbacks was issued in large volume during the late Civil War and was intended originally to meet the exigencies of that period. It will be seen by a reference to the debates in Congress at the time the laws were passed authorizing the issue of these notes that their advocates declared they were intended for only temporary use and to meet the emergency of war. In almost if not all the laws relating to them some provision was made contemplating their voluntary or compulsory retirement. A large quantity of them, however, were kept on foot and mingled with the currency of the country, so that at the close of the year 1874 they amounted to $381,999,073.
Immediately after that date, and in January, 1875, a law was passed providing for the resumption of specie payments, by which the Secretary of the Treasury was required whenever additional circulation was issued to national banks to retire United States notes equal in amount to 80 per cent of such additional national-bank circulation until such notes were reduced to $300,000,000. This law further provided that on and after the 1st day of January, 1879, the United States notes then outstanding should be redeemed in coin, and in order to provide and prepare for such redemption the Secretary of the Treasury was authorized not only to use any surplus revenues of the Government, but to issue bonds of the United States and dispose of them for coin and to use the proceeds for the purposes contemplated by the statute.
In May, 1878, and before the date thus appointed for the redemption and retirement of these notes, another statute was passed forbidding their further cancellation and retirement. Some of them had, however, been previously redeemed and canceled upon the issue of additional national-bank circulation, as permitted by the law of 1875, so that the amount outstanding at the time of the passage of the act forbidding their further retirement was $346,681,016.
The law of 1878 did not stop at distinct prohibition, but contained in addition the following express provision:
And when any of said notes may be redeemed or be received into the Treasury under any law from any source whatever, and shall belong to the United States, they shall not be retired, canceled, or destroyed, but they shall be reissued and paid out again and kept in circulation.
This was the condition of affairs on the 1st day of January, 1879, which had been fixed upon four years before as the date for entering upon the redemption and retirement of all these notes, and for which such abundant means had been provided.
The Government was put in the anomalous situation of owing to the holders of its notes debts payable in gold on demand which could neither be retired by receiving such notes in discharge of obligations due the Government nor canceled by actual payment in gold. It was forced to redeem without redemption and to pay without acquittance.
There had been issued and sold $95,500,000 of the bonds authorized by the resumption act of 1875, the proceeds of which, together with other gold in the Treasury, created a gold fund deemed sufficient to meet the demands which might be made upon it for the redemption of the outstanding United States notes. This fund, together with such other gold as might be from time to time in the Treasury available for the same purpose, has been since called our gold reserve, and $100,000,000 has been regarded as an adequate amount to accomplish its object. This fund amounted on the 1st day of January, 1879, to $114,193,360, and though thereafter constantly fluctuating it did not fall below that sum until July, 1892. In April, 1893, for the first time since its establishment, this reserve amounted to less than $100,000,000, containing at that date only $97,011,330.
In the meantime, and in July, 1890, an act had been passed directing larger governmental monthly purchases of silver than had been required under previous laws, and providing that in payment for such silver Treasury notes of the United States should be issued payable on demand in gold or silver coin, at the discretion of the Secretary of the Treasury. It was, however, declared in the act to be" the established policy of the United States to maintain the two metals on a parity with each other upon the present legal ratio or such ratio as may be provided by law." In view of this declaration it was not deemed permissible for the Secretary of the Treasury to exercise the discretion in terms conferred on him by refusing to pay gold on these notes when demanded, because by such discrimination in favor of the gold dollar the so-called parity of the two metals would be destroyed and grave and dangerous consequences would be precipitated by affirming or accentuating the constantly widening disparity between their actual values under the existing ratio.
It thus resulted that the Treasury notes issued in payment of silver purchases under the law of 1890 were necessarily treated as gold obligations at the option of the holder. These notes on the 1st day of November, 1893, when the law compelling the monthly purchase of silver was repealed, amounted to more than $155,000,000. The notes of this description now outstanding added to the United States notes still undiminished by redemption or cancellation constitute a volume of gold obligations amounting to nearly $500,000,000.
These obligations are the instruments which ever since we had a gold reserve have been used to deplete it.
This reserve, as has been stated, had fallen in April, 1893, to $97,111,330. It has from that time to the present, with very few and unimportant upward movements, steadily decreased, except as it has been temporarily replenished by the sale of bonds.
Among the causes for this constant and uniform shrinkage in this fund may be mentioned the great falling off of exports under the operation of the tariff law until recently in force, which crippled our exchange of commodities with foreign nations and necessitated to some extent the payment of our balances in gold; the unnatural infusion of silver into our currency and the increasing agitation for its free and unlimited coinage, which have created apprehension as to our disposition or ability to continue gold payments; the consequent hoarding of gold at home and the stoppage of investments of foreign capital, as well as the return of our securities already sold abroad; and the high rate of foreign exchange, which induced the shipment of our gold to be drawn against as a matter of speculation.
In consequence of these conditions the gold reserve on the 1st day of February, 1894, was reduced to $65,438,377, having lost more than $31,000,000 during the preceding nine months, or since April, 1893. Its replenishment being necessary and no other manner of accomplishing it being possible, resort was had to the issue and sale of bonds provided for by the resumption act of 1875. Fifty millions of these bonds were sold, yielding $58,633,295.71, which was added to the reserve fund of gold then on hand. As a result of this operation this reserve, which had suffered constant and large withdrawals in the meantime, stood on the 6th day of March, 1894, at the sum of $107,446,802. Its depletion was, however, immediately thereafter so accelerated that on the 30th day of June, 1894, it had fallen to $64,873,025, thus losing by withdrawals more than $42,000,000 in five months and dropping slightly below its situation when the sale of $50,000,000 in bonds was effected for its replenishment.
This depressed condition grew worse, and on the 24th day of November, 1894, our gold reserve being reduced to $57,669,701, it became necessary to again strengthen it.
This was done by another sale of bonds amounting to $50,000,000, from which there was realized $58,538,500, with which the fund was increased to $111,142,021 on the 4th day of December, 1894.
Again disappointment awaited the anxious hope for relief. There was not even a lull in the exasperating withdrawals of gold. On the contrary, they grew larger and more persistent than ever. Between the 4th day of December, 1894, and early in February, 1895, a period of scarcely more than two months after the second reenforcement of our gold reserve by the sale of bonds, it had lost by such withdrawals more than $69,000,000 and had fallen to $41,340,181. Nearly $43,000,000 had been withdrawn within the month immediately preceding this situation.
In anticipation of impending trouble I had on the 28th day of January, 1895, addressed a communication to the Congress fully setting forth our difficulties and dangerous position and earnestly recommending that authority be given the Secretary of the Treasury to issue bonds bearing a low rate of interest, payable by their terms in gold, for the purpose of maintaining a sufficient gold reserve and also for the redemption and cancellation of outstanding United States notes and the Treasury notes issued for the purchase of silver under the law of 1890. This recommendation did not, however, meet with legislative approval.
In February, 1895, therefore, the situation was exceedingly critical. With a reserve perilously low and a refusal of Congressional aid, everything indicated that the end of gold payments by the Government was imminent. The results of prior bond issues had been exceedingly unsatisfactory, and the large withdrawals of gold immediately succeeding their public sale in open market gave rise to a reasonable suspicion that a large part of the gold paid into the Treasury upon such sales was promptly drawn out again by the presentation of United States notes or Treasury notes, and found its way to the hands of those who had only temporarily parted with it in the purchase of bonds.
In this emergency, and in view of its surrounding perplexities, it became entirely apparent to those upon whom the struggle for safety was devolved not only that our gold reserve must, for the third time in less than thirteen months, be restored by another issue and sale of bonds bearing a high rate of interest and badly suited to the purpose, but that a plan must be adopted for their disposition promising better results than those realized on previous sales. An agreement was therefore made with a number of financiers and bankers whereby it was stipulated that bonds described in the resumption act of 1875, payable in coin thirty years after their date, bearing interest at the rate of 4 pet cent per annum, and amounting to about $62,000,000, should be exchanged for gold, receivable by weight, amounting to a little more than $65,000,000.
This gold was to be delivered in such installments as would complete its delivery within about six months from the date of the contract, and at least one-half of the amount was to be furnished from abroad. It was also agreed by those supplying this gold that during the continuance of the contract they would by every means in their power protect the Government against gold withdrawals. The contract also provided that if Congress would authorize their issue bonds payable by their terms in gold and bearing interest at the rate of 3 per cent per annum might within ten days be substituted at par for the 4 per cent bonds described in the agreement.
On the day this contract was made its terms were communicated to Congress by a special Executive message, in which it was stated that more than $16,000,000 would be saved to the Government if gold bonds bearing 3 per cent interest were authorized to be substituted for those mentioned in the contract.
The Congress having declined to grant the necessary authority to secure this saving, the contract, unmodified, was carried out, resulting in a gold reserve amounting to $107,571,230 on the 8th day of July, 1895. The performance of this contract not only restored the reserve, but checked for a time the withdrawals of gold and brought on a period of restored confidence and such peace and quiet in business circles as were of the greatest possible value to every interest that affects our people. I have never had the slightest misgiving concerning the wisdom or propriety of this arrangement, and am quite willing to answer for my full share of responsibility for its promotion. I believe it averted a disaster the imminence of which was, fortunately, not at the time generally understood by our people.
Though the contract mentioned stayed for a time the tide of gold withdrawal, its good results could not be permanent. Recent withdrawals have reduced the reserve from $107,571,230 on the 8th day of July, 1895, to $79,333,966. How long it will remain large enough to render its increase unnecessary is only matter of conjecture, though quite large withdrawals for shipment in the immediate future are predicted in well-informed quarters. About $16,000,000 has been withdrawn during the month of November.
The foregoing statement of events and conditions develops the fact that after increasing our interest-bearing bonded indebtedness more than $162,000,000 to save our gold reserve we are nearly where we started, having now in such reserve $79,333,966, as against $65,438,377 in February, 1894, when the first bonds were issued.
Though the amount of gold drawn from the Treasury appears to be very large as gathered from the facts and figures herein presented, it actually was much larger, considerable sums having been acquired by the Treasury within the several periods stated without the issue of bonds. On the 28th of January, 1895, it was reported by the Secretary of the Treasury that more than $172,000,000 of gold had been withdrawn for hoarding or shipment during the year preceding. He now reports that from January 1, 1879, to July 14, 1890, a period of more than eleven years, only a little over $28,000,000 was withdrawn, and that between July 14, 1890, the date of the passage of the law for an increased purchase of silver, and the 1st day of December, 1895, or within less than five and a half years, there was withdrawn nearly $375,000,000, making a total of more than $403,000,000 drawn from the Treasury in gold since January 1, 1879, the date fixed in 1875 for the retirement of the United States notes.
Nearly $327,000,000 of the gold thus withdrawn has been paid out on these United States notes, and yet every one of the $346,000,000 is still uncanceled and ready to do service in future gold depletions.
More than $76,000,000 in gold has since their creation in 1890 been paid out from the Treasury upon the notes given on the purchase of silver by the Government, and yet the whole, amounting to $155,000,000, except a little more than $16,000,000 which has been retired by exchanges for silver at the request of the holders, remains outstanding and prepared to join their older and more experienced allies in future raids upon the Treasury's gold reserve.
In other words, the Government has paid in gold more than nine-tenths of its United States notes and still owes them all. It has paid in gold about one-half of its notes given for silver purchases without extinguishing by such payment one dollar of these notes.
When, added to all this, we are reminded that to carry on this astound, lug financial scheme the Government has incurred a bonded indebtedness of $95,500,000 in establishing a gold reserve and of $162,315,400 in efforts to maintain it; that the annual interest charge on such bonded indebtedness is more than $11,000,000; that a continuance of our present course may result in further bond issues, and that we have suffered or are threatened with all this for the sake of supplying gold for foreign shipment or facilitating its hoarding at home, a situation is exhibited which certainly ought to arrest attention and provoke immediate legislative relief.
I am convinced the only thorough and practicable remedy for our troubles is found in the retirement and cancellation of our United States notes, commonly called greenbacks, and the outstanding Treasury notes issued by the Government in payment of silver purchases under the act of 1890.
I believe this could be quite readily accomplished by the exchange of these notes for United States bonds, of small as well as large denominations, bearing a low rate of interest. They should be long-term bonds, thus increasing their desirability as investments, and because their payment could be well postponed to a period far removed from present financial burdens and perplexities, when with increased prosperity and resources they would be more easily met.
To further insure the cancellation of these notes and also provide a way by which gold may be added to our currency in lieu of them, a feature in the plan should be an authority given to the Secretary of the Treasury to dispose of the bonds abroad for gold if necessary to complete the contemplated redemption and cancellation, permitting him to use the proceeds of such bonds to take up and cancel any of the notes that may be in the Treasury or that may be received by the Government on any account.
The increase of our bonded debt involved in this plan would be amply compensated by renewed activity and enterprise in all business circles, the restored confidence at home, the reinstated faith in our monetary strength abroad, and the stimulation of every interest and industry that would follow the cancellation of the gold-demand obligations now afflicting us. In any event, the bonds proposed would stand for the extinguishment of a troublesome indebtedness, while in the path we now follow there lurks the menace of unending bonds, with our indebtedness still undischarged and aggravated in every feature. The obligations necessary to fund this indebtedness would not equal in amount those from which we have been relieved since 1884 by anticipation and payment beyond the requirements of the sinking fund out of our surplus revenues.
The currency withdrawn by the retirement of the United States notes and Treasury notes, amounting to probably less than $486,000,000, might be supplied by such gold as would be used on their retirement or by an increase in the circulation of our national banks. Though the aggregate capital of those now in existence amounts to more than $664,000,000, their outstanding circulation based on bond security amounts to only about $190,000,000. They are authorized to issue notes amounting to 90 per cent of the bonds deposited to secure their circulation, but in no event beyond the amount of their capital stock, and they are obliged to pay 1 per cent tax on the circulation they issue.
I think they should be allowed to issue circulation equal to the par value of the bonds they deposit to secure it, and that the tax on their circulation should be reduced to one-fourth of 1 per cent, which would undoubtedly meet all the expense the Government incurs on their account. In addition they should be allowed to substitute or deposit in lieu of the bonds now required as security for their circulation those which would be issued for the purpose of retiring the United States notes and Treasury notes.
The banks already existing, if they desired to avail themselves of the provisions of law thus modified, could issue circulation, in addition to that already outstanding, amounting to $478,000,000, which would nearly or quite equal the currency proposed to be canceled. At any rate, I should confidently expect to see the existing national banks or others to be organized avail themselves of the proposed encouragements to issue circulation and promptly fill any vacuum and supply every currency need.
It has always seemed to me that the provisions of law regarding the capital of national banks, which operate as a limitation to their location, fail to make proper compensation for the suppression of State banks, which came near to the people in all sections of the country and readily furnished them with banking accommodations and facilities. Any inconvenience or embarrassment arising from these restrictions on the location of national banks might well be remedied by better adapting the present system to the creation of banks in smaller communities or by permitting banks of large capital to establish branches in such localities as would serve the people, so regulated and restrained as to secure their safe and conservative control and management.
But there might not be the necessity for such an addition to the currency by new issues of bank circulation as at first glance is indicated. If we should be relieved from maintaining a gold reserve under conditions that constitute it the barometer of our solvency, and if our Treasury should no longer be the foolish purveyor of gold for nations abroad or for speculation and hoarding by our citizens at home, I should expect to see gold resume its natural and normal functions in the business affairs of the country and cease to be an object attracting the timid watch of our people and exciting their sensitive imaginations.
I do not overlook the fact that the cancellation of the Treasury notes issued under the silver-purchasing act of 1890 would leave the Treasury in the actual ownership of sufficient silver, including seigniorage, to coin nearly $178,000,000 in standard dollars. It is worthy of consideration whether this might not from time to time be converted into dollars or fractional coin and slowly put into circulation, as in the judgment of the Secretary of the Treasury the necessities of the country should require.
Whatever is attempted should be entered upon fully appreciating the fact that by careless, easy descent we have reached a dangerous depth, and that our ascent will not be accomplished without laborious toil and struggle. We shall be wise if we realize that we are financially ill and that our restoration to health may require heroic treatment and unpleasant remedies.
In the present stage of our difficulty it is not easy to understand how the amount of our revenue receipts directly affects it. The important question is not the quantity of money received in revenue payments, but the kind of money we maintain and our ability to continue in sound financial condition. We are considering the Government's holdings of gold as related to the soundness of our money and as affecting our national credit and monetary strength.
If our gold reserve had never been impaired; if no bonds had ever been issued to replenish it; if there had been no fear and timidity concerning our ability to continue gold payments; if any part of our revenues were now paid in gold, and if we could look to our gold receipts as a means of maintaining a safe reserve, the amount of our revenues would be an influential factor in the problem. But, unfortunately, all the circumstances that might lend weight to this consideration are entirely lacking.
In our present predicament no gold is received by the Government in payment of revenue charges, nor would there be if the revenues were increased. The receipts of the Treasury, when not in silver certificates, consist of United States notes and Treasury notes issued for silver purchases. These forms of money are only useful to the Government in paying its current ordinary expenses, and its quantity in Government possession does not in the least contribute toward giving us that kind of safe financial standing or condition which is built on gold alone.
If it is said that these notes if held by the Government can be used to obtain gold for our reserve, the answer is easy. The people draw gold from the Treasury on demand upon United States notes and Treasury notes, but the proposition that the Treasury can on demand draw gold from the people upon them would be regarded in these days with wonder and amusement; and even if this could be done there is nothing to prevent those thus parting with their gold from regaining it the next day or the next hour by the presentation of the notes they received in exchange for it.
The Secretary of the Treasury might use such notes taken from a surplus revenue to buy gold in the market. Of course he could not do this without paying a premium. Private holders of gold, unlike the Government, having no parity to maintain, would not be restrained from making the best bargain possible when they furnished gold to the Treasury; but the moment the Secretary of the Treasury bought gold on any terms above par he would establish a general and universal premium upon it, thus breaking down the parity between gold and silver, which the Government is pledged to maintain, and opening the way to new and serious complications. In the meantime the premium would not remain stationary, and the absurd spectacle might be presented of a dealer selling gold to the Government and with United States notes or Treasury notes in his hand immediately clamoring for its return and a resale at a higher premium.
It may be claimed that a large revenue and redundant receipts might favorably affect the situation under discussion by affording an opportunity of retaining these notes in the Treasury when received, and thus preventing their presentation for gold. Such retention to be useful ought to be at least measurably permanent; and this is precisely what is prohibited, so far as United States notes are concerned, by the law of 1878, forbidding their further retirement. That statute in so many words provides that these notes when received into the Treasury and belonging to the United States shall be "paid out again and kept in circulation."
It will, moreover, be readily seen that the Government could not refuse to pay out United States notes and Treasury notes in current transactions when demanded, and insist on paying out silver alone, and still maintain the parity between that metal and the currency representing gold. Besides, the accumulation in the Treasury of currency of any kind exacted from the people through taxation is justly regarded as an evil, and it can not proceed far without vigorous protest against an unjustifiable retention of money from the business of the country and a denunciation of a scheme of taxation which proves itself to be unjust when it takes from the earnings and income of the citizen money so much in excess of the needs of Government support that large sums can be gathered and kept in the Treasury. Such a condition has heretofore in times of surplus revenue led the Government to restore currency to the people by the purchase of its unmatured bonds at a large premium and by a large increase of its deposits in national banks, and we easily remember that the abuse of Treasury accumulation has furnished a most persuasive argument in favor of legislation radically reducing our tariff taxation.
Perhaps it is supposed that sufficient revenue receipts would in a sentimental way improve the situation by inspiring confidence in our solvency and allaying the fear of pecuniary exhaustion. And yet through all our struggles to maintain our gold reserve there never has been any apprehension as to our ready ability to pay our way with such money as we had, and the question whether or not our current receipts met our current expenses has not entered into the estimate of our solvency. Of course the general state of our funds, exclusive of gold, was entirely immaterial to the foreign creditor and investor. His debt could only be paid in gold, and his only concern was our ability to keep on hand that kind of money.
On July 1, 1892, more than a year and a half before the first bonds were issued to replenish the gold reserve, there was a net balance in the Treasury, exclusive of such reserve, of less than $13,000,000, but the gold reserve amounted to more than $114,000,000, which was the quieting feature of the situation. It was when the stock of gold began rapidly to fall that fright supervened and our securities held abroad were returned for sale and debts owed abroad were pressed for payment. In the meantime extensive shipments of gold and other unfavorable indications caused restlessness and fright among our people at home. Thereupon the general state of our funds, exclusive of gold, became also immaterial to them, and they too drew gold from the Treasury for hoarding against all contingencies. This is plainly shown by the large increase in the proportion of gold withdrawn which was retained by our own people as time and threatening incidents progressed. During the fiscal year ending June 30, 1894, nearly $85,000,000 in gold was withdrawn from the Treasury and about $77,000,000 was sent abroad, while during the fiscal year ending June 30, 1895, over $117,000,000 was drawn out, of which only about $66,000,000 was shipped, leaving the large balance of such withdrawals to be accounted for by domestic hoarding.
Inasmuch as the withdrawal of our gold has resulted largely from fright, there is nothing apparent that will prevent its continuance or recurrence, with its natural consequences, except such a change in our financial methods as will reassure the frightened and make the desire for gold less intense. It is not clear how an increase fix revenue, unless it be in gold, can satisfy those whose only anxiety is to gain gold from the Government's store.
It can not, therefore, be safe to rely upon increased revenues as a cure for our present troubles.
It is possible that the suggestion of increased revenue as a remedy for the difficulties we are considering may have originated in an intimation or distinct allegation that the bonds which have been issued ostensibly to replenish our gold reserve were really issued to supply insufficient revenue. Nothing can be further from the truth. Bonds were issued to obtain gold for the maintenance of our national credit. As has been shown, the gold thus obtained has been drawn again from the Treasury upon United States notes and Treasury notes. This operation would have been promptly prevented if possible; but these notes having thus been passed to the Treasury, they became the money of the Government, like any other ordinary Government funds, and there was nothing to do but to use them in paying Government expenses when needed.
At no time when bonds have been issued has there been any consideration of the question of paying the expenses of Government with their proceeds. There was no necessity to consider that question. At the time of each bond issue we had a safe surplus in the Treasury for ordinary operations, exclusive of the gold in our reserve. In February, 1894, when the first issue of bonds was made, such surplus amounted to over $18,000,000; in November, when the second issue was made, it amounted to more than $42,000,000, and in February, 1895, when bonds for the third time were issued, such surplus amounted to more than $100,000,000. It now amounts to $98,072,420.30.
Besides all this, the Secretary of the Treasury had no authority whatever to issue bonds to increase the ordinary revenues or pay current expenses.
I can not but think there has been some confusion of ideas regarding the effects of the issue of bonds and the results of the withdrawal of gold. It was the latter process, and not the former, that, by substituting in the Treasury United States notes and Treasury notes for gold, increased by their amount the money which was in the first instance subject to ordinary Government expenditure.
Although the law compelling an increased purchase of silver by the Government was passed on the 14th day of July, 1890, withdrawals of gold from the Treasury upon the notes given in payment on such purchases did not begin until October, 1891. Immediately following that date the withdrawals upon both these notes and United States notes increased very largely, and have continued to such an extent that since the passage of that law there has been more than thirteen times as much gold taken out of the Treasury upon United States notes and Treasury notes issued for silver purchases as was thus withdrawn during the eleven and a half years immediately prior thereto and after the 1st day of January, 1879, when specie payments were resumed.
It is neither unfair nor unjust to charge a large share of our present financial perplexities and dangers to the operation of the laws of 1878 and 1890 compelling the purchase of silver by the Government, which not only furnished a new Treasury obligation upon which its gold could be withdrawn, but so increased the fear of an overwhelming flood of silver and a forced descent to silver payments that even the repeal of these laws did not entirely cure the evils of their existence.
While I have endeavored to make a plain statement of the disordered condition of our currency and the present dangers menacing our prosperity and to suggest a way which leads to a safer financial system, I have constantly had in mind the fact that many of my countrymen, whose sincerity I do not doubt, insist that the cure for the ills now threatening us may be found in the single and simple remedy of the free coinage of silver. They contend that our mints shall be at once thrown open to the free, unlimited, and independent coinage of both gold and silver dollars of full legal-tender quality, regardless of the action of any other government and in full view of the fact that the ratio between the metals which they suggest calls for 100 cents' worth of gold in the gold dollar at the present standard and only 50 cents in intrinsic worth of silver in the silver dollar.
Were there infinitely stronger reasons than can be adduced for hoping that such action would secure for us a bimetallic currency moving on lines of parity, an experiment so novel and hazardous as that proposed might well stagger those who believe that stability is an imperative condition of sound money.
No government, no human contrivance or act of legislation, has ever been able to hold the two metals together in free coinage at a ratio appreciably different from that which is established in the markets of the world.
Those who believe that our independent free coinage of silver at an artificial ratio with gold of 16 to 1 would restore the parity between the metals, and consequently between the coins, oppose an unsupported and improbable theory to the general belief and practice of other nations; and to the teaching of the wisest statesmen and economists of the world, both in the past and present, and, what is far more conclusive, they run counter to our own actual experiences.
Twice in our earlier history our lawmakers, in attempting to establish a bimetallic currency, undertook free coinage upon a ratio which accidentally varied from the actual relative values of the two metals not more than 3 per cent. In both cases, notwithstanding greater difficulties and cost of transportation than now exist, the coins whose intrinsic worth was undervalued. in the ratio gradually and surely disappeared from our circulation and went to other countries where their real value was better recognized.
Acts of Congress were impotent to create equality where natural causes decreed even a slight inequality.
Twice in our recent history we have signally failed to raise by legislation the value of silver. Under an act of Congress passed in 1878 the Government was required for more than twelve years to expend annually at least $24,000,000 in the purchase of silver bullion for coinage. The act of July 14, 1890, in a still bolder effort, increased the amount of silver the Government was compelled to purchase and forced it to become the buyer annually of 54,000,000 ounces, or practically the entire product of our mines. Under both laws silver rapidly and steadily declined in value. The prophecy and the expressed hope and expectation of those in the Congress who led in the passage of the last-mentioned act that it would reestablish and maintain the former parity between the two metals are still fresh in our memory.
In the light of these experiences, which accord with the experiences of other nations, there is certainly no secure ground for the belief that an act of Congress could now bridge an inequality of 50 per cent between gold and silver at our present ratio, nor is there the least possibility that our country, which has less than one-seventh of the silver money in the world, could by its action alone raise not only our own but all silver to its lost ratio with gold. Our attempt to accomplish this by the free coinage of silver at a ratio differing widely from actual relative values would be the signal for the complete departure of gold from our circulation, the immediate and large contraction of our circulating medium, and a shrinkage in the real value and monetary efficiency of all other forms of currency as they settled to the level of silver monometallism. Everyone who receives a fixed salary and every worker for wages would find the dollar in his hand ruthlessly scaled down to the point of bitter disappointment, if not to pinching privation.
A change in our standard to silver monometallism would also bring on a collapse of the entire system of credit, which, when based on a standard which is recognized and adopted by the world of business, is many times more potent and useful than the entire volume of currency and is safely capable of almost indefinite expansion to meet the growth of trade and enterprise. In a self-invited struggle through darkness and uncertainty our humiliation would be increased by the consciousness that we had parted company with all the enlightened and progressive nations of the world and were desperately and hopelessly striving to meet the stress of modern commerce and competition with a debased and unsuitable currency and in association with the few weak and laggard nations which have silver alone as their standard of value.
All history warns us against rash experiments which threaten violent changes in our monetary standard and the degradation of our currency. The past is full of lessons teaching not only the economic dangers but the national immorality that follow in the train of such experiments. I will not believe that the American people can be persuaded after sober deliberation to jeopardize their nation's prestige and proud standing by encouraging financial nostrums, nor that they will yield to the false allurements of cheap money when they realize that it must result in the weakening of that financial integrity and rectitude which thus far in our history has been so devotedly cherished as one of the traits of true Americanism.
Our country's indebtedness, whether owing by the Government or existing between individuals, has been contracted with reference to our present standard. To decree by act of Congress that these debts shall be payable in less valuable dollars than those within the contemplation and intention of the parties when contracted would operate to transfer by the fiat of law and without compensation an amount of property and a volume of rights and interests almost incalculable.
Those who advocate a blind and headlong plunge to free coinage in the name of bimetallism, and professing the belief, contrary to all experience, that we could thus establish a double standard and a concurrent circulation of both metals in our coinage, are certainly reckoning from a cloudy standpoint. Our present standard of value is the standard of the civilized world and permits the only bimetallism now possible, or at least that is within the independent reach of any single nation, however powerful that nation may be. While the value of gold as a standard is steadied by almost universal commercial and business use, it does not despise silver nor seek its banishment. Wherever this standard is maintained there is at its side in free and unquestioned circulation a volume of silver currency sometimes equaling and sometimes even exceeding it in amount both maintained at a parity notwithstanding a depreciation or fluctuation in the intrinsic value of silver.
There is a vast difference between a standard of value and a currency for monetary use. The standard must necessarily be fixed and certain. The currency may be in divers forms and of various kinds. No silver-standard country has a gold currency in circulation, but an enlightened and wise system of finance secures the benefits of both gold and silver as currency and circulating medium by keeping the standard stable and all other currency at par with it. Such a system and such a standard also give free scope for the use and expansion of safe and conservative credit, so indispensable to broad and growing commercial transactions and so well substituted for the actual use of money. If a fixed and stable standard is maintained, such as the magnitude and safety of our commercial transactions and business require, the use of money itself is conveniently minimized.
Every dollar of fixed and stable value has through the agency of confident credit an astonishing capacity of multiplying itself in financial work. Every unstable and fluctuating dollar fails as a basis of credit, and in its use begets gambling speculation and undermines the foundations of honest enterprise.
I have ventured to express myself on this subject with earnestness and plainness of speech because I can not rid myself of the belief that there lurk in the proposition for the free coinage of silver, so strongly approved and so enthusiastically advocated by a multitude of my countrymen, a serious menace to our prosperity and an insidious temptation of our people to wander from the allegiance they owe to public and private integrity. It is because I do not distrust the good faith and sincerity of those who press this scheme that I have imperfectly but with zeal submitted my thoughts upon this momentous subject. I can not refrain from begging them to reexamine their views and beliefs in the light of patriotic reason and familiar experience and to weigh again and again the consequences of such legislation as their efforts have invited. Even the continued agitation of the subject adds greatly to the difficulties of a dangerous financial situation already forced upon us.
In conclusion I especially entreat the people's representatives in the Congress, who are charged with the responsibility of inaugurating measures for the safety and prosperity of our common country, to promptly and effectively consider the ills of our critical financial plight. I have suggested a remedy which my judgment approves. I desire, however, to assure the Congress that I am prepared to cooperate with them in perfecting any other measure promising thorough and practical relief, and that I will gladly labor with them in every patriotic endeavor to further the interests and guard the welfare of our countrymen, whom in our respective places of duty we have undertaken to serve.
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