Para el Congreso de los Estados Unidos:
Se enfrenta en el umbral de sus tareas legislativas con un estado de las finanzas nacionales que exige imperativamente la consideración inmediata y cuidadosa.
La cantidad de dinero exigido anualmente, a través de la operación de las leyes actuales, de las industrias y necesidades de la gente supera ampliamente la suma necesaria para cubrir los gastos del Gobierno.
Cuando consideramos que la teoría de nuestras instituciones garantiza a todos los ciudadanos el pleno disfrute de todos los frutos de su industria y la empresa, con sólo dicha deducción como puede ser su parte hacia el mantenimiento cuidadoso y económico del Gobierno, que lo protege, es claro que el hecho de exigir más que esto es extorsión indefendible y una traición culpable de la equidad y la justicia americana. Este mal infligido a los que llevan la carga de los impuestos nacionales, al igual que otros males, multiplica una cría de malas consecuencias. El Tesoro público, que sólo debe existir como un conducto de transporte de homenaje del pueblo a sus legítimos objetos de los gastos, se convierte en un lugar acaparamiento de dinero innecesariamente retirado del comercio y el uso de la gente, paralizando así nuestras energías nacionales, suspendiendo el desarrollo de nuestro país, lo que impide la inversión en empresas productivas, amenazando la perturbación financiera, e invitando a los planes de saqueo público.
Esta condición de nuestro Tesoro no es del todo nueva, y tiene más de una vez en los últimos tiempos ha presentado a los representantes del pueblo en el Congreso, el único que puede aplicar un remedio. Y sin embargo, la situación continúa, con incidentes agravados, más que nunca, que presagia convulsión financiera y desastre generalizado.
No va a hacer a descuidar esta situación porque sus peligros no son ahora palpablemente inminente y aparente. Existen, no obstante, sin duda, y esperan la ocasión imprevista e inesperada cuando de repente se precipitó sobre nosotros.
El 30 de junio de 1885, el exceso de los ingresos sobre los gastos públicos, después de cumplir con el requisito anual de la ley de fondo de amortización, fue de $ 17,859,735.84; durante el año al 30 de junio de 1886, dicho excedente ascendió a $ 49,405,545.20, y durante el año al 30 de junio de 1887, alcanzó la suma de $ 55,567,849.54.
Las contribuciones anuales al fondo de amortización durante los tres años anteriormente especificados, que ascienden en total a $ 138,058,320.94, y se deducirán de los excedentes como se dijo, fueron hechas llamando en para ese propósito excepcional del 3 por ciento de los bonos del Gobierno. Durante los seis meses anteriores al 30 de junio de 1887, el excedente de ingresos había crecido tanto por acumulaciones repetidas, y se temía la retirada de esta gran suma de dinero que se necesita por la gente que lo afectará el negocio del país, que la suma de $ 79.864.100 de dicho superávit se aplicó al pago del principal e intereses de los bonos del 3 por ciento, pendientes de liquidación, y que eran de pagarse a opción del Gobierno. La precaria situación de los asuntos financieros entre las personas todavía necesitan alivio, inmediatamente después del día 30 de junio de 1887, el resto de los 3 bonos por ciento entonces pendientes, que ascienden a principal e intereses a la suma de 18.877.500 EE.UU. dólar, fueron llamados y se aplica a la contribución del fondo de amortización para el año fiscal en curso. A pesar de estas operaciones del Departamento del Tesoro, las representaciones de la angustia en los círculos de negocios no sólo continuaron, pero aumentaron, y el peligro absoluto parecían a mano. En estas circunstancias, la contribución al fondo de amortización para el año fiscal en curso fue a la vez completada por el gasto de $ 27,684,283.55 en la compra de bonos del Gobierno no vencidos que lleva 4 y 41/2 por ciento de interés, la prima pagada al respecto con un promedio de 24 por ciento para los primeros y un 8 por ciento para el segundo. Además de esto, los intereses devengados durante el año en curso de la deuda pendiente en condiciones de servidumbre del Gobierno era, hasta cierto punto previsto, y los bancos seleccionados como depositarias de fondos públicos se les permitió aumentar algo sus depósitos.
Mientras que los expedientes así emplear para liberar a la gente el dinero ociosas en el Tesoro sirvió para evitar un peligro inmediato, nuestros ingresos excedentes han continuado acumulando, el exceso para el presente ejercicio por importe de la primera jornada de diciembre a $ 55,258,701.19, y se estima que llegar a la suma de $ 113.000.000, el 30 de junio del próximo, fecha en la cual se espera que esta cantidad, sumada a las acumulaciones anteriores, se hinchará el excedente en el Tesoro de $ 140 millones.
No parece haber ninguna garantía de que, con tal retirada del uso de medios de circulación de las personas, nuestra comunidad de negocios puede no en un futuro próximo será sometido a la misma angustia que se produjo hace muy poco por la misma causa. Y mientras que las funciones de nuestro Tesoro Nacional deben ser pocas y sencillas, y mientras se alcanzaría su mejor condición, creo, por la totalidad de su desconexión con los intereses comerciales privados, sin embargo, cuando, por una perversión de sus fines, de brazos cruzados sostiene el dinero inútilmente restarse de los canales de comercio, no parece haber razón para la afirmación de que algunos medios legítimos deben ser ideadas por el Gobierno para restaurar en caso de emergencia, sin residuos o la extravagancia, ese dinero a su lugar entre las personas.
Si se presenta una emergencia tal, ahora existe ningún poder ejecutivo clara e indudable de alivio. Hasta ahora la redención de un 3 por ciento de los bonos, que eran a pagar en la opción del Gobierno, ha obtenido por un medio para que el desembolso del exceso de los ingresos; pero estos bonos todos han sido retirados, y no hay bonos en circulación el pago de las que tenemos derecho a insistir. La contribución al fondo de amortización que proporciona la ocasión para que el gasto en la compra de bonos ya ha sido hecho para el año en curso, por lo que no hay salida en esa dirección.
En el estado actual de la legislación la única pretensión de ningún poder ejecutivo existente para restaurar en este momento cualquier parte de nuestros ingresos excedentes a las personas por sus gastos se dividen en el supuesto de que el Secretario de Hacienda podrá entrar en el mercado y comprar los bonos de el Gobierno no debe, sin embargo, a una tasa de prima a convenir. La única disposición de la ley de la que tal poder se podrían derivar se encuentra en una ley de presupuestos aprobó una serie de años atrás, y que está sujeta a la sospecha de que pretendía ser temporal y limitada en su aplicación, en lugar de conferir una continua discreción y autoridad. No hay condiciones deben existir para que esté justificado el otorgamiento de poder a un solo funcionario, a su juicio de su necesidad, de retener o liberar de que el negocio de la gente, de una manera inusual, el dinero en efectivo en la Tesorería, y por lo tanto afectar en su testamento la situación financiera del país; y si se considera conveniente presentar en la Secretaría de Hacienda la autoridad en la coyuntura actual para la compra de bonos, se debe claramente investido, y siempre, en la medida de lo posible, con los controles y limitaciones que van a definir el derecho de este funcionario y discreción y al mismo tiempo le exime de responsabilidad indebida.
Al considerar la cuestión de la compra de bonos como una forma de devolver a la circulación el dinero excedente que se acumula en el Tesoro, hay que tener en cuenta que las primas deben por supuesto ser pagado a dicha compra, que puede haber una gran parte de estos bonos en poder como inversiones que no se pueden comprar a cualquier precio, y que las combinaciones entre los titulares que están dispuestos a vender puede mejorar injustificadamente el costo de dichos bonos al Gobierno.
Se ha sugerido que la actual deuda en bonos podría ser devuelto a una menor tasa de interés y la diferencia entre la vieja y nueva seguridad pagado en efectivo, encontrando así el uso de los excedentes del Tesoro. El éxito de este plan, es evidente, debe depender de la voluntad de los tenedores de los bonos actuales; y no es del todo seguro que el incentivo que debe ser les ofreció resultaría en un mayor beneficio financiero al Gobierno de la compra de bonos, mientras que la última propuesta reduciría el capital de la deuda por el pago efectivo en lugar de ampliarlo.
La proposición para depositar el dinero en poder del Gobierno en los bancos en todo el país para su uso por las personas es, me parece, en extremo censurable, en principio, como el establecimiento de una relación demasiado estrecha entre las operaciones de la Tesorería del Gobierno y el negocio de la país y demasiado extensa commingling una parte de su dinero, fomentando así una confianza natural en la empresa privada en los fondos públicos. Si este esquema se debe adoptar, sólo debe hacerse como un recurso temporal para cubrir una necesidad urgente. Esfuerzo legislativo y ejecutivo en general debe estar en la dirección opuesta, y debe tener una tendencia al divorcio, tanto y tan rápido como se puede hacer con seguridad, el Departamento del Tesoro de la empresa privada.
Por supuesto, no se espera que se realicen créditos innecesarios y extravagantes con el fin de evitar la acumulación de un exceso de ingresos. Estos gastos, además de la desmoralización de los pocos conceptos de deber público que implica, estimula el hábito de la imprevisión imprudente no en lo más mínimo en consonancia con la misión de nuestro pueblo o los propósitos altos y benéficos de nuestro Gobierno.
He creído mi deber de llevar así al conocimiento de mis compatriotas, así como a la atención de sus representantes que tienen la responsabilidad de alivio legislativo, la gravedad de nuestra situación financiera. El fracaso del Congreso para proporcionar hasta ahora contra los peligros que era bastante evidente la naturaleza misma de la dificultad necesariamente debe producir causado una condición de dificultades financieras y la aprensión desde el último aplazamiento que comprometen al máximo toda la autoridad y expedientes dentro del control ejecutivo ; y éstos parecen ahora estar agotado. Si los resultados de los desastres de la falta de acción continua del Congreso, la responsabilidad debe descansar donde pertenece.
Aunque la situación hasta el momento considerado está lleno de peligros que deben ser plenamente efectivos, y aunque presenta rasgos de mal a las personas, así como peligro para el país, que no es sino una consecuencia que crecen fuera de una causa perfectamente palpable y evidente, constantemente reproduciendo las mismas circunstancias alarmantes - un Tesoro Nacional congestionado y una condición monetaria empobrecido en el negocio del país. Apenas es necesario señalar que si bien la situación actual exige un remedio, sólo podemos ser salvos de una situación similar en el futuro por la eliminación de su causa.
Nuestro esquema de tributación, por medio del cual este excedente no hace falta se toma de la gente y pusieron en el tesoro público, consta de un arancel o impuestos que graven las importaciones de los impuestos de rentas internas que gravan sobre el consumo de tabaco y bebidas con licor de malta y en el extranjero y licores. Hay que reconocer que ninguna de las cosas sujetas a la tributación de rentas internas son, estrictamente hablando, cosas necesarias. No parece haber ninguna queja sólo de esta imposición por los consumidores de estos artículos, y no parece haber nada tan bien capaz de soportar la carga sin dificultad a cualquier parte de la gente.
Pero nuestras actuales leyes arancelarias, el origen vicioso, inequitativa, e ilógica de la imposición innecesaria, debe ser a la vez revisada y modificada. Estas leyes, ya que su efecto primario y llano, suben el precio a los consumidores de todos los artículos importados y sujetos a impuestos por precisamente la suma pagada por tales derechos. Así, el importe del derecho mide el impuesto pagado por los que compran para el uso de estos artículos importados. Muchas de estas cosas, sin embargo, son criados o fabricados en nuestro propio país, y los deberes ahora impuestas sobre bienes y productos extranjeros son llamados protección a éstos de fabrica, ya que hacen posible que los de nuestro pueblo que son los fabricantes de hacer estos gravados artículos y venderlos a un precio igual a la exigida por las mercancías importadas que han pagado los derechos de aduana. Así sucede que mientras que comparativamente unos pocos utilizan los artículos importados, millones de nuestra gente, que nunca usaron y nunca vieron ninguno de los productos extranjeros, adquieren y utilizan las cosas de la misma especie realizadas en este país, y pagan para ello casi o completamente el mismo precio mayor que el deber se suma a los artículos importados. Los que compran las importaciones pagan la tasa cargados al respecto en el Tesoro público, pero la gran mayoría de nuestros ciudadanos, que compran artículos de menaje de la misma clase, pagar una suma al menos aproximadamente igual a este deber de la casa fabricante. Esta referencia a la operación de nuestras leyes arancelarias no se hace por medio de la instrucción, pero con el fin de que seamos recuerda constantemente la manera en que imponen una carga para aquellos que consumen productos nacionales, así como los que consumen los artículos importados, y así crear un impuesto a todo nuestro pueblo.
No se propone para aliviar del todo el país de esta imposición. Debe ser ampliamente continuó como la fuente de los ingresos del Gobierno; y en un reajuste de nuestra tarifa de los intereses del trabajo estadounidense dedicada a la fabricación deben ser considerados cuidadosamente, así como la preservación de nuestros fabricantes. Se le puede llamar de protección o por cualquier otro nombre, pero el alivio de las penurias y peligros de nuestras actuales leyes arancelarias necesario deben elaborarse con precaución especial contra poniendo en peligro la existencia de los intereses de la fabricación. Pero esta existencia no debe significar una condición que, sin tener en cuenta el bienestar público o una exigencia nacional, siempre debe asegurarse de la realización de los inmensos beneficios en lugar de rendimientos moderadamente rentables. A medida que el volumen y la diversidad de nuestro incremento nacional de actividades, se añaden nuevos reclutas a los que desean una continuación de las ventajas que ellos conciben el actual sistema de imposición arancelaria les proporciona directamente. Así obstinadamente tener todos los esfuerzos para reformar la actual condición sido resistido por aquellos de nuestros conciudadanos por lo tanto comprometidos que casi no pueden quejarse de la sospecha, entretenido hasta cierto punto, que existe una combinación organizada en toda la línea para mantener su ventaja .
Estamos en medio de las celebraciones del centenario, y con orgullo convirtiéndose nos regocijamos en la habilidad y el ingenio de América, en la energía de América y de la empresa, y en las maravillosas ventajas naturales y recursos desarrollados por el crecimiento nacional de un siglo. Sin embargo, cuando se hace un intento de justificar un esquema que permite un impuesto para ser puesto sobre todos los consumidores en la tierra para el beneficio de nuestros fabricantes, bastante más allá de una demanda razonable de relación gubernamental, que se adapte a la incidencia política para llamar a nuestras manufacturas infantil industrias que todavía necesitan el grado más alto y más grande de favor y el fomento de la atención que puede retorcerse de la legislación federal.
También se dice que el aumento en el precio de las manufacturas nacionales resultante de la tarifa actual es necesaria para que los salarios más altos se pueden pagar a nuestros obreros que trabajan en fábricas que se les paga por lo que se llama la mano de obra pobre de Europa. Todo será reconocer la fuerza de un argumento que involucra el bienestar y la compensación liberal de nuestros pueblo trabajador. Nuestro trabajo es honorable a los ojos de todos los ciudadanos estadounidenses; y ya que está en la base de nuestro desarrollo y progreso, tiene derecho, sin afectación ni hipocresía, a la máxima consideración. El estándar de vida de nuestros trabajadores "no debe medirse por la de cualquier otro país menos favorecido, y que tienen derecho a una participación plena de todas nuestras ventajas.
En el último censo que se hace aparecer la del 17.392.099 de nuestra población dedicada a todo tipo de industrias 7.670.493 se emplean en la agricultura, 4.074.238 en profesional y servicio personal (2.934.876 de los cuales son empleados domésticos y trabajadores), mientras que 1.810.256 están empleados en el comercio y el transporte y 3.837.112 se clasifican como empleado en la fabricación y la minería.
A los presentes efectos, sin embargo, el último número dado debe reducirse considerablemente. Sin tratar de enumerar todo, se reconoció que no se deducirán de las que se incluye 375,143 carpinteros y ebanistas, 285.401 modistas, costureras y modistas, 172.726 herreros, sastres y tailoresses 133.756, 102.473, 76.241 albañiles carniceros, panaderos 41309, 22083 yeseros y 4891 dedicada a la fabricación implementos agrícolas, que asciende en total a 1.214.023, dejando 2.623.089 personas empleadas en industrias manufactureras como se reivindican a ser beneficiados por una tarifa alta.
A éstos se hizo el llamado para salvar su empleo y mantener sus salarios al resistir un cambio. No debe haber disposición para responder a tales sugerencias por la alegación de que están en una minoría entre los que trabajan, y por lo tanto debe renunciar una ventaja en el interés de los bajos precios para la mayoría. Su remuneración, ya que puede verse afectada por la operación de las leyes arancelarias, en todo momento debe mantenerse escrupulosamente a la vista; y sin embargo, con la reflexión ligera que no se pase por alto el hecho de que son los consumidores con el resto; que ellos también tienen sus propias necesidades y las de sus familias para abastecer de sus ganancias, y que el precio de las cosas necesarias para la vida, así como el monto de sus salarios, regularán la medida de su bienestar y comodidad.
Pero la reducción de los impuestos exigió deben ser tan medido que no exija o justificar ya sea la pérdida de empleo por parte del obrero o la disminución de su salario; y los beneficios que aún permanecen al fabricante después de un reajuste necesario deben presentar ninguna excusa para el sacrificio de los intereses de sus empleados, ya sea en su oportunidad de trabajar o en la disminución de su remuneración. Tampoco puede el trabajador en manufacturas no comprender que, si bien un alto arancel se afirma que es necesario para permitir el pago de los salarios remunerativos, que sin duda se traduce en un gran aumento en el precio de casi todo tipo de manufacturas, que, en casi innumerable formas, se necesita para el uso de sí mismo y su familia. Él recibe en el mostrador de su empleador su salario, y tal vez antes de llegar a su casa se ve obligado, en una compra para uso familiar de un artículo que abraza a su propio trabajo, para volver en el pago del aumento en el precio que los permisos arancelarios la compensación ganada con tanto esfuerzo de muchos días de trabajo duro.
El agricultor y el agricultor, que fabrican nada, sino que pagan el precio más alto que el arancel impone a implementar cada agrícola, a todos los que lleva, y sobre todo lo que usa y posee, excepto el aumento de sus rebaños y manadas y cosas tales como su cría produce desde el suelo, se invita a la ayuda en el mantenimiento de la situación actual; y se le dice que un alto deber de lana importada es necesario para el beneficio de los que tienen las ovejas para esquilar, con el fin de que el precio de la lana se puede aumentar. Ellos, por supuesto, no se les recuerda que el agricultor que no tiene ovejas es mediante este esquema obligado, en sus compras de bienes y ropa de lana, para rendir un homenaje a su compañero-agricultor, así como para el fabricante y el comerciante, ni es hace mención alguna del hecho de que las mismas y sus familias ganaderos deben usar ropa y utilizar otros artículos fabricados a partir de la lana que venden a precios de tarifas, y por lo tanto ya que los consumidores deben devolver su parte de este aumento de los precios al comerciante.
Creo que se puede suponer bastante que una gran proporción de las ovejas propiedad de los agricultores de todo el país se encuentran en pequeños rebaños, en número veinticinco hasta cincuenta. El deber del grado de lana importada que estos rendimientos ovejas es de 10 centavos de dólar cada libra si el valor de 30 centavos o menos y 12 centavos si el valor de más de 30 centavos de dólar. Si se permitirá la estimación liberal de 6 libras por cada paño grueso y suave, el mismo derecho daría 60 o 72 centavos; y esto puede ser tomado como el máximo aumento de su precio al agricultor por la razón de este deber. Así Dieciocho dólares representarían el aumento del precio de la lana entre veinticinco y ovejas y $ 36, que de la lana de ovejas de cincuenta; y en los valores actuales de esta adición sería de alrededor de un tercio de su precio. Si el momento de su venta el agricultor recibe esto o un menor beneficio arancelario, la lana deja sus manos cargadas con precisión esa suma, que en todos sus cambios se adherirá a ella hasta que llega al consumidor. Cuando fabricada en tela y otros bienes y materiales para su uso, su coste no sólo se incrementa en la medida del beneficio arancelario del agricultor, sino una suma adicional se ha añadido en beneficio de el fabricante en el funcionamiento de otras leyes arancelarias. Entre tanto llega el día cuando el agricultor se ve obligado a comprar bienes y material de lana para vestir a sí mismo ya la familia para pasar el invierno. Cuando se enfrenta al comerciante para tal fin, descubre que él está obligado no sólo a devolver en la forma de un aumento de los precios de su beneficio arancelario sobre la lana que vendió, y que tal vez se encuentra delante de él en forma manufacturada, sino que debe añadir una suma considerable a la misma para cumplir con un nuevo aumento en el costo causado por un derecho arancelario en la fabricación. Por lo tanto, al final, se despertó al hecho de que él ha pagado a una compra moderada, como resultado del esquema tarifario, que cuando vendió su lana parecía tan rentable, un aumento del precio más que suficiente para barrer todo el arancel beneficio que recibió de la lana que produce y se vende.
Cuando el número de agricultores dedicados a la cría de lana se compara con todos los agricultores del país y la pequeña proporción que llevan a nuestra población que se considera; cuando se hizo evidente que en el caso de una gran parte de los dueños de las ovejas el beneficio de la tarifa actual de la lana es ilusoria; y, sobre todo, cuando hay que reconocer que el aumento del costo de vida causada por dicha tarifa se convierte en una carga para aquellos con medios moderados y pobres, empleados y desempleados, los enfermos y bien, y los jóvenes y viejos, y que constituye un impuesto que con garras implacables se sujeta a la ropa de cada hombre, mujer y niño en la tierra, ¿por qué razones se sugieren la eliminación o reducción de este impuesto deben ser incluidos en una revisión de nuestras leyes arancelarias.
Al hablar del aumento en el costo para el consumidor de nuestro hogar fabrica resultante de un derecho establecido en los artículos importados de la misma descripción, el hecho es que no ha mirado siempre que la competencia entre los productores nacionales a veces tiene el efecto de mantener el precio de sus productos por debajo el límite máximo permitido por dicho impuesto. Pero es notorio que esta competición es demasiado a menudo estrangulado por combinaciones muy prevalentes en este momento, y con frecuencia llamados fideicomisos, que tienen por objeto la regulación de la oferta y el precio de los productos fabricados y vendidos por los miembros de la combinación. La gente casi no pueden esperar ninguna consideración en la operación de estos esquemas egoístas.
Si, sin embargo, en ausencia de tal combinación, una competencia sana y libre reduce el precio de cualquier artículo sujeto a derechos de producción particular casa por debajo del límite que de otro modo podría llegar bajo nuestras leyes arancelarias, y si con ese precio reducido su fabricación sigue prosperar, es totalmente evidente que una cosa se ha descubierto que deberían ser examinadas cuidadosamente, en un esfuerzo para reducir los impuestos.
La necesidad de combinación para mantener el precio de cualquier mercancía al punto arancelaria aporta la prueba de que alguien está dispuesto a aceptar precios más bajos para dicho producto y que dichos precios son remunerativos; y precios más bajos producidos por la competencia prueban lo mismo. Así, cuando cualquiera de estas condiciones existe un caso parecería que se presentará para una reducción rápida de la fiscalidad.
Las consideraciones que se han presentado tocar nuestras leyes arancelarias están destinados sólo para cumplir una recomendación seria que los ingresos excedentes del Gobierno pueden prevenir mediante la reducción de nuestros derechos de aduana, y, al mismo tiempo que hacen hincapié en la sugerencia de que en el cumplimiento de este propósito pueden desempeñar una doble función a nuestro pueblo mediante la concesión a ellos una medida de alivio de impuestos arancelarios en cuartos donde más se necesita y de fuentes donde puede ser más justo y equitativo concedida.
Tampoco puede la presentación realizada de tales consideraciones estar con cualquier grado de equidad considerado como evidencia de hostilidad hacia nuestros intereses industriales o de cualquier falta de apreciación de su valor e importancia.
Estos intereses constituyen un elemento principal y más importante de nuestra grandeza nacional y aportar las pruebas orgullosos del progreso de nuestro país. Pero si en la situación de emergencia que presiona sobre nosotros se les pide a nuestros fabricantes a entregar algo por el bien público y para evitar el desastre, su patriotismo, así como un reconocimiento agradecido de ventajas ya que ofrece, debe conducir a la voluntad de colaboración. No demanda se hace que renuncien a todos los beneficios de lo que se refiere gubernamental; pero no pueden dejar de ser amonestados de su deber, así como su propio interés y seguridad iluminada, cuando se les recuerda el hecho de que el pánico financiero y el colapso, a la que la condición actual tiende, sin permitirse una mayor refugio o protección a nuestra fabrica que a otras empresas importantes. Oportunidad para la reforma de seguro, cuidadoso y deliberado se ofrece ahora; y ninguno de nosotros debería estar sin pensar en un momento en que un pueblo maltratados e irritados, sin hacer caso de los que han resistido el alivio oportuno y razonable, pueden insistir en una rectificación radical y radical de sus errores.
La dificultad de asistir a una revisión sabia y justa de nuestras leyes arancelarias no se subestima. Se requerirá por parte de la gran labor del Congreso y la atención, y sobre todo una contemplación amplia y nacional del tema y una indiferencia patriótica de tales reclamaciones locales y egoístas como son irrazonables e imprudente del bienestar de todo el país.
Bajo nuestras leyes actuales a más de 4.000 artículos están sujetos al impuesto. Muchos de ellos no lo hacen de alguna manera competir con nuestra propia fabrica, y muchos son apenas merece atención como sujetos de ingresos. Una reducción considerable se puede hacer en conjunto mediante su inclusión en la lista libre. La tributación de los lujos no presenta características de dificultades; pero las necesidades de la vida usados y consumidos por todas las personas, el derecho a que se suma al costo de vida en todos los hogares, se deben abarataron considerablemente.
La reducción radical de las obligaciones impuestas a la materia prima utilizada en la fabricación o la importación libre, es por supuesto un factor importante en cualquier esfuerzo para reducir el precio de estas cosas necesarias. No sólo aliviaría desde el aumento del costo causado por el arancel sobre dicho material, pero el producto fabricado siendo así abaratado esa parte de la tarifa ahora puesta sobre dicho producto, como una compensación a nuestros fabricantes para el precio actual de la materia prima, podría ser modificado en consecuencia. Tal reducción o la importación libre servirían además para reducir en gran medida los ingresos. No es evidente cómo este cambio puede tener un efecto perjudicial sobre los proveedores primarios. Por el contrario, parece que se les dará una mejor oportunidad en los mercados extranjeros con los fabricantes de otros países, que abaratan sus productos por material libre. Por lo tanto nuestro pueblo puedan tener la oportunidad de ampliar sus ventas más allá de los límites de consumo en el hogar, salvándolos de la depresión, la interrupción de negocio, y la pérdida causada por un mercado interno saciado y que ofrezcan a sus empleados más seguro y estable de trabajo, con su resultante tranquila y la alegría.
La pregunta por lo tanto imperativo presentado por la solución debe ser abordado con un espíritu más alto que el partidismo y considera a la luz de ese sentido de deber patriótico que debe caracterizar la acción de aquellos confiado con el bien de un pueblo confiados. Pero la obligación de la política del partido declarado y el principio es no querer instar a una acción rápida y eficaz. Tanto de los grandes partidos políticos ahora representados en el Gobierno tienen por repetido y declaraciones autorizadas condenado las condiciones de nuestras leyes que permiten la recogida de las personas de ingresos innecesarios, y tienen de la manera más solemne prometido su corrección; y ni como ciudadanos ni partidarios son nuestros compatriotas en un estado de ánimo disculpar la violación deliberada de estas promesas.
Nuestro progreso hacia una sabia conclusión no mejorará por meditar en las teorías de la protección y el libre comercio. Esta saborea demasiado de epítetos bandying. Es una condición que nos enfrenta, no una teoría. El alivio de esta condición puede implicar una ligera reducción de las ventajas que nos concedemos nuestras producciones de origen, sino a toda la retirada de tales ventajas no debe ser contemplado. La cuestión del libre comercio es absolutamente irrelevante, y el persistente reclamo por realizar en determinados sectores de que todos los esfuerzos para aliviar la gente de la tributación injusta e innecesaria son esquemas de los llamados partidarios del libre comercio es travieso y muy alejados de cualquier consideración por el bien público .
El deber simple y sencillo que le debemos a la gente es el de reducir los impuestos a los gastos necesarios de una operación económica del Gobierno y para restaurar a los negocios del país el dinero que tenemos en el Tesoro a través de la perversión de los poderes gubernamentales. Estas cosas se pueden y se deben hacer con la seguridad de todas nuestras industrias, sin peligro para la oportunidad de trabajo remunerado que nuestros obreros necesitan, y con beneficio para ellos y todo nuestro pueblo por el abaratamiento de sus medios de subsistencia y aumentar la medida de sus comodidades.
La Constitución establece que el Presidente "será de vez en cuando dar al Congreso informes sobre el estado de la Unión." Ha sido la costumbre del Ejecutivo, en cumplimiento de esta disposición, que anualmente presentan ante el Congreso, en la apertura de la sesión, el estado general del país, y al detalle con alguna particularidad las operaciones de los distintos Departamentos Ejecutivos. Sería especialmente agradable para seguir este curso en el momento actual y para llamar la atención sobre los valiosos logros de estos departamentos durante el último año fiscal; pero estoy muy impresionado con la importancia primordial de la asignatura a la que esta comunicación hasta el momento se ha dedicado que voy a renunciar a la adición de cualquier otro tema, y sólo instar a su consideración inmediata del "estado de la Unión", como se muestra en la el estado actual de nuestro Tesoro y nuestra situación fiscal en general, sobre la cual cada elemento de nuestra seguridad y prosperidad depende.
Los informes de los jefes de departamentos, que se presentarán, contienen información completa y explícita de tocar la transacción del negocio confiado a ellos y las recomendaciones relativas a la legislación en el interés público que estimen pertinentes. Pido estos informes y las recomendaciones del examen y de la acción de la rama legislativa del Gobierno deliberada.
Hay otros temas no abarcados en los informes de los departamentos que exigen la consideración legislativa, y que yo debería ser mucho gusto presentamos. Algunos de ellos, sin embargo, han sido seriamente presentado en mensajes anteriores, y como a ellos me permito repetir las recomendaciones anteriores.
Como la ley no prevé ningún informe del Departamento de Estado, una breve historia de las transacciones de ese importante Departamento, junto con otros asuntos que en lo sucesivo se considere esencial para felicitar a la atención del Congreso, podrán formular la ocasión para una futura comunicación.
Original
You are confronted at the threshold of your legislative duties with a condition of the national finances which imperatively demands immediate and careful consideration.
The amount of money annually exacted, through the operation of present laws, from the industries and necessities of the people largely exceeds the sum necessary to meet the expenses of the Government.
When we consider that the theory of our institutions guarantees to every citizen the full enjoyment of all the fruits of his industry and enterprise, with only such deduction as may be his share toward the careful and economical maintenance of the Government which protects him, it is plain that the exaction of more than this is indefensible extortion and a culpable betrayal of American fairness and justice. This wrong inflicted upon those who bear the burden of national taxation, like other wrongs, multiplies a brood of evil consequences. The public Treasury, which should only exist as a conduit conveying the people's tribute to its legitimate objects of expenditure, becomes a hoarding place for money needlessly withdrawn from trade and the people's use, thus crippling our national energies, suspending our country's development, preventing investment in productive enterprise, threatening financial disturbance, and inviting schemes of public plunder.
This condition of our Treasury is not altogether new, and it has more than once of late been submitted to the people's representatives in the Congress, who alone can apply a remedy. And yet the situation still continues, with aggravated incidents, more than ever presaging financial convulsion and widespread disaster.
It will not do to neglect this situation because its dangers are not now palpably imminent and apparent. They exist none the less certainly, and await the unforeseen and unexpected occasion when suddenly they will be precipitated upon us.
On the 30th day of June, 1885, the excess of revenues over public expenditures, after complying with the annual requirement of the sinking-fund act, was $17,859,735.84; during the year ended June 30, 1886, such excess amounted to $49,405,545.20, and during the year ended June 30, 1887, it reached the sum of $55,567,849.54.
The annual contributions to the sinking fund during the three years above specified, amounting in the aggregate to $138,058,320.94, and deducted from the surplus as stated, were made by calling in for that purpose outstanding 3 per cent bonds of the Government. During the six months prior to June 30, 1887, the surplus revenue had grown so large by repeated accumulations, and it was feared the withdrawal of this great sum of money needed by the people would so affect the business of the country, that the sum of $79,864,100 of such surplus was applied to the payment of the principal and interest of the 3 per cent bonds still outstanding, and which were then payable at the option of the Government. The precarious condition of financial affairs among the people still needing relief, immediately after the 30th day of June, 1887, the remainder of the 3 per cent bonds then outstanding, amounting with principal and interest to the sum of $18,877,500, were called in and applied to the sinking-fund contribution for the current fiscal year. Notwithstanding these operations of the Treasury Department, representations of distress in business circles not only continued, but increased, and absolute peril seemed at hand. In these circumstances the contribution to the sinking fund for the current fiscal year was at once completed by the expenditure of $27,684,283.55 in the purchase of Government bonds not yet due bearing 4 and 41/2 per cent interest, the premium paid thereon averaging about 24 per cent for the former and 8 per cent for the latter. In addition to this, the interest accruing during the current year upon the outstanding bonded indebtedness of the Government was to some extent anticipated, and banks selected as depositories of public money were permitted to somewhat increase their deposits.
While the expedients thus employed to release to the people the money lying idle in the Treasury served to avert immediate danger, our surplus revenues have continued to accumulate, the excess for the present year amounting on the 1st day of December to $55,258,701.19, and estimated to reach the sum of $113,000,000 on the 30th of June next, at which date it is expected that this sum, added to prior accumulations, will swell the surplus in the Treasury to $140,000,000.
There seems to be no assurance that, with such a withdrawal from use of the people's circulating medium, our business community may not in the near future be subjected to the same distress which was quite lately produced from the same cause. And while the functions of our National Treasury should be few and simple, and while its best condition would be reached, I believe, by its entire disconnection with private business interests, yet when, by a perversion of its purposes, it idly holds money uselessly subtracted from the channels of trade, there seems to be reason for the claim that some legitimate means should be devised by the Government to restore in an emergency, without waste or extravagance, such money to its place among the people.
If such an emergency arises, there now exists no clear and undoubted executive power of relief. Heretofore the redemption of 3 per cent bonds, which were payable at the option of the Government, has afforded a means for the disbursement of the excess of our revenues; but these bonds have all been retired, and there are no bonds outstanding the payment of which we have a right to insist upon. The contribution to the sinking fund which furnishes the occasion for expenditure in the purchase of bonds has been already made for the current year, so that there is no outlet in that direction.
In the present state of legislation the only pretense of any existing executive power to restore at this time any part of our surplus revenues to the people by its expenditure consists in the supposition that the Secretary of the Treasury may enter the market and purchase the bonds of the Government not yet due, at a rate of premium to be agreed upon. The only provision of law from which such a power could be derived is found in an appropriation bill passed a number of years ago, and it is subject to the suspicion that it was intended as temporary and limited in its application, instead of conferring a continuing discretion and authority. No condition ought to exist which would justify the grant of power to a single official, upon his judgment of its necessity, to withhold from or release to the business of the people, in an unusual manner, money held in the Treasury, and thus affect at his will the financial situation of the country; and if it is deemed wise to lodge in the Secretary of the Treasury the authority in the present juncture to purchase bonds, it should be plainly vested, and provided, as far as possible, with such checks and limitations as will define this official's right and discretion and at the same time relieve him from undue responsibility.
In considering the question of purchasing bonds as a means of restoring to circulation the surplus money accumulating in the Treasury, it should be borne in mind that premiums must of course be paid upon such purchase, that there may be a large part of these bonds held as investments which can not be purchased at any price, and that combinations among holders who are willing to sell may unreasonably enhance the cost of such bonds to the Government.
It has been suggested that the present bonded debt might be refunded at a less rate of interest and the difference between the old and new security paid in cash, thus finding use for the surplus in the Treasury. The success of this plan, it is apparent, must depend upon the volition of the holders of the present bonds; and it is not entirely certain that the inducement which must be offered them would result in more financial benefit to the Government than the purchase of bonds, while the latter proposition would reduce the principal of the debt by actual payment instead of extending it.
The proposition to deposit the money held by the Government in banks throughout the country for use by the people is, it seems to me, exceedingly objectionable in principle, as establishing too close a relationship between the operations of the Government Treasury and the business of the country and too extensive a commingling of their money, thus fostering an unnatural reliance in private business upon public funds. If this scheme should be adopted, it should only be done as a temporary expedient to meet an urgent necessity. Legislative and executive effort should generally be in the opposite direction, and should have a tendency to divorce, as much and as fast as can be safely done, the Treasury Department from private enterprise.
Of course it is not expected that unnecessary and extravagant appropriations will be made for the purpose of avoiding the accumulation of an excess of revenue. Such expenditure, besides the demoralization of all just conceptions of public duty which it entails, stimulates a habit of reckless improvidence not in the least consistent with the mission of our people or the high and beneficent purposes of our Government.
I have deemed it my duty to thus bring to the knowledge of my countrymen, as well as to the attention of their representatives charged with the responsibility of legislative relief, the gravity of our financial situation. The failure of the Congress heretofore to provide against the dangers which it was quite evident the very nature of the difficulty must necessarily produce caused a condition of financial distress and apprehension since your last adjournment which taxed to the utmost all the authority and expedients within executive control; and these appear now to be exhausted. If disaster results from the continued inaction of Congress, the responsibility must rest where it belongs.
Though the situation thus far considered is fraught with danger which should be fully realized, and though it presents features of wrong to the people as well as peril to the country, it is but a result growing out of a perfectly palpable and apparent cause, constantly reproducing the same alarming circumstances--a congested National Treasury and a depleted monetary condition in the business of the country. It need hardly be stated that while the present situation demands a remedy, we can only be saved from a like predicament in the future by the removal of its cause.
Our scheme of taxation, by means of which this needless surplus is taken from the people and put into the public Treasury, consists of a tariff or duty levied upon importations from abroad and internal-revenue taxes levied upon the consumption of tobacco and spirituous and malt liquors. It must be conceded that none of the things subjected to internal-revenue taxation are, strictly speaking, necessaries. There appears to be no just complaint of this taxation by the consumers of these articles, and there seems to be nothing so well able to bear the burden without hardship to any portion of the people.
But our present tariff laws, the vicious, inequitable, and illogical source of unnecessary taxation, ought to be at once revised and amended. These laws, as their primary and plain effect, raise the price to consumers of all articles imported and subject to duty by precisely the sum paid for such duties. Thus the amount of the duty measures the tax paid by those who purchase for use these imported articles. Many of these things, however, are raised or manufactured in our own country, and the duties now levied upon foreign goods and products are called protection to these home manufactures, because they render it possible for those of our people who are manufacturers to make these taxed articles and sell them for a price equal to that demanded for the imported goods that have paid customs duty. So it happens that while comparatively a few use the imported articles, millions of our people, who never used and never saw any of the foreign products, purchase and use things of the same kind made in this country, and pay therefor nearly or quite the same enhanced price which the duty adds to the imported articles. Those who buy imports pay the duty charged thereon into the public Treasury, but the great majority of our citizens, who buy domestic articles of the same class, pay a sum at least approximately equal to this duty to the home manufacturer. This reference to the operation of our tariff laws is not made by way of instruction, but in order that we may be constantly reminded of the manner in which they impose a burden upon those who consume domestic products as well as those who consume imported articles, and thus create a tax upon all our people.
It is not proposed to entirely relieve the country of this taxation. It must be extensively continued as the source of the Government's income; and in a readjustment of our tariff the interests of American labor engaged in manufacture should be carefully considered, as well as the preservation of our manufacturers. It may be called protection or by any other name, but relief from the hardships and dangers of our present tariff laws should be devised with especial precaution against imperiling the existence of our manufacturing interests. But this existence should not mean a condition which, without regard to the public welfare or a national exigency, must always insure the realization of immense profits instead of moderately profitable returns. As the volume and diversity of our national activities increase, new recruits are added to those who desire a continuation of the advantages which they conceive the present system of tariff taxation directly affords them. So stubbornly have all efforts to reform the present condition been resisted by those of our fellow-citizens thus engaged that they can hardly complain of the suspicion, entertained to a certain extent, that there exists an organized combination all along the line to maintain their advantage.
We are in the midst of centennial celebrations, and with becoming pride we rejoice in American skill and ingenuity, in American energy and enterprise, and in the wonderful natural advantages and resources developed by a century's national growth. Yet when an attempt is made to justify a scheme which permits a tax to be laid upon every consumer in the land for the benefit of our manufacturers, quite beyond a reasonable demand for governmental regard, it suits the purposes of advocacy to call our manufactures infant industries still needing the highest and greatest degree of favor and fostering care that can be wrung from Federal legislation.
It is also said that the increase in the price of domestic manufactures resulting from the present tariff is necessary in order that higher wages may be paid to our workingmen employed in manufactories than are paid for what is called the pauper labor of Europe. All will acknowledge the force of an argument which involves the welfare and liberal compensation of our laboring people. Our labor is honorable in the eyes of every American citizen; and as it lies at the foundation of our development and progress, it is entitled, without affectation or hypocrisy, to the utmost regard. The standard of our laborers' life should not be measured by that of any other country less favored, and they are entitled to their full share of all our advantages.
By the last census it is made to appear that of the 17,392,099 of our population engaged in all kinds of industries 7,670,493 are employed in agriculture, 4,074,238 in professional and personal service (2,934,876 of whom are domestic servants and laborers), while 1,810,256 are employed in trade and transportation and 3,837,112 are classed as employed in manufacturing and mining.
For present purposes, however, the last number given should be considerably reduced. Without attempting to enumerate all, it will be conceded that there should be deducted from those which it includes 375,143 carpenters and joiners, 285,401 milliners, dressmakers, and seamstresses, 172,726 blacksmiths, 133,756 tailors and tailoresses, 102,473 masons, 76,241 butchers, 41,309 bakers, 22,083 plasterers, and 4,891 engaged in manufacturing agricultural implements, amounting in the aggregate to 1,214,023, leaving 2,623,089 persons employed in such manufacturing industries as are claimed to be benefited by a high tariff.
To these the appeal is made to save their employment and maintain their wages by resisting a change. There should be no disposition to answer such suggestions by the allegation that they are in a minority among those who labor, and therefore should forego an advantage in the interest of low prices for the majority. Their compensation, as it may be affected by the operation of tariff laws, should at all times be scrupulously kept in view; and yet with slight reflection they will not overlook the fact that they are consumers with the rest; that they too have their own wants and those of their families to supply from their earnings, and that the price of the necessaries of life, as well as the amount of their wages, will regulate the measure of their welfare and comfort.
But the reduction of taxation demanded should be so measured as not to necessitate or justify either the loss of employment by the workingman or the lessening of his wages; and the profits still remaining to the manufacturer after a necessary readjustment should furnish no excuse for the sacrifice of the interests of his employees, either in their opportunity to work or in the diminution of their compensation. Nor can the worker in manufactures fail to understand that while a high tariff is claimed to be necessary to allow the payment of remunerative wages, it certainly results in a very large increase in the price of nearly all sorts of manufactures, which, in almost countless forms, he needs for the use of himself and his family. He receives at the desk of his employer his wages, and perhaps before he reaches his home is obliged, in a purchase for family use of an article which embraces his own labor, to return in the payment of the increase in price which the tariff permits the hard-earned compensation of many days of toil.
The farmer and the agriculturist, who manufacture nothing, but who pay the increased price which the tariff imposes upon every agricultural implement, upon all he wears, and upon all he uses and owns, except the increase of his flocks and herds and such things as his husbandry produces from the soil, is invited to aid in maintaining the present situation; and he is told that a high duty on imported wool is necessary for the benefit of those who have sheep to shear, in order that the price of their wool may be increased. They, of course, are not reminded that the farmer who has no sheep is by this scheme obliged, in his purchases of clothing and woolen goods, to pay a tribute to his fellow-farmer as well as to the manufacturer and merchant, nor is any mention made of the fact that the sheep owners themselves and their households must wear clothing and use other articles manufactured from the wool they sell at tariff prices, and thus as consumers must return their share of this increased price to the tradesman.
I think it may be fairly assumed that a large proportion of the sheep owned by the farmers throughout the country are found in small flocks, numbering from twenty-five to fifty. The duty on the grade of imported wool which these sheep yield is 10 cents each pound if of the value of 30 cents or less and 12 cents if of the value of more than 30 cents. If the liberal estimate of 6 pounds be allowed for each fleece, the duty thereon would be 60 or 72 cents; and this may be taken as the utmost enhancement of its price to the farmer by reason of this duty. Eighteen dollars would thus represent the increased price of the wool from twenty-five sheep and $36 that from the wool of fifty sheep; and at present values this addition would amount to about one-third of its price. If upon its sale the farmer receives this or a less tariff profit, the wool leaves his hands charged with precisely that sum, which in all its changes will adhere to it until it reaches the consumer. When manufactured into cloth and other goods and material for use, its cost is not only increased to the extent of the farmer's tariff profit, but a further sum has been added for the benefit of the manufacturer under the operation of other tariff laws. In the meantime the day arrives when the farmer finds it necessary to purchase woolen goods and material to clothe himself and family for the winter. When he faces the tradesman for that purpose, he discovers that he is obliged not only to return in the way of increased prices his tariff profit on the wool he sold, and which then perhaps lies before him in manufactured form, but that he must add a considerable sum thereto to meet a further increase in cost caused by a tariff duty on the manufacture. Thus in the end he is aroused to the fact that he has paid upon a moderate purchase, as a result of the tariff scheme, which when he sold his wool seemed so profitable, an increase in price more than sufficient to sweep away all the tariff profit he received upon the wool he produced and sold.
When the number of farmers engaged in wool raising is compared with all the farmers in the country and the small proportion they bear to our population is considered; when it is made apparent that in the case of a large part of those who own sheep the benefit of the present tariff on wool is illusory; and, above all, when it must be conceded that the increase of the cost of living caused by such tariff becomes a burden upon those with moderate means and the poor, the employed and unemployed, the sick and well, and the young and old, and that it constitutes a tax which with relentless grasp is fastened upon the clothing of every man, woman, and child in the land, reasons are suggested why the removal or reduction of this duty should be included in a revision of our tariff laws.
In speaking of the increased cost to the consumer of our home manufactures resulting from a duty laid upon imported articles of the same description, the fact is not ever looked that competition among our domestic producers sometimes has the effect of keeping the price of their products below the highest limit allowed by such duty. But it is notorious that this competition is too often strangled by combinations quite prevalent at this time, and frequently called trusts, which have for their object the regulation of the supply and price of commodities made and sold by members of the combination. The people can hardly hope for any consideration in the operation of these selfish schemes.
If, however, in the absence of such combination, a healthy and free competition reduces the price of any particular dutiable article of home production below the limit which it might otherwise reach under our tariff laws, and if with such reduced price its manufacture continues to thrive, it is entirely evident that one thing has been discovered which should be carefully scrutinized in an effort to reduce taxation.
The necessity of combination to maintain the price of any commodity to the tariff point furnishes proof that someone is willing to accept lower prices for such commodity and that such prices are remunerative; and lower prices produced by competition prove the same thing. Thus where either of these conditions exists a case would seem to be presented for an easy reduction of taxation.
The considerations which have been presented touching our tariff laws are intended only to enforce an earnest recommendation that the surplus revenues of the Government be prevented by the reduction of our customs duties, and at the same time to emphasize a suggestion that in accomplishing this purpose we may discharge a double duty to our people by granting to them a measure of relief from tariff taxation in quarters where it is most needed and from sources where it can be most fairly and justly accorded.
Nor can the presentation made of such considerations be with any degree of fairness regarded as evidence of unfriendliness toward our manufacturing interests or of any lack of appreciation of their value and importance.
These interests constitute a leading and most substantial element of our national greatness and furnish the proud proof of our country's progress. But if in the emergency that presses upon us our manufacturers are asked to surrender something for the public good and to avert disaster, their patriotism, as well as a grateful recognition of advantages already afforded, should lead them to willing cooperation. No demand is made that they shall forego all the benefits of governmental regard; but they can not fail to be admonished of their duty, as well as their enlightened self-interest and safety, when they are reminded of the fact that financial panic and collapse, to which the present condition tends, afford no greater shelter or protection to our manufactures than to other important enterprises. Opportunity for safe, careful, and deliberate reform is now offered; and none of us should be unmindful of a time when an abused and irritated people, heedless of those who have resisted timely and reasonable relief, may insist upon a radical and sweeping rectification of their wrongs.
The difficulty attending a wise and fair revision of our tariff laws is not underestimated. It will require on the part of the Congress great labor and care, and especially a broad and national contemplation of the subject and a patriotic disregard of such local and selfish claims as are unreasonable and reckless of the welfare of the entire country.
Under our present laws more than 4,000 articles are subject to duty. Many of these do not in any way compete with our own manufactures, and many are hardly worth attention as subjects of revenue. A considerable reduction can be made in the aggregate by adding them to the free list. The taxation of luxuries presents no features of hardship; but the necessaries of life used and consumed by all the people, the duty upon which adds to the cost of living in every home, should be greatly cheapened.
The radical reduction of the duties imposed upon raw material used in manufactures, or its free importation, is of course an important factor in any effort to reduce the price of these necessaries. It would not only relieve them from the increased cost caused by the tariff on such material, but the manufactured product being thus cheapened that part of the tariff now laid upon such product, as a compensation to our manufacturers for the present price of raw material, could be accordingly modified. Such reduction or free importation would serve besides to largely reduce the revenue. It is not apparent how such a change can have any injurious effect upon our manufacturers. On the contrary, it would appear to give them a better chance in foreign markets with the manufacturers of other countries, who cheapen their wares by free material. Thus our people might have the opportunity of extending their sales beyond the limits of home consumption, saving them from the depression, interruption in business, and loss caused by a glutted domestic market and affording their employees more certain and steady labor, with its resulting quiet and contentment.
The question thus imperatively presented for solution should be approached in a spirit higher than partisanship and considered in the light of that regard for patriotic duty which should characterize the action of those intrusted with the weal of a confiding people. But the obligation to declared party policy and principle is not wanting to urge prompt and effective action. Both of the great political parties now represented in the Government have by repeated and authoritative declarations condemned the condition of our laws which permit the collection from the people of unnecessary revenue, and have in the most solemn manner promised its correction; and neither as citizens nor partisans are our countrymen in a mood to condone the deliberate violation of these pledges.
Our progress toward a wise conclusion will not be improved by dwelling upon the theories of protection and free trade. This savors too much of bandying epithets. It is a condition which confronts us, not a theory. Relief from this condition may involve a slight reduction of the advantages which we award our home productions, but the entire withdrawal of such advantages should not be contemplated. The question of free trade is absolutely irrelevant, and the persistent claim made in certain quarters that all the efforts to relieve the people from unjust and unnecessary taxation are schemes of so-called free traders is mischievous and far removed from any consideration for the public good.
The simple and plain duty which we owe the people is to reduce taxation to the necessary expenses of an economical operation of the Government and to restore to the business of the country the money which we hold in the Treasury through the perversion of governmental powers. These things can and should be done with safety to all our industries, without danger to the opportunity for remunerative labor which our workingmen need, and with benefit to them and all our people by cheapening their means of subsistence and increasing the measure of their comforts.
The Constitution provides that the President "shall from time to time give to the Congress information of the state of the Union." It has been the custom of the Executive, in compliance with this provision, to annually exhibit to the Congress, at the opening of its session, the general condition of the country, and to detail with some particularity the operations of the different Executive Departments. It would be especially agreeable to follow this course at the present time and to call attention to the valuable accomplishments of these Departments during the last fiscal year; but I am so much impressed with the paramount importance of the subject to which this communication has thus far been devoted that I shall forego the addition of any other topic, and only urge upon your immediate consideration the "state of the Union" as shown in the present condition of our Treasury and our general fiscal situation, upon which every element of our safety and prosperity depends.
The reports of the heads of Departments, which will be submitted, contain full and explicit information touching the transaction of the business intrusted to them and such recommendations relating to legislation in the public interest as they deem advisable. I ask for these reports and recommendations the deliberate examination and action of the legislative branch of the Government.
There are other subjects not embraced in the departmental reports demanding legislative consideration, and which I should be glad to submit. Some of them, however, have been earnestly presented in previous messages, and as to them I beg leave to repeat prior recommendations.
As the law makes no provision for any report from the Department of State, a brief history of the transactions of that important Department, together with other matters which it may hereafter be deemed essential to commend to the attention of the Congress, may furnish the occasion for a future communication.
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