CABALLEROS DEL CONGRESO:
En el cumplimiento en este momento el deber deber que me incumbe por la Constitución de comunicar a usted de vez en cuando la información del estado de la Unión y recomendando a su consideración las medidas legislativas que sean juzgadas necesarias y oportunas, voy a continuar con la práctica, que espero que ha sido aceptable para usted, de dejar a los informes de los varios jefes de los departamentos ejecutivos de la elaboración de las necesidades detalladas de la función pública y limitarme a aquellas cuestiones de política pública más general con los que parece necesario y posible para hacer frente a la actual sesión del Congreso.
Me doy cuenta de las limitaciones de tiempo en las que usted necesariamente actuar en esta sesión y harás mis sugerencias tan pocos como sea posible; pero hay algunas tareas que quedan pendientes en la última sesión que ahora habrá tiempo para completar y que parece necesario en el interés del público de hacer a la vez.
En primer lugar, me parece imperativamente necesario que la primera consideración y posible acción debe dársele a las medidas restantes del programa de solución ya la reglamentación que tuve ocasión de recomendar a usted al cierre de su última sesión, en vista de la peligros públicos dados a conocer por las dificultades no acomodado que entonces existían, y que todavía desgraciadamente siguen existiendo, entre los ferrocarriles del país y sus ingenieros de locomotoras, conductores y ferroviarios.
Entonces recomendé:
En primer lugar, la provisión inmediata de la ampliación y reorganización administrativa de la Comisión Interestatal de Comercio a lo largo de las líneas contenidas en el proyecto de ley aprobado recientemente por la Cámara de Representantes y que espera la actuación por el Senado; con el fin de que la Comisión esté habilitada para hacer frente a los muchos deberes grandes y diversas ahora que incumbe a ella con una rapidez y minuciosidad que son, con su actual constitución y medios de acción, prácticamente imposible.
En segundo lugar, el establecimiento de una jornada de ocho horas como la base jurídica por igual del trabajo y los salarios en el empleo de todos los employes ferroviarias que están realmente comprometidos en el trabajo de los trenes explotados en el transporte interestatal.
En tercer lugar, la autorización de la designación por el Presidente de un pequeño grupo de hombres para observar los resultados reales en la experiencia de la adopción de la jornada de ocho horas en el transporte ferroviario por igual para los hombres y para los ferrocarriles.
Cuarto aprobación, explícita por el Congreso de la consideración de la Comisión de Comercio Interestatal de un aumento de las tarifas de carga para satisfacer tales gastos adicionales por los ferrocarriles como puede haber sido que resulte necesaria por la adopción de la jornada de ocho horas y que no se han compensado por los reajustes administrativos y economías, si los hechos revelados justificar el aumento.
En quinto lugar, la modificación de la ley federal existente, que prevé la mediación, la conciliación y el arbitraje de controversias como la presente, añadiendo a ella una disposición que, en caso de que los métodos de establecimiento, ahora prevista falla, una investigación pública completa de la méritos de cada una de esas controversias deberán interponerse y completarse antes de una huelga o un cierre patronal pueden legalmente ser intentado.
Y, sexto, que se deposite en manos del Ejecutivo de la energía, en caso de necesidad militar, para tomar el control de dichas porciones y como material rodante de los ferrocarriles del país que sean necesarios para el uso militar y operarlos para fines militares, con autoridad para redactar en el servicio militar de los Estados Unidos tales tripulaciones de trenes y funcionarios administrativos que las circunstancias requieren para su uso seguro y eficiente.
La segunda y tercera parte de estas recomendaciones al Congreso inmediatamente actuó en: se estableció la jornada de ocho horas como la base jurídica del trabajo y de los salarios en el servicio de tren y se autorizó el nombramiento de una comisión para observar e informar sobre los resultados prácticos, considerando que éstos las medidas más necesarias de inmediato; pero pospuso la acción sobre las otras sugerencias hasta que la oportunidad debe ser ofrecido por una consideración más deliberada de ellos.
La cuarta recomendación no lo considera necesario renovar. El poder de la Comisión Interestatal de Comercio a conceder un aumento de las tasas sobre el terreno que se refiere es indiscutiblemente claro y una recomendación del Congreso con respecto a un asunto tan podría parecer a dibujar en tela de juicio el alcance de la autoridad de la comisión o la inclinación a hacer justicia cuando no hay razón para dudar tampoco.
Las otras propuestas-el aumento de los miembros de la Comisión Interestatal de Comercio y en sus instalaciones para llevar a cabo sus múltiples funciones; la disposición para la investigación pública y completa evaluación de los conflictos laborales, y la concesión al Ejecutivo de la facultad de controlar y operar los ferrocarriles cuando sea necesario en tiempo de guerra o en otras como pública necesidad-ahora muy seriamente renovar.
La necesidad de esta legislación es manifiesta y presionando. Los que nos han confiado la responsabilidad y el deber de servir y protegerlos en estos asuntos le resultaría difícil, creo yo, como pretexto para no actuar sobre estos graves asuntos o cualquier postergación innecesaria de acción sobre ellos.
No sólo la Comisión de Comercio Interestatal encontrar ahora es prácticamente imposible, con su composición actual y la organización, para llevar a cabo sus grandes funciones con prontitud y exhaustivamente, pero no es probable que en la actualidad se puede encontrar aconsejable añadir a sus deberes aún otros igualmente pesada y exigente. En primer lugar, debe ser perfeccionado como un instrumento administrativo.
El país no puede y no debe dar su consentimiento para permanecer más tiempo expuesto a profundos conflictos laborales por falta de medios adicionales de arbitraje y conciliación que el Congreso puede suministrar con facilidad y prontitud.
Y todos estarán de acuerdo en que no debe haber ninguna duda en cuanto a la facultad del Poder Ejecutivo para hacer uso inmediato e ininterrumpido de los ferrocarriles de la concentración de las fuerzas militares de la nación donde sea necesario y siempre que se necesiten.
Este es un programa de regulación, prevención y eficiencia administrativa que sostiene su propio caso en la mera declaración de la misma. Con respecto a uno de sus artículos, el aumento de la eficiencia de la Comisión Interestatal de Comercio, la Cámara de Representantes ya ha actuado; su acción sólo necesita el acuerdo del Senado.
Yo dudaría en recomendar, y me atrevo a decir que el Congreso dudaría en actuar sobre la sugerencia debería hacerlo, que cualquier hombre en cualquier ocupación que debería estar obligado por ley a seguir en un empleo que deseaba irse.
Para aprobar una ley que prohibía o impedía el obrero individual a dejar su trabajo antes de recibir la aprobación de la sociedad, al hacerlo sería adoptar un nuevo principio en nuestra jurisprudencia, que doy por sentado que no estamos dispuestos a introducir.
Pero la propuesta de que la operación de los ferrocarriles del país no se detiene o se interrumpe por la acción concertada de los cuerpos organizados de hombres hasta que una investigación pública haya sido instituido, que hará toda la cuestión de que se trata sin formato para el juicio de la opinión de la nación, no es proponer tal principio.
Está basado en el principio de que muy diferente, no se permitirá la acción concertada de los cuerpos de los hombres poderosos para detener los procesos industriales de la nación, en todo caso, antes de que el país haya tenido la oportunidad de tener conocimiento de los méritos del caso como entre employe y el empleador, el tiempo para formar su opinión sobre una declaración imparcial de los méritos, y la oportunidad de considerar todos los medios posibles de conciliación o arbitraje.
No puedo ver nada en esa proposición, pero la salvaguardia justificada por la sociedad de los procesos necesarios de su propia vida. No hay nada arbitrario o injusto en lo menos que puede hacer de forma arbitraria e injustamente. Se puede y se debe hacer con un sentido pleno y escrupuloso de los intereses y las libertades de todos los interesados, así como para los intereses permanentes de la sociedad misma.
Tres asuntos de capital importancia esperan la acción del Senado, que ya han dado curso a la Cámara de Representantes; el proyecto de ley que busca extender una mayor libertad de combinación para quienes se dedican a la promoción del comercio exterior del país que ahora se cree por algunos como legal en los términos de las leyes contra el monopolio; el proyecto de ley que modifica la ley orgánica actual de Puerto Rico; y el proyecto de ley que propone una regulación más exhaustiva y sistemática de los gastos del dinero en las elecciones, comúnmente llamada la Ley de Prácticas Corruptas.
Yo no necesito el trabajo mi consejo que estas medidas convertirse en ley. Su urgencia radica en las circunstancias que hacen que manifiestan su adopción en este momento no sólo oportuno sino necesario. Incluso una demora podría no comprometer seriamente los intereses del país y del Gobierno.
Aprobación inmediata del proyecto de ley para regular el gasto de dinero en las elecciones que puede parecer ser menos necesaria que la promulgación inmediata de las otras medidas a las que me refiero, porque por lo menos dos años van a transcurrir antes de que una nueva elección en la que hayan de cubrirse las oficinas federales ; pero aliviaría en gran medida la opinión pública si este importante asunto se trataron mientras que las circunstancias y los peligros para la moral pública de la actual método de obtención de fondos de campaña y el gasto posición clara en observación reciente, y los métodos de desembolso pueda ser estudiado con franqueza a la luz de la experiencia actual; y un retraso tendría el inconveniente muy grave de posponer la acción hasta que otra elección estaba a la mano y un objeto especial relacionado con ella podría pensar que estar en la mente de aquellos que lo instó. Se pueden tomar medidas ahora con hechos de orientación y sin sospecha de propósito partidista.
No voy a discutir en detalle la conveniencia de dar una mano más libre en materia de esfuerzo conjunto y concertado para los que han de llevar a cabo la empresa esencial de la construcción de nuestro comercio de exportación. Esa empresa será la actualidad, asumirá de inmediato, ha hecho ya asumido una magnitud sin precedentes en nuestra experiencia. No contamos con los instrumentos necesarios para su procesamiento; que se considera que es dudoso que se podrían crear a una escala apropiada bajo nuestras leyes actuales.
Debemos despejar todos los obstáculos legales y crear una base de derecho indudable para él que le dará la libertad sin permitir que la licencia no regulada. La cosa debe hacerse ahora, porque la oportunidad está aquí y nos puede escapar si dudamos ni demora.
El argumento a favor de las propuestas de enmienda de la Ley Orgánica de Puerto Rico es breve y concluyente. Las leyes actuales que rigen la isla y que regulan los derechos y privilegios de su gente no son justas. Hemos creado expectativas de privilegio extendido que no hemos satisfecho. Hay malestar entre los habitantes de la isla e incluso duda suspicaz con respecto a nuestras intenciones respecto a los que la adopción de la medida a la espera felizmente quitar. No dudamos de lo que queremos hacer en cualquier particular, esencial. Debemos hacerlo de una sola vez.
En la última sesión del Congreso un proyecto de ley fue aprobado por el Senado, que prevé la promoción de la formación profesional e industrial, lo cual es de vital importancia para todo el país porque se trata de una cuestión, demasiado tiempo descuidada, en la que la preparación industrial a fondo del país durante los años críticos de desarrollo económico inmediatamente por delante de nosotros en gran medida depende.
¿No puedo instar a su consideración temprana y favorable de la Cámara de Representantes y su promulgación como ley temprana? Contiene planes que afectan a todos los intereses y todas las partes del país, y estoy seguro de que no existe una legislación pendiente ante el Congreso cuyo paso el país espera con la aprobación más reflexivo o mayor impaciencia por ver una gran y admirable lo establecido en el manera de ser hecho.
Hay otros asuntos que ya avanzaron a la etapa de la conferencia entre las dos cámaras de las cuales no es necesario que he de hablar. Algunos base posible de acuerdo con respecto a ellos, sin duda, puede encontrar un curso dado a ellos.
Puesto que esta es, señores, probablemente la última ocasión que se tienen que abordar el sexagésimo cuarto Congreso, espero que me permite decir con lo genuino placer y la satisfacción que he colaborado con usted en las muchas medidas de constructiva política con la que se han enriquecido los anales legislativos del país. Ha sido un privilegio el trabajo de tal empresa. Me tomo la libertad de felicitarlo tras la finalización de un expediente de servicialidad rara y distinción.
Original
In fulfilling at this time the duty laid upon me by the Constitution of communicating to you from time to time information of the state of the Union and recommending to your consideration such legislative measures as may be judged necessary and expedient, I shall continue the practice, which I hope has been acceptable to you, of leaving to the reports of the several heads of the executive departments the elaboration of the detailed needs of the public service and confine myself to those matters of more general public policy with which it seems necessary and feasible to deal at the present session of the Congress.
I realize the limitations of time under which you will necessarily act at this session and shall make my suggestions as few as possible; but there were some things left undone at the last session which there will now be time to complete and which it seems necessary in the interest of the public to do at once.
In the first place, it seems to me imperatively necessary that the earliest possible consideration and action should be accorded the remaining measures of the program of settlement and regulation which I had occasion to recommend to you at the close of your last session in view of the public dangers disclosed by the unaccommodated difficulties which then existed, and which still unhappily continue to exist, between the railroads of the country and their locomotive engineers, conductors and trainmen.
I then recommended:
First, immediate provision for the enlargement and administrative reorganization of the Interstate Commerce Commission along the lines embodied in the bill recently passed by the House of Representatives and now awaiting action by the Senate; in order that the Commission may be enabled to deal with the many great and various duties now devolving upon it with a promptness and thoroughness which are, with its present constitution and means of action, practically impossible.
Second, the establishment of an eight-hour day as the legal basis alike of work and wages in the employment of all railway employes who are actually engaged in the work of operating trains in interstate transportation.
Third, the authorization of the appointment by the President of a small body of men to observe actual results in experience of the adoption of the eight-hour day in railway transportation alike for the men and for the railroads.
Fourth, explicit approval by the Congress of the consideration by the Interstate Commerce Commission of an increase of freight rates to meet such additional expenditures by the railroads as may have been rendered necessary by the adoption of the eight-hour day and which have not been offset by administrative readjustments and economies, should the facts disclosed justify the increase.
Fifth, an amendment of the existing Federal statute which provides for the mediation, conciliation and arbitration of such controversies as the present by adding to it a provision that, in case the methods of accommodation now provided for should fail, a full public investigation of the merits of every such dispute shall be instituted and completed before a strike or lockout may lawfully be attempted.
And, sixth, the lodgment in the hands of the Executive of the power, in case of military necessity, to take control of such portions and such rolling stock of the railways of the country as may be required for military use and to operate them for military purposes, with authority to draft into the military service of the United States such train crews and administrative officials as the circumstances require for their safe and efficient use.
The second and third of these recommendations the Congress immediately acted on: it established the eight-hour day as the legal basis of work and wages in train service and it authorized the appointment of a commission to observe and report upon the practical results, deeming these the measures most immediately needed; but it postponed action upon the other suggestions until an opportunity should be offered for a more deliberate consideration of them.
The fourth recommendation I do not deem it necessary to renew. The power of the Interstate Commerce Commission to grant an increase of rates on the ground referred to is indisputably clear and a recommendation by the Congress with regard to such a matter might seem to draw in question the scope of the commission's authority or its inclination to do justice when there is no reason to doubt either.
The other suggestions-the increase in the Interstate Commerce Commission's membership and in its facilities for performing its manifold duties; the provision for full public investigation and assessment of industrial disputes, and the grant to the Executive of the power to control and operate the railways when necessary in time of war or other like public necessity-I now very earnestly renew.
The necessity for such legislation is manifest and pressing. Those who have entrusted us with the responsibility and duty of serving and safeguarding them in such matters would find it hard, I believe, to excuse a failure to act upon these grave matters or any unnecessary postponement of action upon them.
Not only does the Interstate Commerce Commission now find it practically impossible, with its present membership and organization, to perform its great functions promptly and thoroughly, but it is not unlikely that it may presently be found advisable to add to its duties still others equally heavy and exacting. It must first be perfected as an administrative instrument.
The country cannot and should not consent to remain any longer exposed to profound industrial disturbances for lack of additional means of arbitration and conciliation which the Congress can easily and promptly supply.
And all will agree that there must be no doubt as to the power of the Executive to make immediate and uninterrupted use of the railroads for the concentration of the military forces of the nation wherever they are needed and whenever they are needed.
This is a program of regulation, prevention and administrative efficiency which argues its own case in the mere statement of it. With regard to one of its items, the increase in the efficiency of the Interstate Commerce Commission, the House of Representatives has already acted; its action needs only the concurrence of the Senate.
I would hesitate to recommend, and I dare say the Congress would hesitate to act upon the suggestion should I make it, that any man in any I occupation should be obliged by law to continue in an employment which he desired to leave.
To pass a law which forbade or prevented the individual workman to leave his work before receiving the approval of society in doing so would be to adopt a new principle into our jurisprudence, which I take it for granted we are not prepared to introduce.
But the proposal that the operation of the railways of the country shall not be stopped or interrupted by the concerted action of organized bodies of men until a public investigation shall have been instituted, which shall make the whole question at issue plain for the judgment of the opinion of the nation, is not to propose any such principle.
It is based upon the very different principle that the concerted action of powerful bodies of men shall not be permitted to stop the industrial processes of the nation, at any rate before the nation shall have had an opportunity to acquaint itself with the merits of the case as between employe and employer, time to form its opinion upon an impartial statement of the merits, and opportunity to consider all practicable means of conciliation or arbitration.
I can see nothing in that proposition but the justifiable safeguarding by society of the necessary processes of its very life. There is nothing arbitrary or unjust in it unless it be arbitrarily and unjustly done. It can and should be done with a full and scrupulous regard for the interests and liberties of all concerned as well as for the permanent interests of society itself.
Three matters of capital importance await the action of the Senate which have already been acted upon by the House of Representatives; the bill which seeks to extend greater freedom of combination to those engaged in promoting the foreign commerce of the country than is now thought by some to be legal under the terms of the laws against monopoly; the bill amending the present organic law of Porto Rico; and the bill proposing a more thorough and systematic regulation of the expenditure of money in elections, commonly called the Corrupt Practices Act.
I need not labor my advice that these measures be enacted into law. Their urgency lies in the manifest circumstances which render their adoption at this time not only opportune but necessary. Even delay would seriously jeopard the interests of the country and of the Government.
Immediate passage of the bill to regulate the expenditure of money in elections may seem to be less necessary than the immediate enactment of the other measures to which I refer, because at least two years will elapse before another election in which Federal offices are to be filled; but it would greatly relieve the public mind if this important matter were dealt with while the circumstances and the dangers to the public morals of the present method of obtaining and spending campaign funds stand clear under recent observation, and the methods of expenditure can be frankly studied in the light of present experience; and a delay would have the further very serious disadvantage of postponing action until another election was at hand and some special object connected with it might be thought to be in the mind of those who urged it. Action can be taken now with facts for guidance and without suspicion of partisan purpose.
I shall not argue at length the desirability of giving a freer hand in the matter of combined and concerted effort to those who shall undertake the essential enterprise of building up our export trade. That enterprise will presently, will immediately assume, has indeed already assumed a magnitude unprecedented in our experience. We have not the necessary instrumentalities for its prosecution; it is deemed to be doubtful whether they could be created upon an adequate scale under our present laws.
We should clear away all legal obstacles and create a basis of undoubted law for it which will give freedom without permitting unregulated license. The thing must be done now, because the opportunity is here and may escape us if we hesitate or delay.
The argument for the proposed amendments of the organic law of Porto Rico is brief and conclusive. The present laws governing the island and regulating the rights and privileges of its people are not just. We have created expectations of extended privilege which we have not satisfied. There is uneasiness among the people of the island and even a suspicious doubt with regard to our intentions concerning them which the adoption of the pending measure would happily remove. We do not doubt what we wish to do in any essential particular. We ought to do it at once.
At the last session of the Congress a bill was passed by the Senate which provides for the promotion of vocational and industrial education, which is of vital importance to the whole country because it concerns a matter, too long neglected, upon which the thorough industrial preparation of the country for the critical years of economic development immediately ahead of us in very large measure depends.
May I not urge its early and favorable consideration by the House of Representatives and its early enactment into law? It contains plans which affect all interests and all parts of the country, and I am sure that there is no legislation now pending before the Congress whose passage the country awaits with more thoughtful approval or greater impatience to see a great and admirable thing set in the way of being done.
There are other matters already advanced to the stage of conference between the two houses of which it is not necessary that I should speak. Some practicable basis of agreement concerning them will no doubt be found an action taken upon them.
Inasmuch as this is, gentlemen, probably the last occasion I shall have to address the Sixty-fourth Congress, I hope that you will permit me to say with what genuine pleasure and satisfaction I have co-operated with you in the many measures of constructive policy with which you have enriched the legislative annals of the country. It has been a privilege to labor in such company. I take the liberty of congratulating you upon the completion of a record of rare serviceableness and distinction.
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