Conciudadanos del Senado y la Cámara de Representantes:
Tenemos razones para renovar la expresión de nuestra gratitud devota al Dador de todo bien por su protección benigna. Nuestro país presenta por todas partes las evidencias de que el favor continuo bajo cuyos auspicios, ha aumentado gradualmente de algunas colonias débiles y dependientes de una confederación próspera y poderosa. Hemos sido bendecidos con la tranquilidad nacional y todos los elementos de la prosperidad nacional. La peste que, invadiendo durante un tiempo algunas porciones florecientes de la Unión, interrumpió la prevalencia general de salud inusual felizmente ha sido limitado en extensión y arrestado en su carrera mortal. La industria y la prudencia de nuestros ciudadanos están aliviando gradualmente desde las vergüenzas pecuniarias en las que parte de ellos han trabajado; legislación sensata y de los recursos naturales y sin límites del país han brindado sabio terminar la ayuda oportuna a la empresa privada, y la actividad siempre característico de nuestra gente ya tiene en gran medida reanudado sus canales habituales y rentables.
El estado de nuestras relaciones exteriores no ha cambiado sustancialmente desde el último mensaje anual de mi predecesor. Nos mantenemos en paz con todas las naciones, y ningún esfuerzo de mi parte en consonancia con la conservación de nuestros derechos y de la dignidad de la patria seremos librados de mantener una posición de modo consonante a nuestras instituciones. Hemos sostenido fielmente la política exterior con el que Estados Unidos, bajo la dirección de su primer presidente, tomó su posición en la familia de naciones - la de la regulación de sus relaciones con otras potencias por los principios de la vida privada aprobados; preguntar y de acuerdo igualdad de derechos y privilegios; prestación y exigiendo justicia en todos los casos; la promoción de su propia y discutir las pretensiones de los demás con sinceridad, la franqueza y la sinceridad; apelando en todo momento a la razón, pero nunca ceder a la fuerza ni buscando adquirir nada para sí mismos por su ejercicio.
Una rígida adhesión a esta política ha dejado este Gobierno con apenas una reclamación sobre su justicia para las lesiones derivadas de los actos cometidos por sus autoridades. El más imponente y desconcertante de los de los Estados Unidos a los gobiernos extranjeros para agresiones sobre nuestros ciudadanos fueron dispuestos por mi predecesor. Independientemente de los beneficios conferidos a los ciudadanos mediante la restauración de la comunidad mercantil tantos millones de los cuales habían sido cedidas por error, un gran servicio también se presta a su país por la solución satisfactoria de tantos temas antiguos e irritantes de la discordia; y refleja ningún crédito ordinario en su exitosa administración de los asuntos públicos que este gran objetivo se logra sin comprometer en cualquier ocasión, ya sea el honor o la paz de la nación.
Con potencias europeas no hay nuevos temas de dificultades han surgido, y los que estaban en discusión, aunque no terminada, no presentan un aspecto más desfavorable para la preservación futura de ese buen entendimiento que lo ha sido siempre nuestro deseo de cultivar.
Por cuestiones pendientes lo más importante es la que existe con el Gobierno de Gran Bretaña con respecto a nuestro límite noreste. Es con pesar sincero que el pueblo de los Estados Unidos deben mirar hacia atrás a los esfuerzos fallidos realizados por el Ejecutivo, por un período de más de medio siglo, para determinar que ninguna nación debe sufrir mucho para permanecer en disputa - el verdadero la línea que divide las posesiones de los de otras potencias. La naturaleza de los asentamientos en las fronteras de los Estados Unidos y del territorio vecino era para una temporada de tal manera que esto, tal vez, no era indispensable para un fiel cumplimiento de las obligaciones del Gobierno Federal. El tiempo no tiene, sin embargo, cambió este estado de cosas, y ha dado lugar a un estado de cosas en el que los verdaderos intereses de ambos países imperativamente requieren que esta cuestión debe ser puesto en reposo. No es que se disfrazó de que, con plena confianza, a menudo se expresa, en el deseo del Gobierno británico de darlo por terminado, aparentemente estamos tan lejos de su ajuste, ya que estábamos en el momento de la firma del tratado de paz en 1783 El único resultado de las negociaciones de larga pendiente y un arbitraje desconcertante que parece ser una convicción por su parte que una línea convencional debe ser adoptada, de la imposibilidad de conocer la verdad uno de acuerdo a la descripción que figura en dicho tratado. Sin coincidiendo en esta opinión, que no se cree que está bien redondeado, mi predecesor dio la prueba más fuerte del ferviente deseo de los Estados Unidos para terminar satisfactoriamente este conflicto al proponer la sustitución de una línea convencional si el consentimiento de los Estados interesados en la cuestión se podría obtener. Para esta propuesta todavía no se ha recibido ninguna respuesta. La atención del Gobierno británico ha, sin embargo, fue invitado con urgencia al tema, y su respuesta no puede, estoy seguro, será mucho más tardía. Las relaciones generales entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos son del carácter más amable, y estoy muy satisfecho de la disposición sincera de ese Gobierno para mantenerlos en su actual equilibrio. Esta disposición tiene también, lo cual estoy seguro, a ser más general, con el pueblo de Inglaterra que en cualquier período anterior. Apenas es necesario decir a usted cómo cordialmente que es correspondido por el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. La condena, que debe ser común a todos, de las consecuencias perjudiciales que se derivan de mantener abierta esta pregunta irritante, y la certeza de que su solución definitiva no puede ser mucho más largo diferida, serán, espero, dar lugar a un ajuste temprano y satisfactoria. En su última sesión que puse antes de las últimas comunicaciones entre los dos gobiernos y entre este Gobierno y la del Estado de Maine, en cuya solicitud relativa a un tema en el que ella tiene un interés tan profundo cada porción de la Unión participa.
Las sensaciones producidas por una interrupción temporal de esas relaciones armoniosas entre Francia y los Estados Unidos que se deben también a los recuerdos de tiempos pasados como a una correcta apreciación de los intereses existentes han sido felizmente logrado por una disposición cordial a ambos lados de cultivar una amistad activa en sus relaciones futuras. La opinión, sin duda correcta, y constantemente entretenido por nosotros, para que las relaciones comerciales existentes en la actualidad entre los dos países son susceptibles de grandes y recíprocamente beneficiosas mejoras, obviamente, está ganando terreno en Francia, y estoy seguro de la disposición de ese Gobierno para favorecer la realización de un objeto tal. Esta disposición deberá cumplirse en un espíritu propio de nuestra parte. Las preguntas pocos y comparativamente poco importantes que quedan por ajustar entre nosotros puede, no tengo ninguna duda, se resolverá con toda satisfacción y sin dificultad.
Entre Rusia y los sentimientos de los Estados Unidos de buena seguirá siendo acariciado mutuamente. Nuestro ministro recientemente acreditada ante dicho Tribunal ha sido recibida con una franqueza y cordialidad y con evidencias de respeto por su país, que nosotros no dejan lugar a la duda la preservación en el futuro de estas relaciones amistosas y liberales que tienen tanto tiempo y tan ininterrumpidamente existía entre la dos países. En los pocos temas en discusión entre nosotros está con confianza anticipa una decisión temprana y justa.
Una correspondencia se ha abierto con el Gobierno de Austria para el establecimiento de las relaciones diplomáticas, de conformidad con los deseos del Congreso, como se indica por una ley de asignaciones del período de sesiones de 1837, y las disposiciones para su propósito, que serán debidamente llevarse a efecto .
Con Austria y Prusia, y con los Estados del Imperio alemán (ahora componer con este último la Liga Comercial) nuestras relaciones políticas son de carácter más amable, mientras que nuestro intercambio comercial se está extendiendo poco a poco, con beneficio para todos los que participan en ella.
La guerra civil aún hace estragos en España, produciendo un intenso sufrimiento a su propio pueblo, y para otras naciones inconvenientes y pesar. Nuestros ciudadanos que tienen derechos sobre ese país serán perjudicados por un tiempo por la condición de su tesorería, la consecuencia inevitable de la larga y continuada y agotadoras guerras internas. La última cuota de los intereses de la deuda debida en virtud de la convención con la Reina de España no ha sido pagada y puede ser esperado fallos similares a suceder hasta que una parte de los recursos de su reino puede ser dedicado a la extinción de su deuda externa.
Tener evidencia satisfactoria recibida que discriminan impuestos de carga fueron acusados en los buques de los Estados Unidos en los puertos de Portugal, una proclamación fue emitido el día 11 de octubre pasado, en cumplimiento de la Ley de 25 de mayo de 1832, declarando ese hecho, y los derechos sobre tonelaje extranjero que fueron imponerse a los buques portugueses en los Estados Unidos con anterioridad a la aprobación de ese acto se revivieron en consecuencia.
El acto de 4 de julio de 1836, se suspende el derecho discriminatorios sobre los productos de Portugal importados a este país en los buques portugueses, se aprobó, a solicitud de ese Gobierno a través de su representante aquí, bajo la creencia de que no existe discriminación similar en Portugal a en perjuicio de los Estados Unidos. Lamento tener que decir que tales derechos están exija en ese país en los cargamentos de los buques americanos, y como el acto mencionado inviste ningún margen de apreciación en el Ejecutivo, es que el Congreso determine sobre la conveniencia de una nueva legislación sobre el tema. Contra estas discriminaciones que afectan a los buques de este país y sus cargas remonstrance estacionales se hizo, y se le dio aviso al Gobierno portugués que, a menos que se deben suspender la adopción de medidas compensatorias por parte de los Estados Unidos se convertiría necesario; pero la respuesta de ese Gobierno, recibida en el Departamento de Estado a través de nuestras encargado de negocios en Lisboa en el mes de septiembre del año pasado, dio ningún motivo para esperar por el abandono de un sistema tan poco en armonía con el tratamiento se muestra a los vasos de Portugal y sus cargamentos en los puertos de este país y de manera contraria a las expectativas que teníamos derecho a entretener.
Con Holanda, Suecia, Dinamarca, Nápoles, y Bélgica una relación de amistad se ha mantenido de forma ininterrumpida.
Con el Gobierno de la Puerta Otomana y sus dependencias en la costa del Mediterráneo de paz y buena voluntad son cuidadosamente cultivado, y que han sido impulsados por los buenos oficios como la distancia relativa y la condición de esos países permitiría.
Nuestro comercio con Grecia se lleva a cabo bajo las leyes de los dos Gobiernos, recíprocamente beneficiosas para los intereses Navegación de ambos; y tengo razones para esperar a la adopción de otras medidas que serán más ampliamente y de forma permanente ventajosa.
Las copias de los tratados celebrados con los Gobiernos de Siam y Muscat se transmiten por la información del Congreso, después de haber sido recibidas las ratificaciones y los tratados hechos públicos desde el cierre de la última sesión anual. ¿Ya tiene razonamos para felicitarnos por la perspectiva de considerable beneficio comercial; y hemos, además, recibió de la evidencia inmediata sultán de Muscat de su deseo de cultivar los sentimientos más amables, por actos liberales hacia uno de nuestros buques, otorgado de manera tan sorprendente como para requerir de nuestra parte un agradecido reconocimiento.
Nuestro comercio con las islas de Cuba y Puerto Rico aún trabaja bajo fuertes restricciones, cuya continuación es un tema de arrepentimiento. El único efecto de una adhesión a los mismos será a beneficio de la navegación de los demás países a expensas tanto de los Estados Unidos y España.
Las naciones independientes de este continente tienen desde que salieron del estado colonial experimentó severas pruebas en su progreso al establecimiento permanente de las instituciones políticas liberales. Su condición inestable no sólo interrumpe sus propios avances a la prosperidad, pero a menudo ha herido gravemente a los otros poderes del mundo. Las reclamaciones de los ciudadanos sobre Perú, Chile, Brasil, la República Argentina, los gobiernos se formaron a partir de las Repúblicas de Colombia y México, aún están pendientes, aunque muchos de ellos se han presentado para su examen más de veinte años. Nueva Granada, Venezuela y Ecuador han formado recientemente un convenio para que permita verificar y ajustar las reclamaciones contra la República de Colombia, de la que se espera sinceramente nuestros ciudadanos antes de mucho recibir una indemnización completa por los daños infligidos sobre ellos y por el retraso en que permite que.
Un tratado ventajoso de comercio ha sido celebrado por los Estados Unidos con la Confederación Perú-Boliviana, que sólo quiere la ratificación de dicho Gobierno. El progreso de una posterior negociación para la solución de reclamaciones en Perú ha sido desfavorablemente afectados por la guerra entre ese poder y Chile y la República Argentina, y el mismo evento también es probable que produzcan retrasos en la resolución de las demandas fuera de esos poderes.
Las circunstancias agravantes relacionadas con nuestros derechos sobre México y una variedad de eventos que tocan el honor y la integridad de nuestro Gobierno llevó mi predecesor para hacer en la segunda sesión del último Congreso una recomendación especial del curso que se persiguen para obtener una pronta y definitiva la satisfacción de las lesiones denunciadas por este Gobierno y por nuestros ciudadanos. Recomendó una demanda final de reparación, con un contingente autoridad al Poder Ejecutivo para que las represalias si esa demanda debe hacerse en vano. De las actas del Congreso sobre esa recomendación parecía que la opinión de ambas ramas de la Legislatura coincidió con la del Ejecutivo, que cualquier modo de reparación sabe que la ley de las naciones podría ser utilizado con razón. Era obvio, también, que el Congreso cree con el Presidente que se hiciera otra demanda, con el fin de dar una prueba innegable y satisfactoria de nuestro deseo de evitar las extremidades con una potencia vecina, pero que había una indisposición conferir una autoridad discrecional en el Ejecutivo a tomar una reparación en caso de que por desgracia se sea negada o retrasada indebidamente por el gobierno mexicano.
¿Tan pronto como se prepararon los documentos necesarios, después de entrar en el desempeño de mi cargo, un mensajero especial fue enviado a México para hacer una demanda final de reparación, con los documentos requeridos por las disposiciones de nuestro tratado. La demanda fue hecha el 20 de julio pasado. La respuesta, que lleva fecha del 29 del mismo mes, contiene garantías de un deseo por parte de ese Gobierno para dar una respuesta pronta y explícita respetando cada una de las quejas, pero que el examen de ellos sería necesariamente deliberada; que en este examen se guiaría por los principios de derecho público y la obligación de los tratados; que nada debe ser dejado de hacer que pueda conducir a la adaptación más rápida y equitativa de nuestras demandas, y que su determinación con respecto a cada caso debe ser comunicado a través del ministro mexicano aquí.
Desde entonces un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ha sido acreditado a este Gobierno por el de la República Mexicana. Trajo consigo garantías de un sincero deseo de que las diferencias pendientes entre los dos gobiernos deben terminarse de una manera satisfactoria para ambos. Fue recibido con garantías recíprocas, y una esperanza era entretenido que su misión sería dar lugar a un ajuste rápido, satisfactorio, y final de todos los temas existentes de denuncia. Un creyente sincero en la sabiduría de la política pacífica por la que Estados Unidos siempre ha sido gobernado en sus relaciones con las naciones extranjeras, que era mi deseo particular, de la proximidad de la República Mexicana y los sucesos conocidos en nuestra frontera, para ser decisivo en obviando todas las dificultades existentes con ese Gobierno y en la restauración de la relación sexual entre las dos Repúblicas que el carácter liberal y amistoso por las que siempre deben ser distinguidos. Lamento, por lo tanto, más profundamente de haber encontrado en las recientes comunicaciones de ese Gobierno tan pocas razones para esperar que las futuras actividades de la mina para la realización de esos objetos deseables tendrían éxito.
Aunque el número más grande - y los casos muchos de ellos agravados de agravios personales - han sido ya durante años antes de que el Gobierno de México, y algunas de las causas de queja nacional, y los de carácter más ofensivo, admitió de inmediato, simple, y las respuestas satisfactorias, es sólo dentro de un pasado unos días de que cualquier comunicación específica en respuesta a la última demanda, hecha hace cinco meses, se ha recibido del ministro mexicano. Por el informe de la Secretaria de Estado adjunta presentada y los documentos que lo acompañan, se verá que para ninguna de nuestras quejas públicas ha dado u ofrecido satisfacción, de que sólo uno de los casos de mal personal ha sido considerado favorablemente, y eso, pero cuatro casos de ambas descripciones fuera de todos los presentados formalmente y seriamente presionado como han sido aún decidida por el Gobierno de México.
No percibir de qué manera cualquiera de los poderes que solo el Ejecutivo podrían emplearse más útilmente en traer esta lamentable controversia a una terminación satisfactoria, el tema era por mi predecesor se refirió al Congreso como una llamada para su interposición. De acuerdo con los deseos claramente entendidos de la Legislatura, otro y la demanda formal de satisfacción se ha hecho un llamamiento al Gobierno de México, con lo que el éxito de los documentos ahora se comunicaban mostrarán. En un examen cuidadoso y deliberado de su contenido, y teniendo en cuenta el espíritu manifestado por el Gobierno de México, se ha convertido en mi penoso deber de devolver el objeto en su estado actual al Congreso, a quien compete decidir sobre el tiempo, el modo, y la medida de reparación. Cualquiera que sea su decisión, deberá ser fielmente ejecutado, confía en que se caracteriza por que la moderación y la justicia que voy, confío, en todas las circunstancias regulan los consejos de nuestro país.
El equilibrio en el Tesoro el 1 de enero de 1837, fue 45.968.523 dólares. Los recibos durante el presente año a partir de todas las fuentes, incluyendo la cantidad de bonos del Tesoro emitidos, se estiman en $ 23,499,981, lo que constituye un agregado de $ 69468504. De esta cantidad de 35281361 dólares se habrán gastado al final del año en asignaciones hechas por el Congreso, y el residuo, que asciende a $ 34.187.143, será el saldo nominal en el Tesoro el 1 de enero del próximo; pero de esa cantidad sólo 1.085.498 dólares es considerado como disponible de inmediato para y aplicable a fines públicos. Esas porciones de ella que será por algún tiempo disponible consisten principalmente de las cantidades depositadas en los Estados y depósitos en los antiguos bancos de depósito. Los detalles sobre este tema se pueden encontrar en el informe anual del Secretario del Tesoro. La cantidad de bonos del Tesoro que será necesario emitir durante el año a causa de esos fondos son voluntad disponible, se supone, no exceda de cuatro millones y medio. Parecía apropiado, en el estado del país, para tener las estimaciones sobre todos los temas compuestos por un precio tan bajo como sea posible y sin perjuicio de las grandes medidas públicas. Por tanto, los departamentos se desea preparar sus estimaciones en consecuencia, y estoy feliz de encontrar que han sido capaces de graduarse en una escala tan económico. En los grandes ya menudo inesperadas fluctuaciones a las que los ingresos se somete no es posible calcular los recibos de antemano con gran certeza, pero en caso de que no difieren esencialmente de presentes anticipaciones, y debe los créditos no mucho superar las estimaciones, ninguna dificultad parece probable a pasar a sufragar los gastos corrientes con prontitud y fidelidad.
A pesar de las grandes vergüenzas que se han producido recientemente en los asuntos comerciales, y la indulgencia liberal que a consecuencia de estos hechos vergonzosos se ha extendido tanto a los comerciantes y los bancos, es gratificante ser capaz de prever que los bonos del Tesoro que se han publicado durante el presente año será redimido y que los recursos del Tesoro, sin ningún recurso a los préstamos o el aumento de impuestos, resultará suficiente para sufragar todos los gastos que se le imponen en 1838.
El informe del Secretario de Hacienda le producirá una exposición más minutos de todos los asuntos relacionados con la administración de las finanzas durante el año en curso - un período que por la cantidad de dinero público desembolsado y depositará en los Estados, así como las dificultades financieras encontradas y superadas, tiene pocos paralelos en nuestra historia.
Su atención estaba en la última sesión de invitado a la necesidad de disposiciones legislativas adicionales con respecto a la recogida, custodia y traslado del dinero público. Ninguna ley que ha sido luego maduró, y no entender los procedimientos del Congreso como la intención de ser definitiva, se convierte en mi deber de nuevo para traer el tema a su notificación.
En esa ocasión, tres modos de realización de esta rama de la administración pública se presentaron para su consideración. Estas fueron, la creación de un banco nacional; el renacimiento, con modificaciones, del sistema de depósito establecida por el acto del 23 de junio de 1836, que permiten el uso de los dineros públicos por parte de los bancos; y la suspensión de la utilización de este tipo de instituciones para los fines mencionados, con disposiciones adecuadas para su realización a través de la agencia de los funcionarios públicos. Teniendo en cuenta las opiniones de ambas cámaras del Congreso en las dos primeras proposiciones como se expresa en la negativa, en la que estoy totalmente de acuerdo, no es necesario que me vuelva a recurrir a ellos. En relación con el pasado, usted ha tenido la oportunidad ya que su aplazamiento no sólo para poner a prueba aún más la oportunidad de la medida por el funcionamiento en la práctica continuada de tales partes de ella como lo son ahora en vigor, sino también para descubrir lo que se debe buscar siempre para y considerado con la mayor deferencia - las opiniones y los deseos de las personas.
La voluntad nacional es la ley suprema de la República, y en todos los temas dentro de los límites de sus facultades constitucionales debe ser fielmente obedecido por el servidor público. Dado que la medida en cuestión fue sometido a su consideración la mayoría de ustedes han disfrutado de la ventaja de la comunicación personal con sus electores. Para un Estado sólo se ha celebrado una elección para el Gobierno Federal; pero el día antes en que tuvo lugar privó a la medida considerada de gran parte de la ayuda que de otro modo podrían haber derivado de los resultados. Las elecciones locales para los funcionarios del Estado han, sin embargo, han celebrado en varios de los Estados, por lo que la conveniencia del plan propuesto por el Ejecutivo ha sido. más o menos discutido. Usted, estoy seguro, el rendimiento de sus resultados el respeto debido a todas las expresiones de la voz pública. Deseando, sin embargo, para llegar a la verdad y una visión justa del tema en todos sus aspectos, tendrá al mismo tiempo recordar que las cuestiones de interés local mucho más profundo y más inmediato que los planes fiscales del Tesoro Nacional participaron en esas elecciones . Por encima de todo, no podemos pasar por alto el hecho sorprendente de que había en ese momento en los Estados más de ciento sesenta millones de capital de los bancos, de los cuales gran parte fueron objeto de confiscación real, otras porciones grandes defendidos sólo por especial y limitada legislativa indulgencias, y la mayor parte, si no todos, en mayor o menor medida depende de la continuación de su existencia corporativa de la voluntad de las legislaturas estatales para ser escogidos entonces. Enterado de esta circunstancia, se le juzga si no es más probable que la condición peculiar de ese vasto interés en estos aspectos, el grado en que se ha propagado a través de todas las ramificaciones de la sociedad, su conexión directa con las elecciones entonces pendientes, y los sentimientos que se calculó para infundir en el escrutinio han ejercido una influencia mucho mayor sobre el resultado que cualquiera que se pudiera haber producido por un conflicto de opinión con respecto a una pregunta en la administración del Gobierno General más remoto y menos importante en sus rodamientos sobre ese interés.
No he encontrado ninguna razón para cambiar mi opinión en cuanto a la conveniencia de adoptar el sistema propuesto, siendo perfectamente convencido de que no habrá ni estabilidad ni seguridad, ya sea en los asuntos fiscales del Gobierno o en las transacciones pecuniarias de los individuos y las corporaciones tanto tiempo como existe una conexión entre ellos que, al igual que el pasado, ofrece tales incentivos fuertes para que sean los sujetos de la agitación política. De hecho, estoy más convencido que nunca de los peligros a que el ejercicio libre y sin prejuicios de la opinión política - el único fundamento seguro y salvaguardia de gobierno republicano - estaría expuesto por cualquier incremento adicional de la influencia ya cubierto de las autoridades corporativas. No puedo, por tanto, en consonancia con mis puntos de vista del deber, asesorar a la renovación de una conexión que las circunstancias han disuelto.
La interrupción del uso de los bancos estatales con fines fiscales no debe ser considerado como una medida de hostilidad hacia las instituciones. Bancos adecuadamente establecidos y llevados a cabo son de gran utilidad para el negocio del país, y serán, sin duda, seguirá existiendo en los Estados, siempre que se ajusten a sus leyes y se encuentran para ser seguro y beneficioso. La forma en que se deben crear, qué privilegios deberían disfrutar, bajo qué responsabilidades deben actuar, y en qué restricciones deben estar sujetos son preguntas que, como he observado en una ocasión anterior, pertenecen a los Estados para decidir. Sobre sus derechos o el ejercicio de ellos el Gobierno General puede tener ningún motivo para invadir. Su deber hacia ellos está bien realizado cuando se abstiene de legislar para su beneficio especial, porque esa legislación viola el espíritu de la Constitución y ser injusto con otros intereses; cuando se toma ninguna medida para poner en peligro su utilidad, pero también lo gestiona sus propios asuntos como para que sea el interés de esas instituciones para fortalecer y mejorar su condición para la seguridad y el bienestar de la comunidad en general. No tienen derecho a insistir en una relación con el Gobierno Federal, ni en el uso del dinero público para su propio beneficio. El objeto de la medida en cuestión ha de evitar en el futuro una conexión obligatoria de este tipo. Se propone colocar el Gobierno General, en lo que respecta a los puntos esenciales de la recogida, custodia y traslado del dinero público, en una situación que se aliviarlo de toda dependencia de la voluntad de los individuos o corporaciones irresponsables; a retirar esos dineros de los usos del comercio privado y confiar a agentes constitucionalmente seleccionadas y controladas por la ley; abstenerse de injerencias indebidas con la industria de la gente y retener incentivos a las relaciones imprudentes por parte de los individuos; para dar estabilidad a las preocupaciones de la Tesorería; para preservar las medidas del Gobierno de los reproches inevitables que se derivan de este tipo de conexión, y de los propios bancos de los efectos perjudiciales de una supuesta participación en los conflictos políticos de la época, de la que de otro modo les será difícil escapar.
Estos son mis puntos de vista sobre este importante tema, formadas después de una cuidadosa reflexión y sin ganas, pero para llegar a lo que es más probable que promueva el interés público. Ellos son ahora, como antes, presentado con deferencia fingida por las opiniones de los demás. No era de esperar que tan importantes los cambios en un tema tan interesante se podría hacer sin producir una diversidad grave de opinión; pero siempre y cuando esas opiniones contrapuestas se mantienen por encima de la influencia de intereses particulares o locales, siempre y cuando se persiguen sólo el bien general y se discuten con la moderación y el candor, esa diversidad es una ventaja, no una lesión. Si una mayoría del Congreso ver el bienestar público de una manera diferente, y más especialmente si deben tener constancia de que la medida propuesta no sería aceptable para el pueblo, me miro a su sabiduría para sustituir tal como puede ser más propicio para la uno y más satisfactoria a la otra. En cualquier caso, pueden confiar plenamente en mi cordial cooperación en toda la medida en que mis puntos de vista de la Constitución y mi sentido del deber lo permitan.
Es obvia la importancia de esta rama de la administración pública y para el negocio y la tranquilidad del país que todo el tema debe de alguna manera se liquidarán y regulada por la ley, y, si es posible, en su actual período de sesiones. Además de los planes anteriormente mencionados, no soy consciente de que cualquiera se ha sugerido, excepto la de guardar el dinero público en los bancos del Estado, en especial de depósito. Este plan es, en cierta medida, de acuerdo con la práctica del Gobierno y con las disposiciones vigentes de la Secretaría de Hacienda, que, excepto, tal vez, durante el funcionamiento de la ley de depósito tarde, siempre se ha permitido, incluso durante la existencia de un banco nacional, para hacer un uso temporal de los bancos estatales en lugares particulares para la custodia de las partes de los ingresos. Este poder discrecional podría continuar si el Congreso, consideren conveniente, cualquier sistema en general se adopte. Siempre y cuando la conexión es voluntaria que necesitamos, tal vez, anticipamos algunas de esas dificultades y poco de que la dependencia de los bancos que deben asistir a cada una de estas conexiones cuando obligatorio en su naturaleza y cuando dispuestas de manera que hacen los bancos una parte fija de la maquinaria del gobierno. Es, sin duda, en el poder del Congreso para regular y guárdela como para evitar que el dinero público se aplique al uso o mezclado con los asuntos de los individuos. Así dispuesto, a pesar de que no le daría al Gobierno que el control de la totalidad sobre sus propios fondos que yo deseo de asegurar a la misma por el plan que he propuesto, que sería, hay que admitir, en gran medida cumplir con uno de los objetos que ha recomendado que planificar a mi juicio - la separación de las preocupaciones fiscales del Gobierno de los de los individuos o corporaciones.
Con estas observaciones Recomiendo todo el asunto a su reflexión desapasionada, esperando confiadamente que alguna conclusión se puede llegar en sus deliberaciones que por un lado se dan la seguridad y la estabilidad de las operaciones fiscales del Gobierno, y ser coherente, por otra, con el genio de nuestras instituciones y con los intereses y los deseos de la gran masa de nuestros electores.
Era mi esperanza de que nada ocurriría hacer necesaria en esta ocasión ninguna alusión al desaparecido banco nacional. Hay circunstancias, sin embargo, relacionados con el estado actual de los asuntos que influyen de manera directa en el carácter del Gobierno y el bienestar de los ciudadanos que no debo sentirme excusado al descuidar a notarlos. La carta que terminaba sus privilegios bancarios en el 4 de marzo de 1836, continuó su poder corporativo dos años más con el único propósito de cerrar sus asuntos, con autoridad "para utilizar la razón social, el estilo y la capacidad para el propósito de trajes para una solución definitiva y la liquidación de los asuntos y actos de la corporación, y para la venta y disposición de su patrimonio - real, personal, y se mezcla -. pero para ningún otro propósito o de cualquier otra manera "Justo antes de los privilegios bancarios cesaron, sus efectos fueron transferidos por el banco a una nueva institución del Estado, luego incorporado recientemente, en fideicomiso, para el desempeño de sus deudas y la liquidación de sus asuntos. Con este administrador, la autoridad del Congreso, un ajuste se hizo posteriormente al gran interés que el Gobierno tenía en el balance de la institución. La manera en que un fideicomiso creado de forma inesperada en el acto de concesión de la carta, y la participación de estos grandes intereses públicos, se ha ejecutado sería en ningún caso ser un tema apropiado de la investigación; pero mucho más qué merece su atención cuando se abraza la redención de obligaciones a las que la autoridad y el crédito de los Estados Unidos han dado valor. Los dos años permitidos son ahora casi a su fin. Es bien sabido que el fiduciario no ha redimido y canceló las obligaciones negociables en circulación del banco, pero ha reeditado y es en realidad volver a emitir, desde el 3 de marzo de 1836, las notas que se han recibido por ella a una gran cantidad. Según su propia declaración oficial, tan tarde como el día 1 de octubre del año pasado, diecinueve meses Des- los privilegios bancarios dadas por la Carta habían expirado, tenía bajo su control las notas sin cancelar de la tarde Banco de los Estados Unidos a la cantidad de $ 27.561.866 , de los cuales $ 6175861 estaban en circulación real, $ 1,468,627 en agencias bancarias estatales, y $ 3.002.390 en transitu, mostrando así que hacia arriba de diez millones y medio de las notas de la antigua banco eran entonces todavía mantienen pendientes.
La impropiedad de este procedimiento es obvio, él que es el deber del administrador para cancelar y no poner adelante las notas de una institución cuyas preocupaciones se había comprometido a terminar. Si el administrador tiene derecho a volver a emitir estas notas ahora, no veo ninguna razón por la que no puede seguir haciéndolo después de la expiración de los dos años. Como nadie podía haber previsto un curso tan extraordinario, la cláusula de prohibición de la carta arriba citada no fue acompañado por una pena u otra disposición especial para hacerla cumplir, ni tenemos ninguna ley general para la prevención de actos similares en el futuro.
Pero no es en este punto de vista del sujeto que solo se requiere que su interposición. Los Estados Unidos en la solución con el administrador de sus acciones han retirado sus fondos de su antigua responsabilidad directa a los acreedores del antiguo banco, sin embargo, las notas de la institución continuará siendo enviado en su nombre, y por lo visto en la autoridad de los Estados Unidos. Las transacciones relacionadas con el empleo de las cuentas del antiguo banco son de gran magnitud, y en caso de que como resultado, lamentablemente los intereses de los individuos pueden ser profundamente comprometidos. Sin llevar a cabo para decidir hasta qué punto o en qué forma, si los hay, el fiduciario puede hacerse responsable de las notas que contienen ninguna obligación de su parte, o el antiguo banco por ejemplo, se ponen en circulación después de la expiración de su carta y sin su autoridad, o el Gobierno de indemnización en caso de pérdida, la pregunta sigue prensas en sí a su consideración si es coherente con el deber y la buena fe de parte del Gobierno para presenciar este procedimiento sin un solo esfuerzo para detenerla.
El informe del Comisionado de la Oficina General de Tierras, el cual será presentado ante usted por el Secretario del Tesoro, mostrará cómo se han conducido los asuntos de ese cargo durante el último año. La disposición de los terrenos públicos es uno de los fideicomisos más importantes confiado al Congreso. La viabilidad de retener el título y el control de esas extensas dominios en el Gobierno General, y al mismo tiempo admitir los territorios que abarca ellos en la Unión Federal como co-iguales con los Estados originales, fue seriamente puesta en duda por muchos de nuestros hombres de Estado más sabios. Todos temían convertirse en una fuente de discordia, y muchos llevaban sus temores hasta el punto de ver en ellos la semilla de una futura disolución de la Confederación. Pero felizmente nuestra experiencia ya ha sido suficiente para acallar en gran medida todas estas aprensiones. La posición a la vez supone, que la admisión de nuevos Estados a la Unión en pie de igualdad con los Estados originales era incompatible con el derecho de los suelos en los Estados Unidos y opera como una rendición de los mismos, sin perjuicio de lo dispuesto en los pactos por los cuales su admisión fue diseñado para ser regulada, ha sido sabiamente abandonado.
Ya sea en el nuevo o los antiguos Estados, ahora todos están de acuerdo en que el derecho de suelo para las tierras públicas se mantiene en el Gobierno Federal, y que estas tierras constituyen una propiedad común, que se dispondrá de ellos en beneficio común de todos los Estados, de edad y nuevo. La aquiescencia en este principio sólo por las personas de los nuevos Estados ha promovido de forma natural una disposición a adoptar la política más liberal en la venta de las tierras públicas. Una política que debería limitarse al mero objeto de la venta de las tierras de la mayor suma posible de dinero, sin tener en cuenta consideraciones más elevadas, pero encuentra pocos defensores. Por el contrario, en general se reconoció que, si bien el modo de la disposición adoptada por el Gobierno debe ser siempre una prudente, sin embargo, su objetivo principal debe ser la pronta solución y el cultivo de las tierras vendidas, y que debería discountenance, si no puede impedir, la acumulación de grandes extensiones en las mismas manos, las cuales deben necesariamente retardar el crecimiento de los nuevos Estados o acarrear sobre ellos una arrendatarios dependientes y sus males concomitantes.
Una cuestión que abarca dichos intereses importantes y tan bien calculados para alistar los sentimientos de las personas en todos los barrios de la Unión ha dado muy naturalmente lugar a numerosos planes para la mejora del sistema existente. Las características distintivas de la política que ha prevalecido hasta ahora son para disponer de los terrenos públicos a precios moderados, lo que permite un número mayor de entrar en la competencia por su compra y el cumplimiento de un doble objetivo - de promover su rápida solución por los compradores y por lo al mismo tiempo aumentar los ingresos del Tesoro; vender por dinero en efectivo, lo que impide la influencia perturbadora de una gran masa de ciudadanos privados endeudados al Gobierno que tienen una voz en el control; para ponerlas en el mercado no más rápido que se supone buenas tierras para ser querido para la mejora, evitando así la acumulación de grandes extensiones en pocas manos; y aplicar el producto de las ventas a los propósitos generales del Gobierno, lo que disminuye la cantidad a ser levantado de entre los pueblos de los Estados por los impuestos y dando a cada Estado su parte de los beneficios que se derivan de este fondo común de manera la más tranquila, y al mismo tiempo, tal vez, el más equitativo, que se puede diseñar. Estas disposiciones, con representaciones ocasionales en nombre de los intereses especiales que se consideren con derecho a favor del Gobierno, tienen en su ejecución produce resultados como beneficioso sobre el todo como podría esperarse razonablemente en un asunto tan vasto, tan complicado y tan emocionante. Al alza de 70 millones, acres se han vendido, se cree que la mayor parte de los cuales han sido adquiridos para la solución real. La población de los nuevos Estados y Territorios creados fuera del dominio público aumentó entre 1800 y 1830 a partir de menos de 60.000 al alza de 2.300.000 almas, constituyendo en este último período de aproximadamente una quinta parte de todo el pueblo de los Estados Unidos. El aumento ya que no se puede saber con exactitud, pero el conjunto puede ahora ser estimado de manera segura en más de tres y medio millones de almas, que componen nueve Estados, los representantes de las cuales constituyen por encima de un tercio del Senado y más de una sexta parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
De este modo se ha formado un cuerpo de terratenientes libres e independientes con una rapidez sin igual en la historia de la humanidad; y este gran resultado se ha producido sin dejar nada para el futuro ajuste entre el Gobierno y sus ciudadanos. El sistema bajo el cual tanto se ha logrado no puede ser intrínsecamente malo, y con modificaciones ocasionales para corregir abusos y adaptarla a los cambios de circunstancias pueden, creo, ser de confianza con seguridad para el futuro. Hay en la gestión de estos amplios intereses tanto de la virtud de la estabilidad; y aunque grandes y obvias mejoras no deben ser rechazadas, los cambios nunca deben tomarse sin más lleno de examen y la demostración más clara de su utilidad práctica. En la historia del pasado tenemos la seguridad de que esta regla segura de acción no se apartó de en relación con las tierras públicas; ni es cree que existe alguna necesidad de interferir con los principios fundamentales del sistema, o que la mente del público, incluso en los nuevos Estados, está deseoso de alteraciones radicales. Por el contrario, la disposición general parece ser a efectuar las modificaciones y adiciones sólo como será el modo más efectivo llevar a cabo la política original de llenar nuestros nuevos Estados y territorios con una población trabajadora e independiente.
La modificación más perseverantemente presionado al Congreso, que ha ocupado gran parte de su tiempo para el año pasado, y probablemente lo hará durante mucho tiempo por venir, si no se ajusta antes de manera satisfactoria, es una reducción en el costo de tales porciones de la pública tierras como se determinan a ser invendible al tipo ya establecido por la ley, y una graduación de acuerdo a su valor relativo de los precios a los que en lo sucesivo se venden. Es digno de consideración si la justicia no se puede hacer para todo el interés en este asunto, y una cuestión controvertida establece en reposo, tal vez para siempre, por un compromiso razonable de opiniones en conflicto. Hasta ahora, después de haber sido ofrecida en venta pública, las tierras han sido eliminados en un precio uniforme, cualquiera que sea la diferencia que puede haber en su valor intrínseco. Las principales consideraciones instado a favor de la medida se hace referencia son que en casi todos los distritos de la tierra, y sobre todo en aquellos en los que las tierras han sido encuestados largo y expuesto a la venta, todavía se están quedando numerosos y grandes extensiones de cada gradación de valor , del precio de Gobierno a la baja; que estas tierras no se pueden comprar en el precio de Gobierno, siempre y cuando mejor se puede obtener convenientemente por la misma cantidad; que hay grandes extensiones que incluso las mejoras de las tierras adyacentes nunca elevar a ese precio, y que el actual precio uniforme, junto con su valor irregular, opera para evitar una compacidad deseable de los asentamientos en los nuevos Estados y para retardar la plena desarrollo de esa política sabia en que se funda nuestro sistema de tierra, de las lesiones, no sólo de los diferentes estados donde se encuentran las tierras, sino de los Estados Unidos en su conjunto.
La solución propuesta ha sido una reducción de los precios de acuerdo a la longitud de tiempo que las tierras han sido en el mercado, sin hacer referencia a ninguna otra circunstancia. La certeza de que el flujo de salida de tiempo podría no siempre en estos casos, y quizás ni siquiera en general, proporcionar un cierto criterio de valor, y la probabilidad de que las personas que residen en los alrededores, como el plazo para la reducción de los precios se acercó, le posponer compras que de otro modo que, con el fin de acogerse al precio más bajo, con otras consideraciones de carácter similar, hasta ahora se han instado con éxito para derrotar a la graduación a tiempo.
Que no todos los deseos razonables sobre este tema satisfacerse sin encontrar ninguna de estas objeciones? Todo será conceder el principio abstracto que el precio de las tierras públicas debe ser proporcional a su valor relativo, por lo que se puede lograr sin apartarse de la regla hasta ahora observado que requieren precios fijos en los casos de las entradas confidenciales. La dificultad del tema parece estar en el modo de determinar lo que es valor. ¿No sería el plan más seguro es que lo que ha sido adoptado por muchos de los Estados como la base de los impuestos - una valoración real de las tierras y la clasificación de los mismos en diferentes tipos? ¿No sería posible y conveniente hacer que el valor relativo de las tierras públicas en los barrios antiguos que han sido durante un cierto periodo de tiempo en el mercado para ser evaluado y clasificado en dos o más tasas por debajo del actual precio mínimo por los oficiales ahora empleados en esta rama de la administración pública o en cualquier otro modo considera preferible, y para hacer esos precios permanente si después de entrar en el informe deberán ser satisfactorio para el Congreso? Podrían no todos los objetos de la graduación pueden lograr de esta manera, y las objeciones que hasta ahora han sido instado contra ella evitarse? Parece a mí que ese paso, con una restricción de las ventas a cantidades limitadas y de mejora real, estaría libre de todo sólo una excepción.
Por la exposición total del valor de las tierras las personas así amueblados y ampliamente promulgados que viven a una distancia sería informado de su verdadera condición y permitió entrar en competencia con los que residen en las proximidades; los medios para adquirir un hogar independiente serían llevados al alcance de muchas personas que no pueden comprar a los precios actuales; la población de los nuevos Estados se hizo más compacto, y grandes extensiones se vendería la que de otro modo permanecería en la mano. No sólo se llevó la tierra dentro de los medios de un mayor número de compradores, pero muchas personas en posesión de más medios sería el contenido de liquidar la cantidad mayor de las tierras más pobres en lugar de emigrar hacia el oeste en busca de una menor cantidad de mejor tierras. Esta medida también parece ser más coherente con la política de las leyes existentes - la de convertir el dominio público en granjas cultivadas propiedad de sus ocupantes. Esa política no se promueve mejor mediante el envío de la emigración hasta los arroyos casi interminables de Occidente a ocupar en los grupos de los mejores lugares de la tierra, dejando inmensos desechos detrás de ellos y la ampliación de la frontera fuera de las posibilidades del Gobierno para permitírselo protección adecuada, pero en favorecer el desarrollo de ocupar con densidad razonable del territorio sobre el que avanza, y encontrar su mejor defensa en el frente compacto que se presenta a las tribus indias. Muchos de ustedes traerá a la consideración del tema de las ventajas de los conocimientos locales y una mayor experiencia, y todo estará deseoso de hacer una disposición anticipada y definitiva de todas las preguntas inquietantes en lo que respecta a este importante interés. Si estas sugerencias, en cualquier grado de contribuir a la realización de tan importante resultado, me va a pagar sincera satisfacción.
En algunas partes del país la mayor parte de las tierras públicas se han vendido, y los registros y receptores tienen muy poco que ver. Es un tema digno de investigación ya sea en muchos casos dos o más distritos no podrán ser consolidado, y el número de personas empleadas en este negocio redujeron considerablemente. De hecho, llegará el momento en que será la verdadera política del Gobierno General, en cuanto a algunos de los Estados, para transferir a ellos por un equivalente razonable toda la basura y las tierras sin vender y retirar la maquinaria de los servicios federales de la tierra por completo . Todos los que tienen una visión integral de nuestro sistema federal y creemos que una de sus mayores virtudes consiste en interferir lo menos posible con los asuntos internos de los Estados esperamos con gran interés a este resultado.
Una modificación de la legislación vigente en relación con los precios de las tierras públicas también podría tener una influencia favorable en la legislación del Congreso en relación con la otra parte del asunto. Muchos de los que no tienen la capacidad de comprar a los precios actuales se asientan en esas tierras con la esperanza de adquirir desde su cultivo los medios de comprar bajo las leyes de derecho de prioridad en cada momento aprobado por el Congreso. Por esta usurpación de los derechos de los Estados Unidos se excusan a sí mismos bajo el pretexto de sus propias necesidades; el hecho de que privan a nadie y sólo entran en el dominio de residuos: que le dan un valor adicional a las tierras públicas en sus proximidades, y en última instancia, su intención de pagar el precio de Gobierno. Así que tanto peso tiene de vez en cuando ha unido a estas consideraciones que el Congreso ha aprobado leyes que dan colonos reales en los terrenos públicos un derecho de tanteo para las extensiones ocupadas por ellos al precio mínimo. Estas leyes tienen en todas las instancias sido retrospectiva en su funcionamiento, pero en unos pocos años después de sus multitudes de paso de los nuevos colonos se han encontrado en las tierras públicas por razones similares y menores expectativas similares, que han sido consentidos con el mismo privilegio. Este curso de la legislación tiende a deteriorar el respeto del público por las leyes del país. Cualquiera de las leyes para evitar la intrusión en las tierras públicas deben ser ejecutadas, o, si eso debería ser imposible o inconveniente, deben ser modificadas o derogadas. Si las tierras públicas han de considerarse como abierta a ser ocupado por cualquier, deben por ley ser arrojados abierto a todos. Lo que se pretende en todos los casos para ser legalizados a la vez debe ser legalizado, que los que están dispuestos a conformarse a las leyes pueden disfrutar de por lo menos iguales privilegios con los que no lo son. Pero no se cree que es la disposición del Congreso de abrir las tierras públicas de la ocupación sin entrada regular y el pago del precio de Gobierno, como un curso de este tipo debe tender a males peores que el sistema de crédito, lo que se consideró necesario abolir.
Parecería, por lo tanto, ser parte de la sabiduría y la política de sonar para eliminar en lo posible las causas que producen intrusiones en las tierras públicas, y luego tomar medidas eficaces para evitar en el futuro. ¿Sería una sola medida tan eficaz en la eliminación de todos los motivos plausibles para estas intrusiones como la graduación de los precios ya se ha sugerido? Un breve período de la industria y la economía en cualquier parte de nuestro país permitiría a los ciudadanos más pobres a acumular los medios para comprarle una casa a los precios más bajos, y dejarlo sin disculpa por no decidirse por tierras suya. Si no lo hacía en tales circunstancias, sería contar con ninguna simpatía a su favor, y las leyes se ejecuta fácilmente sin hacer violencia a la opinión pública.
Una gran parte de nuestros ciudadanos se han sentado en las tierras públicas sin autoridad desde la aprobación de la última ley de preferencia, y ahora pedir a la promulgación de otra que les permita retener las tierras ocupadas mediante el pago del precio mínimo de Gobierno. Piden que la que se ha concedido en varias ocasiones antes. Si el futuro puede ser juzgado de por el pasado, poco daño se puede hacer para los intereses del Tesoro, al ceder a su petición. Tras un examen crítico se comprueba que las tierras que se venden en las ventas públicas desde la introducción de los pagos en efectivo, en 1820, se han producido en un promedio del ingreso neto de sólo 6 centavos por acre más que el precio mínimo de Gobierno. No hay ninguna razón para suponer que las ventas futuras serán más productivos. El Gobierno, por lo tanto, no tiene ningún interés pecuniario adecuada para inducir a conducir a estas personas de las tierras que ocupan con el propósito de venderlos a otros.
Entretener a estos puntos de vista, recomiendo la aprobación de una ley de preferencia para su beneficio en relación con los pasos preparatorios hacia la graduación del precio de las tierras públicas, y más y más disposiciones eficaces para evitar intromisiones en adelante. Indulgencia para los que se han asentado en estas tierras con las expectativas de que la legislación pasado se hizo una regla para el futuro, y al mismo tiempo la eliminación de la tierra más plausible en la que están excusados intrusiones y adoptar medios más eficientes para evitar que en lo sucesivo, parece me la disposición más juiciosa que puede hacerse de este difícil tema. Las limitaciones y restricciones para evitar abusos en la ejecución de una ley de preferencia necesariamente atraer la atención del Congreso, pero en ningún caso se consideró oportuno autorizar reclamaciones flotantes en cualquier forma. Han sido hasta ahora, y sin duda serían fuentes de aquí en adelante, más prolíficos de fraude y la opresión, y en lugar de operativo para conferir el favor del Gobierno a los colonos industriosos se utilizan a menudo sólo para ministrar a un espíritu de codicia a costa de los más meritoria de esa clase.
El informe que acompaña a la secretaria de la guerra traerá a la vista del estado del ejército y todos los diversos temas confió a la superintendencia de ese oficial.
La parte principal del Ejército se ha concentrado en la Florida, con una vista y con la expectativa de llevar la guerra en ese territorio a una rápida cerca. La necesidad de despojar a los puestos en las fronteras marítimas y continentales de la totalidad de sus guarniciones con el propósito de reunir en el campo un ejército de menos de 4.000 hombres que parece indicar la necesidad de aumentar nuestras fuerzas regulares; y la eficiencia superior, así como disminuye en gran medida los gastos de esa descripción de las tropas, recomendar esta medida como uno de economía, así como de la conveniencia. Me refiero al informe por las razones que han inducido al Secretario de Guerra para instar a la reorganización y ampliación del Estado Mayor del Ejército y del Cuerpo de Artillería, en el que estoy totalmente de acuerdo.
No es, sin embargo, compatible con los intereses de las personas para mantener en tiempo de paz una fuerza regular adecuada a la defensa de nuestras extensas fronteras. En períodos de peligro y alarma debemos confiar principalmente de una milicia bien organizada, y un poco de disposición general que hará que esta descripción de la fuerza más eficiente ha sido durante mucho tiempo un tema de ansiosa solicitud. Se recomendó al Primer Congreso por el general Washington, y desde entonces se ha llevado con frecuencia a su notificación, y recientemente su importancia instó firmemente por mi predecesor inmediato. La disposición de la Constitución que hace necesaria la adopción de un sistema uniforme de organización de la milicia en los Estados Unidos presenta un obstáculo insuperable para un arreglo eficaz de la clasificación hasta ahora propuesto, e invito a su atención al plan que será presentado por el Secretario de la Guerra, para la organización de los cuerpos de voluntarios y la instrucción de los oficiales de la milicia, como más simple y factible, si no igualmente ventajosa, como una disposición general de toda la milicia de los Estados Unidos.
Un aumento moderado de los cuerpos de los dos ingenieros militares y topográficas ha sido más de una vez recomendado por mi predecesor, y mi convicción de la propiedad, por no decir la necesidad, de la medida, con el fin de que puedan realizar las diversas e importantes funciones impuesto sobre ellos, me induce a repetir la recomendación.
La Academia Militar continúa respondiendo todos los fines de su creación, y no sólo proporciona los oficiales instruidos en el ejército, sino que sirve para difundir en toda la masa de nuestros individuos ciudadanos dotados de conocimientos militares y los logros científicos de la ingeniería civil y militar. En la actualidad el cadete está obligado, con el consentimiento de sus padres o tutores, para permanecer en servicio cinco años a partir del período de su alistamiento, a menos que antes descargada, exigiendo así el servicio sólo un año en el ejército después de terminar su educación. Esto no me parece suficiente. Gobierno debe mandar por un período mayor a los servicios de los que son educados a expensas del público, y yo recomiendo que el tiempo de alistamiento se ampliará a siete años, y los términos del compromiso de cumplir estrictamente.
La creación de una fundición nacional de cañón, que es común al servicio del Ejército y la Armada de los Estados Unidos, ha sido hasta ahora recomendado, y parece ser necesaria para colocar nuestra municiones en pie de igualdad con la de otros países y permitir que la rama del servicio para el control de los precios de esos artículos y graduar los suministros a las necesidades del Gobierno, así como para regular su calidad y asegurar su uniformidad. Las mismas razones que me inducen a recomendar la construcción de una fábrica de pólvora, que estará bajo la dirección de la Oficina de la artillería. El establecimiento de una fábrica de armas pequeñas al oeste de las montañas de Alleghany, sobre el plan propuesto por el Secretario de Guerra, contribuirá a extender a lo largo de ese país las mejoras que existen en los establecimientos de una descripción similar en los Estados del Atlántico, y tienden a un mucho más económico distribución del armamento requerido en la parte occidental de nuestra Unión.
El sistema de eliminación de oeste indios del Mississippi, iniciado por el Sr. Jefferson en 1804, se ha perseverado en constante por todos los presidentes sucesivos, y puede ser considerada la política establecida por el país. Sin conectar en primer lugar con cualquier sistema bien definido para su mejora, los incentivos usados a los indios estaban confinados a la mayor abundancia de la caza que se encuentran en el oeste; pero cuando se hicieron evidentes los efectos benéficos de su remoción se adoptó una política más filantrópica e ilustrada en la compra de sus tierras al este del Mississippi. Precios de Liberales recibieron y disposiciones insertadas en todos los tratados con ellos para la aplicación de los fondos que recibieron a cambio a los fines que fueron mejor calculado para promover su bienestar presente y avanzar en su civilización futura. Han asistido a estas medidas hasta ahora con los resultados más felices.
Se verá al referirse al informe del Comisionado de Asuntos Indígenas que las expectativas más optimistas de los amigos y promotores de este sistema se han realizado. Los Choctaws, Cherokees y otras tribus que primero emigraron más allá del Mississippi tienen en su mayor parte abandonó el estado cazador y se convierten en cultivadores del suelo. La mejora en su condición ha sido rápida, y se cree que son ahora equipada para disfrutar de las ventajas de una forma simple de gobierno, que ha sido presentado a ellos y recibió su sanción; y no puedo instar demasiado fuertemente el tema de la atención del Congreso.
Las estipulaciones se han hecho con todas las tribus indias para eliminarlos más allá del Mississippi, excepto con las bandas de los Wyandots, las Seis Naciones en Nueva York, el Menomonees, Munsees y Stockbridges en Wisconsin, y Miamies en Indiana. Con todos menos los Menomonees se espera que se completarán los arreglos para su emigración del presente año. La resistencia que se ha opuesto a su retirada por parte de las tribus, incluso después de los tratados habían sido hechas con ellos en ese sentido ha surgido por diversas causas, que operan de forma diferente en cada uno de ellos. En la mayoría de los casos han sido instigados a la resistencia de las personas a quienes el comercio con ellos y la adquisición de sus rentas eran importantes, y en otros por la influencia personal de los jefes interesados. Estos obstáculos deben ser superados, para que el Gobierno no puede renunciar a la ejecución de esta política, sin sacrificar los intereses importantes y abandonar las tribus restantes al este del Mississippi a una destrucción segura.
La disminución en el número de las tribus dentro de los límites de los Estados y Territorios ha sido más rápido. Si se eliminan, pueden ser protegidos de esas asociaciones y las malas prácticas que ejercen tan perniciosa y destructiva influencia sobre sus destinos. Ellos pueden ser inducidas a la mano de obra y la adquisición de la propiedad, y su adquisición se inspirarlos con un sentimiento de independencia. Sus mentes pueden ser cultivadas, y se les puede enseñar el valor de las leyes saludables y uniformes y hacerse sensible de las bendiciones de un gobierno libre y capaz de disfrutar de sus ventajas. En la posesión de los bienes, el conocimiento, y un buen gobierno, libre de dar qué dirección complacer a su trabajo, y partícipes de la legislación por la que sus personas y los beneficios de su industria deben ser protegidos y garantizados, tendrán un omnipresente convicción ot la importancia de la unión y la paz entre ellos mismos y de la preservación de las relaciones amistosas con nosotros. Los intereses de los Estados Unidos también sería muy promovidos por la liberación de las relaciones entre los Gobiernos Generales del Estado y de lo que ha demostrado ser un estorbo más embarazoso de una solución satisfactoria del conflicto títulos de tierras causados por la ocupación de los indios, y haciendo que el los recursos de todo el país a desarrollar por el poder de los gobiernos estatales y generales y mejorados por la empresa de una población blanca.
Íntimamente relacionada con este tema es la obligación del Gobierno de cumplir sus estipulaciones de tratados y para proteger a los indios así montados "en sus nuevas residencias de todas las interrupciones y perturbaciones de cualquier otras tribus o naciones de indios o de cualquier otra persona o personas en absoluto, "y la obligación igualmente solemne para protegerse de la hostilidad de la India sus propios asentamientos fronterizos, que se extiende a lo largo de una línea de más de 1.000 kilómetros. Para que el Gobierno pueda aprovechar esta promesa de los indios y de ofrecer una protección adecuada a sus propios ciudadanos requerirá la presencia continua de una considerable fuerza regular en las fronteras y el establecimiento de una cadena de puestos de trabajo permanentes. Exámenes del país ahora están haciendo, con el fin de decidir sobre los puntos más adecuados para la construcción de fortalezas y otras obras de defensa, cuyos resultados serán presentados a usted por el Secretario de Guerra en un día temprano, junto con un plan para la protección eficaz de los indios amigos y la defensa permanente de los Estados de la frontera.
Por el informe de la Secretaría de Marina la presente comunicado parece que no remitidas esfuerzos se han realizado en los diferentes Navy-yardas para llevar a efecto todas las medidas autorizadas por la extensión y el empleo de nuestra fuerza naval. La puesta en marcha y preparación de la nave de la línea de Pennsylvania y las reparaciones completas de los barcos de la línea de Ohio, Delaware, y Columbus se pueden notar como formando una adición respetable a esta importante rama de la defensa nacional. Nuestro comercio y la navegación han recibido mayor ayuda y protección durante el presente año. Nuestros escuadrones en el Pacífico y en la estación brasileña se han incrementado mucho, y que en el Mediterráneo, aunque pequeña, es adecuada a las actuales necesidades de nuestro comercio en ese mar. Las adiciones se han hecho a nuestra escuadra en la estación West India, donde la gran fuerza bajo Commodore Dallas ha sido más activa y eficazmente empleada en la protección de nuestro comercio, en la prevención de la importación de esclavos, y en la cooperación con los oficiales del Ejército para llevar a sobre la guerra en la Florida.
El buen estado de nuestra fuerza naval deja el extranjero a nuestra disposición los medios para proporcionar convenientemente por un escuadrón hogar para la protección del comercio de nuestra extensa costa. La cantidad de créditos necesarios para una escuadra como se encuentra en las estimaciones generales para el servicio naval para el año 1838.
Los oficiales navales que participan en nuestra encuesta costa han prestado un servicio importante para nuestra navegación. El descubrimiento de un nuevo canal en el puerto de Nueva York, a través del cual nuestros barcos más grandes pueden pasar sin peligro, debe permitirse ventajas comerciales importantes a ese puerto y aumentar en gran medida su valor como una estación naval. La encuesta precisa de Georges Shoals, frente a la costa de Massachusetts, últimamente finalizado, hará comparativamente segura una navegación hasta entonces considerado peligroso.
Adiciones se han hecho considerables al número de capitanes, comandantes, tenientes, cirujanos y cirujanos asistentes en la Armada. Estas adiciones fueron prestados necesaria por el aumento del número de buques puesto en comisión para responder a las exigencias de nuestra creciente comercio.
Se invitó respetuosamente su atención a las diversas sugerencias de la Secretaría para la mejora del servicio naval.
El informe del Director General de Correos exhibe el progreso y el estado del servicio de correo. Las operaciones del Departamento de Post-Office constituye uno de los elementos más activos de nuestra prosperidad nacional, y es gratificante observar con qué vigor se llevan a cabo. Las rutas de correo de los Estados Unidos ocupan una extensión de aproximadamente 142.877 millas, habiendo sido aumentado aproximadamente 37.103 millas en los últimos dos años. El transporte del correo anual en estas rutas es de aproximadamente 36.228.962 millas, habiendo sido aumentado aproximadamente 10.359.476 millas en el mismo plazo. El número de oficinas de correo también se ha aumentado de 10.770 a 12.099, muy pocos de los que reciben los mails menos de una vez a la semana, y una gran parte de ellos a diario. Contratistas y administradores de correos, en general, están representados como asistir a sus funciones con celo más encomiable y fidelidad. Los ingresos del Departamento en el año que terminó el 30 de junio pasado fue de $ 4,137,056.59, y sus pasivos acumulados en el mismo tiempo fue de $ 3,380,847.75. El aumento de los ingresos sobre la del año anterior fue de $ 708,166.41.
Para muchos detalles interesantes remito al informe del Director General de Correos, con los documentos que se acompañan, se invita a Su atención particular a la necesidad de proporcionar un edificio más seguro y conveniente para la acogida de ese Departamento.
Me acosté antes copias del Congreso de los informes presentados en cumplimiento de una llamada hecha por mí sobre la cabeza de los Departamentos de las sugerencias que su experiencia podría permitirles tomar en cuanto a lo que otras disposiciones legislativas pueden ser adoptadas de manera ventajosa para asegurar la fiel aplicación de los fondos públicos a los objetos para los que se apropiaron, para evitar su uso indebido o malversación de fondos por aquellos confiado con el gasto de ellos, y en general para aumentar la seguridad del Gobierno contra las pérdidas en su desembolso. No es necesario dilatar en la importancia de ofrecer estas nuevas garantías que están dentro del poder de la legislación para promover estos fines, y tengo poco que añadir a las recomendaciones presentadas en la documentación adjunta.
Por ley los términos de servicio de nuestro coleccionismo más importante y que desembolsan los funcionarios de los departamentos civiles están limitados a cuatro años, y cuando reelegido se requieren sus bonos a ser renovado. La seguridad del público es mucho aumentó en esta característica de la ley, y no puede haber ninguna duda de que su aplicación a todos los oficiales confiados con la extracción o el desembolso del dinero público, cualquiera que sea la permanencia en sus cargos, sería igualmente beneficioso. Por tanto, recomiendo, además, de entre las sugerencias presentadas por los Jefes de Departamentos como usted puede pensar útil, una disposición general que todos los oficiales del Ejército o de la Marina, o en los departamentos civiles, les confía el cobro o pago de dinero público , y cuyo período de servicio es ya sea indefinido o por un tiempo superior a cuatro años, se requerirá para dar nuevos bonos, con buenos y suficientes fiadores, a la expiración de cada período de tales.
Un cambio en el período de terminar el año fiscal, a partir del 1 de octubre al 1 de abril, se ha recomendado con frecuencia, y que parece ser deseable.
Las bajas angustiosos en los barcos de vapor que han sucedido con tanta frecuencia durante el año parecen evidenciar la necesidad de tratar de evitar que mediante disposiciones severas relacionadas con sus papeles aduanales. Este asunto fue sometido a la atención del Congreso por el Secretario de Hacienda en su último informe anual, y se notará más en el actual período de sesiones, con detalles adicionales. Se recibirá, sin duda, que la consideración temprana y cuidado que su importancia presionando parece requerir.
Su atención hasta ahora se ha llamado con frecuencia a los asuntos del Distrito de Columbia, y no debe pedir de nuevo que no toda su dependencia del Congreso les dé un reclamo constante sobre. su notificación. Separados por la Constitución del resto de la Unión, limitado en extensión, y con la ayuda de ningún poder legislativo propio, que parecería ser un lugar donde un sistema racional y uniforme de gobierno local podría haber sido adoptada fácilmente. Este distrito ha, sin embargo, por desgracia, ha dejado a quedarse por detrás del resto de la Unión. Sus códigos civiles y penales, no sólo son muy defectuoso, pero lleno de disposiciones obsoletas o poco convenientes. Al estar formado de partes de dos Estados, las discrepancias en las leyes prevalezcan en diferentes partes del territorio, pequeña como es; ya pesar de que fue seleccionada como la sede del Gobierno General, el sitio de sus edificios públicos, el depositario de sus archivos, y la residencia de oficiales confiados con grandes cantidades de la propiedad pública y la gestión de los asuntos públicos, sin embargo, nunca ha sido sometido o recibido que la legislación especial y general que estas circunstancias demanda peculiar. Soy muy consciente de los diversos temas de mayor magnitud y el interés inmediato que presionan a sí mismos en la consideración del Congreso, pero creo que no hay uno que apela más directamente a su justicia que una atención liberal e incluso generoso con los intereses del Distrito de Columbia y una revisión completa y cuidadosa de su gobierno local.
Original
We have reason to renew the expression of our devout gratitude to the Giver of All Good for His benign protection. Our country presents on every side the evidences of that continued favor under whose auspices it, has gradually risen from a few feeble and dependent colonies to a prosperous and powerful confederacy. We are blessed with domestic tranquillity and all the elements of national prosperity. The pestilence which, invading for a time some flourishing portions of the Union, interrupted the general prevalence of unusual health has happily been limited in extent and arrested in its fatal career. The industry and prudence of our citizens are gradually relieving them from the pecuniary embarrassments under which portions of them have labored; judicious legislation and the natural and boundless resources of the country have afforded wise end timely aid to private enterprise, and the activity always characteristic of our people has already in a great degree resumed its usual and profitable channels.
The condition of our foreign relations has not materially changed since the last annual message of my predecessor. We remain at peace with all nations, and no efforts on my part consistent with the preservation of our rights and the honor of the country shall be spared to maintain a position so consonant to our institutions. We have faithfully sustained the foreign policy with which the United States, under the guidance of their first President, took their stand in the family of nations--that of regulating their intercourse with other powers by the approved principles of private life; asking and according equal rights and equal privileges; rendering and demanding justice in all cases; advancing their own and discussing the pretensions of others with candor, directness, and sincerity; appealing at all times to reason, but never yielding to force nor seeking to acquire anything for themselves by its exercise.
A rigid adherence to this policy has left this Government with scarcely a claim upon its justice for injuries arising from acts committed by its authority. The most imposing and perplexing of those of the United States upon foreign governments for aggressions upon our citizens were disposed of by my predecessor. Independently of the benefits conferred upon our citizens by restoring to the mercantile community so many millions of which they had been wrongfully divested, a great service was also rendered to his country by the satisfactory adjustment of so many ancient and irritating subjects of contention; and it reflects no ordinary credit on his successful administration of public affairs that this great object was accomplished without compromising on any occasion either the honor or the peace of the nation.
With European powers no new subjects of difficulty have arisen, and those which were under discussion, although not terminated, do not present a more unfavorable aspect for the future preservation of that good understanding which it has ever been our desire to cultivate.
Of pending questions the most important is that which exists with the Government of Great Britain in respect to our northeastern boundary. It is with unfeigned regret that the people of the United States must look back upon the abortive efforts made by the Executive, for a period of more than half a century, to determine what no nation should suffer long to remain in dispute--the true line which divides its possessions from those of other powers. The nature of the settlements on the borders of the United States and of the neighboring territory was for a season such that this, perhaps, was not indispensable to a faithful performance of the duties of the Federal Government. Time has, however, changed this state of things, and has brought about a condition of affairs in which the true interests of both countries imperatively require that this question should be put at rest. It is not to be disguised that, with full confidence, often expressed, in the desire of the British Government to terminate it, we are apparently as far from its adjustment as we were at the time of signing the treaty of peace in 1783. The sole result of long-pending negotiations and a perplexing arbitration appears to be a conviction on its part that a conventional line must be adopted, from the impossibility of ascertaining the true one according to the description contained in that treaty. Without coinciding in this opinion, which is not thought to be well rounded, my predecessor gave the strongest proof of the earnest desire of the United States to terminate satisfactorily this dispute by proposing the substitution of a conventional line if the consent of the States interested in the question could be obtained. To this proposition no answer has as yet been received. The attention of the British Government has, however, been urgently invited to the subject, and its reply can not, I am confident, be much longer delayed. The general relations between Great Britain and the United States are of the most friendly character, and I am well satisfied of the sincere disposition of that Government to maintain them upon their present footing. This disposition has also, I am persuaded, become more general with the people of England than at any previous period. It is scarcely necessary to say to you how cordially it is reciprocated by the Government and people of the United States. The conviction, which must be common to all, of the injurious consequences that result from keeping open this irritating question, and the certainty that its final settlement can not be much longer deferred, will, I trust, lead to an early and satisfactory adjustment. At your last session I laid before you the recent communications between the two Governments and between this Government and that of the State of Maine, in whose solicitude concerning a subject in which she has so deep an interest every portion of the Union participates.
The feelings produced by a temporary interruption of those harmonious relations between France and the United States which are due as well to the recollections of former times as to a correct appreciation of existing interests have been happily succeeded by a cordial disposition on both sides to cultivate an active friendship in their future intercourse. The opinion, undoubtedly correct, and steadily entertained by us, that the commercial relations at present existing between the two countries are susceptible of great and reciprocally beneficial improvements is obviously gaining ground in France, and I am assured of the disposition of that Government to favor the accomplishment of such an object. This disposition shall be met in a proper spirit on our part. The few and comparatively unimportant questions that remain to be adjusted between us can, I have no doubt, be settled with entire satisfaction and without difficulty.
Between Russia and the United States sentiments of good will continue to be mutually cherished. Our minister recently accredited to that Court has been received with a frankness and cordiality and with evidences of respect for his country which leave us no room to doubt the preservation in future of those amicable and liberal relations which have so long and so uninterruptedly existed between the two countries. On the few subjects under discussion between us an early and just decision is confidently anticipated.
A correspondence has been opened with the Government of Austria for the establishment of diplomatic relations, in conformity with the wishes of Congress as indicated by an appropriation act of the session of 1837, and arrangements made for the purpose, which will be duly carried into effect.
With Austria and Prussia and with the States of the German Empire (now composing with the latter the Commercial League) our political relations are of the most friendly character, whilst our commercial intercourse is gradually extending, with benefit to all who are engaged in it.
Civil war yet rages in Spain, producing intense suffering to its own people, and to other nations inconvenience and regret. Our citizens who have claims upon that country will be prejudiced for a time by the condition of its treasury, the inevitable consequence of long-continued and exhausting internal wars. The last installment of the interest of the debt due under the convention with the Queen of Spain has not been paid and similar failures may be expected to happen until a portion of the resources of her Kingdom can be devoted to the extinguishment of its foreign debt.
Having received satisfactory evidence that discriminating tonnage duties were charged upon the vessels of the United States in the ports of Portugal, a proclamation was issued on the 11th day of October last, in compliance with the act of May 25, 1832, declaring that fact, and the duties on foreign tonnage which were levied upon Portuguese vessels in the United States previously to the passage of that act are accordingly revived.
The act of July 4, 1836, suspending the discriminating duties upon the produce of Portugal imported into this country in Portuguese vessels, was passed, upon the application of that Government through its representative here, under the belief that no similar discrimination existed in Portugal to the prejudice of the United States. I regret to state that such duties are now exacted in that country upon the cargoes of American vessels, and as the act referred to vests no discretion in the Executive, it is for Congress to determine upon the expediency of further legislation on the subject. Against these discriminations affecting the vessels of this country and their cargoes seasonable remonstrance was made, and notice was given to the Portuguese Government that unless they should be discontinued the adoption of countervailing measures on the part of the United States would become necessary; but the reply of that Government, received at the Department of State through our charge d'affaires at Lisbon in the month of September last, afforded no ground to hope for the abandonment of a system so little in harmony with the treatment shown to the vessels of Portugal and their cargoes in the ports of this country and so contrary to the expectations we had a right to entertain.
With Holland, Sweden, Denmark, Naples, and Belgium a friendly intercourse has been uninterruptedly maintained.
With the Government of the Ottoman Porte and its dependencies on the coast of the Mediterranean peace and good will are carefully cultivated, and have been fostered by such good offices as the relative distance and the condition of those countries would permit.
Our commerce with Greece is carried on under the laws of the two Governments, reciprocally beneficial to the navigating interests of both; and I have reason to look forward to the adoption of other measures which will be more extensively and permanently advantageous.
Copies of the treaties concluded with the Governments of Siam and Muscat are transmitted for the information of Congress, the ratifications having been received and the treaties made public since the close of the last annual session. Already have we reason to congratulate ourselves on the prospect of considerable commercial benefit; and we have, besides, received from the Sultan of Muscat prompt evidence of his desire to cultivate the most friendly feelings, by liberal acts toward one of our vessels, bestowed in a manner so striking as to require on our part a grateful acknowledgment.
Our commerce with the islands of Cuba and Porto Rico still labors under heavy restrictions, the continuance of which is a subject of regret. The only effect of an adherence to them will be to benefit the navigation of other countries at the expense of both the United States and Spain.
The independent nations of this continent have ever since they emerged from the colonial state experienced severe trials in their progress to the permanent establishment of liberal political institutions. Their unsettled condition not only interrupts their own advances to prosperity, but has often seriously injured the other powers of the world. The claims of our citizens upon Peru, Chili, Brazil, the Argentine Republic, the Governments formed out of the Republics of Colombia and Mexico, are still pending, although many of them have been presented for examination more than twenty years. New Granada, Venezuela, and Ecuador have recently formed a convention for the purpose of ascertaining and adjusting claims upon the Republic of Colombia, from which it is earnestly hoped our citizens will ere long receive full compensation for the injuries inflicted upon them and for the delay in affording it.
An advantageous treaty of commerce has been concluded by the United States with the Peru-Bolivian Confederation, which wants only the ratification of that Government. The progress of a subsequent negotiation for the settlement of claims upon Peru has been unfavorably affected by the war between that power and Chili and the Argentine Republic, and the same event is also likely to produce delays in the settlement of out demands on those powers.
The aggravating circumstances connected with our claims upon Mexico and a variety of events touching the honor and integrity of our Government led my predecessor to make at the second session of the last Congress a special recommendation of the course to be pursued to obtain a speedy and final satisfaction of the injuries complained of by this Government and by our citizens. He recommended a final demand of redress, with a contingent authority to the Executive to make reprisals if that demand should be made in vain. From the proceedings of Congress on that recommendation it appeared that the opinion of both branches of the Legislature coincided with that of the Executive, that any mode of redress known to the law of nations might justifiably be used. It was obvious, too, that Congress believed with the President that another demand should be made, in order to give undeniable and satisfactory proof of our desire to avoid extremities with a neighboring power, but that there was an indisposition to vest a discretionary authority in the Executive to take redress should it unfortunately be either denied or unreasonably delayed by the Mexican Government.
So soon as the necessary documents were prepared, after entering upon the duties of my office, a special messenger was sent to Mexico to make a final demand of redress, with the documents required by the provisions of our treaty. The demand was made on the 20th of July last. The reply, which bears date the 29th of the same month, contains assurances of a desire on the part of that Government to give a prompt and explicit answer respecting each of the complaints, but that the examination of them would necessarily be deliberate; that in this examination it would be guided by the principles of public law and the obligation of treaties; that nothing should be left undone that might lead to the most speedy and equitable adjustment of our demands, and that its determination in respect to each case should be communicated through the Mexican minister here.
Since that time an envoy extraordinary and minister plenipotentiary has been accredited to this Government by that of the Mexican Republic. He brought with him assurances of a sincere desire that the pending differences between the two Governments should be terminated in a manner satisfactory to both. He was received with reciprocal assurances, and a hope was entertained that his mission would lead to a speedy, satisfactory, and final adjustment of all existing subjects of complaint. A sincere believer in the wisdom of the pacific policy by which the United States have always been governed in their intercourse with foreign nations, it was my particular desire, from the proximity of the Mexican Republic and well-known occurrences on our frontier, to be instrumental in obviating all existing difficulties with that Government and in restoring to the intercourse between the two Republics that liberal and friendly character by which they should always be distinguished. I regret, therefore, the more deeply to have found in the recent communications of that Government so little reason to hope that any future efforts of mine for the accomplishment of those desirable objects would be successful.
Although the larger number--and many of them aggravated cases of personal wrongs--have been now for years before the Mexican Government, and some of the causes of national complaint, and those of the most offensive character, admitted of immediate, simple, and satisfactory replies, it is only within a few days past that any specific communication in answer to our last demand, made five months ago, has been received from the Mexican minister. By the report of the Secretary of State herewith presented and the accompanying documents it will be seen that for not one of our public complaints has satisfaction been given or offered, that but one of the cases of personal wrong has been favorably considered, and that but four cases of both descriptions out of all those formally presented and earnestly pressed have as yet been decided upon by the Mexican Government.
Not perceiving in what manner any of the powers given to the Executive alone could be further usefully employed in bringing this unfortunate controversy to a satisfactory termination, the subject was by my predecessor referred to Congress as one calling for its interposition. In accordance with the clearly understood wishes of the Legislature, another and formal demand for satisfaction has been made upon the Mexican Government, with what success the documents now communicated will show. On a careful and deliberate examination of their contents, and considering the spirit manifested by the Mexican Government, it has become my painful duty to return the subject as it now stands to Congress, to whom it belongs to decide upon the time, the mode, and the measure of redress. Whatever may be your decision, it shall be faithfully executed, confident that it will be characterized by that moderation and justice which will, I trust, under all circumstances govern the councils of our country.
The balance in the Treasury on the 1st January, 1837, was $45,968,523. The receipts during the present year from all sources, including the amount of Treasury notes issued, are estimated at $23,499,981, constituting an aggregate of $69,468,504. Of this amount about $35,281,361 will have been expended at the end of the year on appropriations made by Congress, and the residue, amounting to $34,187,143, will be the nominal balance in the Treasury on the 1st of January next; but of that sum only $1,085,498 is considered as immediately available for and applicable to public purposes. Those portions of it which will be for some time unavailable consist chiefly of sums deposited with the States and due from the former deposit banks. The details upon this subject will be found in the annual report of the Secretary of the Treasury. The amount of Treasury notes which it will be necessary to issue during the year on account of those funds being unavailable will, it is supposed, not exceed four and a half millions. It seemed proper, in the condition of the country, to have the estimates on all subjects made as low as practicable without prejudice to any great public measures. The Departments were therefore desired to prepare their estimates accordingly, and I am happy to find that they have been able to graduate them on so economical a scale. In the great and often unexpected fluctuations to which the revenue is subjected it is not possible to compute the receipts beforehand with great certainty, but should they not differ essentially from present anticipations, and should the appropriations not much exceed the estimates, no difficulty seems likely to happen in defraying the current expenses with promptitude and fidelity.
Notwithstanding the great embarrassments which have recently occurred in commercial affairs, and the liberal indulgence which in consequence of these embarrassments has been extended to both the merchants and the banks, it is gratifying to be able to anticipate that the Treasury notes which have been issued during the present year will be redeemed and that the resources of the Treasury, without any resort to loans or increased taxes, will prove ample for defraying all charges imposed on it during 1838.
The report of the Secretary of the Treasury will afford you a more minute exposition of all matters connected with the administration of the finances during the current year--a period which for the amount of public moneys disbursed and deposited with the States, as well as the financial difficulties encountered and overcome, has few parallels in our history.
Your attention was at the last session invited to the necessity of additional legislative provisions in respect to the collection, safe-keeping, and transfer of the public money. No law having been then matured, and not understanding the proceedings of Congress as intended to be final, it becomes my duty again to bring the subject to your notice.
On that occasion three modes of performing this branch of the public service were presented for consideration. These were, the creation of a national bank; the revival, with modifications, of the deposit system established by the act of the 23d of June, 1836, permitting the use of the public moneys by the banks; and the discontinuance of the use of such institutions for the purposes referred to, with suitable provisions for their accomplishment through the agency of public officers. Considering the opinions of both Houses of Congress on the first two propositions as expressed in the negative, in which I entirely concur, it is unnecessary for me again in to recur to them. In respect to the last, you have had an opportunity since your adjournment not only to test still further the expediency of the measure by the continued practical operation of such parts of it as are now in force, but also to discover what should ever be sought for and regarded with the utmost deference--the opinions and wishes of the people.
The national will is the supreme law of the Republic, and on all subjects within the limits of his constitutional powers should be faithfully obeyed by the public servant. Since the measure in question was submitted to your consideration most of you have enjoyed the advantage of personal communication with your constituents. For one State only has an election been held for the Federal Government; but the early day at which it took place deprived the measure under consideration of much of the support it might otherwise have derived from the result. Local elections for State officers have, however, been held in several of the States, at which the expediency of the plan proposed by the Executive has been. more or less discussed. You will, I am confident, yield to their results the respect due to every expression of the public voice. Desiring, however, to arrive at truth and a just view of the subject in all its bearings, you will at the same time remember that questions of far deeper and more immediate local interest than the fiscal plans of the National Treasury were involved in those elections. Above all, we can not overlook the striking fact that there were at the time in those States more than one hundred and sixty millions of bank capital, of which large portions were subject to actual forfeiture, other large portions upheld only by special and limited legislative indulgences, and most of it, if not all, to a greater or less extent dependent for a continuance of its corporate existence upon the will of the State legislatures to be then chosen. Apprised of this circumstance, you will judge whether it is not most probable that the peculiar condition of that vast interest in these respects, the extent to which it has been spread through all the ramifications of society, its direct connection with the then pending elections, and the feelings it was calculated to infuse into the canvass have exercised a far greater influence over the result than any which could possibly have been produced by a conflict of opinion in respect to a question in the administration of the General Government more remote and far less important in its bearings upon that interest.
I have found no reason to change my own opinion as to the expediency of adopting the system proposed, being perfectly satisfied that there will be neither stability nor safety either in the fiscal affairs of the Government or in the pecuniary transactions of individuals and corporations so long as a connection exists between them which, like the past, offers such strong inducements to make them the subjects of political agitation. Indeed, I am more than ever convinced of the dangers to which the free and unbiased exercise of political opinion--the only sure foundation and safeguard of republican government--would be exposed by any further increase of the already overgrown influence of corporate authorities. I can not, therefore, consistently with my views of duty, advise a renewal of a connection which circumstances have dissolved.
The discontinuance of the use of State banks for fiscal purposes ought not to be regarded as a measure of hostility toward those institutions. Banks properly established and conducted are highly useful to the business of the country, and will doubtless continue to exist in the States so long as they conform to their laws and are found to be safe and beneficial. How they should be created, what privileges they should enjoy, under what responsibilities they should act, and to what restrictions they should be subject are questions which, as I observed on a previous occasion, belong to the States to decide. Upon their rights or the exercise of them the General Government can have no motive to encroach. Its duty toward them is well performed when it refrains from legislating for their special benefit, because such legislation would violate the spirit of the Constitution and be unjust to other interests; when it takes no steps to impair their usefulness, but so manages its own affairs as to make it the interest of those institutions to strengthen and improve their condition for the security and welfare of the community at large. They have no right to insist on a connection with the Federal Government, nor on the use of the public money for their own benefit. The object of the measure under consideration is to avoid for the future a compulsory connection of this kind. It proposes to place the General Government, in regard to the essential points of the collection, safe-keeping, and transfer of the public money, in a situation which shall relieve it from all dependence on the will of irresponsible individuals or corporations; to withdraw those moneys from the uses of private trade and confide them to agents constitutionally selected and controlled by law; to abstain from improper interference with the industry of the people and withhold inducements to improvident dealings on the part of individuals; to give stability to the concerns of the Treasury; to preserve the measures of the Government from the unavoidable reproaches that flow from such a connection, and the banks themselves from the injurious effects of a supposed participation in the political conflicts of the day, from which they will otherwise find it difficult to escape.
These are my views upon this important subject, formed after careful reflection and with no desire but to arrive at what is most likely to promote the public interest. They are now, as they were before, submitted with unfeigned deference for the opinions of others. It was hardly to be hoped that changes so important on a subject so interesting could be made without producing a serious diversity of opinion; but so long as those conflicting views are kept above the influence of individual or local interests, so long as they pursue only the general good and are discussed with moderation and candor, such diversity is a benefit, not an injury. If a majority of Congress see the public welfare in a different light, and more especially if they should be satisfied that the measure proposed would not be acceptable to the people, I shall look to their wisdom to substitute such as may be more conducive to the one and more satisfactory to the other. In any event, they may confidently rely on my hearty cooperation to the fullest extent to which my views of the Constitution and my sense of duty will permit.
It is obviously important to this branch of the public service and to the business and quiet of the country that the whole subject should in some way be settled and regulated by law, and, if possible, at your present session. Besides the plans above referred to, I am not aware that any one has been suggested except that of keeping the public money in the State banks in special deposit. This plan is to some extent in accordance with the practice of the Government and with the present arrangements of the Treasury Department, which, except, perhaps, during the operation of the late deposit act, has always been allowed, even during the existence of a national bank, to make a temporary use of the State banks in particular places for the safe-keeping of portions of the revenue. This discretionary power might be continued if Congress deem it desirable, whatever general system be adopted. So long as the connection is voluntary we need, perhaps, anticipate few of those difficulties and little of that dependence on the banks which must attend every such connection when compulsory in its nature and when so arranged as to make the banks a fixed part of the machinery of government. It is undoubtedly in the power of Congress so to regulate and guard it as to prevent the public money from being applied to the use or intermingled with the affairs of individuals. Thus arranged, although it would not give to the Government that entire control over its own funds which I desire to secure to it by the plan I have proposed, it would, it must be admitted, in a great degree accomplish one of the objects which has recommended that plan to my judgment--the separation of the fiscal concerns of the Government from those of individuals or corporations.
With these observations I recommend the whole matter to your dispassionate reflection, confidently hoping that some conclusion may be reached by your deliberations which on the one hand shall give safety and stability to the fiscal operations of the Government, and be consistent, on the other, with the genius of our institutions and with the interests and wishes of the great mass of our constituents.
It was my hope that nothing would occur to make necessary on this occasion any allusion to the late national bank. There are circumstances, however, connected with the present state of its affairs that bear so directly on the character of the Government and the welfare of the citizen that I should not feel myself excused in neglecting to notice them. The charter which terminated its banking privileges on the 4th of March, 1836, continued its corporate power two years more for the sole purpose of closing its affairs, with authority "to use the corporate name, style, and capacity for the purpose of suits for a final settlement and liquidation of the affairs and acts of the corporation, and for the sale and disposition of their estate--real, personal, and mixed--but for no other purpose or in any other manner whatsoever." Just before the banking privileges ceased, its effects were transferred by the bank to a new State institution, then recently incorporated, in trust, for the discharge of its debts and the settlement of its affairs. With this trustee, by authority of Congress, an adjustment was subsequently made of the large interest which the Government had in the stock of the institution. The manner in which a trust unexpectedly created upon the act granting the charter, and involving such great public interests, has been executed would under any circumstances be a fit subject of inquiry; but much more does it deserve your attention when it embraces the redemption of obligations to which the authority and credit of the United States have given value. The two years allowed are now nearly at an end. It is well understood that the trustee has not redeemed and canceled the outstanding notes of the bank, but has reissued and is actually reissuing, since the 3d of March, 1836, the notes which have been received by it to a vast amount. According to its own official statement, so late as the 1st of October last, nineteen months after- the banking privileges given by the charter had expired, it had under its control uncanceled notes of the late Bank of the United States to the amount of $27,561,866, of which $6,175,861 were in actual circulation, $ 1,468,627 at State bank agencies, and $3,002,390 in transitu, thus showing that upward of ten millions and a half of the notes of the old bank were then still kept outstanding.
The impropriety of this procedure is obvious, it being the duty of the trustee to cancel and not to put forth the notes of an institution whose concerns it had undertaken to wind up. If the trustee has a right to reissue these notes now, I can see no reason why it may not continue to do so after the expiration of the two years. As no one could have anticipated a course so extraordinary, the prohibitory clause of the charter above quoted was not accompanied by any penalty or other special provision for enforcing it, nor have we any general law for the prevention of similar acts in future.
But it is not in this view of the subject alone that your interposition is required. The United States in settling with the trustee for their stock have withdrawn their funds from their former direct liability to the creditors of the old bank, yet notes of the institution continue to be sent forth in its name, and apparently upon the authority of the United States. The transactions connected with the employment of the bills of the old bank are of vast extent, and should they result unfortunately the interests of individuals may be deeply compromised. Without undertaking to decide how far or in what form, if any, the trustee could be made liable for notes which contain no obligation on its part, or the old bank for such as are put in circulation after the expiration of its charter and without its authority, or the Government for indemnity in case of loss, the question still presses itself upon your consideration whether it is consistent with duty and good faith on the part of the Government to witness this proceeding without a single effort to arrest it.
The report of the Commissioner of the General Land Office, which will be laid before you by the Secretary of the Treasury, will show how the affairs of that office have been conducted for the past year. The disposition of the public lands is one of the most important trusts confided to Congress. The practicability of retaining the title and control of such extensive domains in the General Government, and at the same time admitting the Territories embracing them into the Federal Union as coequals with the original States, was seriously doubted by many of our wisest statesmen. All feared that they would become a source of discord, and many carried their apprehensions so far as to see in them the seeds of a future dissolution of the Confederacy. But happily our experience has already been sufficient to quiet in a great degree all such apprehensions. The position at one time assumed, that the admission of new States into the Union on the same footing with the original States was incompatible with a right of soil in the United States and operated as a surrender thereof, notwithstanding the terms of the compacts by which their admission was designed to be regulated, has been wisely abandoned. Whether in the new or the old States, all now agree that the right of soil to the public lands remains in the Federal Government, and that these lands constitute a common property, to be disposed of for the common benefit of all the States, old and new. Acquiescence in this just principle by the people of the new States has naturally promoted a disposition to adopt the most liberal policy in the sale of the public lands. A policy which should be limited to the mere object of selling the lands for the greatest possible sum of money, without regard to higher considerations, finds but few advocates. On the contrary, it is generally conceded that whilst the mode of disposition adopted by the Government should always be a prudent one, yet its leading object ought to be the early settlement and cultivation of the lands sold, and that it should discountenance, if it can not prevent, the accumulation of large tracts in the same hands, which must necessarily retard the growth of the new States or entail upon them a dependent tenantry and its attendant evils.
A question embracing such important interests and so well calculated to enlist the feelings of the people in every quarter of the Union has very naturally given rise to numerous plans for the improvement of the existing system. The distinctive features of the policy that has hitherto prevailed are to dispose of the public lands at moderate prices, thus enabling a greater number to enter into competition for their purchase and accomplishing a double object--of promoting their rapid settlement by the purchasers and at the same time increasing the receipts of the Treasury; to sell for cash, thereby preventing the disturbing influence of a large mass of private citizens indebted to the Government which they have a voice in controlling; to bring them into market no faster than good lands are supposed to be wanted for improvement, thereby preventing the accumulation of large tracts in few hands; and to apply the proceeds of the sales to the general purposes of the Government, thus diminishing the amount to be raised from the people of the States by taxation and giving each State its portion of the benefits to be derived from this common fund in a manner the most quiet, and at the same time, perhaps, the most equitable, that can be devised. These provisions, with occasional enactments in behalf of special interests deemed entitled to the favor of the Government, have in their execution produced results as beneficial upon the whole as could reasonably be expected in a matter so vast, so complicated, and so exciting. Upward of 70,000,000, acres have been sold, the greater part of which is believed to have been purchased for actual settlement. The population of the new States and Territories created out of the public domain increased between 1800 and 1830 from less than 60,000 to upward of 2,300,000 souls, constituting at the latter period about one-fifth of the whole people of the United States. The increase since can not be accurately known, but the whole may now be safely estimated at over three and a half millions of souls, composing nine States, the representatives of which constitute above one-third of the Senate and over one-sixth of the House of Representatives of the United States.
Thus has been formed a body of free and independent landholders with a rapidity unequaled in the history of mankind; and this great result has been produced without leaving anything for future adjustment between the Government and its citizens. The system under which so much has been accomplished can not be intrinsically bad, and with occasional modifications to correct abuses and adapt it to changes of circumstances may, I think, be safely trusted for the future. There is in the management of such extensive interests much virtue in stability; and although great and obvious improvements should not be declined, changes should never be made without the fullest examination and the clearest demonstration of their practical utility. In the history of the past we have an assurance that this safe rule of action will not be departed from in relation to the public lands; nor is it believed that any necessity exists for interfering with the fundamental principles of the system, or that the public mind, even in the new States, is desirous of any radical alterations. On the contrary, the general disposition appears to be to make such modifications and additions only as will the more effectually carry out the original policy of filling our new States and Territories with an industrious and independent population.
The modification most perseveringly pressed upon Congress, which has occupied so much of its time for years past, and will probably do so for a long time to come, if not sooner satisfactorily adjusted, is a reduction in the cost of such portions of the public lands as are ascertained to be unsalable at the rate now established by law, and a graduation according to their relative value of the prices at which they may hereafter be sold. It is worthy of consideration whether justice may not be done to every interest in this matter, and a vexed question set at rest, perhaps forever, by a reasonable compromise of conflicting opinions. Hitherto, after being offered at public sale, lands have been disposed of at one uniform price, whatever difference there might be in their intrinsic value. The leading considerations urged in favor of the measure referred to are that in almost all the land districts, and particularly in those in which the lands have been long surveyed and exposed to sale, there are still remaining numerous and large tracts of every gradation of value, from the Government price downward; that these lands will not be purchased at the Government price so long as better can be conveniently obtained for the same amount; that there are large tracts which even the improvements of the adjacent lands will never raise to that price, and that the present uniform price, combined with their irregular value, operates to prevent a desirable compactness of settlements in the new States and to retard the full development of that wise policy on which our land system is founded, to the injury not only of the several States where the lands lie, but of the United States as a whole.
The remedy proposed has been a reduction of the prices according to the length of time the lands have been in market, without reference to any other circumstances. The certainty that the efflux of time would not always in such cases, and perhaps not even generally, furnish a true criterion of value, and the probability that persons residing in the vicinity, as the period for the reduction of prices approached, would postpone purchases they would otherwise make, for the purpose of availing themselves of the lower price, with other considerations of a similar character, have hitherto been successfully urged to defeat the graduation upon time.
May not all reasonable desires upon this subject be satisfied without encountering any of these objections? All will concede the abstract principle that the price of the public lands should be proportioned to their relative value, so far as can be accomplished without departing from the rule heretofore observed requiring fixed prices in cases of private entries. The difficulty of the subject seems to lie in the mode of ascertaining what that value is. Would not the safest plan be that which has been adopted by many of the States as the basis of taxation--an actual valuation of lands and classification of them into different rates? Would it not be practicable and expedient to cause the relative value of the public lands in the old districts which have been for a certain length of time in market to be appraised and classed into two or more rates below the present minimum price by the officers now employed in this branch of the public service or in any other mode deemed preferable, and to make those prices permanent if upon the coming in of the report they shall prove satisfactory to Congress? Could not all the objects of graduation be accomplished in this way, and the objections which have hitherto been urged against it avoided? It would seem to me that such a step, with a restriction of the sales to limited quantities and for actual improvement, would be free from all just exception.
By the full exposition of the value of the lands thus furnished and extensively promulgated persons living at a distance would be informed of their true condition and enabled to enter into competition with those residing in the vicinity; the means of acquiring an independent home would be brought within the reach of many who are unable to purchase at present prices; the population of the new States would be made more compact, and large tracts would be sold which would otherwise remain on hand. Not only would the land be brought within the means of a larger number of purchasers, but many persons possessed of greater means would be content to settle on a larger quantity of the poorer lands rather than emigrate farther west in pursuit of a smaller quantity of better lands. Such a measure would also seem to be more consistent with the policy of the existing laws--that of converting the public domain into cultivated farms owned by their occupants. That policy is not best promoted by sending emigration up the almost interminable streams of the West to occupy in groups the best spots of land, leaving immense wastes behind them and enlarging the frontier beyond the means of the Government to afford it adequate protection, but in encouraging it to occupy with reasonable denseness the territory over which it advances, and find its best defense in the compact front which it presents to the Indian tribes. Many of you will bring to the consideration of the subject the advantages of local knowledge and greater experience, and all will be desirous of making an early and final disposition of every disturbing question in regard to this important interest. If these suggestions shall in any degree contribute to the accomplishment of so important a result, it will afford me sincere satisfaction.
In some sections of the country most of the public lands have been sold, and the registers and receivers have very little to do. It is a subject worthy of inquiry whether in many cases two or more districts may not be consolidated and the number of persons employed in this business considerably reduced. Indeed, the time will come when it will be the true policy of the General Government, as to some of the States, to transfer to them for a reasonable equivalent all the refuse and unsold lands and to withdraw the machinery of the Federal land offices altogether. All who take a comprehensive view of our federal system and believe that one of its greatest excellencies consists in interfering as little as possible with the internal concerns of the States look forward with great interest to this result.
A modification of the existing laws in respect to the prices of the public lands might also have a favorable influence on the legislation of Congress in relation to another branch of the subject. Many who have not the ability to buy at present prices settle on those lands with the hope of acquiring from their cultivation the means of purchasing under preemption laws from time to time passed by Congress. For this encroachment on the rights of the United States they excuse themselves under the plea of their own necessities; the fact that they dispossess nobody and only enter upon the waste domain: that they give additional value to the public lands in their vicinity, and their intention ultimately to pay the Government price. So much weight has from time to time been attached to these considerations that Congress have passed laws giving actual settlers on the public lands a right of preemption to the tracts occupied by them at the minimum price. These laws have in all instances been retrospective in their operation, but in a few years after their passage crowds of new settlers have been found on the public lands for similar reasons and under like expectations, who have been indulged with the same privilege. This course of legislation tends to impair public respect for the laws of the country. Either the laws to prevent intrusion upon the public lands should be executed, or, if that should be impracticable or inexpedient, they should be modified or repealed. If the public lands are to be considered as open to be occupied by any, they should by law be thrown open to all. That which is intended in all instances to be legalized should at once be made legal, that those who are disposed to conform to the laws may enjoy at least equal privileges with those who are not. But it is not believed to be the disposition of Congress to open the public lands to occupancy without regular entry and payment of the Government price, as such a course must tend to worse evils than the credit system, which it was found necessary to abolish.
It would seem, therefore, to be the part of wisdom and sound policy to remove as far as practicable the causes which produce intrusions upon the public lands, and then take efficient steps to prevent them in future. Would any single measure be so effective in removing all plausible grounds for these intrusions as the graduation of price already suggested? A short period of industry and economy in any part of our country would enable the poorest citizen to accumulate the means to buy him a home at the lower prices, and leave him without apology for settling on lands not his own. If he did not under such circumstances, he would enlist no sympathy in his favor, and the laws would be readily executed without doing violence to public opinion.
A large portion of our citizens have seated themselves on the public lands without authority since the passage of the last preemption law, and now ask the enactment of another to enable them to retain the lands occupied upon payment of the minimum Government price. They ask that which has been repeatedly granted before. If the future may be judged of by the past, little harm can be done to the interests of the Treasury by yielding to their request. Upon a critical examination it is found that the lands sold at the public sales since the introduction of cash payments, in 1820, have produced on an average the net revenue of only 6 cents an acre more than the minimum Government price. There is no reason to suppose that future sales will be more productive. The Government, therefore, has no adequate pecuniary interest to induce it to drive these people from the lands they occupy for the purpose of selling them to others.
Entertaining these views, I recommend the passage of a preemption law for their benefit in connection with the preparatory steps toward the graduation of the price of the public lands, and further and more effectual provisions to prevent intrusions hereafter. Indulgence to those who have settled on these lands with expectations that past legislation would be made a rule for the future, and at the same time removing the most plausible ground on which intrusions are excused and adopting more efficient means to prevent them hereafter, appears to me the most judicious disposition which can be made of this difficult subject. The limitations and restrictions to guard against abuses in the execution of a preemption law will necessarily attract the careful attention of Congress, but under no circumstances is it considered expedient to authorize floating claims in any shape. They have been heretofore, and doubtless would be hereafter, most prolific sources of fraud and oppression, and instead of operating to confer the favor of the Government on industrious settlers are often used only to minister to a spirit of cupidity at the expense of the most meritorious of that class.
The accompanying report of the Secretary of War will bring to your view the state of the Army and all the various subjects confided to the superintendence of that officer.
The principal part of the Army has been concentrated in Florida, with a view and in the expectation of bringing the war in that Territory to a speedy close. The necessity of stripping the posts on the maritime and inland frontiers of their entire garrisons for the purpose of assembling in the field an army of less than 4,000 men would seem to indicate the necessity of increasing our regular forces; and the superior efficiency, as well as greatly diminished expense of that description of troops, recommend this measure as one of economy as well as of expediency. I refer to the report for the reasons which have induced the Secretary of War to urge the reorganization and enlargement of the staff of the Army, and of the Ordnance Corps, in which I fully concur.
It is not, however, compatible with the interests of the people to maintain in time of peace a regular force adequate to the defense of our extensive frontiers. In periods of danger and alarm we must rely principally upon a well-organized militia, and some general arrangement that will render this description of force more efficient has long been a subject of anxious solicitude. It was recommended to the First Congress by General Washington, and has been since frequently brought to your notice, and recently its importance strongly urged by my immediate predecessor. The provision in the Constitution that renders it necessary to adopt a uniform system of organization for the militia throughout the United States presents an insurmountable obstacle to an efficient arrangement by the classification heretofore proposed, and I invite your attention to the plan which will be submitted by the Secretary of War, for the organization of volunteer corps and the instruction of militia officers, as more simple and practicable, if not equally advantageous, as a general arrangement of the whole militia of the United States.
A moderate increase of the corps both of military and topographical engineers has been more than once recommended by my predecessor, and my conviction of the propriety, not to say necessity, of the measure, in order to enable them to perform the various and important duties imposed upon them, induces me to repeat the recommendation.
The Military Academy continues to answer all the purposes of its establishment, and not only furnishes well-educated officers to the Army, but serves to diffuse throughout the mass of our citizens individuals possessed of military knowledge and the scientific attainments of civil and military engineering. At present the cadet is bound, with consent of his parents or guardians, to remain in service five years from the period of his enlistment, unless sooner discharged, thus exacting only one year's service in the Army after his education is completed. This does not appear to me sufficient. Government ought to command for a longer period the services of those who are educated at the public expense, and I recommend that the time of enlistment be extended to seven years, and the terms of the engagement strictly enforced.
The creation of a national foundry for cannon, to be common to the service of the Army and Navy of the United States, has been heretofore recommended, and appears to be required in order to place our ordnance on an equal footing with that of other countries and to enable that branch of the service to control the prices of those articles and graduate the supplies to the wants of the Government, as well as to regulate their quality and insure their uniformity. The same reasons induce me to recommend the erection of a manufactory of gunpowder, to be under the direction of the Ordnance Office. The establishment of a manufactory of small arms west of the Alleghany Mountains, upon the plan proposed by the Secretary of War, will contribute to extend throughout that country the improvements which exist in establishments of a similar description in the Atlantic States, and tend to a much more economical distribution of the armament required in the western portion of our Union.
The system of removing the Indians west of the Mississippi, commenced by Mr. Jefferson in 1804, has been steadily persevered in by every succeeding President, and may be considered the settled policy of the country. Unconnected at first with any well-defined system for their improvement, the inducements held out to the Indians were confined to the greater abundance of game to be found in the West; but when the beneficial effects of their removal were made apparent a more philanthropic and enlightened policy was adopted in purchasing their lands east of the Mississippi. Liberal prices were given and provisions inserted in all the treaties with them for the application of the funds they received in exchange to such purposes as were best calculated to promote their present welfare and advance their future civilization. These measures have been attended thus far with the happiest results.
It will be seen by referring to the report of the Commissioner of Indian Affairs that the most sanguine expectations of the friends and promoters of this system have been realized. The Choctaws, Cherokees, and other tribes that first emigrated beyond the Mississippi have for the most part abandoned the hunter state and become cultivators of the soil. The improvement in their condition has been rapid, and it is believed that they are now fitted to enjoy the advantages of a simple form of government, which has been submitted to them and received their sanction; and I can not too strongly urge this subject upon the attention of Congress.
Stipulations have been made with all the Indian tribes to remove them beyond the Mississippi, except with the bands of the Wyandots, the Six Nations in New York, the Menomonees, Munsees, and Stockbridges in Wisconsin, and Miamies in Indiana. With all but the Menomonees it is expected that arrangements for their emigration will be completed the present year. The resistance which has been opposed to their removal by some of the tribes even after treaties had been made with them to that effect has arisen from various causes, operating differently on each of them. In most instances they have been instigated to resistance by persons to whom the trade with them and the acquisition of their annuities were important, and in some by the personal influence of interested chiefs. These obstacles must be overcome, for the Government can not relinquish the execution of this policy without sacrificing important interests and abandoning the tribes remaining east of the Mississippi to certain destruction.
The decrease in numbers of the tribes within the limits of the States and Territories has been most rapid. If they be removed, they can be protected from those associations and evil practices which exert so pernicious and destructive an influence over their destinies. They can be induced to labor and to acquire property, and its acquisition will inspire them with a feeling of independence. Their minds can be cultivated, and they can be taught the value of salutary and uniform laws and be made sensible of the blessings of free government and capable of enjoying its advantages. In the possession of property, knowledge, and a good government, free to give what direction they please to their labor, and sharers in the legislation by which their persons and the profits of their industry are to be protected and secured, they will have an ever-present conviction ot the importance of union and peace among themselves and of the preservation of amicable relations with us. The interests of the United States would also be greatly promoted by freeing the relations between the General and State Governments from what has proved a most embarrassing incumbrance by a satisfactory adjustment of conflicting titles to lands caused by the occupation of the Indians, and by causing the resources of the whole country to be developed by the power of the State and General Governments and improved by the enterprise of a white population.
Intimately connected with this subject is the obligation of the Government to fulfill its treaty stipulations and to protect the Indians thus assembled "at their new residences from all interruptions and disturbances from any other tribes or nations of Indians or from any other person or persons whatsoever," and the equally solemn obligation to guard from Indian hostility its own border settlements, stretching along a line of more than 1,000 miles. To enable the Government to redeem this pledge to the Indians and to afford adequate protection to its own citizens will require the continual presence of a considerable regular force on the frontiers and the establishment of a chain of permanent posts. Examinations of the country are now making, with a view to decide on the most suitable points for the erection of fortresses and other works of defense, the results of which will be presented to you by the Secretary of War at an early day, together with a plan for the effectual protection of the friendly Indians and the permanent defense of the frontier States.
By the report of the Secretary of the Navy herewith communicated it appears that unremitted exertions have been made at the different navy-yards to carry into effect all authorized measures for the extension and employment of our naval force. The launching and preparation of the ship of the line Pennsylvania and the complete repairs of the ships of the line Ohio, Delaware, and Columbus may be noticed as forming a respectable addition to this important arm of our national defense. Our commerce and navigation have received increased aid and protection during the present year. Our squadrons in the Pacific and on the Brazilian station have been much increased, and that in the Mediterranean, although small, is adequate to the present wants of our commerce in that sea. Additions have been made to our squadron on the West India station, where the large force under Commodore Dallas has been most actively and efficiently employed in protecting our commerce, in preventing the importation of slaves, and in cooperating with the officers of the Army in carrying on the war in Florida.
The satisfactory condition of our naval force abroad leaves at our disposal the means of conveniently providing for a home squadron for the protection of commerce upon our extensive coast. The amount of appropriations required for such a squadron will be found in the general estimates for the naval service for the year 1838.
The naval officers engaged upon our coast survey have rendered important service to our navigation. The discovery of a new channel into the harbor of New York, through which our largest ships may pass without danger, must afford important commercial advantages to that harbor and add greatly to its value as a naval station. The accurate survey of Georges Shoals, off the coast of Massachusetts, lately completed, will render comparatively safe a navigation hitherto considered dangerous.
Considerable additions have been made to the number of captains, commanders, lieutenants, surgeons, and assistant surgeons in the Navy. These additions were rendered necessary by the increased number of vessels put in commission to answer the exigencies of our growing commerce.
Your attention is respectfully invited to the various suggestions of the Secretary for the improvement of the naval service.
The report of the Postmaster-General exhibits the progress and condition of the mail service. The operations of the Post-Office Department constitute one of the most active elements of our national prosperity, and it is gratifying to observe with what vigor they are conducted. The mail routes of the United States cover an extent of about 142,877 miles, having been increased about 37,103 miles within the last two years. The annual mail transportation on these routes is about 36,228,962 miles, having been increased about 10,359,476 miles within the same period. The number of post-offices has also been increased from 10,770 to 12,099, very few of which receive the mails less than once a week, and a large portion of them daily. Contractors and postmasters in general are represented as attending to their duties with most commendable zeal and fidelity. The revenue of the Department within the year ending on the 30th of June last was $4,137,056.59, and its liabilities accruing within the same time were $3,380,847.75. The increase of revenue over that of the preceding year was $708,166.41.
For many interesting details I refer you to the report of the Postmaster-General, with the accompanying papers, Your particular attention is invited to the necessity of providing a more safe and convenient building for the accommodation of that Department.
I lay before Congress copies of reports submitted in pursuance of a call made by me upon the heads of Departments for such suggestions as their experience might enable them to make as to what further legislative provisions may be advantageously adopted to secure the faithful application of public moneys to the objects for which they are appropriated, to prevent their misapplication or embezzlement by those intrusted with the expenditure of them, and generally to increase the security of the Government against losses in their disbursement. It is needless to dilate on the importance of providing such new safeguards as are within the power of legislation to promote these ends, and I have little to add to the recommendations submitted in the accompanying papers.
By law the terms of service of our most important collecting and disbursing officers in the civil departments are limited to four years, and when reappointed their bonds are required to be renewed. The safety of the public is much increased by this feature of the law, and there can be no doubt that its application to all officers intrusted with the collection or disbursement of the public money, whatever may be the tenure of their offices, would be equally beneficial. I therefore recommend, in addition to such of the suggestions presented by the heads of Departments as you may think useful, a general provision that all officers of the Army or Navy, or in the civil departments, intrusted with the receipt or payment of public money, and whose term of service is either unlimited or for a longer time than four years, be required to give new bonds, with good and sufficient sureties, at the expiration of every such period.
A change in the period of terminating the fiscal year, from the 1st of October to the 1st of April, has been frequently recommended, and appears to be desirable.
The distressing casualties in steamboats which have so frequently happened during the year seem to evince the necessity of attempting to prevent them by means of severe provisions connected with their customhouse papers. This subject was submitted to the attention of Congress by the Secretary of the Treasury in his last annual report, and will be again noticed at the present session, with additional details. It will doubtless receive that early and careful consideration which its pressing importance appears to require.
Your attention has heretofore been frequently called to the affairs of the District of Columbia, and I should not again ask it did not their entire dependence on Congress give them a constant claim upon. its notice. Separated by the Constitution from the rest of the Union, limited in extent, and aided by no legislature of its own, it would seem to be a spot where a wise and uniform system of local government might have been easily adopted. This District has, however, unfortunately been left to linger behind the rest of the Union. Its codes, civil and criminal, are not only very defective, but full of obsolete or inconvenient provisions. Being formed of portions of two States, discrepancies in the laws prevail in different parts of the territory, small as it is; and although it was selected as the seat of the General Government, the site of its public edifices, the depository of its archives, and the residence of officers intrusted with large amounts of public property and the management of public business, yet it has never been subjected to or received that special and comprehensive legislation which these circumstances peculiarly demand. I am well aware of the various subjects of greater magnitude and immediate interest that press themselves on the consideration of Congress, but I believe there is not one that appeals more directly to its justice than a liberal and even generous attention to the interests of the District of Columbia and a thorough and careful revision of its local government.
No hay comentarios:
Publicar un comentario