Cuarto Mensaje Anual al Congreso de Franklin Pierce, del 2 de diciembre de 1856 / Fourth Annual Message (December 2, 1856)

(revisando)



Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Representantes:

La Constitución exige que el Presidente de vez en cuando no sólo recomendar a la consideración del Congreso las medidas que juzgue necesarias y convenientes, sino también que se dará información a ellos del estado de la Unión. Para ello involucra plenamente exposición de todos los asuntos de la condición real del país, nacionales o extranjeros, que se refieren esencialmente al bienestar general. Durante la realización de su deber constitucional en este sentido, el Presidente no habla simplemente para expresar las convicciones personales, pero como el ministro ejecutivo del Gobierno, habilitado por su posición y llamado por sus obligaciones oficiales para escanear con un ojo imparcial los intereses de la conjunto y de cada parte de los Estados Unidos.

De la condición de los intereses nacionales de la Unión - la agricultura, las minas, las manufacturas, la navegación y el comercio - sólo es necesario decir que la prosperidad interna del país, su avance continuo y sostenido de la riqueza y de la población y en privado, así como el bienestar público, dar fe de la sabiduría de nuestras instituciones y el espíritu predominante de inteligencia y patriotismo que, a pesar de las irregularidades ocasionales de opinión o acción resultante de la libertad popular, se ha distinguido y caracterizado los pueblos de América. En el breve intervalo entre la terminación de la última y el comienzo del actual período de sesiones del Congreso de la opinión pública ha sido ocupada con el cuidado de la selección para un nuevo mandato constitucional al Presidente y Vice-Presidente de los Estados Unidos.

La determinación de las personas que son de derecha o de forma contingente, para presidir el gobierno de la Generalitat está bajo nuestro sistema comprometido con los Estados y las personas. Hacemos un llamamiento a ellos, por su voz pronunciada en las formas de la ley, a invocad a quienes lo harán para el alto puesto de magistrado jefe.

Y así es que a medida que los senadores representan a los respectivos Estados de la Unión y de los miembros de la Cámara de Representantes de los varios distritos electorales de cada Estado, por lo que el Presidente representa a la población total de los Estados Unidos. Su elección de él es el acto explícito y solemne de la única autoridad soberana de la Unión.

Es imposible misapprehend los grandes principios que, por su acción política reciente del pueblo de los Estados Unidos han sancionado y anunciadas.

Ellos han afirmado la igualdad constitucional de todos y cada uno de los Estados de la Unión como los Estados: han afirmado la igualdad constitucional de todos y cada uno de los ciudadanos de los Estados Unidos como ciudadanos, sea cual sea su religión, siempre que sea de su nacimiento o de su residencia; han mantenido la inviolabilidad de los derechos constitucionales de las distintas secciones de la Unión, y han proclamado su adhesión devota e inalterable a la Unión ya la Constitución, como objetos de interés superiores a todos los temas de controversia local o seccional, como la salvaguardar los derechos de todos, como el espíritu y la esencia de la libertad, la paz, y la grandeza de la República. Al hacer esto, tienen al mismo tiempo enfáticamente condenado la idea de organizar en estas meras partes geográficas de los Estados Unidos, de cálculo de referencias en actitud hostil hacia la otra las diferentes partes del país, norte o sur, este u oeste.

Esquemas de esta naturaleza, lleno de picardía incalculable, y que el sentido considerado con la gente ha rechazado, podrían haber tenido rostro en ninguna parte del país si no se hubieran disfrazado por sugerencias plausibles en apariencia, que actúa sobre un estado de excitación del público importa, inducida por causas de carácter temporal de su carácter y, es de esperar, transitoria en su influencia.

Perfecta libertad de asociación de los objetos políticos y el alcance más amplio de discusión son las condiciones recibidas y ordinarias de gobierno en nuestro país. Nuestras instituciones, enmarcadas en el espíritu de confianza en la inteligencia y la integridad de las personas, no prohíben a los ciudadanos, ya sea de forma individual o asociada en conjunto, a los ataques de la escritura, el habla, o cualquier otro método de cortas de la fuerza física de la Constitución y la existencia misma de la Unión. Al amparo de esta gran libertad, y protegido por las leyes y los usos del Gobierno que asaltan, las asociaciones se han formado en algunos de los Estados de individuos que, pretendiendo buscar sólo para prevenir la propagación de la institución de la esclavitud en el presente o futuros Estados incipientes de la Unión, están muy inflamados con deseo de cambiar las instituciones nacionales de los Estados existentes. Para lograr sus objetos se dedican a la odiosa tarea de depreciar la organización gubernamental que se interponga en su camino y de calumniar con invectivas indiscriminada no sólo a los ciudadanos de los Estados particulares con cuyas leyes se encuentran con culpa, pero todos los otros de sus conciudadanos en todo el país que no participan con ellos en sus ataques a la Constitución, enmarcada y aprobada por nuestros padres, y reclamando los privilegios que ha obtenido y las bendiciones que les ha conferido el apoyo constante y la reverencia agradecida de sus hijos. Buscan un objeto que ellos bien saben que es un revolucionario. Son perfectamente conscientes de que el cambio en la condición relativa de las razas blanca y negra en los Estados esclavistas que promoverían está más allá de su legítima autoridad; que para ellos es un objeto extraño; que no se puede efectuar por cualquier instrumentalidad pacífica de ellos; que para ellos y los Estados de los que son ciudadanos el único camino para su realización es a través de ciudades en llamas, y los campos devastados, y masacraron a la población, y todo lo que hay es más terrible en que se complicó con la guerra civil y servil extranjera; y que el primer paso en el intento es la interrupción por la fuerza de un país que abarca en su amplio pecho un grado de libertad y una cantidad de la prosperidad individual y pública a la que no hay paralelo en la historia, y sustituyendo en su lugar gobiernos hostiles, impulsado a la vez e inevitablemente en la devastación y la carnicería fratricida mutua, la transformación de la hermandad ahora pacífica y feliz en un vasto campamento permanente de hombres armados, como las monarquías rivales de Europa y Asia. Bueno saber que tal y tal, sólo, son los medios y las consecuencias de sus planes y propósitos, se esfuerzan por preparar al pueblo de los Estados Unidos para la guerra civil, haciendo todo en su poder para privar a la Constitución y las leyes de la autoridad moral y para debilitar la estructura de la Unión por las apelaciones a la pasión y el prejuicio sección, por adoctrinar a su gente con el odio recíproco, y educando a estar cara a cara como enemigos, en lugar de hombro a hombro como amigos.

Es por el organismo de tal interferencia injustificable, extranjeras y nacionales, que las mentes de muchos de lo contrario buenos ciudadanos han sido tan inflamado en la condenación apasionado de las instituciones nacionales de los Estados del Sur como en longitud para pasar insensiblemente a casi igualmente pasión tardía hostilidad hacia sus conciudadanos de los Estados, y así finalmente caer en comunión temporal con los enemigos declarados y activos de la Constitución. Ardientemente adjunta a la libertad en abstracto, no se detienen a considerar prácticamente cómo los objetos se alcanzarían se puede lograr, ni para reflejar que, incluso si el mal fuera tan grande como lo consideren, no tienen remedio a aplicar y que puede ser sólo agrava por su violencia y la acción de inconstitucionalidad. Una pregunta que es uno de los más difíciles de todos los problemas de la institución social, la economía política y de gobernar en que tratan con la intemperancia irracional del pensamiento y el lenguaje. Extremos engendran extremos. Violenta agresión del Norte tiene su consecuencia inevitable en el crecimiento de un espíritu de desafío enojado con el Sur. Así, en el curso de los acontecimientos que habíamos llegado a esa consumación, que la voz del pueblo ha reprendido ahora tan enfáticamente, del intento de una parte de los Estados, por una organización de corte y el movimiento, para usurpar el control del Gobierno de la Estados Unidos.

Yo creo que con confianza la gran masa de los que desconsideradamente tomó este paso fatal se adjuntan sinceramente a la Constitución ya la Unión. Ellos, por determinación encogerse de horror no afectado de cualquier acto consciente de desunión o de la guerra civil. Pero han entrado en un camino que conduce a ninguna parte a menos que sea a la guerra civil y la desunión, y que no tiene otra salida posible. Han procedido hasta ahora en esa dirección como consecuencia de las sucesivas etapas de su progreso después de haber consistido en una serie de cuestiones secundarias, cada una de las cuales profesaban ser confinada dentro de los límites constitucionales y pacíficos, pero que intento indirectamente lo que pocos hombres estaban dispuestos a hacer directamente; es decir, para actuar agresivamente contra los derechos constitucionales de casi la mitad de los treinta y un Estados.

En la larga serie de actos de agresión indirecta, la primera fue la agitación vigorosa por los ciudadanos de los Estados del Norte, en el Congreso y fuera de él, de la cuestión de la emancipación del negro en los Estados del Sur.

El segundo paso en este camino del mal consistía en actos de la gente de los Estados del Norte, y en varios casos, de sus gobiernos, con el objetivo de facilitar el escape de las personas obligadas a servir en los Estados del Sur y para impedir su extradición cuando recuperada según ley y en virtud de disposiciones expresas de la Constitución. Para promover este objeto, disposiciones legislativas y otros medios se han adoptado para llevar o derrotar a los derechos que solemnemente garantizada la Constitución. Con el fin de anular el acto entonces existente del Congreso en relación con la extradición de fugitivos de servicio, se promulgaron leyes en muchos Estados que prohíben a sus oficiales, bajo las penas más severas, a participar en la ejecución de cualquier acto del Congreso que sea. De esta manera que el sistema de cooperación armoniosa entre las autoridades de los Estados Unidos y de los diversos Estados, para el mantenimiento de sus instituciones comunes, que existían en los primeros años de la República fue destruido; conflictos de competencia llegaron a ser frecuentes, y el Congreso se vio obligada, por el apoyo de la Constitución y de la vindicación de su poder, para autorizar el nombramiento de nuevos funcionarios encargados de la ejecución de sus actos, como si ellos y los funcionarios de la Unidos fueron los ministros, respectivamente, de los gobiernos extranjeros en un estado de hostilidad mutua en lugar de compañeros de magistrados de un país común pacífica que subsisten bajo la protección de una Unión bien constituida. Así que aquí también la agresión fue seguida de la reacción, y los ataques a la Constitución en este punto hizo sino que sirven para levantar nuevas barreras para su defensa y la seguridad.

La tercera etapa de esta polémica sección infeliz estaba en relación con la organización de los gobiernos territoriales y la admisión de nuevos Estados a la Unión. Cuando se propuso reconocer el Estado de Maine, por la separación del territorio de la de Massachusetts, y el Estado de Missouri, formado de una parte del territorio cedido por Francia a los Estados Unidos, los representantes en el Congreso se opusieron a la admisión de la últimas si con condiciones adecuadas a determinados puntos de vista de las políticas públicas. La imposición de tal condición fue resistida con éxito; pero al mismo tiempo la cuestión se presentó de imponer restricciones sobre el residuo del territorio cedido por Francia. Esa pregunta era por el momento se eliminará mediante la adopción de una línea geográfica de limitación.

En este sentido, no hay que olvidar que cuando Francia, por su propia voluntad, resuelto, por consideraciones de la sagacidad más previsor, a ceder Luisiana a los Estados Unidos, y que la adhesión fue aceptado por los Estados Unidos, este último dedica expresamente que "los habitantes de los territorios cedidos se incorporarán a la Unión de los Estados Unidos y admitidos a la brevedad posible, de acuerdo con los principios de la Constitución Federal, para el disfrute de todos los derechos, ventajas e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, y, mientras tanto, ellos serán mantenidos y protegidos en el goce de su libertad, la propiedad, y la religión que profesan; "es decir, mientras se mantiene en una condición territorial de sus habitantes son mantenidos y protegidos en el goce de su libertad y la propiedad, con una derecha y luego pasar a la condición de los Estados en pie de perfecta igualdad con los estados originales.

La promulgación que estableció la línea geográfica restrictiva fue consentida y no aprobada por los Estados de la Unión. Se puso de pie en el libro de estatutos, sin embargo, para un número de años; y el pueblo de los respectivos Estados consintieron en la recreación del principio que se aplica en el Estado de Texas, y se propuso a consentir en su posterior aplicación en el territorio adquirido por los Estados Unidos desde México. Pero esta propuesta fue resistida con éxito por los representantes de los Estados del Norte, que, independientemente de la línea estatuto, insistían en la aplicación de la restricción para el nuevo territorio en general, si se extiende al norte o al sur de la misma, con lo cual se deroga como un compromiso legislativo y, en la parte del Norte, debido a que viola persistentemente el pacto, si compacta que había.

Entonces esta promulgación dejado de tener la virtud de unión en cualquier sentido, ya sea como aspectos del Norte o del Sur, y lo que en efecto se trató con motivo de la admisión del Estado de California y la organización de los Territorios de Nuevo México, Utah , y Washington.

Tal era el estado de esta cuestión cuando el tiempo llegó para la organización de los territorios de Kansas y Nebraska. En el progreso de la investigación y la reflexión constitucional que había al fin, llegado a ser visto claramente que el Congreso no posee facultad constitucional de imponer restricciones de este personaje en cualquier Estado presente o futuro de la Unión. En una larga serie de decisiones, en la más plena vista y de la consideración más deliberada, la Corte Suprema de los Estados Unidos había determinado finalmente este punto en todas las formas en las que podría surgir la pregunta de si el sentido de afectar los derechos públicos o privados - en cuestiones de dominio público, de la religión, de la navegación y de la servidumbre.

Los varios Estados de la Unión son la fuerza de la Constitución co-iguales en el poder legislativo nacional. El Congreso no puede cambiar una ley de la relación interna en el Estado de Maine; así tampoco que en el Estado de Missouri. Cualquier ley que propone de hacer esto es una mera nulidad; le quita ningún derecho, confiere ninguna. Si permanece en el libro de estatutos derogados, permanece allí sólo como un monumento de error y un faro de advertencia para el legislador y estadista. Derogar será sólo para eliminar la imperfección de los estatutos, sin afectar, ya sea en el sentido de permiso, o de prohibición, la acción de los Estados o de sus ciudadanos.

Sin embargo, cuando la restricción nominal de esta naturaleza, ya letra muerta en la ley, fue en términos derogadas por el último Congreso, en una cláusula de la Ley Orgánica de los Territorios de Kansas y Nebraska, que la derogación se hizo con motivo de una generalizada y agitación peligroso. Se alegó que la sanción original de ser un compacto de la obligación moral perpetuo, su derogación constituye una violación odiosa de la fe. Una ley del Congreso, mientras que sigue siendo derogados, más especialmente si es constitucionalmente válida, a juicio de los funcionarios públicos cuyo deber es pronunciarse sobre ese punto, sin duda, se impone a la conciencia de cada buen ciudadano de la República. Pero ¿en qué sentido se puede afirmar que la promulgación en cuestión fue investido con la perpetuidad y el derecho al respeto de un pacto solemne? Entre los que se encontraba el pacto? No hay poderes en pugna distintas del Gobierno, no hay secciones separadas de la Unión tratan como tal, entraron en las estipulaciones de los tratados sobre el tema. Fue una mera cláusula de una ley del Congreso, y, como cualquier otro asunto controvertido de la legislación, recibió su forma final y fue aprobada por el compromiso de las opiniones en conflicto o sentimientos de los miembros del Congreso. Pero si tuviera autoridad moral sobre las conciencias de los hombres, a los que se adjunte esta autoridad? No a los del Norte, que se había negado en repetidas ocasiones que la confirme extensión y que se había esforzado celosamente para establecer otros e incompatibles reglamentos sobre la materia. Y si, como parece por lo tanto, la supuesta compacto no tenía fuerza obligatoria como al Norte, por supuesto que no podría haber tenido alguna en cuanto al Sur, para todos esos pactos deben ser mutuo y de obligación recíproca.

No ha ocurrido pocas veces que los legisladores, con la estimación excesiva del valor de la ley dan o en la vista de impartir a la misma fuerza peculiar, hacen que sea perpetua en términos; pero no pueden por lo tanto obligar a la conciencia, el juicio y la voluntad de los que puede sucederles, investido de responsabilidades similares y vestido con la misma autoridad. Más investigación cuidadosa puede demostrar que la ley sea poco sólida en principio. La experiencia puede mostrar que es imperfecto en detalle e impracticable en ejecución. Y entonces la razón y derecho combinan no sólo para justificar, sino exigir su derogación.

La Constitución, supremo, como lo es, en todos los departamentos del Gobierno - legislativo, ejecutivo y judicial - está abierto a modificación según sus propios términos; y el Congreso o los Estados pueden, a su discreción, proponer enmiendas a la misma, pacto solemne aunque en verdad se encuentra entre los Estados soberanos de la Unión. En el presente caso se derogó una sanción política que había dejado de tener el poder legal o autoridad de cualquier tipo. La posición asumida de que el Congreso no tenía ningún derecho moral para promulgar la derogación era bastante extraño, y singularmente por lo que en vista del hecho de que el argumento provino de aquellos que abiertamente se negaron obediencia a las leyes de la tierra, que tiene la misma denominación popular y la calidad como actos de compromiso; es más, más, que de manera inequívoca en cuenta y condenó las acciones de cesación más positivos y obligatorias de la propia Constitución, y buscó por todos los medios a su alcance para privar a una parte de sus conciudadanos de la igualdad en el disfrute de esos derechos y privilegios garantizados por igual a todos por el pacto fundamental de nuestra Unión.

Este argumento en contra de la derogación de la línea de ley en cuestión fue acompañado por otro de carácter agradable y también con el ex destituido de fundamento en la razón y la verdad. Fue imputado que la medida se originó en la concepción de la ampliación de los límites de la mano de obra esclava más allá de los previamente asignado a la misma, y que esa era su efecto natural, así como se pretende; y estas suposiciones sin fundamento se hicieron, en los Estados del Norte, la planta de asalto incesante sobre derecho constitucional.

La derogación en términos de una ley, que ya era obsoleto y también nula de inconstitucionalidad, no podía tener influencia para obstruir o para promover la propagación de puntos de vista en conflicto de institución política o social. Cuando se aprobó la Ley de organización de los territorios de Kansas y Nebraska, el efecto inherente a esa porción del dominio público por lo tanto abierto a la solución legal era admitir colonos de todos los Estados de la Unión por igual, cada uno con sus convicciones de políticas públicas y privadas intereses, no a fundar, a su libre elección, con sujeción a las limitaciones que la Constitución y las leyes del Congreso podrían prescribir, los nuevos Estados, en lo sucesivo, para ser admitido en la Unión. Era un campo libre, abierto por igual a todos, si la línea de estatuto de restricción asumido fueron derogadas o no. Esa derogación no se abrió a la libre competencia de las diversas opiniones y las instituciones nacionales un campo que sin tal derogación se habría cerrado en contra de ellos; se encontró que el ámbito de la competencia ya se abrió, de hecho y de derecho. Toda la derogación hizo fue para aliviar el libro de estatutos de una puesta en acto censurable, inconstitucional en efecto y perjudicial en términos de una gran parte de los Estados.

¿Es el hecho de que en todas las regiones inestables de los Estados Unidos, si se deja la emigración libre de actuar en este sentido por sí misma, sin prohibiciones legales a cada lado, el trabajo esclavo espontáneamente ir a todas partes en lugar de trabajo libre? ¿Es el hecho de que las instituciones nacionales peculiares de los Estados del Sur poseen relativamente tanto de vigor que dondequiera que una avenida se abre libremente a todo el mundo que van a penetrar a la exclusión de los de los Estados del Norte? Es el hecho de que los primeros disfrutan, en comparación con este último, tal vitalidad irresistiblemente superior, independiente de clima, suelo, y todas las demás circunstancias accidentales, como para ser capaz de producir la supuesta resultado, a pesar de los obstáculos morales y naturales asumidos a su realización y de los más numerosos de la población de los Estados del Norte? El argumento de los que abogan por la promulgación de nuevas leyes de restricción y condenar a la derogación de los antiguos, en efecto, afirma que sus puntos de vista particulares de gobierno no tienen auto-ampliación o poder de su propia auto-sostenible, y que ir a ninguna parte a menos que obligados por ley del Congreso. Y si el Congreso no, pero hacer una pausa por un momento en la política de coerción popa; si se aventuran a hacer el experimento de dejar a los hombres a juzgar por sí mismos lo que las instituciones se adaptará mejor a ellos; si no fuere tensa hasta perpetua esfuerzo legislativo en este punto - si el Congreso proceder de este modo de actuar en el espíritu mismo de la libertad, es a la vez cargada con el objetivo de extender la mano de obra esclava en todos los nuevos territorios de los Estados Unidos.

Por supuesto, estas imputaciones sobre las intenciones del Congreso al respecto, concebidas, como lo fueron, en perjuicio y difundidos en la pasión, son totalmente desprovista de toda justificación en la naturaleza de las cosas y en contra de todas las doctrinas y los principios de la libertad civil y fundamentales autogobierno.

Mientras que, por lo tanto, en general, la gente de los Estados del Norte nunca han arrogado en cualquier momento para el Gobierno Federal el poder de interferir directamente con la condición interna de las personas en los Estados del Sur, pero, por el contrario, han desmentido todas estas intenciones y han reducido de afiliación visible con los pocos que persiguen sus objetos fanatizados abiertamente a través de los medios previstos del cambio revolucionario del Gobierno y con la aceptación de las consecuencias necesarias - una guerra civil y servil - sin embargo, muchos ciudadanos han sufrido ellos mismos que se elaborará en un asunto evanescente política de agitación tras otro, perteneciente a la misma serie de opiniones, y que cedió tan rápidamente a medida que surgían cuando se trataba de ser visto, como lo hizo de manera uniforme, que eran incompatibles con los pactos de la Constitución y el existencia de la Unión. Así, cuando los actos de algunos de los Estados para anular la ley de extradición vigente impuesta al Congreso el deber de aprobar una nueva, el país fue invitado por agitadores para entrar en la organización del partido para su derogación; pero que la agitación cesó rápidamente a causa de la imposibilidad de su objeto. Así que cuando se había derogado la ley de restricción a las instituciones de los nuevos Estados por una línea geográfica, se instó al país a reclamar su restauración, y ese proyecto también murió casi con su nacimiento. Luego siguió el grito de alarma del Norte contra las invasiones del sur imputados, que claman surgió en realidad del espíritu de ataque revolucionario a las instituciones nacionales del Sur, y, después de una existencia con problemas de unos pocos meses, ha sido reprendido por la voz de un pueblo patriótico.

De esta última agitación, una característica lamentable fue que se realizó en a costa inmediata de la paz y la felicidad del pueblo del Territorio de Kansas. Eso se hizo el campo de batalla, no tanto de facciones o intereses opuestos dentro de sí mismo como de las pasiones en conflicto de todo el pueblo de los Estados Unidos. Trastorno Revolucionario en Kansas tuvo su origen en proyectos de intervención deliberadamente organizado por algunos miembros de que el Congreso que aprobó la ley para la organización del territorio; y cuando la colonización propagandista de Kansas así se había realizado en una sección de la Unión para la promoción sistemática de sus peculiares puntos de vista de la política hay que siguió como una cuestión de rutina neutralización con puntos de vista opuestos en otras secciones de la Unión.

En consecuencia de estos y otros incidentes, muchos actos de desorden, es innegable, se han perpetrado en Kansas, a la interrupción ocasional en lugar de la suspensión permanente de gobierno regular. Se llevaron a cabo incursiones agresivas y más condenables en el territorio, tanto en el Norte como en el Sur, y entraron en su frontera norte por el camino de Iowa, así como en el este a través de Missouri; y ha existido en él un estado de insurrección contra las autoridades constituidas, no sin rostro de las personas desconsideradas en cada uno de los grandes sectores de la Unión. Pero las dificultades en ese territorio han sido extravagantemente exagerada con fines de agitación política en otras partes. El número y la gravedad de los actos de violencia se han magnificado en parte por las declaraciones totalmente falsas y en parte por cuentas reiteradas de los mismos rumores o hechos. Así, el territorio ha sido aparentemente lleno de violencia extrema, cuando el importe total de tales actos no ha sido mayor que lo que de vez en cuando pasa ante nosotros en ciudades individuales hasta el pesar de todos los buenos ciudadanos, pero sin ser considerado como de consecuencia política general o permanente .

Irregularidades imputadas en las elecciones tenían en Kansas, como irregularidades ocasionales de la misma descripción de los Estados, estaban más allá de la esfera de acción del Ejecutivo. Pero los incidentes de violencia real o de obstrucción organizada de derecho, pertinazmente renovado de vez en cuando, se hayan cumplido, ya que se produjeron por los medios que estaban disponibles y como requieren las circunstancias, y nada de este personaje ahora queda por afectar a la paz general de la Unión. El intento de una parte de los habitantes del Territorio para erigir un gobierno revolucionario, aunque diligentemente alentado y se suministra con la ayuda pecuniaria de los agentes activos de la enfermedad en algunos de los Estados, ha fracasado por completo. Cuerpos de hombres armados, extranjera al territorio, se ha impedido la entrada de u obligados a abandonarlo; bandas depredadoras, que participan en los actos de rapiña, al amparo de los disturbios políticos existentes, han sido detenidos o dispersados​​, y cada persona bien dispuesta está habilitado ahora una vez más para dedicarse en paz a las actividades de la industria próspera, para el enjuiciamiento de los cuales se comprometió a participar en el arreglo del territorio.

Me produce satisfacción sin mezcla de este modo de anunciar la condición pacífica de cosas en Kansas, especialmente teniendo en cuenta los medios en los que es necesario recurrir a la consecución del fin, es decir, el empleo de una parte de la fuerza militar de los Estados Unidos . El retiro de esa fuerza de su correcto deber de defender el país contra los enemigos extranjeros o los salvajes de la frontera de emplearla para la represión de la insurrección nacional es, cuando se produce la exigencia, una cuestión de la solicitud más ferviente. En esta ocasión de la necesidad imperiosa de que se ha hecho con los mejores resultados, y mi satisfacción en el logro de tales resultados por estos medios es mucho mayor por la consideración de que, a través de la sabiduría y la energía de la actual ejecutiva de Kansas y la prudencia, firmeza, y la vigilancia de los oficiales militares en servicio hay tranquilidad ha sido restaurado y sin una gota de sangre que ha sido derramada en su realización por las fuerzas de los Estados Unidos.

La restauración de relativa tranquilidad en ese Territorio proporciona los medios para observar con calma y apreciar en su justo valor los acontecimientos que se han producido allí y en los debates de los cuales el Gobierno del Territorio ha sido objeto. Percibimos que la controversia sobre sus futuras instituciones nacionales era inevitable; que ninguna prudencia humana, ninguna forma de legislación, no la sabiduría por parte del Congreso, podría haberlo evitado.

Es inútil suponer que las disposiciones particulares de su ley orgánica fueron la causa de la agitación. Estas disposiciones no eran sino la ocasión, o el pretexto, de una agitación que era inherente a la naturaleza de las cosas. Congreso legisló sobre el tema en los términos que estaban más en consonancia con el principio de la soberanía popular que es la base de nuestro Gobierno. No podía ser de otra manera legislado sin violentar a otro gran principio de nuestras instituciones - el derecho imprescriptible de la igualdad de los diversos Estados.

Percibimos también que los intereses sectoriales y las pasiones del partido han sido el gran impedimento para el funcionamiento saludable de los principios orgánicos adoptados y la principal causa de las perturbaciones sucesivas en Kansas. La suposición de que debido a que en la organización de los territorios de Nebraska y Kansas Congreso se abstuvo de imponer restricciones sobre ellos para que otros territorios había sido objeto, por lo tanto, hay trastornos en este último territorio, es enfático en contradicción con el hecho de que ninguno de ellos ha tenido lugar en el ex. Estos trastornos no fueron consecuencia, en Kansas, de la libertad de autogobierno concedidos a ese territorio por el Congreso, sino de la interferencia injusta por parte de personas no residentes en el territorio. Tal interferencia, donde quiera que ha exhibido en sí por actos de carácter insurreccional o de obstrucción al proceso de la ley, se ha repelido o reprimida por todos los medios que la Constitución y las leyes ponen en manos del Ejecutivo.

En aquellas partes de los Estados Unidos que, a causa del estado inflamado de la mente del público, los falsos rumores y tergiversaciones tienen la mayor divisa se ​​ha supuesto que era el deber del Ejecutivo no sólo para reprimir los movimientos insurreccionales en Kansas, pero también para ver a la regularidad de las elecciones locales. Necesita poco argumento para demostrar que el presidente no tiene tal poder. Todo gobierno en los Estados Unidos se basa sustancialmente en la elección popular. La libertad de elección es susceptible de verse afectada por la intrusión de votos ilegales o la exclusión de las legales, por influencias, por la violencia o por el fraude. Pero el pueblo de los Estados Unidos son los guardianes de todo suficiente de sus propios derechos, y suponer que no van a poner remedio a su debido tiempo cualquier tipo de incidentes de la libertad civil, es de suponer que han dejado de ser capaz de auto-gobierno. El Presidente de los Estados Unidos no tiene poder para interponer en las elecciones, para ver a su libertad, al sondear sus votos, o pasar sobre su legalidad en los territorios más que en Estados Unidos. Si él tenía tal poder el Gobierno podría adoptar la forma republicana, pero sería una monarquía de hecho; y si él se había comprometido a ejercerla en el caso de Kansas habría sido justamente objeto de la acusación de usurpación y de violación de los derechos más queridos del pueblo de los Estados Unidos.

Leyes imprudentes, igualmente con irregularidades en las elecciones, están en períodos de gran emoción los incidentes ocasionales, incluso de las instituciones políticas más libres y mejores; pero toda la experiencia demuestra que en un país como el nuestro, donde existe el derecho a la libre constitución en la forma más completa, el intento de remediar la legislación imprudente por el recurso a la revolución es totalmente fuera de lugar, ya que las instituciones existentes jurídicos dan más pronta y eficaz medios para la reparación de la injusticia.

Yo confío en que con confianza ahora, cuando la condición pacífica de Kansas ofrece oportunidad para la reflexión tranquila y sabia legislación, ya sea la Asamblea Legislativa del Territorio o el Congreso verá que ningún acto permanecerá en su libro de estatutos violatoria de las disposiciones de la Constitución o subversiva de los grandes objetivos para el cual se haya ordenada y establecida, y adoptará todas las demás medidas necesarias para garantizar a sus habitantes el goce, sin obstrucción o compendio, de todos los derechos constitucionales, privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, como contemplado por la Ley Orgánica del Territorio.

La información completa en relación con los últimos acontecimientos en este Territorio se encuentra en los documentos comunicados adjunto de los Departamentos de Estado y de Guerra.

Le remito el informe de la Secretaría de Hacienda para obtener información particular sobre la situación financiera del Gobierno y las diversas ramas de la administración pública relacionados con el Departamento del Tesoro.

Durante el último año fiscal los ingresos de las aduanas fueron por primera vez a más de $ 64 millones, y de todas las fuentes $ 73.918.141, los cuales, con el saldo de la mano hasta el 1 de julio de 1855, hizo los recursos totales del ejercicio ascienden a 92850117 dólares . Los gastos, incluidos 3.000.000 dólares en la ejecución del tratado con México y excluyendo las sumas entregadas a cuenta de la deuda pública, ascendió a $ 60,172,401, e incluyendo la última a 72948792 dólares, el pago por este concepto ascendió a tener $ 12,776,390.

El 4 de marzo de 1853, el importe de la deuda pública fue $ 69,129,937. Hubo un aumento subsiguiente de 2.750.000 dólares para la deuda de Texas, haciendo un total de $ 71,879,937. De este la suma de 45525319 dólares, incluyendo la prima, ha sido dado de alta, la reducción de la deuda de $ 30963909, todo lo que podría ser pagado en el plazo de un año sin avergonzar al servicio público, pero al estar pendiente de vencer y sólo redimibles a opción del tenedor, pueda no ser presionado para el pago por parte del Gobierno.

En el examen de los gastos de los últimos cinco años se verá que la media, deduciendo los pagos a cuenta de la deuda pública y $ 10 millones pagados por el tratado para México, ha sido, sino de $ 48 millones. Se cree que bajo una administración económica del Gobierno el gasto medio de los cinco años siguientes no superará la suma, a menos que ocurriera extraordinaria ocasión para su aumento. Los actos de concesión de tierras de recompensas pronto han sido ejecutados, mientras que la extensión de nuestros asentamientos fronterizos provocará una continua demanda de tierras e ingresos aumentados, probablemente, de esa fuente. Estas consideraciones justifican una reducción de los ingresos de aduanas a fin de no exceder de cuarenta y ocho o cincuenta millones de dólares. Creo que la exigencia de tal reducción es imprescindible, y de nuevo insto a la consideración del Congreso.

El importe de la reducción, así como la forma de llevar a cabo que, son cuestiones de gran interés y en general, que sea esencial para la empresa industrial y la prosperidad pública, así como el dictamen de la justicia obvio, que la carga impositiva se hará a descansar lo más equitativamente posible en todas las clases y todas las secciones y los intereses del país.

He recomendado hasta ahora a su consideración la revisión de las leyes de ingresos, preparado bajo la dirección del Secretario de Hacienda, así como la legislación sobre algunas cuestiones especiales que afectan a las actividades del mismo Departamento, más especialmente la promulgación de una ley para castigar a la abstracción de libros o documentos oficiales de los archivos del Gobierno y exige que todos esos libros y papeles y todo otro bien público a ser entregado por el funcionario saliente a su sucesor; de una ley que requiere el desembolso de los oficiales para depositar todo el dinero público en las bóvedas de la Tesorería o en otros depositarios legales, donde el mismo son de fácil acceso, y una ley para extender las disposiciones penales existentes a todas las personas que pueden llegar a estar poseídos de dinero público a través de depósito o de otra manera y que sólo podrá desestimar o negligencia en la demanda debido a pagar la misma en el Tesoro. Invito a su atención de nuevo a cada uno de estos objetos.

El Ejército durante el pasado año ha sido empleada de manera constante contra los indios hostiles en diversos sectores, que apenas se puede decir, con propiedad del lenguaje, al haber sido un establecimiento de la paz. Entre sus funciones se han realizado de manera satisfactoria, y tenemos razones para esperar como resultado de las operaciones del año una mayor seguridad a los habitantes de la frontera que se ha tenido hasta ahora. Extensas combinaciones entre los indios hostiles de los Territorios de Washington y Oregon en un momento amenazaron la devastación de los asentamientos recién formadas de esa parte remota del país. De la información reciente se nos permite esperar que las operaciones energéticas y exitosas realizadas en ellos evitará tales combinaciones en el futuro y asegurar a esos territorios la oportunidad de hacer un progreso constante en el desarrollo de sus recursos agrícolas y minerales.

La legislación ha sido recomendado por mí en ocasiones anteriores para curar los defectos en la organización existente y aumentar la eficiencia del Ejército, y mayor observación tiene pero sirvieron para confirmarme en las vistas expresó y hacer cumplir en mi mente la convicción de que tales medidas no son sólo adecuado, sino necesario.

Tengo, además, invitar a la atención del Congreso a un cambio de política en la distribución de las tropas y de la necesidad de proporcionar un más rápido aumento del armamento militar. Para más detalles sobre estos y otros temas relacionados con el Ejército me refiero al informe del Secretario de la Guerra.

La condición de la Marina no es más que satisfactorio, pero exhibe las evidencias más gratificantes de mayor vigor. Como es comparativamente pequeño, es más importante que debe ser tan completa como sea posible en todos los elementos de fuerza; que debe ser eficiente en el carácter de sus funcionarios, en el celo y la disciplina de sus hombres, en la fiabilidad de su artillería, y en la capacidad de sus buques. En todas estas diversas cualidades de la Marina ha hecho grandes progresos en los últimos años. La ejecución de la ley del Congreso de 28 de febrero de 1855, "para promover la eficiencia de la Marina", ha sido la participación de los resultados más ventajosos. La ley para la promoción de la disciplina entre los hombres se encuentra cómodo y saludable. El sistema de concesión de una baja honorable a los marineros fieles al expirar el período de su alistamiento y que les permite reengancharse después de un permiso de ausencia de unos cuantos meses sin cesación de pago es altamente beneficioso en su influencia. El sistema de aprendizaje adoptada recientemente es evidentemente destinado a incorporar al servicio de un gran número de nuestros compatriotas, hasta entonces tan difíciles de conseguir. Varios cientos de niños estadounidenses están ahora en un período de tres años de travesía en nuestros buques nacionales y volverán marineros bien entrenados. En el departamento de la artillería que exista una indicación decidida y gratificante de progreso, acreditable a él y al país. Las sugerencias del Secretario de la Armada en lo que respecta a nuevas mejoras en esa rama del servicio Felicito a su acción favorable. Las nuevas fragatas ordenadas por el Congreso están ahora a flote y dos de ellos en servicio activo. Son modelos superiores de la arquitectura naval, y con su batería formidable añaden en gran parte a la fuerza pública y la seguridad. Estoy de acuerdo con las opiniones expresadas por el Secretario del Departamento a favor de un incremento aún mayor de nuestra fuerza naval.

El informe del Secretario del Interior presenta hechos y puntos de vista en relación con los asuntos internos sobre los que la supervisión de su Departamento se extiende de mucho interés e importancia.

Las ventas totales de las tierras públicas durante el último año fiscal cantidad de 9.227.878 hectáreas, para el que se ha recibido la suma de $ 8,821,414. Durante el mismo periodo se han situado, con ampliaciones de capital liberadas y terrestres órdenes militares y para otros fines 30.100.230 hectáreas, lo que hace un total agregado de 39.328.108 hectáreas. El 30 de septiembre del año pasado se habían realizado encuestas de 16.873.699 hectáreas, una gran parte de los cuales está listo para el mercado.

Las sugerencias de este informe en lo que respecta a la complicación y la progresiva expansión del negocio de las diferentes oficinas del Departamento, al sistema de pensiones, a la colonización de las tribus indias, y las recomendaciones en relación con diversas mejoras en el Distrito de Columbia están especialmente encomendados a vuestra consideración.

El informe del Director General de Correos presenta totalmente la condición de que el Departamento del Gobierno. Sus gastos para el último año fiscal fueron $ 10.407.868 y sus ingresos brutos 7620,801 mil dólares, por lo que un exceso de gastos sobre ingresos de $ 2.787046 millones. La deficiencia de este Departamento es, pues, $ 744.000 mayor que para el año que finalizó el 30 de junio de 1853 de esta deficiencia $ 330.000 se debe atribuir a la compensación adicional permitido a los administradores de correos por la ley del Congreso de 22 de junio de 1854 Los servicios de correo en cada parte del país se han incrementado mucho en ese período, y la gran adición de servicio ferroviario, que asciende a 7.908 millas, ha añadido en gran parte a los costos de transporte.

El aumento considerable de los ingresos del Departamento de Post-Oficina en virtud de los tipos reducidos de gastos de envío y sus gastos cada vez mayores para el presente debe hacerlo depende en alguna medida de la Tesorería para el apoyo. Las recomendaciones del Director General de Correos en relación con la abolición de la franquicia postal y sus puntos de vista sobre el establecimiento de líneas de vapores electrónico merecen la consideración del Congreso. También llamo la atención especial del Congreso para la declaración del Director General de Correos respetando las sumas pagadas ahora para el transporte de mails a la Compañía del Ferrocarril de Panamá, y encomiendo a su consideración temprana y favorable las propuestas de dicho agente en relación a los nuevos contratos para el correo de transporte en esa ruta, y también sobre las rutas de Tehuantepec y Nicaragua.

Los Estados Unidos continúan en el disfrute de las relaciones amistosas con todas las potencias extranjeras.

Cuando mi último mensaje anual se transmitió al Congreso dos temas de controversia, una relacionada con el alistamiento de soldados en este país para el servicio exterior y la otra para Centroamérica, amenazado con perturbar el buen entendimiento entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. Del progreso y la terminación de la primera pregunta que se le informó en el momento, y el otro está en el camino de una solución satisfactoria.

El objeto de la Convención entre los Estados Unidos y Gran Bretaña de 19 de abril de 1850, era asegurar para el beneficio de todas las naciones de la neutralidad y el uso común de cualquier manera el tránsito o la comunicación interoceánica a través del Istmo de Panamá, que podría ser abierto dentro de los límites de la América Central. Las pretensiones posteriormente afirmados por Gran Bretaña al dominio o control sobre los territorios en o cerca de dos de las rutas, los de Nicaragua y Honduras, fueron considerados por los Estados Unidos no sólo es incompatible con el objeto principal del tratado, pero se opusieron incluso a su expreso estipulaciones. Con motivo de controversia en este punto ha sido eliminado por un tratado adicional, que nuestro ministro en Londres ha concluido, y que será presentado inmediatamente al Senado para su consideración. En caso de que el acuerdo suplementario propuesto ser adoptada por todas las partes que se verán afectados por el mismo, los objetos contemplados en el convenio original, se habrán alcanzado plenamente.

El tratado entre los Estados Unidos y Gran Bretaña de 5 de junio de 1854, que entró en funcionamiento efectivo en 1855, puso fin a las causas de irritación entre los dos países, al asegurar a los Estados Unidos el derecho de pesca en la costa de las provincias británicas de Norteamérica, con ventajas iguales a las de los súbditos británicos. Además de los beneficios de la señal de este tratado para una gran clase de nuestros ciudadanos comprometidos en una búsqueda conectada a ningún grado considerable con nuestra prosperidad y la fuerza nacional, ha tenido un efecto favorable sobre otros intereses en la provisión que hizo por la libertad recíproca del comercio entre los Estados Unidos y las provincias británicas en América. Las exportaciones de artículos domésticos a las provincias durante el año pasado ascendieron a más de 22 millones dólares, superior a los del año anterior en casi un 7.000.000 dólares; y las importaciones del mismo durante el mismo período ascendieron a más de veintiún millones, un incremento de seis millones a los del año anterior.

La condición mejorada de esta rama de nuestro comercio se debe principalmente a que el tratado antes mencionado.

Se dispuso en el primer artículo de ese tratado por una comisión para designar a las desembocaduras de los ríos a los que el derecho común de la pesca en la costa de los Estados Unidos y las provincias británicas era de no prorrogar. Esta comisión se ha empleado una parte de dos temporadas, pero sin mucho progreso en el cumplimiento del objeto para el que fue instituido, como consecuencia de una seria diferencia de opinión entre los miembros de la Comisión, no sólo en cuanto al punto preciso donde los ríos terminan, pero en muchos casos, lo que constituye un río. Estas dificultades, sin embargo, pueden ser superados mediante el recurso a la umpirage prevista por el tratado.

Aún no se han atendido los esfuerzos con perseverancia procesados ​​desde el inicio de mi Administración para aliviar nuestro comercio con el Báltico desde la imposición de cuotas de sonido por Dinamarca con éxito. Otros gobiernos también han tratado de obtener un alivio como para su comercio, y Dinamarca fue inducido de esta manera proponer un acuerdo a todas las potencias europeas interesadas en el tema, y ​​la forma en que fue recibida la propuesta que justifique su creer que un acuerdo satisfactorio con ellos pronto podrían concluir, hizo un firme llamamiento a este Gobierno para la suspensión temporal de la acción definida por su parte, en la consideración de la vergüenza que podría dar a sus negociaciones europeas por parte de un ajuste inmediato de la cuestión con los Estados Unidos. Esta petición se ha adherido a la de la condición de que las cantidades recaudadas después del 16 de junio pasado y hasta el 16 de junio del próximo desde buques y cargamentos pertenecientes a nuestros comerciantes han de ser consideradas como pagadas bajo protesta y sujeto a ajustes futuros. Hay razones para creer que un acuerdo entre Dinamarca y las potencias marítimas de Europa sobre el tema será pronto llegó a la conclusión, y que la negociación pendiente con los Estados Unidos y luego se puede reanudar y terminada de una manera satisfactoria.

Con España no han surgido nuevas dificultades, ni se ha avanzado mucho en la adecuación de pendientes queridos.

Las negociaciones entraron en el propósito de aliviar nuestro intercambio comercial con la isla de Cuba de algunas de sus cargas y se prevé la solución más rápida de los litigios locales que crecen fuera de que las relaciones no han sido atendidos con ningún resultado. Poco después del comienzo de la última guerra en Europa este Gobierno presentó a la consideración de todas las naciones marítimas dos principios para la seguridad del comercio neutral - uno que la bandera neutral debe cubrir las mercancías enemigas, excepto artículos de contrabando de guerra, y el otro que la propiedad neutral a bordo de buques mercantes de los beligerantes deben quedar exentos de la condena, con la excepción de los artículos de contrabando. Estos no se presentaron como nuevas normas de derecho internacional, de haber sido reclamado en general por los neutrales, aunque no siempre admitido por los beligerantes. Una de las partes en la guerra (Rusia), así como varias potencias neutrales, rápidamente se han adherido a estas proposiciones, y los otros dos beligerantes principales (Gran Bretaña y Francia) habiendo consentido observarlos para la presente ocasión, una oportunidad favorable parecía para ser presentado para la obtención de un reconocimiento general de ellos, tanto en Europa como en América. Pero Gran Bretaña y Francia, al igual que la mayoría de los Estados de Europa, mientras que dejando las de rechazar, no actuaron afirmativamente a las propuestas de los Estados Unidos.

Si bien la cuestión estaba en esta posición los representantes de Rusia, Francia, Gran Bretaña, Austria, Prusia, Cerdeña, y Turquía, se reunieron en París, tomó en consideración el tema de los derechos marítimos, y de exponer una declaración que contenga los dos principios que esta Gobierno había presentado casi dos años antes a la consideración de las potencias marítimas, y añadiendo a la misma las siguientes proposiciones: "el corso es y sigue siendo abolida", y "los bloqueos con el fin de ser vinculante debe ser efectiva, es decir, mantenido por una fuerza suficiente para impedir realmente el acceso a la costa del enemigo; "y para la declaración de este modo compuesto por cuatro puntos, dos de los cuales ya habían sido propuestas por los Estados Unidos, este Gobierno ha sido invitado a adherirse por todas las potencias representadas en París, excepto Gran Bretaña y Turquía. Para la última de las dos proposiciones adicionales - que en relación a los bloqueos - que ciertamente puede haber ninguna objeción. No es más que la definición de lo que constituirá la inversión eficaz de un lugar bloqueado, una definición de lo que este Gobierno ha sostenido siempre, reclamando indemnización por las pérdidas en que una violación práctica de la norma así definida ha sido perjudicial para nuestro comercio. En cuanto al artículo restante de la declaración de la conferencia de París, que "el corso es y sigue siendo abolida", ciertamente no puedo atribuir a los poderes representados en la conferencia de París, pero cualquier puntos de vista liberales y filantrópicas en el intento de cambiar la incuestionable estado de derecho marítimo en lo que respecta a los corsarios. Su propuesta se pretende dar a entender, sin duda, la aprobación del principio de que la propiedad privada en el océano, aunque podría pertenecer a los ciudadanos de un estado beligerante, debe quedar exento de la captura; y tenía esa proposición sido concebidos para dar pleno efecto al principio, habría recibido mi asentimiento listo en nombre de los Estados Unidos. Sin embargo, la medida propuesta es inadecuada para ese propósito. Es cierto que si la propiedad privada aprobada en el océano se retira de un modo de despojo, pero deja expuesto su parte a otro modo, que se podría utilizar con mayor eficacia. La capacidad agresiva de las grandes potencias navales sería de ese modo aumenta, mientras que la capacidad defensiva de los demás se reduciría. Aunque la entrega de los medios de procesar a las hostilidades por corsarios que emplean, según lo propuesto por la Conferencia de París, es mutuo en términos, sin embargo, a efectos prácticos, sería la renuncia de un derecho de poco valor para una clase de estados, sino de esencial importancia a otra y una clase mucho más grande. No debiera haber previsto que una medida tan inadecuado para la consecución del objeto propuesto y tan desigual en su operación recibiría el asentimiento de todas las potencias marítimas. Propiedad privada sería aún deja a las depredaciones de los cruceros armados públicas.

He expresado una buena disposición por parte de este Gobierno a adherirse a todos los principios contenidos en la Declaración de la Conferencia de París, a condición de que la relativa al abandono del corso se puede por lo modifica como para llevar a cabo el objeto para el que, como es presunta, se pretendía - la inmunidad de la propiedad privada en el océano desde la captura hostil. Para llevar a cabo este objetivo, se propone añadir a la declaración de que "el corso es y sigue siendo abolido" la siguiente enmienda:

Y que la propiedad privada de los sujetos y de los ciudadanos de un beligerante en alta mar estará exento de embargo por los buques armados públicos del otro beligerante, si no fuere contrabando.

Esta enmienda se ha presentado no sólo a los poderes que han solicitado nuestro asentimiento a la declaración de abolir el corso, sino para todos los demás estados marítimos. Hasta el momento no ha sido rechazada por ninguna, y está muy bien entretenido por todo lo que han hecho ninguna comunicación en respuesta.

Varios de los gobiernos en cuanto a con buenos ojos la propuesta de los Estados Unidos han retrasado la acción definitiva sobre ella sólo con el propósito de consultar con los demás, las partes en la conferencia de París. Tengo la satisfacción de decir, sin embargo, que el Emperador de Rusia entera y explícitamente ha aprobado de esa modificación y cooperará al tratar de obtener el consentimiento de los otros poderes, y que las garantías de un significado similares se han recibido en relación con la disposición del emperador de los franceses. El aspecto actual de este importante tema nos permite abrigar la esperanza de que un principio tan humano en su carácter, tan justo y equitativo en su funcionamiento, tan esencial para la prosperidad de las naciones comerciales, por lo que en consonancia con los sentimientos de la época ilustrada de el mundo estará al mando de la aprobación de todas las potencias marítimas, y por lo tanto ser incorporado en el código de derecho internacional.

Mis puntos de vista sobre el tema se establecen con más detalle adelante en la respuesta de la Secretaría de Estado, una copia del cual se adjunta transmitida, a las comunicaciones sobre el tema hecho a este Gobierno, en especial a la comunicación de Francia.

El Gobierno de los Estados Unidos tiene en todo momento considerados con amistoso interés de los demás Estados de América, anteriormente, al igual que este país, las colonias europeas, y ahora los miembros independientes de la gran familia de las naciones. Pero la condición inestable de algunos de ellos, distraído por revoluciones frecuentes, y por lo tanto incapaces de administración interna regular y firme, ha tendido a avergonzar de vez en cuando nuestras relaciones públicas en razón de los males que nuestros ciudadanos sufren a manos de ellos, y los que son lentos para reparación.

Por desgracia, está en contra de la República de México, con el que es nuestro deseo especial para mantener un buen entendimiento, que tales denuncias son más numerosos; y aunque instó encarecidamente a su atención, no han todavía recibido la consideración que este Gobierno tenía derecho a esperar. Si bien la reparación de lesiones anteriores se ha retenido, se han añadido otros. La condición política de ese país, sin embargo, ha sido tan importante que exige paciencia por parte de los Estados Unidos. Voy a continuar con mis esfuerzos para procurar por los males de nuestros ciudadanos que eliminen la que es indispensable para la asociación amistosa continuado de las dos Repúblicas.

La peculiar condición de las cosas en Nicaragua en los primeros meses del presente año la hacía importante que este Gobierno debería tener relaciones diplomáticas con ese Estado. A través de su territorio se había abierto una de las principales vías a través del istmo que conecta el norte y el sur de América, en la que se transporta una gran cantidad de bienes y para que nuestros ciudadanos recurrieron en gran número en el paso entre el Atlántico y las costas del Pacífico de los Estados Unidos . La protección tanto requiere que el poder existente en ese Estado debe ser considerado como un gobierno responsable, y su ministro fue recibido en consecuencia. Pero él permaneció aquí sólo un corto tiempo. Al poco tiempo los asuntos políticos de Nicaragua experimentó un cambio desfavorable y se involucraron en una gran incertidumbre y confusión. Los representantes diplomáticos de ambas partes contendientes se han enviado recientemente a este Gobierno, pero con la información imperfecta poseía no era posible decidir que era el Gobierno de facto, y, a la espera de nuevos acontecimientos, que se han negado a recibir.

Las cuestiones de la naturaleza más grave están pendientes entre los Estados Unidos y la República de la Nueva Granada. El Gobierno de esa República llevó a cabo un año desde la imposición de derechos de tonelaje de buques extranjeros en sus puertos, pero el propósito fue resistida por este Gobierno por ser contraria a las estipulaciones de los tratados existentes con los Estados Unidos y a los derechos conferidos por la carta de la Compañía del Ferrocarril de Panamá , y fue reformado en consecuencia en ese momento, que se admitió que nuestros buques tenían derecho a estar exentos de derechos de tonelaje en los puertos libres de Panamá y Aspinwall. Pero el propósito ha sido revivido recientemente por parte de la Nueva Granada por la promulgación de una ley para someter a los buques que visitan sus puertos con el deber de tonelaje de 40 centavos por tonelada, y aunque la ley no ha sido puesta en vigor, sin embargo, el derecho a la cumplir todavía se afirma y podrá en cualquier momento tomar una decisión respecto por el Gobierno de esa República.

El Congreso de la Nueva Granada también ha promulgado una ley durante el último año, lo que impone un impuesto de más de $ 3 en cada libra de materia correo transportados a través del Istmo. Así, la suma necesaria para pagar a los correos de los Estados Unidos sería casi $ 2 millones al año, además de la gran suma pagadera por contrato a la Compañía del Ferrocarril de Panamá. Si la única objeción a esta exigencia fuera el exorbitancy de su importe, que no pudo presentarse a los Estados Unidos.

La imposición de la misma, sin embargo, obviamente, iría en contra de nuestro tratado con Nueva Granada e infringir el contrato de esa República con la Compañía del Ferrocarril de Panamá. La ley que prevé este impuesto fue por sus términos a surtir efecto el 1 de septiembre del año pasado, pero las autoridades locales en el istmo han sido inducido a suspender su ejecución y en espera de más instrucciones sobre el tema desde el Gobierno de la República. Porque aún no he advertido de la determinación de dicho Gobierno. Si una medida tan extraordinaria en su carácter y tan claramente contraria a las estipulaciones de tratados y los derechos contractuales de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, compuesto en su mayoría de los ciudadanos estadounidenses, debe persistir en, será el deber de los Estados Unidos para oponerse a su ejecución.

Lamento sobremanera que existe la ocasión para invitar a su atención a un tema de aún más grave la importación en nuestras relaciones con la República de la Nueva Granada. En el día 15 del pasado mes de abril un conjunto desenfrenada de los habitantes de Panamá cometido un ataque violento y escandaloso en las instalaciones de la compañía del ferrocarril y los pasajeros y demás personas en o cerca de la misma, que implica la muerte de varios ciudadanos de los Estados Unidos , el saqueo de muchos otros, y la destrucción de una gran cantidad de bienes pertenecientes a la compañía del ferrocarril. Hice una investigación completa de este caso que se hizo, y el resultado demuestra satisfactoriamente que la total responsabilidad de lo ocurrido agregados al Gobierno de la Nueva Granada. Por tanto, he exigido de ese Gobierno que los autores de los agravios de que se trata deben ser castigados; que es conveniente establecer para las familias de los ciudadanos de los Estados Unidos que fueron asesinados, con plena indemnización por la propiedad saqueada o destruida.

La condición actual del Istmo de Panamá, en la medida en que se refiere a la seguridad de las personas y de los bienes que pasan sobre ella, requiere una seria consideración. Incidentes recientes tienden a demostrar que las autoridades locales no pueden ser invocados para mantener la paz pública de Panamá, y sólo hay terreno para la aprensión de que una parte de los habitantes están meditando más ultrajes, sin las medidas adecuadas para la seguridad y la protección de las personas o propiedad que se haya adoptado, ya sea por el Estado de Panamá o por el Gobierno General de la Nueva Granada. En virtud de las garantías de los tratados, los ciudadanos de los Estados Unidos tienen, por el desembolso de varios millones de dólares, construyó un ferrocarril a través del istmo, y se ha convertido en la ruta principal entre nuestra Atlántico y las posesiones del Pacífico, sobre el que multitudes de nuestros ciudadanos y un gran cantidad de propiedades están constantemente pasando; a la seguridad y protección de todos los que y la continuación de las ventajas públicos involucrados es imposible que el Gobierno de los Estados Unidos para ser indiferente.

He considerado el peligro de que se repitan escenas de violencia sin ley en este barrio tan inminente como para que sea mi deber estación de una parte de nuestra fuerza naval en los puertos de Panamá y Aspinwall, con el fin de proteger a las personas y propiedades de la ciudadanos de los Estados Unidos en los puertos y para asegurar que se les paso seguro a través del istmo. Y sería, a mi juicio, sería prudente retirar la fuerza naval ahora en los puertos hasta que, por la acción espontánea de la República de Nueva Granada o de otro modo, se haya hecho algún arreglo adecuado para la protección y la seguridad de una línea de comunicación interoceánica, tan importante en este momento, no a los Estados Unidos solamente, sino para todos los demás estados marítimos, tanto de Europa y América.

Mientras tanto, las negociaciones se han iniciado, por medio de una comisión especial, para obtener de la Nueva Granada de plena indemnización por las lesiones sufridas por los ciudadanos en el Istmo y la seguridad satisfactoria para los intereses generales de los Estados Unidos.

Al abordar a usted mi último mensaje anual con motivo me parece el más apropiado para expresar mis felicitaciones, en vista de la paz, la grandeza y felicidad que los Estados Unidos ahora posee y disfrutar. Para señalar el estado de los distintos Departamentos del Gobierno y de todas las grandes ramas de la administración pública, civil y militar, con el fin de hablar de la inteligencia y la integridad que impregna el conjunto, sería para indicar imperfectamente la condición administrativa del país y los efectos beneficiosos de los que en el bienestar general. Tampoco sería suficiente decir que la nación es en realidad en la paz en el país y en el extranjero; que sus intereses industriales son prósperos; que el lienzo de sus marineros blanquea todos los mares, y el arado de su labradores está marchando constantemente hacia adelante a la conquista incruenta del continente; que las ciudades y los Estados muy poblados están surgiendo, como por encanto, desde el seno de remo selvas occidentales, y que la energía valiente de nuestra gente está haciendo de estos Estados Unidos la gran República del mundo. Estos resultados no se han alcanzado, sin pasar por pruebas y peligros, por la experiencia de la cual, y por lo tanto sólo, las naciones pueden endurecer a la edad adulta. Nuestros antepasados ​​fueron entrenados para la sabiduría, la cual concibió y el coraje que logró la independencia de las circunstancias que los rodeaban, por lo que fueron capaces de realizar la creación de la República. Se delega en la próxima generación de consolidar la obra de la Revolución, para entregar el país en su totalidad de las influencias de parcialidades transatlánticos en conflicto o antipatías que unidos a nuestra historia colonial y revolucionaria, y para organizar el funcionamiento práctico de las instituciones constitucionales y legales de la Unión. Para nosotros de esta generación sigue siendo el no menos noble tarea de mantener y extender el poder nacional. Hemos por fin llegado a esa etapa de la carrera de nuestro país en el que los peligros que se encuentran y los esfuerzos a realizar son los incidentes, no de debilidad, sino de fortaleza. En las relaciones exteriores que tenemos que attemper nuestro poder a la condición menos felices de otras repúblicas de América y para situarnos en la calma y la dignidad consciente de pleno derecho por el lado de la mayor y más rico de los imperios de Europa. En las relaciones internas que tenemos que evitar el choque de los descontentos, las ambiciones, los intereses y la exuberante, y por lo tanto a veces irregular, los impulsos de opinión o de acción que son el producto natural de la actual elevación política, la autosuficiencia , y el espíritu inquieto de la empresa del pueblo de los Estados Unidos.

Me prepararé para entregar la confianza Ejecutivo a mi sucesor y retirarse a la vida privada con sentimientos de profunda gratitud a la buena Providencia, que durante el período de mi Administración ha dignado llevar el país a través de muchas dificultades, tanto nacionales como extranjeros, y que me permite para contemplar el espectáculo de las relaciones amistosas y respetuosas entre los nuestros y todos los demás gobiernos y el establecimiento del orden constitucional y la tranquilidad en toda la Unión.

Original

Fellow-Citizens of the Senate and of the House of Representatives:

The Constitution requires that the President shall from time to time not only recommend to the consideration of Congress such measures as he may judge necessary and expedient, but also that he shall give information to them of the state of the Union. To do this fully involves exposition of all matters in the actual condition of the country, domestic or foreign, which essentially concern the general welfare. While performing his constitutional duty in this respect, the President does not speak merely to express personal convictions, but as the executive minister of the Government, enabled by his position and called upon by his official obligations to scan with an impartial eye the interests of the whole and of every part of the United States.

Of the condition of the domestic interests of the Union--its agriculture, mines, manufactures, navigation, and commerce--it is necessary only to say that the internal prosperity of the country, its continuous and steady advancement in wealth and population and in private as well as public well-being, attest the wisdom of our institutions and the predominant spirit of intelligence and patriotism which, notwithstanding occasional irregularities of opinion or action resulting from popular freedom, has distinguished and characterized the people of America. In the brief interval between the termination of the last and the commencement of the present session of Congress the public mind has been occupied with the care of selecting for another constitutional term the President and Vice-President of the United States.

The determination of the persons who are of right, or contingently, to preside over the administration of the Government is under our system committed to the States and the people. We appeal to them, by their voice pronounced in the forms of law, to call whomsoever they will to the high post of Chief Magistrate.

And thus it is that as the Senators represent the respective States of the Union and the members of the House of Representatives the several constituencies of each State, so the President represents the aggregate population of the United States. Their election of him is the explicit and solemn act of the sole sovereign authority of the Union.

It is impossible to misapprehend the great principles which by their recent political action the people of the United States have sanctioned and announced.

They have asserted the constitutional equality of each and all of the States of the Union as States: they have affirmed the constitutional equality of each and all of the citizens of the United States as citizens, whatever their religion, wherever their birth or their residence; they have maintained the inviolability of the constitutional rights of the different sections of the Union, and they have proclaimed their devoted and unalterable attachment to the Union and to the Constitution, as objects of interest superior to all subjects of local or sectional controversy, as the safeguard of the rights of all, as the spirit and the essence of the liberty, peace, and greatness of the Republic. In doing this they have at the same time emphatically condemned the idea of organizing in these United States mere geographical parties, of marshaling in hostile array toward each other the different parts of the country, North or South, East or West.

Schemes of this nature, fraught with incalculable mischief, and which the considerate sense of the people has rejected, could have had countenance in no part of the country had they not been disguised by suggestions plausible in appearance, acting upon an excited state of the public mind, induced by causes temporary in their character and, it is to be hoped, transient in their influence.

Perfect liberty of association for political objects and the widest scope of discussion are the received and ordinary conditions of government in our country. Our institutions, framed in the spirit of confidence in the intelligence and integrity of the people, do not forbid citizens, either individually or associated together, to attack by writing, speech, or any other methods short of physical force the Constitution and the very existence of the Union. Under the shelter of this great liberty, and protected by the laws and usages of the Government they assail, associations have been formed in some of the States of individuals who, pretending to seek only to prevent the spread of the institution of slavery into the present or future inchoate States of the Union, are really inflamed with desire to change the domestic institutions of existing States. To accomplish their objects they dedicate themselves to the odious task of depreciating the government organization which stands in their way and of calumniating with indiscriminate invective not only the citizens of particular States with whose laws they find fault, but all others of their fellow citizens throughout the country who do not participate with them in their assaults upon the Constitution, framed and adopted by our fathers, and claiming for the privileges it has secured and the blessings it has conferred the steady support and grateful reverence of their children. They seek an object which they well know to be a revolutionary one. They are perfectly aware that the change in the relative condition of the white and black races in the slaveholding States which they would promote is beyond their lawful authority; that to them it is a foreign object; that it can not be effected by any peaceful instrumentality of theirs; that for them and the States of which they are citizens the only path to its accomplishment is through burning cities, and ravaged fields, and slaughtered populations, and all there is most terrible in foreign complicated with civil and servile war; and that the first step in the attempt is the forcible disruption of a country embracing in its broad bosom a degree of liberty and an amount of individual and public prosperity to which there is no parallel in history, and substituting in its place hostile governments, driven at once and inevitably into mutual devastation and fratricidal carnage, transforming the now peaceful and felicitous brotherhood into a vast permanent camp of armed men like the rival monarchies of Europe and Asia. Well knowing that such, and such only, are the means and the consequences of their plans and purposes, they endeavor to prepare the people of the United States for civil war by doing everything in their power to deprive the Constitution and the laws of moral authority and to undermine the fabric of the Union by appeals to passion and sectional prejudice, by indoctrinating its people with reciprocal hatred, and by educating them to stand face to face as enemies, rather than shoulder to shoulder as friends.

It is by the agency of such unwarrantable interference, foreign and domestic, that the minds of many otherwise good citizens have been so inflamed into the passionate condemnation of the domestic institutions of the Southern States as at length to pass insensibly to almost equally passion late hostility toward their fellow-citizens of those States, and thus finally to fall into temporary fellowship with the avowed and active enemies of the Constitution. Ardently attached to liberty in the abstract, they do not stop to consider practically how the objects they would attain can be accomplished, nor to reflect that, even if the evil were as great as they deem it, they have no remedy to apply, and that it can be only aggravated by their violence and unconstitutional action. A question which is one of the most difficult of all the problems of social institution, political economy, and statesmanship they treat with unreasoning intemperance of thought and language. Extremes beget extremes. Violent attack from the North finds its inevitable consequence in the growth of a spirit of angry defiance at the South. Thus in the progress of events we had reached that consummation, which the voice of the people has now so pointedly rebuked, of the attempt of a portion of the States, by a sectional organization and movement, to usurp the control of the Government of the United States.

I confidently believe that the great body of those who inconsiderately took this fatal step are sincerely attached to the Constitution and the Union. They would upon deliberation shrink with unaffected horror from any conscious act of disunion or civil war. But they have entered into a path which leads nowhere unless it be to civil war and disunion, and which has no other possible outlet. They have proceeded thus far in that direction in consequence of the successive stages of their progress having consisted of a series of secondary issues, each of which professed to be confined within constitutional and peaceful limits, but which attempted indirectly what few men were willing to do directly; that is, to act aggressively against the constitutional rights of nearly one-half of the thirty-one States.

In the long series of acts of indirect aggression, the first was the strenuous agitation by citizens of the Northern States, in Congress and out of it, of the question of Negro emancipation in the Southern States.

The second step in this path of evil consisted of acts of the people of the Northern States, and in several instances of their governments, aimed to facilitate the escape of persons held to service in the Southern States and to prevent their extradition when reclaimed according to law and in virtue of express provisions of the Constitution. To promote this object, legislative enactments and other means were adopted to take away or defeat rights which the Constitution solemnly guaranteed. In order to nullify the then existing act of Congress concerning the extradition of fugitives from service, laws were enacted in many States forbidding their officers, under the severest penalties, to participate in the execution of any act of Congress whatever. In this way that system of harmonious cooperation between the authorities of the United States and of the several States, for the maintenance of their common institutions, which existed in the early years of the Republic was destroyed; conflicts of jurisdiction came to be frequent, and Congress found itself compelled, for the support of the Constitution and the vindication of its power, to authorize the appointment of new officers charged with the execution of its acts, as if they and the officers of the States were the ministers, respectively, of foreign governments in a state of mutual hostility rather than fellow-magistrates of a common country peacefully subsisting under the protection of one well-constituted Union. Thus here also aggression was followed by reaction, and the attacks upon the Constitution at this point did but serve to raise up new barriers for its defense and security.

The third stage of this unhappy sectional controversy was in connection with the organization of Territorial governments and the admission of new States into the Union. When it was proposed to admit the State of Maine, by separation of territory from that of Massachusetts, and the State of Missouri, formed of a portion of the territory ceded by France to the United States, representatives in Congress objected to the admission of the latter unless with conditions suited to particular views of public policy. The imposition of such a condition was successfully resisted; but at the same period the question was presented of imposing restrictions upon the residue of the territory ceded by France. That question was for the time disposed of by the adoption of a geographical line of limitation.

In this connection it should not be forgotten that when France, of her own accord, resolved, for considerations of the most farsighted sagacity, to cede Louisiana to the United States, and that accession was accepted by the United States, the latter expressly engaged that "the inhabitants of the ceded territory shall be incorporated in the Union of the United States and admitted as soon as possible, according to the principles of the Federal Constitution, to the enjoyment of all the rights, advantages, and immunities of citizens of the United States; and in the meantime they shall be maintained and protected in the free enjoyment of their liberty, property, and the religion which they profess;" that is to say, while it remains in a Territorial condition its inhabitants are maintained and protected in the free enjoyment of their liberty and property, with a right then to pass into the condition of States on a footing of perfect equality with the original States.

The enactment which established the restrictive geographical line was acquiesced in rather than approved by the States of the Union. It stood on the statute book, however, for a number of years; and the people of the respective States acquiesced in the reenactment of the principle as applied to the State of Texas, and it was proposed to acquiesce in its further application to the territory acquired by the United States from Mexico. But this proposition was successfully resisted by the representatives from the Northern States, who, regardless of the statute line, insisted upon applying restriction to the new territory generally, whether lying north or south of it, thereby repealing it as a legislative compromise, and, on the part of the North, persistently violating the compact, if compact there was.

Thereupon this enactment ceased to have binding virtue in any sense, whether as respects the North or the South, and so in effect it was treated on the occasion of the admission of the State of California and the organization of the Territories of New Mexico, Utah, and Washington.

Such was the state of this question when the time arrived for the organization of the Territories of Kansas and Nebraska. In the progress of constitutional inquiry and reflection it had now at length come to be seen clearly that Congress does not possess constitutional power to impose restrictions of this character upon any present or future State of the Union. In a long series of decisions, on the fullest argument and after the most deliberate consideration, the Supreme Court of the United States had finally determined this point in every form under which the question could arise, whether as affecting public or private rights--in questions of the public domain, of religion, of navigation, and of servitude.

The several States of the Union are by force of the Constitution coequal in domestic legislative power. Congress can not change a law of domestic relation in the State of Maine; no more can it in the State of Missouri. Any statute which proposes to do this is a mere nullity; it takes away no right, it confers none. If it remains on the statute book unrepealed, it remains there only as a monument of error and a beacon of warning to the legislator and the statesman. To repeal it will be only to remove imperfection from the statutes, without affecting, either in the sense of permission, or of prohibition, the action of the States or of their citizens.

Still, when the nominal restriction of this nature, already a dead letter in law, was in terms repealed by the last Congress, in a clause of the act organizing the Territories of Kansas and Nebraska, that repeal was made the occasion of a widespread and dangerous agitation. It was alleged that the original enactment being a compact of perpetual moral obligation, its repeal constituted an odious breach of faith. An act of Congress, while it remains unrepealed, more especially if it be constitutionally valid in the judgment of those public functionaries whose duty it is to pronounce on that point, is undoubtedly binding on the conscience of each good citizen of the Republic. But in what sense can it be asserted that the enactment in question was invested with perpetuity and entitled to the respect of a solemn Compact? Between whom was the compact? No distinct contending powers of the Government, no separate sections of the Union treating as such, entered into treaty stipulations on the subject. It was a mere clause of an act of Congress, and, like any other controverted matter of legislation, received its final shape and was passed by compromise of the conflicting opinions or sentiments of the members of Congress. But if it had moral authority over men's consciences, to whom did this authority attach? Not to those of the North, who had repeatedly refused to confirm it by extension and who had zealously striven to establish other and incompatible regulations upon the subject. And if, as it thus appears, the supposed compact had no obligatory force as to the North, of course it could not have had any as to the South, for all such compacts must be mutual and of reciprocal obligation.

It has not unfrequently happened that lawgivers, with undue estimation of the value of the law they give or in the view of imparting to it peculiar strength, make it perpetual in terms; but they can not thus bind the conscience, the judgment, and the will of those who may succeed them, invested with similar responsibilities and clothed with equal authority. More careful investigation may prove the law to be unsound in principle. Experience may show it to be imperfect in detail and impracticable in execution. And then both reason and right combine not merely to justify but to require its repeal.

The Constitution, supreme, as it is, over all the departments of the Government--legislative, executive, and judicial--is open to amendment by its very terms; and Congress or the States may, in their discretion, propose amendment to it, solemn compact though it in truth is between the sovereign States of the Union. In the present instance a political enactment which had ceased to have legal power or authority of any kind was repealed. The position assumed that Congress had no moral right to enact such repeal was strange enough, and singularly so in view of the fact that the argument came from those who openly refused obedience to existing laws of the land, having the same popular designation and quality as compromise acts; nay, more, who unequivocally disregarded and condemned the most positive and obligatory injunctions of the Constitution itself, and sought by every means within their reach to deprive a portion of their fellow-citizens of the equal enjoyment of those rights and privileges guaranteed alike to all by the fundamental compact of our Union.

This argument against the repeal of the statute line in question was accompanied by another of congenial character and equally with the former destitute of foundation in reason and truth. It was imputed that the measure originated in the conception of extending the limits of slave labor beyond those previously assigned to it, and that such was its natural as well as intended effect; and these baseless assumptions were made, in the Northern States, the ground of unceasing assault upon constitutional right.

The repeal in terms of a statute, which was already obsolete and also null for unconstitutionality, could have no influence to obstruct or to promote the propagation of conflicting views of political or social institution. When the act organizing the Territories of Kansas and Nebraska was passed, the inherent effect upon that portion of the public domain thus opened to legal settlement was to admit settlers from all the States of the Union alike, each with his convictions of public policy and private interest, there to found, in their discretion, subject to such limitations as the Constitution and acts of Congress might prescribe, new States, hereafter to be admitted into the Union. It was a free field, open alike to all, whether the statute line of assumed restriction were repealed or not. That repeal did not open to free competition of the diverse opinions and domestic institutions a field which without such repeal would have been closed against them; it found that field of competition already opened, in fact and in law. All the repeal did was to relieve the statute book of an objectionable enactment, unconstitutional in effect and injurious in terms to a large portion of the States.

Is it the fact that in all the unsettled regions of the United States, if emigration be left free to act in this respect for itself, without legal prohibitions on either side, slave labor will spontaneously go everywhere in preference to free labor? Is it the fact that the peculiar domestic institutions of the Southern States possess relatively so much of vigor that wheresoever an avenue is freely opened to all the world they will penetrate to the exclusion of those of the Northern States? Is it the fact that the former enjoy, compared with the latter, such irresistibly superior vitality, independent of climate, soil, and all other accidental circumstances, as to be able to produce the supposed result in spite of the assumed moral and natural obstacles to its accomplishment and of the more numerous population of the Northern States? The argument of those who advocate the enactment of new laws of restriction and condemn the repeal of old ones in effect avers that their particular views of government have no self-extending or self-sustaining power of their own, and will go nowhere unless forced by act of Congress. And if Congress do but pause for a moment in the policy of stern coercion; if it venture to try the experiment of leaving men to judge for themselves what institutions will best suit them; if it be not strained up to perpetual legislative exertion on this point--if Congress proceed thus to act in the very spirit of liberty, it is at once charged with aiming to extend slave labor into all the new Territories of the United States.

Of course these imputations on the intentions of Congress in this respect, conceived, as they were, in prejudice and disseminated in passion, are utterly destitute of any justification in the nature of things and contrary to all the fundamental doctrines and principles of civil liberty and self-government.

While, therefore, in general, the people of the Northern States have never at any time arrogated for the Federal Government the power to interfere directly with the domestic condition of persons in the Southern States, but, on the contrary, have disavowed all such intentions and have shrunk from conspicuous affiliation with those few who pursue their fanatical objects avowedly through the contemplated means of revolutionary change of the Government and with acceptance of the necessary consequences--a civil and servile war--yet many citizens have suffered themselves to be drawn into one evanescent political issue of agitation after another, appertaining to the same set of opinions, and which subsided as rapidly as they arose when it came to be seen, as it uniformly did, that they were incompatible with the compacts of the Constitution and the existence of the Union. Thus when the acts of some of the States to nullify the existing extradition law imposed upon Congress the duty of passing a new one, the country was invited by agitators to enter into party organization for its repeal; but that agitation speedily ceased by reason of the impracticability of its object. So when the statute restriction upon the institutions of new States by a geographical line had been repealed, the country was urged to demand its restoration, and that project also died almost with its birth. Then followed the cry of alarm from the North against imputed Southern encroachments, which cry sprang in reality from the spirit of revolutionary attack on the domestic institutions of the South, and, after a troubled existence of a few months, has been rebuked by the voice of a patriotic people.

Of this last agitation, one lamentable feature was that it was carried on at the immediate expense of the peace and happiness of the people of the Territory of Kansas. That was made the battlefield, not so much of opposing factions or interests within itself as of the conflicting passions of the whole people of the United States. Revolutionary disorder in Kansas had its origin in projects of intervention deliberately arranged by certain members of that Congress which enacted the law for the organization of the Territory; and when propagandist colonization of Kansas had thus been undertaken in one section of the Union for the systematic promotion of its peculiar views of policy there ensued as a matter of course a counteraction with opposite views in other sections of the Union.

In consequence of these and other incidents, many acts of disorder, it is undeniable, have been perpetrated in Kansas, to the occasional interruption rather than the permanent suspension of regular government. Aggressive and most reprehensible incursions into the Territory were undertaken both in the North and the South, and entered it on its northern border by the way of Iowa, as well as on the eastern by way of Missouri; and there has existed within it a state of insurrection against the constituted authorities, not without countenance from inconsiderate persons in each of the great sections of the Union. But the difficulties in that Territory have been extravagantly exaggerated for purposes of political agitation elsewhere. The number and gravity of the acts of violence have been magnified partly by statements entirely untrue and partly by reiterated accounts of the same rumors or facts. Thus the Territory has been seemingly filled with extreme violence, when the whole amount of such acts has not been greater than what occasionally passes before us in single cities to the regret of all good citizens, but without being regarded as of general or permanent political consequence.

Imputed irregularities in the elections had in Kansas, like occasional irregularities of the same description in the States, were beyond the sphere of action of the Executive. But incidents of actual violence or of organized obstruction of law, pertinaciously renewed from time to time, have been met as they occurred by such means as were available and as the circumstances required, and nothing of this character now remains to affect the general peace of the Union. The attempt of a part of the inhabitants of the Territory to erect a revolutionary government, though sedulously encouraged and supplied with pecuniary aid from active agents of disorder in some of the States, has completely failed. Bodies of armed men, foreign to the Territory, have been prevented from entering or compelled to leave it; predatory bands, engaged in acts of rapine under cover of the existing political disturbances, have been arrested or dispersed, and every well-disposed person is now enabled once more to devote himself in peace to the pursuits of prosperous industry, for the prosecution of which he undertook to participate in the settlement of the Territory.

It affords me unmingled satisfaction thus to announce the peaceful condition of things in Kansas, especially considering the means to which it was necessary to have recourse for the attainment of the end, namely, the employment of a part of the military force of the United States. The withdrawal of that force from its proper duty of defending the country against foreign foes or the savages of the frontier to employ it for the suppression of domestic insurrection is, when the exigency occurs, a matter of the most earnest solicitude. On this occasion of imperative necessity it has been done with the best results, and my satisfaction in the attainment of such results by such means is greatly enhanced by the consideration that, through the wisdom and energy of the present executive of Kansas and the prudence, firmness, and vigilance of the military officers on duty there tranquillity has been restored without one drop of blood having been shed in its accomplishment by the forces of the United States.

The restoration of comparative tranquillity in that Territory furnishes the means of observing calmly and appreciating at their just value the events which have occurred there and the discussions of which the government of the Territory has been the subject. We perceive that controversy concerning its future domestic institutions was inevitable; that no human prudence, no form of legislation, no wisdom on the part of Congress, could have prevented it.

It is idle to suppose that the particular provisions of their organic law were the cause of agitation. Those provisions were but the occasion, or the pretext, of an agitation which was inherent in the nature of things. Congress legislated upon the subject in such terms as were most consonant with the principle of popular sovereignty which underlies our Government. It could not have legislated otherwise without doing violence to another great principle of our institutions--the imprescriptible right of equality of the several States.

We perceive also that sectional interests and party passions have been the great impediment to the salutary operation of the organic principles adopted and the chief cause of the successive disturbances in Kansas. The assumption that because in the organization of the Territories of Nebraska and Kansas Congress abstained from imposing restraints upon them to which certain other Territories had been subject, therefore disorders occurred in the latter Territory, is emphatically contradicted by the fact that none have occurred in the former. Those disorders were not the consequence, in Kansas, of the freedom of self-government conceded to that Territory by Congress, but of unjust interference on the part of persons not inhabitants of the Territory. Such interference, wherever it has exhibited itself by acts of insurrectionary character or of obstruction to process of law, has been repelled or suppressed by all the means which the Constitution and the laws place in the hands of the Executive.

In those parts of the United States where, by reason of the inflamed state of the public mind, false rumors and misrepresentations have the greatest currency it has been assumed that it was the duty of the Executive not only to suppress insurrectionary movements in Kansas, but also to see to the regularity of local elections. It needs little argument to show that the President has no such power. All government in the United States rests substantially upon popular election. The freedom of elections is liable to be impaired by the intrusion of unlawful votes or the exclusion of lawful ones, by improper influences, by violence, or by fraud. But the people of the United States are themselves the all sufficient guardians of their own rights, and to suppose that they will not remedy in due season any such incidents of civil freedom is to suppose them to have ceased to be capable of self-government. The President of the United States has not power to interpose in elections, to see to their freedom, to canvass their votes, or to pass upon their legality in the Territories any more than in the States. If he had such power the Government might be republican in form, but it would be a monarchy in fact; and if he had undertaken to exercise it in the case of Kansas he would have been justly subject to the charge of usurpation and of violation of the dearest rights of the people of the United States.

Unwise laws, equally with irregularities at elections, are in periods of great excitement the occasional incidents of even the freest and best political institutions; but all experience demonstrates that in a country like ours, where the right of self-constitution exists in the completest form, the attempt to remedy unwise legislation by resort to revolution is totally out of place, inasmuch as existing legal institutions afford more prompt and efficacious means for the redress of wrong.

I confidently trust that now, when the peaceful condition of Kansas affords opportunity for calm reflection and wise legislation, either the legislative assembly of the Territory or Congress will see that no act shall remain on its statute book violative of the provisions of the Constitution or subversive of the great objects for which that was ordained and established, and will take all other necessary steps to assure to its inhabitants the enjoyment, without obstruction or abridgment, of all the constitutional rights, privileges, and immunities of citizens of the United States, as contemplated by the organic law of the Territory.

Full information in relation to recent events in this Territory will be found in the documents communicated herewith from the Departments of State and War.

I refer you to the report of the Secretary of the Treasury for particular information concerning the financial condition of the Government and the various branches of the public service connected with the Treasury Department.

During the last fiscal year the receipts from customs were for the first time more than $64,000,000, and from all sources $73,918,141, which, with the balance on hand up to the 1st of July, 1855, made the total resources of the year amount to $92,850,117. The expenditures, including $3,000,000 in execution of the treaty with Mexico and excluding sums paid on account of the public debt, amounted to $60,172,401, and including the latter to $72,948,792, the payment on this account having amounted to $12,776,390.

On the 4th of March, 1853, the amount of the public debt was $69,129,937. There was a subsequent increase of $2,750,000 for the debt of Texas, making a total of $71,879,937. Of this the sum of $45,525,319, including premium, has been discharged, reducing the debt to $30,963,909, all which might be paid within a year without embarrassing the public service, but being not yet due and only redeemable at the option of the holder, can not be pressed to payment by the Government.

On examining the expenditures of the last five years it will be seen that the average, deducting payments on account of the public debt and $10,000,000 paid by treaty to Mexico, has been but about $48,000,000. It is believed that under an economical administration of the Government the average expenditure for the ensuing five years will not exceed that sum, unless extraordinary occasion for its increase should occur. The acts granting bounty lands will soon have been executed, while the extension of our frontier settlements will cause a continued demand for lands and augmented receipts, probably, from that source. These considerations will justify a reduction of the revenue from customs so as not to exceed forty-eight or fifty million dollars. I think the exigency for such reduction is imperative, and again urge it upon the consideration of Congress.

The amount of reduction, as well as the manner of effecting it, are questions of great and general interest, it being essential to industrial enterprise and the public prosperity, as well as the dictate of obvious justice, that the burden of taxation be made to rest as equally as possible upon all classes and all sections and interests of the country.

I have heretofore recommended to your consideration the revision of the revenue laws, prepared under the direction of the Secretary of the Treasury, and also legislation upon some special questions affecting the business of that Department, more especially the enactment of a law to punish the abstraction of official books or papers from the files of the Government and requiring all such books and papers and all other public property to be turned over by the outgoing officer to his successor; of a law requiring disbursing officers to deposit all public money in the vaults of the Treasury or in other legal depositories, where the same are conveniently accessible, and a law to extend existing penal provisions to all persons who may become possessed of public money by deposit or otherwise and who shall refuse or neglect on due demand to pay the same into the Treasury. I invite your attention anew to each of these objects.

The Army during the past year has been so constantly employed against hostile Indians in various quarters that it can scarcely be said, with propriety of language, to have been a peace establishment. Its duties have been satisfactorily performed, and we have reason to expect as a result of the year's operations greater security to the frontier inhabitants than has been hitherto enjoyed. Extensive combinations among the hostile Indians of the Territories of Washington and Oregon at one time threatened the devastation of the newly formed settlements of that remote portion of the country. From recent information we are permitted to hope that the energetic and successful operations conducted there will prevent such combinations in future and secure to those Territories an opportunity to make steady progress in the development of their agricultural and mineral resources.

Legislation has been recommended by me on previous occasions to cure defects in the existing organization and to increase the efficiency of the Army, and further observation has but served to confirm me in the views then expressed and to enforce on my mind the conviction that such measures are not only proper, but necessary.

I have, in addition, to invite the attention of Congress to a change of policy in the distribution of troops and to the necessity of providing a more rapid increase of the military armament. For details of these and other subjects relating to the Army I refer to the report of the Secretary of War.

The condition of the Navy is not merely satisfactory, but exhibits the most gratifying evidences of increased vigor. As it is comparatively small, it is more important that it should be as complete as possible in all the elements of strength; that it should be efficient in the character of its officers, in the zeal and discipline of its men, in the reliability of its ordnance, and in the capacity of its ships. In all these various qualities the Navy has made great progress within the last few years. The execution of the law of Congress of February 28, 1855, "to promote the efficiency of the Navy," has been attended by the most advantageous results. The law for promoting discipline among the men is found convenient and salutary. The system of granting an honorable discharge to faithful seamen on the expiration of the period of their enlistment and permitting them to reenlist after a leave of absence of a few months without cessation of pay is highly beneficial in its influence. The apprentice system recently adopted is evidently destined to incorporate into the service a large number of our countrymen, hitherto so difficult to procure. Several hundred American boys are now on a three years' cruise in our national vessels and will return well-trained seamen. In the Ordnance Department there is a decided and gratifying indication of progress, creditable to it and to the country. The suggestions of the Secretary of the Navy in regard to further improvement in that branch of the service I commend to your favorable action. The new frigates ordered by Congress are now afloat and two of them in active service. They are superior models of naval architecture, and with their formidable battery add largely to public strength and security. I concur in the views expressed by the Secretary of the Department in favor of a still further increase of our naval force.

The report of the Secretary of the Interior presents facts and views in relation to internal affairs over which the supervision of his Department extends of much interest and importance.

The aggregate sales of the public lands during the last fiscal year amount to 9,227,878 acres, for which has been received the sum of $8,821,414. During the same period there have been located with military scrip and land warrants and for other purposes 30,100,230 acres, thus making a total aggregate of 39,328,108 acres. On the 30th of September last surveys had been made of 16,873,699 acres, a large proportion of which is ready for market.

The suggestions in this report in regard to the complication and progressive expansion of the business of the different bureaus of the Department, to the pension system, to the colonization of Indian tribes, and the recommendations in relation to various improvements in the District of Columbia are especially commended to your consideration.

The report of the Postmaster-General presents fully the condition of that Department of the Government. Its expenditures for the last fiscal year were $10,407,868 and its gross receipts $7,620,801, making an excess of expenditure over receipts of $2,787,046. The deficiency of this Department is thus $744,000 greater than for the year ending June 30, 1853. Of this deficiency $330,000 is to be attributed to the additional compensation allowed to postmasters by the act of Congress of June 22, 1854. The mail facilities in every part of the country have been very much increased in that period, and the large addition of railroad service, amounting to 7,908 miles, has added largely to the cost of transportation.

The inconsiderable augmentation of the income of the Post-Office Department under the reduced rates of postage and its increasing expenditures must for the present make it dependent to some extent upon the Treasury for support. The recommendations of the Postmaster-General in relation to the abolition of the franking privilege and his views on the establishment of mail steamship lines deserve the consideration of Congress. I also call the special attention of Congress to the statement of the Postmaster-General respecting the sums now paid for the transportation of mails to the Panama Railroad Company, and commend to their early and favorable consideration the suggestions of that officer in relation to new contracts for mail transportation upon that route, and also upon the Tehuantepec and Nicaragua routes.

The United States continue in the enjoyment of amicable relations with all foreign powers.

When my last annual message was transmitted to Congress two subjects of controversy, one relating to the enlistment of soldiers in this country for foreign service and the other to Central America, threatened to disturb the good understanding between the United States and Great Britain. Of the progress and termination of the former question you were informed at the time, and the other is now in the way of satisfactory adjustment.

The object of the convention between the United States and Great Britain of the 19th of April, 1850, was to secure for the benefit of all nations the neutrality and the common use of any transit way or interoceanic communication across the Isthmus of Panama which might be opened within the limits of Central America. The pretensions subsequently asserted by Great Britain to dominion or control over territories in or near two of the routes, those of Nicaragua and Honduras, were deemed by the United States not merely incompatible with the main object of the treaty, but opposed even to its express stipulations. Occasion of controversy on this point has been removed by an additional treaty, which our minister at London has concluded, and which will be immediately submitted to the Senate for its consideration. Should the proposed supplemental arrangement be concurred in by all the parties to be affected by it, the objects contemplated by the original convention will have been fully attained.

The treaty between the United States and Great Britain of the 5th of June, 1854, which went into effective operation in 1855, put an end to causes of irritation between the two countries, by securing to the United States the right of fishery on the coast of the British North American Provinces, with advantages equal to those enjoyed by British subjects. Besides the signal benefits of this treaty to a large class of our citizens engaged in a pursuit connected to no inconsiderable degree with our national prosperity and strength, it has had a favorable effect upon other interests in the provision it made for reciprocal freedom of trade between the United States and the British Provinces in America. The exports of domestic articles to those Provinces during the last year amounted to more than $22,000,000, exceeding those of the preceding year by nearly $7,000,000; and the imports therefrom during the same period amounted to more than twenty-one million, an increase of six million upon those of the previous year.

The improved condition of this branch of our commerce is mainly attributable to the above-mentioned treaty.

Provision was made in the first article of that treaty for a commission to designate the mouths of rivers to which the common right of fishery on the coast of the United States and the British Provinces was not to extend. This commission has been employed a part of two seasons, but without much progress in accomplishing the object for which it was instituted, in consequence of a serious difference of opinion between the commissioners, not only as to the precise point where the rivers terminate, but in many instances as to what constitutes a river. These difficulties, however, may be overcome by resort to the umpirage provided for by the treaty.

The efforts perseveringly prosecuted since the commencement of my Administration to relieve our trade to the Baltic from the exaction of Sound dues by Denmark have not yet been attended with success. Other governments have also sought to obtain a like relief to their commerce, and Denmark was thus induced to propose an arrangement to all the European powers interested in the subject, and the manner in which her proposition was received warranting her to believe that a satisfactory arrangement with them could soon be concluded, she made a strong appeal to this Government for temporary suspension of definite action on its part, in consideration of the embarrassment which might result to her European negotiations by an immediate adjustment of the question with the United States. This request has been acceded to upon the condition that the sums collected after the 16th of June last and until the 16th of June next from vessels and cargoes belonging to our merchants are to be considered as paid under protest and subject to future adjustment. There is reason to believe that an arrangement between Denmark and the maritime powers of Europe on the subject will be soon concluded, and that the pending negotiation with the United States may then be resumed and terminated in a satisfactory manner.

With Spain no new difficulties have arisen, nor has much progress been made in the adjustment of pending ones.

Negotiations entered into for the purpose of relieving our commercial intercourse with the island of Cuba of some of its burdens and providing for the more speedy settlement of local disputes growing out of that intercourse have not yet been attended with any results. Soon after the commencement of the late war in Europe this Government submitted to the consideration of all maritime nations two principles for the security of neutral commerce--one that the neutral flag should cover enemies' goods, except articles contraband of war, and the other that neutral property on board merchant vessels of belligerents should be exempt from condemnation, with the exception of contraband articles. These were not presented as new rules of international law, having been generally claimed by neutrals, though not always admitted by belligerents. One of the parties to the war (Russia), as well as several neutral powers, promptly acceded to these propositions, and the two other principal belligerents (Great Britain and France) having consented to observe them for the present occasion, a favorable opportunity seemed to be presented for obtaining a general recognition of them, both in Europe and America. But Great Britain and France, in common with most of the States of Europe, while forbearing to reject, did not affirmatively act upon the overtures of the United States.

While the question was in this position the representatives of Russia, France, Great Britain, Austria, Prussia, Sardinia, and Turkey, assembled at Paris, took into consideration the subject of maritime rights, and put forth a declaration containing the two principles which this Government had submitted nearly two years before to the consideration of maritime powers, and adding thereto the following propositions: "Privateering is and remains abolished," and "Blockades in order to be binding must be effective; that is to say, maintained by a force sufficient really to prevent access to the coast of the enemy;" and to the declaration thus composed of four points, two of which had already been proposed by the United States, this Government has been invited to accede by all the powers represented at Paris except Great Britain and Turkey. To the last of the two additional propositions--that in relation to blockades--there can certainly be no objection. It is merely the definition of what shall constitute the effectual investment of a blockaded place, a definition for which this Government has always contended, claiming indemnity for losses where a practical violation of the rule thus defined has been injurious to our commerce. As to the remaining article of the declaration of the conference of Paris, that "privateering is and remains abolished," I certainly can not ascribe to the powers represented in the conference of Paris any but liberal and philanthropic views in the attempt to change the unquestionable rule of maritime law in regard to privateering. Their proposition was doubtless intended to imply approval of the principle that private property upon the ocean, although it might belong to the citizens of a belligerent state, should be exempted from capture; and had that proposition been so framed as to give full effect to the principle, it would have received my ready assent on behalf of the United States. But the measure proposed is inadequate to that purpose. It is true that if adopted private property upon the ocean would be withdrawn from one mode of plunder, but left exposed meanwhile to another mode, which could be used with increased effectiveness. The aggressive capacity of great naval powers would be thereby augmented, while the defensive ability of others would be reduced. Though the surrender of the means of prosecuting hostilities by employing privateers, as proposed by the conference of Paris, is mutual in terms, yet in practical effect it would be the relinquishment of a right of little value to one class of states, but of essential importance to another and a far larger class. It ought not to have been anticipated that a measure so inadequate to the accomplishment of the proposed object and so unequal in its operation would receive the assent of all maritime powers. Private property would be still left to the depredations of the public armed cruisers.

I have expressed a readiness on the part of this Government to accede to all the principles contained in the declaration of the conference of Paris provided that the one relating to the abandonment of privateering can be so amended as to effect the object for which, as is presumed, it was intended--the immunity of private property on the ocean from hostile capture. To effect this object, it is proposed to add to the declaration that "privateering is and remains abolished" the following amendment:

And that the private property of subjects and citizens of a belligerent on the high seas shall be exempt from seizure by the public armed vessels of the other belligerent, except it be contraband.

This amendment has been presented not only to the powers which have asked our assent to the declaration to abolish privateering, but to all other maritime states. Thus far it has not been rejected by any, and is favorably entertained by all which have made any communication in reply.

Several of the governments regarding with favor the proposition of the United States have delayed definitive action upon it only for the purpose of consulting with others, parties to the conference of Paris. I have the satisfaction of stating, however, that the Emperor of Russia has entirely and explicitly approved of that modification and will cooperate in endeavoring to obtain the assent of other powers, and that assurances of a similar purport have been received in relation to the disposition of the Emperor of the French. The present aspect of this important subject allows us to cherish the hope that a principle so humane in its character, so just and equal in its operation, so essential to the prosperity of commercial nations, and so consonant to the sentiments of this enlightened period of the world will command the approbation of all maritime powers, and thus be incorporated into the code of international law.

My views on the subject are more fully set forth in the reply of the Secretary of State, a copy of which is herewith transmitted, to the communications on the subject made to this Government, especially to the communication of France.

The Government of the United States has at all times regarded with friendly interest the other States of America, formerly, like this country, European colonies, and now independent members of the great family of nations. But the unsettled condition of some of them, distracted by frequent revolutions, and thus incapable of regular and firm internal administration, has tended to embarrass occasionally our public intercourse by reason of wrongs which our citizens suffer at their hands, and which they are slow to redress.

Unfortunately, it is against the Republic of Mexico, with which it is our special desire to maintain a good understanding, that such complaints are most numerous; and although earnestly urged upon its attention, they have not as yet received the consideration which this Government had a right to expect. While reparation for past injuries has been withheld, others have been added. The political condition of that country, however, has been such as to demand forbearance on the part of the United States. I shall continue my efforts to procure for the wrongs of our citizens that redress which is indispensable to the continued friendly association of the two Republics.

The peculiar condition of affairs in Nicaragua in the early part of the present year rendered it important that this Government should have diplomatic relations with that State. Through its territory had been opened one of the principal thoroughfares across the isthmus connecting North and South America, on which a vast amount of property was transported and to which our citizens resorted in great numbers in passing between the Atlantic and Pacific coasts of the United States. The protection of both required that the existing power in that State should be regarded as a responsible Government, and its minister was accordingly received. But he remained here only a short time. Soon thereafter the political affairs of Nicaragua underwent unfavorable change and became involved in much uncertainty and confusion. Diplomatic representatives from two contending parties have been recently sent to this Government, but with the imperfect information possessed it was not possible to decide which was the Government de facto, and, awaiting further developments, I have refused to receive either.

Questions of the most serious nature are pending between the United States and the Republic of New Granada. The Government of that Republic undertook a year since to impose tonnage duties on foreign vessels in her ports, but the purpose was resisted by this Government as being contrary to existing treaty stipulations with the United States and to rights conferred by charter upon the Panama Railroad Company, and was accordingly refurbished at that time, it being admitted that our vessels were entitled to be exempt from tonnage duty in the free ports of Panama and Aspinwall. But the purpose has been recently revived on the part of New Granada by the enactment of a law to subject vessels visiting her ports to the tonnage duty of 40 cents per ton, and although the law has not been put in force, yet the right to enforce it is still asserted and may at any time be acted on by the Government of that Republic.

The Congress of New Granada has also enacted a law during the last year which levies a tax of more than $3 on every pound of mail matter transported across the Isthmus. The sum thus required to be paid on the mails of the United States would be nearly $2,000,000 annually in addition to the large sum payable by contract to the Panama Railroad Company. If the only objection to this exaction were the exorbitancy of its amount, it could not be submitted to by the United States.

The imposition of it, however, would obviously contravene our treaty with New Granada and infringe the contract of that Republic with the Panama Railroad Company. The law providing for this tax was by its terms to take effect on the 1st of September last, but the local authorities on the Isthmus have been induced to suspend its execution and to await further instructions on the subject from the Government of the Republic. I am not yet advised of the determination of that Government. If a measure so extraordinary in its character and so clearly contrary to treaty stipulations and the contract rights of the Panama Railroad Company, composed mostly of American citizens, should be persisted in, it will be the duty of the United States to resist its execution.

I regret exceedingly that occasion exists to invite your attention to a subject of still graver import in our relations with the Republic of New Granada. On the 15th day of April last a riotous assemblage of the inhabitants of Panama committed a violent and outrageous attack on the premises of the railroad company and the passengers and other persons in or near the same, involving the death of several citizens of the United States, the pillage of many others, and the destruction of a large amount of property belonging to the railroad company. I caused full investigation of that event to be made, and the result shows satisfactorily that complete responsibility for what occurred attaches to the Government of New Granada. I have therefore demanded of that Government that the perpetrators of the wrongs in question should be punished; that provision should be made for the families of citizens of the United States who were killed, with full indemnity for the property pillaged or destroyed.

The present condition of the Isthmus of Panama, in so far as regards the security of persons and property passing over it, requires serious consideration. Recent incidents tend to show that the local authorities can not be relied on to maintain the public peace of Panama, and there is just ground for apprehension that a portion of the inhabitants are meditating further outrages, without adequate measures for the security and protection of persons or property having been taken, either by the State of Panama or by the General Government of New Granada. Under the guaranties of treaty, citizens of the United States have, by the outlay of several million dollars, constructed a railroad across the Isthmus, and it has become the main route between our Atlantic and Pacific possessions, over which multitudes of our citizens and a vast amount of property are constantly passing; to the security and protection of all which and the continuance of the public advantages involved it is impossible for the Government of the United States to be indifferent.

I have deemed the danger of the recurrence of scenes of lawless violence in this quarter so imminent as to make it my duty to station a part of our naval force in the harbors of Panama and Aspinwall, in order to protect the persons and property of the citizens of the United States in those ports and to insure to them safe passage across the Isthmus. And it would, in my judgment, be unwise to withdraw the naval force now in those ports until, by the spontaneous action of the Republic of New Granada or otherwise, some adequate arrangement shall have been made for the protection and security of a line of interoceanic communication, so important at this time not to the United States only, but to all other maritime states, both of Europe and America.

Meanwhile negotiations have been instituted, by means of a special commission, to obtain from New Granada full indemnity for injuries sustained by our citizens on the Isthmus and satisfactory security for the general interests of the United States.

In addressing to you my last annual message the occasion seems to me an appropriate one to express my congratulations, in view of the peace, greatness, and felicity which the United States now possess and enjoy. To point you to the state of the various Departments of the Government and of all the great branches of the public service, civil and military, in order to speak of the intelligence and the integrity which pervades the whole, would be to indicate but imperfectly the administrative condition of the country and the beneficial effects of that on the general welfare. Nor would it suffice to say that the nation is actually at peace at home and abroad; that its industrial interests are prosperous; that the canvas of its mariners whitens every sea, and the plow of its husbandmen is marching steadily onward to the bloodless conquest of the continent; that cities and populous States are springing up, as if by enchantment, from the bosom of oar Western wilds, and that the courageous energy of our people is making of these United States the great Republic of the world. These results have not been attained without passing through trials and perils, by experience of which, and thus only, nations can harden into manhood. Our forefathers were trained to the wisdom which conceived and the courage which achieved independence by the circumstances which surrounded them, and they were thus made capable of the creation of the Republic. It devolved on the next generation to consolidate the work of the Revolution, to deliver the country entirely from the influences of conflicting transatlantic partialities or antipathies which attached to our colonial and Revolutionary history, and to organize the practical operation of the constitutional and legal institutions of the Union. To us of this generation remains the not less noble task of maintaining and extending the national power. We have at length reached that stage of our country's career in which the dangers to be encountered and the exertions to be made are the incidents, not of weakness, but of strength. In foreign relations we have to attemper our power to the less happy condition of other Republics in America and to place ourselves in the calmness and conscious dignity of right by the side of the greatest and wealthiest of the Empires of Europe. In domestic relations we have to guard against the shock of the discontents, the ambitions, the interests, and the exuberant, and therefore sometimes irregular, impulses of opinion or of action which are the natural product of the present political elevation, the self-reliance, and the restless spirit of enterprise of the people of the United States.

I shall prepare to surrender the Executive trust to my successor and retire to private life with sentiments of profound gratitude to the good Providence which during the period of my Administration has vouchsafed to carry the country through many difficulties, domestic and foreign, and which enables me to contemplate the spectacle of amicable and respectful relations between ours and all other governments and the establishment of constitutional order and tranquillity throughout the Union.