Segundo Mensaje Anual al Congreso de Martin Van Buren, del 3 de diciembre de 1838 / Second Annual Message to Congress (December 3, 1838)

(revisando)



Conciudadanos del Senado y la Cámara de Representantes:

Lo felicito por las circunstancias favorables en la condición de nuestro país en las que volver a montar para el desempeño de sus funciones oficiales. Aunque las previsiones de una cosecha abundante en todas partes no se han dado cuenta, sin embargo, en general, los trabajos del labrador son recompensados ​​con un retorno abundante; industria prospera en sus diversos canales de comunicación y las empresas; salud general prevalece nuevamente a través de nuestra amplia diversidad de climas; nada amenaza desde el exterior la continuidad de la paz externa; ni tiene nada en casa afectada la fuerza de los lazos fraternales y nacionales que constituyen la única garantía para el éxito y la permanencia de nuestra feliz Unión, y que, formado en la hora de peligro, hasta ahora se han mantenido a través de todas las vicisitudes honorablemente en nuestro nacional asuntos. Estas bendiciones, que evidencian el cuidado y la beneficencia de la Providencia, exigen nuestra devota y ferviente gratitud.

Tenemos no menos razones para estar agradecidos por otras recompensas otorgadas por la misma mano generosa, y más exclusivamente nuestra.

El presente año se cierra el primer medio siglo de nuestras instituciones federales, y nuestro sistema, a diferencia de todos los demás en el funcionamiento práctico e ilimitado reconocido que lo ha hecho durante tanto tiempo un período determinado y la soberanía del pueblo, ha sido totalmente probado por experiencia.

La Constitución ideada por nuestros antepasados ​​como el marco y el vínculo de ese sistema, entonces no probado, se ha convertido en una forma establecida de gobierno; no sólo preservar y proteger los grandes principios sobre los cuales fue redondeado, pero maravillosamente promover la felicidad individual y los intereses privados. Aunque sujeto a cambios y toda la revocación siempre que se considere inadecuado para todos estos propósitos, sin embargo, tal es la sabiduría de su construcción y tan estable ha sido el sentimiento público que se mantiene inalterado, excepto en cuestiones de detalle relativamente poco importante. Ha demostrado ser más que suficiente para que el incidente varias emergencias a nuestra condición como nación. Una guerra extranjera formidable; agitando las colisiones entre el hogar, y en algunos aspectos rival, soberanías; tentaciones de interferir en las conmociones intestinas de los países vecinos; las influencias peligrosas que se presentan en los períodos de prosperidad excesiva y las tendencias antirepublican de riqueza asociada - éstos, con otros ensayos no menos formidables, todos se han encontrado, y por lo tanto resistido mucho éxito.

Estaba reservado para la Unión Americana para probar las ventajas de un gobierno que dependen enteramente del continuo ejercicio de la voluntad popular, y nuestra experiencia ha demostrado que es tan beneficiosa en la práctica, ya que es sólo en teoría. Cada cambio sucesivo hecho en nuestras instituciones locales ha contribuido a ampliar el derecho de sufragio, se ha incrementado la influencia directa de la masa de la comunidad, dado mayor libertad al esfuerzo individual, y restringido cada vez más los poderes del Gobierno; sin embargo, la inteligencia, la prudencia y el patriotismo de la gente se ha ido a la par con esta responsabilidad aumentada. En ningún país ha sido la educación tan ampliamente difundida. Paz doméstica ha reinado la nada en tan gran medida. Los estrechos lazos de las relaciones sociales tienen en ningún caso se impuso con tanta armonía en un espacio tan vasto. Todas las formas de la religión se han unido por primera vez para difundir la caridad y la piedad, porque por primera vez en la historia de las naciones todas han sido totalmente sin trabas y absolutamente gratuita. Los rincones más profundos del desierto han sido penetradas; pero en vez de la mala educación en la condición consecuente social sobre tales aventuras en otra parte, numerosas comunidades han surgido, ya sin rival en la prosperidad, la inteligencia general, la tranquilidad interna y la sabiduría de sus instituciones políticas. Mejora interna, fruto de la iniciativa individual, fomentada por la protección de los Estados, ha añadido nuevos enlaces a la Confederación y recompensas frescos a la industria de previsión. Preguntas dudosos de la política interna del Estado en voz baja resuelta por la tolerancia mutua, y la agricultura, el comercio y las manufacturas ministrar unos a otros. Fiscalidad y la deuda pública, las cargas que soportan tan fuertemente a todos los demás países, han presionado con ligereza comparativo sobre nosotros. Sin una alianza enredo, nuestra amistad es muy apreciado por todas las naciones, y los derechos de nuestros ciudadanos sean respetados en todas partes, ya que se sabe que están custodiados por un pueblo unido, sensibles, y vigilantes.

Para esta operación práctica de nuestras instituciones, tan evidentes y exitosos, le debemos que la mayor apego a ellos, que se encuentra entre la mayoría de exposiciones Vítores de sentimiento popular y demostrará su mejor seguridad en el tiempo por venir contra asalto extranjero o nacional.

Esta revisión de los resultados de nuestras instituciones de medio siglo, sin despertar un espíritu de exultación vana, debe servir para inculcar en nosotros los grandes principios de la que han surgido - la supervisión constante y directa de la población sobre cada medida pública. tolerancia estricta por parte del Gobierno de ejercer las facultades que dudosas o en litigio, y una abstinencia cauteloso de toda interferencia con las preocupaciones que pertenecen correctamente y es mejor dejar a las regulaciones estatales y la iniciativa individual.

La información completa del estado de nuestras relaciones exteriores después de haber estado recientemente en diferentes ocasiones presentadas al Congreso, considero que es necesario ahora para señalar a su atención sólo a este tipo de eventos al igual que posteriormente ocurrido o son de tal importancia como para requerir atención especial.

Las disposiciones más amistosas siguen exhibido por todas las naciones con las que el Gobierno y los ciudadanos de los Estados Unidos tienen una relación sexual habitual. A la fecha de mi último mensaje anual México fue el único país que no pudo ser incluido en tan gratificante una referencia a nuestras relaciones exteriores.

Estoy feliz de estar ahora en condiciones de informarle que un avance se ha hecho hacia el ajuste de nuestras diferencias con esa República y la restauración de la habitual buena sensación entre las dos naciones. Este importante cambio se ha efectuado por medio de negociaciones conciliatorias que han dado lugar a la celebración de un tratado entre los dos Gobiernos, el cual, una vez ratificados, se referirá al arbitrio de una potencia amiga todos los temas de controversia entre nosotros que crecen fuera de las lesiones a las personas . Hay en la actualidad también razones para creer que un arreglo equitativo de todos los puntos en disputa se logrará sin mayor dificultad o demora innecesaria, y por lo tanto autorizar la reanudación de las relaciones diplomáticas gratis con nuestra hermana República.

Con respecto a la frontera noreste de los Estados Unidos, hay una correspondencia oficial entre este Gobierno y el de Gran Bretaña ha pasado desde que comunicó al Congreso hacia el final de su última sesión. La oferta de negociar una convención para el nombramiento de una comisión conjunta de investigación y exploración que estoy, sin embargo, aseguró será recibido por el Gobierno de Su Majestad en un espíritu conciliador y amable, y las instrucciones para habilitar el ministro británico para celebrar un acuerdo de este tipo será transmitido a él sin demora innecesaria. Se espera y se espera que estas instrucciones serán de carácter liberal, y que esta negociación, si tiene éxito, demostrará ser un paso importante hacia la solución satisfactoria y definitiva de la controversia.

Tenía la esperanza de que el respeto a las leyes y respecto de la paz y el honor de su propio país que siempre han caracterizado a los ciudadanos de los Estados Unidos habrían impedido cualquier porción de ellos el uso de cualquier medio para promover la insurrección en el territorio de una potencia con la que estamos en paz, y con el que los Estados Unidos deseosos de mantener las relaciones más amistosas. Lamento profundamente, sin embargo, que la obligación de comunicarle que este no ha sido el caso. La información se ha dado a mí, derivados de fuentes oficiales y otras, que muchos ciudadanos de los Estados Unidos se han asociado juntos para hacer incursiones hostiles de nuestro territorio en Canadá y para ayudar y instigar una insurrección allí, en violación de las obligaciones y de las leyes de la Estados Unidos y en abierto desconocimiento de sus propios deberes como ciudadanos. Esta información ha sido parcialmente confirmada por una invasión hostil realidad hecha por los ciudadanos de los Estados Unidos, junto con los canadienses y los otros, y acompañado de una toma por la fuerza de la propiedad de nuestros ciudadanos y una aplicación de los mismos a la persecución de las operaciones militares contra las autoridades y al pueblo de Canadá.

Los resultados de estos ataques criminales sobre la paz y el orden de un país vecino han sido, como era de esperar, fatalmente destructivo para las personas equivocadas o engañosas que participan en ellos y altamente perjudicial para aquellos en cuyo favor se profesaban se han llevado a cabo . Las autoridades de Canadá, de la inteligencia recibida de tales movimientos intencionales entre nuestros ciudadanos, se han sentido obligados a tomar medidas de precaución contra ellos; en realidad tienen encarnado la milicia y asumió una actitud de repeler la invasión a la que creían las colonias fueron expuestos desde los Estados Unidos. Un estado de la sensación en ambos lados de la frontera por lo tanto que se ha producido una interferencia rápida y vigorosa. Si existía una insurrección en Canadá, las disposiciones amistosas de los Estados Unidos hacia Gran Bretaña, así como su deber de sí mismos, les llevaría a mantener una estricta neutralidad y frenar a sus ciudadanos de todas las violaciónes de las leyes que han sido aprobadas por su aplicación. Pero este Gobierno reconoce una obligación aún mayor para reprimir todo intento por parte de sus ciudadanos a perturbar la paz de un país donde el orden prevalece o se ha restablecido. Las depredaciones por parte de nuestros ciudadanos sobre las naciones en paz con los Estados Unidos, o combinaciones para cometerlos, tienen en todo momento han mirado por el Gobierno estadounidense y las personas con el mayor aborrecimiento. Las incursiones militares por parte de nuestros ciudadanos en los países situados, y la comisión de actos de violencia sobre los miembros de los mismos, con el fin de efectuar un cambio en su gobierno, o bajo cualquier pretexto que sea, tiene desde el inicio de nuestro gobierno han celebraron igualmente criminal en la parte de los que participan en ellos, y tanto merecedor de castigo como serían la perturbación de la paz pública por la comisión de actos similares dentro de nuestro propio territorio.

Por ningún país o personas tienen estos principios inestimables de derecho internacional - Principios de la estricta observancia de las cuales es tan indispensable para la preservación del orden social en el mundo - con más fervor sido acariciado o sagradamente respetado que por esos hombres grandes y buenos que primero declarada y finalmente estableció la independencia de nuestro propio país. Se promulgaron y les mantienen en un período temprano y crítico de nuestra historia; que se plasmaron posteriormente en disposiciones legislativas de carácter altamente penal, el cumplimiento fiel de lo que hasta ahora ha sido, y serán, espero, siempre siguen siendo, considerado como un deber inseparablemente asociado con el mantenimiento de nuestro honor nacional. Que el pueblo de los Estados Unidos deben sentir un interés en la propagación de las instituciones políticas como libre, ya que consideran que su propio ser es natural, ni tampoco una solicitud sincera para el éxito de todos los que están en todo momento de buena fe que luchan por su adquisición se imputará a nuestros ciudadanos como un crimen. Con toda la libertad de opinión y de expresión disimulada de los mismos por su parte el Gobierno no tiene ni el derecho ni, espero, la disposición a intervenir. Pero si el interés o el honor de los Estados Unidos requiere que deberían hacerse parte en dicha lucha, y por consecuencia inevitable de la guerra que se libra en su apoyo, es una pregunta que por nuestra Constitución está sabiamente dejó al Congreso quien decida. Es por las leyes ya hechas criminal en nuestros ciudadanos para avergonzar o anticipar esa decisión por las operaciones militares no autorizadas por parte de ellos. Ofensas de este personaje, además de su criminalidad como violaciónes de las leyes de nuestro país, tienen una tendencia directa a atraer sobre nuestros propios ciudadanos en grandes los males multiplicados de una guerra extranjera y exponer a las imputaciones injuriosas la buena fe y el honor de el país. Como tales, merecen ser sacrificado con prontitud y decisión. No puedo estar equivocado, estoy seguro, en contar con el asentimiento cordial y general de nuestros conciudadanos en este sentimiento. Una copia de la proclamación que he sentido que era mi deber cuestión se adjunta comunicado. No puedo sino esperar que el buen sentido y el patriotismo, el respeto por el honor y la reputación de su país, el respeto a las leyes que ellos mismos han promulgado para su propio gobierno, y el amor al orden para que la masa de nuestro pueblo han sido tan larga y tan justamente distinguido disuadirá a los pocos comparativamente que se dedican a ellas desde una acusación adicional de tales empresas desesperadas. Mientras tanto las leyes existentes han sido y seguirán fielmente ejecutado, y se hará todo lo posible para llevarlos a cabo en toda su extensión. Si son suficientes o no para cumplir con el estado real de las cosas en la frontera de Canadá es que el Congreso decida.

Aparecerá de la correspondencia presentada por la presente que el Gobierno de Rusia rechaza una renovación del cuarto artículo de la convención de abril de 1824, entre los Estados Unidos y Su Majestad Imperial, por el artículo tercero de los cuales se ha acordado que "de aquí en adelante no no deberá estar formado por los ciudadanos de los Estados Unidos o bajo la autoridad de los citados Estados cualquier establecimiento en la costa noroeste de América, ni en ninguna de las islas adyacentes, al norte de 54 ° 40 'de latitud norte, y que de la misma manera no se hallará formado por súbditos rusos o bajo la autoridad de Rusia al sur del mismo paralelo; "y por el cuarto artículo, "que durante un período de diez años, a contar desde la firma del presente convenio, las naves de ambos poderes, o que pertenecen a sus ciudadanos o súbditos, respectivamente, recíprocamente podrá frecuente, sin ningún obstáculo que sea, los mares interiores, golfos, puertos y calas en la costa mencionado en el artículo anterior, a los efectos de la pesca y el comercio con los indígenas del país ". Las razones asignadas por negarse a renovar las disposiciones de este artículo son, en pocas palabras, que el único uso que se hace por nuestros ciudadanos de los privilegios que asegura que les ha sido suministrar a los indios con los licores espirituosos, municiones y armas de fuego; que este tráfico ha sido excluida del comercio de Rusia; y como los suministros proporcionados desde los Estados Unidos son perjudiciales para los establecimientos rusos en la costa noroeste y calculada para producir quejas entre los dos Gobiernos, Su Majestad Imperial piensa que por el interés de ambos países de no acceder a la proposición hecha por la American Gobierno para la renovación de este artículo se refiere a la última.

La correspondencia adjunta comunicado mostrará los motivos por los que sostenemos que los ciudadanos de los Estados Unidos tienen, independiente de las disposiciones de la convención de 1824, un derecho de comerciar con los nativos de la costa en cuestión en lugares no ocupados, responsable sin embargo, , se admite, que en cualquier momento extinguida por la creación de establecimientos rusos en tales puntos. Este derecho es negado por el Gobierno ruso, que afirma que la aplicación del tratado de 1824 cada parte aceptó levantar el derecho general a la tierra en las costas vacantes en los respectivos lados del grado de latitud que se refiere, y aceptada en lugar los mismos privilegios mutuos mencionados en el artículo cuarto. La capital y el tonelaje empleado por los ciudadanos en sus relaciones comerciales con la costa noroeste de América serán, tal vez, en advertirlo a las declaraciones oficiales del comercio y la navegación de los Estados Unidos durante los últimos años, se consideran demasiado insignificante en cantidad para atraer mucha atención; sin embargo, la mayo sujetos en otros aspectos merecen la cuidadosa consideración del Congreso.

Lamento tener que decir que el bloqueo de los principales puertos de la costa oriental de México, el cual, como consecuencia de las diferencias entre esa República y Francia, fue instituido en el pasado mes de mayo, por desgracia, todavía continúa, forzada por un armamento naval francesa competente, y es necesariamente vergonzoso para nuestro propio comercio en el Golfo, en común con la de otras naciones. Cada disposición, sin embargo, se cree que exista por parte del Gobierno francés para hacer esta medida tan poco onerosa de lo posible a los intereses de los ciudadanos de los Estados Unidos ya los de comercio neutral, y es de esperar que una pronta solución de las dificultades entre Francia y México pronto restablecimiento de las relaciones armoniosas anteriormente existentes entre ellos y nuevamente abrir los puertos de esa República a las naves de todas las naciones amigas.

Una convención para marcar esa parte de la frontera entre los Estados Unidos y la República de Texas, que se extiende desde la desembocadura del Sabina hasta el río Rojo se concluyó y firmó en esta ciudad el 25 de abril pasado. Desde entonces ha sido ratificado por ambos gobiernos, y se tomarán medidas estacionales para llevarla a efecto por parte de los Estados Unidos.

La aplicación de esa República para la admisión en esta Unión, realizado en agosto de 1837, y que fue rechazada por las razones ya dado a conocer, se ha retirado formalmente, como se verá en la copia adjunta de la nota del ministro plenipotenciario de Tejas , que fue presentado a la Secretaría de Estado en ocasión del canje de las ratificaciones de la Convención mencionada.

Las copias de la convención con Texas, de un tratado comercial suscrito con el rey de Grecia, y de un tratado similar con la Confederación Perú-Boliviana, las ratificaciones de los cuales han sido intercambiados recientemente, acompañan este mensaje, para la información del Congreso y para tales disposiciones legislativas que se estimen necesarias o convenientes en relación con cualquiera de ellos.

Para vigilar y promover los intereses de un comercio que aumenta gradualmente y ampliamente extendido, para proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses quienes placer o de negocios u otros motivos pueden tentar a los climas más diversos, y al mismo tiempo para cultivar esos sentimientos de respeto mutuo y la buena será que la experiencia ha demostrado ser tan beneficioso en las relaciones internacionales, el Gobierno de los Estados Unidos ha considerado conveniente de vez en cuando para establecer conexiones diplomáticas con-diferentes estados extranjeros, con el nombramiento de representantes. a residir en sus respectivos territorios. Me complace tener la posibilidad de anunciarles que desde el cierre de su última sesión de estas relaciones se han abierto bajo los mejores auspicios con Austria y las Dos Sicilias, que los nuevos nombramientos se han hecho en las respectivas misiones de Rusia, Brasil, Bélgica , y Suecia y Noruega en este país, y que un ministro extraordinario que se ha recibido, acreditados ante este Gobierno, de la Confederación Argentina.

Una exposición de los asuntos fiscales del Gobierno y de su condición durante el año pasado se hizo a usted por el Secretario de Hacienda.

El saldo disponible en el Tesoro el 1 de enero del próximo se estima en 2.765.342 dólares. Los ingresos del año a partir de costumbres y tierras probablemente ascenderán a $ 20.615.598. Estas fuentes habituales de ingresos se han incrementado en un tema de los bonos del Tesoro, de los cuales menos de $ 8 millones, incluyendo intereses y principal, estarán pendientes al final del año, y por la venta de uno de los bonos del Banco de la Estados Unidos por 2.254.871 dólares. El conjunto de medios de éstos y de otras fuentes, con el saldo de la mano en el 1 de enero pasado, se ha aplicado al pago de los créditos por el Congreso. Todo el gasto para el año en su cuenta, incluyendo el rescate de más de ocho millones de bonos del Tesoro, constituye un agregado de aproximadamente $ 40 millones, y se sigue dejando en el Tesoro el saldo antes indicado.

Casi 8.000.000 dólares de bonos del Tesoro son a pagar durante el próximo año, además de los créditos ordinarios para el apoyo del Gobierno. Tanto para estos fines los recursos del Tesoro, sin duda, será suficiente si los cargos sobre ella no se incrementen más allá de las estimaciones anuales. No exceso, sin embargo, es probable que existan. Tampoco puede la cuota aplazada del excedente de ingresos se depositará en los Estados ni los créditos considerables más allá de las estimaciones hacerse sin causar una deficiencia en el Tesoro. La gran precaución, recomendable en todo momento, de la limitación de los créditos destinados a las necesidades del servicio público se hace necesario en la actualidad por la reducción prospectivo y rápida de la tarifa, mientras que el celo vigilante evidentemente emocionada entre la gente por los sucesos de las últimas años nos asegura que ellos esperan de sus representantes, y se sostenga en el ejercicio de, la economía más rígida. Mucho se puede efectuar mediante el aplazamiento créditos que no sean inmediatamente por el servicio público ordinario o para cualquier emergencia presionando, y tanto por la reducción de los gastos en que todo y de inmediato la realización de los objetos a la vista no es indispensable.

Cuando llamamos a la mente las vergüenzas recientes y extremas producidas por problemas excesivos de títulos bancarios, agravada por el retiro imprevisto de mucho capital extranjero y el desarreglo inevitable que surge de la distribución de los excedentes de ingresos entre los Estados como es requerido por el Congreso, y consideramos la grandes gastos incurridos por la eliminación de las tribus indígenas, por las operaciones militares en la Florida, y en razón de las inusualmente grandes asignaciones hechas en los dos últimos períodos de sesiones anuales de la Asamblea para otros objetos, tenemos evidencia llamativa en el actual estado eficiente de nuestras finanzas de los abundantes recursos del país para cumplir con todas sus obligaciones. Tampoco es menos gratificante encontrar que el negocio general de la comunidad, profundamente afectados como lo ha sido, está reviviendo con vigor adicional, escarmentado por las lecciones del pasado y animada por la esperanza del futuro. Por la reducción de las emisiones de papel, por frenar el espíritu optimista y aventurero de la especulación, y por la aplicación honorable de todos los medios disponibles para el cumplimiento de las obligaciones, la confianza ha sido restaurada tanto en casa como en el extranjero, y la facilidad y facilidad asegurada a toda la operaciones de comercio.

La agencia del Gobierno en la producción de estos resultados ha sido tan eficiente como sus poderes y medios permitidos. Al retener a los Estados el depósito de la cuarta entrega, y dejando a varios millones en créditos de largo con los bancos, principalmente en una parte del país, y más inmediatamente beneficioso para él, y al mismo tiempo ayudando a los bancos y las comunidades comerciales en otras secciones de posponer el pago de bonos por deberes respecto a la cantidad de entre cuatro y cinco millones de dólares; por una cuestión de Notas del Tesoro como un medio para que el Gobierno pueda cumplir con las consecuencias de sus indulgencias, pero ofreciendo al mismo tiempo las instalaciones para las remesas y el intercambio; y por la disminución constante de emplear como depositarios generales de los ingresos públicos, o recibir las notas de todos los bancos que se negaron a redimirlos con especias - por estas medidas, ayudados por la acción favorable de algunos de los bancos y por el apoyo y la colaboración de una gran parte de la comunidad, hemos sido testigos de una pronta reanudación de los pagos specie en nuestra gran capital comercial, seguido rápidamente en casi todas partes de los Estados Unidos. Este resultado ha sido igualmente beneficioso para los verdaderos intereses de la agricultura, el comercio y las manufacturas; a la moral pública, el respeto por las leyes, y que la confianza entre el hombre y el hombre que es tan esencial en todas nuestras relaciones sociales.

El contraste entre la suspensión de 1814 y la de 1837 es más llamativo. La corta duración de este último, el pronto restablecimiento de los negocios, los evidentes beneficios resultantes de la adhesión del Gobierno a la norma constitucional de valor en lugar de sancionar a la suspensión de la recepción de papel irredimible, y las ventajas derivadas de la gran cantidad de especie introducida en el país anterior a 1837 permitirse un ejemplo valioso de la verdadera política del Gobierno en tal crisis. Tampoco puede la comparación logran eliminar la impresión de que es necesario un banco nacional en este tipo de emergencias. No sólo eran los pagos specie reanudarse sin su ayuda, pero los intercambios también se han restaurado más rápidamente que cuando existía, mostrando de este modo que el capital privado, la empresa, y la prudencia son totalmente adecuados para estos fines. En todos estos puntos la experiencia parece haber confirmado las opiniones presentadas hasta ahora ante el Congreso. Hemos sido salvados de la mortificación de ver las aflicciones de la comunidad por tercera vez aprovechado para sujetar al país tan peligroso una institución, y también podemos esperar que el negocio de los individuos en lo sucesivo será relevado de los efectos perjudiciales de una continua la agitación de ese tema preocupante. Ahora la influencia limitada de un banco nacional en la prevención de desarreglos en las bolsas del país o en obligar a la reanudación de los pagos de las especias no es menos evidente que su tendencia a incrementar la especulación excesiva por las expansiones y contracciones repentinas; su disposición a crear pánico y vergüenza para la promoción de sus propios diseños; su interferencia con la política, y su mucho mayor poder para el mal que para bien, ya sea en lo que respecta a las instituciones locales o de las operaciones de propio Gobierno. ¿Cuál fue en estos aspectos, pero la aprehensión o la opinión, cuando un banco nacional se estableció por primera vez ahora está confirmado por la experiencia humillante. Las escenas a través del cual hemos pasado concluyentemente demuestran lo poco que nuestro comercio, la agricultura, la manufactura, las finanzas o requieren tal institución, y qué peligros se vinculan a su poder - un poder, confío, nunca para ser conferida por el pueblo estadounidense sobre su Gobierno, y menos aún a los individuos que no son responsables de ellos por sus abusos inevitables.

Mi convicción de la necesidad de nuevas disposiciones legislativas para la custodia y desembolso de los dineros públicos y mi opinión en cuanto a las medidas que mejor se adapten a la realización de esos objetos han sido ya presentada a usted. Estos han sido reforzados por los recientes acontecimientos, y con la plena convicción de que el tiempo y la experiencia deben todavía demostrar aún más su decoro siento que es mi deber, con deferencia respetuosa de las opiniones contrarias de los demás, una vez más invitar a su atención.

Con la excepción de las cantidades limitadas depositados en los pocos bancos siguen empleados en el marco del acto de 1836, las cantidades recibidas por los deberes, y, con excepciones muy insignificantes, los procedentes de las tierras también, tienen ya la suspensión general de pagos de las especias por los bancos de depósito ha mantenido y desembolsado por el Tesorero en sus facultades legales generales, sujetas a la supervisión de la Secretaría de Hacienda. La conveniencia de definir más específicamente y de regular por ley el ejercicio de este amplio margen de discrecionalidad Ejecutivo ha sido ya presentado al Congreso.

Un cambio en la oficina de colector en uno de nuestros principales puertos ha sacado a la luz un desfalco de carácter más grave, los datos de los que se establecerán antes de un informe especial del Secretario de Hacienda. Por su informe y los documentos que lo acompañan, se verá que los retornos semanales del agente incumplidor aparentemente exhibieron a través de una administración fiel de los asuntos confiados a su gestión. Es, sin embargo, ahora parece que él comenzó abstrayendo los dineros públicos poco después de su nombramiento y continuó haciéndolo, aumentando progresivamente la cantidad, por el término de más de siete años, que abarca una parte del período durante el cual se depositaron los fondos públicos en el Banco de los Estados Unidos, la totalidad de la del sistema de depósito bancario del Estado, y concluir sólo en su retiro de su cargo, después de que el sistema había fracasado sustancialmente como consecuencia de la suspensión de pagos de las especias.

La forma en que este desfalco se ocultó tanto tiempo y las medidas adoptadas para indemnizar a los Estados Unidos, en la medida de lo posible, contra la pérdida también será presentado a usted. La facilidad es la que reclama imperiosamente la atención del Congreso y proporciona el motivo más fuerte para el establecimiento de un sistema más severo y seguro para el desembolso de seguridad manteniendo -y de los dineros públicos que cualquiera que ha existido hasta ahora.

Parece adecuado, en todo caso, que por una representación temprana similar a la de otros países en la aplicación de los fondos públicos por un funcionario del Gobierno para usos privados debe hacerse un delito grave y visitó a un castigo severo e ignominiosa. Esto ya está en vigor la ley en lo que respecta a la Casa de la Moneda, y ha sido productivo de los resultados más saludables. Cualquiera sea el sistema que se adopte, una sanción sería sabio como una medida independiente, ya que gran parte de los dineros públicos deben en su colección y desembolso final pasar dos veces por las manos de los funcionarios públicos, de cualquier manera que se mantienen de forma intermedia. El Gobierno, hay que reconocer, ha sido desde su inicio relativamente afortunado en este sentido. Pero el poder que se nombra no siempre puede ser bien aconsejado en sus selecciones, y la experiencia de todos los países han demostrado que los funcionarios públicos no son en todo momento la prueba contra la tentación. Es un deber, por lo tanto, que el Gobierno debe, además de a los intereses comprometidos con su cuidado como a los propios funcionarios, para proporcionar a cada guardia contra las transgresiones de este personaje que es consistente con la razón y la humanidad. El Congreso no puede ser demasiado celoso de la conducta de quienes tienen en sus manos el dinero público, y deberá estar en todo momento dispuesto a alentar una descarga mirada de este deber.

Si una cooperación más directa por parte del Congreso en la supervisión de la conducta de los oficiales encargado de la custodia y la aplicación de los fondos públicos se considere conveniente, me dará placer colaborar en el establecimiento de cualquier plan racional y constitucional por que dicho objeto se puede lograr. Usted en su sabiduría determinar sobre la conveniencia de adoptar un plan de este tipo y sobre las medidas necesarias para su ejecución eficaz. Cuando a finales del Banco de los Estados Unidos se incorporó e hizo depositaria de los dineros públicos, el derecho estaba reservada al Congreso para inspeccionar en su placer, por un comité de ese organismo, los libros y las actas del banco. En uno de los Estados, cuyas instituciones de banca se supone para clasificar entre los primeros en el punto de la estabilidad, que son sometidos a un examen constante por los comisionados designados para tal fin, y gran parte del éxito de su sistema bancario se atribuye a esta supervisión vigilante.

El mismo curso tiene también, en vista de su operación beneficiosa, adoptada por un Estado contiguo, favorablemente conocido por la atención que siempre ha otorgado a todo lo relativo a sus preocupaciones financieras. Me someto a su consideración si un comité del Congreso no podría ser empleado con provecho en la inspección, con la periodicidad que pudieran considerarse adecuada, las actividades ya las cuentas de los oficiales encargado de la custodia de los dineros públicos. El rendimiento frecuente de este deber puede ser obligatoria en el comité con respecto a los funcionarios que tienen grandes sumas de dinero en su posesión, y se fue discrecional con respecto a los demás. Pueden informar a los ejecutivos tales desfalcos como se haya concluido existe, con miras a una pronta remoción de su cargo a menos que el defecto fue satisfactoriamente representó, y el informe también al Congreso, al inicio de cada sesión, el resultado de sus exámenes y procedimientos. No me parece que con una sujeción de esta clase de funcionarios públicos a la supervisión general del Ejecutivo, a los exámenes por un comité del Congreso en los períodos de los cuales deben tener ningún aviso previo, y para el enjuiciamiento y el castigo como por delito grave por cada abuso de confianza, la custodia de los fondos públicos podría bajo el sistema propuesto se colocará sobre una base más segura de lo que ha ocupado desde entonces el establecimiento del Gobierno.

El Secretario de Hacienda pondrá antes de usted información adicional que contiene nuevos detalles sobre este interesante tema. A éstos les pido su atención temprana. Eso debería haber dado lugar a una gran diversidad de opinión no puede ser objeto de sorpresa. Después de la recogida y custodia de los fondos públicos habían sido durante tantos años relacionados con hechos y filial a la promoción de los intereses privados, una vuelta a los simples ordenanzas abnegados de la Constitución no podía sino ser difícil. Pero el tiempo y la discusión libre, provocando los sentimientos de las personas, y con la ayuda de ese espíritu conciliador que ha caracterizado siempre su curso en grandes emergencias, tomaron como base para una solución satisfactoria de la cuestión. ¿Ya tiene esta previsión, en un punto importante, al menos - la impropiedad de desviar dinero público para fines privados - ha realizado plenamente. No hay ninguna razón para suponer que la legislación sobre esa parte del asunto ahora estaría avergonzado por una diferencia de opinión, o dejar de recibir el apoyo cordial de una gran mayoría de nuestros electores.

La conexión que antes existía entre el Gobierno y los bancos era en realidad perjudicial para ambos, así como a los intereses generales de la comunidad en general. Se agrava los desastres de comercio y las alteraciones de las relaciones comerciales, y administrado nuevos entusiasmos y medios adicionales para especulaciones salvajes y temerarias, la decepción de la que lanzó al país en convulsiones de pánico, y todos, pero produce la violencia y el derramamiento de sangre. La expansión imprudente de créditos bancarios, que fue el resultado natural de las órdenes de los ingresos del Estado, amueblado con los recursos para la licencia ilimitada en todas las especies de aventura, sedujo a la industria de sus ocupaciones regulares y saludables por la esperanza de la abundancia sin trabajo, y trastornado el estado social al tentar a todos los oficios y profesiones en el vórtice de la especulación sobre contingencias remotas.

La misma influencia en toda la difusión impide también los recursos del Gobierno, redujo sus operaciones útiles, avergonzó al cumplimiento de sus obligaciones, y ha afectado gravemente la ejecución de las leyes. Grandes créditos e impuestos opresivos son las consecuencias naturales de una conexión de este tipo, ya que aumentan los beneficios de los que están autorizados a utilizar los fondos públicos, y que sea su interés de que el dinero debe ser acumulado y los gastos se multiplicaron. Es así que un poder del dinero concentrado es tentado para convertirse en un agente activo en los asuntos políticos; y toda la experiencia pasada ha demostrado de qué lado se vistió esa influencia. Nos engañamos a nosotros mismos si suponemos que, alguna vez va a ser encontrado afirmando y apoyando los derechos de la comunidad en general en oposición a las pretensiones de los pocos.

En un gobierno cuya característica distintiva debe ser una difusión y la equiparación de sus beneficios y cargas de la ventaja de los individuos será aumentada a expensas de la comunidad en general. Tampoco es la naturaleza de combinaciones para la adquisición de influencia legislativa para limitar su interferencia con el objeto único para el que se formaron originalmente. La tentación de ampliarlo a otros asuntos es, por el contrario, no pocas veces demasiado fuerte para ser resistida. Por tanto, la influencia que le corresponde en la dirección de los asuntos públicos de la masa del pueblo no es de ninguna ligero peligro de ser sensata y perjudicialmente afectado por dar a una clase relativamente pequeña pero muy eficiente un interés personal directo y exclusivo en tan importante una parte de la legislación del Congreso como el que se refiere a la custodia de los dineros públicos. Si las leyes que actúan sobre los intereses privados no siempre pueden evitarse, deben estar contenidas dentro de los límites más estrechos, y dejaron siempre que sea posible a las legislaturas de los Estados. Cuando no está por lo tanto restringida llevan a combinaciones de asociaciones poderosas, fomentar una influencia necesariamente egoísta, y gire el supuesto razonable de la legislación para fines siniestros en lugar de a los objetos que promuevan la libertad pública y promover el bien general.

Todo el tema ahora depende de ti, y no puedo dejar de expresar la esperanza de que alguna medida definitiva se adoptará en la presente reunión.

No será, estoy seguro, se considerará fuera de lugar para mí aquí señalar que la declaración de mis puntos de vista en oposición a la política de empleo de los bancos como depositarias de los fondos del gobierno no puede con justicia ser interpretado como indicativo de la hostilidad, oficial o personal, a dichas instituciones; o para repetir en este formulario y en relación con estas opiniones sujetos que he entretenidos de manera uniforme y en todas las ocasiones apropiadas expresadas. Aunque siempre se opuso a su creación en forma de privilegios exclusivos, y, como magistrado del Estado, con el objetivo de la legislación apropiada para proteger a la comunidad contra las consecuencias de su mala gestión ocasional, he querido jamás a verlos protegidas en el ejercicio de los derechos conferida por la ley, y nunca han dudado de su utilidad cuando se gestiona adecuadamente en la promoción de los intereses del comercio, ya través de ese canal los demás intereses de la comunidad. Para el Gobierno General se presentan simplemente como las instituciones del Estado, sin relación necesaria con su legislación o su administración. Al igual que otros establecimientos del Estado, que se pueden usar o no en la conducción de los asuntos del Gobierno, como la política pública y los intereses generales de la Unión puede parecer a requerir. El único principio segura o adecuada sobre la que sus relaciones con el Gobierno puede regular es la que regula sus relaciones con el ciudadano privado - el otorgamiento de beneficios mutuos. Cuando el Gobierno puede llevar a cabo una operación financiera mejor con la ayuda de los bancos de que sin ella, debe tener la libertad de buscar esa ayuda como lo haría los servicios de un banquero privado u otro capitalista o agente, dando la preferencia a aquellos que sirven en los mejores términos. Tampoco puede existir nunca un interés en los funcionarios del Gobierno General, como tal, induciéndolos a avergonzar o molestar a los bancos estatales más que incurra en la hostilidad de cualquier otra clase de instituciones del Estado o de los particulares. No está en la naturaleza de las cosas que la hostilidad hacia estas instituciones puede surgir de esta fuente, o cualquier oposición a su curso de la actividad comercial, excepto cuando ellos mismos se apartan de los objetos de su creación y tratan de usurpar los poderes no conferidos sobre ellos o para subvertir el estándar de valor establecido por la Constitución. Si bien la oposición a sus operaciones regulares no puede existir en este trimestre, la resistencia a cualquier intento de hacer que el Gobierno depende de ellos para la exitosa administración de los asuntos públicos es una cuestión de deber, como confío que nunca será de inclinación, no importa de qué motivo o consideración el intento puede originarse.

No es más que sólo para los bancos que decir que a finales de emergencia la mayoría de ellos se resistieron con firmeza las tentaciones más fuertes para extender sus emisiones de papel cuando aparentemente sostenido en una suspensión de pagos de las especias por la opinión pública, a pesar de que en algunos casos, invitado por legislativa promulgaciones. Para este curso honorable, ayudado por la resistencia del Gobierno General, actuando en obediencia a la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, a la introducción de un medio de papel irredimible, puede atribuirse en gran medida el rápido restablecimiento de nuestra moneda a un estado sólido y el negocio del país a su prosperidad acostumbrada.

Los bancos tienen que continuar en el mismo camino seguro y ser contenido en su esfera apropiada para evitar toda interferencia del Gobierno General y para derivar de ella toda la protección y los beneficios que se otorga a otros establecimientos del Estado, en el pueblo de los Estados , y en los propios Estados. En esta, su verdadera posición, que no puede dejar de asegurar la confianza y la buena voluntad del pueblo y el Gobierno, que sólo pueden perder cuando, saltando de su legítima esfera, en su intento de controlar la legislación del país y pervierte las operaciones del Gobierno para sus propios fines.

Nuestra experiencia en el acto, aprobada en la última sesión, para otorgar derechos de suscripción preferente a los colonos en las tierras públicas ha sido aún demasiado limitada para que podamos pronunciar con la seguridad de la eficacia de sus disposiciones para llevar a cabo la política sabia y liberal de el Gobierno en ese sentido. Hay, sin embargo, la mejor razón para anticipar los resultados favorables de su funcionamiento. Las recomendaciones anteriormente presentadas a usted en relación con una graduación del precio de las tierras públicas se mantienen para ser finalmente ejecutados. Habiendo encontrado ninguna razón para cambiar los puntos de vista y luego expresó, está de nuevo respetuosamente solicita su atención a ellos.

Cada ejercicio adecuado se ha hecho y se siguió llevando a cabo los deseos del Congreso en relación con el comercio del tabaco, como se indica en las diversas resoluciones de la Cámara de Representantes y la legislación de las dos ramas. Una impresión favorable tiene, confío, han realizado en los diferentes países extranjeros a los que se ha dirigido una atención particular; y aunque no podemos esperar para un cambio a principios de su política, como en muchos de ellos un ingreso cómodo y grande se deriva de los monopolios en la fabricación y venta de este artículo, sin embargo, ya que estos monopolios son realmente perjudiciales para la gente donde se estableció, y los ingresos derivados de las mismas puede ser menos perjudicial y con igual facilidad obtenido de otro y un sistema liberal de la administración, no podemos dudar de que nuestros esfuerzos se verán coronados con el tiempo, el éxito si se persiste con firmeza templada y sostenida por legislación prudente.

Al recomendar al Congreso la adopción de las disposiciones necesarias en esta sesión para dar el próximo censo o enumeración de los habitantes de los Estados Unidos, la sugerencia se presenta si el alcance de la medida no podría ser útil ampliar haciendo que se abrazan auténtica estadística rendimientos de los grandes intereses especialmente confiado o necesariamente afectados por la legislación del Congreso.

El informe que acompaña a la secretaria de la guerra presenta una explicación satisfactoria de la situación del Ejército y de las diversas ramas del servicio público confiado a la superintendencia de ese oficial.

La ley que aumenta y la organización de la institución militar de los Estados Unidos ha sido casi llevado a la práctica, y el Ejército ha sido ampliamente utilizado y útil durante la temporada pasada.

Me volvería a llamar a su atención los temas relacionados con la e imprescindibles para las defensas militares del país que se presentaron a que en la última reunión, pero que no se actúe sobre ellos, como se supone, por falta de tiempo. La más importante de ellas es la organización de la milicia en las fronteras marítimas y continentales. Esta medida se considera importante, ya que se cree que va a proporcionar una fuerza de voluntarios eficaces en la ayuda del ejército regular, y puede ser la base de un sistema general de organización para toda la milicia de los Estados Unidos. La construcción de una fundición y pólvora manufactura nacional, y uno para la toma de las armas pequeñas, la última que se encuentra en algún punto al oeste de las montañas de Allegheny, todos parecen ser de suficiente importancia para ser instado una vez más a su atención.

El plan propuesto por el Secretario de Guerra para la distribución de las fuerzas de los Estados Unidos en tiempos de paz está bien calculado para promover la regularidad y la economía en la administración fiscal del servicio, para mantener la disciplina de las tropas, y para hacerlos disponible para el mantenimiento de la paz y la tranquilidad del país. Con este punto de vista, así mismo, recomiendo la adopción del plan presentado por ese oficial para la defensa de la frontera occidental. La preservación de las vidas y propiedades de nuestros conciudadanos que se liquiden en ese país fronterizo, así como la existencia de la población india, que podrían verse tentados por nuestra falta de preparación de apresurarse en su propia destrucción y atacar los asentamientos blancos , todos parecen requerir que este tema debe actuar en consecuencia sin demora, y el departamento de guerra autorizó poner este país en un estado de defensa completa contra cualquier asalto de las numerosas y belicosas tribus que se congregaban en esa frontera.

Se me brinda placer sincero de ser capaz de informar de toda la extracción de la nación cherokee de los indios a sus nuevos hogares al oeste del Mississippi. Las medidas autorizadas por el Congreso en su última reunión, con miras a la controversia de larga data con ellos, han tenido los efectos más felices. Por un acuerdo celebrado con ellos por el general al mando en ese país, que ha realizado las tareas que se le asignen en la ocasión con la energía de elogio y de la humanidad, su eliminación ha sido principalmente bajo la dirección de sus propios jefes, y ellos han emigrado sin reticencia aparente.

La realización exitosa de este importante objeto, la eliminación también de toda la Nación Creek con la excepción de un pequeño número de fugitivos entre los Seminoles en la Florida, los progresos ya realizados hacia una pronta conclusión de la eliminación de los Chickasaws, los Choctaw, la Pottawatamies, los Ottawas y los Chippewas, con las extensas compras de tierras indias durante el presente año, han hecho que el resultado rápida y exitosa de la política de larga data del Gobierno sobre el tema de asuntos indígenas del todo ciertas. Por tanto, el motivo se considera una adecuada para colocar esta política en un punto de vista como se exonera al Gobierno de los Estados Unidos desde el reproche inmerecido que se ha echado sobre ella a través de varias administraciones sucesivas. Que una ocupación mixta del mismo territorio por el hombre blanco y el rojo es incompatible con la seguridad o la felicidad de cualquiera es una posición con respecto a la cual no ha cesado desde hace mucho tiempo a haber espacio para una diferencia de opinión. La razón y la experiencia han demostrado igualmente su inviabilidad. Los amargos frutos de todos los esfuerzos hasta ahora para superar las barreras interpuestas por naturaleza, sólo se haya destrucción, tanto física como moral, a los indios, los conflictos peligrosos de la autoridad entre los gobiernos federal y estatal, y en detrimento de la prosperidad individual del ciudadano, así como a la mejora general del país. La política de recuperación, los principios de los cuales se estableció hace más de treinta años bajo la administración del señor Jefferson, consiste en una extinción, para una consideración justa, de la titularidad de todas las tierras aún ocupadas por los indígenas en los Estados y Territorios de los Estados Unidos; su traslado a un país al oeste del Mississippi mucho más extensa y mejor adaptado a su condición de aquélla en que entonces residían; la garantía a ellos por los Estados Unidos de su posesión exclusiva de ese país para siempre, exentos de todas las intrusiones de los hombres blancos, con amplias provisiones para su seguridad contra la violencia externa y disensiones internas, y la extensión a los mismos de instalaciones adecuadas para su progreso en civilización. Esta no ha sido la política de sólo Administraciones particulares, sino de cada uno en la serie desde el primer intento de llevarlo a cabo bajo la de Mr. Monroe. Todos han trabajado para su realización, sólo con diferentes grados de éxito. La forma de su ejecución ha, es cierto, de vez en cuando dado lugar a conflictos de opinión y de las imputaciones injustas; pero con respecto a la sabiduría y la necesidad de la política en sí misma no tiene no desde el principio existía una duda en la mente de cualquier calmado, juicioso amigo, desinteresado de la raza india acostumbrado a la reflexión e iluminada por la experiencia.

Ocupando el doble carácter de contratista por cuenta propia y guardián de las partes un contrato con, fue apenas a esperar que las relaciones del Gobierno Federal con las tribus indias escaparían tergiversación. Eso no ocurrió enferma la pronta solución de este país, como en todos los demás donde la raza civilizada ha sucedido en sus posesiones de los salvajes, los casos de opresión y fraude por parte de la antigua hay demasiada razón para creer. No hay tales delitos pueden, sin embargo, se cobrará con justicia a este Gobierno ya que se convirtió en libre de seguir su propio curso. Sus relaciones con las tribus indias han sido sólo .and amable en todo momento; sus esfuerzos para su constante civilización, y dirigida por los mejores sentimientos de la humanidad; su vigilancia en los protege de los fraudes individuales incansables; su tolerancia en las provocaciones más agudos, las lesiones más profundas, y los atropellos más flagrantes puede impugnar al menos una comparación con cualquier nación, antigua o moderna, en circunstancias similares; y si en los tiempos futuros se encuentra una nación poderosa y civilizada, y feliz de indígenas a existir dentro de los límites de este continente del norte que se debe a la consumación de esa política que ha sido atacado tan injustamente. Sólo una breve referencia a los hechos en la confirmación de esta afirmación puede en esta forma puede dar, y por lo tanto se refiere necesariamente al informe de la Secretaría de Guerra para más detalles. Para los Cherokees, cuyo caso ha entusiasmado quizá la mayor parte de la atención y simpatía, los Estados Unidos han otorgado en la cuota, con una garantía perpetua de la posesión exclusiva y pacífica, 13.554.135 acres de tierra en el lado oeste del Mississippi, eligibly situados, en un clima saludable, y en todos los aspectos más adecuados a su condición de país que han dejado, a cambio de sólo 9,492, 160 acres en el lado este del mismo río. Los Estados Unidos han además estipula que pagarles $ 5600000 por su interés y mejoras en las tierras así renunciado, y $ 1.160.000 para otros fines benéficos subsistencia y, poniendo así en su poder para convertirse en una de las comunidades separadas más ricos e independientes de la misma medida en el mundo.

Por los tratados firmados y ratificados con la Miamies, los Chippewas, los sioux, los sacos y zorros, y los Winnebagoes durante el año pasado el título de la India a 18.458.000 hectáreas se ha extinguido. Estas compras han sido mucho más amplios que los de cualquier año anterior, y tienen, con otros gastos de la India, transmitidas por muy gran medida de la Tesorería. Se van, sin embargo, sólo una pequeña cantidad de las tierras indias Unbought dentro de los estados y territorios, y la Legislatura y el Ejecutivo fueron igualmente sensible de la conveniencia de una extinción final y más rápida de títulos indios dentro de esos límites. Los tratados, que estaban con una sola excepción hecha en virtud de los créditos anteriores para sufragar los gastos, han sido posteriormente ratificada por el Senado, y recibió la sanción del Congreso de los créditos necesarios para llevar a la práctica. De los términos en los que se celebraron esas negociaciones importantes que puedo hablar desde el conocimiento directo, y me siento ninguna dificultad en afirmar que el interés de los indios en el extenso territorio abrazado por ellos se debe pagar por su valor razonable, y que no condiciones más favorables se han concedido a los Estados Unidos de lo que hubiera podido esperarse razonablemente en una negociación con los hombres civilizados plenamente capaces de apreciar y proteger sus propios derechos. Para el título de la India a 116.349.897 hectáreas adquiridas desde el 4 de marzo de 1829, los Estados Unidos han pagado $ 72.560.056 en anualidades permanentes, tierras, reservas de indios, los gastos de traslado y de subsistencia, mercancía, establecimientos e implementos mecánicos y agrícolas. Cuando se consideran los grandes gastos efectuados por los Estados Unidos y la circunstancia de que una porción tan grande de todo el territorio será para siempre invendible, y este precio se compara con la de los que los Estados Unidos vender sus tierras, nadie puede dudar de que se ha hecho justicia a los indios en estas compras también. Cierto es que las transacciones del Gobierno Federal con los indios se han caracterizado de manera uniforme por un deseo sincero y de suma importancia para promover su bienestar; y debe ser una fuente de la más alta satisfacción a cada amigo para la justicia y la humanidad al enterarse de que no obstante los obstáculos de tiempo en tiempo tirado en el camino y las dificultades que han surgido de la naturaleza peculiar e impracticable del carácter de los indios, la , humana y política sin desviaciones sabio del Gobierno en esta la más difícil de todas nuestras relaciones, extranjeros o nacionales, ha sido ampliamente justificado al mundo en su cercanía a una consumación feliz y seguro.

La condición de las tribus que ocupan el país escogido para ellos en Occidente es muy próspera, y alienta la esperanza de su civilización temprana. Han en su mayor parte abandonada del estado cazador y dirigido su atención a actividades agrícolas. Todos los que se han establecido por mucho tiempo en esa fértil región mantienen a sí mismos por su propia industria. Hay entre ellos comerciantes de ningún capital considerable, y los plantadores exportadores de algodón, hasta cierto punto, pero el mayor número son los pequeños agricultores, que viven en la comodidad de la producción de sus granjas. Los emigrantes recientes, a pesar de que en algunos casos han quitado a regañadientes, han aceptado fácilmente en su destino inevitable. Han encontrado a la vez una recompensa por los sufrimientos pasados ​​y un incentivo a los hábitos industriosos en la abundancia y comodidades que les rodea. Hay razones para creer que todas estas tribus son amables en sus sentimientos hacia los Estados Unidos; y es de esperar que la adquisición de la riqueza individual, las actividades de la agricultura, y los hábitos de la industria sepultará gradualmente sus propensiones bélicas y inclinarlos para mantener la paz entre ellos. Para efectuar este objeto deseable la atención del Congreso se solicita a las medidas recomendadas por el Secretario de Guerra para su futuro gobierno y la protección, así el uno del otro a partir de la hostilidad de las tribus guerreras que los rodean y las intrusiones de los blancos. La política del Gobierno les ha dado un hogar permanente y que les garantiza su posesión pacífica y sin molestias. Sólo resta darles un gobierno y las leyes que alentar a la industria y asegurar para ellos las recompensas de sus esfuerzos. La importancia de una cierta forma de gobierno no puede ser demasiado insistió. Los primeros efectos serán a disminuir las causas y ocasiones de las hostilidades entre las tribus, para inspirar un interés en la observancia de las leyes a las que tendrán ellos asintieron, y para multiplicar los valores de la propiedad y los motivos para la superación personal. Íntimamente relacionada con este tema es el establecimiento de las defensas militares recomendadas por el Secretario de la Guerra, que ya han sido mencionados. Sin ellos, el Gobierno no podrá hacer nada para redimir a su compromiso de protección a los indígenas que emigran en contra de las numerosas tribus guerreras que los rodean y para velar por la seguridad de los colonos de la frontera de los Estados limítrofes.

El caso de los Seminoles constituye en la actualidad la única excepción a los exitosos esfuerzos del Gobierno para eliminar a los indios a los hogares los asignados al oeste del Mississippi. Cuatrocientos de esta tribu emigró en 1836 y 1.500 en 1837 y 1838, dejando en el país, que se supone, unos 2.000 indios. La conducta traicionera continuado de estas personas; el salvaje y asesinatos no provocados que últimamente han comprometido, despiece familias enteras de los pobladores del territorio, sin distinción de edad o sexo, y hacer su camino en el centro y el corazón del país, de manera que ninguna parte del mismo está libre de su estragos; sus frecuentes ataques a las luz de las casas a lo largo de esa costa peligrosa, y la barbarie con la que han asesinado a los pasajeros y las tripulaciones de dichos barcos, han sido destrozados en los arrecifes y cayos que bordean el Golfo, dejan el Gobierno otra alternativa que continuar las operaciones militares contra ellos hasta que sean totalmente expulsados ​​de Florida. Hay otros motivos que instan al Gobierno a continuar este curso hacia los Seminoles. Los Estados Unidos han cumplido de buena fe todas sus estipulaciones de tratados con las tribus indias, y haber en cualquier otra instancia insistido en una actuación como de sus obligaciones. Para descansar de esta regla saludable porque los Seminoles hubieran mantenido tanto tiempo en el territorio que habían renunciado, y haciendo caso omiso de sus compromisos solemnes frecuentes y todavía seguir librando una guerra despiadada contra los Estados Unidos, no sólo sería evidenciar una falta de constancia por nuestra parte, pero ser de mal ejemplo en nuestras relaciones con otras tribus. La experiencia ha demostrado que muy poco se gana por la marcha de los ejércitos a través de un país tan cruzado con pantanos inaccesibles y pantanos, y que, por el carácter fatal del clima, debe ser abandonada a finales del invierno. Recomiendo, por tanto, a su atención el plan presentado por el Secretario de Guerra en el informe adjunto, para la ocupación permanente de la parte del territorio liberado de los indios y la protección más eficaz de los habitantes de la Florida desde su guerra inhumana.

Desde el informe del Secretario de la Marina transmite adjunto se verá que una gran parte de la fuerza naval desechable se sea trabajador activo o en un estado de preparación para los efectos de la experiencia y la disciplina y la protección. de nuestro comercio. Tan eficaz ha sido esta protección que la medida en que la información del Gobierno se extiende ni una sola indignación se ha intentado en un buque con la bandera de los Estados Unidos en el presente año, en cualquier trimestre, sin embargo distante o expuesta.

La expedición zarpó de Norfolk explorando el 19 de agosto del año pasado, y se ha recibido información de su llegada a buen puerto en la isla de Madeira. El mejor espíritu anima a los oficiales y tripulaciones, y hay muchas razones para anticipar a partir de sus esfuerzos de resultados beneficiosos para el comercio y honorables a la nación.

También se verá que se contempla ninguna reducción de la fuerza de ahora en comisión. El estado inestable de una parte de América del Sur hace que sea indispensable que nuestro comercio debería recibir protección en dicho trimestre; las enormes y crecientes intereses se embarcaron en el comercio de los mares de la India y de China, en la pesca de ballenas del Océano Pacífico y en el Golfo de México requieren la misma atención a su seguridad, y un pequeño escuadrón se pueden utilizar con gran ventaja en nuestra costa atlántica en el cumplimiento de las demandas repentinas para el reenforcement de otras estaciones, en la ayuda a los buques mercantes en peligro, de prestarse el servicio activo a un número adicional de oficiales, y en visitar los diferentes puertos de los Estados Unidos, un conocimiento exacto de lo que es, obviamente, de la más alta importancia.

La atención del Congreso se llama respetuosamente a la parte del informe de recomendar un aumento en el número de barcos más pequeños, y para otras sugerencias que figuran en ese documento. El rápido aumento y la amplia expansión de nuestro comercio, que es todos los días en busca de nuevas vías de aventura rentable; la absoluta necesidad de una fuerza naval para su protección, precisamente, en el grado de su extensión; una debida atención a los derechos nacionales y el honor; el recuerdo de sus antiguas hazañas, y la anticipación de sus futuros triunfos cada vez que se presente la oportunidad, que podemos disfrutar con razón de la experiencia del pasado - todo parece apuntar a la Armada como un brazo más eficiente de nuestra defensa nacional y un adecuado objeto de estímulo legislativo.

El progreso y el estado de la oficina de correos de Departamento serán vistos por referencia al informe del Director General de Correos. La extensión de los post-caminos cubiertos por contratos de correo se dice que es 134,818 millas, y el transporte anual sobre ellos 34580202 millas. El número de oficinas de correo en los Estados Unidos es de 12.553, y en rápido aumento. El ingreso bruto para el año que termina el día 30 de junio pasado fue $ 4.262.145; los gastos devengados, $ 4,680,068; exceso de gastos, 417.923 dólares. Esto se ha hecho subir de los excedentes previamente a la mano. El efectivo en caja en la primera instantánea fue 314,068 dólares. Los ingresos para el año termina en junio 30 de 1838, fue $ 161,540 más que eso para el año que finalizó el 30 de junio de 1837 Los gastos del Departamento se habían graduado en la previsión de un aumento de los ingresos en gran medida. Una reducción moderada del servicio de correo en consecuencia fue necesario, y se ha efectuado, para blindar el Departamento contra el peligro de la vergüenza. Sus ingresos está mejorando, y que pronto reanudará su curso hacia adelante en la marcha de la mejora.

Se solicita su atención particular tanto del informe Postmaster Generales como se relaciona con el transporte de los mails sobre ferrocarriles. Las leyes sobre el tema no parecen suficientes para asegurar que el servicio, ahora convertido en casi imprescindible para los intereses públicos, y al mismo tiempo proteger el Departamento de combinaciones y demandas poco razonables.

Tampoco puedo yo también sinceramente su atención a la necesidad de proporcionar un edificio más seguro de este Departamento. El peligro de la destrucción a la que sus libros y papeles importantes están continuamente expuestos, además del carácter altamente combustible del edificio ocupado como de la de otros en la vecindad, pide a gritos una acción rápida.

Está de nuevo con seriedad invita a su atención a las sugerencias y recomendaciones presentadas en el último período de sesiones en relación con el Distrito de Columbia.

Siento que es mi deber también para señalar a su atención determinados procedimientos en la ley que han sido recientemente objeto de diligencias en este Distrito en nombre de los Estados Unidos, sobre la relación de los señores. Stockton y Stokes, del Estado de Maryland, contra el Jefe de Correos Cuestiones generales, y que han dado como resultado el pago de dinero del Tesoro Nacional, por primera vez desde el establecimiento del Gobierno, por la coacción judicial ejercido por el derecho común mandamiento de seguridad emitida por el tribunal de circuito de este Distrito.

Los hechos del caso y los motivos de los procedimientos se encuentran plenamente expresadas en el informe de la decisión, y cualquier información adicional que usted desee serán suministrados por el Departamento adecuada. No hay interferencia en el caso particular se contempla. El dinero ha sido pagado, los reclamos de los fiscales se han cumplido, y todo el tema, hasta el momento en que les corresponda, se eliminará finalmente; pero es en el supuesto de que el caso puede ser considerado como una exposición autorizada de la ley tal como está ahora que he pensado que es necesario presentar a su consideración.

El objeto de la demanda ante la corte de circuito era obligar al Director General de Correos para llevar a efecto el laudo dictado por el Procurador del Tesoro, bajo una ley especial del Congreso para la solución de ciertos reclamos de los relatores en la oficina de correos Departamento, que adjudicará el Postmaster general se negó a ejecutar en su totalidad hasta que él debería recibir más orientación legislativa sobre el tema. Si el deber impuesto en el Director General de Correos por esa ley debía ser considerado como uno de carácter oficial, que pertenece a su oficio como una rama del ejecutivo, entonces es obvio que la competencia constitucional del poder judicial para dirigir y controlarlo en su descarga fue dibujado necesariamente que se trate; y si el derecho lo impuso en el Postmaster General debía considerarse como meramente ministerial, y no ejecutivo, aún queda por demostrado que el tribunal de circuito de este Distrito tiene autoridad para interferir por mandamus, tal poder tener nunca antes ha sido afirmado o reclamados por ese tribunal. Con miras a la solución de estas cuestiones importantes, la sentencia del tribunal de circuito se realizó mediante un auto de error a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En la opinión de este tribunal la obligación impuesta al Director General de Correos no era un deber ejecutivo oficial, sino una de carácter meramente ministerial. Las cuestiones constitucionales graves que se habían examinado, por tanto, fueron excluidos de la decisión del caso, el tribunal, en efecto, admitiendo expresamente que con los poderes y deberes que pertenecen propiamente al ejecutivo ningún otro departamento puede inter-ferir por el mandamiento de seguridad; y por lo tanto la cuestión se resolvió en esto: ¿Ha conferido el Congreso de la corte de circuito de este Distrito la facultad de emitir un mandamiento tal a un oficial del Gobierno General al mando de él para llevar a cabo un acto ministerial? Una mayoría de la corte han decidido que no tiene, pero han redondeado su decisión en un proceso de razonamiento que a mi juicio hace más de disposición legal indispensable para los intereses públicos y la administración equitativa de la justicia.

Desde hace tiempo ya ha decidido por la Corte Suprema de que ni ese tribunal ni los tribunales de circuito de los Estados Unidos, que tuvo lugar en los respectivos Estados, poseen el poder de que se trate; pero ahora se sostuvo que este poder, se les niega a estos dos altos tribunales (a la antigua por la Constitución y el último por el Congreso), ha sido por su legislación recae en el tribunal de circuito de este Distrito. No existe el subsidio directo del poder de la corte de circuito de este Distrito se afirma, sino que se ha celebrado a resultar por necesaria implicación de varias secciones de la ley que establece el tribunal. Una de estas secciones declara que las leyes de Maryland, tal como existían en el momento de la cesión, debe estar en vigor en esa parte del Distrito cedidos por el Estado, y por esta disposición de la ley común en los casos civiles y penales, como que prevaleció en Maryland en 1801, se estableció en esa parte del Distrito.

En Inglaterra la corte de Bench de rey - porque el Soberano, quien, de acuerdo con la teoría de la constitución, es la fuente de la justicia originalmente se sentó allí en persona, y todavía se considera presente en la construcción de la ley - el único que posee la de alta potencia de emisión del mandamiento de seguridad, no sólo a las jurisdicciones inferiores y las empresas, sino también a los magistrados y demás, ordenándoles en nombre del Rey 's para hacer lo que su deber exige en los casos en que existe un derecho adquirido y no otra específica remedio. Se ha celebrado en el supuesto contemplado que, como la Corte Suprema de los Estados Unidos es que la Constitución vuelve incompetente para ejercer este poder, y como el tribunal de circuito de este Distrito es un tribunal de jurisdicción general en los casos de derecho común, y el más alto tribunal de primera instancia en el Distrito, el derecho de emitir el auto de mandamus es incidente a sus poderes de hecho. Otro motivo invocado para mantener el poder en cuestión es que fue incluido por la construcción justo en los poderes otorgados a las Cortes de Circuito de los Estados Unidos por el acto "prever la organización más conveniente de los tribunales de los Estados Unidos" pasado 13 de febrero 1801; que el acto constitutivo de la corte de circuito de este Distrito, aprobada el día 27 de febrero de 1801, que le confiere ese tribunal y los jueces de los mismos los mismos poderes que eran por la ley recae en los tribunales de distrito de los Estados Unidos y en los jueces de la dichos tribunales; que la derogación de la mencionada en primer acto, que tuvo lugar en el año que viene, no ceder la corte de circuito de este distrito de la autoridad en la disputa, pero lo dejó todavía vestido con los poderes sobre el tema que, se admite, fueron llevados lejos de los tribunales de circuito de los Estados Unidos por la derogación de la Ley de 13 de febrero 1801.

Admitiendo que la adopción de las leyes de Maryland para una parte de este Distrito confiere a la corte de circuito del mismo, en esa parte, los poderes de prerrogativa extrajudiciales trascendentes de la corte de Bench de rey en Inglaterra, o que cualquiera de los actos del Congreso por el necesario implicación autoriza la antigua corte que emita un auto de mandamus a un oficial de los Estados Unidos para obligarle a cumplir un deber ministerial, las consecuencias son en un aspecto de la misma. El resultado en ambos casos es que los funcionarios de los Estados Unidos estacionadas en diferentes partes de los Estados Unidos son, en relación con el desempeño de sus funciones oficiales, sujetos a diferentes leyes y una supervisión diferente - las de los Estados a una regla , y los que en el Distrito de Columbia a otra y muy diferente. En el distrito de su conducta oficial está sujeta a un control judicial de la que en los Estados que están exentos.

Lo que diferencia de opinión puede existir en cuanto a la conveniencia de conferir un poder tal en el Poder Judicial en un sistema de gobierno constituido como el de los Estados Unidos, todos deben estar de acuerdo que estas discrepancias despectivos en la ley y en la administración de justicia no debe que le permite continuar; y que el Congreso solo puede proporcionar el remedio, el sujeto está inevitablemente presentado a su consideración.

Original

Fellow-Citizens of the Senate and House of Representatives:

I congratulate you on the favorable circumstances in the condition of our country under which you reassemble for the performance of your official duties. Though the anticipations of an abundant harvest have not everywhere been realized, yet on the whole the labors of the husbandman are rewarded with a bountiful return; industry prospers in its various channels of business and enterprise; general health again prevails through our vast diversity of climate; nothing threatens from abroad the continuance of external peace; nor has anything at home impaired the strength of those fraternal and domestic ties which constitute the only guaranty to the success and permanency of our happy Union, and which, formed in the hour of peril, have hitherto been honorably sustained through every vicissitude in our national affairs. These blessings, which evince the care and beneficence of Providence, call for our devout and fervent gratitude.

We have not less reason to be grateful for other bounties bestowed by the same munificent hand, and more exclusively our own.

The present year closes the first half century of our Federal institutions, and our system, differing from all others in the acknowledged practical and unlimited operation which it has for so long a period given to the sovereignty of the people, has now been fully tested by experience.

The Constitution devised by our forefathers as the framework and bond of that system, then untried, has become a settled form of government; not only preserving and protecting the great principles upon which it was rounded, but wonderfully promoting individual happiness and private interests. Though subject to change and entire revocation whenever deemed inadequate to all these purposes, yet such is the wisdom of its construction and so stable has been the public sentiment that it remains unaltered except in matters of detail comparatively unimportant. It has proved amply sufficient for the various emergencies incident to our condition as a nation. A formidable foreign war; agitating collisions between domestic, and in some respects rival, sovereignties; temptations to interfere in the intestine commotions of neighboring countries; the dangerous influences that arise in periods of excessive prosperity, and the antirepublican tendencies of associated wealth--these, with other trials not less formidable, have all been encountered, and thus far successfully resisted.

It was reserved for the American Union to test the advantages of a government entirely dependent on the continual exercise of the popular will, and our experience has shown that it is as beneficent in practice as it is just in theory. Each successive change made in our local institutions has contributed to extend the right of suffrage, has increased the direct influence of the mass of the community, given greater freedom to individual exertion, and restricted more and more the powers of Government; yet the intelligence, prudence, and patriotism of the people have kept pace with this augmented responsibility. In no country has education been so widely diffused. Domestic peace has nowhere so largely reigned. The close bonds of social intercourse have in no instance prevailed with such harmony over a space so vast. All forms of religion have united for the first time to diffuse charity and piety, because for the first time in the history of nations all have been totally untrammeled and absolutely free. The deepest recesses of the wilderness have been penetrated; yet instead of the rudeness in the social condition consequent upon such adventures elsewhere, numerous communities have sprung up, already unrivaled in prosperity, general intelligence, internal tranquillity, and the wisdom of their political institutions. Internal improvement, the fruit of individual enterprise, fostered by the protection of the States, has added new links to the Confederation and fresh rewards to provident industry. Doubtful questions of domestic policy have been quietly settled by mutual forbearance, and agriculture, commerce, and manufactures minister to each other. Taxation and public debt, the burdens which bear so heavily upon all other countries, have pressed with comparative lightness upon us. Without one entangling alliance, our friendship is prized by every nation, and the rights of our citizens are everywhere respected, because they are known to be guarded by a united, sensitive, and watchful people.

To this practical operation of our institutions, so evident and successful, we owe that increased attachment to them which is among the most cheering exhibitions of popular sentiment and will prove their best security in time to come against foreign or domestic assault.

This review of the results of our institutions for half a century, without exciting a spirit of vain exultation, should serve to impress upon us the great principles from which they have sprung--constant and direct supervision by the people over every public measure. strict forbearance on the part of the Government from exercising any doubtful or disputed powers, and a cautious abstinence from all interference with concerns which properly belong and are best left to State regulations and individual enterprise.

Full information of the state of our foreign affairs having been recently on different occasions submitted to Congress, I deem it necessary now to bring to your notice only such events as have subsequently occurred or are of such importance as to require particular attention.

The most amicable dispositions continue to be exhibited by all the nations with whom the Government and citizens of the United States have an habitual intercourse. At the date of my last annual message Mexico was the only nation which could not be included in so gratifying a reference to our foreign relations.

I am happy to be now able to inform you that an advance has been made toward the adjustment of our differences with that Republic and the restoration of the customary good feeling between the two nations. This important change has been effected by conciliatory negotiations that have resulted in the conclusion of a treaty between the two Governments, which, when ratified, will refer to the arbitrament of a friendly power all the subjects of controversy between us growing out of injuries to individuals. There is at present also reason to believe that an equitable settlement of all disputed points will be attained without further difficulty or unnecessary delay, and thus authorize the free resumption of diplomatic intercourse with our sister Republic.

With respect to the northeastern boundary of the United States, no official correspondence between this Government and that of Great Britain has passed since that communicated to Congress toward the close of their last session. The offer to negotiate a convention for the appointment of a joint commission of survey and exploration I am, however, assured will be met by Her Majesty's Government in a conciliatory and friendly spirit, and instructions to enable the British minister here to conclude such an arrangement will be transmitted to him without needless delay. It is hoped and expected that these instructions will be of a liberal character, and that this negotiation, if successful, will prove to be an important step toward the satisfactory and final adjustment of the controversy.

I had hoped that the respect for the laws and regard for the peace and honor of their own country which have ever characterized the citizens of the United States would have prevented any portion of them from using any means to promote insurrection in the territory of a power with which we are at peace, and with which the United States are desirous of maintaining the most friendly relations. I regret deeply, however, to be obliged to inform you that this has not been the case. Information has been given to me, derived from official and other sources, that many citizens of the United States have associated together to make hostile incursions from our territory into Canada and to aid and abet insurrection there, in violation of the obligations and laws of the United States and in open disregard of their own duties as citizens. This information has been in part confirmed by a hostile invasion actually made by citizens of the United States, in conjunction with Canadians and others, and accompanied by a forcible seizure of the property of our citizens and an application thereof to the prosecution of military operations against the authorities and people of Canada.

The results of these criminal assaults upon the peace and order of a neighboring country have been, as was to be expected, fatally destructive to the misguided or deluded persons engaged in them and highly injurious to those in whose behalf they are professed to have been undertaken. The authorities in Canada, from intelligence received of such intended movements among our citizens, have felt themselves obliged to take precautionary measures against them; have actually embodied the militia and assumed an attitude to repel the invasion to which they believed the colonies were exposed from the United States. A state of feeling on both sides of the frontier has thus been produced which called for prompt and vigorous interference. If an insurrection existed in Canada, the amicable dispositions of the United States toward Great Britain, as well as their duty to themselves, would lead them to maintain a strict neutrality and to restrain their citizens from all violations of the laws which have been passed for its enforcement. But this Government recognizes a still higher obligation to repress all attempts on the part of its citizens to disturb the peace of a country where order prevails or has been reestablished. Depredations by our citizens upon nations at peace with the United States, or combinations for committing them, have at all times been regarded by the American Government and people with the greatest abhorrence. Military incursions by our citizens into countries so situated, and the commission of acts of violence on the members thereof, in order to effect a change in their government, or under any pretext whatever, have from the commencement of our Government been held equally criminal on the part of those engaged in them, and as much deserving of punishment as would be the disturbance of the public peace by the perpetration of similar acts within our own territory.

By no country or persons have these invaluable principles of international law--principles the strict observance of which is so indispensable to the preservation of social order in the world--been more earnestly cherished or sacredly respected than by those great and good men who first declared and finally established the independence of our own country. They promulgated and maintained them at an early and critical period in our history; they were subsequently embodied in legislative enactments of a highly penal character, the faithful enforcement of which has hitherto been, and will, I trust, always continue to be, regarded as a duty inseparably associated with the maintenance of our national honor. That the people of the United States should feel an interest in the spread of political institutions as free as they regard their own to be is natural, nor can a sincere solicitude for the success of all those who are at any time in good faith struggling for their acquisition be imputed to our citizens as a crime. With the entire freedom of opinion and an undisguised expression thereof on their part the Government has neither the right nor, I trust, the disposition to interfere. But whether the interest or the honor of the United States requires that they should be made a party to any such struggle, and by inevitable consequence to the war which is waged in its support, is a question which by our Constitution is wisely left to Congress alone to decide. It is by the laws already made criminal in our citizens to embarrass or anticipate that decision by unauthorized military operations on their part. Offenses of this character, in addition to their criminality as violations of the laws of our country, have a direct tendency to draw down upon our own citizens at large the multiplied evils of a foreign war and expose to injurious imputations the good faith and honor of the country. As such they deserve to be put down with promptitude and decision. I can not be mistaken, I am confident, in counting on the cordial and general concurrence of our fellow-citizens in this sentiment. A copy of the proclamation which I have felt it my duty to issue is herewith communicated. I can not but hope that the good sense and patriotism, the regard for the honor and reputation of their country, the respect for the laws which they have themselves enacted for their own government, and the love of order for which the mass of our people have been so long and so justly distinguished will deter the comparatively few who are engaged in them from a further prosecution of such desperate enterprises. In the meantime the existing laws have been and will continue to be faithfully executed, and every effort will be made to carry them out in their full extent. Whether they are sufficient or not to meet the actual state of things on the Canadian frontier it is for Congress to decide.

It will appear from the correspondence herewith submitted that the Government of Russia declines a renewal of the fourth article of the convention of April, 1824, between the United States and His Imperial Majesty, by the third article of which it is agreed that "hereafter there shall not be formed by the citizens of the United States or under the authority of the said States any establishment upon the northwest coast of America, nor in any of the islands adjacent, to the north of 54° 40' of north latitude, and that in the same manner there shall be none formed by Russian subjects or under the authority of Russia south of the same parallel;" and by the fourth article, "that during a term of ten years, counting from the signature of the present convention, the ships of both powers, or which belong to their citizens or subjects, respectively, may reciprocally frequent, without any hindrance whatever, the interior seas, gulfs, harbors, and creeks upon the coast mentioned in the preceding article, for the purpose of fishing and trading with the natives of the country." The reasons assigned for declining to renew the provisions of this article are, briefly, that the only use made by our citizens of the privileges it secures to them has been to supply the Indians with spirituous liquors, ammunition, and firearms; that this traffic has been excluded from the Russian trade; and as the supplies furnished from the United States are injurious to the Russian establishments on the northwest coast and calculated to produce complaints between the two Governments, His Imperial Majesty thinks it for the interest of both countries not to accede to the proposition made by the American Government for the renewal of the article last referred to.

The correspondence herewith communicated will show the grounds upon which we contend that the citizens of the United States have, independent of the provisions of the convention of 1824, a right to trade with the natives upon the coast in question at unoccupied places, liable, however, it is admitted, to be at any time extinguished by the creation of Russian establishments at such points. This right is denied by the Russian Government, which asserts that by the operation of the treaty of 1824 each party agreed to waive the general right to land on the vacant coasts on the respective sides of the degree of latitude referred to, and accepted in lieu thereof the mutual privileges mentioned in the fourth article. The capital and tonnage employed by our citizens in their trade with the northwest coast of America will, perhaps, on adverting to the official statements of the commerce and navigation of the United States for the last few years, be deemed too inconsiderable in amount to attract much attention; yet the subject may in other respects deserve the careful consideration of Congress.

I regret to state that the blockade of the principal ports on the eastern coast of Mexico, which, in consequence of differences between that Republic and France, was instituted in May last, unfortunately still continues, enforced by a competent French naval armament, and is necessarily embarrassing to our own trade in the Gulf, in common with that of other nations. Every disposition, however, is believed to exist on the part of the French Government to render this measure as little onerous as practicable to the interests of the citizens of the United States and to those of neutral commerce, and it is to be hoped that an early settlement of the difficulties between France and Mexico will soon reestablish the harmonious relations formerly subsisting between them and again open the ports of that Republic to the vessels of all friendly nations.

A convention for marking that part of the boundary between the United States and the Republic of Texas which extends from the mouth of the Sabine to the Red River was concluded and signed at this city on the 25th of April last. It has since been ratified by both Governments, and seasonable measures will be taken to carry it into effect on the part of the United States.

The application of that Republic for admission into this Union, made in August, 1837, and which was declined for reasons already made known to you, has been formally withdrawn, as will appear from the accompanying copy of the note of the minister plenipotentiary of Texas, which was presented to the Secretary of State on the occasion of the exchange of the ratifications of the convention above mentioned.

Copies of the convention with Texas, of a commercial treaty concluded with the King of Greece, and of a similar treaty with the Peru-Bolivian Confederation, the ratifications of which have been recently exchanged, accompany this message, for the information of Congress and for such legislative enactments as may be found necessary or expedient in relation to either of them.

To watch over and foster the interests of a gradually increasing and widely extended commerce, to guard the rights of American citizens whom business or pleasure or other motives may tempt into distant climes, and at the same time to cultivate those sentiments of mutual respect and good will which experience has proved so beneficial in international intercourse, the Government of the United States has deemed it expedient from time to time to establish diplomatic connections with-different foreign states, by the appointment of representatives. to reside within their respective territories. I am gratified to be enabled to announce to you that since the close of your last session these relations have been opened under the happiest auspices with Austria and the Two Sicilies, that new nominations have been made in the respective missions of Russia, Brazil, Belgium, and Sweden and Norway in this country, and that a minister extraordinary has been received, accredited to this Government, from the Argentine Confederation.

An exposition of the fiscal affairs of the Government and of their condition for the past year will be made to you by the Secretary of the Treasury.

The available balance in the Treasury on the 1st of January next is estimated at $2,765,342. The receipts of the year from customs and lands will probably amount to $20,615,598. These usual sources of revenue have been increased by an issue of Treasury notes, of which less than $8,000,000, including interest and principal, will be outstanding at the end of the year, and by the sale of one of the bonds of the Bank of the United States for $2,254,871. The aggregate of means from these and other sources, with the balance on hand on the 1st of January last, has been applied to the payment of appropriations by Congress. The whole expenditure for the year on their account, including the redemption of more than eight millions of Treasury notes, constitutes an aggregate of about $40,000,000, and will still leave in the Treasury the balance before stated.

Nearly $8,000,000 of Treasury notes are to be paid during the coming year in addition to the ordinary appropriations for the support of Government. For both these purposes the resources of the Treasury will undoubtedly be sufficient if the charges upon it are not increased beyond the annual estimates. No excess, however, is likely to exist. Nor can the postponed installment of the surplus revenue be deposited with the States nor any considerable appropriations beyond the estimates be made without causing a deficiency in the Treasury. The great caution, advisable at all times, of limiting appropriations to the wants of the public service is rendered necessary at present by the prospective and rapid reduction of the tariff, while the vigilant jealousy evidently excited among the people by the occurrences of the last few years assures us that they expect from their representatives, and will sustain them in the exercise of, the most rigid economy. Much can be effected by postponing appropriations not immediately required for the ordinary public service or for any pressing emergency, and much by reducing the expenditures where the entire and immediate accomplishment of the objects in view is not indispensable.

When we call to mind the recent and extreme embarrassments produced by excessive issues of bank paper, aggravated by the unforeseen withdrawal of much foreign capital and the inevitable derangement arising from the distribution of the surplus revenue among the States as required by Congress, and consider the heavy expenses incurred by the removal of Indian tribes, by the military operations in Florida, and on account of the unusually large appropriations made at the last two annual sessions of Congress for other objects, we have striking evidence in the present efficient state of our finances of the abundant resources of the country to fulfill all its obligations. Nor is it less gratifying to find that the general business of the community, deeply affected as it has been, is reviving with additional vigor, chastened by the lessons of the past and animated by the hopes of the future. By the curtailment of paper issues, by curbing the sanguine and adventurous spirit of speculation, and by the honorable application of all available means to the fulfillment of obligations, confidence has been restored both at home and abroad, and ease and facility secured to all the operations of trade.

The agency of the Government in producing these results has been as efficient as its powers and means permitted. By withholding from the States the deposit of the fourth installment, and leaving several millions at long credits with the banks, principally in one section of the country, and more immediately beneficial to it, and at the same time aiding the banks and commercial communities in other sections by postponing the payment of bonds for duties to the amount of between four and five millions of dollars; by an issue of Treasury notes as a means to enable the Government to meet the consequences of their indulgences, but affording at the same time facilities for remittance and exchange; and by steadily declining to employ as general depositories of the public revenues, or receive the notes of, all banks which refused to redeem them with specie--by these measures, aided by the favorable action of some of the banks and by the support and cooperation of a large portion of the community, we have witnessed an early resumption of specie payments in our great commercial capital, promptly followed in almost every part of the United States. This result has been alike salutary to the true interests of agriculture, commerce, and manufactures; to public morals, respect for the laws, and that confidence between man and man which is so essential in all our social relations.

The contrast between the suspension of 1814 and that of 1837 is most striking. The short duration of the latter, the prompt restoration of business, the evident benefits resulting from an adherence by the Government to the constitutional standard of value instead of sanctioning the suspension by the receipt of irredeemable paper, and the advantages derived from the large amount of specie introduced into the country previous to 1837 afford a valuable illustration of the true policy of the Government in such a crisis. Nor can the comparison fail to remove the impression that a national bank is necessary in such emergencies. Not only were specie payments resumed without its aid, but exchanges have also been more rapidly restored than when it existed, thereby showing that private capital, enterprise, and prudence are fully adequate to these ends. On all these points experience seems to have confirmed the views heretofore submitted to Congress. We have been saved the mortification of seeing the distresses of the community for the third time seized on to fasten upon the country so dangerous an institution, and we may also hope that the business of individuals will hereafter be relieved from the injurious effects of a continued agitation of that disturbing subject. The limited influence of a national bank in averting derangement in the exchanges of the country or in compelling the resumption of specie payments is now not less apparent than its tendency to increase inordinate speculation by sudden expansions and contractions; its disposition to create panic and embarrassment for the promotion of its own designs; its interference with politics, and its far greater power for evil than for good, either in regard to the local institutions or the operations of Government itself. What was in these respects but apprehension or opinion when a national bank was first established now stands confirmed by humiliating experience. The scenes through which we have passed conclusively prove how little our commerce, agriculture, manufactures, or finances require such an institution, and what dangers are attendant on its power--a power, I trust, never to be conferred by the American people upon their Government, and still less upon individuals not responsible to them for its unavoidable abuses.

My conviction of the necessity of further legislative provisions for the safe-keeping and disbursement of the public moneys and my opinion in regard to the measures best adapted to the accomplishment of those objects have been already submitted to you. These have been strengthened by recent events, and in the full conviction that time and experience must still further demonstrate their propriety I feel it my duty, with respectful deference to the conflicting views of others, again to invite your attention to them.

With the exception of limited sums deposited in the few banks still employed under the act of 1836, the amounts received for duties, and, with very inconsiderable exceptions, those accruing from lands also, have since the general suspension of specie payments by the deposit banks been kept and disbursed by the Treasurer under his general legal powers, subject to the superintendence of the Secretary of the Treasury. The propriety of defining more specifically and of regulating by law the exercise of this wide scope of Executive discretion has been already submitted to Congress.

A change in the office of collector at one of our principal ports has brought to light a defalcation of the gravest character, the particulars of which will be laid before you in a special report from the Secretary of the Treasury. By his report and the accompanying documents it will be seen that the weekly returns of the defaulting officer apparently exhibited throughout a faithful administration of the affairs intrusted to his management. It, however, now appears that he commenced abstracting the public moneys shortly after his appointment and continued to do so, progressively increasing the amount, for the term of more than seven years, embracing a portion of the period during which the public moneys were deposited in the Bank of the United States, the whole of that of the State bank deposit system, and concluding only on his retirement from office, after that system had substantially failed in consequence of the suspension of specie payments.

The way in which this defalcation was so long concealed and the steps taken to indemnify the United States, as far as practicable, against loss will also be presented to you. The ease is one which imperatively claims the attention of Congress and furnishes the strongest motive for the establishment of a more severe and secure system for the safe-keeping -and disbursement of the public moneys than any that has heretofore existed.

It seems proper, at all events, that by an early enactment similar to that of other countries the application of public money by an officer of Government to private uses should be made a felony and visited with severe and ignominious punishment. This is already in effect the law in respect to the Mint, and has been productive of the most salutary results. Whatever system is adopted, such an enactment would be wise as an independent measure, since much of the public moneys must in their collection and ultimate disbursement pass twice through the hands of public officers, in whatever manner they are intermediately kept. The Government, it must be admitted, has been from its commencement comparatively fortunate in this respect. But the appointing power can not always be well advised in its selections, and the experience of every country has shown that public officers are not at all times proof against temptation. It is a duty, therefore, which the Government owes, as well to the interests committed to its care as to the officers themselves, to provide every guard against transgressions of this character that is consistent with reason and humanity. Congress can not be too jealous of the conduct of those who are intrusted with the public money, and I shall at all times be disposed to encourage a watchful discharge of this duty.

If a more direct cooperation on the part of Congress in the supervision of the conduct of the officers intrusted with the custody and application of the public money is deemed desirable, it will give me pleasure to assist in the establishment of any judicious and constitutional plan by which that object may be accomplished. You will in your wisdom determine upon the propriety of adopting such a plan and upon the measures necessary to its effectual execution. When the late Bank of the United States was incorporated and made the depository of the public moneys, a right was reserved to Congress to inspect at its pleasure, by a committee of that body, the books and the proceedings of the bank. In one of the States, whose banking institutions are supposed to rank amongst the first in point of stability, they are subjected to constant examination by commissioners appointed for that purpose, and much of the success of its banking system is attributed to this watchful supervision.

The same course has also, in view of its beneficial operation, been adopted by an adjoining State, favorably known for the care it has always bestowed upon whatever relates to its financial concerns. I submit to your consideration whether a committee of Congress might not be profitably employed in inspecting, at such intervals as might be deemed proper, the affairs and accounts of officers intrusted with the custody of the public moneys. The frequent performance of this duty might be made obligatory on the committee in respect to those officers who have large sums in their possession, and left discretionary in respect to others. They might report to the Executive such defalcations as were found to exist, with a view to a prompt removal from office unless the default was satisfactorily accounted for, and report also to Congress, at the commencement of each session, the result of their examinations and proceedings. It does appear to me that with a subjection of this class of public officers to the general supervision of the Executive, to examinations by a committee of Congress at periods of which they should have no previous notice, and to prosecution and punishment as for felony for every breach of trust, the safe-keeping of the public moneys might under the system proposed be placed on a surer foundation than it has ever occupied since the establishment of the Government.

The Secretary of the Treasury will lay before you additional information containing new details on this interesting subject. To these I ask your early attention. That it should have given rise to great diversity of opinion can not be a subject of surprise. After the collection and custody of the public moneys had been for so many years connected with and made subsidiary to the advancement of private interests, a return to the simple self-denying ordinances of the Constitution could not but be difficult. But time and free discussion, eliciting the sentiments of the people, and aided by that conciliatory spirit which has ever characterized their course on great emergencies, were relied upon for a satisfactory settlement of the question. Already has this anticipation, on one important point at least--the impropriety of diverting public money to private purposes--been fully realized. There is no reason to suppose that legislation upon that branch of the subject would now be embarrassed by a difference of opinion, or fail to receive the cordial support of a large majority of our constituents.

The connection which formerly existed between the Government and banks was in reality injurious to both, as well as to the general interests of the community at large. It aggravated the disasters of trade and the derangements of commercial intercourse, and administered new excitements and additional means to wild and reckless speculations, the disappointment of which threw the country into convulsions of panic, and all but produced violence and bloodshed. The imprudent expansion of bank credits, which was the natural result of the command of the revenues of the State, furnished the resources for unbounded license in every species of adventure, seduced industry from its regular and salutary occupations by the hope of abundance without labor, and deranged the social state by tempting all trades and professions into the vortex of speculation on remote contingencies.

The same wide-spreading influence impeded also the resources of the Government, curtailed its useful operations, embarrassed the fulfillment of its obligations, and seriously interfered with the execution of the laws. Large appropriations and oppressive taxes are the natural consequences of such a connection, since they increase the profits of those who are allowed to use the public funds, and make it their interest that money should be accumulated and expenditures multiplied. It is thus that a concentrated money power is tempted to become an active agent in political affairs; and all past experience has shown on which side that influence will be arrayed. We deceive ourselves if we suppose that, it will ever be found asserting and supporting the rights of the community at large in opposition to the claims of the few.

In a government whose distinguishing characteristic should be a diffusion and equalization of its benefits and burdens the advantage of individuals will be augmented at the expense of the community at large. Nor is it the nature of combinations for the acquisition of legislative influence to confine their interference to the single object for which they were originally formed. The temptation to extend it to other matters is, on the contrary, not unfrequently too strong to be resisted. The rightful influence in the direction of public affairs of the mass of the people is therefore in no slight danger of being sensibly and injuriously affected by giving to a comparatively small but very efficient class a direct and exclusive personal interest in so important a portion of the legislation of Congress as that which relates to the custody of the public moneys. If laws acting upon private interests can not always be avoided, they should be confined within the narrowest limits, and left wherever possible to the legislatures of the States. When not thus restricted they lead to combinations of powerful associations, foster an influence necessarily selfish, and turn the fair course of legislation to sinister ends rather than to objects that advance public liberty and promote the general good.

The whole subject now rests with you, and I can not but express a hope that some definite measure will be adopted at the present session.

It will not, I am sure, be deemed out of place for me here to remark that the declaration of my views in opposition to the policy of employing banks as depositories of the Government funds can not justly be construed as indicative of hostility, official or personal, to those institutions; or to repeat in this form and in connection with this subject opinions which I have uniformly entertained and on all proper occasions expressed. Though always opposed to their creation in the form of exclusive privileges, and, as a State magistrate, aiming by appropriate legislation to secure the community against the consequences of their occasional mismanagement, I have yet ever wished to see them protected in the exercise of rights conferred by law, and have never doubted their utility when properly managed in promoting the interests of trade, and through that channel the other interests of the community. To the General Government they present themselves merely as State institutions, having no necessary connection with its legislation or its administration. Like other State establishments, they may be used or not in conducting the affairs of the Government, as public policy and the general interests of the Union may seem to require. The only safe or proper principle upon which their intercourse with the Government can be regulated is that which regulates their intercourse with the private citizen--the conferring of mutual benefits. When the Government can accomplish a financial operation better with the aid of the banks than without it, it should be at liberty to seek that aid as it would the services of a private banker or other capitalist or agent, giving the preference to those who will serve it on the best terms. Nor can there ever exist an interest in the officers of the General Government, as such, inducing them to embarrass or annoy the State banks any more than to incur the hostility of any other class of State institutions or of private citizens. It is not in the nature of things that hostility to these institutions can spring from this source, or any opposition to their course of business, except when they themselves depart from the objects of their creation and attempt to usurp powers not conferred upon them or to subvert the standard of value established by the Constitution. While opposition to their regular operations can not exist in this quarter, resistance to any attempt to make the Government dependent upon them for the successful administration of public affairs is a matter of duty, as I trust it ever will be of inclination, no matter from what motive or consideration the attempt may originate.

It is no more than just to the banks to say that in the late emergency most of them firmly resisted the strongest temptations to extend their paper issues when apparently sustained in a suspension of specie payments by public opinion, even though in some cases invited by legislative enactments. To this honorable course, aided by the resistance of the General Government, acting in obedience to the Constitution and laws of the United States, to the introduction of an irredeemable paper medium, may be attributed in a great degree the speedy restoration of our currency to a sound state and the business of the country to its wonted prosperity.

The banks have but to continue in the same safe course and be content in their appropriate sphere to avoid all interference from the General Government and to derive from it all the protection and benefits which it bestows on other State establishments, on the people of the States, and on the States themselves. In this, their true position, they can not but secure the confidence and good will of the people and the Government, which they can only lose when, leaping from their legitimate sphere, they attempt to control the legislation of the country and pervert the operations of the Government to their own purposes.

Our experience under the act, passed at the last session, to grant preemption rights to settlers on the public lands has as yet been too limited to enable us to pronounce with safety upon the efficacy of its provisions to carry out the wise and liberal policy of the Government in that respect. There is, however, the best reason to anticipate favorable results from its operation. The recommendations formerly submitted to you in respect to a graduation of the price of the public lands remain to be finally acted upon. Having found no reason to change the views then expressed, your attention to them is again respectfully requested.

Every proper exertion has been made and will be continued to carry out the wishes of Congress in relation to the tobacco trade, as indicated in the several resolutions of the House of Representatives and the legislation of the two branches. A favorable impression has, I trust, been made in the different foreign countries to which particular attention has been directed; and although we can not hope for an early change in their policy, as in many of them a convenient and large revenue is derived from monopolies in the fabrication and sale of this article, yet, as these monopolies are really injurious to the people where they are established, and the revenue derived from them may be less injuriously and with equal facility obtained from another and a liberal system of administration, we can not doubt that our efforts will be eventually crowned with, success if persisted in with temperate firmness and sustained by prudent legislation.

In recommending to Congress the adoption of the necessary provisions at this session for taking the next census or enumeration of the inhabitants of the United States, the suggestion presents itself whether the scope of the measure might not be usefully extended by causing it to embrace authentic statistical returns of the great interests specially intrusted to or necessarily affected by the legislation of Congress.

The accompanying report of the Secretary of War presents a satisfactory account of the state of the Army and of the several branches of the public service confided to the superintendence of that officer.

The law increasing and organizing the military establishment of the United States has been nearly carried into effect, and the Army has been extensively and usefully employed during the past season.

I would again call to your notice the subjects connected with and essential to the military defenses of the country which were submitted to you at the last session, but which were not acted upon, as is supposed, for want of time. The most important of them is the organization of the militia on the maritime and inland frontiers. This measure is deemed important, as it is believed that it will furnish an effective volunteer force in aid of the Regular Army, and may form the basis of a general system of organization for the entire militia of the United States. The erection of a national foundry and gunpowder manufactory, and one for making small arms, the latter to be situated at some point west of the Allegany Mountains, all appear to be of sufficient importance to be again urged upon your attention.

The plan proposed by the Secretary of War for the distribution of the forces of the United States in time of peace is well calculated to promote regularity and economy in the fiscal administration of the service, to preserve the discipline of the troops, and to render them available for the maintenance of the peace and tranquillity of the Country. With this view, likewise, I recommend the adoption of the plan presented by that officer for the defense of the western frontier. The preservation of the lives and property of our fellow-citizens who are settled upon that border country, as well as the existence of the Indian population, which might be tempted by our want of preparation to rush on their own destruction and attack the white settlements, all seem to require that this subject should be acted upon without delay, and the War Department authorized to place that country in a state of complete defense against any assault from the numerous and warlike tribes which are congregated on that border.

It affords me sincere pleasure to be able to apprise you of the entire removal of the Cherokee Nation of Indians to their new homes west of the Mississippi. The measures authorized by Congress at its last session, with a view to the long-standing controversy with them, have had the happiest effects. By an agreement concluded with them by the commanding general in that country, who has performed the duties assigned to him on the occasion with commendable energy and humanity, their removal has been principally under the conduct of their own chiefs, and they have emigrated without any apparent reluctance.

The successful accomplishment of this important object, the removal also of the entire Creek Nation with the exception of a small number of fugitives amongst the Seminoles in Florida, the progress already made toward a speedy completion of the removal of the Chickasaws, the Choctaws, the Pottawatamies, the Ottawas, and the Chippewas, with the extensive purchases of Indian lands during the present year, have rendered the speedy and successful result of the long-established policy of the Government upon the subject of Indian affairs entirely certain. The occasion is therefore deemed a proper one to place this policy in such a point of view as will exonerate the Government of the United States from the undeserved reproach which has been cast upon it through several successive Administrations. That a mixed occupancy of the same territory by the white and red man is incompatible with the safety or happiness of either is a position in respect to which there has long since ceased to be room for a difference of opinion. Reason and experience have alike demonstrated its impracticability. The bitter fruits of every attempt heretofore to overcome the barriers interposed by nature have only been destruction, both physical and moral, to the Indian, dangerous conflicts of authority between the Federal and State Governments, and detriment to the individual prosperity of the citizen as well as to the general improvement of the country. The remedial policy, the principles of which were settled more than thirty years ago under the Administration of Mr. Jefferson, consists in an extinction, for a fair consideration, of the title to all the lands still occupied by the Indians within the States and Territories of the United States; their removal to a country west of the Mississippi much more extensive and better adapted to their condition than that on which they then resided; the guarantee to them by the United States of their exclusive possession of that country forever, exempt from all intrusions by white men, with ample provisions for their security against external violence and internal dissensions, and the extension to them of suitable facilities for their advancement in civilization. This has not been the policy of particular Administrations only, but of each in succession since the first attempt to carry it out under that of Mr. Monroe. All have labored for its accomplishment, only with different degrees of success. The manner of its execution has, it is true, from time to time given rise to conflicts of opinion and unjust imputations; but in respect to the wisdom and necessity of the policy itself there has not from the beginning existed a doubt in the mind of any calm, judicious, disinterested friend of the Indian race accustomed to reflection and enlightened by experience.

Occupying the double character of contractor on its own account and guardian for the parties contracted with, it was hardly to be expected that the dealings of the Federal Government with the Indian tribes would escape misrepresentation. That there occurred ill the early settlement of this country, as in all others where the civilized race has succeeded to the possessions of the savage, instances of oppression and fraud on the part of the former there is too much reason to believe. No such offenses can, however, be justly charged upon this Government since it became free to pursue its own course. Its dealings with the Indian tribes have been just .and friendly throughout; its efforts for their civilization constant, and directed by the best feelings of humanity; its watchfulness in protecting them from individual frauds unremitting; its forbearance under the keenest provocations, the deepest injuries, and the most flagrant outrages may challenge at least a comparison with any nation, ancient or modern, in similar circumstances; and if in future times a powerful, civilized, and happy nation of Indians shall be found to exist within the limits of this northern continent it will be owing to the consummation of that policy which has been so unjustly assailed. Only a very brief reference to facts in confirmation of this assertion can in this form be given, and you are therefore necessarily referred to the report of the Secretary of War for further details. To the Cherokees, whose case has perhaps excited the greatest share of attention and sympathy, the United States have granted in fee, with a perpetual guaranty of exclusive and peaceable possession, 13,554,135 acres of land on the west side of the Mississippi, eligibly situated, in a healthy climate, and in all respects better suited to their condition than the country they have left, in exchange for only 9,492, 160 acres on the east side of the same river. The United States have in addition stipulated to pay them $5,600,000 for their interest in and improvements on the lands thus relinquished, and $1,160,000 for subsistence and other beneficial purposes, thereby putting it in their power to become one of the most wealthy and independent separate communities of the same extent in the world.

By the treaties made and ratified with the Miamies, the Chippewas, the Sioux, the Sacs and Foxes, and the Winnebagoes during the last year the Indian title to 18,458,000 acres has been extinguished. These purchases have been much more extensive than those of any previous year, and have, with other Indian expenses, borne very heavily upon the Treasury. They leave, however, but a small quantity of unbought Indian lands within the States and Territories, and the Legislature and Executive were equally sensible of the propriety of a final and more speedy extinction of Indian titles within those limits. The treaties, which were with a single exception made in pursuance of previous appropriations for defraying the expenses, have subsequently been ratified by the Senate, and received the sanction of Congress by the appropriations necessary to carry them into effect. Of the terms upon which these important negotiations were concluded I can speak from direct knowledge, and I feel no difficulty in affirming that the interest of the Indians in the extensive territory embraced by them is to be paid for at its fair value, and that no more favorable terms have been granted to the United States than would have been reasonably expected in a negotiation with civilized men fully capable of appreciating and protecting their own rights. For the Indian title to 116,349,897 acres acquired since the 4th of March, 1829, the United States have paid $72,560,056 in permanent annuities, lands, reservations for Indians, expenses of removal and subsistence, merchandise, mechanical and agricultural establishments and implements. When the heavy expenses incurred by the United States and the circumstance that so large a portion of the entire territory will be forever unsalable are considered, and this price is compared with that for which the United States sell their own lands, no one can doubt that justice has been done to the Indians in these purchases also. Certain it is that the transactions of the Federal Government with the Indians have been uniformly characterized by a sincere and paramount desire to promote their welfare; and it must be a source of the highest gratification to every friend to justice and humanity to learn that not withstanding the obstructions from time to time thrown in its way and the difficulties which have arisen from the peculiar and impracticable nature of the Indian character, the wise, humane, and undeviating policy of the Government in this the most difficult of all our relations, foreign or domestic, has at length been justified to the world in its near approach to a happy and certain consummation.

The condition of the tribes which occupy the country set apart for them in the West is highly prosperous, and encourages the hope of their early civilization. They have for the most part abandoned the hunter state and turned their attention to agricultural pursuits. All those who have been established for any length of time in that fertile region maintain themselves by their own industry. There are among them traders of no inconsiderable capital, and planters exporting cotton to some extent, but the greater number are small agriculturists, living in comfort upon the produce of their farms. The recent emigrants, although they have in some instances removed reluctantly, have readily acquiesced in their unavoidable destiny. They have found at once a recompense for past sufferings and an incentive to industrious habits in the abundance and comforts around them. There is reason to believe that all these tribes are friendly in their feelings toward the United States; and it is to be hoped that the acquisition of individual wealth, the pursuits of agriculture, and habits of industry will gradually subdue their warlike propensities and incline them to maintain peace among themselves. To effect this desirable object the attention of Congress is solicited to the measures recommended by the Secretary of War for their future government and protection, as well from each other as from the hostility of the warlike tribes around them and the intrusions of the whites. The policy of the Government has given them a permanent home and guaranteed to them its peaceful and undisturbed possession. It only remains to give them a government and laws which will encourage industry and secure to them the rewards of their exertions. The importance of some form of government can not be too much insisted upon. The earliest effects will be to diminish the causes and occasions for hostilities among the tribes, to inspire an interest in the observance of laws to which they will have themselves assented, and to multiply the securities of property and the motives for self-improvement. Intimately connected with this subject is the establishment of the military defenses recommended by the Secretary of War, which have been already referred to. Without them the Government will be powerless to redeem its pledge of protection to the emigrating Indians against the numerous warlike tribes that surround them and to provide for the safety of the frontier settlers of the bordering States.

The case of the Seminoles constitutes at present the only exception to the successful efforts of the Government to remove the Indians to the homes assigned them west of the Mississippi. Four hundred of this tribe emigrated in 1836 and 1,500 in 1837 and 1838, leaving in the country, it is supposed, about 2,000 Indians. The continued treacherous conduct of these people; the savage and unprovoked murders they have lately committed, butchering whole families of the settlers of the Territory without distinction of age or sex, and making their way into the very center and heart of the country, so that no part of it is free from their ravages; their frequent attacks on the light-houses along that dangerous coast, and the barbarity with which they have murdered the passengers and crews of such vessels as have been wrecked upon the reefs and keys which border the Gulf, leave the Government no alternative but to continue the military operations against them until they are totally expelled from Florida. There are other motives which would urge the Government to pursue this course toward the Seminoles. The United States have fulfilled in good faith all their treaty stipulations with the Indian tribes, and have in every other instance insisted upon a like performance of their obligations. To relax from this salutary rule because the Seminoles have maintained themselves so long in the territory they had relinquished, and in defiance of their frequent and solemn engagements still continue to wage a ruthless war against the United States, would not only evince a want of constancy on our part, but be of evil example in our intercourse with other tribes. Experience has shown that but little is to be gained by the march of armies through a country so intersected with inaccessible swamps and marshes, and which, from the fatal character of the climate, must be abandoned at the end of the winter. I recommend, therefore, to your attention the plan submitted by the Secretary of War in the accompanying report, for the permanent occupation of the portion of the Territory freed from the Indians and the more efficient protection of the people of Florida from their inhuman warfare.

From the report of the Secretary of the Navy herewith transmitted it will appear that a large portion of the disposable naval force is either actively employed or in a state of preparation for the purposes of experience and discipline and the protection. of our commerce. So effectual has been this protection that so far as the information of Government extends not a single outrage has been attempted on a vessel carrying the flag of the United States within the present year, in any quarter, however distant or exposed.

The exploring expedition sailed from Norfolk on the 19th of August last, and information has been received of its safe arrival at the island of Madeira. The best spirit animates the officers and crews, and there is every reason to anticipate from its efforts results beneficial to commerce and honorable to the nation.

It will also be seen that no reduction of the force now in commission is contemplated. The unsettled state of a portion of South America renders it indispensable that our commerce should receive protection in that quarter; the vast and increasing interests embarked in the trade of the Indian and China seas, in the whale fisheries of the Pacific Ocean, and in the Gulf of Mexico require equal attention to their safety, and a small squadron may be employed to great advantage on our Atlantic coast in meeting sudden demands for the reenforcement of other stations, in aiding merchant vessels in distress, in affording active service to an additional number of officers, and in visiting the different ports of the United States, an accurate knowledge of which is obviously of the highest importance.

The attention of Congress is respectfully called to that portion of the report recommending an increase in the number of smaller vessels, and to other suggestions contained in that document. The rapid increase and wide expansion of our commerce, which is every day seeking new avenues of profitable adventure; the absolute necessity of a naval force for its protection precisely in the degree of its extension; a due regard to the national rights and honor; the recollection of its former exploits, and the anticipation of its future triumphs whenever opportunity presents itself, which we may rightfully indulge from the experience of the past--all seem to point to the Navy as a most efficient arm of our national defense and a proper object of legislative encouragement.

The progress and condition of the Post-Office Department will be seen by reference to the report of the Postmaster-General. The extent of post-roads covered by mail contracts is stated to be 134,818 miles, and the annual transportation upon them 34,580,202 miles. The number of post-offices in the United States is 12,553, and rapidly increasing. The gross revenue for the year ending on the 30th day of June last was $4,262,145; the accruing expenditures, $4,680,068; excess of expenditures, $417,923. This has been made up out of the surplus previously on hand. The cash on hand on the 1st instant was $314,068. The revenue for the year ending June 30, 1838, was $161,540 more than that for the year ending June 30, 1837. The expenditures of the Department had been graduated upon the anticipation of a largely increased revenue. A moderate curtailment of mail service consequently became necessary, and has been effected, to shield the Department against the danger of embarrassment. Its revenue is now improving, and it will soon resume its onward course in the march of improvement.

Your particular attention is requested to so much of the Postmaster-Generals report as relates to the transportation of the mails upon railroads. The laws on that subject do not seem adequate to secure that service, now become almost essential to the public interests, and at the same time protect the Department from combinations and unreasonable demands.

Nor can I too earnestly request your attention to the necessity of providing a more secure building for this Department. The danger of destruction to which its important books and papers are continually exposed, as well from the highly combustible character of the building occupied as from that of others in the vicinity, calls loudly for prompt action.

Your attention is again earnestly invited to the suggestions and recommendations submitted at the last session in respect to the District of Columbia.

I feel it my duty also to bring to your notice certain proceedings at law which have recently been prosecuted in this District in the name of the United States, on the relation of Messrs. Stockton & Stokes, of the State of Maryland, against the Postmaster-General, and which have resulted in the payment of money out of the National Treasury, for the first time since the establishment of the Government, by judicial compulsion exercised by the common-law writ of mandamus issued by the circuit court of this District.

The facts of the case and the grounds of the proceedings will be found fully stated in the report of the decision, and any additional information which you may desire will be supplied by the proper Department. No interference in the particular case is contemplated. The money has been paid, the claims of the prosecutors have been satisfied, and the whole subject, so far as they are concerned, is finally disposed of; but it is on the supposition that the case may be regarded as an authoritative exposition of the law as it now stands that I have thought it necessary to present it to your consideration.

The object of the application to the circuit court was to compel the Postmaster-General to carry into effect an award made by the Solicitor of the Treasury, under a special act of Congress for the settlement of certain claims of the relators on the Post-Office Department, which award the Postmaster-General declined to execute in full until he should receive further legislative direction on the subject. If the duty imposed on the Postmaster-General by that law was to be regarded as one of an official nature, belonging to his office as a branch of the executive, then it is obvious that the constitutional competency of the judiciary to direct and control him in its discharge was necessarily drawn in question; and if the duty so imposed on the Postmaster-General was to be considered as merely ministerial, and not executive, it yet remained to be shown that the circuit court of this District had authority to interfere by mandamus, such a power having never before been asserted or claimed by that court. With a view to the settlement of these important questions, the judgment of the circuit court was carried by a writ of error to the Supreme Court of the United States. In the opinion of that tribunal the duty imposed on the Postmaster-General was not an official executive duty, but one of a merely ministerial nature. The grave constitutional questions which had been discussed were therefore excluded from the decision of the case, the court, indeed, expressly admitting that with powers and duties properly belonging to the executive no other department can inter-fere by the writ of mandamus; and the question therefore resolved itself into this: Has Congress conferred upon the circuit court of this District the power to issue such a writ to an officer of the General Government commanding him to perform a ministerial act? A majority of the court have decided that it has, but have rounded their decision upon a process of reasoning which in my judgment renders further legislative provision indispensable to the public interests and the equal administration of justice.

It has long since been decided by the Supreme Court that neither that tribunal nor the circuit courts of the United States, held within the respective States, possess the power in question; but it is now held that this power, denied to both of these high tribunals (to the former by the Constitution and to the latter by Congress), has been by its legislation vested in the circuit court of this District. No such direct grant of power to the circuit court of this District is claimed, but it has been held to result by necessary implication from several sections of the law establishing the court. One of these sections declares that the laws of Maryland, as they existed at the time of the cession, should be in force in that part of the District ceded by that State, and by this provision the common law in civil and criminal cases, as it prevailed in Maryland in 1801, was established in that part of the District.

In England the court of king's bench--because the Sovereign, who, according to the theory of the constitution, is the fountain of justice originally sat there in person, and is still deemed to be present in construction of law--alone possesses the high power of issuing the writ of mandamus, not only to inferior jurisdictions and corporations, but also to magistrates and others, commanding them in the King' s name to do what their duty requires in cases where there is a vested right and no other specific remedy. It has been held in the case referred to that as the Supreme Court of the United States is by the Constitution rendered incompetent to exercise this power, and as the circuit court of this District is a court of general jurisdiction in cases at common law, and the highest court of original jurisdiction in the District, the right to issue the writ of mandamus is incident to its common-law powers. Another ground relied upon to maintain the power in question is that it was included by fair construction in the powers granted to the circuit courts of the United States by the act "to provide for the more convenient organization of the courts of the United States," passed 13th February, 1801; that the act establishing the circuit court of this District, passed the 27th day of February, 1801, conferred upon that court and the judges thereof the same powers as were by law vested in the circuit courts of the United States and in the judges of the said courts; that the repeal of the first-mentioned act, which took place in the next year, did not divest the circuit court of this District of the authority in dispute, but left it still clothed with the powers over the subject which, it is conceded, were taken away from the circuit courts of the United States by the repeal of the act of 13th February, 1801.

Admitting that the adoption of the laws of Maryland for a portion of this District confers on the circuit court thereof, in that portion, the transcendent extrajudicial prerogative powers of the court of king's bench in England, or that either of the acts of Congress by necessary implication authorizes the former court to issue a writ of mandamus to an officer of the United States to compel him to perform a ministerial duty, the consequences are in one respect the same. The result in either case is that the officers of the United States stationed in different parts of the United States are, in respect to the performance of their official duties, subject to different laws and a different supervision--those in the States to one rule, and those in the District of Columbia to another and a very different one. In the District their official conduct is subject to a judicial control from which in the States they are exempt.

Whatever difference of opinion may exist as to the expediency of vesting such a power in the judiciary in a system of government constituted like that of the United States, all must agree that these disparaging discrepancies in the law and in the administration of justice ought not to he permitted to continue; and as Congress alone can provide the remedy, the subject is unavoidably presented to your consideration.